Sentencia CL-70-22 — Registro 15395
Resumen
segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de un despido en caso contrario se proceda al pago en efectivo de reajuste del salario mínimo adeudado, prestaciones e indemnizaciones laborales a título de daños y perjuicios, salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: Que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación, sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, el Impetrante en su explicación no logra demostrar el error de hecho alegado e incurre en realizar alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintisiete días del mes de septiembre del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 9 de mayo del 2022, por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal de la empresa denominada TRANYCOP, S. A. DE C.V., como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JUAN FRANCISCO MONTIEL LOPEZ, representado en juicio por la Abogada LEILA DINORA HERNANDEZ SANDOVAL. OBJETO DEL PROCESO:Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de un despido en caso contrario se proceda al pago en efectivo de reajuste del salario mínimo adeudado, prestaciones e indemnizaciones laborales a título de daños y perjuicios, salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 11 de diciembre del 2018, por la Abogada LEILA DINORA HERNANDEZ SANDOVAL, como representante procesal del señor JUAN FRANCISCO MONTIEL LOPEZ, mayor de edad, casado, Motorista, de nacionalidad Nicaragüense, con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la empresa denominada TRANYCOP, S. A. DE C.V., a través de su representante legal el señor ROMEL OSWALDO HAWIT. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 24 de noviembre del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 14 de octubre del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Laboral promovida por la abogada LEILA DINORA HERNANDEZ SANDOVAL, quien actúa en su condición de apoderado legal del señor JUAN FRANCISCO MONTIEL LOPEZ, contra la empresa TRANSPORTE TRANYCOP S.A. DE C.V., a través de su Gerente General el señor RONMEL HAWIT, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: a la empresa TRANSPORTE TRANYCOP S.A. DE C.V., a través de su Gerente General el señor RONMEL HAWIT, a pagarle al trabajador demandante JUAN FRANCISCO MONTIEL LOPEZ, la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.92,744.89), los cuales se desglosan así: Preaviso L.24,739.80; Auxilio de Cesantía L.49,479.60; Auxilio de Cesantía proporcional L.11,339.08, Décimo tercer mes proporcional L.6,243.93, Décimo cuarto mes proporcional L.942.48; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme el presente fallo.- 3) DECLARA SIN LUGAR, EL DEFECTO PROCESAL DE PRESCRIPCION interpuesto por el apoderado demandado.- 4) DECLARA CON LUGAR EL INCIDENTE DE TACHAS interpuesto por la parte demandada.- 5) ORDENA QUE DEL MONTO DE LO CONDENADO sea deducida la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVO (L.45,174.51) cantidad que la demandada pago al demandante en concepto de anticipo de derechos laborales.- 6) SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, comenzó a laborar en la Empresa Transporte Tranycop, S. A. de C.V., el día 3 de septiembre del 2013, desempeñándose como Motorista, devengando un sueldo de L. 10,602.76; que el día 11 de julio del 2018, a eso de las 12:00 horas, venia de hacer un viaje de El Salvador, le llamaron por teléfono de la empresa para ir a sacar un contenedor cargado para llevarlo a Puerto Cortés, él dijo que no lo podía hacer porque andaba una placa extranjera y no podía hacer viajes internos porque le quitan la Licencia y expresó “no voy de mierda”; el despachador le tuvo ahí desde el día miércoles hasta el día sábado sin moverse, sin hacer nada, el día 14 de julio del 2018, le llamaron para que se presentara a la oficina del Jefe de Transporte y él le dijo “que quiere que hagamos con usted, usted trabaja por consideración porque su país está en guerra”, a lo que el demandante le contestó que con placa internacional no pueden hacer viajes internos en el país y el Jefe de Transporte le dijo que los que mandaban eran ellos, que entonces no iba a viajar interno, ni a El Salvador en ese momento, por lo que el demandante le dijo que lo liquidara y se iba tranquilo y su Jefe le dijo que no tenía derecho a reclamar nada, además le quería mandar de vacaciones y la parte actora le dijo que no tenía dinero, que si le iban dar los pasajes, al