Sentencia CL-104-22 — Registro 17105
Resumen
demanda ordinaria laboral por despido directo, ilegal e injustificado; que en sentencia definitiva se resuelva el reintegro y nombramiento permanente, por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta a lo preceptuado en el artículo 47 del Código del trabajo, en consecuencia el pago de todos los derechos que ostenta los empleados de carácter permanente; se condene al pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta que quede firme la sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El Error De Derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades; b) En la formulación del motivo señala falta de apreciación pero en la explicación aplicación indebida, siendo dos tipos de violación diferentes que debido de exponer de manera separada por la independencia de los cargos, ya que son incompatibles entre sí; y c) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV.- Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN.-
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta de agosto de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 16 de febrero del 2023, por la Abogada LIDIA CAYETANO BERNÁRDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ELVIRA ALEJANDRA TORO AGUIRRE, representada en juicio por el Abogado ABNER ABDEL LAITANO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral por despido directo, ilegal e injustificado; que en sentencia definitiva se resuelva el reintegro y nombramiento permanente, por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta a lo preceptuado en el artículo 47 del Código del trabajo, en consecuencia el pago de todos los derechos que ostenta los empleados de carácter permanente; se condene al pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta que quede firme la sentencia, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de enero del 2018, por la señora ELVIRA ALEJANDRA TORO AGUIRRE, mayor de edad, soltera, Ingeniera Químico Industrial, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 08 de septiembre del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abogados LIDIA CAYETANO BERNÁRDEZ Y ABNER ABDEL LAITANO AGUILAR; 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva de fecha diez de enero de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REVOCANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO, INCISO A, el que deberá leerse de la siguiente manera: "A) Reintegrar a la Señora ELVIA ALEJANDRA TORO AGUIRRE a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de las salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada tenerlo como empleado permanentes desde el inicio de la relación laboral desde 13 de febrero de 2017.".- 3) CONFIRMANDO LOS NUMERALES PRIMERO, TERCERO Y CUARTO.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTIFICADO, EN SENTENCIA DEFINITIVA SE RESUELVA EL REINTEGRO, NOMBRAMIENTO PERMANENTE POR LA SUSCRIPCIÓN DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS, EN APLICACIÓN ESTRICTA A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, EN CONSECUENCIA EL PAGO DE TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS DE CARÁCTER PERMANENTE, SE CONDENE AL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA, SE CONDENE EN COSTAS, promovido por la señora ELVIRA ALEJANDRA TORO AGUIRRE contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral con el Estado de Honduras, específicamente con la Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo Inclusión Social (SEDIS), el 13 de febrero del 2017 mediante la suscripción de una serie de contratos bajo la modalidad “Prestación de Servicios Profesionales”, siendo los mismos continuos e ininterrumpidos, desempeñándose como Oficial de Calidad, en la Unidad de Gestión de Calidad, y que las funciones eran: coordinación de equipos de trabajo; apoyo en la redacción de manuales de procesos y actividades; Redacción y presentación de informes técnicos y minutas de reunión para la alta dirección; coordinación de la implementación de sistemas informáticos; coordinación con terceras partes de la ruta de implementación del proyecto; apoyo en la planificación estratégica institucional orientada a la calidad; revisión de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad; gestión de riesgos mejora y cambios en los procesos; devengaba un salario mensual de L.27,000.00 menos deducciones, y que el 01 de noviembre del 2017, se formalizó el oficio SEDIS-RRHH-341-2017 donde le notificaban el despido y se prescindía del contrato; manifestó además que en virtud de la suscripción de una serie de contratos de forma continua e ininterrumpida siendo el asidero legal el artículo 47 del Código de Trabajo que establece que los contratos relativo a labores por su naturaleza sean permanentes o continuas, se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contrato subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas, no importando el nombre que se le consigne a los contratos de trabajo en referencia; estos reúnen cada uno de los elementos de un contrato de trabajo preceptuado en el artículo 20 del Código de Trabajo, como ser la actividad personal del trabajador, la continuo subordinación o dependencia, y un salario o retribución del servicio, así como el cumplimiento de un horario de trabajo; o sea que son labores permanentes y no pueden desaparecer por la naturaleza de las mismas y el demandado estando en conocimiento, se mantuvo simulando contratos de trabajo por tiempo determinado, ocultando la veracidad de los hechos y bajo esta modalidad de contratos pretende ignorar todas las obligaciones y todos los derechos irrenunciables que al trabajador o empleado le pertenecen por ley; asimismo recalcó que se desempeñó con enorme responsabilidad en su puesto de trabajo, y que el demandado lleno de envidia y poder político pretendió manchar su calidad como profesional; posteriormente el 01 de noviembre del 2017, le notificaron del despido directo, legal e injustificado, teniendo un expediente con una conducta intachable y que los contratos continuos e ininterrumpidos le asisten por derecho al tenor del Código de Trabajo en sus artículos 20 y 47. Por lo que, con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio, compareció ante la Secretaría del Trabajo; siendo imposible llegar a un acuerdo conciliatorio. