Sentencia CL-207-20 — Registro 18085
Resumen
Demanda ordinaria laboral de primera instancia para que el patrono sea obligado mediante sentencia definitiva, al pago de prestaciones sociales y derechos adquiridos, por terminación del contrato de trabajo por la vía del despido directo, salarios caídos y adeudados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El acceso a la justicia constituye el derecho fundamental que tiene toda persona natural o jurídica para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- II.- Por lo anterior, toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello, de obtener una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- III.- En línea con lo anterior, el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- IV.- Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.-
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Por lo que, las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.- VII.- Y siendo que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Producto del precitado análisis, se estima que, en el subjudice, la sentencia recurrida carece de congruencia, con base a lo establecido en el artículo 208.2 del Código Procesal Civil. Mediante dicho principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia. Fase en la que, necesariamente, ha de tenerse en cuenta la motivación como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo.- XI.- Conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XII.- Por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Producto del precitado análisis, se estima que, en el subjudice, la sentencia recurrida carece de congruencia, con base a lo establecido en el artículo 208.2 del Código Procesal Civil. Mediante dicho principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia. Fase en la que, necesariamente, ha de tenerse en cuenta la motivación como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo.- XI.- Conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XII.- Por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de enero de dos mil veintitrés.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 16 de mayo del dos mil veintidós, por el Abogado HENRY JOSUE BARRERA BUESO, en su condición de representante procesal de los señores JOSE OVIDIO SANTOS PORTALES, JOSE SANTOS PORTALES, ELVIN JULIN SORIANO y otros, como recurrente; además es parte recurrida, la empresa mercantil denominada HACIENDA LA ESPUELA DEL PALENQUE S. DE R.L. DE C.V. y de manera solidaria contra el BANCO CONTINENTAL S.A. (EN LIQUIDACION), representadas en juicio por el Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia para que el patrono sea obligado mediante sentencia definitiva, al pago de prestaciones sociales y derechos adquiridos, por terminación del contrato de trabajo por la vía del despido directo, salarios caídos y adeudados, costas del juicio, promovida ante el ahora Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce, por la Abogada MIRNA YAMILETH AVELAR AMAYA, en su condición de representante procesal de los señores 1) JOSE OVIDIO SANTOS GUTIERREZ; 2) JOSE SANTOS PORTALES; 3) ELVIN JULIN SORIANO; 4) OSCAR JAMIN BACA; 5) ROBERTO NAVARRETE CHICAS; 6) JUAN CARLOS GAVARRETE; 7) HENRY ANTONIO SORTO; 8) JOSE MAXIMINO CRUZ; 9) FRANKLIN JAVIER RODRIGUEZ; 10) JOSE ARMANDO VIDAL; 11) CARLOS NOE VIDAL GONZALEZ; 12) SALVADOR HERRERA RODRIGUEZ; 13) JOSE FRANCISCO MELGAR; 14) LUIS MAURICIO PORTALES; 15) MARIA LEONZA MANCIA; 16) BRAYAN OMAR MERAZ RUIZ, y 17) JOSE BENJAMIN HERNANDEZ LEIVA, este último de nacionalidad guatemalteca; todos mayores de edad, solteros, Agricultores, hondureños y con domicilio en la Aldea El Camalote, Municipio de Quimistan, Departamento de Santa Bárbara, contra la empresa mercantil denominada HACIENDA LA ESPUELA DEL PALENQUE, S. DE R.L. DE C.V., representada por la señora MARLENE BOULOY TURCIOS y de manera solidaria contra el BANCO CONTINENTAL S.A., por medio de su representante legal la señora ADELA PATRICIA ROSENTHAL HIDALGO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha de 10 de septiembre del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, misma que en su parte conducente, dice: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la apoderada procesal de la Sociedad Mercantil Banco Continental S.A.; SEGUNDO: Se Declara con lugar la Excepción Procesal de Falta de Legitimación pasiva, interpuesta por el apoderado legal de Banco Continental, en virtud de no tener responsabilidad solidaria; TERCERO: SE REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA, de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección de Santa Bárbara