final le dieron 10 días de vacaciones; el día 30 de julio del 2018, que se presentó de vacaciones ya no le quisieron dar el camión y la Jefa de Recursos Humanos le dijo que no podía hacer nada por él porque era Nicaragüense, el Licenciado Ronmel Hawit con amenazas le que tenía al Ministerio del Trabajo comprado, le dieron un formato de una carta de renuncia con fecha 2 de agosto del 2018, diciéndole que copiara una parte de lo que decía y que la firmara, siendo así obligado a firmar su renuncia; asimismo, manifestó que se le encerró en un cuarto oscuro y con dos hombre armados se le obligó a firmar la renuncia, como lo establece el artículo 23 del Código del Trabajo, el trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su patrono, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas, por lo que considera injusto su despido.- 2. La parte demandada, la empresa denominada TRANYCOP, S.A. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que, es una empresa legalmente constituida, respetuosa de las leyes; el 3 de septiembre del 2013, inició una relación de trabajo con el demandante, contratado como Motorista, desempeñándose en dicha posición hasta el último día que laboró para la empresa, devengando un salario de L. 10,602.76; el 2 de agosto del 2018, el demandante se presentó a la oficina de la Gerente de Recursos Humanos, para decirle que ya no deseaba seguir laborando en la empresa, pues su familia se encontraba viviendo sola en Nicaragua y le preocupaba mucho la crisis que afectaba dicho país para esas fechas, tal preocupación le motivó a poner su renuncia, ante una posición ya evidentemente irrevocable, procedió a través de los respectivos departamentos a procesar esa renuncia para honrarle los derechos generados por dicha terminación unilateral, todos los derechos le fueron cancelados dispensándole incluso la deducción establecida en el artículo 118 del Código de Trabajo, la que procedía al no haberse dado el preaviso conforme a ley, después de haber cumplido con el pago de los derechos adquiridos y salarios pendientes, le entregó como mera liberalidad una bonificación por la suma de L. 20,000.00; el 2 de agosto del 2018, aceptó la renuncia, posteriormente procedió a procesar el pago de los derechos adquiridos, incluyendo también los días pendientes de pago, producto de ello se emitieron 2 cheques, el número 31226 para el pago de los derechos adquiridos y el número 31227 para el pago de los días laborados pendientes, ambos cheques le fueron entregados a quien demanda el día 4 de agosto del 2018, para ello tuvo que presentarse personalmente a las instalaciones de la empresa con el propósito de recibir sus derechos y firmar el respectivo finiquito de solvencia; el cheque 31226, por la suma de L. 20,407.36, fue cobrado en fecha 7 de agosto del 2018, desconociendo en qué fecha cobró el cheque 31227; además de pagarle los derechos adquiridos y los días laborados, el representante legal de la empresa autorizó se le entregara al demandante una bonificación por mera liberalidad de L. 20,000.00, con ese propósito el 16 de agosto del 2018, se ordenó la emisión de un cheque para el pago de ese concepto, librándose el cheque número 31565, en fecha 23 de agosto del 2018, mismo que fue depositado a favor del demandante el 27 de agosto del 2018; expresa que le sorprenden las actuaciones y las aseveraciones que el demandante ha expresado en el contexto de su demanda, sobre todo lo expresado en el hecho segundo del acápite de los hechos y omisiones de la demanda, pues nada de lo allí establecido es cierto y ni siquiera hay una concordancia lógica entre lo expuesto y el artículo 23 del Código de Trabajo; no sabe a qué despido se refiere la parte actora pues no se explica o se alude al mismo en ninguno de los dos hechos que conforman la demanda, lo cierto es que el demandante le puso fin de forma unilateral a la posición que como Motorista venía desempeñando, mediante la renuncia de fecha 2 de agosto del 2018, en ningún momento el actor fue obligado a renunciar.