Sentencia CL-101-21 — Registro 15824
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral tendiente al pago de prestaciones laborales, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes y décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, salarios adeudados, comisiones adeudadas, y a título de daños y perjuicios los salarios que habría percibido, para ello demanda conjunta y solidariamente a otras empresas que al igual que el patrono forman parte del grupo mercantil denominado Grupo Continental, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no reúne los requisitos necesarios para su admisión, debido a que la Censora en la explicación de su motivo, realiza alegatos de instancia. Debiendo establecer claramente cómo la segunda instancia realizó una interpretación errónea de los Artículos 864 y 868 del Código de Trabajo, aludiendo a la parte del fallo en la que supuestamente se realizó esta interpretación errónea. Por lo que, ante la falta de claridad y precisión en cuanto a la interpretación errónea alegada, no es posible a este Tribunal entrar a conocer el motivo alegado por el Recurrente. Adicionalmente, la Censora establece como precepto autorizante el Artículo 765 numeral 1 del Código de Trabajo, el cual se compone de dos párrafos en los que se establecen distintas situaciones jurídicas para impugnar mediante el recurso extraordinario de casación. Siendo una obligación ineludible del censor, establecer claramente el precepto que le autoriza a interponer este recurso."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El cargo que antecede no es admisible por las siguientes razones: i) En la formulación del cargo, la Censora establece que su motivo se circunscribe a una violación indirecta por error de hecho en la apreciación errónea de medios de prueba. No obstante, en la explicación de su motivo establece la existencia de una interpretación errónea de normas sustantivas, la cual ya expuso en su primer motivo de casación, siendo incorrecto unirlo al segundo, pues los motivos deben ser expuestos en forma precisa y separada. ii) Asimismo, establece alegatos de instancia, los cuales no son propios ante este recurso de casación. iii) Adicionalmente solicita la revisión de medios probatorios de interrogatorio de parte y testifical, los cuales, al no ser reglados, quedan sujetos a la libre formación del convencimiento del juez derivado de la facultad de inmediación que tiene durante el desarrollo del juicio. Por lo que no cabe ataque contra este tipo de medios probatorios. iv) En la parte conclusiva de su exposición del motivo, la Censora establece dentro de la apreciación errónea de medios de prueba, la falta de apreciación de medios probatorios. Conceptos que son excluyentes entre sí, pues la censura se establece ya sea porque el Ad-quem valoró en forma incorrecta los medios de prueba detallados o porque no los valoró, pero no ambos a la vez."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de enero de dos mil veintitrés.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 17 de marzo del 2022, por la Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO, en su condición de representante procesal de la señora NILSER ALEXADRA PINEDA VISCOVICH, como recurrente; además, es parte recurrida, la Empresa EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V. (DIARIO TIEMPO), misma que forma parte del grupo mercantil conocido como GRUPO CONTINENTAL, representada en juicio por el Abogado CARLOS DE JESUS MELENDEZ BARNICA; y en forma solidaria contra las empresas mercantiles SEGUROS CONTINENTAL S. A.; INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A. DE C.V.; E INVERSIONES CONTINENTAL S.A. DE C.V., representadas en juicio por la Abogada EDNA PATRICIA GONZALEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral tendiente al pago de prestaciones laborales, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes y décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, salarios adeudados, comisiones adeudadas, y a título de daños y perjuicios los salarios que habría percibido, para ello demanda conjunta y solidariamente a otras empresas que al igual que el patrono forman parte del grupo mercantil denominado Grupo Continental, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 13 de abril del 2018, por la señora NILSER ALEXANDRA PINEDA VISCOVICH, mayor de edad, casada, Licenciada en Mercadeo y Comunicaciones, hondureña, con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la empresa EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V. (DIARIO TIEMPO), misma que forma parte del grupo mercantil conocido como GRUPO CONTINENTAL, a través de su representante legal CARLOS JOSE ROSENTHAL HIDALGO, y en forma solidaria contra las empresas mercantiles SEGUROS CONTINENTAL S.A.; INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A. DE C.V.; E INVERSIONES CONTINENTAL S.A. DE C.V., las cuales forman al Grupo Continental a través de su representante legal el señor JAIME ROSENTHAL OLIVA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de febrero del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR AL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el representante procesal de la parte actora, Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad, en fecha veintisiete (27) de septiembre del año 2020, en la demanda de la referencia, en consecuencia se reforma dicha sentencia en el sentido de: A.-) Declarar sin lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por las demandadas, respecto de los salarios y comisiones reclamadas; B.