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Sentencia CL-220-21 — Registro 18086

Resumen

Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia para que previo los trámites legales y mediante sentencia definitiva que al efecto se dicte, se condene al patrono al pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos adeudados y proporcionales, como ser vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, reajuste de salario mínimo, salario adeudado por trabajo ejecutado y no pagado, salarios caídos, en virtud de despido directo, verbal e injustificado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto ataca el material probatorio; b) indica como norma violada como ser el artículo 738 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Se ha repetido con insistencia por parte de este Tribunal que los cargos para que sean una proposición jurídica completa deberán de cumplir todos los requisitos exigidos por el artículo 769 del Código del Trabajo para que puedan prosperar. lo anterior se expone en virtud de uno de los requisitos más elementales es la formulación del cargo, sin que en el presente motivo se haya señalado; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) hace propios alegatos de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de marzo del dos mil veintitrés.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 16 de mayo del 2022, por la Abogada DORIS ARACELY SANTOS CRUZ, en su condición de representante procesal del ESTADOESTADO DE HONDURAS,, , como recurrente; además, es parte recurrida, la señora LESLY MARIBEL VELASQUEZ PALMA, representada en juicio por la Abogada BESSY ROCIO LARA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia para que previo los trámites legales y mediante sentencia definitiva que al efecto se dicte, se condene al patrono al pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos adeudados y proporcionales, como ser vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, reajuste de salario mínimo, salario adeudado por trabajo ejecutado y no pagado, salarios caídos, en virtud de despido directo, verbal e injustificado, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 18 de abril del 2018, por la señora LESLY MARIBEL VELASQUEZ PALMA, mayor de edad, casada, ama de casa, hondureña, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la ESCUELA CESAR LOPEZ PEREZ, a través de su representante legal la señora MIRIAM SUYAPA MALDONADO RODRIGUEZ, y solidariamente contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 27 de abril del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que fallo CONFIRMANDO la sentencia de fecha 9 de febrero del 2021, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA promovida por la señora LESLY MARIBEL VELASQUEZ PALMA, con número de identidad 0801-1970-01958, de generales ya conocidas. Contra la ESCUELA CESAR LOPEZ PEREZ a través de su representante legal la señora MIRIAM SUYAPA MALDONADO RODRIGUEZ y contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, a través de su representante legal la PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS la señora LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SEGUNDO: EN CONSECUENCIA, SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal la PROCURADORA DE LA REPÚBLICA abogada LIDIA ESTELA CARDONA, por actos de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN y está última por actos de la ESCUELA CESAR LOPEZ PEREZ; PARA QUE PROCEDA A PAGAR a favor de la trabajadora demandante LESLY MARIBEL VELASQUEZ PALMA la cantidad total que suma QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L 501,360.77) que se desglosa en los conceptos de: Preaviso: L 19,335.60; Auxilio de Cesantía: L 241,695.00; Auxilio de Cesantía proporcional: L 00.00; Vacaciones Proporcionales: L 143.23; Décimo Tercer proporcional: L 851.68; Décimo cuarto Proporcional: L 4,994.98; décimo tercer adeudado: L 8,286.56; décimo cuarto adeudado: L 8,286.56; Hora extras: L 4,143.58; Reajuste de salario mínimo: L 213,623.58, este último concepto desglosado en L 109,773.45 de los años 2013, 2014 y 2015, L 47,500.80 del reajuste del año 2016 y L 50,662.80 por reajuste del año 2017 y L 5,686.53 del reajuste del año 2018. Más los salarios dejados de percibir, desde la fecha en que se produjo la terminación laboral hasta que quede firme el presente fallo. TERCERO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral con la Escuela Cesar López Pérez el 1 de febrero de 1993, desempeñándose como Aseadora del Centro Educativo, fecha desde la cual ha venido laborando de forma continua e ininterrumpida, devengando un salario mensual de L. 4,000.00; cantidad inferior al mínimo legalmente establecido por el Gobierno Central, su horario de trabajo era de 6:30 a.m. - 5:30 p.m. de lunes a viernes, y el sábado de 7:00 a.m. - 11:00 a.m.; en fecha 7 de febrero del 2018, después de 25 años de labor, fue despedida de forma verbal, injustificada y arbitraria por parte de la Directora de la Escuela, despido que se hizo aduciendo que la Institución no tenía dinero para seguirle pagando el salario, razón por la cual no podía continuar laborando, todo lo cual fue constatado a través de la Inspectoría de Trabajo; la razón del despido no obedece a ninguna justa causa, por lo tanto, dicho