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Sentencia CL-672-19 — Registro 15189

Resumen

Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia para el pago de las prestaciones por despido directo e injusto, pago de reajuste de salario mínimo, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, pago de salarios dejados de percibir, extra y ultra petita

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) El precepto autorizante no corresponde al tipo de violación alegada; c) Incluye el señalamiento de normas procesales que sirvieron de medio, lo cual no es compatible con el tipo de infracción alegada, ya que las mismas son propias de las causales derivadas de la violación indirecta de la ley; y, d) Formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede al igual que el anterior no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) El precepto autorizante no corresponde al tipo de violación alegada; c) Incluye el señalamiento de normas procesales que sirvieron de medio, lo cual no es compatible con el tipo de infracción alegada, ya que las mismas son propias de las causales derivadas de la violación indirecta de la ley; y, d) Formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.- VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve días del mes de agosto del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 10 de mayo del 2021, por la Abogada ELDA LIZETH MARTINEZ VARELA, en su condición de representante procesal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, DEPARTAMENTO DE CORTES, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora SONIA ELIZABETH ALVARADO RIVERA, representada en juicio por el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUITERREZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia para el pago de las prestaciones por despido directo e injusto, pago de reajuste de salario mínimo, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, pago de salarios dejados de percibir, extra y ultra petita, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 14 de junio del 2018, por la señora SONIA ELIZABETH ALVARADO RIVERA, mayor de edad, soltera, Ama de Casa, hondureña, con domicilio en Potrerillos, Departamento de Cortes, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, y contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, DEPARTAMENTO DE CORTES. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de noviembre del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 18 de septiembre del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Laboral promovida por la señora SONIA ELIZABETH ALVARADO RIVERA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actos de la Secretaria de Educación, representado por la señora Procuradora General de la República LIDIA ESTELA CARDONA, y contra la MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, departamento de Cortés, representada legalmente por la señora JUANA ARACELY PAVÓN ALCERRO; todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: al ESTADO DE HONDURAS, por actos de la Secretaria de Educación, representado por la señora Procuradora General de la República LIDIA ESTELA CARDONA, y a la MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, departamento de Cortés, representada legalmente por la señora JUANA ARACELY PAVÓN ALCERRO a pagar a la trabajadora demandante SONIA ELIZABETH ALVARADO RIVERA, la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (L. 245,559.53) los cuales se desglosan así:, Preaviso L.19,184.08, Auxilio de Cesantía L.86,328.38; auxilio de cesantía proporcional L.8,766.06, Vacaciones proporcionales L.5,009.18, Décimo cuarto mes proporcional L.4,110.88; reajuste de salario mínimo L. 122,160.96, Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme el presente fallo.- 3) DECLARA SIN LUGAR DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE CAPACIDAD, REPRESENTACIÓN O POSTULACIÓN EN EL DEMANDADO INTERPUESTA POR LA APODERADA LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS.- 4) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que fue contratada por la Municipalidad de Potrerillos, mediante contrato verbal y por tiempo indefinido en fecha 1 de febrero del 2008, para desempeñar la posición de Niñera del Centro Pre Básico José Cecilio del Valle de la comunidad de Potrerillos, todo ello en virtud de un convenio de asistencia que dicha Corporación Municipal ha suscrito con la Secretaría de Educación, habiéndose pactado un salario por la cantidad de L.3,000.00 pagadero quincenalmente mediante cheques emitidos por la Municipalidad de Potrerillos, dirigidos al Director del Centro Educativo, su Jefe inmediato quien lo endosaba para poder cobrarlo en la Tesorería Municipal, por lo que no se le cancelaba el salario mínimo establecido por el Gobierno de la República y constituía un burdo invento para intentar disfrazar y maquillar una relación laboral por tiempo indefinido, sin embargo por