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Sentencia CL-125-22 — Registro 17107

Resumen

Demanda Ordinaria Laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido injusto e ilegal del que ha sido objeto, caso contrario sea condenado al pago de derechos laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Que el cargo debe ser completo faltando si la violación se dio por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea; b) La Recurrente olvida que el motivo debe de ser suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, ni la finalidad del recurso de casación, ya que señala doble explicación, hechos controvertidos y hechos probados mismos que no son admitidos en la técnica casacional; c) Establece como norma violada el artículo 113 del Código de Trabajo, misma que contiene párrafos y numerales que debió señalar separadamente ya que son diferentes situaciones jurídicas, en virtud de la independencia de los cargos; y, d) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV.- Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN.-

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., nueve de agosto de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 6 de febrero del 2023, por la Abogada WENDY YAMILETH LEIVA, en su condición de representante procesal del señor SANTIAGO CASTRO MIRANDA, como recurrente; además, es parte recurrida, la sociedad mercantil TELEFONICA CELULAR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (TIGO HONDURAS), representada en juicio por la Abogada KATHERINE SCARLET AGURCIA LÒPEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido injusto e ilegal del que ha sido objeto, caso contrario sea condenado al pago de derechos laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha 27 de julio del 2016, por el señor SANTIAGO CASTRO MIRANDA, mayor de edad, Unión Libre, Vigilante, hondureño, con domicilio en el Departamento de Colón, contra el señor ANTONIO TAVEL OTERO, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad mercantil denominada TELEFONICA CELULAR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (TIGO HONDURAS). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 18 de enero del 2022, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación Interpuesto por la Abogada KATHERINE SCARLET AGURCIA LOPEZ en su condición de apoderada de la Empresa TELEFONICA CELULAR, S.A, de C.V. contra la sentencia dictada en fecha veintidós de Junio del dos mil veintiuno dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón en la demanda Ordinaria Laboral Para que el patrono pruebe la justa causa del despido injusto e ilegal, caso contrario sea condenado al pago de derechos laborales y a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir hasta que con sujeción a las leyes procesales laborales quede firme la sentencia, promovida por el señor SANTIAGO CASTRO MIRANDA contra el señor ANTONIO TAVEL OTERO en su condición de Presidente Ejecutivo de la empresa "TIGO HONDURAS" en las referidas diligencias.- SEGUNDO: REFORMA La Sentencia que se recurre en alzada de fecha veintidós de Junio del año Dos Mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón y del trabajo por Ministerio de Ley en el encuadre de la demanda Ordinaria Laboral Para que el patrono pruebe la justa causa del despido injusto e ilegal, caso contrario sea condenado al pago de derechos laborales y a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir hasta que con sujeción a las leyes procesales laborales quede firme la sentencia, Promovida por el señor SANTIAGO CASTRO MIRANDA contra el señor ANTONIO TAVEL OTERO en su condición de presidente ejecutiva de la empresa "TIGO HONDURAS" en cuanto que corresponde pagar únicamente los derechos adquiridos y reajuste de salario mínimo. TERCERO: Se condena al pago de los derechos adquiridos, reajuste salario mínimo al señor ANTONIO TAVEL OTERO en su condición de Presidente Ejecutivo de la Empresa TIGO HONDURAS a la cantidad total de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS. 42,661.66), que corresponden a los siguientes conceptos: Vacaciones segundo y tercer año = Siete mil novecientos setenta y seis mil lempiras con treinta y cuatro centavos (LPS. 7,976.34); Vacaciones Proporcionales = Mil setecientos cincuenta y cuatro lempiras con setenta y nueve centavos (LPS. 1,754.79). Treceavo Mes 2015 = Siete mil quinientos