despido se considera injusto e ilegal, la demandada incumplió el artículo 117 del Código de Trabajo que literalmente dice “la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”, al haber sido despedida de forma verbal y sin ninguna justa causal de las establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, deviene en la obligación de pagarle todas las indemnizaciones y los derechos laborales que corresponden en caso de un despido injustificado; a pesar que la demandada nunca suscribió con el demandante un Contrato de Trabajo por escrito, sus labores como Aseadora las realizó de manera continua e ininterrumpida por más de 25 años, bajo las órdenes e instrucciones directas que le instruía la Dirección de la Escuela, percibiendo de parte de la Institución un salario mensual, por lo que claramente se identifican los tres elementos que determinan la existencia de una relación laboral, conforme lo establecido en el artículo 20 del Código de Trabajo, la demandada en reiteradas ocasiones reconoció la relación laboral existente mediante constancias de trabajo emitidas por los diferentes Directores que estuvieron a cargo de la Escuela, asimismo le otorgaban todos los derechos laborales reconocidos en el Código de Trabajo a un empleado de carácter permanente, días libres, feriados, vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes de salario; resulta que le pagaban un salario inferior al mínimo establecido en los diferentes Decretos de Salario Mínimo que emite el Gobierno anualmente, por lo que en repetidas ocasiones durante el transcurso de la relación laboral, se vio en la obligación de acudir ante la Inspectoría de Trabajo a presentar reclamo de pago de Salario Mínimo, emitiendo la Secretaría de Trabajo las resoluciones administrativas donde ordenaban el pago de los reajustes correspondientes, mismos que no fueron cumplidos, es por ello que también reclama el ajuste del pago de salario que debió ganar por concepto de salario mínimo; en vista de haber sido despedida de forma ilegal y arbitraria, el demandado se encuentra en la obligación de pagarle las prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos adeudados y proporcionales, el reajuste de salario mínimo, salario adeudado por trabajo ejecutado y no pagado, salarios caídos desde la fecha del despido hasta aquella en que quede firme la Sentencia Definitiva Condenatoria respectiva y costas del juicio; interpuso reclamo en vía administrativa laboral, a través de la Oficina de Procuraduría del Trabajo, dependiente de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, habiendo comparecido únicamente la representante de la Escuela Cesar López Pérez, sin que se llegase a ningún arreglo conciliatorio respecto de los derechos reclamados, por lo que la Autoridad Administrativa declaró agotado el trámite gubernativo, y es por eso que acude a la instancia judicial.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda expresando que después de una búsqueda en archivos y base de datos pertenecientes a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, no se encontró registro alguno en relación a la demandante, por no ser esta empleada de la institución, pues nunca fue contratada por el Estado de Honduras, no existe expediente laboral, mucho menos se encuentra registrada en el sistema SIARH del régimen de Servicio Civil, ni por el sistema de pago financiero SIAFI; expresa no ser responsable directa ni solidariamente del pago de derechos, pues no tiene ni ha tenido vínculo laboral con la demandante, asimismo rechaza el argumento del demandante en cuanto al despido verbal realizado por la Directora del centro educativo, pues no ostenta facultades para despedir personal, además su contratación debe ser conforme a la Ley de Servicio Civil; también argumentó que no ostenta facultades ni autorización para acceder a ningún tipo de conciliación en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, además la demandante en ningún momento fue empleada de la institución, pues no consta en Gerencia de Personal que haya sido contratada por ninguna modalidad, por tanto es improcedente el reclamo y debe declararse sin lugar al no asistirle el derecho a la petición formulada al efecto mucho menos al tratarse de una ciudadana con quien nunca tuvo vínculo Laboral. Asimismo, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó auto en fecha 8 de noviembre del 2019, teniendo por perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por la señora MIRIAM SUYAPA MALDONAD RODRIGUEZ, en su condición de representante legal de la ESCUELA CESAR LOPEZ PEREZ, para contestar la demanda promovida en contra de su representada, en consecuencia, se le declara en Contumacia.