Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-14-22 — Registro 17461

Resumen

En la Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido su relación laboral, originada por la suscripción de contratos continuos e ininterrumpidos, primera instancia Declara CON LUGAR la Demanda, Declara la Nulidad de los contratos suscritos, que goce de la condición de empleada permanente y CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a pagar a la demandante, Esta sala declara no ha lugar el recurso de Casación, la segunda instancia DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras REVOCANDO REFORMANDO PARCIALMENTE y CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a pagar a la demandante.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: i. carece de claridad y precisión en la formulación, en lo relacionado con el concepto de la infracción, ya que se indica la “…violación directa…” cuando en reiteradas ocasiones este Tribunal, ha señalado que la violación a la ley sustantiva por vía directa o indirecta, en cualquiera de sus modalidades, deben de especificarse, siendo el caso, que la violación directa comprende la infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea, obviando el Recurrente, precisar alguno de estos conceptos; ii. se indica como infringido el artículo 113 en su párrafo segundo, párrafo que no ostenta tal calidad; y, iii. lo expuesto en la explicación constituye un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario. Además, resulta ajeno a la jurisdicción del trabajo resolver sobre situaciones exclusivas de la Administración Pública (emisión de acuerdos) de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2 numeral 2) y 665 del Código de Trabajo...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: i. carece de claridad y precisión en la formulación, en lo relacionado con el concepto de la infracción, ya que se indica la “…violación directa…” cuando en reiteradas ocasiones este Tribunal, ha señalado que la violación a la ley sustantiva por vía directa o indirecta, en cualquiera de sus modalidades, deben de especificarse, siendo el caso, que la violación directa comprende la infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea, obviando el Recurrente, precisar alguno de estos conceptos; ii. se indica como infringido el artículo 113 en su párrafo segundo, párrafo que no ostenta tal calidad; y, iii. lo expuesto en la explicación constituye un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario. Además, resulta ajeno a la jurisdicción del trabajo resolver sobre situaciones exclusivas de la Administración Pública (emisión de acuerdos) de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2 numeral 2) y 665 del Código de Trabajo...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: i. se indica el concepto de aplicación indebida, pero se omite la norma sustitutiva que se considere debió aplicarse debidamente y que incida en un sentido distinto al fallo impugnado; ii. se indica como infringido el artículo “…113 párrafo segundo…” del Código de Trabajo, párrafo que carece de sustantividad; y, iii. no es viable el ataque al fallo por el concepto invocado, ya que la terminación de la relación de trabajo, por causa justificada o injustificada tiene relación con el material probatorio y el concepto invocado se da al margen del mismo. No obstante, los defectos antes relacionados confrontado el motivo formulado con la sentencia impugnada mediante la cual se reforma parcialmente la sentencia emitida por el juzgado de primera instancia solamente, en cuanto al pronunciamiento de emitir acuerdo, es oportuno señalar que no es dable a los juzgadores laborales ordenar la emisión de acuerdos de nombramiento, de conformidad a los artículos 2 numeral 2), 113 párrafo cuarto literales a) y b), 664 y 665 del Código de Trabajo, relacionado con el 129 de la Constitución de la República...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. ´765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: i. carece de claridad y precisión en la formulación, en lo relacionado con el concepto de la infracción, ya que se indica la “…violación directa…” cuando en reiteradas ocasiones este Tribunal, ha señalado que la violación a la ley sustantiva por vía directa o indirecta, en cualquiera de sus modalidades, deben de especificarse, siendo el caso, que la violación directa comprende la infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea, obviando el Recurrente, precisar alguno de estos conceptos; ii. se indica como infringido el artículo 113 en su párrafo segundo, párrafo que no ostenta tal calidad; y, iii. lo expuesto en la explicación constituye un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario. Además, resulta ajeno a la jurisdicción del trabajo resolver sobre situaciones exclusivas de la Administración Pública (emisión de acuerdos) de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2 numeral 2) y 665 del Código de Trabajo...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: i. se indica el concepto de aplicación indebida, pero se omite la norma sustitutiva que se considere debió aplicarse debidamente y que incida en un sentido distinto al fallo impugnado; ii. se indica como infringido el artículo “…113 párrafo segundo…” del Código de Trabajo, párrafo que carece de sustantividad; y, iii. no es viable el ataque al fallo por el concepto invocado, ya que la terminación de la relación de trabajo, por causa justificada o injustificada tiene relación con el material probatorio y el concepto invocado se da al margen del mismo. No obstante, los defectos antes relacionados confrontado el motivo formulado con la sentencia impugnada mediante la cual se reforma parcialmente la sentencia emitida por el juzgado de primera instancia solamente, en cuanto al pronunciamiento de emitir acuerdo, es oportuno señalar que no es dable a los juzgadores laborales ordenar la emisión de acuerdos de nombramiento, de conformidad a los artículos 2 numeral 2), 113 párrafo cuarto literales a) y b), 664 y 665 del Código de Trabajo, relacionado con el 129 de la Constitución de la República...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. ´765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: i. carece de claridad y precisión en la formulación, en lo relacionado con el concepto de la infracción, ya que se indica la “…violación directa…” cuando en reiteradas ocasiones este Tribunal, ha señalado que la violación a la ley sustantiva por vía directa o indirecta, en cualquiera de sus modalidades, deben de especificarse, siendo el caso, que la violación directa comprende la infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea, obviando el Recurrente, precisar alguno de estos conceptos; ii. se indica como infringido el artículo 113 en su párrafo segundo, párrafo que no ostenta tal calidad; y, iii. lo expuesto en la explicación constituye un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario. Además, resulta ajeno a la jurisdicción del trabajo resolver sobre situaciones exclusivas de la Administración Pública (emisión de acuerdos) de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2 numeral 2) y 665 del Código de Trabajo...