noventa y seis lempiras con cincuenta centavos (LPS. 7,596.50). Treceavo mes proporcional = Trecientos dieciséis lempiras con sesenta y seis centavos (LPS. 316.66). Catorceavo mes año 2015 = Siete mil quinientos noventa y seis lempiras con cincuenta centavos (LPS. 7,596.50) Catorceavo mes proporcional = Cuatro mil ciento catorce lempiras con ochenta y dos centavos (LPS. 4,114.82). Más reajuste de salario mínimo año 2016 = trecientos noventa y ocho lempiras con veinticinco centavos (LPS. 398.25) Más reajuste de salario mínimo año 2015 = Ocho mil setecientos veintiséis lempiras con cuarenta centavos (LPS. 8,726.40); más reajuste de salario Mínimo año 2014 = cuatro mil ciento ochenta y un lempiras con cuarenta centavos (LPS. 4,181.40). TOTAL A PAGAR: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS. 42,661.66). CUARTO: Se Declara NO HA LUGAR el Recurso de Apelación parcial impetrado por la abogada WENDY YAMILETH LEIVA en su condición de apoderada legal del demandante señor SANTIAGO CASTRO MIRANDA en las referidas diligencias. QUINTO: Sin costas en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó que inició a laborar en la Empresa TIGO, en fecha 28 de septiembre del 2012, desempeñándose en el puesto de Vigilante de una torre de trasmisión, ubicada en Rigores, por lo que devengaba un salario mensual de L. 6,800.00; en fecha 15 de enero del 2016, dice que el patrono instaló cámaras de seguridad en dicha torre de trasmisión, por lo que el Gerente de Operaciones le manifestó que estaba despedido y que no volviera más; expresa que no ha tenido derecho a vacaciones ni días feriados, trabajando los 365 días del año continuamente sin descansar; la parte demandada no ha querido reconocer sus derechos y así cercenar lo establecido por la ley, violentando lo ya preestablecido en el Código Laboral; en fechas 12 de abril y 24 de mayo del 2016, citó al empleador a la Procuraduría Regional del Trabajo de la ciudad de Trujillo, pero este no acudió a ninguna de las dos citas, teniendo por agotada la vía administrativa ante la Secretaria del Trabajo y Seguridad, quedando expedita la vía judicial. 2. La parte demandada, la sociedad mercantil denominada TELEFONICA CELULAR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contestó dicha demanda argumentando que en su práctica patronal se caracteriza por respetar los derechos laborales de sus empleados, para lo cual siempre suscribe Contratos Individuales de Trabajo que establecen y garantizan condiciones equitativas y dignas de empleo para cada uno de sus empleados, tal como lo manda la Constitución de la Republica y el Código de Trabajo, además es una de recursos humanos con sus respectivas planillas de salarios y planillas del IHSS; de manera que no existió un vínculo jurídico de trabajo entre las partes, sino que la parte actora trabajó para uno de sus contratistas o proveedores de seguridad privada que dan ese servicio a los diferentes sitios del país, y es quien debe asumir la responsabilidad legal en el pago de prestaciones laborales y demás conceptos indemnizatorios; lo anterior en virtud que el artículo 7 del Código de Trabajo establece que solo existirá solidaridad entre el contratante y el contratista cuando compartan el mismo giro o actividad comercial, sin embargo se dedica mercantilmente a proveer servicios y productos de telecomunicaciones, y la empresa Treadway tiene como giro comercial brindar servicios de seguridad privada, por lo cual es imposible que exista un vínculo de solidaridad laboral entre ambas empresas; expresa además ser una de las empresas más grandes de Honduras, y cuyas operaciones incluyen actividades que están fuera del giro comercial y normal de la empresa, de manera que le es necesario en muchos casos celebrar contratos mercantiles con proveedores y contratistas de prestación de servicios y realización de proyectos, contrata a otras empresas para que le brinden servicios de seguridad y vigilancia privada, aseo y limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo, asesoría legal u otras, proyectos, entre otras; existen muchas personas que indirectamente trabajan para ella, pero eso no significa que sean sus empleados, pues no reúnen los elementos esenciales del Contrato de Trabajo, y demostrará en juicio que el demandante reunió dichos elementos con otro patrono, por tanto es claro que nunca existió una relación de trabajo, y es improcedente el reclamo de pago de prestaciones laborales, salarios caídos y demás conceptos con evidente falta de derecho. 