-) Declarar con lugar la demanda laboral promovida por la señora NILSER ALEXANDRA PINEDA VISCOVICH contra la sociedad mercantil denominada EDITORIAL HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE conocida como DIARIO TIEMPO, a través de su representante legal, por consiguiente se condena a la demandada EDITORIAL HONDURAS, S. A. DE C. V. (DIARIO TIEMPO), a través de su representante legal, al pago de la suma de QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (L 524,682.81), integrada por los conceptos siguientes: Salarios adeudados: Noventa y cinco mil ochocientos lempiras (L 95,800.00) y Comisiones adeudadas: Cuatrocientos veintiocho mil ochocientos ochenta y dos lempiras con ochenta y un centavos ( L 428,882.81).- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia apelada y antes relacionada en sus demás extremos, por las razones que se han dejado expuestas en el presente fallo.- TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, la Empresa Editorial Honduras, S.A. de C.V. (Diario Tiempo), la contrato mediante Contrato de Trabajo escrito en fecha 15 de febrero del 2012, y desempeñaba el cargo de Directora de 3 revistas, Mujeres, Ella, y Abordo, teniendo un salario promedio mensual de L. 70,402.53, con un horario comprendido de 8:00 a.m. - 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. - 5:00 p.m., de lunes a viernes; en virtud de una crisis de carácter económico y problemas de carácter legal acontecido al patrono, en relación con la empresa mercantil Banco Continental, S.A., misma que reitera formaba parte del Grupo Continental, sucesos que son del conocimiento público y en los cuales no ha tenido nada que ver como empleada, habiéndosele dado un abono de L. 4,200.00, correspondientes a la primera quincena de octubre del 2015, desde esa fecha en adelante la empresa Editorial Honduras, S.A. de C.V. (Diario Tiempo), para la cual prestaba sus servicios, se vio afectada ostensiblemente, al grado de no volverle a pagar salario, hasta que en fecha 21 de diciembre del 2015, quedo constatado el cierre de la Empresa, a través de la Inspectoría del Trabajo; el patrono ha incumplido con su pago salarial, pago de comisiones, reembolsos de caja chica, de gastos de la empresa que ella cubría, y nunca le fueron reembolsados, pago de sus prestaciones laborales al cerrar operaciones, para lo cual deben pagársele, ya que no ha incurrido en ninguna causal de despido, y es una obligación de la patronal hacerle el pagado de sus prestaciones de forma inmediata, así como demás cantidades adeudadas, pues se trata de una obligación laboral; la empresa Mercantil Editorial Honduras, S.A, (Diario Tiempo), forma parte de un conjunto de empresas, que se conocen como Grupo Continental, siendo una sola unidad económica, cuyas acciones son en su mayoría de la familia Rosenthal, en tal sentido, siendo que la Empresa Editorial Honduras, fue despojada, de los bienes suficientes, para hacerle frente a la obligación proveniente de una eventual sentencia definitiva condenatoria, puesto que sus bienes tanto edificios, como maquinaria e insumos, se encuentran a nombre de las otras empresas del grupo, o eran proporcionados por el referido grupo empresarial.- 2. La parte demandada, las empresas SEGUROS CONTINENTAL S.A.; INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A. DE C.V.; E INVERSIONES CONTINENTAL S.A. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que son empresas con su respectiva personería jurídica cada una, con finalidades muy distintas entre sí y distintas también con Editorial Honduras S.A. de C.V., es decir que no fueron constituidas para desarrollar una misma actividad o actividades semejantes o conexas y enlazadas con un fin común, ni tampoco estaban sometidas con Editorial Honduras S.A. de C.V. (Diario Tiempo), a una unidad al momento de tomar decisiones, es decir que jamás fueron parte de las directrices que sobre producción, mercadeo de los bienes, administración de los recursos, control de la gestión administrativa y la utilización de capital humano que realizo Editorial Honduras S.A. de C.V. (Diario Tiempo); una unidad económica se identifica como una comunidad organizada de personas enlazadas por un mismo interés económico y social, que revela una gestión en común del trabajo y un poder de dirección laboral, es decir que tiene las facultades de dirección, organización y aprovechamiento de los servicios; es a eso a lo que se refiere una unidad económica, y no a lo que la demandante está señalando en su demanda como grupo empresarial, ya que para vincularle con el Grupo Empresarial, deberán acreditar que es un ente con personería Jurídica, con una finalidad y un interés económico común entre ellas, finalidad común esta que también debió verse reflejada en la unidad de decisiones a la que esos miembros se someten, y que son empresas filiales nacidas de una división, fusión, filializacion o transformación pertenecientes a un grupo que actúan entre sí como entidades jurídicamente autónomas e independientes pero con fuertes lazos de cooperación pudiendo ejercer todas las facultades propias de un patrono respecto de sus trabajadores, es decir que están bajo una dirección común, compartiendo un giro complementario, un proceso productivo y utilizando los mismos recursos materiales; por lo tanto lo esencial y definitivo que debe caracterizar a una unidad económica es la identidad de la dirección laboral común, cuyo concepto se relaciona con el vínculo de subordinación, es decir con quien manda o dirige una unidad económica y toma decisiones de contratación y despido, siendo determinante y obligatorio para considerar a dos o más empresas como un solo empleador la Dirección laboral común; en nuestra legislación la única obligación solidaria que existe es la que está contenida en el artículo 7 interpretado del Código del Trabajo vigente, es decir que los demandantes deberán acreditar que entre la Demandada Editorial Honduras S.A. de C.V. (Diario Tiempo), y las empresas demandadas se ejecutaban labores, que no son