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Sentencia CL-86-22 — Registro 15601

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales y sociales, indemnizaciones que por ley corresponden, más el pago de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes de salario causado y proporcionales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada, el artículo 46 inciso b), no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) La violación directa de la ley, en este caso se señala que es por infracción directa o falta de aplicación, se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la cuestión debatida de la relación laboral por despido indirecto fue objeto de controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; c) Falta a la claridad y precisión requerida, ya que en su explicación alude La violación de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa se produce a través de error de hecho como consecuencia de la falta de apreciación o apreciación errónea de la prueba y a disposiciones no indicadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 268, 270 numeral 2, 273 numeral 1 y 2 del Código Procesal Civil, Artículos l, 5, 1346, 1348, del Código Civil, artículo 127 de la Constitución de la República; y, d) Formula alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de noviembre del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintisiete de julio del dos mil veintidós, por la Abogada ANDREA PAOLA RUIZ FLORES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor OMAR JOSE CARIAS GARCIA, representado en juicio por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales y sociales, indemnizaciones que por ley corresponden, más el pago de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes de salario causado y proporcionales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de marzo del dos mil diecisiete, por el señor OMAR JOSE CARIAS GARCIA, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero Civil y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), institución adscrita actualmente al INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), por medio del Procurador General de la República el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha catorce de septiembre del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diecisiete de junio del dos mil veintiuno, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora OMAR JOSE CARIAS GARCIA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al señor OMAR JOSE CARIAS GARCIA, los siguientes conceptos: preaviso Lps.58,333.34; Auxilio de Cesantía: Lps.379,166.71, Auxilio de cesantía Proporcional Lps.25,520.78; Vacaciones proporcionales Lps.16,780.52; Aguinaldo proporcional Lps.4,209.71; Décimo cuarto mes proporcional Lps.18,793.01; lo que asciende a un total a pagar de QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (Lps.502,804.07) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la presente sentencia adquiera firmeza. TERCERO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al señor OMAR JOSE CARIAS GARCIA los conceptos de pago de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes de salario. CUARTO: SE DECLARA SIN LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE PRESCRIPCIÓN interpuesto por la Abogada ANDREA PAOLA RUIZ FLORES en su condición de Representante Procesal de la parte demandada. QUINTO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito actualmente al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS) desde el 7 de abril del 2003, bajo la modalidad de contrato, habiendo existido durante más de trece años una simulación contractual, desempeñándose en los últimos dos años como Coordinador en la Unidad de Evaluación de la Dirección de Proyectos, dependencia del ente demandado, verificable lo anterior con la lectura del contrato suscrito hasta el 30 de junio del 2017; indica el demandante que fue objeto de un despido indirecto, injusto e ilegal, en vista de que al demandante lo trasladaron a otro puesto de menor categoría, el 23 de enero del año 2017, asignándole funciones como Revisor en la Unidad de Control de Calidad, pero que por existencia del término no deja de ser por tiempo indeterminado por Ministerio de la ley. Indicó el actor, que en fecha 28 de diciembre del año 2016, se celebró una audiencia de descargo a través del departamento de RRHH de la demandada, a fin de constatar una falta dizque cometida por su persona, la cual en su momento fue declarado y probado que esta no le era atribuible a él y aun demostrando la mala fe, la demandada si hubiese sido su aplicación de ser sancionada era ya extemporánea por haber transcurrido el lapso de tiempo que otorga la ley para su aplicabilidad o correspondiente sanción legal y debida forma, pero derivado de ello se le impuso una sanción de manera injusta por hechos que reitera no le correspondían; que