y del Trabajo por Ministerio de Ley, en lo referente a la condena hecha a Banco Continental S.A. y SE CONFIRMA dicha sentencia en cuanto al pronunciamiento de condena contra la Sociedad Mercantil HACIENDA LA ESPUELA DEL PALENQUE, S. DE R.L; CUARTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la empresa demandada de la manera siguiente: JOSE OVIDIO SANTOS GUTIERREZ, el 03 de diciembre de 2012, devengando un salario de L.7,233.34 siendo despedido el 30 de julio de 2014; JOSE SANTOS PORTALES, el 16 de febrero de 2013 devengando un salario mensual de L.6,020.00 siendo despedido el 15 de enero de 2014; ELVIN JULIN SORIANO, el 01 de febrero de 2010, con un salario mensual de L.6,265.00, siendo despedido el 20 de enero de 2014; OSCAR JAMIN BACA, el 04 de septiembre de 2012, devengando un salario mensual de L.7,233.00, siendo despedido el 30 de julio de 2014; ROBERTO NAVARRETE CHICAS, el 01 de agosto de 2013, devengando un salario de L.7,233.34, siendo despedido el 30 de julio de 2014; JUAN CARLOS GAVARRETE, el 11 de octubre de 2012, devengando un salario mensual de L.7,000.00, siendo despedido el 09 de febrero de 2014; HENRY ANTONIO SORTO, el 28 de diciembre de 2013, con un salario mensual de L.6,265.00, siendo despedido el 14 de enero de 2014; JOSE MAXIMINO CRUZ, el 04 de abril de 2013, con un salario mensual de L.6,020.00, siendo despedido el 24 de enero de 2014; FRANKLIN JAVIER RODRIGUEZ, el 10 de abril de 2014, devengando un salario mensual de L.7,233.34, siendo despedido el 30 de julio de 2014; JOSE ARMANDO VIDAL, el 01 de septiembre de 2012, devengando un salario mensual de L.6,020.00, siendo despedido el 18 de enero de 2014; CARLOS NOE VIDAL GONZALEZ, el 25 de febrero de 2013, devengando un salario mensual de L.6,020.00, siendo despedido el 11 de enero de 2014; SALVADOR HERRERA RODRIGUEZ, el 16 de noviembre de 2012, con un salario mensual de L. 6,265.00, siendo despedido el 15 de enero de 2014; JOSE FRANCISCO MELGAR, el 11 de septiembre de 2012, devengando un salario mensual de L.7,259.31, hasta el 20 de abril de 2012; LUIS MAURICIO PORTALES, el 11 de septiembre de 2012, devengando un salario mensual de L.7,259.31, hasta el 10 de febrero de 2014; MARIA LEONZA MANCIA, el 25 de mayo de 2013, devengando un salario mensual de L.7,000.00, renunciando el 11 de enero de 2014; BRAYAN OMAR MERAZ RUIZ, el 12 de junio de 2012, devengando un salario mensual de L.6,052.00, renunciando el 11 de enero de 2014; y JOSE BENJAMIN HERNANDEZ LEIVA, el 25 de febrero de 2013, devengando un salario mensual de L.20,000.00, renunciando el 06 de octubre de 2013; resulta que en las fechas antes señaladas, los demandantes fueron despedidos por el Gerente de la Hacienda, el señor Nicolas Pachon, por Reestructuración de Personal, el cual no les han pagado sus derechos sociales y que la empresa demandada tenía una fuerte deuda millonaria con el Banco Continental S.A., por un préstamo hipotecario y el propietario en virtud de no poder cancelar dicha deuda, dio en Dación en Pago a dicha institución bancaria la Hacienda la Escuela del Palenque S. DE R.L., entre otros bienes, por lo que de esta manera se le esta demandando de manera solidaria en virtud de que esta empresa bancaria adquirió los activos y pasivos en general y en consecuencia es responsable por la presente demanda; agotándose el trámite administrativo respectivo, sin poder llegar a un arreglo conciliatorio con la parte demandada.- 2. La parte demandada, el BANCO CONTINENTAL S.A. (EN LIQUIDACION), contestó dicha demanda señalando que, no tiene nada que ver con las relaciones laborales entre la otra sociedad demandada y sus trabajadores, y será objeto de probanza en juicio, a cargo de la parte demandante; que se rechaza por no ser cierto, en lo que se refiere a la solidaridad del BANCO CONTINENTAL S. A. (EN LIQUIDACION FORZOSA) de las supuestas responsabilidades que HACIENDA LA ESPUELA DEL PALENQUE S. de R.L. de C.V., pueda cargar con sus empleados o ex empleados. El Código de Trabajo únicamente reconoce solidaridad para otra persona diferente al patrón, en cuanto a responsabilidad solidaria del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, que es la acción que reclaman los demandantes, en dos ocasiones: 1. De acuerdo al art. 7 del Código de Trabajo, cuando el patrono es un simple intermediario y por lo tanto el beneficiario del trabajo de los trabajadores es solidariamente responsable de los derechos que reconoce dicho código; y, 2. En el caso del art. 28 del mismo Código del Trabajo, en el caso que haya sustitución del patrono, la responsabilidad solidaria en este caso es para el patrono que ha sido