la necesidad de trabajar se vio obligaba a laborar en esas deplorables condiciones en forma permanente y continua en actividades también permanentes y continuas en favor del centro educativo mantuvo dependiente de la Secretaría de Educación, laborando durante la vigencia de la relación laboral durante el año lectivo; desde tiempos de la administración edilicia del ex Alcalde de Potrerillos, dicha Corporación Municipal ha colaborado con la Dirección Distrital de Educación en aras de otorgar subsidios para la contratación de niñeras, maestros, aseadoras y vigilantes en beneficio de Jardines de Niños y escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación de la República de Honduras entre las que se encontraba, habiendo sido contratada verbalmente por la Municipalidad de Potrerillos, para desempeñar la función de niñera del centro educativo señalado en el numeral anterior, habiéndosele asignado funciones misceláneas como ser atención personalizada a los niños de los centros educativos siendo responsables del aseo de los menores que recibieran sus alimentos a sus horas determinadas, llevarlos a comprar a la tienda de la escuela y traerlos de regreso al aula, cuidar que no se golpearan en los recreos, cuidar a los menores en casos de ausencia de las maestras, entregarlos a sus familiares al término de sus actividades o en su caso llevarlos a sus casas de habitación, actividades que realizaban con un horario de 7:00 a.m. 12:00 p.m. de lunes a viernes, a excepción de los días en que se programaban actividades, la hora de salida era a la 1:00 p.m., durante el periodo correspondiente al año lectivo empezando de la primera semana del mes de febrero hasta la segunda semana del mes de noviembre de cada año, teniendo como última actividad del año, colaborar con los actos de clausura escolar, posteriormente la Municipalidad suscribió con la Secretaría de Educación Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Potrerillos Cortés y la Dirección Distrital de Educación No. 5 de Potrerillos, Departamento de Cortés, mediante la cual en su cláusula tercera numeral 2) la municipalidad se compromete en: “autorizar el otorgamiento de un subsidio económico para algunos centros educativos para el mejor funcionamiento de los mismos, para que puedan dar ayudas humanitarias a personal de limpieza y vigilancia de los mismos, dicho subsidio será otorgado en forma de cheque a nombre del Director Distrital de Educación” convenio firmado en fecha 15 de enero del dos mil dieciséis y con vigencia hasta el 23 de enero del 2018, por lo cual durante la vigencia de la relación laboral recibía el pago de sus salarios mediante cheques endosados por los Directores de los centros de educación, los cuales eran cancelados en efectivo en la tesorería de la Municipalidad de Potrerillos, modalidad de contratación, que a todas luces busca disfrazar o maquillar una relación laboral de trabajo por tiempo indefinido y evadir el pago de sus derechos laborales por cuanto fue contratada aún antes de la firma de dicho convenio en actividades permanentes y continuas dependientes del calendario académico de los referidos centros educativos;

en fecha 1 de febrero del 2018, hizo acto de presencia a su centro educativo habiendo sido informada por la Directora que ya no continuaría laborando, por cuanto la nueva administración de la Municipalidad de Potrerillos, Departamento de Cortés, les comunicó que no les seguiría suministrando el subsidio para el pago de sueldos y salarios de las niñeras, habiendo quedado de este modo despedida verbalmente, despido ordenado por la señora Alcaldesa y notificado por los Directores de los Centros Educativos y sin causa justificada, por cuanto tanto la actividad de los centros educativos es permanente y continua así como también es permanente y continua la relación de trabajo vinculante por cuanto existen personas contratadas en su sustitución, por lo que al verse despedida acudió en demanda de auxilio a la Secretaría Regional del Trabajo de la ciudad de Villanueva, habiéndose personado la Inspectora del Trabajo, levantando Acta Laboral en fecha 14 de marzo del 2018, a efecto de constatar su situación laboral, ya que se presentó a su centro de trabajo y encontró a otra persona en su puesto de trabajo, extremo que la señora Alcaldesa no negó, admitiendo que si existe un convenio entre la Municipalidad de Potrerillos y la Distrital de Educación para ayuda humanitaria, negando la existencia de contratos de trabajo y alegando no haberse emitido ningún nuevo convenio; mediante acta laboral de fecha 12 de febrero del 2018, se levantó ampliación del acta laboral a requerimiento de un grupo de niñeras despedidas en la cual se tomó declaración a un auditor, quien declaró que si hay panillas y que los pagos de salarios de la demandante se hace a través de los recibos que las demandantes presentan en Tesorería Municipal, negándose a reintegrar a las