en fecha 23 de enero de 2017, a pesar que tenía nuevo contrato, como lo había realizado durante 13 años, firmado desde el primero de enero al 30 de junio del año 2017, mediante el memorándum número DRH-0072-2017, se le comunicó que sería trasladado a otro puesto de trabajo de menor categoría, lo cual transgredió sus condiciones de trabajo en las cuales se había venido desempeñando, violentando sus derechos y garantías laborales que como trabajador goza y refiere al artículo 114 literal g) del Código del Trabajo. Prosigue detallando la parte actora, que en vista de haber firmado varios contratos de trabajo bajo la continua dependencia o subordinación y de forma ininterrumpida desde su ingreso a la institución, mismos que a pesar de que la causa u objeto persisten aun en la actualidad, ya que hacen firmar en forma generalizada a sus excompañeros de trabajo contratos de manera tal que se haga ver que son por tiempo determinado, de manera simulada, bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales y por periodos de tiempo cortos en aras de querer desvirtuar la relación laboral, faltando al principio de la buena fe contractual que debe de regir entre las partes, al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 52 y 20 del mismo cuerpo legal.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, el demandante inició una relación profesional a término, aceptado y consentido por las partes sin objeción alguna en tiempo y forma, no existiendo obligación alguna de conformidad a lo que establece el artículo 21 del Manual Operativo de Trabajo del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) que establece: “Los contratos temporales, por obra o servicios determinados terminaran al expirar el plazo pactado para el mismo, sin ninguna responsabilidad para el FHIS”. No obstante, el demandante ha equivocado su camino interponiendo la presente demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, ya que el mismo carece de jurisdicción y competencia para conocer la presente demanda, de acuerdo a lo establecido en el contrato, específicamente con la Cláusula Décima que señala: “RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS; Cualquier controversia que sugiere este contrato, será sometido en todo al Derecho administrado interno de la institución y en última instancia ante la normativa establecida por la Ley de lo Contencioso”, pues dichos contratos se encuentran enmarcados por su naturaleza dentro del Derecho Administrativo, tal como lo dispone el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, tomando en consideración que el Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece en su artículo 309, que: “El presente Reglamento entrará en vigencia, el día de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” y deroga todas las disposiciones, reglamentarias y administrativas, que en materia de administración de personal se le oponga”. Por lo tanto, el ahora demandante pretende reclamar derechos que son otorgados a empleados públicos que gozan de un estatus de carácter permanente nombrados después de haber cumplimentado el procedimiento que establece la Ley de Servicio Civil al efecto, no siendo el caso del demandante y que no le asiste la aplicación del artículo 47 del Código del Trabajo, ya que por disposición del Reglamento de la Ley de Servicio Civil en el artículo 4 estatuye: "La relación jurídica de empleo público constituye una situación legal y reglamentaria, determinada únicamente por las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones relativas a esta materia. Dicha relación, por consiguiente, no se rige por un contrato de trabajo, fuere individual o colectivo, o de derecho público o privado", en relación a ello el demandado considera que lo afirmado por el demandante es improcedente por ser requisitos sine qua non para ser considerados empleados permanentes de la Administración, los establecidos en el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil. En cuanto a la pretensión de pago de costas del juicio es improcedente de conformidad con el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno determina que: "El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas...", razón por la cual en el presente caso la misma no aplica. En audiencia primera de trámite el representante procesal de la parte demandada interpuso el defecto procesal de prescripción fundamentándose en los artículos 710, 862 y 867 del Código del Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio del dos mil veintiuno, dictó sentencia misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora OMAR JOSE CARIAS GARCIA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al señor OMAR JOSE CARIAS GARCIA, los siguientes conceptos: preaviso Lps.58,333.34; Auxilio de Cesantía: Lps.379,166.71, Auxilio de cesantía Proporcional Lps.25,520.78; Vacaciones proporcionales Lps.16,780.52; Aguinaldo