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 14 de octubre del 2021, dictó sentencia misma que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Laboral promovida por la abogada LEILA DINORA HERNANDEZ SANDOVAL, quien actúa en su condición de apoderado legal del señor JUAN FRANCISCO MONTIEL LOPEZ, contra la empresa TRANSPORTE TRANYCOP S.A. DE C.V., a través de su Gerente General el señor RONMEL HAWIT, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: a la empresa TRANSPORTE TRANYCOP S.A. DE C.V., a través de su Gerente General el señor RONMEL HAWIT, a pagarle al trabajador demandante JUAN FRANCISCO MONTIEL LOPEZ, la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.92,744.89), los cuales se desglosan así: Preaviso L.24,739.80; Auxilio de Cesantía L.49,479.60; Auxilio de Cesantía proporcional L.11,339.08, Décimo tercer mes proporcional L.6,243.93, Décimo cuarto mes proporcional L.942.48; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme el presente fallo.- 3) DECLARA SIN LUGAR, EL DEFECTO PROCESAL DE PRESCRIPCION interpuesto por el apoderado demandado.- 4) DECLARA CON LUGAR EL INCIDENTE DE TACHAS interpuesto por la parte demandada.- 5) ORDENA QUE DEL MONTO DE LO CONDENADO sea deducida la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVO (L.45,174.51) cantidad que la demandada pago al demandante en concepto de anticipo de derechos laborales.- 6) SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, de la revisión de los hechos y derecho del proceso, así como la valoración de los medios de prueba allegados en tiempo concluye que la nota de renuncia presentada por el demandante no tiene valor porque tiene un vicio en el consentimiento, es decir, no fue un acto voluntario del trabajador renunciar sino que fue inducido u obligado hacerlo mediante amenazas, prueba de ello es que el demandante fue a interponer una denuncia al centro de Recepción de denuncia, en la Secretaría de Seguridad DPI, razón por la cual es procedente condenar a la empresa demandada a pagar los derecho que le corresponde por despido injusto; llevan a este convencimiento las circunstancias siguientes, la renuncia es la dejación espontánea y libre de algún bien o derecho por parte de su titular no puede pues un acto sugerido, inducido ni mucho menos provocado o compelido por persona distinta de su actor; si bien es cierto el demandante se negó hacer un viaje que le ordenaba la demandada, contestándole a su jefe con palabras soeces, mandándole de vacaciones, a su regreso el Gerente de la empresa pidió hablar con él, ejercieron su poder jerárquico, llegando con sus amenazas hasta inducirlo a renunciar a su empleo, prueba de ello es que el demandante fue a interponer una denuncia al centro de Recepción de denuncia, en la Secretaría de Seguridad DPI, distinto hubiese sido que el trabajador voluntariamente hubiera renunciado y no tiene lógica que si la renuncia se presentara a la DPI a interponer una denuncia, por lo que no queda duda que la renuncia no obedece a la voluntad que tenía el trabajador de retirarse de su trabajo; la renuncia emitida bajo las circunstancias en que la otorgó el demandante no se puede decir que fue redactada a su libre albedrío, no hubo espontaneidad requisito esencial en la dimisión, sino una especie de orden que el empleador le imparte al subalterno suyo para que se retire del servicio, ya que de la propia declaración de la Jefa de Recursos Humanos, dijo que ella le proporcionó un formato para que redactara la renuncia; la renuncia, perdida o insinuada en los términos de su presentación por aquel que debe resolver sobre ella, no es renuncia verdadera sino apariencia simple de dimisión que, por consiguiente, no es equiparable jurídicamente a un retiro voluntario del servicio por parte del empleado cuando se trata de esclarecer las circunstancias en que feneció un contrato de trabajo; dentro de las pretensiones del demandante se encuentra el reajuste al salario mínimo, en virtud que devengaba cantidad inferior al salario mínimo vigente, que consta de autos que el demandante devengaba un salario mensual de L.10,602.76 y el salario mínimo vigente según la actividad que desempeñaba el demandante, la cual está comprendida en Servicios comunales de seguridad y limpieza, el vigente al año 2018, era de L.10,602.76, por lo que quedó acreditado que devengaba el salario mínimo establecido por la ley, razón por la cual no procede el reajuste solicitado; también reclama el pago de horas extras pero este no establece que días y horas laboró, razón por lo cual no es procedente condenar a la demandada a pagar dicho concepto; la parte demandada interpuso el defecto Procesal de Prescripción, fundamentándose que la única actuación que realizó el demandante ante las autoridades del trabajo fue en fecha 26 de octubre del 2018 y fue interpuesta en dicho tribunal el 11 de diciembre del 2018 y fue admitida hasta su subsanación el 24 de mayo del año 2019, dejando transcurrir