sustituido y dura seis meses contados a partir de la sustitución del patrono, después la responsabilidad es solo del nuevo patrono. Que los demandantes aluden a un compromiso suscrito por un supuesto personero de la sociedad Hacienda La Espuela del Palenque S. de R.L. de fecha 14 de octubre del 2014, día en la que, todas las acciones que les asistían a los demandantes habían PRESCRITO, sin embargo, éste acto que se puede hacer valer únicamente en contra de esa y no ante terceros que no han reconocido ni manifestado sobre los supuestos derechos que se disponen en dicho documento. En relación a que los demandantes tienen derecho a demandar las prestaciones y demás derechos que otorga este código por haber sido despedidos directamente, es importante señalar que, de los 17 demandantes, solo 11 acompañan nota de despido, por los que a los seis demandantes restantes deben acreditar que se les despidió para poder demandar. Mas, de los seis que no han acreditado que fueron despedidos, más bien consta en autos notas de renuncia presentados por tres de ellos (Maria Mancía, Brayan Omar Meraz y José Benjamín Hernández). En cuanto a la supuesta "solidaridad" por sustitución de patronos, "EN VIRTUD DE QUE ESTA EMPRESA BANCARIA HABER ADQUIRIDO LOS ACTIVOS Y PASIVOS EN GENERAL Y EN CONSECUENCIA ES RESPONSABLE POR LA PRESENTE DEMANDA" constituye una interpretación acomodada y contraria a la prueba. Es verídico que la sociedad HACIENDA LA ESPUELA DEL PALENQUE S. de R.L. de C.V. cargó una fuerte deuda con el BANCO CONTINENTAL S. A. la cual no podía solventar, y por ende el 20 de septiembre del 2014, entregó en dación en pago a dicho banco los siguientes bienes: 1. Diferentes bienes inmuebles, sitiados en la ciudad de San Pedro Sula y en Camalote, Municipio de Quimistán, de este Departamento (Santa Bárbara); 2. Un hato de ganado; y, 3. Maquinaria debidamente descrita, basta de la simple lectura de la Escritura de DACION EN PAGO en mención para corroborar que la dación comprende determinados activos de la dadora. El mero dicho de la parte demandante de que se da en dación en pagos activos y pasivos, es un imposible jurídicamente hablando, ya que las deudas no son objeto de ventas ni de dación en pago. Por otra parte, tampoco cabe presumir que el Banco continuó la explotación de la empresa mercantil que existía en el bien inmueble que adquirió, presunción que serviría a su vez de fundamento para interpretar al Banco como patrón sustituto. Ello ya que, al contrario, a apenas días de adquirir el inmueble y maquinaria en dación en pago, pasó a subastarlos a favor de Empacadora Continental S.A., por tanto, el Banco nunca ejerció actos de administración o explotación sobre los bienes que adquirió, más bien los vendió tan pronto como pudo. Lo anterior, por no estar permitido que las instituciones bancarias apropien de manera definitiva los bienes eventuales que adquieren en recuperación de deuda, Art. 46 de la Ley del Sistema Financiero. Además, a la fecha de la DACION EN PAGO que fue el 20 de septiembre de 2014, ninguno de los trabajadores demandantes tenía contrato vigente, por lo que resulta imposible asumir que el Banco asumió contratos, ya que los mismos ya habían expirado, como se demuestra con las fechas alegadas por los demandantes. Por tanto, el Banco carece la calidad de patrón del demandante, ni en su modo de sustituido (anterior) ni sustituto, en vista de tal, se interpone la presente excepción material de falta de legitimación pasiva de la demandada, para ser resuelta en sentencia definitiva y se acredita con la misma escritura pública de Dación en Pago que se acompaña en esta contestación. Sin que esta excepción signifique algún tipo de reconocimiento de que el Banco le debe alga a la parte demandante, se interpone la excepción de prescripción, de acuerdo a lo establecido en el art. 867 del Código de Trabajo, la que se explica así: El Banco Continental aceptó la DACION EN PAGO en Escritura Pública de fecha 20 de Septiembre de 2014, o sea a partir de ese día podría ser demandado (en el caso de que procediera la demanda), y resulta que fue demandado hasta el 4 de diciembre de 2014, o sea dos meses 15 días después, y siendo que el plazo de prescripción es de dos meses, entonces las acciones laborales que se responden han prescrito, ya que el documento que presenta en el que la otra demandada ofrece pago de las prestaciones, no interrumpió la prescripción, ya que respecto de ella, la acción había prescrito, por lo que tiene la calidad de renuncia a la prescripción ganada, de acuerdo a lo establecido en el art.868 del mismo Código, cualquier derecho que pudieron haber tenido se les prescribió.