extrañas a las actividades normales de las mismas, entiéndase por tal, que realizan actividades dedicadas al rubro de la comunicación y la publicidad, que es la actividad que realizaba Editorial Honduras S.A. de C.V. (Diario Tiempo), sin embargo nunca han tenido el mismo género productivo, que es a lo que hace referencia el articulo 7 interpretado del Código del Trabajo, en cuyo caso si existiría una relación solidaria entre empresas pues el referido artículo dice “pero el beneficiario del trabajo, dueño de la obra o base industrial, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio será solidariamente responsable”, por lo tanto quedara acreditado en juicio que no existe relación solidaria, ya que tienen labores extrañas, siendo improcedente considerar que pueden ser obligadas solidariamente. Asimismo la empresa mercantil EDITORIAL HONDURAS S. A. DE C. V., contestó la demanda arguyendo que la causal invocada para realizar el reclamo demandado es totalmente improcedente, pues en ningún momento cerró el centro de trabajo, quienes provocaron la suspensión del trabajo fueron los trabajadores que injustamente dejaron de prestar sus servicios al darse por despedidos indirectamente por la supuesta falta de pago, hecho que para que proceda debe ser necesariamente injurioso, es decir que la falta de pago a los trabajadores sea producto de la mala fe del patrono, o con el propósito de causarles perjuicios ya sea económicos o morales al trabajador, situación que no aconteció, siempre buscó la mejor forma de pagarles a todos los trabajadores sus respectivos salarios; se trató de hablar con todos los trabajadores e incluso se les convocó a varias reuniones a efecto de que se evitara todo conflicto laboral, lo cual consta en el acta notarial que oportunamente se presentará como medio de prueba en que a muchos de los trabajadores del dinero que iba ingresando a la empresa por pagos que los clientes iban realizando, recibieron anticipos de salario, mientras otros injustamente se negaron a recibir pagos parciales, aún con el pleno conocimiento de que si no se les pagaba, no era por negativa de la empresa, sino por causas externas que todos ya conocían, todos los empleados estaban consientes que la falta de pago no fue injuriosa o producto de la mala fe, oportunamente se ofrecerá como medio probatorio el contenido del Editorial que el Departamento de Redacción publicó el día que el periódico dejó de circular por causas ajenas a su voluntad, en el cual en unas de las partes más conducentes se lee “Tiempo El Diario de Honduras se ve en la dolorosa situación de suspender temporalmente su entrega diaria al público....las circunstancias que obligan a esta suspensión son de la mayor gravedad en lo que importa la libertad de expresión, al desarrollo de la comunicación social y a la democracia en nuestro país, al grado de constituir un caso atípico en el mundo occidental.- Es consecuencia de una asfixia económica...y el bloqueo de sus cuentas en el banco y de las empresas subsidiarias de su base publicitaria o sea la vena yugular para el sostenimiento económico y laboral del medio de modo que resulta imposible la obtención de los insumos indispensables para la impresión..., así como el pago a proveedores y servicios, asimismo, impide de manera muy penosa el pago de los sueldos y salarios del personal, creándose un problema sumamente grave de derechos humanos...como puede apreciarse, el ahorcamiento de diario tiempo se produce por acciones desproporcionadas del gobierno de honduras...la administración de diario tiempo da seguridad de que, en la medida de lo posible, pagara a los empleados sus derechos laborales con los dineros que le adeudan las empresas y el estado que constituye el núcleo de sus anunciantes. es obligado nuestro agradecimiento a su comprensión y paciencia, firmemente demostrada en estos momentos aciagos” como se puede apreciar, existió plena conciencia, que no fue ella quien provocó la falta de pago, sino que éste fue causado por causas externas no imputables; el mal llamado cierre de las operaciones y la consecuentemente falta de pago fue provocada por la falta de apoyo de los mismos demandantes. El Gobierno de Honduras, no ordenó el cierre de operaciones del negocio ni se ordenó la incautación de alguno de sus bienes, con la declaración de testigos y otros medios de prueba electrónicos es que muchos de los trabajadores se confabularon para provocar al que la demandante llama, fueron muchas las formas en que los ejecutivos trataron de concientizar a los trabajadores a efecto de que colaboraran para evitar la discontinuidad de las operaciones pero fue imposible hacerlos cambiar de opinión; contrario a lo ocurrido con todos los empleados de la entidad conocida comercialmente como Cable Color, en que todos los empleados se hicieron un solo nudo con los ejecutivos y socios de la empresa, aguantando precariedades, atrasos de sueldo, trabajando vacaciones, trabajando horas extras y días de descanso gratuitos y otros menesteres; a muchos clientes les consta y son testigos que debido al cierre de cuentas y falta de acceso al sistema bancario, tenían que hacer ventas y cobros en efectivo, con lo que a cuenta gotas se les pagaba sus salarios, a la fecha y gracias al esfuerzo, colaboración y amor hacia su patrono, todo se normalizó y ahora todos los trabajadores de la referida empresa gozan de la plena estabilidad y confianza patronal, lo mismo ocurrió en las entidades que manejan los nombres comerciales de Canal Once, Seguros Continental, Inmobiliaria Continental, Cementos de Honduras, S.A. y otras, en que todos los trabajadores se hicieron; conforme nuestra Ley Laboral, de la única forma en que puede reclamarse la obligación solidaria es mediante la aplicación del artículo 7 interpretado del Código del Trabajo, es