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: i. se indica el concepto de aplicación indebida, pero se omite la norma sustitutiva que se considere debió aplicarse debidamente y que incida en un sentido distinto al fallo impugnado; ii. se indica como infringido el artículo “…113 párrafo segundo…” del Código de Trabajo, párrafo que carece de sustantividad; y, iii. no es viable el ataque al fallo por el concepto invocado, ya que la terminación de la relación de trabajo, por causa justificada o injustificada tiene relación con el material probatorio y el concepto invocado se da al margen del mismo. No obstante, los defectos antes relacionados confrontado el motivo formulado con la sentencia impugnada mediante la cual se reforma parcialmente la sentencia emitida por el juzgado de primera instancia solamente, en cuanto al pronunciamiento de emitir acuerdo, es oportuno señalar que no es dable a los juzgadores laborales ordenar la emisión de acuerdos de nombramiento, de conformidad a los artículos 2 numeral 2), 113 párrafo cuarto literales a) y b), 664 y 665 del Código de Trabajo, relacionado con el 129 de la Constitución de la República...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. ´765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estima éste Tribunal, que en el fallo impugnado no se ha violado el debido proceso ni el derecho defensa de las partes en consecuencia no procede la nulidad solicitada...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 22 de noviembre del 2022, por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la señora MAYTE DANIRA BANEGAS CRUZ; y en fecha 27 de marzo del 2023, por la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, ambos como recurrentes/recurridos respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido su relación laboral desde el inicio de la misma, originada por la suscripción de contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículos 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, asimismo solicita la reinstalación a su puesto de trabajo y restitución en sus funciones en virtud de haber sido suspendida, y ante la negativa del patrono la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de diciembre del 2016, por la señora MAYTE DANIRA BANEGAS CRUZ, mayor de edad, casada, Licenciada en Trabajo Social, hondureña, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 09 de septiembre del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR; 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el sentido siguiente: A.- REVOCANDO TOTALMENTE el numeral 2) de la parte resolutiva del fallo apelado; B.- REFORMANDO PARCIALMENTE el numeral 3 de la parte resolutiva del fallo apelado, el cual deberá leerse de la siguiente manera: "3) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a pagar a la demandante MAYTE DANIRA BANEGAS CRUZ todos los salarios adeudados desde que se dio la separación irregular de su puesto de trabajo y además a reconocerle todos los demás derechos otorgados a los empleados permanentes de la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social desde que se le otorga la permanencia a partir del 13 del mes de marzo del año 2013 y durante estuvo ausente de su puesto de trabajo. SIN COSTAS en esta instancia.".- C) CONFIRMAR el numeral 1 de la parte resolutiva de dicha sentencia".- 3). SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral para El Estado de Honduras a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos el 1 de marzo del 2013, desempeñándose en el puesto de Promotor de Empleo, devengando un salario mensual de L.11,000.00; desde que inició a laborar ha desempeñado las mismas funciones de manera continua e ininterrumpida, mediante Contratos de Servicios Profesionales a término, pero continuos y bajo la subordinación del empleador, consta en los contratos suscritos entre las partes, mismos que reúnen los elementos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo; en virtud de lo anterior, la relación es de orden laboral haciendo la observancia que sus funciones son de carácter continuas y permanentes, pues forman parte de la operatividad de la Institución, entendiéndose que están ante un Contrato de Trabajo por tiempo indeterminado, regido por la jurisdicción del Trabajo; adicionalmente que a la relación de dependencia caracteriza también a la relación de trabajo la continuidad en el desempeño de las mismas funciones, desde que inició a laborar, a pesar que el empleador ha tratado de encubrir una real y verdadera relación laboral mediante contratos transitorios o temporales, no es menos cierto que la causa que ha originado el surgimiento de la relación laboral ha subsistido y subsistirá siempre, pues ha sido el mismo puesto y funciones que ha venido desempeñando durante la relación laboral; visualizando con lo anterior una simulación de Contrato de Servicios Profesionales por tiempo determinado, ocultando detrás de ello un verdadero Contrato de Trabajo por Tiempo Indefinido, acto simulatorio que tiene como finalidad evadir obligaciones estipuladas en la Ley Laboral en fraude a la Ley, con lo anterior queda acreditada la relación de dependencia que es una relación social que en el marco de la misma una de las partes se encuentra legitimada para dictar órdenes, y la otra acepta dicha legitimación en su consecuente deber de obediencia, puesto que es el patrono quien dirige la empresa con quien se relacionan jerárquicamente los trabajadores, concluyendo que cada vez que se encuentra con actividades prestadas por una persona física dirigida por otra que esta frente a un Contrato en los términos de ley y consecuentemente con un Contrato de Trabajo, además es evidente que al haber trabajado bajo las órdenes del patrono puso a su disposición su fuerza de trabajo, con lo cual no cabe duda que el patrono ha menoscabado un derecho fundamental, garantizado por la Constitución de la República, Código del trabajo, Tratados, Convenios y Recomendaciones de la OIT, articulo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; continúa reiterando que la relación es permanente y de orden laboral, en virtud de la suscripción de varios Contratos de Trabajo celebrados de forma continua e ininterrumpida al amparo de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, por lo que considera le asiste el Derecho a la permanencia en el puesto de trabajo que ha venido desempeñando, con todos los derechos que tienen los empleados permanentes en la Institución demandada, y que el empleador en fraude de ley le ha negado tal derecho con la única finalidad de evadir obligaciones laborales ya adquiridos legalmente; una vez vencido el último Contrato de Trabajo no renovó el mismo, a pesar de estar consciente el empleador que le asiste el derecho a la permanencia en el puesto de trabajo que ha venido desempeñando por la continuidad de dichos contratos ininterrumpidos, ante tal actitud se vio obligada a pedir por la vía judicial tanto la permanencia en su puesto de trabajo como la reinstalación al mismo y la restitución de sus funciones, en virtud de las labores continuas que ha venido desempeñando a través de Contratos Individuales de Trabajo por tiempo determinado; con el ánimo de buscar una solución a las diferencias suscitadas entre las partes, se procedió agotar el procedimiento administrativo, al no haber voluntad de parte del empleador en conciliar las diferencias, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 691 del Código del Trabajo, por tal razón comparece ante el Tribunal promoviendo su demanda laboral, derecho que otorga la Constitución de la República en su artículo 80. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando que sostuvo una relación contractual con la demandante a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (S.T.S.S.), mediante la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales, con fecha de inicio y terminación, consentidos y aceptados sin objeción alguna por la demandante; razón por la cual se rechaza la fecha en que establece la parte actora en la demanda haber comenzado a prestar sus servicios profesionales, así como el puesto que dice haber desempeñado y el salario mensual que aduce haber devengado; todo Contrato de Trabajo bajo las distintas modalidades que establece una prestación de servicios conlleva los mismos elementos mencionados en el artículo 20 del Código del Trabajo, para ejercer la actividad de trabajo para lo cual fue contratada, ya que a la anuencia de las partes para la firma de un nuevo Contrato de Prestación de Servicios, el mismo es aplicable en aquellos casos que por su naturaleza los contratos sean por tiempo indefinido, en virtud que la demandante consintió, aceptó y fue de su conocimiento desde su inicio la modalidad bajo la cual estaba regida su relación contractual, sin embargo la demandante en ningún momento antes del vencimiento del contrato manifestó su oposición ante autoridad competente ni presentó nulidad del mismo, contrario sensu aceptó y consintió la forma de contratación; por otra parte no puede calificarlo como simulación o fraude a ley porque entonces estaría afirmando que no tiene la facultad de suscribir este tipo de contratos, por lo tanto estaría frente a un Contrato sin validez jurídica y en su defecto los Contratos que firmó no tienen existencia ni objeto su reclamo; en cuanto los otros derechos que pide y que obviamente son ilusorios e imaginarios, no le pertenecen porque simplemente cumplió su prestación de servicio profesional temporal por el periodo determinado y establecido en los contratos suscritos por ambas partes; por otra parte es oportuno resaltar que en esta clase de contratos también se fundamenta lo que instituye el artículo 1348 del Código Civil que literalmente dice “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”, en consecuencia no existe obligación en cumplir con sus pretensiones y exigencias de reinstalación y reconocimiento de otros supuestos derechos subjetivos que procura tener, porque no le asisten tales derechos, no obstante la demandante por pretender un derecho subjetivo que no le corresponde y carecer de soporte jurídico que sustente sus argumentos para exigir los supuestos derechos que reclama, hace uso del texto legal tanto de los artículos del Código del Trabajo, Constitución de la República, Tratados, Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que determinan los principios generales del derecho al trabajo, pero que en ningún momento dan validez jurídica a sus pretensiones en particular, pues como se reitera era del conocimiento de la demandante desde el inicio de su contratación, la fecha en que finalizaría su relación contractual, quien aceptó y consintió cada una de las cláusulas por las que se regiría el contrato suscrito y es hasta que llega a su término que pide el reconocimiento de un derecho subjetivo, tratando de aplicar erróneamente preceptos legales a efecto de justificar un derecho subjetivo e inexistente, pues en el referido contrato se estableció la fecha de finalización del mismo, en el cual ambas partes aceptaron sus respectivas vigencias, en ese sentido no puede alegar desconocimiento del tiempo de duración del mismo, en cuanto a su permanencia y otros derechos que solicita; por cuanto la reclamante procura sustentar sus pretensiones en el artículo 47 del Código del Trabajo, siendo aventurado afirmar que esta prestación de servicios por la suscripción de varios contratos es continua e ininterrumpida, pues estos contratos son transitorios y temporales y no se puede aplicar irresponsablemente la normativa laboral de este artículo ni considerarse por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, pues la figura del Contrato involucra dos partes que se someten a las obligaciones y derechos plasmados en el mismo y no pueden prevalecer derechos subjetivos por muy convenientes que sean a una parte, ni tampoco cambiarse los términos del contrato, pues desnaturalizaría el objeto del contrato; en cuanto a que la parte actora presentó reclamo administrativo ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, buscando un arreglo conciliatorio, para la permanencia al puesto de trabajo y reinstalación al mismo, dándose por agotada la vía administrativa, por no haber voluntad de conciliar por parte del empleador en conciliar las diferencias, en virtud que no está facultado para aceptar imposiciones de derechos subjetivos inexistentes, ni beneficios que no le corresponden por tratarse de Contratos de Servicios Profesionales por periodo determinado y tener un término los mismos; a tal efecto la Secretaría del Trabajo no es competente para conocer sobre contratos administrativos que ya establecen claramente en sus cláusulas la autoridad que debe resolver los conflictos que surjan, por consiguiente la pretensión exigida en este Juzgado debe ser declarada Sin Lugar porque no le asiste el derecho y será en el proceso del debate que se acreditara que la parte actora no tuvo sustentación jurídica para litigar en la presente causa, en consecuencia se le condene especialmente en costas. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 31 de octubre del 2019, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por MAYTE DANIRA BANEGAS CRUZ en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal la Procuradora General de la República de aquél entonces ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) Declara la Nulidad de los contratos suscritos entre las partes a partir del 13 del mes de marzo del año 2013 por simulación de los mismos, por lo cual a partir de la citada fecha, la demandante MAYTE DANIRA BANEGAS CRUZ goza de la condición de empleada permanente del ESTADO DE HONDURAS, para lo cual la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social tiene la obligación de tramitar el Acuerdo de Nombramiento Ministerial que formalice la condición de empleado permanente de la demandante en el cargo de PROMOTOR DE EMPLEO dependiente de la Dirección General de Empleo. 3) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a pagar a la demandante MAYTE DANIRA BANEGAS CRUZ todos los salarios pagar a la adeudados desde que se dio la separación irregular de su puesto de trabajo y además a reconocerle todos los demás derechos otorgados a los empleados permanentes de la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social desde que se le otorga la permanencia y durante estuvo ausente de su puesto de trabajo. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que haciendo un análisis de las pruebas aportadas al proceso, resulta que de manera continua desde el 1 del mes de marzo del año 2013 hasta el 31 de diciembre del año 2015 la demandante fue contratada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad, bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales desempeñando el puesto de Promotor de Empleo, dependiente de la Dirección de Empleo, en cada contrato aparece la descripción de los servicios que prestaba relativos a promover el Programa Nacional de Empleo por Hora, capacitaciones, preparación de planes de trabajo y todo lo que conlleva la socialización de esta forma de contratación, lo cual denota la continuidad y permanencia en las labores que desempeñaba y el elemento subordinación característico de la relación de trabajo, ya que además se encontraba sometida a una jornada de trabajo de 8:00 a.m. - 4:00 p.m., devengando un último salario de L. 11,000.00; si bien alega la demandada que el personal no permanente se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución siempre y cuando el personal contratado aparezca en el POA y que exista la disponibilidad presupuestaria en estricto observancia del artículo 201 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, sin embargo en el presente caso, por las labores desempeñadas por la demandante no eran temporales o accidentales porque la Ley de Empleo por Hora, es una Ley aún vigente por lo cual las funciones del demandante no puede ser concebidas a través de un contrato temporal, así que la responsabilidad de su contratación es única y exclusiva del titular de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social; las contrataciones sucesivas entre las mismas partes, con objeto y causa idénticos, para desempeñar las misma labores al tenor de lo estipulado en los artículo 47 y 52 párrafo tercero del Código del Trabajo, hacen presumir una sola contratación, en el presente caso esta situación se ha dado debido a que la demandante fue contratada desde el 1 del mes de marzo del año 2013, y continuó laborando en forma continua; el Contrato por Tiempo Indeterminado se encuentra más favorecido por las disposiciones legales protectoras basadas en la permanencia de la relación de trabajo, por lo que existe una firme corriente favorable a constituir esta regla en el imperativo legal del cual sólo se reconocen excepciones en casos determinados, de ahí que existe una marcada tendencia a declarar existente un Contrato por Tiempo Indeterminado en casos de prórrogas sucesivas a los que se refiere el artículo 48 del Código del Trabajo y, en general, en todos aquellos donde la fijación del término, con la intención de hacer fraude a la ley, pueda considerarse simulada; siendo que la relación del trabajo con la demandante es laboral y de tipo permanente y continua, de pleno derecho de conformidad al artículo 47 del Código del Trabajo le corresponde que El Estado de Honduras regularice su situación como trabajadora permanente, ya que es censurable que la misma Secretaría del Trabajo encargada de velar por los derechos de los trabajadores violente el derecho constitucional a la estabilidad laboral, por lo tanto, se encuentra en la obligación de reconocer que las labores que desempeñan el demandante son de carácter permanente y por lo tanto por contrato por tiempo indefinido en la plaza que desempeña como Promotor de Empleo, por lo cual para separarla de su puesto de trabajo, debió hacerlo invocando cualquiera de las causales contempladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, no siendo así, se produjo un despido que además de ilegal es injustificado, consecuentemente es procedente ordenar el reintegro de la trabajadora a su puesto de trabajo y reconocerle su antigüedad en su puesto de trabajo, desde que inicio a laborar; no se condena en costas porque ambas partes tuvieron motivos racionales para litigar. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 9 de septiembre del 2021, dictó sentencia que, en su parte resolutiva dice: “FALLA: 1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR; 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en el sentido siguiente: A.- REVOCANDO TOTALMENTE el numeral 2) de la parte resolutiva del fallo apelado; B.- REFORMANDO PARCIALMENTE el numeral 3 de la parte resolutiva del fallo apelado, el cual deberá leerse de la siguiente manera: "3) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a pagar a la demandante MAYTE DANIRA BANEGAS CRUZ todos los salarios adeudados desde que se dio la separación irregular de su puesto de trabajo y además a reconocerle todos los demás derechos otorgados a los empleados permanentes de la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social desde que se le otorga la permanencia a partir del 13 del mes de marzo del año 2013 y durante estuvo ausente de su puesto de trabajo. SIN COSTAS en esta instancia.".- C) CONFIRMAR el numeral 1 de la parte resolutiva de dicha sentencia".- 3). SIN COSTAS”. Bajo el criterio que ha dejado establecido en suficiente jurisprudencia que este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores con El Estado de Honduras, han sido desnaturalizados, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el Contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral; las relaciones laborales se encuentran reguladas por un Contrato de Trabajo, que estipula los derechos y obligaciones de ambas partes, por lo que debe servir para dilucidar una cuestión como la presente es el concepto de subordinación jurídica establecida entre el patrono y el trabajador, la parte demandada aceptó que existió una relación laboral entre las partes; como propio y verdadero caso de nulidad de pleno derecho solo deben considerarse los actos realizados bajo violencia o bajo intimidación racional y fundada de un mal grave, y cuando estos se produzcan con manifiesta falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional, y cuando se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento establecidas por la ley o con infracción de los principios de audiencia, asistencia y defensa, siempre que efectivamente se haya producido indefensión, estos obtienen el calificativo de nulos de pleno derecho, son casos propiamente de