Sentencia CL-216-22 — Registro 17466
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda Ordinaria Laboral para el reintegro a un puesto de trabajo, con las mismas condiciones de trabajo, en virtud de un despido directo e injusto, el pago de aumentos salariales otorgados y concedidos por la institución demandada, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el reintegro
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede es inadmisible, ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) la violación directa de la ley, en este caso se señala que es por infracción directa o falta de aplicación, se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la cuestión relacionada con la legalidad y justificación del despido del demandante en relación a su puesto de confianza que desempeñaba , fue objeto de controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y, b) formula alegatos de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo expuesto resulta inadmisible, ya que el error de hecho solo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos; sin embargo, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración apropiada de todo el material probatorio allegado al juicio, llegándose a la conclusión de la improcedencia de la demanda de mérito. En adición, en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso y en el caso sub-judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C. a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 27 de febrero del 2023, por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, actuando como representante procesal del señor ELIS OMAR FIGUEROA MARADIAGA, como recurrente; además, es parte recurrida, el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), representado en juicio por el Abogado OSCAR MANRRIQUE ELVIR MATAMOROS.OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro a un puesto de trabajo, con las mismas condiciones de trabajo, en virtud de un despido directo e injusto, el pago de aumentos salariales otorgados y concedidos por la institución demandada, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el reintegro, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de noviembre del 2017, por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de representante procesal del señor ELIS OMAR FIGUEROA MARADIAGA, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Contaduría, de este domicilio, contra el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), por medio de su representante legal del señor JUAN CARLOS ALVAREZ ARIAS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 8 de septiembre del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 11 de octubre del 2019, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO A UN PUESTO DE TRABAJO CON LAS MISMAS CONDICIONES AL MOMENTO DE OPERARSE EL DESPIDO DIRECTO E INJUSTO, PAGO DE AUMENTOS SALARIALES OTORGADOS Y LOS CONCEDIDOS POR LA MISMA INSTITUCIÓN DEMANDADA, MAS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE SE PRODUZCA EL REINTEGRO instaurada por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS en su condición de apoderado legal del señor ELIS OMAR FIGUEROA MARADIAGA contra EL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA) Representado por su presidente ejecutivo el señor JAVIER PAREDES BAIDE; 2) ABSUELVE: AL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA) Representado por su presidente ejecutivo el señor JAVIER PAREDES BAIDE de reintegrar al demandante, como de pagarle los salarios dejados de percibir y aumentos salariales solicitados; 3) SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 8 de febrero del 2017, mediante Resolución No. CD-Extraordinaria 021-04/2017 fue nombrado por el Consejo Directivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) en el cargo de Vicepresidente Ejecutivo del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) con cargo a la planilla de esa institución financiera, devengando salario asignado a dicho puesto de trabajo, como se probará en el transcurso del juicio de L. 110,000.00, asimismo teniendo un derecho adicional por la cantidad de L. 15,000.00 mensuales en concepto de gastos de representación dentro y fuera del país, inherentes al ejercicio de sus funciones autorizados en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica del año 2017, estos últimos no han sido pagados; posteriormente en fecha 20 de julio del 2017 se le notificó la resolución No. CD-102-22/2017 de fecha 29 de junio del 2017 donde se procede a la cancelación de su nombramiento como Vicepresidente Ejecutivo de BANADESA, la parte patronal en la nota de cancelación señala supuestas causales de despido, sin motivo o causa justificada, ya que las razones que invoca la nota, no se encuentran ajustadas a derecho, por no haber seguido los procedimientos legales, que establecen el Código del Trabajo y demás leyes que correspondan, en la nota de despido no se señala concretamente en que se basa el mismo, ya que en forma vaga e imprecisa hace mención a varios artículos que no tienen ningún fundamento para el despido por lo cual se vuelve ilegal e injusto, en virtud que BANADESA como parte patronal, no siguió el procedimiento para los