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, señalando que la demandante sostuvo una relación contractual con la parte demandada, como Oficial de Calidad, contratación que fue mediante la modalidad de contrato de prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado, con fecha de inicio y terminación, con el consentimiento y aceptación sin objeción alguna por parte de la demandante, esos contratos de Servicios Profesionales referidos, además de establecer derechos y obligaciones recíprocos para las partes, se sujetan al derecho administrativo, conforme a lo dispuesto en la cláusula décima tercera de los Contratos de Servicios Profesionales que señala: "LEYES APLICABLES. Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza del presente contrato y en aplicación de los artículos 146 de la Ley de Procedimiento Administrativo y artículos 1 y 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en el ejercicio de sus derechos se estará exclusivamente a lo que dispone la Ley General de la Administración Pública y expresamente a lo pactado en este contrato y en todo aquello que no haya sido motivo de pacto expreso en el presente documento será asimismo regido por las disposiciones del Derecho Administrativo Vigente"; y que el 01 de noviembre del 2017, mediante oficio SEDIS-RRHH-341-2017 enviado a la demandante, se le notificó la finalización de la relación contractual con el demandado, originado por la llegada de la fecha límite de vigencia del contrato suscrito entre las partes; por lo que no fue despedida en ningún momento, ya que al momento de la suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales se hizo de su conocimiento que el mismo era por tiempo determinado, como lo expresa claramente en la cláusula cuarta del contrato, el cual tenía una vigencia partir del 01 de septiembre del 2017 hasta el 31 de octubre del 2017; argumentó que la demandante aplicó erróneamente la normativa del articulado del Código del Trabajo, a efecto de justificar y apoyar un derecho subjetivo e inexistente, ya que al momento de suscribir los contratos no se opuso, sino que aceptó y consintió la prestación de ese servicio transitorio y de periodo determinado; por lo que no le asisten los derechos que reclama, por el hecho de haber suscrito varios contratos transitorios, porque no era considerada empleada permanente; alegó además que la demandante no fue despedida ilegal e injustificadamente, lo que sucedió fue la no renovación del contrato de servicios profesionales, pues la modalidad por la que fue contratada era por tiempo determinado, el cual al llegar el tiempo de finalización cesaba su prestación de servicio y en observancia a la normativa del artículo 202 párrafo segundo del reglamento de la Ley de Servicio Civil prescribe que estos contratos: "tendrán plazo determinado y no podrán renovarse, si no cuando conste acreditada su necesidad. Al vencimiento del plazo cesara la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes" en virtud que la contratación de la demandante proviene de la estructura presupuestaria del Objeto especifico del Gasto 12100 Sueldos Básicos, modalidad que estaba enmarcada dentro de la normativa del artículo 127 párrafo primero de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República que prescribe: La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (personal no permanente) financiado con Recursos del Tesoro Nacional (fuente 11) se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria, en estricta observancia del Artículo 200 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Este tipo de contrataciones se formalizará mediante Acuerdo Interno de cada institución del Sector Público, por lo que rechazó la normativa de los artículos 20 y 47 del Código de Trabajo, las partes acordaron regirse por las cláusulas estipuladas en el contrato, en el cual se expresó que la relación contractual finalizaba el 31 de octubre del 2017, disposiciones que fueron aceptadas en su totalidad por la demandante; expuso además que no se llegó a un acuerdo conciliatorio debido a que no es competencia de la Secretaría del Trabajo ya que la relación entre las partes estaba enmarcada en el Derecho Administrativo y no dentro del Derecho del Trabajo, y por lo tanto, el competente para conocer del caso era el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de enero del 2020 dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria para el reintegro y nombramiento permanente, pago de todos los derechos que ostenta los empleados de carácter permanente. Se condene al pago de los salaries dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia; instaurada por la señora ELVIA ALEJANDRA TORO AGUIRRE; contra EL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora ELVIA ALEJANDRA TORO AGUIRRE a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral 13 de febrero de 2017 para lo cual deberá emitir el Acuerdo Ministerial correspondiente en el cual se nombre a la señora ELVIA ALEJANDRA TORO AGUIRRE. III.- Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Preaviso, auxilio de cesantía proporcional, aguinaldo y décimo cuarto mes ambos en forma proporcional y horas extras; instaurada por la señora ELVIA ALEJANDRA TORO AGUIRRE; contra EL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; en consecuencia ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar a la señora ELVIA ALEJANDRA TORO AGUIRRE; dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, si bien es cierto la señora Elvia Alejandra Toro Aguirre, laboró a través de Contratos de Servicios Profesionales por tiempo determinado; no menos cierto es que la labor que la misma realizaba son de naturaleza permanente en la Institución; asimismo la parte demandada no acreditó en autos que el Patrono haya tenido justa causa para ejecutar la terminación de trabajo. Que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que la señora Elvia Alejandra Toro Aguirre desde que inició su relación laboral con la Institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual la Suscrita es del criterio que procede declarar CON LUGAR la demanda de mérito; asistiéndole el derecho a ser integrada a su puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, y los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de la actora. Que la parte demandante solicita: Preaviso, auxilio de cesantía proporcional; aguinaldo y décimo cuarto mes ambos de forma proporcional; horas extras; en cuanto a Preaviso; Auxilio de Cesantía proporcional se declara sin lugar en vista de que la presente demanda se contrae a pedir el reintegro a su puesto de trabajo entre otros y no el pago de prestaciones; de igual forma se declara sin lugar el aguinaldo y decimocuarto mes proporcional por no ser el momento procesal oportuno ya que la pretensión en el presente juicio es para el reintegro y no el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales; asimismo las horas extras ya que no se acreditó con ningún medio de prueba que la señora Toro Aguirre haya laborado tiempo extraordinario. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, n fecha 08 de septiembre del 2021, dictó que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abogados LIDIA CAYETANO BERNÁRDEZ Y ABNER ABDEL LAITANO AGUILAR; 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva de fecha diez de enero de dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REVOCANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO, INCISO A, el que deberá leerse de la siguiente manera: "A) Reintegrar a la Señora ELVIA ALEJANDRA TORO AGUIRRE a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de las salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada tenerlo como empleado permanentes desde el inicio de la relación laboral desde 13 de febrero de 2017.".- 3) CONFIRMANDO LOS NUMERALES PRIMERO, TERCERO Y CUARTO.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTIFICADO, EN SENTENCIA DEFINITIVA SE RESUELVA EL REINTEGRO, NOMBRAMIENTO PERMANENTE POR LA SUSCRIPCIÓN DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS, EN APLICACIÓN ESTRICTA A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, EN CONSECUENCIA EL PAGO DE TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS DE CARÁCTER PERMANENTE, SE CONDENE AL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA, SE CONDENE EN COSTAS, promovido por la señora ELVIRA ALEJANDRA TORO AGUIRRE contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, existe abundante prueba documental con la que se acredita que el trabajador suscribió varios contratos de prestación de servicios profesionales, contratos de trabajo que fueron renovados sucesivamente; desempeñando funciones propias de los trabajadores permanentes. Que con la prueba documental que obra en la primera pieza de autos, se logró acreditar la existencia de una verdadera relación de trabajo celebrado entre el Estado de Honduras y la demandante; y que las funciones por las cuales fue contratada siempre han sido las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración.- Además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas.", por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado. Que una vez más esta Corte de Apelaciones deja establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dicho trabajador solicite su permanencia y se le considere como trabajador permanente; ya que se ha dejado claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que también de acuerdo con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, estos trabajadores han desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza permanente. Que habiéndose acreditado en autos que la relación que sostenía la demandante con el Estado de Honduras, era de naturaleza permanente, y tratándose de verdaderos contratos de trabajo los suscritos por la demandante, no precede el otorgamiento de un acuerdo ministerial, ya que la Juez al otorgar la permanencia, lo hace con todas las facultades que la ley le da como juzgadora, y a la parte demandada no le queda más que dar cumplimiento a la sentencia condenatoria.- Por lo que en este sentido precede reformar de oficio la sentencia apelada; que tal como lo dejó establecido la Juez de primera instancia, la pretensión deducida por la demandante fue el reintegro y no el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; por lo que no precede otorgar las indemnizaciones laborales solicitadas por la demandante como ser vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes, los cuales, si consideraba que no se le había hecho efectivo, debió solicitarlas en su demanda.- En lo que respecta a los aumentos solicitados, este derecho si fue otorgado en la sentencia apelada y los mismos deberán ser liquidados oportunamente, si se hubieran otorgados a los otros trabajadores con carácter de permanente. Que, vistas las consideraciones anteriores, es procedente REFORMAR DE OFICIO la sentencia apelada, por no encontrarse dictada conforme a derecho, únicamente en lo que respecta al otorgamiento del acuerdo ministerial. 