3. El Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha 22 de junio del 2021, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “PARTE DISPOSITIVA. Por todo lo anteriormente expuesto El JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON RESUELVE: Primero. DECLARA CON LUGAR A FAVOR DEL SEÑOR SANTIAGO CASTRO MIRANDA de DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL PATRONO PRUEVE LA JUSTA CAUSA DEL DESPIDO INJUSTO E ILEGAL DEL QUE HE DIDO OBJETO,CASO CONTRARIO SEA CONDENADO AL PAGO DE DERECHOS LABORALES Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, HASTA QUE CON SUJECION A LAS LEYES PROCESALES LABORALES QUEDE FIRME como ser: Preaviso, Auxilio de Cesantía, Vacaciones Totales y Proporcionales, Aguinaldos Totales y Proporcionales, Décimo Cuarto mes total y proporcional. Salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, reajuste de salario mínimo, en contra del señor ANTONI TAVEL OTERO en su condición de presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil denominada TELEFONIA CELULAR S.A. (CELTEL) los cuales se detallan de la siguiente manera. Preaviso Diecisiete mil setecientos veinticinco lempiras con diez y seis centavos. (LPS. 17.725.16). Auxilio de Cesantía. Veintiséis mil quinientos ochenta y siete mil lempiras con setenta y cuatro centavos. (LPS. 26,587.74). Auxilio de Cesantía Proporcional Dos mil seiscientos treinta y cinco lempiras con catorce centavos. (LPS. 2,635.14) Vacaciones segundo y tercer año. Siete mil novecientos setenta y seis mil lempiras con treinta y cuatro centavos (LPS.7,976.34). Vacaciones Proporcionales. Mil setecientos cincuenta y cuatro lempiras con setenta y nueve centavos_ (LPS.1,754.79). Treceavo Mes 2015. Siete mil quinientos noventa y seis lempiras con cincuenta centavos (LPS. 7,596.50). Treceavo mes proporcional. Trecientos diez y seis lempiras con sesenta y seis centavos. (LPS. 316.66). Catorceavo mes año 2015. Siete mil quinientos noventa y seis mil lempiras con cincuenta centavos (LPS. 7,596.50). Catorceavo mes proporcional. Cuatro mil ciento catorce lempiras con ochenta y dos centavos. (LPS. 4,114.82). más reajuste de salario mínimo año 2016. Trescientos noventa y ocho lempiras con veinticinco centavos. (LPS. 398.25), más reajuste de salario mínimo año 2015. Ocho mil setecientos veintiséis lempiras con cuarenta centavos. (LPS. 8,726.40), más reajuste del salario mínimo año 2014. Cuatro mil ciento ochenta y un mil lempiras con cuarenta centavos. (LPS. 4,181.40). TOTAL, A PAGAR OCHENTA Y NUEVE MIL NSEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS. (LPS. 89,609. 70). Segundo. CON COSTAS del JUICIO”. Bajo el criterio que el Código del Trabajo regula las relaciones entre capital y el trabajo colocándolas sobre una base de justicia social, a fin de garantizar al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal, y al capital una compensación equitativa de su inversión, sujetándose a una serie de disposiciones legales que determinaran esa justicia social que determina para ambos seguridad, obligándose a otorgar aquellos derechos que previamente otorga la Ley; el demandante señala su labor y a cuánto asciende su paga que es conforme a lo señalado por la institución estatal, misma que vigila el cumplimiento de estas disposiciones, es decir que es una labor con disposiciones especiales, ya que se desarrolla en jornadas especiales, llámese ordinarias extraordinarias mixtas, además señala el demandante que fue despedido verbalmente y durante el desarrollo del proceso el demandado argumentó pero no presento ningún documento o algún elemento que diera partida para establecer lo contrario a lo señalado por el demandante, sabiendo que es obligación del patrono llevar los controles para una buena administración, responden de igual manera los patronos cuando la misma obligación se pretende dirimir por la actividad a realizar a un tercero, es decir en la medida de la elaboración de contratos que vinculen a la prestación de labor, es decir que la parte demandada dice que el servicio de seguridad que prestaba el demandante no lo vincula cuando el bien que se cuidaba es propiedad del demandante, entonces es obligación establecer disposiciones que garanticen que los derechos de personas