despidos, ni el procedimiento que establece el Reglamento Interno de Trabajo de dicha Institución, ya que en ningún momento se le cito para que concurriera a una Audiencia de Descargos, consecuentemente nunca fue oído ni escuchado por la parte patronal previo al despido del que fue objeto violentándose su derecho a la defensa consagrado en el artículo 80 y 90 párrafo segundo Constitucional, extremos que se probaran en juicio; tratando de llegar a un arreglo conciliatorio, para ser reintegrado a su puesto de trabajo, acudió a la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social en fecha 7 de septiembre del 2017, celebrándose audiencia de conciliación en fecha 13 de septiembre de 2017 donde se dio por agotado el trámite administrativo, acreditando dicho extremo con la Certificación del Acta de la audiencia celebrada en la Sección de Conflictos Individuales, en la cual la parte patronal no ofreció ningún reconocimiento a sus derechos laborales, siendo un requisito para presentar la demanda de mérito. 2.- La parte demandada, el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), contestó aceptando que el demandante ingresó a trabajar al Banco el 7 de febrero de 2017, devengado un sueldo mensual de L. 110,000.00, en efecto se le notificó su cancelación por supresión del puesto de vicepresidente del Banco el 21 de julio de 2017, no obstante, se le entregó el pago total de sus prestaciones laborales, mismas que no aceptó. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de octubre del 2019, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO A UN PUESTO DE TRABAJO CON LAS MISMAS CONDICIONES AL MOMENTO DE OPERARSE EL DESPIDO DIRECTO E INJUSTO, PAGO DE AUMENTOS SALARIALES OTORGADOS Y LOS CONCEDIDOS POR LA MISMA INSTITUCIÓN DEMANDADA, MAS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE SE PRODUZCA EL REINTEGRO instaurada por el abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS en su condición de apoderado legal del señor ELIS OMAR FIGUEROA MARADIAGA contra EL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA) Representado por su presidente ejecutivo el señor JAVIER PAREDES BAIDE; 2) ABSUELVE: AL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA) Representado por su presidente ejecutivo el señor JAVIER PAREDES BAIDE de reintegrar al demandante, como de pagarle los salarios dejados de percibir y aumentos salariales solicitados; 3) SIN COSTAS”. Bajo el criterio que analizadas las pruebas aportadas por las partes si bien es cierto el actor alega ser víctima de un despido ilegal e injustificado, por no establecerse ninguna causal contenida en la normativa laboral, así como tampoco se le efectuó audiencia de descargo, al respecto considera que dada la naturaleza directiva del cargo del demandante, como Vicepresidente de BANADESA, quien mediante un acto administrativo como lo es la resolución de un punto de acta del Consejo Directivo de BANHPROVI, fue nombrado y removido, en tal sentido de las actuaciones se desprende que se trata de un empleado de confianza al tenor de lo que establece el artículo 511 del Código del Trabajo “por razón de sus cargos en la empresa, representen al patrono o tengan funciones de dirección o de confianza personal o puedan fácilmente ejercer una indebida coacción sobre sus compañeros, dentro de este número se cuentan los Gerentes, Subgerentes Administradores, Jefes de Personal, Secretarios Privados de la Junta directiva, Gerencia o Administración, Directores de Departamento, Ingeniero Jefe Médico Jefe Asesor Jurídico, Directores Técnicos, y otros emplea semejantes”, relacionado con el artículo 6 del mismo cuerpo legal que reza “se consideran representantes de los patronos y en tal concepto obligan a estos en sus relaciones con los demás trabajadores los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en general las personas que, en nombre de otro, ejerzan funciones de, dirección o de administración”; existe criterio jurisprudencial emitido por la Sala Laboral Contencioso Administrativo en la sentencia de casación SL-400-2013 en donde se expresa “el Código del Trabajo no contempla una definición y caracterización de la categoría de empleado de confianza y solo hace una referencia a esa categoría en el artículo 111 numeral 7) cuando dispone que cuando un empleado de confianza solicite volver a su antiguo puesto (entiéndase al puesto de escalafón) volverá a él salvo que haya motivo justificado para su despido, no obstante esa omisión del Código del Trabajo encontramos en otras leyes que regulan las relaciones entre los servidores públicos con el Estado (Ley y Reglamento de la Ley de Servicio Civil artículo 5 numeral 26) así como en la doctrina, la definición de empleado de confianza, caracterizándolo como aquél que por razón de jerarquía, vinculación, lealtad y naturaleza de la actividad que desarrolla al servicio de una institución, adquiere representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, las mismas que lo ligan de manera intima al destino de esa institución o a los intereses particulares de quien lo contrata de forma tal que sus actos merezcan plena garantía y seguridad y tenga su comportamiento laboral plena aceptación; por otra parte, éstos