los dos meses contados a partir de la terminación del contrato; en relación al defecto de prescripción lo declara sin lugar, en virtud que el artículo 868 del Código del Trabajo establece que el término de prescripción se interrumpe por demanda o gestión ante la autoridad competente y consta de autos que la apoderada legal del demandante interpuso la demanda ante este tribunal en fecha 11 de diciembre del año 2018, que si bien la demanda fue admitida por este tribunal en fecha 24 de mayo del año 2019, ya que en fecha 13 de diciembre mediante providencia se mandó a subsanar, pero eso no quiere decir que fue presentada en forma extemporánea, ya que desde el momento que es presentada ante este Tribunal se interrumpe el término de prescripción tal como lo establece la norma legal aplicable en materia de trabajo; la parte demandada interpuso incidente de tachas contra el testigo José René Molina Baca, por aducir que el testigo tiene un marcado interés a favor del demandante, por lo que su declaración carece de objetividad, en relación a dicho incidente, es procedente declararlo con lugar, en virtud que el testigo nominado declaró ante el tribunal que le gustaría que el amigo ganara porque eran vecinos, por lo que su declaración no sería parcial, abonado a ello, son vecinos no compañeros de trabajo y los conocimientos del caso es porque su amigo se los contó, no le constan personalmente; en vista que la empresa demandada acreditó en autos haberle pagado al demandante la cantidad de L. 25,174.51, en concepto de derechos adquiridos y L.20,000.00, en concepto de bonificación, ordena que del monto de lo condenado le sean deducida dichas cantidades, por lo que se tomara como abono de prestaciones.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 24 de noviembre del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas. Bajo el criterio que, en el escrito de la demanda se afirmó la existencia de actos previos a la renuncia, como el incidente ocurrido el 11 de julio del 2018, en el que se dice que el actor se negó a realizar un viaje interno por andar placa o matrícula extranjera, ya que por ello no puede hacer viajes internos, a raíz de ello, el despachador lo tuvo hasta el sábado sin moverlo, sin hacer nada, que se le dijo que los que mandaban eran ellos, que entonces no iba a viajar interno ni a El Salvador; el Jefe de Transporte lo quería mandar de vacaciones y le dijo que no tenía dinero que si él le iba a dar los pasajes y al final le dieron 10 días de vacaciones; aseveraciones que la demandada estaba obligada a revertir con prueba idónea, mas no lo hizo así, pues no demostró en juicio que en ese tiempo le asignó tareas al accionante o que habían motivos justificados para que no realizara las actividades para las que fue contratado; tampoco existe prueba respecto a que el automotor asignado al demandante estaba autorizado para realizar viajes internos según los convenios de integración suscritos al tenor de los artículos 25 y 26 de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras; obrando en el juicio únicamente el documento de solicitud de vacaciones que corrobora que en efecto el actor tuvo vacaciones del 18 al 28 de julio del 2018, presentándose a laborar el 30 de ese mes y año, lo que coincide con los dichos del accionante; si bien es cierto, obran documentos que demuestran la existencia de un cálculo de prestaciones, un título valor por pago de derechos adquiridos y un finiquito de solvencia firmado por el demandante, también lo es que la carta de renuncia firmada por el actor se realizó conforme un formato proporcionado por la Gerente de Recursos Humanos de la empresa demandada y constan en el proceso varias actuaciones realizadas por el demandante el día 7 de agosto del 2018, tendientes a demostrar que el acto de la renuncia no fue libre ni espontáneo; con ello se evidencia la existencia de hechos anteriores, coetáneos y posteriores al acto de renuncia que conforme el principio protectorio que rige en esta materia favorecen al trabajador demandante; si bien es cierto, la demandada otorgó un bono que dice haberlo hecho por mera liberalidad, éste lo efectuó hasta el 27 de agosto del 2018, es decir, 25 días después de que se produjo el cese laboral y 23 días después de que se firmara el finiquito de solvencia por el pago de derechos adquiridos, sin demostrar que es costumbre de la empresa otorgar bonificaciones ante una renuncia voluntaria de los trabajadores o cualquier otra razón particular que le llevara a tomar dicha decisión, de manera que revirtiera lo aseverado en el interrogatorio de parte por el demandante, quien sostuvo que se lo dieron para que se quedara callado; en base a lo antes expuesto, estima procedente confirmar la parte dispositiva del fallo impugnado, sin que con ello se vulneren los derechos de la accionada, ya que en esta materia únicamente se juzga la conducta de índole laboral confrontada con el haz probatorio aportado al juicio.