proporcional Lps.4,209.71; Décimo cuarto mes proporcional Lps.18,793.01; lo que asciende a un total a pagar de QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (Lps.502,804.07) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la presente sentencia adquiera firmeza. TERCERO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al señor OMAR JOSE CARIAS GARCIA los conceptos de pago de vacaciones, décimo tercer y cuarto mes de salario. CUARTO: SE DECLARA SIN LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE PRESCRIPCIÓN interpuesto por la Abogada ANDREA PAOLA RUIZ FLORES en su condición de Representante Procesal de la parte demandada. QUINTO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, el demandante al haber sido contratado por tiempo determinado y al haber sido prorrogada su contratación, ya había adquirido su derecho a la permanencia, ante ello el argumento de prescripción de la acción sostenido por la apoderada de la parte demandada, no opera en el proceso que nos ocupa, en vista de ello, es procedente declarar sin lugar el defecto procesal de prescripción; que habiéndose ya esclarecido la modalidad de contratación por tiempo indefinido del demandante ante ello, es de hacer ver que la normativa laboral en el artículo 114 del Código del Trabajo establece las causas por las cuales un trabajador da por terminado el contrato de trabajo y la terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo 114, surte efectos desde que el trabajador la comunique al patrono (artículo 115 del Código del Trabajo). El despido indirecto o auto despido es aquel donde el trabajador pasa a ser un sujeto activo, ya que se retira o abandona su trabajo por considerar tener justas causas suficientes, que le impiden la continuidad de la prestación de sus servicios, estas causas o motivos deben de estar previstas en la ley y deben ser imputables al patrono; que desde esa perspectiva es al trabajador o a la parte actora, a quien le corresponde la probanza de esas causas justas legales que incidieron en la determinación del auto despido. Que afirma la parte demandante que lo que lo motivó para determinar el auto despido, concretamente por habérsele trasladado a otro puesto de trabajo de menor categoría, transgrediéndole sus condiciones de trabajo en las cuales se ha venido desempeñando, así mismo por habérsele aplicado una amonestación en donde se le suspende por un lapso de ocho días sin goce de salario, fundamenta dicha nota de auto despido de fecha 22 de febrero del 2017, el actor en el artículo 114 literales g) y i) del Código del Trabajo, dicha nota fue entregada al empleador por medio de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social acreditado lo anterior con el medio de prueba documental. Partiendo de lo expresado se ha acompañado como medio de prueba documental el Memorando DRH-0072-2017, de fecha 23 de enero del 2017, dirigido este al Ing. Omar José Carias, Coordinador de Proyectos, por parte del Lic. Alexis Danery Vargas Torres, de la Dirección de Recursos Humanos, en el cual se le notifica que pasara temporalmente a prestar sus servicios profesionales a la Unidad de Calidad, desempeñando el cargo de Revisor, esto es corroborado por el mismo trabajador con su declaración con el medio de prueba Interrogatorio de Parte, admitido a la demandada, así mismo se ha corroborado con el medio de prueba documental consistente en certificación emitida por la Dirección General de Inspección de Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social de acta de constatación, en la cual ante los oficios del Inspector del Trabajo el señor Lenin Delgado en su condición de Sub-Director/Coordinador, que: "el Ingeniero Omar Carias, fue rotado temporalmente a la Dirección de Control de Calidad que está aquí en la Unidad de Proyectos, como revisor de calidad (cita textual del memorándum). Y su sueldo y contrato es de coordinador y las funciones son de revisar de calidad y el puesto de coordinador. El Ingeniero Carias tenía personal a su cargo. Y el actualmente como revisar de calidad, tengo entendido que no y sus funciones cambian no es lo mismo él ahora tiene que apoyar a la unidad de calidad y antes tenía funciones de dirigir. En cuanto al espacio no tenemos ningún privilegio"; en relación a esta prueba nos remitimos al medio de prueba reconocimiento judicial, con dicho medio de prueba se constata que el demandante como Coordinador de Proyectos tenía a su cargo 4 valuadores, 2 topógrafos y un dibujante, en total tenía 7 personas que dependían de él, con el mismo medio de prueba aludido se constata que los Técnicos o revisores no tienen personal a su cargo, acompañándose a dicho reconocimiento judicial el organigrama de la institución demandada en donde queda detallado lo constatado; ante lo narrado, es evidente que el trabajador Omar José Carias García, aun manteniendo su salario como Coordinador de