están más comprometidos con el patrono que con su labor pues la confianza que entre ellos existe hace que cuando el empleador culmina su trabajo, de la misma manera debe hacerlo el trabajador. En función del concepto de empleado de confianza del Estado o de instituciones descentralizadas, es que se puede decir que tiene derecho al pago de un 100% de sus prestaciones laborales, ya que es más que evidente que al momento de despedirlo no se le invocará ninguna causal de despido por el mismo hecho de ser empleado de confianza, porque este empleado de confianza despedido no podrá acudir a los órganos jurisdiccionales a pedir el reintegro como un derecho alterno constitucional ya que no les es propio este derecho por su misma condición”. Por las razones expuestas declara Sin Lugar la demanda que se ha hecho mérito en cuanto al Reintegro al puesto de trabajo y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; la parte actora además de reintegro solicita el pago aumentos salariales otorgados y los concedidos por la institución demandada, en relación a tales conceptos cabe mencionar que al derivarse los mismos de la pretensión principal que es el reintegro, al no concederse éste por tratarse de un empleado de confianza, no procede el pago de los derechos accesorios reclamados, y declara Sin Lugar el pago de los mismos. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de septiembre del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que es necesario determinar los alcances que establece el artículo 111 numeral 7) del Código del Trabajo, ya que este se refiere a la pérdida de confianza del patrono hacia el trabajador que desempeñe un cargo de dirección, fiscalización o vigilancia; tales como mayordomos o capataces, para lo cual ya se indica que hay que seguir un procedimiento que lo establece el mismo artículo, así como a qué tipo de empleados se refiere, que es cosa muy diferente a ser un empleado de confianza, pues el primero tiene que ver con el comportamiento del empleado que ha llevado al empleador a no confiar en el en el puesto de dirección, vigilancia o fiscalización que le ha encomendado, y el segundo tiene que ver con la categoría del cargo que desempeña, más con carácter de funcionario de una institución descentralizada, por lo tanto en el caso que nos ocupa, no fue que el patrono perdió la confianza en el demandante, es que conceptualmente y por el desempeño de sus funciones es un empleado de confianza, dentro de la estructura de la Institución pública (Banco Estatal) en donde desempeña funciones que lo vinculan al patrono y que muchas veces actúan en su nombre y representación; en cuanto al derecho de reintegro, si tuviera ese derecho, el cargo al que se quiere reintegrar ya desapareció, por lo tanto en este caso el derecho alterno que le pudiera corresponder es el pago de sus prestaciones laborales en un 100%, por habérselos reconocido la parte demandada y que el demandante no aceptó; también se ha discutido que si el patrono debió o no invocarle una causa de justificación para la cancelación de su puesto de trabajo por supresión del mismo, se debe partir de la forma en que fue nombrado el demandante en el puesto de Vice presidente de BANADESA, según se desprende del PCM-08-2017 artículo 7, el nombramiento de vicepresidente fue mediante Acuerdo de Nombramiento, y es de ahí de donde emana la relación sostenida entre las partes, lo que lo hace un empleado de confianza en este caso de un Banco Estatal, al cual le es aplicable lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil, que en su artículo 3 lo deja excluido incluso de la aplicación de esa Ley, en razón que son de libre nombramiento y remoción por ser empleados de confianza, que fue la Ley que en todo caso debió aplicarse al caso concreto, puesto que no se le puede considerar un trabajador de confianza de los que establece el artículo 111 numeral 7) del Código del Trabajo; aduce la parte demandante ser la sentencia violatoria del Principio Dispositivo, el cual rige al Código Procesal Civil, ya que la Materia Laboral se rige y se nutre por sus Propios Principios, pero siendo que el contenido del mismo se relaciona con lo concerniente a los requisitos internos de la sentencia, esta Corte considera que no se ha violentado ningún Principio que pueda vulnerar los derechos de las partes, ya que por el Principio de Claridad, Congruencia, Motivación, Precisión y Exhaustividad, el a quo dio respuesta a cada una de las pretensiones de las partes, fundamentándolas fáctica y jurídicamente, lo que ha permitido precisamente que se pueda entender por qué se interpone el recurso de apelación planteado, el cual ha detallado los agravios que le produce, en consecuencia también ha esgrimido los motivos por los cuales considera no procedente el recurso de apelación planteado, y que lo llevan a confirmar por las razones expuestas el fallo dictado en primera instancia. 5.