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Sentencia CL-97-20 — Registro 13744

Resumen

...´´laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos segunda instancia confirma fallo de primera instancia declarando declarando con lugar la demanda , que se declare la relación de trabajo de forma permanente, al pago del reajuste del salario mínimo, condena al pago del reajuste al salario mínimo absuelve al pago doble de reajuste de salario mínimo y la indemnización por violación a derechos fundamentales; esta sala declara no ha lugar el recurso...´´

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que la -+3W22Q332W-demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (Artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) realiza alegatos propios de instancia...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (Artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, c) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION.- El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 02 de noviembre del 2021, por la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor ALEJANDRO JOSE VASQUEZ, representado en juicio por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados, y otorgarle el acuerdo de nombramiento, además el reconocimiento y pago de reajuste al salario mínimo retroactivo a los dos últimos años de la presentación del reclamo administrativo, pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo, pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de diciembre del 2017, por el señor ALEJANDRO JOSE VASQUEZ, mayor de edad, casado, hondureño, Técnico Industrial, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 26 de septiembre del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 05 de abril del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda promovida por ALEJANDRO JOSE VASQUEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en cuanto a: 1) Que se declare la relación de trabajo de forma permanente desde el inicio de la relación de trabajo (01 de junio del 2010) y se otorgue el acuerdo de nombramiento; 2) Al pago del reajuste del salario mínimo, incluyendo décimo tercer mes, décimo cuarto mes, y vacaciones; II) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a:

  1. Que se declare la relación de trabajo de forma permanente desde el inicio de la relación de trabajo (01 de junio del 2010) y se otorgue el acuerdo de nombramiento; 2) Al pago del reajuste al salario mínimo la cantidad de SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L.62,913.60); III) Declarando SIN LUGAR la demanda promovida por ALEJANDRO JOSE VASQUEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en cuanto al pago doble de reajuste de salario mínimo y la indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral; IV) ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en cuanto al pago doble de reajuste de salario mínimo y la indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral al señor ALEJANDRO JOSE VASQUEZ; V) Declarar SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, el 01 de junio del 2010, desempeñándose en el puesto de Auxiliar de Recepción Almacenamiento y Despacho, devengando un salario mensual de L.8,000.00, mismo que es inferior al Salario Mínimo Legal, el cual según la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, para el año 2017 ascendía a la cantidad de L. 9,718.53; arguyo que desde que inició a laborar ha desempeñado las mismas funciones de manera continua e ininterrumpida, bajo la subordinación de su empleador, así como consta en los Contratos suscritos entre las partes, mismos que reúnen los elementos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, una vez reunidos los tres elementos se entiende que existe un Contrato de Trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen; en virtud de lo anterior la relación laboral que los une es de orden laboral, entendiéndose que están ante un Contrato de Trabajo por Tiempo Indeterminado, a pesar que el demandado ha tratado de encubrir una verdadera relación laboral, mediante Contratos Transitorios o Temporales, ya que la causa que ha originado el surgimiento de la relación laboral ha subsistido y subsistirá siempre, pues es y ha sido el mismo puesto y funciones que ha venido desempeñando, actividades que por su naturaleza no pueden desaparecer, pues forman parte de la operatividad de la demandada; por lo anteriormente relacionado y en virtud de la suscripción de varios contratos de forma continua e ininterrumpida, y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, el demandante considera que le asiste el derecho a la permanencia en el puesto que ha venido desempeñando, razón por la cual recurrió a la vía judicial, con la finalidad de que mediante sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido su relación laboral otorgándole su Acuerdo de Nombramiento, el reconocimiento y pago del reajuste al Salario mínimo legal, en aplicación de lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, además la aplicación de tal reajuste debe ser ampliado al décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones, los que deben ser cancelados de manera retroactiva dos años atrás a la fecha de la presentación del reclamo administrativo; por otra parte