Proyectos este fue trasladado a un puesto de menor categoría, en el cual pasó de dirigir al personal a ser dirigido; la parte demandada ha orientado su prueba documental a justificar el traslado efectuado por el bajo rendimiento del demandante en sus labores encomendadas, por lo que niega el despido indirecto del trabajador, por lo que existen mecanismos dentro de la normativa laboral para corregir estas situaciones alegadas por el empleador cuando existe incumplimiento de un trabajador en sus funciones, no siendo justificable por ningún punto disminuir al trabajador en su categoría laboral que ostenta aun de manera temporal y en el caso que nos ocupa, por años; ahora bien, de la lectura de la nota de despido indirecto, el trabajador motiva también la misma, en razón que mediante la nota de fecha 31 de enero de 2017, se le aplicó de parte de la institución una amonestación de suspensión por ocho días sin goce de salario, siendo efectiva a partir del primero de febrero del 2017, lo cual considera injusta, sin embargo del análisis exhaustivo de toda la prueba aportada por la parte demandante, parte sobre la cual recae toda la prueba por alegarse un despido indirecto, no se ha generado ningún medio de prueba que sustente la injusticia que argumenta el trabajador demandante en su nota de auto-despido, no acreditándose este extremo en el presente proceso. Que la parte actora pretende el pago de vacaciones, con el medio de prueba reconocimiento judicial, se acredita que se le pagó dicho concepto al demandante, con respecto a la exigencia de pago de décimo tercer y cuarto mes de salario, el apoderado demandante ni siquiera generó la prueba en el momento procesal oportuno, es decir, en la audiencia primera de trámite la prueba para sustentar su pretensión y tomando en consideración que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca sobre los hechos alegados, sino que deben fundamentarse sobre su demostración por alguno o algunos de los medios de prueba reconocidos por la ley, siendo estos medios de prueba los instrumentos legales necesarios de que se valen las partes para demostrar al juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho, es preciso entonces, que la prueba se produzca para que la autoridad pueda calificarla, es por ello, que es del criterio de la que juzga que no procede el pago de décimo tercer y cuatro mes de salario.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de septiembre del dos mil veintiuno, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que, revisadas las presentes diligencias se observa que en el momento procesal oportuno la parte demandada opuso el incidente de declinatoria por falta de Competencia del Tribunal de Primera Instancia, el que resolvió declarando Sin Lugar el mismo por considerar que el litigio sometido a su conocimiento es de su competencia, ya que los contratos denominados de servicios profesionales, son verdaderos contratos de trabajo, por la razones que expresó en su momento, fallo interlocutorio que fue confirmado por esta Corte de Apelaciones del Trabajo, el cual al estar firme es cosa juzgada y ya no puede ocasionar ningún agravio, puesto que ya quedó acreditado que hay una relación de trabajo a través de contratos de trabajo, lo que al final le concede la permanencia al demandante, puesto que éstos al prorrogarse en el tiempo, lo que hacen es volver la relación de manera indefinida, en ese sentido esa pretensión ya está resuelta, lo que tenía que probar en el transcurso del proceso la parte demandante es que fue víctima de un despido indirecto, lo cual efectivamente ha hecho con la prueba aportada, consistente en el memorándum remitido a su persona en donde le notifican su traslado de forma temporal a un puesto de menor categoría, lo cual ha sido refrendada por el reconocimiento judicial, por la inspección realizada por el Inspector del Trabajo y por la propia declaración de la parte actora, por lo que se tiene por probado el despido indirecto o auto despido, el cual le fue notificado en legal y debida forma al demandado. Que la parte demandada en su defensa alega que debido a la irresponsabilidad y poco compromiso en el cargo por parte del demandante fue que se le trasladó al puesto de revisor de calidad, pero manteniéndole su sueldo, es por ello que manifiesta, que no ha sido despedido indirectamente, que más bien, tenía causales para despedirlo y no lo hizo para mantenerle su estabilidad laboral, en ese sentido, este Tribunal de Alzada considera que se tenía las causales para despedir al demandante, las cuales podía probar en juicio, era lo más acertado que hubiera podido hacer, ya que ese despido hecho de esa manera no le acarrearía ninguna responsabilidad, pero el traslado aunque sea de manera temporal, la cual tampoco ha quedado debidamente justificada de cuánto tiempo sería esa supuesta temporalidad, si le acarrea responsabilidad porque la disminución en la categoría del cargo constituye un despido indirecto, puesto que después de desempeñarse de Jefe o Coordinador de un Proyecto, pasa a ser empleado de otra Unidad, bajo la dirección de otra persona, lo cual es un detrimento en la categoría del cargo, tal cual como quedó establecido en el Organigrama de la misma Institución, lo que le faculta para darse por despedido por ese motivo, quedando probados los extremos de su pretensión.