- Mediante auto de fecha 28 de marzo del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su condición de representante procesal del señor ELIS OMAR FIGUEROA MARADIAGA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 27 de febrero del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 27 de febrero del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 3 de agosto del 2023, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Abogado OSCAR MANRRIQUE ELVIR MATAMOROS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, en su primer motivo de casación alega: “Ser la sentencia recurrida violatoria de ley sustantiva, por infracción directa o falta de aplicación del artículo 113 interpretado, párrafos primero, segundo y tercero literal b) del Código de Trabajo, en relación con los artículos 111 y 112 del mismo Código. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo primero del Código de Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA ASI: La Corte de Apelaciones del Trabajo recurrida, en su sentencia definitiva no aplicó en lo absoluto lo dispuesto en el artículo 113 interpretado, párrafos primero, segundo y tercero literal b) del Código del Trabajo, cuando era imperativo hacerlo, dado que era un hecho aceptado por las partes, que la demandada canceló de su puesto de trabajo al demandante sin motivo o causa de justificación de las contenidas en los artículos 111 y 112 del mismo Código; que además dicha parte reconoce su responsabilidad económica, al señalar en el numeral SEGUNDO del acápite HECHOS Y OMISIONES, del escrito de contestación de la demanda, donde sostiene que “le entregó el pago total de sus prestaciones laborales, mismas que no aceptó.” La afirmación de la violación a la norma sustantiva mencionada, se hace precisamente porque no obstante que la Corte recurrida si bien cita dicha disposición en la parte dispositiva de su sentencia, pero se le olvidó o ignoró que la demandada ACEPTÓ EXPRESAMENTE su responsabilidad en el hecho segundo del escrito de contestación de la demanda, por ello, al no existir causa justa del despido, no es la voluntad del patrono la que determina como se debe restablecer el derecho de estabilidad del trabajador, ya que dicha disposición clara y expresamente dispone que es al trabajador que le corresponde elegir entre el reintegro o el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, exigiendo en este caso el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones, dado que el mismo se regula alternativamente, repito como un derecho del trabajador, como así lo establece claramente el referido artículo 113 del Código de Trabajo, interpretado. Si la Corte recurrida hubiera aplicado la norma invocada como violada, devenía en la obligación de declarar CON LUGAR la demanda de mérito y reintegrar a mi representado, lo cual no hizo, mostrándose en consecuencia en rebeldía ante la Ley y por consiguiente violando el articulo 113 interpretado, párrafos primero, segundo y tercero literal b) del Código de Trabajo. Por lo explicado, esta Honorable Corte Suprema de Justicia debe casar la sentencia en este motivo”. III.- Que el cargo que antecede es inadmisible, ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) la violación directa de la ley, en este caso se señala que es por infracción directa o falta de aplicación, se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la cuestión relacionada con la legalidad y justificación del despido del demandante en relación a su puesto de confianza que desempeñaba , fue objeto de controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y, b) formula alegatos de instancia. IV.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Ser la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental, que adelante se singulariza en relación a la demás prueba en su conjunto, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 interpretado, párrafos primero, segundo y tercero literal b) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República y 3 literal o) de la Ley de Servicio Civil. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: La documental que se refiere a: 1) Memorando de fecha 8 de febrero del 2017, COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN, visible a folios 24 al 26 de la primera pieza; 2) Nota de fecha 20 de Julio del 2017, donde se comunica a mi representado su cancelación de su cargo, a partir de la fecha, “con sus respectivos derechos laborales”, que obra a folio 23 también de esa primera pieza de los autos; 3) Copia de la publicación en La Gaceta No. 34,257 de fecha 4 de febrero 2017, del Decreto Ejecutivo PCM-008-2017 del 2 de enero de 2017, que obra en los folios 12 al 14 y 84 al 86 de dicho expediente de primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente y admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a la demás medios de prueba en su conjunto, ya que para negarle su derecho constitucional de estabilidad laboral, parte de esos documentos ya singularizados y sostiene el criterio equivocado de que: “…el nombramiento de vicepresidente fue mediante acuerdo de nombramiento, y es de allí en donde emana la relación sostenida entre el demandante y la parte demandada, lo que lo hace un empleado de confianza, en este caso de un Banco Estatal, al cual le es aplicable lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil, que en su artículo 3 inciso o, lo deja excluido incluso de la aplicación de esa ley, en razón de que so de libre nombramiento y