Sentencia CL-190-22 — Registro 17113
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda Ordinaria Laboral para el pago de derechos laborales adquiridos debidamente otorgados mediante Contrato Colectivo tales como pago de bono por desempeño, reajuste salarial, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Dentro de las normas que indica como violadas como ser el artículo 3 del Código de Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN. -
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de junio de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 9 de febrero del 2023, por el Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, en su condición de representante procesal de la señora DAISY RIVERA VALENZUELA, como recurrente; además, es parte recurrida, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representado en juicio por el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA. OBJETO DEL PROCESO:Demanda Ordinaria Laboral para el pago de derechos laborales adquiridos debidamente otorgados mediante Contrato Colectivo tales como pago de bono por desempeño, reajuste salarial, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de agosto del 2015, por la señora DAISY RIVERA VALENZUELA, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña, de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su representante legal la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de agosto del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 25 de julio del 2019, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora DAISY RIVERA VALENZUELA, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por intermedio de su Directora Ejecutiva MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA.- SEGUNDO: ABSOLVER al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por intermedio de su Directora Ejecutiva MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA de toda responsabilidad en el presente juicio.- CUARTO: SIN COSTAS en esta Instancia porque en Materia de Derecho del Trabajo impera el principio de gratuidad”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral con el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), en fecha 14 de marzo del 2006 de forma permanente, según Contrato de Trabajo con carácter indefinido No. 155-2006, siendo nombrada como Jefe Sección Jurídico de Beneficios, y un último cargo de Secretaria Legal Administrativa; resulta que en virtud del despido ilegal e injustificado del que fue objeto la demandante, según Acuerdo No. 039-2011 de fecha 15 de diciembre del 2011, interpuso demanda laboral de reintegro, registrada bajo el No. 210-2012, misma que fue declarada Con Lugar, según sentencia definitiva de fecha 4 de diciembre del 2012, confirmada en segunda instancia mediante sentencia de fecha 14 de febrero del 2013, y ante la Corte Suprema de justicia según fallo de fecha 29 de julio del 2014, en ese sentido se ordenó su reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, efectuándose el mismo en fecha 6 de octubre del 2014; como consecuencia del fallo ordenando su reintegro, asimismo se condenó al INJUPEMP, al pago de los salarios y derechos dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta la reinstalación al puesto de trabajo, por tanto en este aspecto INJUPEMP cumplió parcialmente su obligación, ya que si bien es cierto canceló a su favor el pago de los salarios dejados de percibir, también es cierto e ineludible que omitieron hacer el pago de bono por desempeño de los años 2013 y 2014, derecho que conforme al Contrato Colectivo vigente celebrado entre el SITRAINJUPEMP y el INJUPEMP, aplica para los trabajadores permanentes, conforme a lo establecido en la cláusula 26, la cual dispone que el INJUPEMP concederá a sus empleados un bono anual cuyo valor será determinado de conformidad a una evaluación relacionada con su desempeño laboral, el cual será regulado y calificado por la División de Recursos Humanos, es entendido y acordado que el valor de dicho bono en ningún caso será superior al 5.50% del salario mensual ordinario del trabajador; se realizaron las gestiones para agotar el trámite administrativo, primero ante la Dirección Ejecutiva de la Institución demandada, y en fecha 2 de julio del 2015, se dio por agotado el trámite administrativo gubernativo en la Dirección General del Trabajo, no llegando a una conciliación con la Institución demandada. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que la demandante inició la relación laboral mediante la celebración de un Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido No. 155-2006, suscrito en fecha 9 de marzo del 2006, para desempeñar el cargo de Jefe Jurídico de Beneficios, finalizando su contrato el 15 de diciembre del año 2011; como consecuencia de esa terminación contractual de trabajo, se interpuso Demanda Ordinaria Laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, solicitando la demandante el reintegro al trabajo en igual o mejores condiciones de trabajo y otros derechos, obteniendo fallos judiciales a su favor en las instancias correspondientes, en las cuales condenan al INJUPEMP al reintegro a su puesto de trabajo, más el pago de los salarios dejados de percibir; resulta que a partir de su incorporación en el Contrato Colectivo de condiciones de trabajo, vigente para el periodo 2011-2012, se constituye como un derecho a favor de los trabajadores permanentes, en consecuencia por dicha calidad tiene el derecho de percibirlo en forma anual y su pago solo se encuentra sujeto a que sea efectuada la evaluación de desempeño correspondiente, es decir que no es susceptible de ser sometido a ningún otro tipo de condición o circunstancia; asimismo los criterios aplicables para efectuar la evaluación del bono por desempeño, es necesario haber laborado en el periodo base que lo constituye el año anterior, el cual corresponde el pago y que además el trabajador continúe laborando en el año al cual corresponde el pago, en vista que la determinación del bono por desempeño es efectuada en forma proyectada a 12 meses; por tal razón el pago del bono por desempeño demandado por supuestamente correspondientes a los años 2013 y 2014, es totalmente improcedente, ya que durante la relación de pago de los años que reclama, no se reúne la condición indispensable para recibir el pago del bono por desempeño, ya que serán estrictamente merecedores de dicho pago únicamente aquellos Empleados que se encuentren bajo una condición activa, debido a que el espíritu de dicha prerrogativa es evaluar precisamente el desempeño que el trabajador ha tenido durante el último año de función laboral, argumentos que se sustentan en Leyes vigentes de la República; que la demandante también refiere un supuesto pago por concepto de reajuste salarial, al efecto el demandado acreditará la terminación de relación laboral por mutuo consentimiento entre las partes, que eventualmente operó entre las partes, y en la que se concretó el mismo con el respectivo pago de indemnización de prestaciones laborales que correspondían, así como como el respectivo ajuste salarial que se le hizo producto del aumento salarial causado en el año 2015, correspondiente a 6 días del mes de abril del 2015, ajuste de tres meses de enero a marzo de 2015, y ajuste a la indemnización por concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales el cual asciende a la cantidad de L.29,684.20 que fueron pagados y percibidos a entera satisfacción de la demandante, por lo que le causa extrañeza el concepto por pago de reajuste salarial que se demanda, ya que dicho valor y concepto ya fue pagado en su totalidad. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de julio del 2019, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora DAISY RIVERA VALENZUELA, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por intermedio de su Directora Ejecutiva MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA.- SEGUNDO: ABSOLVER al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por intermedio de su Directora Ejecutiva MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA de toda responsabilidad en el presente juicio.- CUARTO: SIN COSTAS en esta Instancia porque en Materia de Derecho del Trabajo impera el principio de gratuidad”. Bajo el criterio que en los acápites de la suma y cuantía de la demanda la parte actora pretende un reajuste salarial, tomando en cuenta la diferencia existente entre el sueldo actual y el sueldo que por derecho le asiste desde la fecha de la presentación de la demanda de mérito, hasta que de conformidad con las normas procesales contempladas en el Código de Trabajo quede firme la sentencia condenatoria, de la simple lectura de dicho escrito se evidencia que la parte demandante no detalla sobre que versa dicha pretensión, en sus alegaciones únicamente hace referencia a la pretensión del pago del bono por desempeño pero no de reajuste alguno, y en la Audiencia Primera de Tramite tampoco generó prueba a efecto de comprobar esa pretensión de reajuste salarial plasmada en el escrito de demanda, y tomando en consideración que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca sobre los hechos alegados, sino que deben fundamentarse sobre su demostración por alguno o algunos de los medios de prueba reconocidos por la ley, siendo estos medios de prueba los instrumentos legales necesarios de que se valen las partes para demostrar al juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho, es preciso entonces que la prueba se produzca para que la autoridad pueda valorarla a pesar de esta insuficiencia petitoria y probatoria el demandado hace llegar prueba documental en la cual se establecen los pagos efectuados a la trabajadora y además el finiquito firmado por la misma, prueba documental que la juzgadora no califica, en vista que la demandante no especifica en que basa su derecho reclamado, en vista de lo expuesto declara Sin Lugar la pretensión de reajuste de salario pretendido. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de agosto del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que la parte demandante reclama el pago del bono de desempeño correspondiente a los años 2013 y 2014, bajo el argumento que no pudo optar al bono debido a que fue despedida; por su parte el demandado señala que la cláusula del Contrato Colectivo establece que la condición para obtener el bono es que necesariamente debe estar desempeñando un cargo para poder ser evaluada, pero no se cumplió esta condición para la existencia del bono reclamado, al respecto señala que el derecho al pago del bono de desempeño debió resolverse junto con los salarios dejados de percibir en el juicio correspondiente; además aparece probado que existió un desacuerdo en relación con la evaluación de posiciones opuestas de cada parte, pero no aparece probado que se haya sometido dicha discordia a una Comisión Integrada por representantes del INJUPEMP y el SITRAINJUPEMP previo a acudir a los tribunales correspondientes; finalmente como señala la sentencia recurrida, la inexistencia de evaluación impide determinar algún porcentaje, siendo el máximo el de 5.5% del salario mensual ordinario, que podría corresponder a la demandante, razones por las cuales no procede el pago del bono de desempeño por los años reclamados; la prueba documental por oficio que establece que el señor Nerli González Baquedano fue reintegrado el 31 de enero de 2011 y que se le pagó el bono de desempeño, no contribuye a esclarecer los hechos controvertidos debido a que no establece a qué período corresponde el pago del bono de desempeño a dicho trabajador, pues es claro que desde el reintegro fue objeto de evaluación y pago de dicho bono; que la parte demandada con los medios de prueba documental acreditó el pago del reajuste de salario solicitado en la suma y en la cuantía de la demanda; por las consideraciones que anteceden procede confirmar la sentencia venida en apelación. 5. Mediante auto de fecha 28 de marzo del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, en su condición de representante procesal de la señora DAISY RIVERA VALENZUELA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 9 de febrero del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 9 de febrero del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 28 de marzo del 2023 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.-Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, en su único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta, de los artículos 3, 113 párrafo primero interpretado según decreto 89 del 24 de noviembre de 1969, literal b) del Código del Trabajo, por error de hecho consistente en apreciación errónea de la prueba y que aparece de manifiesto en los autos. NORMAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para violación de las normas sustantivas son las siguientes: artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba singularizada apreciada erróneamente, por el juzgador de segunda instancia en la sentencia impugnada, en relación a las demás pruebas en su conjunto es la siguiente: a) Constancia de fecha 16 de junio del 2016, la cual obra a folio 53 de la primera pieza de autos. b) Calculo de prestaciones laborales, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, que obra a folio 4 de la primera pieza de autos. c) Comunicación debidamente cumplimentada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, que obra de folio 54 a folio 56 de la primera pieza de autos. EXPLICACION DEL MOTIVO La Corte Sentenciadora, incurre en error de hecho, al apreciar erróneamente el documento contenido a folio 4, 53, 54, 55 y 56 ya que de conformidad a los documentos aportados como medios de prueba, los mismos comprobaron que debido a una terminación unilateral por parte de la patronal, y por el no reconocimiento de derechos adquiridos a la demandante, tales como bono por desempeño, subsiguientemente y en aplicación del derecho que ostenta la demandante, la misma procedió a hacer uso de las autoridades del trabajo correspondiente para el debido cálculo de prestación, en ese sentido la autoridad competente del trabajo mediante calculo respectivo y que obra a folio 4 de la pieza principal de autos, determino que el valor a pagar a la demandante por concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales asciende a la cantidad de L. 62,108.57, hecho debidamente comprobado por medio de prueba documental y que propusimos en el momento procesal oportuno.