decir, acreditar que entre la principal y la solidaria se ejecutan labores que no son extrañas a las actividades normales entre las mismas, es decir, que ambas se dediquen al rubro de la comunicación y publicidad o ambas al rubro bancario, manufacturero, industrial o comercial, de otra forma de ninguna manera existirá relación solidaria, pues, como en otros países si, en el nuestro, no existe en nuestra legislación laboral otra disposición distinta que haga referencia a la solidaridad más que el artículo 7 ya citado; si bien es cierto que se ha corrido la voz denominando a las entidades de las cuales la Familia Rosenthal son socios, como pertenecientes a un grupo económico de empresas, pero en todo caso, bien se podría tratar de un grupo económico de empresas, pero nunca de un grupo productivo de empresas o sociedades del mismo género productivo, que en a lo que hace referencia el artículo 7 interpretado del Código del Trabajo, en cuyo caso si efectivamente, existiría una clara relación solidaria entre empresas; en su parte más medular el contenido del artículo 7 interpretado del Código del trabajo “pero el beneficiario del trabajo, dueño de la obra o base industrial, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable”, es decir, a contrario sensu, solo existe relación solidaria, si las labores de cuyas empresas se les pretende dar la calidad de solidarias, son del mismo giro o tienen la misma actividad o tienen actividades comunes, lo cual no ocurre en el caso de las entidades demandadas solidariamente por la demandante, pues tienen labores extrañas entre sí, unas se dedican al negocio de la comunicación, la otra su giro son los seguros, la otra los negocios de banca y la otra los negocios inmobiliarios, de lo que se concluye que todas absolutamente tienen un giro o negocio que no es común, y por lo tanto extraño entre sí como consecuencia es más que impertinente, paladinamente es improcedente la peticionado en relación con las empresas que desatinadamente considera solidarias con la obligada principal.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 17 de septiembre del 2020, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: 1) Declara SIN LUGAR, la demanda laboral promovida por la trabajadora NILSER ALEXANDRA PINEDA VISCOVICH, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia contra de la Empresa EDITORIAL HONDURAS, S.A DE CV. (DIARIO TIEMPO), misma que forma parte del Grupo mercantil conocido como GRUPO CONTINENTAL, a través de su representante legal CARLOS JOSE ROSENTHAL HIDALGO, y de forma SOLIDARIA contra las empresas mercantiles SEGUROS CONTINENTAL, S.A., INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A. DE C.V., e INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V., las cuales forman parte del Grupo mercantil conocido como GRUPO CONTINENTAL, a través de su representante legal JAIME ROSENTHAL OLIVA, también de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia; en Consecuencia: ABSOLVER a la Empresa EDITORIAL HONDURAS, S.A DE CV. (DIARIO TIEMPO), misma que forma parte del Grupo mercantil conocido como GRUPO CONTINENTAL, a través de su representante legal CARLOS JOSE ROSENTHAL HIDALGO, y de forma SOLIDARIA contra las empresas mercantiles SEGUROS CONTINENTAL, S.A., INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A. DE C.V., e INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V., las cuales forman parte del Grupo mercantil conocido como GRUPO CONTINENTAL, a través de su representante legal JAIME ROSENTHAL OLIVA, de la responsabilidad de pagar prestaciones sociales e indemnizaciones legales a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, salarios y comisiones adeudadas proveniente del presente juicio.- 2) Declara CON LUGAR, la excepción perentoria de PRESCRIPCION, interpuesta por la parte demandada principal y solidaria respectivamente; asimismo declara SIN LUGAR el incidente bajo la denominación EXCEPCION MATERIAL DE ABANDONO DEL PROCESO, interpuesto por el apoderado demandado principal. 3) SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que de la simple operación aritmética se deduce que el derecho de la demandante para interponer su acción esta prescrita, llevan a este convencimiento las circunstancias siguientes, que el artículo 864 del Código del Trabajo establece que los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se le hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de 2 meses contados a partir de la terminación del contrato o desde que se les impusieron dichas correcciones, respectivamente; en caso de autos la demandante alega que en fecha 21 de diciembre del 2015, quedo constatado el cierre de la empresa es decir que a partir de esa fecha comenzaba el termino para interponer su acción el cual interrumpió por gestión ante autoridad competente al interponer su demanda en fecha 9 de febrero del 2016, siendo que el proceso se encuentra acreditado que dicha acción fue declarada en abandono mediante resolución de fecha 31 de octubre del 2017, adquiriendo su firmeza dicha resolución en fecha 8 de noviembre del año 2017, en vista de que la parte actora no hizo uso del derecho de impugnar la resolución dentro del término de 5 días después de notificada la misma, tal como dispone el articulo 493 numeral 2) del Código Procesal Civil, norma aplicable a falta de disposición en el Código del Trabajo, si bien es cierto la demandante posteriormente a esa fecha hizo actuaciones posteriores hasta llegar a la interposición de recurso de hecho de fecha 7 de diciembre del 2017, el cual fue declarado sin lugar su tramitación, nuevamente en fecha 13 de abril del 2018, la demandante comparece interponiendo nuevamente su acción, fecha para la cual su derecho a pedir pago de prestaciones e indemnizaciones sociales le había