remoción por ser empleados de confianza, que fue la Ley que en todo caso debió de aplicarse al caso concreto…”, por lo que resulta evidente el error judicial al haber apreciado erróneamente todo ese material probatorio, lo que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación de los artículos 113 interpretado, párrafos primero, segundo y tercero literal b) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República, al negar dicho tribunal, lo que manifiestamente se estableció en autos, el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, que incluso los razonamiento por tales puntos o extremos no fueron parte del objeto del debate, sobre que la relación que unió a las partes es de naturaleza laboral, tampoco se adujo o señalara que el trabajador fuera un empleado de confianza, por lo que no cabe la aplicación del régimen de servicio civil. Siendo evidente y manifiesto el error de hecho en que ha incurrido el Tribunal de alzada, violatoria de las normas sustantivas señaladas, al confirmar un fallo que atenta contra los derechos fundamentales, como es al trabajo y a la estabilidad laboral, desconociendo su misma jurisdicción, que es la que ha conocido y resuelto el presente caso, por lo debe procederse conforme el ordenamiento jurídico aplicable y conceder la tutela judicial reclamada”. V.- Que el cargo que antecede es inadmisible, ya que el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio, por lo cual no resulta procedente la admisión de dicho motivo. VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Ser la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental, que adelante se singulariza en relación a la demás prueba en su conjunto, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 129 de la Constitución de la República y 113 párrafos primero, segundo y tercero literal b) del Código de Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: La documental que se refiere a: 1) Memorando de fecha 8 de febrero del 2017, COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN, visible a folios 24 al 26 de la primera pieza; 2) Nota de fecha 20 de Julio del 2017, donde se comunica a mi representado su cancelación de su cargo, a partir de la fecha, “con sus respectivos derechos laborales”, que obra a folio 23 también de esa primera pieza de los autos; 3) Copia de la publicación en La Gaceta No. 34,257 de fecha 4 de febrero 2017, del Decreto Ejecutivo PCM-008-2017 del 2 de enero de 2017, que obra en los folios 12 al 14 y 84 al 86 de dicho expediente de primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba singularizados, en relación a la demás medios de prueba en su conjunto, ya que para negarle su derecho constitucional de estabilidad laboral, como a su derecho de elección que le corresponde a todo trabajador, sostiene el criterio de que: “…es que conceptualmente y por el desempeño de sus funciones es un empleado de confianza, dentro de la estructura de la Institución pública (Banco Estatal) en donde desempeña funciones que lo vinculan al patrono y que muchas veces actúan en su nombre y representación; en cuanto al derecho de reintegro, si tuviera ese derecho, el cargo que se quiere reintegrar ya desapareció, por lo tanto en este caso el derecho alterno que le pudiera corresponder es el pago de sus prestaciones laborales en un 100%, por habérselos reconocido la parte demandada y que el demandante no aceptó …”, por lo que resulta evidente el error judicial al haber apreciado erróneamente todo ese material probatorio, ya que del mismo no derivan esas conclusiones restrictivas de ese derecho fundamental, lo que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación de los artículos 129 de la Constitución de la República y 113 interpretado, párrafos primero, segundo y tercero literal b) del Código del Trabajo, al negar dicho tribunal que quien puede optar por ejercer a su elección, entre el reintegro o pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, es únicamente el trabajador, quien en este caso en particular, ha solicitado su reinstalación en un puesto de trabajo u otro con las mismas condiciones. Siendo evidente, grotesco y manifiesto el error de hecho en que ha incurrido el Tribunal de alzada, violatorio de las normas sustantivas señaladas, al confirmar un fallo que atenta contra los derechos fundamentales, como es al trabajo y a la estabilidad laboral, procede se admita este motivo”. VII.- Que el cargo expuesto resulta inadmisible, ya que el error de hecho solo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos; sin embargo, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración apropiada de todo el material probatorio allegado al juicio, llegándose a la conclusión de la improcedencia de la demanda de mérito. En adición, en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso y en el caso sub-judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio. VIII.- Que el Censor formula un cuarto motivo de casación invocando lo siguiente: “Ser la sentencia recurrida violatoria de ley sustantiva, por interpretación errónea del artículo 129 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 127 y 320 del mismo texto Constitucional. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo está comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo primero del Código de Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA ASI: La Corte de Apelaciones del Trabajo recurrida, en su sentencia definitiva interpretó restrictivamente lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución de la República, siendo que era un hecho aceptado por las partes, que la demandada canceló de su puesto de trabajo al demandante sin causa de justificación y ha reconocido que como trabajador tiene derecho al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, pero esboza el criterio de que “en cuanto al derecho de reintegro, si tuviera ese derecho, el cargo que se quiere reintegrar ya desapareció, por lo tanto en este caso el derecho alterno que le pudiera corresponder es el pago de sus prestaciones en un 100%, por habérselos reconocido la parte demandada y que el demandante no aceptó.”, por lo que según esa errónea interpretación, el derecho de estabilidad laboral (cuya manifestación más vinculada con el derecho a trabajar, es la reinstalación o reintegro) no se concretiza a la elección del trabajador, sino que sería por la voluntad patronal o de otros factores; también olvida, que en la demanda de mérito, lo que se pide es el reintegro a su puesto de trabajo u otro con las mismas condiciones de trabajo. La violación a la norma sustantiva mencionada, se evidencia, porque no obstante que la Corte recurrida si bien cita dicha disposición en la parte dispositiva de su sentencia, pero lo realiza interpretándola de forma equivocada, no solo por el tema de la supremacía constitucional prevista en el artículo 320 de nuestra Carta Magna, sino en respeto al derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, ya que dicha disposición clara y expresamente dispone que es al trabajador que le corresponde elegir, entre el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones o el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, dado que el mismo se regula alternativamente, repito como un derecho del trabajador, como así lo establece claramente la jurisprudencia reiterada de este máximo Tribunal de Justicia, en recursos de inconstitucionalidad, amparo y casaciones, entre los que destaco los siguientes precedentes relevantes contenidos en los expedientes números RI 147-2008, AL 08-2012, CL 884-2012 y CA 605-015. Si la Corte recurrida hubiera aplicado correctamente la norma invocada como violada, devenía en la obligación de Revocar la Sentencia de I Instancia declarando CON LUGAR la demanda de mérito, lo cual no hizo, mostrándose en consecuencia en rebeldía ante la Ley, violentando la estabilidad laboral que le concede nuestra Carta Magna, negándole su derecho a elegir y en su caso optar al reintegro a su puesto de trabajo u a otro en igualdad de condiciones”. IX.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causa de terminación de la relación laboral fue objeto de la controversia y por ende del material probatorio; y, b) formula alegatos de instancia. X.- El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “En la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Apelación, se han violentado los principios de debido proceso y derecho de defensa, amparados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, al haber emitido una decisión sin respetar el deber de congruencia. El vicio procesal que conlleva a la nulidad invocada está regulado en el artículo 858 del Código de Trabajo, aplicando supletoriamente lo dispuesto en el artículo 208 del Código Procesal Civil, lo cual violenta el debido proceso, con lo cual también se violenta el derecho a la defensa, al resolver el caso por cuestiones, extremos o puntos no debatidos, ni expuestos en el juicio, como son el señalamiento oficioso de que mi representado es un empleado de confianza de la demandada, aduciendo que por ello no puede tener derecho a la estabilidad laboral, también erróneamente se indica que ni siquiera estaba protegido por el Código de Trabajo y de toda otra normativa laboral, cuando la misma demandada de forma expresa le ha reconocido el derecho al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, pero su elección amparada en el artículo 129 Constitucional y 113 del Código de Trabajo, es que se respete sus derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral. Es de recordar que, con la infracción de una norma procesal, el órgano judicial en el curso del proceso impide a una parte el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, lo que repito, produce efectiva indefensión y un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado, provocada por una ilegal e indebida actuación del órgano judicial recurrido. Resultando evidente la incongruencia del fallo recurrido, procede su anulación y proceder en consecuencia a garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de mi representado”. XI.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. XII.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos de casación y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de septiembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL216-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.