por muy humildes que sean están en la obligación de garantizar mínimamente sus derechos, esto contribuye a crear responsabilidades que siempre velen por los más desposeídos; según disposiciones contractuales el dueño del bien objeto de vigilancia con un documento se exime de responsabilidades que son propias de la actividad que le generan capital suficiente para cumplir con esa obligación de igualdad para con un empleado, sin embargo, la Inspectoría del Trabajo en su momento debió verificar en sus inspecciones que esa condición contractual que dice el patrono no desmeritaba derechos para con los trabajadores, condición que en la solicitud de demanda se refleja esa obligación del mismo Estado de vigilar y supervisar para mantener ese equilibrio y garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores, manteniendo un registro que determine y concuerden con esas actividades propias del ser humano; la empresa demandada no nace como actualmente se le conoce comercialmente, en un inicio Inversiones Rocafuerte S.A., y posteriormente conocida como Telefónica Celular S.A., para el desarrollo de la cobertura en una empresa que cubre casi todo el territorio nacional es indispensable la ubicación en puntos estratégicos de elementos que permitan la venta del servicio de telefonía celular, y es el engrandecimiento de dicha labor que se instaló en la comunidad de Rigores, Jurisdicción de Trujillo, la torre de la telefonía celular en donde el demandante desempeñó sus labores como Guardia de Seguridad según documento privado; la estrategia de evadir responsabilidades de la empresa quedó descubierta en que tiene que cumplir no solo con las obligaciones de los empleados, también con lo referido a los Contratos de Prestación de Servicios, ya que en materia laboral tienen mayor repercusión ya que se vinculan personas que de una u otra forma prestan sus servicios implementando fuerza física y El Estado está en la obligación de protegerlos. 4. La Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 18 de enero del 2022, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación Interpuesto por la Abogada KATHERINE SCARLET AGURCIA LOPEZ en su condición de apoderada de la Empresa TELEFONICA CELULAR, S.A, de C.V. contra la sentencia dictada en fecha veintidós de Junio del dos mil veintiuno dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Colón en la demanda Ordinaria Laboral Para que el patrono pruebe la justa causa del despido injusto e ilegal, caso contrario sea condenado al pago de derechos laborales y a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir hasta que con sujeción a las leyes procesales laborales quede firme la sentencia, promovida por el señor SANTIAGO CASTRO MIRANDA contra el señor ANTONIO TAVEL OTERO en su condición de Presidente Ejecutivo de la empresa "TIGO HONDURAS" en las referidas diligencias.- SEGUNDO: REFORMA La Sentencia que se recurre en alzada de fecha veintidós de Junio del año Dos Mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón y del trabajo por Ministerio de Ley en el encuadre de la demanda Ordinaria Laboral Para que el patrono pruebe la justa causa del despido injusto e ilegal, caso contrario sea condenado al pago de derechos laborales y a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir hasta que con sujeción a las leyes procesales laborales quede firme la sentencia, Promovida por el señor SANTIAGO CASTRO MIRANDA contra el señor ANTONIO TAVEL OTERO en su condición de presidente ejecutiva de la empresa "TIGO HONDURAS" en cuanto que corresponde pagar únicamente los derechos adquiridos y reajuste de salario mínimo. TERCERO: Se condena al pago de los derechos adquiridos, reajuste salario mínimo al señor ANTONIO TAVEL OTERO en su condición de Presidente Ejecutivo de la Empresa TIGO HONDURAS a la cantidad total de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS. 42,661.66), que corresponden a los siguientes conceptos: Vacaciones segundo y tercer año = Siete mil novecientos setenta y seis mil lempiras con treinta y cuatro centavos (LPS. 7,976.34); Vacaciones Proporcionales = Mil setecientos cincuenta y cuatro lempiras con setenta y nueve centavos (LPS. 1,754.79). Treceavo Mes 2015 = Siete mil quinientos noventa y seis lempiras con cincuenta centavos (LPS. 7,596.50). Treceavo mes proporcional = Trecientos dieciséis lempiras con sesenta y seis centavos (LPS. 316.66). Catorceavo mes año 2015 = Siete mil quinientos noventa y seis lempiras con cincuenta centavos (LPS. 7,596.50) Catorceavo mes proporcional = Cuatro mil ciento catorce lempiras con ochenta y dos centavos (LPS. 4,114.82). Más reajuste de salario mínimo año 2016 = trecientos noventa y ocho lempiras con veinticinco centavos (LPS. 398.25) Más reajuste de salario mínimo año 2015 = Ocho mil setecientos veintiséis lempiras con cuarenta centavos (LPS. 8,726.40); más reajuste de salario Mínimo año 2014 = cuatro mil ciento ochenta y un lempiras con cuarenta centavos (LPS. 4,181.40). TOTAL A PAGAR: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS. 42,661.66). CUARTO: Se Declara NO HA LUGAR el Recurso de Apelación parcial impetrado por la abogada WENDY YAMILETH LEIVA en su condición de apoderada legal del demandante señor SANTIAGO CASTRO MIRANDA en las referidas diligencias. QUINTO: Sin costas en esta instancia”. Bajo el criterio que al ver la labor del trabajador, se puede observar que la empresa de Telefónica Celular resulta beneficiándose del trabajo desarrollado por la persona que prestó el servicio, en una labor que no es extraña a lo que constituye lo primordial de sus actividades empresariales, pues correspondía la vigilancia presencial de los sitios de Celtel a nivel nacional para disuadir, capturar personas que pretendan realizar daño, robo, hurto, vandalismo para garantizar la correcta operación de los equipos instalados en los sitios, desprendiéndose de lo anterior que la labor no es extraña a las actividades de la empresa, pues se requiere contratar personal de vigilancia en diferentes sitios del país donde la Telefónica Celular tenga equipo para la correcta operación de los mismos, resultando innecesaria dicha vigilancia con la instalación de cámaras de seguridad en dichos sitios; por lo que considera que existe tercerización y por consiguiente responsabilidad solidaria de la Telefónica Celular S.A., observándose deslealtad procesal, ya que si consideraba que no existía ninguna relación laboral debió excepcionar en el momento procesal oportuno para que fuera llamada la Empresa Treadway Internacional S. de R.L. de C.V, a responder por sus obligaciones como patrono, sin embargo no lo hizo, dejando al trabajador sin oportunidad de poder realizarlo y poder demandar a la persona jurídica que consideraban tenía obligaciones para con el trabajador, lo que constituye una deslealtad procesal; no obstante al haber solidaridad con respecto a las obligaciones para con el trabajador en referencia a los derechos laborales que corresponden, pues una vez analizado que efectivamente la Telefónica celular tiene responsabilidad solidaria corresponde analizar si el trabajador le corresponden los derechos que reclama, para lo cual analizada la sentencia de mérito no se observa cuáles fueron las razones por las cuales el a quo llego al convencimiento en que concluyó para declarar con lugar la demanda cuando del estudio y análisis de los medios de prueba presentados por la parte demandante no se acredita que se haya realizado un despido, injusto e ilegal de manera verbal por la parte demandada patronal, y que al no haberse probado el despido alegado resulta improcedente la condena de la parte demandada de algunos conceptos, pues si se remite a los medios de prueba evacuados no se desprende que se haya realizado un despido injusto de forma verbal, dado que no se acredito pues la única persona que manifiesta haber sido despedida de manera verbal es el demandante a quien le asistía la obligación de probar su afirmación de que había sido despedida verbalmente, cosa que no logró pues su actividad durante el proceso se contrajo a que había sido despedida en forma verbal por el señor José Santos Bardales en su condición de Gerente de Operaciones, sin embargo en el interrogatorio de parte ante la pregunta de la parte demandada que quien lo había despedido contesta que no se acuerda, aunado los testigos ninguno refiere haber observado que el señor demandante fuera despedido por el señor José Santos Bardales, desprendiéndose de lo anterior que no se acredito el despido injusto e ilegal de forma verbal alegado; cuando se alega un despido ilegal e injusto de forma verbal corresponde acreditarlo ya sea con testigos que han presenciado el mismo o por medio del Inspector del Trabajo, en la causa de mérito no se