- 3. El Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha 09 de diciembre del 2019, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declara SIN LUGAR las excepciones Materiales de FALTA DE LEGITIMACION PASIVA DE LA DEMANDADA BANCO CONTINENTAL S.A. (en liquidación); LA DE ILEGIMITACION DE TRANSMISION DE DEUDAS; LA DE FALTA DE SOLIDARIDAD DE SU REPRESENTADA CON LA PATRONA, LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION Y, LA DE RENUNCIA CAUSADA POR ALGUIEN AJENO A ESTA DEMANDA, opuestas a la Demanda por el Apoderado de la parte Demandada, por IMPROCEDENTES de derecho. SEGUNDO: Declara CON LUGAR la Demanda Laboral Ordinaria de Primera Instancia Para que un Patrono sea Obligado Mediante Sentencia Definitiva al Pago de Prestaciones Sociales y Derechos Adquiridos; cuyo monto asciende a la suma de SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS (Lps.603,954.26); y, Titulo de Daños y Perjuicios los SALARIOS CAIDOS Dejados de Percibir por despido Directo e Injustificado desde la fecha del mismo hasta la firmeza de esta Sentencia y su ejecución, más las costas del Juicio; promovido por los señores JOSE OVIDIO SANTOS GUTIERREZ, JOSE SANTOS PORTALES CHICAS; CARLOS NOE VIDAL GONZALEZ, SALVADOR HERRERA RODRIGUEZ; JOSE FRANCISCO MELGAR; LUIS MAURICIO PORTALES; MARIA LEONZA MANCIA; BRAYAN OMAR MERAZ RUIZ; y, JOSE BENJAMIN HERNANDEZ LEIVA, contra la Empresa HACIENDA LA ESPUELA DEL PALENQUE S. DE R.L. DE C.V, del domicilio de Camalote, jurisdicción del municipio de Quimistan en este Departamento; representada por la señora MARLENE BOULOY TURCIOS, en su condición de Gerente General; y Solidariamente contra BANCO CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, representado por la señora ADELA PATRICIA ROSENTHAL HIDALGO. TERCERO: Condena en costas a la parte vencida en juicio por no haber tenido razones para litigar”. Bajo el criterio que, los señores José Ovidio Santos Gutiérrez, José Santos Portales Chicas, Carlos Noe Vidal González, Salvador Herrera Rodríguez, José Francisco Melgar, Luis Mauricio Portales, María Leonza Mancía, Brayan Omar Meraz Ruiz, y José Benjamín Hernández Leiva, fueron despedidos directa e injustificadamente de su trabajo en las fechas sucintamente relacionadas en el hecho primero de la propia demanda por el señor Nicolas Pachón, en su condición de Gerente de la HACIENDA LA ESPUELA DEL PALENQUE S. DE R.L. DE C.V. ubicada en el lugar denominado Camalote, jurisdicción del Municipio de Quimistán del Departamento de Santa Barbara; así mismo la fecha de inicio de sus laborales en su caso, el trabajo que realizaban, el argumento que fueron despedidos por REESTRUCTURACION DE PERSONAL y el salario que devengaban mensualmente; siendo despedidos directa e injustamente sin causa atribuida al margen de lo establecido en el artículo 112 del Código del Trabajo, relacionado con el artículo 96 Numeral 10) del mismo cuerpo legal. Con el cálculo de Prestaciones extendido por la Unidad de Cálculo de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se establecieron los derechos laborales o prestaciones Sociales a que tienen derecho los demandantes el cual ascienden a la suma total de L.603,954.26. Con los Documentos Públicos, específicamente los relativos a la DACION EN PAGO, otorgada por HACIENDA LA ESPUELA DEL PALENGUE S. DE R.L. DE C.V., se establece de autos, que todos los activos y pasivos de la misma fueron traspasados a BANCO CONTINENTAL S. A. en liquidación forzosa, comprendiendo como tales, todos los derechos y obligaciones a que tienen los demandantes como ex trabajadores de dicha Empresa Mercantil, en tal sentido el nuevo empleador BANCO CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, laboral y civilmente es Solidario con el anterior para el pago de todos sus derechos o prestaciones laborales y los salarios caídos dejados de percibir. Que las supuestas renuncias de algunos de los Trabajadores, no se hizo ante la Autoridad administrativa Laboral competente, desconociéndose lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, en consecuencia, dichos actos y estipulaciones son NULOS de derecho. Que las excepciones materiales alegadas por el Apoderado de la parte Demandada Banco Continental S.A, no obstante haberse propuesto prueba para acreditarlas, éstas son inútiles e improcedentes de derecho, puesto que, los Demandantes mantienen la capacidad y la tutela legitima de su derecho o acción para demandar, existe legalmente la transmisión de los activos y pasivos laborales en su favor, existe evidente y actualmente la sustitución y solidaridad patronal para exigir sus derechos laborales adeudados; y, no han prescrito de conformidad a lo establecido en el Código del Trabajo, por efecto del ejercicio de la acción laboral.