5.- Mediante auto de fecha 22 de febrero del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada LIDIA CAYETANO BERNÁRDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 16 de febrero del 2023, compareció ante este tribunal la Abogada LIDIA CAYETANO BERNÁRDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 06 de marzo del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 05 de junio del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado ABNER ABDEL LAITANO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.-Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada LIDIA CAYETANO BERNÁRDEZ, en su único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida del Artículo 47 del Código del Trabajo proveniente del error de derecho por la falta de apreciación del medio de prueba denominado 1 DOCUMENTAL: Consistente en los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Tiempo Determinado; que firmase la señora ELVIRA ALEJANDRA TORO AGUIRRE, con mi representado, los cuales obran a folios 23 al 31 de la pieza principal, por lo que la aplicación indebida del 47 del Código del Trabajo, artículos 3, 5, 13 numeral 2 y 3 y 479 numeral 2 y 3 del Código Procesal Civil. La aplicación indebida de la norma se encuentra en el CONSIDERANDO (14), donde se manifiesta que la Sentencia Definitiva dictada por el Juez A-quo y que se revisa en apelación, está apegada a derecho y que procede su confirmatoria, fundamentándolo en los hechos siguientes: 1. Que con los medios de prueba llevados a juicio por las partes, quedó ampliamente probado la relación laboral que existió entre el empleador y el demandante, con la firma de varios contratos, ininterrumpidos suscritos por el demandante con el empleador. 2.- Que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a Contratos de Servicios Profesionales nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente. 3.- Que la demandante con sus respectivos contratos de trabajo, acreditó que el puesto desempeñado por ella es de carácter permanente y de interés para la institución. 4. Que, si bien es cierto que los contratos son de modalidad de servicios profesionales, pero no es menos cierto que su contenido pone de manifiesto la existencia de los tres elementos indispensables que señala el artículo 20 del Código del Trabajo: Olvidándose la señora juez que los "Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Tiempo. Determinado", como el firmado por mi representado y la actora de la demanda no forman del derecho laboral, siendo estos contratos especiales contemplados dentro del marco de lo que establece la Ley de Contratación del Estado en su capítulo VII, que en el artículo 94 dispone: que ese tipo de contrato, es aquel por el cual una persona natural o jurídica, a cambio de un precio se obliga a prestar servicios específicos a la Administración en la medida y alcances que éste determine, para efectuar estudios de diseños, asesoría, coordinación o dirección técnica, localización de obras u otros trabajos de la misma naturaleza". Concepto dentro del cual se enmarcó la prestación de servicios realizados por la demandante por ser su labor predominantemente técnica, de carácter temporal y no permanente. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON PARA LA VIOLACIÓN. Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas señaladas son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La Corte Sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo, incurrió en error de derecho, al no apreciar que la modalidad bajo la cual eran tutelados los servicios profesionales que prestaba la demandante a mi representado, por lo que es improcedente colocar estos dentro del marco de la normativa que rige los contratos profesionales contemplados en el Código del Trabajo, tomando en consideración que los contratos que suscribiera la demandante cuenta con tres características: a) Su contratación consistía en prestar servicios específicos a la administración en la medida y con y alcance que ésta determine (concepto que rige la Ley de Contratación del Estado para los contratos de Consultoría), y sobre todo no tiene el carácter de permanente, b) la única deducción que se le hacía en su pago era la del 12.5% (doce punto cinco por ciento) según la Ley de Impuestos sobre la Renta. Concluyéndose de lo anterior que la normativa jurídica que la Corte Acusada HA APLICADO DE MANERA INDEBIDA al presente caso, el Artículo 47 del Código del Trabajo A este respecto la doctrina refiere que la Violación se produce cuando existiendo un hecho que no se discuta o que esté debidamente comprobado, deja de aplicar la norma que lo regula o cuando, al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. Por lo anteriormente expuesto, procede Honorable Corte casar la sentencia en el presente motivo”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El Error De Derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades; b) En la formulación del motivo señala falta de apreciación pero en la explicación aplicación indebida, siendo dos tipos de violación diferentes que debido de exponer de manera separada por la independencia de los cargos, ya que son incompatibles entre sí; y c) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV.- Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770 ,777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, actuando en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) en su único motivo, 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes octubre del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha treinta de agosto del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL104-2022. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.