anulación, porque no pueden invocarse en todo tiempo como causa de nulidad, que cabe hacer valer como derecho imprescriptible por medio de un proceso autónomo; la juez de primera instancia declara en el numeral segundo de su fallo “declara la nulidad de los contratos suscritos entre las partes a partir del 13 del mes de marzo del año 2013 por simulación de los mismos”, y tal como se ha dejado establecido, esta nulidad debe referirse a actos procesales, no actos administrativos, y los Contratos de Servicios Profesionales suscritos, son actos administrativos que la Juez de primera instancia no puede decretar su nulidad, ya que como se dijo, son actos administrativos que debieron ser objeto de impugnación ante el área contencioso administrativo y no lo laboral; vistas las consideraciones anteriores procede reformar de oficio la sentencia apelada en el único sentido de revocar totalmente el numeral segundo que se refiere a la nulidad de la simulación de los contratos, reforma parcialmente el numeral tercero y confirma los demás pronunciamientos. 5. Mediante auto de fecha 24 de enero del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por los Abogados JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la señora MAYTE DANIRA BANEGAS CRUZ; y, ZOILA ROSA FLORES AMADOR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación de los recursos, confiriéndole traslado de los autos a cada uno de los Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) el apoderado demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) A la representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6. En fecha 22 de noviembre del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 23 de noviembre del 2022, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación, y se confirió traslado a la otra parte por el termino de veinte días para que también formulara su demanda de casación; en fecha 27 de marzo del 2023, la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR, formalizo su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 27 de marzo del 2023, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso, omitiéndose el traslado, dando copia a la parte contraria para la contestación en forma común por el termino de diez días, el cual surtirá efecto en esta Secretaría, donde se mantendrán los autos a su disposición; mediante providencia de fecha 24 de julio del 2023, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ; y en proveído de fecha 24 de julio del 2023, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR, para contestar la demanda de casación, en consecuencia se ordenó seguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la señora MAYTE DANIRA BANEGAS CRUZ, en un primer motivo alega: “Acuso la sentencia impugnada de ser violatoria de ley sustantiva laboral por violación directa de la norma sustantiva señalada en el Acápite Norma Sustantiva violada. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 párrafo segundo y literal b relacionado con el artículo 3, ambos del Código del Trabajo relacionada con la norma constitucional establecida en los artículos 128 y 304 primera oración del primer párrafo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA INFRACCION El Ad Quem al reformar la sentencia y limitar el poder del juez a no poder exigir un trámite administrativo para la efectividad reconocido en la sentencia es violatorio de la norma sustantiva señalada como violada. Establece nuevos límites sin fundamento legal en sus considerandos 13 y 14, comete el error de no llevar a una ejecución lo fallado, impidiendo de esta manera la plena tutela de la recurrente en sus derechos como jubilación o pensión, preaviso, cesantía, aumentos salariales y demás derechos conexos de los cuales gozan los empleados públicos. Comete el error evidente en creer que en la administración pública del Estado existen los contratos de trabajo por tiempo indefinido, desconociendo que estos son los denominados acuerdos, que no es otra que la decisión unilateral del Estado en nombrar a una persona como empleado público y la del empleado en aceptar las condiciones del puesto. Seguir con la reforma realizada por el Ad Quem equivaldría en dejar a la recurrente en una isla presupuestaria que le impediría gozar de todos los beneficios de la sentencia dictada. Además, desconoce la jurisprudencia existente que esta Corte Suprema de Justicia ha creado en los procesos de Casación número S.L.146-18, S.L. 240-18 y S.L. 576-19 donde confirmo la condena en cuanto a obligar al Estado de Honduras a emitir el acuerdo de nombramiento en los casos semejantes al presente. Debió en todo caso, reconocer la jurisprudencia y ejecutar lo juzgado a través del nombramiento de la recurrente”. III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: i. carece de claridad y precisión en la formulación, en lo relacionado con el concepto de la infracción, ya que se indica la “…violación directa…” cuando en reiteradas ocasiones este Tribunal, ha señalado que la violación a la ley sustantiva por vía directa o indirecta, en cualquiera de sus modalidades, deben de especificarse, siendo el caso, que la violación directa comprende la infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea, obviando el Recurrente, precisar alguno de estos conceptos; ii. se indica como infringido el artículo 113 en su párrafo segundo, párrafo que no ostenta tal calidad; y, iii. lo expuesto en la explicación constituye un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario. Además, resulta ajeno a la jurisdicción del trabajo resolver sobre situaciones exclusivas de la Administración Pública (emisión de acuerdos) de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2 numeral 2) y 665 del Código de Trabajo. IV. Que en un segundo motivo se aduce: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva laboral por Aplicación Indebida. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 párrafo segundo y literal b relacionado con el artículo 3, ambos del Código del Trabajo relacionada con la norma constitucional establecida en los artículos 128 numeral 15 en relación con el contrato individual y 304 primera oración del primer párrafo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA INFRACCION El Ad Quem al reformar la sentencia y limitar el poder del juez a no poder exigir un trámite administrativo para la efectividad reconocido en la sentencia es violatorio de la norma sustantiva señalada como violada. Establece nuevos límites sin fundamento legal en sus considerandos 13 y 14, comete el error de no llevar a una ejecución lo fallado, impidiendo de esta manera la plena tutela de la recurrente en sus derechos como jubilación o pensión, preaviso, cesantía, aumentos salariales y demás derechos conexos de los cuales gozan los empleados públicos. Comete el error evidente en creer que en la administración pública del Estado existen los contratos de trabajo por tiempo indefinido, desconociendo que estos son los denominados acuerdos, que