- 4. La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha 10 de septiembre del 2020, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la apoderada procesal de la Sociedad Mercantil Banco Continental S.A.; SEGUNDO: Se Declara con lugar la Excepción Procesal de Falta de Legitimación pasiva, interpuesta por el apoderado legal de Banco Continental, en virtud de no tener responsabilidad solidaria; TERCERO: SE REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA, de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección de Santa Bárbara y del Trabajo por Ministerio de Ley, en lo referente a la condena hecha a Banco Continental S.A. y SE CONFIRMA dicha sentencia en cuanto al pronunciamiento de condena contra la Sociedad Mercantil HACIENDA LA ESPUELA DEL PALENQUE, S. DE R.L; CUARTO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, los hechos probados de la sentencia recurrida, al analizar bien dicho contrato en la cláusula cuarta de la lectura del mismo se establece que quien traspaso a favor del Banco Continental, la totalidad de la empresa mercantil así como los contratos de trabajo fue la Sociedad Mercantil Promotora y Constructora Hondureña Sociedad Anónima de Capital Variable (PROCOHONDUSA) sociedad mercantil que es totalmente diferente a la empresa demandada, y para efectos de un mejor entendimiento trascribiremos el concepto del contrato de Dación en Pago según la define WOLTERS KLUWER: “Es aquella causa de extinción de las obligaciones por la que acreedor y deudor pactan la trasmisión del dominio por parte de este ultimo de ciertos bienes a favor del primero, que los acepta en pago, quedando extinguida la obligación primitiva, sea cual fuere la prestación a que se hubiere obligado el deudor inicial". En este caso la HACIENDA LA ESPUELA DEL PALENQUE S. DE R.L., honra la deuda que mantenía con BANCO CONTINENTAL S.A., entregando precisamente ciertos bienes inmuebles, muebles, semovientes y créditos, pero nunca ejecutan un acta que supusiera la compraventa de la Sociedad Mercantil HACIENDA LA ESPUELA DEL PALENQUE S. DE R. L., a favor del Banco Continental S.A., ni mucho menos la trasmisión de los contratos de trabajo, por lo que el A-quo debió de motivar razonadamente porque una conclusión contraria en el fallo de declarar sin lugar el defecto procesal de Falta de Legitimación, que oportunamente promovió la Institución Bancaria demandada de forma solidaria. En primer lugar, se hace precisa la delimitación del concepto, lo que llevó a la doctrina y la jurisprudencia a distinguir entre legitimación ad processum (para el proceso) y la legitimación ad causam (para el pleito). Dicha dualidad del concepto de legitimación desaparece en la actualidad con ocasión de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, que, como norma supletoria del Código del Trabajo, ya expresamente regula las instituciones como ser la capacidad para ser parte, capacidad procesal y por último la legitimación (Art. 61, 62 y 64). En cuanto a la Legitimación que regula el Código Procesal Civil en su artículo 64 nos la define de la siguiente manera: "ARTICULO 64.- LEGITIMACION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 1. Para efectos procesales son partes legitimas ordinarias las que comparezcan y actúen en juicio, en posición jurídica contrapuesta, afirmando ser titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, sea inter vivos, sea mortis causa. 2. Las leyes podrán otorgar en determinados supuestos, bien por tratarse de una sustitución procesal, bien por razones de interés público o social, legitimación extraordinaria a personas distintas de los titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. 3. La legitimación en pretensiones colectivas será la que se determina en este Código o en otras leyes complementarias”. Sin embargo, hay dos situaciones en que sí se puede decir que hay control de oficio en la legitimación; como sucede en el artículo 604 CPC que dice: "No se admitirán las demandas que pretendan retener o recobrar la posesión si se interponen transcurrido el plazo de un año a contar desde el acto de la perturbación o el despojo y seis (6) meses cuando se tratare de un despojo violento.". Y el caso del artículo 617 CPC que dispone: "Cuando se interpongan pretensiones basadas en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero o de venta de bienes muebles a plazos, no se admitirán las demandas a las que no se acompañe la acreditación del requerimiento de pago al deudor, con diligencia expresiva de la falta de pago y de la no entrega del bien ...". Por ende, al haber sido parte fundamental de la defensa de Banco Continental S.A., durante el proceso la excepción de Falta de Legitimación pasiva, y haber sido probada a través del medio de prueba documental al cual nos hemos referido ampliamente en los acápites que anteceden de esta sentencia, es que estimamos el agravio desarrollado por el recurrente.