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 9 de febrero del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA promovida por la señora LESLY MARIBEL VELASQUEZ PALMA, con número de identidad 0801-1970-01958, de generales ya conocidas. Contra la ESCUELA CESAR LOPEZ PEREZ a través de su representante legal la señora MIRIAM SUYAPA MALDONADO RODRIGUEZ y contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN, a través de su representante legal la PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS la señora LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. SEGUNDO: EN CONSECUENCIA, SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal la PROCURADORA DE LA REPÚBLICA abogada LIDIA ESTELA CARDONA, por actos de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN y está última por actos de la ESCUELA CESAR LOPEZ PEREZ; PARA QUE PROCEDA A PAGAR a favor de la trabajadora demandante LESLY MARIBEL VELASQUEZ PALMA la cantidad total que suma QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L 501,360.77) que se desglosa en los conceptos de: Preaviso: L 19,335.60; Auxilio de Cesantía: L 241,695.00; Auxilio de Cesantía proporcional: L 00.00; Vacaciones Proporcionales: L 143.23; Décimo Tercer proporcional: L 851.68; Décimo cuarto Proporcional: L 4,994.98; décimo tercer adeudado: L 8,286.56; décimo cuarto adeudado: L 8,286.56; Hora extras: L 4,143.58; Reajuste de salario mínimo: L 213,623.58, este último concepto desglosado en L 109,773.45 de los años 2013, 2014 y 2015, L 47,500.80 del reajuste del año 2016 y L 50,662.80 por reajuste del año 2017 y L 5,686.53 del reajuste del año 2018. Más los salarios dejados de percibir, desde la fecha en que se produjo la terminación laboral hasta que quede firme el presente fallo. TERCERO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, de la prueba documental que obra en el proceso se ha probado la existencia de una relación laboral entre las partes, en virtud que se cumplen los tres requisitos del artículo 20 del Código del Trabajo que configuran la relación laboral, la trabajadora prestaba sus servicios como aseadora de la Escuela Cesar López Pérez desde el 01 de febrero del año 1993, en un horario de 06:30 am a 05:30 pm de lunes a viernes y el sábado de 07:00 am a 11:00 pm, devengando un salario inferior al mínimo, estas actividades realizadas eran permanentes dentro de la escuela y beneficiaria de su actividad la Secretaria de Educación, por lo que su verdadero patrono directo y responsable es el Estado de Honduras, la trabajadora debía cumplir las órdenes establecidas por la Escuela y su salario como retribución del servicio era cubierto por la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, no siendo un argumento sostenible el hecho que el Estado de Honduras no tenga en la Secretaria de Educación un expediente laboral o documentos que a su consideración prueben la relación laboral, ya que la tan sola prestación de la actividad comprobada con las constancias y documentos apreciables en el proceso es suficiente para dar por probada la existencia de la relación laboral, tampoco es sostenible el argumento que no se haya seguido el procedimiento de la Ley del Servicio Civil y otras leyes aplicables, ya que tal inobservancia es únicamente imputable al patrono; determinada la naturaleza permanente de la trabajadora, es procedente establecer que en efecto esta verificado que en fecha 7 de febrero del año 2018, por medio de Acta levantada por Inspectoría del Trabajo se comprobó la existencia del despido verbal realizado, mismo que fue realizado en fecha 31 de enero del año 2018 por medio de la Directora, quien es la representante legal de la Escuela Cesar López Pérez, la cual es un centro educativo que depende la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, de manera que el Estado de Honduras es la responsable directa de tal desvinculación laboral ilegal e injustificada; el despido es contrario a los requisitos exigidos por el artículo 117 del Código del Trabajo y no está amparado en una causa que lo justifique, causas contempladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, implicando así responsabilidad económica a favor de la parte actora tal como lo impone el artículo 113 del Código Laboral; es procedente la reclamación económica formulada en la cuantía de la demanda tal como fuere corregida en la audiencia primera de trámite celebrada en fecha 18 de febrero del año 2020, ya que con la prueba documental se verifica que el reajuste de salario mínimo reclamado se encuentra adeudado, asimismo se le adeudan por la patronal el remanente del décimo tercer y décimo cuarto mes, así como los conceptos de horas extras adeudadas, ya que se desprende del horario acreditado que la trabajadora se desempeñó en tiempo extraordinario no pagado, lo que se colige de su tipo de actividad prestada, ya que era la Aseadora de la Escuela y de igual forma todo esto es procedente conforme el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, los conceptos de prestaciones sociales y salarios dejados de percibir deben ser cuantificados en base al salario mínimo que legalmente le correspondía al momento de la desvinculación ilegal e injusta, siendo este salario por un monto de L.8,286.56.