prescrito, como también le había prescrito el derecho al pago de comisiones, salarios adeudos y derechos adquiridos los cuales prescriben a los 2 años, según dispone el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo norma aplicable por analogía, pues dicho termino empieza a correr a partir de la fecha que no le fueron pagados, en consecuencia y por lo todo lo antes expuesto lo que procede declarar con lugar la excepción perentoria de prescripción; la parte demandada principal interpuso incidente bajo la denominación de excepción material de abandono del proceso, basado en el hecho de que había sido declarado en abandono el expediente número 0501-2018-00085, que con relación al incidente considera que si bien es cierto en el expediente 85-2018, que contiene la demanda laboral promovida por la demandante contra la Empresa Editorial Honduras, S.A. de C.V. (Diario Tiempo), misma que forma parte del Grupo mercantil conocido como Grupo Continental, y de forma solidaria contra las empresas mercantiles Seguros Continental, S.A., Inmobiliaria Continental S.A. de C.V., e Inversiones Continental, S.A. de C.V., las cuales forman parte del Grupo mercantil conocido como Grupo Continental, se procedió a declarar el abandono del proceso por haber transcurrido un año sí que se instara el mismo, resolución que quedo firme en fecha 1 de noviembre del año 2017, también no es menos cierto que conforme lo establece el artículo 80 y 82 de la Constitución de la Republica, por lo que el hecho que en el proceso sea declarado en abandono, eso no impide que la demandante, pueda entablar nuevamente su acción, en consecuencia y por lo todo lo antes expuesto lo que procede declarar sin lugar el incidente bajo la denominación excepción material de abandono del proceso.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 19 de febrero del 2021, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR AL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el representante procesal de la parte actora, Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad, en fecha veintisiete (27) de septiembre del año 2020, en la demanda de la referencia, en consecuencia se reforma dicha sentencia en el sentido de: A.-) Declarar sin lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por las demandadas, respecto de los salarios y comisiones reclamadas; B.-) Declarar con lugar la demanda laboral promovida por la señora NILSER ALEXANDRA PINEDA VISCOVICH contra la sociedad mercantil denominada EDITORIAL HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE conocida como DIARIO TIEMPO, a través de su representante legal, por consiguiente se condena a la demandada EDITORIAL HONDURAS, S. A. DE C. V. (DIARIO TIEMPO), a través de su representante legal, al pago de la suma de QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (L 524,682.81), integrada por los conceptos siguientes: Salarios adeudados: Noventa y cinco mil ochocientos lempiras (L 95,800.00) y Comisiones adeudadas: Cuatrocientos veintiocho mil ochocientos ochenta y dos lempiras con ochenta y un centavos ( L 428,882.81).- Segundo: CONFIRMANDO la sentencia apelada y antes relacionada en sus demás extremos, por las razones que se han dejado expuestas en el presente fallo.- TERCERO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, de las probanzas allegadas al proceso resulta acreditado que la demandante prestó sus servicios para Editorial Honduras, S.A. de C. V. (Diario Tiempo), quien a partir del mes de octubre del 2015 dejó de hacerle efectivo el pago de su salario, ante la crisis económica que enfrentó como consecuencia de la liquidación forzosa de Continental S.A., de manera que en la primera quincena de octubre del 2015, solo le hizo un abono de L 4,200.00; situación por la que la actora estuvo haciendo reclamos de pago del salario correspondiente a los meses de octubre, noviembre y la primera quincena de diciembre del 2015, ante la autoridad administrativa del trabajo según consta de las actas levantadas por el Inspector de Trabajo, pues se mantuvo prestando sus servicios hasta el 15 de diciembre del 2015; obra documentación en la que se aprecia el desglose de comisiones como cuentas por pagar a favor de la demandante, documentos que si bien no son originales, su contenido no fue revertido con otros medios probatorios; además, en la contestación de demanda, la sociedad mercantil denominada Editorial Honduras S.A. de C.V. (Diario Tiempo) reconoció que no pudo hacer el pago de los salarios de sus empleados pese que siempre buscó la mejor forma para cumplir con ello; y si bien dicha falta de pagó se derivó de circunstancias extrañas o ajenas a la empresa, lo cierto es que el pago del salario por el servicio prestado en beneficio del empleador, debe hacerse efectivo en la forma y el tiempo convenidos, durante el trabajo o inmediatamente después del cese de éste; por consiguiente es procedente declarar con lugar la demanda para el pago de los salarios y comisiones reclamadas; al desestimarse la excepción perentoria en relación a los salarios y comisiones adeudadas, además del análisis de la procedencia o no de pago de salarios y comisiones adeudadas que reclama la demandante, también conlleva responsabilidad económica que las demandadas solidarias, sociedades mercantiles denominadas determinar Seguros Continental S.A. de C.V., Inmobiliaria Continental S.A. de C.V. e Inversiones Continental, S.A. de C.V., como Grupo Continental, pudieran tener respecto del pago de salarios y comisiones, dado el planteamiento de la demanda; en ese sentido, de la prueba allegada a juicio es visto que ni Inmobiliaria Continental S. A. de C.V., ni Inversiones Continental, S.A. de C.V., forman el Grupo Financiero Continental, tampoco resulta acreditado nexo alguno entre Editorial Honduras, S.A. de C.V. (Diario