- 5. Mediante auto de fecha 07 de diciembre del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado HENRY JOSUE BARRERA BUESO, en su condición de representante procesal de los señores JOSE OVIDIO SANTOS PORTALES, JOSE SANTOS PORTALES, ELVIN JULIN SORIANO y otros, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 16 de mayo del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado HENRY JOSUE BARRERA BUESO, en su condición de representante procesal de los señores JOSE OVIDIO SANTOS PORTALES, JOSE SANTOS PORTALES, ELVIN JULIN SORIANO y otros, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 27 de julio del 2022, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- El acceso a la justicia constituye el derecho fundamental que tiene toda persona natural o jurídica para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- II.- Por lo anterior, toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello, de obtener una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- III.- En línea con lo anterior, el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- IV.- Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- V.- Respecto a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.”.- VI.- Por lo que, las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.- VII.- Y siendo que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VIII.- De conformidad al principio dispositivo este Tribunal de Casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior, y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. Por lo anterior, este Tribunal procedió a analizar la totalidad de la sentencia impugnada.- IX.- En cumplimiento a la obligación legal antes citada, se procedió a la revisión de la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones Seccional del Departamento de Santa Bárbara, observándose que el Ad-Quem, en su sentencia de fecha 10 de septiembre de 2020, en la Fundamentación de su fallo, valoró y concluyó acertadamente respecto de los elementos fácticos y jurídicos del juicio. No obstante, en la Parte Dispositiva de la sentencia confirma y hace suyos los pronunciamientos de condena contra la sociedad mercantil denominada HACIENDA LA ESPUELA DEL PALENQUE S. DE R.L. emitidos por la primera instancia, la cual en el numeral Segundo establece lo siguiente: “SEGUNDO: Declara CON LUGAR la Demanda Laboral Ordinaria de Primera instancia… promovida por los señores Jose Ovidio Santos Gutierrez, Jose Santos Portales Chicas; Carlos Noe Vidal Gonzalez, Salvador Herrera Rodriguez; Jose Francisco Melgar; Luis Mauricio Portales; Maria Leonza Mancia; Brayan Omar Meraz Ruiz; y, Jose Benjamin Hernandez Leiva...” Pronunciamiento que es incongruente, pues no resolvió para la totalidad de los Demandantes que efectivamente iniciaron la acción en fecha 04 de diciembre de 2014 ante el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara. Por lo anterior, se concluye que el Ad-quem no resolvió sobre todos los puntos litigiosos, pues no se estableció criterio alguno sobre la situación jurídica de los Demandantes ELVIN JULIN SORIANO, OSCAR JAMIN BACA, ROBERTO NAVARRETE CHICAS, JUAN CARLOS GAVARRETE, HENRY ANTONIO SORTO, JOSE MAXIMINO CRUZ, FRANKLIN JAVIER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y JOSE ARMANDO VIDAL GONZALES.- X.- Producto del precitado análisis, se estima que, en el subjudice, la sentencia recurrida carece de congruencia, con base a lo establecido en el artículo 208.2 del Código Procesal Civil. Mediante dicho principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia. Fase en la que, necesariamente, ha de tenerse en cuenta la motivación como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo.- XI.- Conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XII.- Por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c) 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones Seccional del Departamento de Santa Bárbara, de fecha diez de septiembre de dos mil veinte, visible a folios 31 al 36 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes marzo del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL 207-20.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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