- 5. Mediante auto de fecha 22 de febrero del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal de la empresa TRANYCOP, S. A. DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 9 de mayo del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 9 de mayo del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 17 de agosto del 2022, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la Abogada LEILA DINORA HERNANDEZ SANDOVAL, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para contestar la demanda de casación; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello, este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional en infracción indirecta proveniente de la apreciación errónea de la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandada relacionada con las denuncia interpuesta ante el Centro de Recepción de Denuncias de la DPI, de fecha 7 de agosto del 2018, visible a folio 43 de la primera pieza de autos, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación del párrafo primero del Artículo 113 del Código del Trabajo.- REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, incurrió en error de hecho al apreciar erróneamente el medio probatorio documental admitido a la parte demandada, visible a folio 43 de la primera pieza.- La Corte Sentenciadora, al emitir el fallo recurrido y entre otras circunstancias, en los hechos que da por probados (ordinario iii) establece entre otros, que "la abogada Leila Dinora Hernández Sandoval, representante procesal, presento denuncia ante la DPI (folio: 43 pp)"; Al tener por probado lo anterior, le da una valoración probatoria a ese documento en particular, que le permite hacer suyo el criterio esgrimido por el Juzgado de Letras del Trabajo en el hecho probado tres 3), con el cual dicho Juzgado da por aceptado que el demandante fue amenazado por representantes de la empresa para que renunciara, extremo que le permitió a la Juzgadora de Primera Instancia (en el hecho segundo de los fundamentos de derecho), aseverar que la nota de renuncia del demandante no tiene valor en las presentes diligencias porque tiene un vicio en el consentimiento, situación que comparte la Corte Sentenciadora.- Siendo lo anterior en consideración del suscrito violatorio de la norma constitucional desarrollada en el Artículo 89 de la Constitución de la República, que dispone que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.- De dicha prueba documental, la Corte Sentenciadora, debió apreciar correctamente que del texto de la misma se desprende que los hechos de la supuesta amenaza acontecieron el 30 de julio del 2018, tres (3) días antes de que el demandante libre y sin coacción alguna, redactara y firmara de su puno y letra su renuncia, por lo que no tiene lógica alguna que el demandante, después de haber sido amenazado, hubiese tenido el costo de volver a la empresa tres (3) días después para presentar su renuncia y participar posteriormente en todo el proceso de su liquidación como empleado, consecuentemente, se le debe dar todo el valor que merece la terminación unilateral visible a folio 134 de la primera pieza exonerando a la empresa del pago establecido en el Artículo 113 del Código de Trabajo.- El no hacerlo deja sumida a mi poderdante en un caso funesto, por cuanto implica que un trabajador renuncia y se arrepiente luego del pasivo que dejado a lado, bastara entonces con presentar una denuncia que fue amenazado obligado renunciar para obtener un injusto pago de prestaciones indemnizaciones laborales”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: Que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación, sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, el Impetrante en su explicación no logra demostrar el error de hecho alegado e incurre en realizar alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes octubre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 70-22.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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