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 27 de abril del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que, de la prueba aportada al proceso se concluye que la relación laboral se produjo entre la trabajadora y la Directora del Centro Educativo Escuela Cesar López Pérez, dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, de esta manera El Estado de Honduras queda obligado económicamente para responder solidariamente por el reclamo planteado, pues la Directora actúa como representante patronal, además por ser un hecho expresamente reconocido ante la autoridad del Trabajo en el acta levantada el 7 de febrero del 2018, circunstancia por la que legalmente no es posible eximir de responsabilidad laboral al Estado de Honduras, pues la obligación patronal nace con independencia que la capacidad para contratar por parte del Estado está depositada en ciertas personas, es decir si la Directora del centro educativo contrató o no a la demandante, lo cierto es que la actora mantuvo una relación de trabajo continua e ininterrumpida, haciendo tareas de limpieza y aseo en el centro educativo desde el 1 de febrero de 1993 hasta el 31 de enero del 2018, extremo que obliga a la demandada como patrono por mandato de la disposición legal citada; pues la forma de contratación es una actividad que realiza la patronal o sus representantes en atención al derecho de dirección que al efecto tienen y de cuya responsabilidad por sus efectos responden las personas que dirigen los entes, según lo que al efecto dispone tanto la Ley General de la Administración Pública como la del Presupuesto General de la República.- 5. Mediante auto de fecha 7 de junio del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DORIS ARACELY SANTOS CRUZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 16 de mayo del 2022, compareció ante este Tribunal la Abogada DORIS ARACELY SANTOS CRUZ, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 16 de mayo del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 28 de septiembre del 2022 se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por la Abogada BESSY ROCIO LARA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada DORIS ARACELY SANTOS CRUZ, en su primer motivo de casación alega: “ Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 738 del Código del Trabajo, al no tomar en cuenta el Tribunal Ad Quem: los medios de prueba documental público consistente en el folio 100 de la pieza principal. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral uno, párrafo segundo del artículo 765 Código de Trabajo. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El Tribunal Ad Quem, no tomó en cuenta el medio de prueba documental consistente en única constancia emitida por la Subdirección General de Talento Humano Administrativo, única dependencia que cuenta con las facultades para la administración de recurso humano, así como contratación y despido de cualquier empleado que cuente con una relación de trabajo bajo cualquier modalidad, con la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, y en vista que esta se contrae a manifestar o informar que no se le proporciona el expediente laboral administrativo, referente a los servicios profesionales de la servidora LESLY MARIBEL VELASQUEZ PALMA, debido a que ella no está registradas en el Sistema Administrativo de Recursos Humano (SIARH) del Régimen de Servicio Civil y por lo tanto no está contratada por ninguna de las siguientes modalidades: Permanente, Jornal, contratos, Proyectos o Consultorías, ni por el Sistema de Pago Financiero SIAFI.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto ataca el material probatorio; b) indica como norma violada como ser el artículo 738 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1º del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1º. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El objeto de pedir concurre en lo que reclama; el reclamo lo constituye “el pago de derechos y prestaciones laborales y demás e indemnizaciones correspondiente por despido directo e injustificado más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que con sujeción a las normas del Código del Trabajo, quede firme la sentencia condenatoria respectiva, más las costas del presente juicio“, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mi representada y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de hacer el pago de derechos y prestaciones laborales y demás e indemnizaciones correspondiente por despido directo e injustificado más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que con sujeción a las normas del Código del Trabajo, quede firme la sentencia condenatoria respectiva, más las costas del presente juicio. por la siguiente razón: primero porque el pago solo le corresponde al personal que ha sido despedido injustificadamente y en el caso que nos ocupa no hay tal despido en virtud que la demandante no tiene ni ha tenido algún tipo de relación laboral con mi representada la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1º del Código del Trabajo)”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Se ha repetido con insistencia por parte de este Tribunal que los cargos para que sean una proposición jurídica completa deberán de cumplir todos los requisitos exigidos por el artículo 769 del Código del Trabajo para que puedan prosperar. lo anterior se expone en virtud de uno de los requisitos más elementales es la formulación del cargo, sin que en el presente motivo se haya señalado; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) hace propios alegatos de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes abril del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha trece de marzo del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL 220-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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