- 5. Mediante auto de fecha tres de junio del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ANDREA PAOLA RUIZ FLORES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintisiete de julio del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal la Abogada ANDREA PAOLA RUIZ FLORES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de veintisiete de julio del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dieciséis de agosto del dos mil veintidós, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que la Abogada ANDREA PAOLA RUIZ FLORES, en su primer y único motivo de casación alega: “El primero motivo de Casación lo constituye la sentencia de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa de los Artículos 46 inciso b), en relación con los artículos 738, 739 del Código del Trabajo, artículo 18 de la Ley del Fondo de Inversión Social y 6 de su Reglamento. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral uno, párrafo primero del Código de Trabajo vigente. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La violación de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa se produce a través de error de hecho como consecuencia de la falta de apreciación o apreciación errónea de la prueba, que singulariza en que incurrió el Juzgador al momento de emitir su fallo. Según el tratadista Arámbula Durán señala que: "El error de hecho implica conclusiones contrarias ostensiblemente a lo establecido enjuicio por falta de apreciación de la prueba". La Corte de Apelaciones del Trabajo al momento de emitir su fallo en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintiuno, no razonó sobre cada una de las pruebas presentadas y articuladas, mismos que corren agregados a folios 588 al 659 del expediente de mérito, tampoco expresó las motivaciones por las que llega a afirmar cada hecho, en violación a lo establecido en los Artículos 46 inciso b), 738 y 739 del Código del Trabajo; porque no apreció la prueba propuesta y evacuada en legal y debida forma por parte del demandado ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), consistente en 1) Documentos públicos que corre agregados en el expediente de primera pieza a folios 36 al 38 y folios 588 al 659 frente y vuelto del Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, Produciendo un error de hecho por falta de apreciación de la prueba singularizada que llegan y afirman cada hecho en violación a los Artículos 46 Inciso b) 738 y 739 del Código de trabajo, artículo 18 de la Ley del Fondo de Inversión Social y 6 de su Reglamento, Artículo 738. "El Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo". 739: "El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y ateniendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes...". Los artículos 268, 270 numeral 2, 273 numeral 1 y 2 del Código Procesal Civil y Artículos l, 5, 1346, 1348, del Código Civil por su parte establecen: 1 "La ley es una declaración de la voluntad, soberana, que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. 5. La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de transcurridos veinte días de terminada su publicación en el periódico oficial. Podrá, sin embargo restringirse o ampliarse en la ley misma el plazo de que habla este artículo, y ordenarse en casos especiales, otra forma de promulgación, es el articulo 270 numeral 2 del Código Procesal Civil "Son documentos públicos los autorizados por funcionario judicial, por un notario o funcionario público competente, siempre que se cumplan las solemnidades requeridas por la Ley"; 273 numeral 1 "Los documentos públicos hacen prueba aun contra tercero del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento de lugar y de la fecha de este y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso intervengan en él. Al hacer la confrontación del contenido de los Artículos anteriormente trascritos y lo que el Tribunal sentenciador sostiene en el libelo de su sentencia en el considerando DECIMO CUARTO (14): Constituyen hechos probados: l) OMAR JOSE CARIAS GARCIA inicio la relación laboral el 7 de abril del año 2003, último cargo desempeñado Coordinador de Proyectos, fecha de la terminación laboral 22 de febrero del año 2017, salario mensual devengado L 25,000.00 y FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor OMAR JOSE CARIAS GARCIA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- De lo anterior se evidencia el error manifiesto por falta de apreciación de la prueba singularizada pues como esta Honorable Corte Suprema de Justicia puede apreciarlo el ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), ahora SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS), tiene facultades para cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos y demás disposiciones relacionadas con la organización, dirección administración y funcionamiento de la Institución.