ningún patrono podrá pagar salarios inferiores a los que se fijen de acuerdo a la Ley del Salario Mínimo, ni podrán ser disminuidos mediante contratación individual o colectiva u otro pacto cualquiera, pues esta ley prevalece por sobre todas las disposiciones legales que se le opusieren, salvo el caso de las leyes que establezcan mayores beneficios para los trabajadores, además que nadie puede estar por encima de la ley, mucho menos el Estado de Honduras que es el obligado Constitucionalmente a tutelar los derechos de los trabajadores, por lo que deberá aplicarse lo establecido en los artículo 39, 43 y 44 de la citada Ley; adicionalmente solicitó la indemnización por violación a sus derechos fundamentales por el fraude a la Ley por Simulación Contractual, indemnización que se encuentra vigente en la República de Honduras, por mandato internacional de la Organización Internacional del Trabajo, establecida en la Ley de Inspección Laboral, Decreto legislativo 178-2016, que en su artículo 90 establece la cantidad de L. 100,000.00 por cada violación a un derecho fundamental y que literalmente dice: “cuando se infrinjan o vulneren derechos fundamentales protegidos a los trabajadores por la Constitución de la República, el ordenamiento laboral y las normas internacionales del trabajo ratificadas por Honduras, cuyo daño no sea cuantificable en dinero, el importe de la sanción o multa debe ser de Cien Mil Lempiras (L. 100,000.00), si la infracción se realiza a diferentes normas la multa anterior se debe aplicar por cada infracción”, dicha indemnización deberá pagarla el empleador por la violación al Derecho Fundamental a la estabilidad laboral establecido en la Constitución de la República en su artículo 129, pues el fraude laboral por simulación contractual impide la acumulación de antigüedad; también deberá pagarse la cantidad de L.100,000.00 por violación al Derecho Fundamental, goce y pago de vacaciones establecido en el artículo 128 numeral 8) de la Constitución de la República y Código del Trabajo; de igual modo deberá pagarse la cantidad de L. 100,000.00 por violación al derecho fundamental de gozar condiciones satisfactorias de empleo, establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 127 de la Constitución de la República; asimismo el pago de L. 100,000.00 por vulnerar el Derecho Fundamental establecido en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo. Teniendo por agotado el reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social al no haber voluntad de parte del empleador en conciliar con el demandante.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando que mantuvo una relación contractual con el demandante mediante la celebración de un Contrato de Servicio Profesionales y Técnicos por un período limitado y determinado, no obstante rechazó la fecha de inicio, siendo la correcta el 1 de julio del 2016, contratado en el puesto de Guarda Almacén, devengando una remuneración estipulada en la cláusula cuarta del Contrato denominada “Monto del Contrato”, que fue consentido por el demandante, significando que el Contrato suscrito está sujeto a una regularización especial del Estado, que no conlleva responsabilidad alguna para el mismo, estando sujeto al derecho administrativo regulado por el Reglamento de Personal de la Secretaría de Salud, Capítulo I, artículo 2 que prescribe “El ámbito de aplicación de este Reglamento estará limitado a la Secretaría y sus órganos desconcentrados funcionalmente, y será aplicado en las relaciones que se originen de un nombramiento en cualquiera de sus modalidades o de un contrato de servicios profesionales, técnicos o de apoyo”, asimismo el artículo 28 dice “Se entiende por contratos de servicios profesionales, técnicos o de servicio de apoyo los que tienen por objeto prestaciones diferentes a los previstas para los contratos de consultoría, según la Ley de contratación del Estado”, y el artículo 33 estipula “la vigencia de estos contratos no podrán de exceder la del ejercicio fiscal ... Los derechos y las obligaciones a reclamar serán lo que contiene en el contrato suscrito... en ningún caso se consideraran permanente al personal contratado”, en concordancia con lo anterior el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil dispone “Para ingresar al Servicio Civil se requiere: … 5. Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley", y el Reglamento de la Ley de Servicio Civil en el artículo 4 determina que “la relación jurídica de empleo público constituye una situación legal y reglamentaria, determinada únicamente por las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones relativas a esta materia. Dicha relación por consiguiente, no se rige por un contrato de trabajo, fuere individual o colectivo, o de derecho público o privado", por lo que la presente acción debió presentarse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser el competente para dilucidar la presente causa conforme al artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dice “La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, recisión y efectos... y todo lo relativo a los contratos de servicios profesionales o técnicos que celebren los Poderes del Estado”, por cuanto el demandante procura sustentar sus pretensiones en el