acredito mediante ningún medio de prueba pues no basta argumentarlo sino que corresponde acreditarlo con medios de prueba pertinentes y útiles que lleven a la libre formación del convencimiento y a la primacía de la realidad que efectivamente se dio el despido directo injusto e ilegal de forma verbal; por lo que lo procedente es reformar la sentencia dictada por el a quo al no estar apegada a derecho lo resuelto, pues no es procedente declarar ha lugar la demanda en cuanto a preaviso, auxilio de cesantía, cesantía proporcional ni salarios dejados de percibir, cuando lo alegado es un despido verbal directo e injusto y este no ha sido acreditado, al no acreditarse el despido de forma verbal, directo e injusto no tendría que pronunciarse en cuanto a lo peticionado que el juez no le concedió la totalidad establecido en el cálculo de prestaciones, ni los salarios dejados de percibir pues únicamente le corresponden el pago de sus derechos adquiridos y derechos no pagados, como también reajuste del salario mínimo, no obstante considera que de haberse probado el despido verbal por parte del trabajador ese hubiera sido el monto correcto más los salarios dejados de percibir; el despido alegado no fue acreditado, lo cierto es que independientemente de cómo finalice la relación laboral el patrono está obligado a hacer efectivo los derechos adquiridos, pues son aquellos que se originan de una situación jurídica indudable y que no es una expectativa, y que la Ley laboral le prohíbe su renuncia, razón por la que éste derecho debe ser respetado y no vulnerado, hayan sido solicitados o no, salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste tal circunstancia o que se determine la inexistencia de relación laboral entre las partes; el artículo 2 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central Decreto 220-2003 del 19 de diciembre del 2003 publicada en La Gaceta el 12 de enero del 2004, define qué Derecho Adquirido es todo derecho o beneficio conferido por la Constitución y las Leyes, Reglamentos o Acuerdos legalmente suscrito entre partes, siempre y cuando estos, por su efectivo ejercicio, hayan sido incorporados al patrimonio personal del sujeto o beneficiario designado por la Ley, para su beneficio y para subvenir sus necesidades morales y materiales, en razón de lo anterior procede otorgar los derechos adquiridos pues efectivamente existió una relación laboral entre las partes; sin costas. Por lo anterior, es procedente reformar la sentencia dictada en primera instancia, declarando con lugar parcialmente el Recurso de Apelación impetrado por la parte demandada, y no ha lugar el Recurso de Apelación impetrado por la parte demandante. 5.- Mediante auto de fecha 24 de febrero del 2022, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada WENDY YAMILETH LEIVA, en su condición de representante procesal del señor SANTIAGO CASTRO MIRANDA, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 6 de febrero del 2023, compareció ante éste Tribunal la Abogada WENDY YAMILETH LEIVA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 6 de febrero del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 8 de junio del 2023, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por la Abogada KATHERINE SCARLET AGURCIA LÒPEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para contestar la demanda de casación planteada, en consecuencia, se ordenó continuar con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.-Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada WENDY YAMILETH LEIVA, en su único motivo de casación alega: “La sentencia emitida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida, Es violatoria de Ley sustantiva de orden Nacional, sabe muy bien, que las Sentencias Laborales CON LUGAR, como es el caso, tiene una condena con reserva de liquidación. Pero en el Fallo, de dicha Sentencia aduce TOTAL A PAGAR. Dejando ambiguamente y de una forma oscura y NO clara ni Precisa los derechos que le corresponden al señor SANTIAGO CASTRO MIRANDA, Faltando así a lo establecido en el artículo 200 d) del código Procesal Civil. Ya que debió describir la Sentencia y no dejarla ambigua. Ya que el principio IN DUBIO PRO OPERARIO, hace referencia al criterio que debe adoptar un juez o Magistrado para seleccionar e interpretar la norma cuando esta genere duda respecto a los derechos laborales