Tiempo) y Seguros Continental S.A. de C.V., Inmobiliaria Continental S.A. de C.V. e Inversiones Continental, S.A. de C.V., en relación a la prestación de servicios de la demandantes en beneficio de la demandada principal. Lo anterior resulta así porque conforme la Resolución No. 316-8/98 de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), en el sistema financiero nacional se denomina Grupo Financiero a las Instituciones financieras que conjunta o separadamente poseen acciones de sociedades domiciliadas en el país, que representen más del 50% del capital de dichas sociedades, siempre que sean auxiliares de crédito o que complementen o apoyen los servicios que presten las instituciones financieras o se dediquen a actividades relacionadas con las finalidades de las instituciones financieras, concepto legal en el que se enmarca el Grupo Financiero Continental, integrado por Banco Continental S.A. (sociedad responsable), Seguros Continental S.A., Continental Casa de Bolsa, S. A. de C. V, Almacén de Depósitos Continental, S. A. y Arrendadora Continental, S. A. de C. V.; a partir del 11 de marzo de 2011, sin que forme parte de éste las demandadas Inmobiliaria Continental S.A. de C.V., e Inversiones Continental, S.A. de C.V., pues según resolución GE No. 449/11-03-2011 se autorizó al grupo financiero en mención, cambiar la sociedad responsable del mismo de Inversiones Continental S.A. de C.V. a Banco Continental S.A., de manera que para la fecha de la desvinculación laboral de la demandante para Editorial Honduras, S.A. de C.V. (Diario Tiempo), Inversiones Continental, S.A. de C.V., ya no era parte del Grupo Financiero Continental; de otra parte, el término parte relacionada implica a toda persona natural o jurídica o grupos de ellas, que guardan vínculos directos o indirectos, por propiedad o gestión ejecutiva con las instituciones financieras, de parentesco en segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad con los integrantes de las instituciones financieras, conceptualización en razón de la cual Banco Continental S.A. en el informe financiero correspondiente al “31 de diciembre al 2014”, determina quienes son partes relacionadas, incluyendo además Editorial Honduras, S. A. de CV., Inversiones Continental Panamá, Empacadora Continental, entre otras sociedades, sin que dicha condición implique responsabilidad solidaria entre Seguros Continental S.A. para con Editorial Honduras, S. A. de C. V. (Diario Tiempo), o de aquella para con la editorial, acreencias laborales; las sociedades mercantiles denominadas Seguros Continental S.A. de C.V., Inmobiliaria Continental S.A. de C.V., Inversiones Continental, S.A. de C.V., están exentas de responsabilidad económica por los derechos económicos laborales reclamados, pues del haz probatorio no hay elemento alguno que lleve a concluir o determinar la existencia de un vínculo jurídico de la que se derive responsabilidad conjunta y solidaria como lo pretende la actora, ya porque se beneficiaran unas y otras de la prestación del servicio de manera directa o indirecta, o bien en razón de la existencia de una unidad económica conformada por las demandadas; por las razones de hecho y de derecho expuestas, consecuentes de la valoración de los elementos fácticos aportados por las partes y la prueba allegada al proceso según lo disponen las normas procesales del trabajo respecto de la valoración de la prueba según se ha dejado expuesto, reforma la sentencia dictada en primera instancia.- 5. Mediante auto de fecha 7 de abril del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO, en su condición de representante procesal de la señora NILSER ALEXANDRA PINEDA VISCOVICH, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la deanda de casación.- 6. En fecha 17 de marzo del 2022, compareció ante este Tribunal la Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 17 de marzo del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 2 de mayo del 2022 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada EDNA PATRICIA GONALEZ; y en providencia de fecha 2 de junio del 2022, se tuvo de igual forma por contestado en tiempo el recurso de casación por el Abogado CARLOS DE JESUS MELENDEZ BARNICA, ambos en su condición de representantes procesales de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado(a) EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que, por un lado, sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y por otro, es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus. Requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial. Por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria, está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero, debe procederse a revisar si el libelo casacional cumple todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. La Abogada Odessa Orquídea Aguilera Maldonado, actuando en su condición de representante procesal de la señora Nilser Alexandra Pineda Viscovich, en su primer motivo de casación alega lo siguiente: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMERO MOTIVO: La sentencia impugnada es violatoria de Ley Sustantiva Nacional por interpretación errónea de los artículos: 864 y 868 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está autorizado en el artículo 765, numeral 1) del Código del Trabajo. DOCTRINA: La doctrina sostiene que para que se produzca la violación de la Ley Sustantiva por interpretación errónea, es necesario que se den las siguientes condiciones: a) Que la norma aplicada por el Juzgador sea la adecuada al hecho o caso controvertido, el que por otra parte, debe estar plenamente demostrado en juicio. b) Que el texto de la norma no sea claro y preciso, de tal forma que dé lugar a interpretaciones diversas. y c) que el Sentenciador le haya dado a esa norma