- Es importante hacer notar que en el expediente de mérito se comprobó debidamente mediante la constancia de fecha 16 de junio del 2016, misma que obra a folio 53 de la primera pieza de autos, que el INJUPEMP, en un caso similar al de mi representada, si pago este derecho de bono por desempeño al señor NERY BAQUEDANO, y en el caso particular de la demandante determino no hacerlo, en ese sentido y al existir un antecedente de pago de estos derechos, y siendo que el señor Nery Baquedeno, fue reintegrado y asimismo se le cancelo todos sus derechos incluyendo el bono por desempeño, Es importante recordar, que por el carácter tutelador de la materia laboral, el juzgador al momento de decidir debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, orden público, tomado en cuenta que los trabajadores que laboren en la instituciones descentralizadas le es aplicable el régimen general (Código del Trabajo), que la inexistencia de un contrato escrito es imputable al empleador, que la existencia de la relación de trabajo está determinado por el cumplimiento de los requisitos establecido en la ley, que cuando en un caso específico exista la posibilidad de aplicar más de una norma, deberá preferirse aquella que sea más favorable al trabajador, que el principio de primacía de la realidad implica que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos no a documentos ya que los derechos laborales son derechos, humanos y/o fundamentales, por lo cual una vez concedidos o adquiridos pueden ser objeto de mejora, pero no aplicar criterios regresivos, tal y como lo dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en consecuencia si un derecho ha sido concedido posteriormente no se puede conculcar (Principio de Progresividad).- La Corte sentenciadora al apreciar erróneamente el medios de prueba relacionado anteriormente NO aplica con precisión alguna si el cálculo efectuado por la autoridad competente, era un elemento de mejora para el trabajador, contrario a ello valoro más la prueba aportada por la demandada, en la cual como reiteramos no fue reconocida a la demandante.- La apreciación errónea de los documentos en relación, se deriva de un error de hecho, en que incurre la Corte sentenciadora, al tomar en cuenta el mismo para calificar el despido alegado y NO aplicar la norma sustantiva de orden nacional invocada.- Es evidente en juicio que la Corte sentenciadora, al confirmar la sentencia proferida en primera instancia, dando así como por NO probado el hecho de la existencia de un reconocimiento de derecho de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales conforme al cálculo emitido por la autoridad de trabajo competente; en consecuencia es evidente de los autos que se está cometiendo un error de hecho que conduce a apreciar erróneamente estos medios de prueba y por medio de tal error se violan las normas procesales y normas relacionadas, por tanto, en forma indirecta se están violando la norma sustantiva de orden nacional invocada.- En razón de todo lo anteriormente expuesto procede se case la sentencia en el presente motivo.”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Dentro de las normas que indica como violadas como ser el artículo 3 del Código de Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “ Se pide subsidiariamente la nulidad de la sentencia recurrida, en virtud de que dicha sentencia, omitió aplicar para el presente caso el principio laboral que en estricto derecho corresponde, y el cual como lo relacionamos anteriormente, consiste en el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, orden público, tomado en cuenta que los trabajadores que laboren en la instituciones descentralizadas le es aplicable el régimen general (Código del Trabajo), que la inexistencia de un contrato escrito es imputable al empleador, que la existencia de la relación de trabajo está determinado por el cumplimiento de los requisitos establecido en la ley, que cuando en un caso específico exista la posibilidad de aplicar más de una norma, deberá preferirse aquella que sea más favorable al trabajador, que el principio de primacía de la realidad implica que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos no a documentos ya que los derechos laborales son derechos, humanos y/o fundamentales, por lo cual una vez concedidos o adquiridos pueden ser objeto de mejora, pero no aplicar criterios regresivos, tal y como lo dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), en consecuencia si un derecho ha sido concedido posteriormente no se puede conculcar (Principio de Progresividad)”. V.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI.- Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación, así como de la nulidad subsidiariamente solicitada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, en su condición de representante procesal de la señora DAISY RIVERA VALENZUELA en su único motivo de casación, así como la nulidad subsidiariamente solicitada. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes septiembre del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de junio del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL190-2022. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.