artículo 20 del Código del Trabajo, que si bien es cierto señala los elementos esenciales para considerar la existencia de una relación de trabajo, no es menos cierto que todo Contrato de Trabajo bajo las distintas modalidades que establece una prestación de servicios conlleva esos mismos elementos para ejercer la actividad de trabajo para la cual fue contratada, ya que a la anuencia de las partes para la firma de un nuevo Contrato de Prestación de Servicios, el mismo es aplicable en aquellos casos que por su naturaleza el contrato sea por tiempo indefinido, que no es el caso que nos ocupa, en virtud que el demandante consintió, acepto y fue de su conocimiento desde su inicio la modalidad bajo la cual estaba regida su relación contractual, sin embargo en ningún momento antes del vencimiento del contrato manifestó su oposición ante la autoridad competente, ni presento nulidad del mismo, contrario sensu aceptó y consintió la forma de contratación. En cuanto a que la parte actora califica que existen Contratos Individuales de Trabajo disfrazados de Contrato de Servicios Profesionales o Técnicos, estaría afirmando que el demandado no tiene la facultad de suscribir este tipo de contratos, por lo que estarían frente a contratos sin validez jurídica y en su defecto los contratos firmados no tienen existencia ni objeto de reclamo, no obstante, el demandante no puede pretender desconocer dicha modalidad ya que tal aseveración es impropia, en virtud de que el demandado actuó conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil en el Capítulo XX relativo a los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, que en el artículo 200 establece “Las Secretarías de Estado… podrán suscribir contratos de servicios profesionales...” asimismo el artículo 202 estipula: “Tendrán plazo determinado y no podrán renovarse... al vencimiento del plazo cesará la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes”, por lo que el demandante no puede pretender desconocer lo estipulado en la Ley sobre la modalidad a la cual estaba sujeto, también el artículo 4 del mismo corpus iuris establece “La relación jurídica de empleo público constituye una situación legal y reglamentaria, determinada únicamente por las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones relativas a esta materia. Dicha relación, por consiguiente no se rige por un Contrato de Trabajo, fuere individual o colectivo, o derecho público o privado”, por lo que no existe simulación ya que los mismos son legales al estar contemplados en las leyes vigentes aprobadas por el Poder Legislativo conforme al procedimiento establecido en la Constitución de la República y Código Civil vigente; en cuanto a que el demandante procura sustentar sus pretensiones en el artículo 47 del Código del Trabajo, los contratos suscritos con la demandada fueron transitorios y temporales no se puede aplicar irresponsablemente la normativa laboral de este articulo ni considerarse por tiempo indefinido, pues la figura del contrato involucra dos partes que se someten a las obligaciones y derechos plasmados en el mismo, y no pueden prevalecer derechos subjetivos por muy convenientes que sean a una parte, ni tampoco cambiarse los términos de contrato, argumentando esta normativa del artículo 47 del citado Código del Trabajo, pues desnaturalizaría el objeto del contrato, en ese orden de ideas al fundamentar sus pretensiones para exigir un derecho subjetivo de reconocimiento de tiempo indefinido por la suscripción de varios contratos, por ser beneficioso a los intereses particulares del trabajador, induciría que la otra parte quedara en desventaja porque se sujetaría a la rigidez de la normativa del articulo precitado, en menos cabo del artículo 60 de la Constitución de la Republica “Todos somos iguales ante la ley”, ya que la actividad temporal es porque no existe la plaza para un nombramiento permanente, razón por la cual se rechaza la utilización del texto de dicho artículo, no obstante que las circunstancias antes mencionadas no son determinantes para acomodar sus pretensiones, puesto que la parte actora suscribió Contrato de Servicios Profesionales, regidos por la clausulas establecidas en el mismo, con derechos de obligaciones reciprocas y sujetas para ambas partes, en consecuencia se deduce que el demandante solo pretende aplicar una normativa jurídica laboral con el único objeto de utilizarlo para el reconocimiento de un derecho que no existe ni tiene ningún sustento jurídico, por ser meramente ilusorio e imaginario y sostener un supuesto contrato de trabajo por tiempo indeterminado.