legal una interpretación que no corresponde a su verdadero espíritu. Ha este respecto dicen los tratadistas: "Error sobre el significado de la norma jurídica se refiere al caso en que, a pesar de no ponerse en duda su existencia y vigencia, y los principios rectores de su aplicabilidad, una falsa interpretación hace que se incida en equivocación acerca del contenido de la norma o de la posibilidad de aplicarla a una determinada situación de hecho." Refiriéndose a la interpretación errónea dicen los tratadistas: "desde los tiempos del extinguido tribunal supremo se fijó el alcance de este motivo de casación laboral y ha sido reiterado por innumerables fallos de la corte. - El Tribunal Supremo expresó en forma sencilla y concisa que "la interpretación errónea de la ley consiste en su equivocado entendimiento independiente de toda cuestión de hecho". También sostuvo que "La interpretación errónea de una disposición legal consiste en la equivocada estimación que se hace del contenido de ella considerada en sí mismo, es decir, independientemente de la cuestión de hecho que trata de regular." Ello es que a pesar de ser claro el texto de la ley, el fallador expresa un concepto erróneo de él en su resolución contrariando así el que verdaderamente tiene." Resta observar sobre la materia, que el impugnante debe demostrarle a la Corte en que consistió la errónea interpretación que el sentenciador le dio a la norma legal que se cite como violada por el modo indicado y el cual es la interpretación que en concepto del casacionista corresponde al recto entendimiento de la citada norma legal, a fin de poner en evidencia el error interpretativo que le atribuye al fallador de segundo grado. EXPLICACION DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN Interpretación errónea de los artículos 864 relacionado al artículo 868, literal a) del código de trabajo. El código del trabajo establece en su ARTICULO 864: Los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de dos (2) meses contados a partir de la terminación del contrato o desde que se les impusieron dichas correcciones, respectivamente. Artículo 868: El término de prescripción se interrumpe: a) por demanda o gestión ante la autoridad competente: El Ad Quem en la Sentencia que se impugna desvaloriza el espíritu de la norma aplicada, y manifiesta que se ha operado una PRESCRIPCION, sobre el pago de Prestaciones Laborales, e indemnizaciones de salarios dejados de percibir de la trabajadora NILSER ALEXANDER PINEDA VISCOVICH, dejando en total indefensión a la parte más débil del proceso, el trabajador, desprotegiendo sus intereses, no valorando a favor de mi representada que ejerció Demanda Laboral primeramente dentro de los dos meses que establece la Ley y cuya demanda fue presentada en fecha 9 de febrero del 2016, bajo expediente número 0501-2016-00085, en ese periodo de tiempo en que se estuvo evacuando el mismo, estuvo interrumpida la prescripción y habiendo de forma espuria el tribunal de primera instancia decretado el abandono de instancia (consta en innumerables antecedentes de esta honorable corte que en materia laboral, no procede decretar abandono de instancia, ya que el juez de oficio debe gestar la acción), por lo que nos vimos obligados a interponer nuevamente la demanda antes del término de prescripción, ya que la última actuación de la primera demanda promovida fue en fecha 16 de febrero del 2018, tal como se acredito en juicio, con la prueba pertinentes, por lo que la nueva demanda se promovió en fecha 13 de abril del 2018, antes de transcurridos dos meses después de la última actuación del primer expediente de demanda, pero las AD QUEM, desconoció la interrupción de la prescripción aludida, en su sentencia de fecha 19 de febrero del 2021, declarando la PRESCRIPCION EN RELACION AL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, por lo que al desconocer la interrupción de la prescripción, acomodando fechas de forma antojadiza, provocan un gran perjuicio a mi representada la trabajadora NILSER ALEXANDER PINEDA VISCOVICH.- III. Que el cargo que antecede no reúne los requisitos necesarios para su admisión, debido a que la Censora en la explicación de su motivo, realiza alegatos de instancia. Debiendo establecer claramente cómo la segunda instancia realizó una interpretación errónea de los Artículos 864 y 868 del Código de Trabajo, aludiendo a la parte del fallo en la que supuestamente se realizó esta interpretación errónea. Por lo que, ante la falta de claridad y precisión en cuanto a la interpretación errónea alegada, no es posible a este Tribunal entrar a conocer el motivo alegado por el Recurrente. Adicionalmente, la Censora establece como precepto autorizante el Artículo 765 numeral 1 del Código de Trabajo, el cual se compone de dos párrafos en los que se establecen distintas situaciones jurídicas para impugnar mediante el recurso extraordinario de casación. Siendo una obligación ineludible del censor, establecer claramente el precepto que le autoriza a interponer este recurso.- IV. La Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Acuso, ser la sentencia recurrida violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, POR INFRACCION INDIRECTA POR ERROR DE HECHO POR APRECIACION ERRONEA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA CONSISTENTES EN: Documentos Públicos, Privados, interrogatorio de parte, y Testifical admitidos a la parte Demandada y que adelante se singularizan en relación a las demás pruebas en su conjunto y que hizo incurrir en ERROR DE HECHO que aparece de manifiesto en los autos y que llevo en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación de los artículos 864 y 868 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1° párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA: Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la falta de apreciación o apreciación errónea de las pruebas mencionadas son necesarios los siguientes requisitos: 1.-) debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba 2.-) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate, pues en este último caso se estaría ante una cuestión diferente; 3.-) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y 4.-) el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado; o al contrario, se da por no probado un hecho que si está demostrado plenamente en el juicio. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba que singularizo como prueba apreciada erróneamente es: Sobre excepción perentoria de prescripción: 1.-) La prueba DOCUMENTAL PUBLICA. MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PUBLICA., que corre a folios 68 al 121 de la primera pieza de autos. 2.-) prueba reconocimiento judicial, que corre a folio 300 al 309 de los autos. EXPLICACION DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN Al darse una Interpretación errónea de los artículos 864 relacionado al artículo 868, literal a) del código de trabajo. El código del trabajo establece en su ARTICULO 864: Los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de dos (2) meses contados a partir de la terminación del contrato o desde que se les impusieron dichas correcciones, respectivamente. Artículo 868: El término de prescripción se interrumpe: a) por demanda o gestión ante la autoridad competente; El Ad Quem en la Sentencia que se impugna desvaloriza el espíritu de la norma aplicada, y manifiesta que se ha operado una PRESCRIPCION, sobre el pago de Prestaciones Laborales, e indemnizaciones de salarios dejados de percibir de la trabajadora NILSER ALEXANDER PINEDA VISCOVICH, dejando en total indefensión a la parte más débil del proceso, el trabajador, desprotegiendo sus intereses, no valorando a favor de mi representada que ejerció Demanda Laboral primeramente dentro de los dos meses que establece la Ley y cuya demanda fue presentada en fecha 9 de febrero del 2016, bajo expediente número 0501-2016-00085, en ese periodo de tiempo en que se estuvo evacuando el mismo, estuvo interrumpida la prescripción y habiendo de forma espuria el tribunal de primera instancia decretado el abandono de instancia (consta en innumerables antecedentes de esta honorable corte que en materia laboral, no procede decretar abandono de instancia, ya que el juez de oficio debe gestar la acción), por lo que nos vimos obligados a interponer nuevamente la demanda antes del término de prescripción, ya que la última actuación de la primera demanda promovida fue en fecha 16 de febrero del 2018 (ver folio 300 al 309 de los autos)., tal como se acredito en juicio, con la prueba pertinentes, por lo que la nueva demanda se promovió en fecha 13 de abril del 2018, antes de transcurridos dos meses después de la última actuación del primer expediente de demanda, pero las AD QUEM, desconoció la interrupción de la prescripción aludida, en su sentencia de fecha 19 de febrero del 2021, NO APRECIANDO LA PRUEBA APORTADA EN JUICIO, declarando la PRESCRIPCION EN RELACION AL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, por lo que al desconocer la interrupción de la prescripción, acomodando fechas de forma antojadiza, provocan un gran perjuicio a mi representada la trabajadora NILSER ALEXANDER PINEDA VISCOVICH.- En tal virtud consideramos totalmente improcedente CONFIRMAR la Sentencia impugnada, en relación a declarar con lugar la excepción perentoria de Prescripción, dejando a mi mandante sin el pago de Prestaciones Laborales e indemnizaciones legales, consiste en los salarios dejados de percibir que le corresponden a mi representada, razón por la que consideramos es procedente se case la sentencia por este motivo por ser evidente la infracción indirecta por apreciación errónea de los medios de prueba anteriormente singularizados”.- V. El cargo que antecede no es admisible por las siguientes razones: i) En la formulación del cargo, la Censora establece que su motivo se circunscribe a una violación indirecta por error de hecho en la apreciación errónea de medios de prueba. No obstante, en la explicación de su motivo establece la existencia de una interpretación errónea de normas sustantivas, la cual ya expuso en su primer motivo de casación, siendo incorrecto unirlo al segundo, pues los motivos deben ser expuestos en forma precisa y separada. ii) Asimismo, establece alegatos de instancia, los cuales no son propios ante este recurso de casación. iii) Adicionalmente solicita la revisión de medios probatorios de interrogatorio de parte y testifical, los cuales, al no ser reglados, quedan sujetos a la libre formación del convencimiento del juez derivado de la facultad de inmediación que tiene durante el desarrollo del juicio. Por lo que no cabe ataque contra este tipo de medios probatorios. iv) En la parte conclusiva de su exposición del motivo, la Censora establece dentro de la apreciación errónea de medios de prueba, la falta de apreciación de medios probatorios. Conceptos que son excluyentes entre sí, pues la censura se establece ya sea porque el Ad-quem valoró en forma incorrecta los medios de prueba detallados o porque no los valoró, pero no ambos a la vez.- VI. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 777, 858, 864, 868 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por La Abogada ODESSA ORQUÍDEA AGUILERA MALDONADO, actuando en su condición de representante procesal de la señora NILSER ALEXANDRA PINEDA VISCOVICH, en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes febrero del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL 101-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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