reclamados, por lo que deberá ser la interpretación más favorable al trabajador. EXPLICACION PROCEDENTE DEL UNICO MOTIVO DE CASACION La sentencia, emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida, JAMAS!!!, dilucido o aclaro, lo concerniente a los SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, Declara con Lugar la Demanda, supuestamente otorga los Salarios Dejados de Percibir, y a la vez determina al final de la PARTE DISPOSITIVA de la sentencia: TOTAL A PAGAR, que es la cifra de Cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y uno con sesenta y seis centavos de lempiras (LPS.42,661.66), dando así lugar a la VIOLACION DE LAS GARANTIAS LABORALES Y DEL DEBIDO PROCESO. Es clara la Constitución de la Republica en su artículo 129; establece: La Ley establece la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de la Industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efectos y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionales previstas. Aunado a ello está el artículo 113 del Código del trabajo establece; La terminación del Contrato del trabajo conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza al derecho de emplazarlo ante los Tribunales, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono No prueba dicha causa, debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria. Aunado a ello en la materia laboral no opera la inversión de prueba sobre el trabajador, pues la carga de prueba siempre es para el patrono. Además, no solo implica dictar resoluciones justas, sino la observancia en todo el proceso de esos principios. - NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las Normas Sustantivas Violadas, está comprendidas en los artículos 129 de la Constitución de la Republica y 113 del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIOS PARA LA VIOLACION DE LAS SUSTANTIVAS. Artículo 200 inciso d) del Código Procesal Civil; Sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas con reserva de liquidación. PRECEPTOS AUTORIZANTES CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Artículos 127, 129, 138, 141, de la Constitución de la Republica. - 3, 6, 7, 18, 20, 30, 113, 617, 868, del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACION LA CONDICION MÁS BENEFICIOSA: Hace referencia a que nunca se aplicará una normativa que implique un retroceso para los beneficios que haya adquirido un trabajador. Se considera la condición más beneficiosa como un bien incorporado al contrato de trabajo del individuo, aunado a ello EL PRINCIPIO DE BUENA FE EN LA RELACIÓN LABORAL: Principio por el cual se espera que cada una de las partes actúe como buen trabajador y buen empleador al momento de la celebración del contrato, su ejecución y extinción. PRINCIPIO DE JUSTICIA SOCIAL: Principio este que se debe dar a cada uno lo suyo, en función de procurar el bien común, y el bienestar general, principio al que el intérprete, recurre para resolver situaciones no previstas en la ley. La Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, Atlántida, emitió un Fallo totalmente diferente en donde DECLARO HA LUGAR la Demanda del señor: FIDEL CASTRO MIRANDA, Mismo que vino ante Voz Honorable Corte Suprema de Justicia, dando como resolución la Declaración Ha lugar, con todos los derechos Laborales y Salarios dejados de percibir. Confirmando el derecho laboral que les asiste, ya que se trata del mismo asunto, con la misma evidencia de los hechos. Convirtiéndose esto en un Antecedente. HECHO CONTROVERTIDO 1) Que no existió un contrato de trabajo celebrado entre Telefónica Celular S.A. de CV y el señor SANTIAGO CASTRO MIRANDA, 2) Que en las planillas de pago de mi representada Telefónica Celular S.A de CV, no aparece el hoy demandante señor SANTIAGO CASTRO MIRANDA, en el periodo comprendido del 13 de Septiembre del año 2012 al 15 de Enero del año 2016, en el cargo de Vigilante, 3) Que existe un contrato de Servicios de Seguridad privada celebrado entre Telefónica Celular S.A. de CV. y Treadway Internacional S. de R.L. de C.V: 4) Que el giro comercial es brindar servicios relacionados a las telecomunicaciones, lo cual es totalmente opuesto a los servicios de seguridad privada, ver folios 104 al 126, en donde se concluye que el demandante no era parte del personal de la empresa, pues no aparece en planillas del IHSS, no aparece en planillas de pago de empleados, no