no es otra que la decisión unilateral del Estado en nombrar a una persona como empleado público y la del empleado en aceptar las condiciones del puesto. Seguir con la reforma realizada por el Ad Quem equivaldría en dejar a la recurrente en una isla presupuestaria que le impediría gozar de todos los beneficios de la sentencia dictada. Aplica indebidamente la norma indicada como violada y cambia su sentido impidiendo ejecutar lo juzgado. Debió aplicar debidamente la norma y exigir el acuerdo de nombramiento como instrumento administrativo para el goce de los derechos reconocidos en la sentencia impugnada. Además, desconoce la jurisprudencia existente que esta Corte Suprema de Justicia ha creado en los procesos de Casación número S.L.146-18, S.L. 240-18 y S.L. 576-19 donde confirmo la condena en cuanto a obligar al Estado de Honduras a emitir el acuerdo de nombramiento en los casos semejantes al presente. Debió en todo caso, reconocer la jurisprudencia y ejecutar lo juzgado a través del nombramiento de la recurrente”. V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: i. se indica el concepto de aplicación indebida, pero se omite la norma sustitutiva que se considere debió aplicarse debidamente y que incida en un sentido distinto al fallo impugnado; ii. se indica como infringido el artículo “…113 párrafo segundo…” del Código de Trabajo, párrafo que carece de sustantividad; y, iii. no es viable el ataque al fallo por el concepto invocado, ya que la terminación de la relación de trabajo, por causa justificada o injustificada tiene relación con el material probatorio y el concepto invocado se da al margen del mismo. No obstante, los defectos antes relacionados confrontado el motivo formulado con la sentencia impugnada mediante la cual se reforma parcialmente la sentencia emitida por el juzgado de primera instancia solamente, en cuanto al pronunciamiento de emitir acuerdo, es oportuno señalar que no es dable a los juzgadores laborales ordenar la emisión de acuerdos de nombramiento, de conformidad a los artículos 2 numeral 2), 113 párrafo cuarto literales a) y b), 664 y 665 del Código de Trabajo, relacionado con el 129 de la Constitución de la República. VI. Que se ha solicitado nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “Si los anteriores motivos no resultan suficientes para enmendar el fallo emitido por el Ad Quem y garantizar la aplicabilidad de la jurisprudencia creada, interpongo NULIDAD SUBSIDIARIA a partir del folio doce de la segunda pieza de autos (Corte de Apelaciones del Trabajo) en virtud de que la sentencia dictada por el Ad Quem no garantiza la ejecución de lo juzgado, es decir, procesalmente está incompleta pues no existe en la estructura presupuestaria del Estado, renglones que permitan pagar contratos por tiempo indefinidos, esto como consecuencia de que todo trabajador que celebre un contrato de trabajo por tiempo indefinido con el Estado de Honduras es denominado empleado público y goza de un acuerdo de nombramiento. Mantener el fallo resultaría ir en contra de la norma constitucional establecida en el artículo 304 en cuanto a juzgar y ejecutar lo juzgado, en contra de la jurisprudencia creada por esta Corte Suprema de Justicia y en contra de los derechos que establece el Código de Trabajo en su artículo 3. Finalmente, es necesario indicar que el argumento expresado por el Ad Quem en su considerando 13 y 14 carecen de fundamento jurídico, limita los poderes del juez, pero no establece bajo que norma jurídica crea ese razonamiento, hecho que resulta en una violación al debido proceso, a las normas procesales que rigen las condiciones en que se deben dictar las sentencias según el Código Procesal Civil y limita el ejercicio del juez consagrado en la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales. En virtud de lo anterior, resulta procedente decretar la nulidad del fallo, indicándole al Ad Quem el rumbo correcto en que debe dictar su sentencia”. VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estima éste Tribunal, que en el fallo impugnado no se ha violado el debido proceso ni el derecho defensa de las partes en consecuencia no procede la nulidad solicitada. VIII. Que la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en un único motivo de casación aduce: “Ser la sentencia impugnada violatoria de Ley sustantiva por Infracción indirecta de los artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1348 del Código Civil; y 200, 201, 202, 206 y 207 del Reglamento de Servicio Civil; Artículo 117 párrafo primero de la estimación presupuestaria de ingresos de la Administración Central para el ejercicio Fiscal del 2015, vigente, prescribe: "La Contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) se debe realizar en casos excepcionales del titular de cada Institución, siempre y cuando figure en el Plan Operativo (POA); Según Decreto No. 230-2010 y Convenio Interinstitucional entre el Congreso Nacional y Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ubicado en la Estructura presupuestaria: Inst. 0130, Gerencia 1, Programa 12, Sub Prog. 00, Actividad y Obra 03, Objeto 12100, Sueldos Básicos. En estricta observancia del artículo 203 de la Ley de Servicio Civil; por la apreciación y valoración errónea del medio de prueba Documentales: 1) Contratos de Servicios Profesionales, anexos a los folios (71, frente y vuelto), Expediente No. 0801-2016-01521- LTO, 2) Pago de Décimo Tercer y Décimo Cuarto Mes y Sueldo (73, 74, 75 y 76) Pago que sin duda alguna si se hubiere apreciado y valorado la prueba mencionada otro hubiere sido el destino de la decisión judicial. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el 765 numeral uno párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del articulo 46 literal b) del Código Laboral que establece: "El Contrato Individual de trabajo puede ser: a)....b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento...; por otro lado nuestro Código Civil en su artículo 1348 prescribe: "Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos", a tal efecto en el presente caso, el Juzgador no aprecio ni valoro el Medio de Prueba Documental: 1) Contratos de Servicios Profesionales, anexos a los folios 35 al 39 frente y vuelto, 2) Contratos de Servicios Profesionales, anexos a los folios 71 frente y vuelto, Expediente No. 0801-2016-00715.