Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-06-22 — Registro 18102

Resumen

Segunda instancia declaró sin lugar el recurso de apelación y sin lugar la demanda ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se le otorgue la permanencia en su puesto de trabajo en virtud de estar laborando mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, y esto en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo, pago de vacaciones, treceavo y catorceavo mes de salario y demás conceptos adeudados, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Se señala como norma sustantiva el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, misma que no es de índole laboral tal como lo establece el artículo 769 del Código de Trabajo, debiendo ser el precepto legal sustantivo, la que establece derechos y obligaciones; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el numeral del artículo en que encuentra comprendido el cargo, al establecer numeral 1) y 2) siendo violaciones diferentes; y, c) Formula alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien como establece la Recurrente la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1582 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciocho de mayo del dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 25 de noviembre del 2022, por la Abogada DIANA LETICIA GALLARDO CAÑAS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor GUSTAVOGUSTAVO ADOLFO BUSTILLO MEJIA, representado en juicio por la Abogada NORMA ISABEL ALMENDAREZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se le otorgue la permanencia en su puesto de trabajo en virtud de estar laborando mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, y esto en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo, pago de vacaciones, treceavo y catorceavo mes de DemandaOrdinaria Laboral para que en sentencia definitiva se le otorgue la permanencia en su puesto de trabajo en virtud de estar laborando mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, y esto en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo, pago de vacaciones, treceavo y catorceavo mes de salario y demás conceptos adeudados, costascostas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de diciembre del 2016, por el señor GUSTAVO ADOLFO BUSTILLO MEJIA, mayor de edad, casado, hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía con especialidad en Pediatría, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 01 de octubre del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA LETICIA GALLARDO CAÑAS, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada.- II.- REFORMA DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha cinco de febrero del año dos mil veinte que corre a folios del 97 al 99 frente y vuelto de la primera pieza de autos.- En el único sentido de REVOCAR el pronunciamiento sobre el otorgamiento del Acuerdo de Nombramiento del demandante por las razones que expuso, CONFIRMANDO todos los demás pronunciamientos.- III.- SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de la acción que inició la relación laboral para el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública bajo la figura de Contrato, los cuales en su mayoría se han celebrado trimestral y semestralmente, iniciando el primer Contrato en fecha 3 de marzo del 2008, cuyo último Contrato vence el 31 de diciembre del 2016, en el cargo de Médico Especialista por 6 horas, devengando un salario mensual de L. 32,000.00; expresa que ha desempeñado sus labores con responsabilidad, esmero y dedicación desde que inició a laborar con las mismas funciones de manera permanente e ininterrumpida, bajo la subordinación de su empleador, asimismo consta en los Contratos suscritos entre las partes que los mismos reúnen los elementos exigidos en el artículo 20 de Código del Trabajo, por lo que se determina que la relación que les une es de orden laboral, haciendo la observancia que sus funciones son de carácter continuas y permanentes en la Institución demandada, entendiéndose que están ante un Contrato de Trabajo por tiempo indeterminado, regido por la jurisdicción laboral del trabajo, a pesar que el empleador ha tratado de encubrir una real y verdadera relación laboral, con contratos transitorios o temporales, la causa que ha originado el surgimiento de la relación laboral ha subsistido y subsistirá siempre, pues ha sido en el mismo puesto y funciones que ha desempeñado, actividades que por la naturaleza de las mismas no pueden desaparecer; en virtud de la suscripción de varios Contratos de Trabajo de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 y 52 del Código de Trabajo, se considera que le asiste el derecho a la permanencia en el puesto de trabajo, razón por la cual recurre a la vía judicial con la finalidad que mediante la Sentencia Definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos, más el pago adeudado correspondiente a vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales; con el ánimo de buscar una solución presentó reclamo administrativo ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, dándose por agotado el mismo, en virtud de no haber llegado a ningún acuerdo conciliatorio con la parte demandada. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante laboró bajo la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales y/o Técnicos, prestando sus servicios profesionales por un periodo limitado y determinado, con fecha de inicio y finalización, a través del Hospital San Felipe dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en el puesto de Médico Especialista, cuya remuneración mensual proviene de la Estructura Presupuestaria Programa 20, Fuente 11, Objeto del Gasto 12100, de Contratos no Permanentes; en cuanto a los derechos subjetivos que reclama la parte actora rechaza la supuesta fecha que establece como inicio de la relación, y el termino que utiliza como salario mensual en concepto de pago, y la cuantía del salario mensual que aduce haber devengado por la jornada de 6 horas, en virtud que además de ser variada su remuneración sujeta a los fondos aprobados, la vigencia igualmente es variada en el término de días, tal como se encuentra establecida en cada una de las cláusulas terceras de dichos contratos; de la misma manera rechaza cuando trata de enmarcar la modalidad bajo