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de abril del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda promovida por ALEJANDRO JOSE VASQUEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en cuanto a: 1) Que se declare la relación de trabajo de forma permanente desde el inicio de la relación de trabajo (01 de junio del 2010) y se otorgue el acuerdo de nombramiento; 2) Al pago del reajuste del salario mínimo, incluyendo décimo tercer mes, décimo cuarto mes, y vacaciones; II) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a: 1) Que se declare la relación de trabajo de forma permanente desde el inicio de la relación de trabajo (01 de junio del 2010) y se otorgue el acuerdo de nombramiento; 2) Al pago del reajuste al salario mínimo la cantidad de SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L.62,913.60); III) Declarando SIN LUGAR la demanda promovida por ALEJANDRO JOSE VASQUEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en cuanto al pago doble de reajuste de salario mínimo y la indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral; IV) ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en cuanto al pago doble de reajuste de salario mínimo y la indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral al señor ALEJANDRO JOSE VASQUEZ; V) Declarar SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que haciendo un análisis de los argumentos de ambas partes, las pruebas allegadas al juicio y fundamentación jurídica aplicable, concluye que consta que el demandante ha laborado bajo la modalidad de Contratos desde el año 2010, y que en los mismos se han establecido cláusulas que van en perjuicio del trabajador, y por ende la misma se tendrán como no escritas al amparo de lo que establece el artículo 3 del Código del Trabajo, en el que expresa que es nulo ipso jure todo lo que disminuya, restrinja o tergiverse los derechos contenidos en la Constitución, el Código del Trabajo y Leyes del trabajo vigentes, es oportuno relacionar lo contenido en el artículo 47 en el sentido que lo establecido en tal precepto legal, atendiendo a que la regla general en el derecho laboral es la contratación de carácter indefinido siempre que la labor que se realice sea continua dentro de la empresa; y la excepción es la contratación a término en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio; por lo tanto el demandante ha laborado por más de 8 años realizando la misma labor, declarando con lugar la demanda de reconocimiento de permanencia a partir del 1 de junio del 2010, reconociendo derechos que se otorgan a los empleados con carácter permanente, ordenando se realicen los trámites correspondientes para la emisión del Acuerdo de Nombramiento como empleado permanente; en cuanto al pago de reajuste se salario mínimo, en ese sentido es oportuno establecer que el demandante devengaba un salario de L. 8,000.00, inferior al salario que aprobó el Gobierno de la República y que es ley y debe cumplirse, para el año 2017 era L. 9,718.53, para el año 2018 era de L. 10,306.22 y para el año 2019 L. 11,038.35, por lo que se otorga el reajuste en razón de lo que establece el artículo 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo, ajustándose 2 años atrás a partir esta fecha; en consecuencia, atendiendo lo antes referido quedara ajustado el salario mínimo a la cantidad de L. 11,038,35 siendo procedente declarar con lugar tal pretensión; también se reclamó la indemnización doble del salario mínimo, en relación a la misma de acuerdo a lo que establece el artículo 39 de la ley del Salario Mínimo, procede indemnización doble cuando se reclama únicamente por la vía del juicio sumario, y en este caso el proceso es el ordinario, por lo tanto no corresponde la indemnización doble, en consecuencia, se declara sin lugar dicha pretensión; en cuanto a la petición del pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspección laboral contenida en el artículo 90 se declara sin lugar en vista que a consideración la misma se está condenando con lo señalado en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 26 de septiembre del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que con las pruebas allegadas al juicio, el demandante acreditó que fue contratado por tiempo determinado, sin embargo la relación laboral se desarrolló de forma continua e ininterrumpida, mediante la suscripción de Contratos consecutivos de Servicios Profesionales, con el mismo contratante, para el desempeño de las mismas funciones como Auxiliar de Recepción Almacenamiento y Despacho, sujeto a un horario de trabajo, Jefe inmediato e instrucciones recibidas, realizando la labor de manera personal, bajo una remuneración, y que inicio el 1 de junio del 2010; sucesos que encajan en las disposiciones legales contenidas en los artículos 20, 47, 52 párrafo segundo, 345 y 347 del Código del Trabajo, cabe entonces al momento de apreciar los hechos a la luz de las normas laborales, que tales contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la institución, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen para la prestación de servicios, no habiendo la parte demandada acreditado lo contrario en juicio.