- Al no ser atendido por el Tribunal sentenciador el Artículo 273 numeral 1 y 2 del Código de Procedimiento Civil, en relación con las demás disposiciones legales citadas y no aplicarla al caso concreto, desconoció en su fallo que los documentos públicos que se acompañaron a la contestación de la demanda prueban el hecho y el derecho que de ellos nace y negó el valor que la ley otorga a esta prueba, probando con estos que no existe la figura de despido indirecto ya que mi representada en aras de salvaguardar derechos constitucionales, realiza un traslado temporal que no afectaba el salario devengado ni la estabilidad laboral del actor de esta demanda protegiendo el derecho al trabajo estipulado en el artículo 127 de la Constitución de la Republica. El Contrato de servicios profesionales con el que se acredito que los contratos tienen fecha de inicio y fecha de finalización, por esa razón son considerados como contratos por tiempo determinado, ya que como se ha expresado anteriormente nunca ha existió despido, aunado a lo anterior no existe la figura de despido indirecto ya que mi representada en aras de salvaguardar derechos constitucionales, realiza un traslado temporal que no afectaba el salario devengado ni la estabilidad laboral del actor de esta demanda protegiendo el derecho al trabajo estipulado en el artículo 127 de la Constitución de la República, la acción denominada traslado temporal se realizó en base a la falta de responsabilidad y compromiso al cargo que ostentaba el demandante previo al traslado, mostrando en el desarrollo de sus funciones un comprobable bajo desempeño y bajo rendimiento y a pesar de que existieron causales para un despido legal y justificado este no fue considerado como opción en ningún momento. Por ende, el despido indirecto es una presunción ilusoria del actor de la demanda ya que en ningún momento presento reclamo administrativo o acción alguna ante autoridad competente para exigir el derecho que supuestamente mi representado le violento. Por lo tanto, lo expuesto por el demandante es improcedente en cuanto a la acción denominada despido Indirecto, en vista que este contaba con un contrato de servicios profesionales mismo que finalizaba en el mes de junio del año 2017 (ver folios del 36 al 38 del expediente de la primera pieza) y el demandante de manera impulsiva se dio por despedido en febrero del mismo año en virtud a lo anterior no le es aplicable la norma legal citada en el Código de Trabajo. Por ende, ésta omisión da lugar a la admisión del Recurso de casación fundado en la causa de: "Violación de ley sustantiva por vía directa que se produce a través del error de hecho como consecuencia de la falta de apreciación de la prueba documental antes singularizada”. Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral Contencioso, en la forma expuesta consideramos haber demostrado a ese Honorable Tribunal el error de hecho en que incurrió la Corte de Apelaciones del Trabajo en su sentencia de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintiuno, por falta de apreciación de la prueba documentos públicos que se presentaron”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada, el artículo 46 inciso b), no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) La violación directa de la ley, en este caso se señala que es por infracción directa o falta de aplicación, se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la cuestión debatida de la relación laboral por despido indirecto fue objeto de controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; c) Falta a la claridad y precisión requerida, ya que en su explicación alude La violación de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa se produce a través de error de hecho como consecuencia de la falta de apreciación o apreciación errónea de la prueba y a disposiciones no indicadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 268, 270 numeral 2, 273 numeral 1 y 2 del Código Procesal Civil, Artículos l, 5, 1346, 1348, del Código Civil, artículo 127 de la Constitución de la República; y, d) Formula alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. RAFAEL BUSTILLO ROMERO, FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes enero del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de noviembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 86-22.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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