la cual prestó sus servicios como un Contrato Individual de Trabajo, cambiando la figura del Contrato Administrativo de Servicio Profesional y/o Técnicos, a efecto de obtener un derecho subjetivo que se ampare bajo la tutela del Código de Trabajo; por cuanto la parte actora pretende crear confusión al argumentar que desde su inicio laboral ha desempeñado las mismas funciones de manera permanentes e ininterrumpidas, bajo la subordinación del empleador, y que ha actuado con responsabilidad, esmero y dedicación, al respecto dice el demandado que así precisamente es como debe ser la actitud que debe tener un buen servidor público, ya que es lo que debe retribuir al prestar su servicio a cambio de una remuneración; de igual manera el término permanente que utiliza para aducir que la labor es continua, y que en su defecto aplica la normativa del artículo 20 del Código de Trabajo, al referirse a los elementos esenciales para reconocer un contrato de periodo determinado como un Contrato de carácter permanente, razones expuestas que son improcedentes, pues el demandante no puede pretender que se entienda que existe un Contrato de Trabajo, y no deja de serlo por la razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, fundamentándose la parte actora en que los Contratos suscritos aun cuando estos sean determinados y por periodos variados, no constituye ninguna continuidad al reunir estos elementos establecidos en esta norma legal señalada las funciones que tornan de carácter permanente en la institución demandada, entendiéndose que está ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado y regido por la jurisdicción laboral, argumento que se rechaza, puesto que en materia de recursos humanos se sujeta a la normativa laboral establecida en las leyes Administrativas y las disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República del Ejercicio Fiscal del año vigente, por lo que no puede en forma antojadiza adjudicarse un derecho que además de que lo sustenta en una sola normativa a su conveniencia, no puede hacer caso omiso que los Contratos de Servicios Profesionales están sujetos a la normativa de los artículos 201 y 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, relacionada con el artículo 364 de la Constitución de la República, de igual forma consta que al demandante se le han concedido vacaciones profilácticas establecidos por la Dirección General de Servicio Civil y el Ministerio de Salud Pública por riesgo profesional, con el objeto de demostrar que el demandante se sometió a través de los Contratos de Servicios Profesionales suscritos a la jurisdicción de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo según la cláusula octava de la jurisdicción aplicable, y clausula novena de leyes aplicables, por ende el juzgador no puede reconocer un derecho subjetivo originado de contratos transitorios o temporales; la aplicación de los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo es aplicable a la empresa privada, no a la administración centralizada, por otra parte los Contratos referidos tienen fecha de inicio y finalización que forzosamente tiene que llegar a su término por ser independiente en sus cláusulas y condiciones de cualquier otro celebrado anteriormente, el reconocimiento de este derecho subjetivo está sometido a un procedimiento obligatorio establecido en la Ley del Estatuto Médico Empleado que en su artículo 7 dispone: “toda contratación o nombramiento para la prestación de servicios médicos generales o especializados, bajo la subordinación o dependencia de un empleador natural o jurídico de derecho público o privado, deberá someterse a concurso, sin perjuicio de sus facultades legales para decidir el ingreso, contratación o nombramiento”, en consecuencia, se deduce que el reclamante solo pretende utilizar esta norma jurídica laboral para procurar el reconocimiento de un derecho aparente de convertir un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos como de tiempo indefinido, por ser conveniente a su interés particular lo cual no tiene ningún sustento jurídico, y su demanda se reduce a un reclamo meramente ilusorio e imaginario además de aspirar a mantener un artificioso supuesto Contrato de Trabajo por tiempo indeterminado, regido por la jurisdicción laboral, y de sustraer del erario público determinada cuantía que no le corresponde pues el derecho subjetivo que erróneamente exige es inexistente, y será en el momento oportuno que se probará que no le asiste el derecho que reclama; la parte actora presentó reclamo administrativo ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, para agotar el procedimiento de la vía administrativa, en virtud de no haber ningún acuerdo conciliatorio, no obstante El Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, no está facultada para aceptar imposiciones de derechos subjetivos inexistentes ni beneficios que no le corresponden por tratarse de contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, suscritos por un periodo determinado y limitado, que se sujetan a la normativa de la Ley Orgánica de Presupuesto. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de febrero del 2020, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para que se le otorgue la permanencia en su puesto de trabajo. Conceder todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente; instaurada por el señor GUSTAVO ADOLFO BUSTILLO MEJIA; contra EL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. II. CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Que se tenga la relación laboral del Señor GUSTAVO ADOLFO BUSTILLO MEJIA con carácter de indefinida debiendo la Institución demandada nombrarlo como empleado permanente desde el inicio de la relación laboral 03 de marzo de 2008 para lo cual deberá emitir el Acuerdo correspondiente en el cual se nombre al Señor GUSTAVO ADOLFO BUSTILLO MEJIA en el cargo que mantenía desde el inicio de la relación laboral; b) Que al Señor: GUSTAVO ADOLFO BUSTILLO MEJIA se le ajuste su salario y demás derechos que como empleado permanente le corresponde desde la fecha de inicio de la relación laboral, hasta la fecha fecha en la cual se emite la presente sentencia condenatoria; Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda. III. Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por el Señor GUSTAVO ADOLFO BUSTILLO MEJIA para el pago de vacaciones, pago de treceavo y catorceavo mes de salario; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar al Señor GUSTAVO ADOLFO BUSTILLO MEJIA dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que el demandante antes de haber transcurrido un año celebró Contratos de Trabajo con la misma Institución demandada y para la misma clase de trabajo, por consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido y asimismo ese puesto es en el que se desempeñaba al momento de ejecutar los trámites administrativos, razón por la cual es del firme criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito respecto a tener la relación laboral por tiempo indefinido y que se le debe reconocer todos los derechos que como empleado permanente le corresponde a partir del 3 de marzo del 2008 fecha de inicio de la relación laboral, hasta el 05 de febrero del año 2020 fecha en la cual se emite la presente sentencia condenatoria, conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda; que la parte demandante solicita en el escrito de su demanda el pago de vacaciones, pago de treceavo y catorceavo mes de salario los cuales se declaran sin lugar en vista de no estar acreditado que la Institución demandada adeude tales reclamos al demandante. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 01 de octubre del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada DIANA LETICIA GALLARDO CAÑAS, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada.- II.- REFORMA DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha cinco de febrero del año dos mil veinte que corre a folios del 97 al 99 frente y vuelto de la primera pieza de autos.- En el único sentido de REVOCAR el pronunciamiento sobre el otorgamiento del Acuerdo de Nombramiento del demandante por las razones que expuso, CONFIRMANDO todos los demás pronunciamientos.- III.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que de la revisión de los contratos suscritos entre las partes, aun y cuando se les ha denominado Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, en esencia no lo son, pues en ellos se encuentran los elementos y características de un Contrato de Trabajo, habiendo aceptado la parte demandada que suscribieron varios contratos de esa naturaleza, es precisamente esa prolongación en el tiempo, que los vuelve de carácter indefinido, ya que los mismos versan sobre las mismas funciones, misma institución, en ese sentido en materia de Derecho del Trabajo, esa continuidad en el puesto, el demandante se desempeñaba como Médico Especialista en el Hospital San Felipe, se concluye que por su profesión la cual ha venido ejerciendo en un Hospital, siempre será necesario un profesional máxime de la medicina con especialidad en un Hospital, ya que los servicios que presta la institución es de Salud, por lo tanto siempre tendrá que contar con médicos a su servicio, y si la contratación fue de forma continua, quiere decir que requerían de sus servicios, por lo tanto esa contratación no es de servicios profesionales, por lo que es de naturaleza permanente, es por ello que la misma institución debió reconocer tanto su permanencia y concederle los derechos como tal, sin necesidad que el demandante acudiera a la instancia judicial, una vez requerida la intervención del Órgano Jurisdiccional al apreciar todos los extremos planteados durante el proceso, con la aportación de las pruebas, ha llevado al a quo a reconocer la relación que mantiene el demandante con la institución como de carácter permanente con todos los derechos de que gozan ese tipo de empleados desde el inicio de la relación; que revisado el fallo que se conoce en apelación, esta Corte observa que en la parte dispositiva de la sentencia el Juez de primera instancia, ordena el nombramiento con carácter de permanente del demandante, para lo cual deberá la institución emitir un Acuerdo de Nombramiento, no siendo facultades del Juez del Trabajo ordenar dicho acto administrativo, que es propio de la Administración Pública, y que va en contradicción con la permanencia concedida a la parte demandante, ya que desde que el Juez ha reconocido que es un trabajador permanente con el reconocimiento de sus derechos, lo protege el ámbito Laboral, pero al ordenar el Acuerdo excluiría el ámbito del Derecho del Trabajo, porque mediante acuerdo se nombran a los empleados públicos, los cuales están sometidos a otro régimen, que le limitarían derechos al demandante. 5. Mediante auto de fecha 18 de enero del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DIANA LETICIA GALLARDO CAÑAS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 25 de noviembre del 2022, compareció ante este Tribunal la Abogada DIANA LETICIA GALLARDO CAÑAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 25 de noviembre del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 27 de enero del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada NORMA ISABEL ALMENDAREZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada DIANA LETICIA GALLARDO CAÑAS, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden Nacional en infracción directa por falta de aplicación del artículo 765 del código del trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 ordinal 1°, del Código de Trabajo.- En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la corte sentenciadora, condena al Estado de Honduras, Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, en demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva, se le otorgue permanencia en su puesto de trabajo en virtud de estar laborando mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, y esto en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del código de trabajo, pago de vacaciones, pago de treceavo y catorceavo mes de salario y demás conceptos adeudados.