- 5. Mediante auto de fecha 10 de marzo del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 02 de noviembre del 2021, compareció ante este Tribunal la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de nulidad y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 02 de noviembre del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de diciembre del 2021 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada FRANCIS MICHELLE EUCEDA HERRERA, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida porque el tribunal Ad Quem aplicó la norma pertinente, pero en forma indebida del artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el 2 párrafo primero; 3 interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, es claro, de modo que su interpretación no ofrece duda, no obstante, el tribunal Ad Quem, lo aplicó pero EN FORMA INDEBIDA, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente así mismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente, como ser la contenida en el artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. El tribunal sentenciador confirma la sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara con lugar la demanda, condenando al ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente así mismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente, aplicando la norma pertinente pero en forma indebida que autoriza tal pretensión, y el Decreto Legislativo que lo interpreta como ser el número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. Se produce así la aplicación indebida de la ley sustantiva.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (Artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que la recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 2 párrafo primero; 3 interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora de la prueba presentada en la primera de tramite sobre los acuerdos ministeriales y Ley de Servicio Civil y su Reglamento. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora presentada en la primera de tramite sobre los acuerdos ministeriales y Ley de Servicio Civil y su Reglamento. Donde se establece que fue contratada por tiempo determinado mediante los acuerdos ministeriales y su permanencia se da mediante un proceso de selección el cual está regido por Leyes y Reglamentos Específicos. Esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto ya que el trabajador se encontraba con la prestación de sus servicios personales bajo la modalidad de contratos administrativos de servicios personales por un periodo determinado con fecha de inicio y de finalización, el cual era del conocimiento de él consintiendo y aprobándolo sin objeción alguna de su parte.- Además el firmo contratos de servicios técnico de apoyo los que tienen por objeto prestaciones diferentes a los previstos para los contratos de consultoría según la ley de contratación del estado donde la vigencia no puede exceder la del ejercicio fiscal al amparo del cual se originó. Además, para que un empleado ostente a la permanencia se debe cumplir con el régimen del servicio civil donde comprenderá a los servidores públicos que laboran en las secretarias de estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca la ley y su reglamento extremo que no fue cumplido ante la dirección de servicio civil conforme el procedimiento para evaluación establecido en la ley. Además en primera instancia otorga el Juez al trabajador ratificando la Corte de Apelaciones el acuerdo correspondiente como empleado, no siendo atribución del Juzgado, pues es un acto meramente de la administración pública el otorgar acuerdos, puesto que estos los convierten en empleados públicos, quedando sujetos a otro régimen como lo es el de Servicio Civil, el cual tiene que solicitar a la administración pública si así lo desea el trabajador, por eso las competencias en materia de personal son diferentes, unas se rigen por el Código del Trabajo y las otras, lo concerniente a los funcionarios y empleados públicos se rigen por la Ley de Servicio Civil.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (Artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, c) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia.- VI.- Que el Censor alega nulidad subsidiaria: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha veintiséis de septiembre 2019 dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, señalando los errores procesales siguientes: La Jurisdicción de competencia de este Juicio era el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ya que eran contratos administrativos del Gobierno Central. El contenido de la sentencia establece que no se encontraba la comparecencia de los apoderados de las partes cuando dicto sentencia, pero establece pero que quedan notificados en estrados los apoderados de las partes. La aplicación de la norma del derecho para la permanencia era la de Servicio Civil que establece el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil para que le fuera reconocido el estatus que pretende le sea otorgado por esta Corte al margen de lo que establecen las leyes especiales establecidas al efecto, las que determinan un análisis conforme a ley para la creación de una plaza y un presupuesto permanente para la permanencia de un cargo y no como quiere hacerlo ver al juzgador de la causa, que sin haber ejercido el procedimiento establecido en dicho artículo y lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, desea se le reconozca un status que legalmente no le ha sido otorgado mediante el acuerdo respectivo”.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cinco motivos de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) DECLARANDO NO HA LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días de mes de febrero del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de enero del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número 97-20.- Firma y sello.- OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ, RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.