celebró ningún tipo de contrato de trabajo, lo que significa que no pertenecía a la nómina de trabajadores de mi representada. HECHOS PROBADOS LAS PRUEBAS QUE SE PROPUSIERON Y EVACUARON HECHO PROBADO: MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL (presentada por la parte Demandada (CELTEL): La SOLIDARIDAD que existe entre la empresa TIGO que legalmente se llama CELTEL, misma que a su vez, celebra varios contratos de servicios de seguridad, reacción armada de sitios CELTEL, en todo el territorio nacional, ver folios desde el 142 al 281 de la primera pieza de autos, incluso en la cláusula tercera, en donde los guardias presenciales y servicios de seguridad, el aumento de salario será, del 4.5%, por lo que hacen un acuerdo con CELTEL, para aumentar la partida económica. 2.- HECHO PROBADO: El despido de SANTIAGO CASTRO MIRANDA, por la Empresa TREADWAY INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V., o sea la empresa que CELTEL, utiliza como intermediaria. El artículo 7 del Código del Trabajo, dice: Intermediarios: Es toda persona natural o jurídica, particular o de derecho público que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajado en beneficio de un patrono. Este último (el patrono CELTEL) queda obligado SOLIDARIAMENTE por la gestión DE AQUEL para con el o los trabajadores, en cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución de la República, EL PRESENTE CODIGO, y las disposiciones de Seguridad Social. El artículo 30 del Código del Trabajo, dice: La existencia del contrato escrito exigido por este código es imputable al patrono. El patrono que no celebre pro escrito los contratos de trabajo u omita alguno de sus requisitos hará presumir, en caso de controversia que son ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador sin perjuicio de prueba en contrario. Aunado a ello, el artículo 113 del Código del Trabajo, dice: La terminación del contrato conforme a las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le prueba la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le pueden corresponder, y a título de daños y perjuicios los salarios que este habría percibido... Y a folio 4. 5. 6 y 7. De la primera pieza de autos, las cédulas de citación y el ACTA DE COMPARECENCIA UNICA, levantada ante el Inspector del Trabajo evacuado el trámite administrativo. HECHO PROBADO: MEDIO DE PRUEBA INSPECCION JUDICIAL (folio 295 primera pieza de autos) quedó completamente constatado, que el señor: SANTIAGO CASTRO MIRANDA, trabajaba en una torre de telefonía, y que ahora en su interior se observan dos cámaras, y dos postes de energía eléctrica, y en su interior se observa también una bodega que alberga una plante eléctrica con dos sensores parte frontal. HECHO PROBADO: La concurrencia de los tres elementos esenciales del Contrato de Trabajo. Y tal como lo establece el artículo 20, último párrafo del Código del Trabajo que dice: una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe Contrato de Trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. HECHO PROBADO: MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL: Quedó plenamente acreditado la labor de vigilancia en la torre de telecomunicaciones TIGO”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Que el cargo debe ser completo faltando si la violación se dio por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea; b) La Recurrente olvida que el motivo debe de ser suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, ni la finalidad del recurso de casación, ya que señala doble explicación, hechos controvertidos y hechos probados mismos que no son admitidos en la técnica casacional; c) Establece como norma violada el artículo 113 del Código de Trabajo, misma que contiene párrafos y numerales que debió señalar separadamente ya que son diferentes situaciones jurídicas, en virtud de la independencia de los cargos; y, d) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV.- Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por la Abogada WENDY YAMILETH LEIVA, en su condición de representante procesal del señor SANTIAGO CASTRO MIRANDA en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes octubre del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha nueve de agosto del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL125-2022. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.