-LTO; en el que se demuestra que la demandante únicamente sostuvieron con mi representado el Estado de Honduras, una relación de prestación de servicio temporal por tiempo determinado bajo el sistema Contratos de Servicios Profesionales, nombrada bajo el cargo de PROMOTOR DE EMPLEO, cargos en el cual los Servicios prestados eran retribuidos en favor de la hoy demandante, afectando la subcuenta con código 12100, Sueldo Básico de Personal No Permanente. La modalidad bajo la cual fue contratad la parte actora de la demanda fue mediante la suscripción de Contrato Administrativo de Servicios por tiempo determinado, contratos con fecha de inicio y de finalización, todos con duración variada en el tiempo pero de fecha limitada y determinada, regidos por las disposiciones del Derecho Administrativo y en caso de controversia sujetos a la jurisdicción de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, igualmente de lo que preceptúan los artículos 2 numeral 2, 691 del Código del Trabajo, artículo 3 inciso a), artículo 6, 42 literal a) 108 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se infiere que la Jurisdicción que debe conocer sobre la Acción Laboral bajo examen es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que el Juzgado de Letras del Trabajo, debió de oficio inhibirse del conocimiento de la misma, por no estar contemplado el negocio Jurídico dentro la esfera de sus atribuciones, ya que las causas relativas a los Contratos de Servicios, es cuando participa el Estado de Honduras, son propias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no obstante es preciso señalar también como fundamento que la Jurisdicción del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, es improrrogable según lo determina el Artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, declarando la falta de jurisdicción por razón de la materia inclusive de oficio; por consiguiente corresponde al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección Judicial, dirimir controversias surgidas en las presentes diligencias. En virtud del Contrato de Servicios Profesionales, se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado Contrato, pero fuera de los alcances de una relación de trabajo permanente, y por esa razón ambas partes se sometieron únicamente a la normativa de dicho forma de contratación, en el entendido que la demandante era trabajadora temporal y que consecuentemente mi representado, no tenía más obligaciones de las que se generaron de dichos Contratos; mismos que están regulados en caso de controversia por la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Honduras, en tal sentido no correspondía a la jurisdicción laboral del conocimiento de la Prestación de Servicio de la demandante en vista que, NO ESTA SOMETIDO al Régimen Ordinario Laboral. La Contratación de la demandante bajo el Sistema de Contratos de Servicios Profesionales, fue por tiempo limitado o determinado, supeditado también a las disposiciones plasmadas en el Artículo 117 párrafo primero de la estimación presupuestaría de ingresos de la Administración Central para el ejercicio Fiscal del 2015, vigente, prescribe: "La Contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) se debe realizar en casos excepcionales del titular de cada Institución, siempre y cuando figure en el Plan Operativo (POA); Estructura presupuestaria: Inst. 0130, Gerencia 1, Programa 01, Sub Prog. 00, Proyecto 00, Actividad y Obra 02, Objeto 12100, Sueldos Básico, 08, Mun. 01. En estricta observancia del artículo 203 de la Ley de Servicio Civil; El Juzgado A Quo como el Tribunal Ad Quem, es su condición de Juzgador al examinar el expediente de demanda "presume" que a partir de las fechas: "13 de marzo del 2013, la demandante fue contratada en forma continua para laborar para la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, apreciación errónea del medio de prueba documental del actor de la demanda. La falta de sustentación Legal de la reclamación de la demandante señora MAYTE DANIRA BANEGAS CRUZ, se refleja con reiteración durante la secuela del juicio, en vista que suscribieron con mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, Contratos de Servicios por tiempo determinado (a plazo fijo), lo que esta preceptuado en el artículo 3 inciso a), 6, 42, 108 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo cual se infiere que la Jurisdicción que debe conocer de la presente acción es la Jurisdicción Contencioso Administrativo; y conforme al artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, el Juzgado de Letras del Trabajo de "Oficio" debió inhibirse del conocimiento de la misma, ya que las causas relativas a los Contratos de Servicios Profesionales cuando participa el Estado de Honduras, son propias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por ser servidor público y no servidor privado la demandante. A contrario sensu la Jurisdicción del Trabajo entre particulares esta instituida para decidir los conflictos que se originan directa o indirectamente de los contratos de trabajo cuyas disposiciones se reglamentan con la normativa laboral; sin embargo la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, por los "criterios unificados de justicia laboral" presuponen la supremacía a la ilegalidad para hacer posible la recta observancia de la ley; surgiendo entonces la necesidad de acudir ante el Tribunal Supremo en repetición y protección de nuestras consideraciones, igualmente en apego a lo establecido en el artículo 665 párrafo primero del Código del Trabajo, que literalmente prescribe: "La jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente de los contratos de trabajo". El Juzgador también motiva la sentencia estableciendo que de conformidad con el Artículo 47, 52 y 112 del Código de Trabajo el patrono el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social "no acredito la justa causa del despido", en consecuencia declara con lugar la presente demanda porque es evidente que la demandante a pesar de haber sido contratada como PROMOTOR DE EMPLEO, desde el inicio de la relación laboral, al producirse el despido la trabajadora, por lo que condena a mi representado a reintegrarla a su puesto de trabajo y reconocerle su antigüedad en su puesto de trabajo, desde que inició a laborar para la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que tenía al momento de la ruptura de los Contrato de Servicios de Trabajo (ver Considerando (07) y (08), de la Sentencia Definitiva de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve, condenándolo igualmente al pago de todos los salarios adeudados desde que se dio la separación irregular de su puesto de trabajo, y además a reconocerle todos los demás derechos otorgados a los empleados permanentes de la Secretaría de Estado de trabajo y Seguridad Social, desde que se le otorgue la permanencia y durante estuvo ausente de su puesto de trabajo. Así como la restitución a sus funciones y demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de la actora; en cuanto a la nulidad de la simulación de unos Contratos de Servicios Profesionales se declara SIN LUGAR, el mimo ya que la demandante al laborar en la Institución demandada gozó de todos los beneficios estipulados en dicha contratación; en lo que se refiere al pago de vacaciones causadas y proporcionales, se declaran CON LUGAR, ya que con el medio de prueba EXIBICIÓN DE DOCUMENTOS se acredito según folios 25 al 69 de los autos que la demandante gozaba dichas vacaciones y las mismas no eran remuneradas; Conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda; En lo que respecta al pago de décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados de los periodos 2015 y 2016, se declara SIN LUGAR por haberse acreditado mediante medio de prueba de EXBICION DE DOCUMENTOS que ya les fueron pagados a la demandante. Sin apreciar el Juzgador el medio de prueba documental que acredita la contratación a término de la hoy demandante en el cargo de OPERADOR DE EMPLEO, él que además era temporal y por tiempo limitado y que no pude existir causa ni justa ni injusta de despido porque simplemente termino su prestación por llegar a la fecha de finalización de su nombramiento ministerial por planilla, de conformidad con lo preceptúa el artículo 46 literal b) del Código de Trabajo, en relación con los artículos 1348 Código Civil, Artículos 200, 201, 206 y 207 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil: tampoco valora el Juzgador el sustento jurídico de la normativa de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, en este caso para el Ejercicio Fiscal del año 2015, Y que todos en su texto legal establecen: "La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100, Sueldos Básicos (Personal NO permanente) se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del Titular de cada Institución y/o Secretario de Estado correspondiente, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA), que está contenido en el presupuesto aprobado y exista disponibilidad presupuestaria, sujetándose a la asignación aprobada en el presupuesto y solamente en los casos excepcionales y debidamente justificados ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, se permitirá la ampliación para este objeto exclusivamente con financiamiento dentro del mismo grupo de Servicios Profesionales...., en tal sentido estos contratos tendrán vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse para ningún efecto, al "personal contratado bajo esta modalidad como permanente", y su efectividad se computara desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo. Quedando terminantemente prohibido nombrar personal no permanente, cuando en el Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios Básicos de las Secretarías de Estado, exista puesto aprobado para el desempeño de las funciones, objeto del contrato, relacionado con el Decreto No. 223-2012 Resumen del Presupuesto del Sector Público lo preceptúa: "La Contratación de personal con cargo de Objeto especifico del gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal no Permanente)...." Capítulo VII Administración de Recursos Humanos artículo 114, es una asignación de la categoría de Contratos de personal no permanente estructura presupuestaria programa 01, Sub Programa 00, Proyecto 00, Actividad y Obra 002, Objeto 12100, que Sueldos Básicos, Dep. 08, Mun.01. Regulan el sistema de Personal NO Permanente por el cual fueron nombrados los hoy demandantes. Encontrándose entonces frente a una acción Ultrapetita y Extra petita por parte del Juzgador pues concede a los demandantes más derechos y beneficios que los petitorios, dejando de un lado el principio legal que debe sujetarse todo nombramiento a las disposiciones presupuestarias, misma que prohíbe realizar compromisos o efectuar pago alguno fuera de las asignaciones notadas en el presupuesto de cada periodo fiscal en contravención de las norma presupuestarias; en ese orden de ideas y conforme a la Doctrina de la definición de Ultra petita es una expresión latina, que significa "más allá de lo pedido", que se utiliza en el derecho para señalar la situación en la que una resolución judicial concede derechos que no fueron pedidos por una de las partes, y que según nuestro sistema procesal "El principio dispositivo es aquel en el que se asigna a las partes y no al Juez, la iniciativa el proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso, en cambio el principio Inquisitivo, es otorgado al órgano jurisdiccional quien debe ocupar por sí investigando los hechos probados, en consecuencia este fallo se ha convertido en extra petita cuando concede pretensiones o derechos que no forman parte del petitorio de la demanda, es decir, ocurre cuando la sentencia rebasa el marco de la demanda en términos cualitativas, "Cuando la condena le impone al demandado una prestación que no había pedido el demandante, otorgada por el Juez en la Sentencia Condenatoria, recayendo el fallo extra petita el exceso sobre un objeto no contemplado en la demanda: adicionalmente a los motivos e incongruencia hasta ahora explicados se encuentra el consistente en que no puede proferirse sentencia "por causa diferente a la invocada en ésta", o sea en la demanda" decisión que no puede ser aumentada ya que, de lo contrario, sería "superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercitó el Aquo y esto no le está permitido, ni tampoco agravarla en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte el derecho fundamental al debido proceso. Por lo anteriormente expuesto, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de septiembre del año dos mil veintiuno; y consecuentemente Confirma la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, de la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento por Reintegro al puesto de trabajo con Permanencia, Salarios Dejados de Percibir, pago de Vacaciones Décimo Tercer Mes, Décimo Cuarto Mes causados y proporcionales, promovido por la señora MAYTE DANIRA BANEGAS CRUZ”. IX. Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: i. entre otros se indica como norma sustantiva infringida el artículo “…46 literal b) del Código de Trabajo…”, que carece de sustantividad; ii. en la explicación se alude a los artículos 2 numeral 2), 47, 52, 112, 691 del Código del Trabajo, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación y 3 inciso a), 6, 42 literal a), 108 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que no corresponde al orden nacional laboral; iii. en la explicación se insta a la valoración de la prueba, incompatible con el concepto de violación invocado; y, iv. en el desarrollo se realizan extensos alegatos de instancia, inoportunos en este recurso extraordinario. X. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por los abogados JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la señora MAYTE DANIRA BANEGAS CRUZ; y, ZOILA ROSA FLORES AMADOR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, el primero en sus dos motivos y nulidad subsidiaria solicitada y la segunda en su primer y único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la señora MAYTE DANIRA BANEGAS CRUZ, en sus dos motivos y nulidad subsidiaria solicitada. 2) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado por la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, en su único motivo de casación; 3)SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLOS. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes enero del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL14-2022.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.