- costas. El Tribunal sentenciador confirma la sentencia dictada en primera instancia y por consiguiente declara con lugar la demanda, condenando mi representado, produciéndose así la infracción directa de la Ley”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) establece falta de aplicación del artículo 765 del Código de Trabajo, mismo que no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Que el cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, ni la finalidad del recurso de casación, ya que en el presente cargo carece de concepto de la infracción y explicación del motivo ya que seQue el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) establece falta de aplicación del artículo 765 del Código de Trabajo, mismo que no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Que el cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, ni la finalidad del recurso de casación, ya que en el presente cargo carece de concepto de la infracción y explicación del motivo ya que seQue el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) establece falta de aplicación del artículo 765 del Código de Trabajo, mismo que no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Que el cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, ni la finalidad del recurso de casación, ya que en el presente cargo carece de concepto de la infracción y explicación del motivo ya que se limita hacer alegatos sin establecer correctamente la violación que le afecta con la emisión de la sentencia del ad-quem; y, c) formula alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno.urídica completa; b) Que el cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, ni la finalidad del recurso de casación, ya que en el presente cargo carece de concepto de la infracción y explicación del motivo ya que se limita hacer alegatos sin establecer correctamente la violación que le afecta con la emisión de la sentencia del ad-quem; y, c) formula alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno.urídica completa; b) Que el cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, ni la finalidad del recurso de casación, ya que en el presente cargo carece de concepto de la infracción y explicación del motivo ya que se limita hacer alegatos sin establecer correctamente la violación que le afecta con la emisión de la sentencia del ad-quem; y, c) formula alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “SEGUNDO MOTIVO DE CASACION, acuso la sentencia recurrida por ser de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 3 inciso a) de la Ley de Jurisdicción de contencioso Administrativo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mal apreciación de la prueba por la corte sentenciadora del acta de fecha cinco (05) de febrero del dos mil veinte (2020). PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal segundo Artículo 765 numeral 1 y 2°, del Código de Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICAR EN LA FORMA SIGUIENTE: EL ERROR DE HECHO: derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora en el acta fecha cinco (05) de febrero del dos mil veinte (2020) denominado contratos de Servicios Profesionales de periodos determinados, que se enmarca dentro del contrato administrativo. Sujeto al derecho administrativo, regulado por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser contratos de carácter administrativo, esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, contrario a la evidencia mostrada, el mismo demandante tanto en los contratos referidos como en la normativa, establece como jurisdicción el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de la cual el demandante tenía conocimiento y no se manifestó en ningún momento, ni presento en tiempo y forma, contrario sensu en base a uno de los elementos esenciales del contrato que contempla nuestro ordenamiento jurídico, CONSINTIÓ Y ACEPTÒ la relación laboral bajo modalidad de contratos de Servicios profesionales/ técnicos en forma determinada; Reglamento de la Ley de Servicio Civil artículo 200, ya establece que tipos de personal debe ser contratado bajo modalidad de contratos de servicios Profesionales y técnicos y efectivamente, se trata de un recurso calificado como empleado del servicio contables.”.V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Se señala como norma sustantiva el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, misma que no es de índole laboral tal como lo establece el artículo 769 del Código de Trabajo, debiendo ser el precepto legal sustantivo, la que establece derechos y obligaciones; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el numeral del artículo en que encuentra comprendido el cargo, al establecer numeral 1) y 2) siendo violaciones diferentes; y, c) Formula alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. VI. La impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “La nulidad absoluta se puede alegar por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no lo aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha uno (01) de octubre del dos mil veintiuno (2021) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, señalando errores procesales siguiente: a) en la sentencia dictada en fecha cinco (05) del mes de febrero del dos mil veinte (2020), por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán al notificar en estrados a las partes solo interpuso la parte demandada, en tal virtud la Corte sentenciadora de Apelaciones solo pronuncia sobre la parte demandada, es decir no tomo en cuenta, al respecto el artículo 206 del Código de Procesal Civil, análogamente aplicable dice: las sentencias debe de claras, precisas, y exhaustivas.”. VII. Que si bien como establece la Recurrente la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VIII. Los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, que si bien el Ad-quem hace el razonamiento jurídico correcto al establecer la reforma del fallo en virtud que no procede darle el acuerdo de nombramiento por no tener la potestad para ello el Juez, al momento de la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, no hace mayor pronunciamiento en cuanto a los derechos que debe tener el demandante por el estatus de empleado permanente. IX. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos, así como de la nulidad subsidiariamente solicitada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por la Abogada DIANA LETICIA GALLARDO CAÑAS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en sus dos motivos, así como de la nulidad subsidiariamente solicitada. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes septiembre del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha dieciocho de mayo del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL6-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

2