trabajadoras, ni tampoco cancelarles sus prestaciones, pese a saber que todas las demandantes fueron contratadas desde mucho antes de la firma del convenio suscrito con la Distrital de Educación; al momento de ser injustamente despedida por la Municipalidad de Potrerillos, procuró por todos los medios resolver su situación laboral en su favor, sin embargo, todo fue en vano, por cuanto la Alcaldesa Municipal manifestó en todo momento, que no era empleada, que su problema era culpa de la anterior administración y que era el Alcalde anterior quien debió haberle cancelado sus derechos, por lo que en aras de solucionar el conflicto laboral acudió ante la Secretaría del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, en reclamo de sus derechos, entidad que en fecha 16 de abril del 2018, convocó al patrono a una audiencia de conciliación, la cual se celebró pero no existió ánimo conciliatorio de la parte patronal, razón por la cual se decretó el cierre de las diligencias administrativas, gubernativas conciliatorias, dándose por agotado el procedimiento gubernativo y dejando expedita la vía judicial ordinaria para el reclamo de sus prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales; el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Educación como la Municipalidad de Potrerillos, Cortés, son responsables solidarios de sus derechos laborales tal y como lo establece el Código del Trabajo vigente en su artículo 7, no habiendo en ningún momento comparecido el representante de la Secretaría de Educación, a la audiencia de conciliación celebrada en la Secretaría del Trabajo de San Pedro Sula, pese haber sido citado con antelación suficiente lo que demuestra la negativa reiterada de las demandadas a resolver el presente conflicto en forma amistosa, reafirmando que el despido del que fue víctima es injusto e ilegal, por lo cual comparece reclamando el pago de sus derechos.- 2. La parte demandada, la ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, DEPARTAMENTO DE CORTES, contestó dicha demanda señalando que únicamente cumplía con una obra social, denominada subsidio comunitario y colaborar socialmente con la comunidad, en donde se describe como Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Potrerillos, Cortés y la Dirección Distrital de Educación No. 5 de Potrerillos, Cortés, establecido por el Decreto 143-2009 reformado, para ayudar dando subsidios de ayuda a las instituciones sociales de la comunidad como ser cruz roja, centros de salud, centros educativos, las que nunca se impone a quien deben de ayudar, cada institución, plantea sus necesidades y las desarrolla para prestar un mejor servicio social y comunitario, toda ayuda es dada por solicitud de quien lo necesita y va ejecutar una obra o las necesidades primordiales que la Institución tiene a bien solicitar por medio de notas por escrito y se resuelve de acuerdo a las instancias que la Corporación Municipal tiene establecido en el proceso que la misma ley otorga, para cada función de ayuda a ejecutar para mejoramiento de la comunidad y sus comunitarios, la ayuda que solicita cada Institución Pública que se desarrolla en la comunidad; para que un hecho sea real se tiene que demostrar con pruebas fehacientemente y si bien lo que plantean es que siempre la Municipalidad de Potrerillos, del Departamento de Cortés, ayuda no solo a una institución que se encuentra en la comunidad, para que esta tenga un mejor desarrollo, en todos los aspectos y en especial en educación, salud, protección ciudadana, porque es una ciudad en vía de desarrollo comunitario y que lo que dice la demandante que la municipalidad la contrato, no es cierto, lo que en algunas ocasiones lo que llegan a pedir es alguna recomendación, pero se ignora en que se diera una contratación de tal magnitud, porque lo que se dona o se prestaba ayuda comunitaria es a través de una solicitud exclusiva para la dependencia peticionaria y no como pago a la demandante, porque toda institución gubernamental se rige por Leyes, estatutos y lo que en su defecto lo que regula el Tribunal Superior de Cuentas y de no cumplir con todas las normas existiría un reparado por ese organismo gubernamental y en su defecto demandado a los Administradores de las Alcaldías anteriores por violación de los deberes de los funcionarios públicos; la Municipalidad no podía seguir ayudando a las Instituciones que estaban en el Convenio de Cooperación al sector educación, en vista que ya había caducado y finalizado su vigencia, por ende la violación a un deber es penalizado, no puede un Funcionario Público violentar sus obligaciones y deberes para el cual fue nominado o elegido, mucho menos tener que ver con un reclamo que presenta alguien que no es empleada municipal y ni tan siquiera llega a ser solidaria de ningún hecho violatorio a la ley laboral; asimismo, EL ESTADO DE HONDURAS contestó la demanda argumentando no constarle que la demandante fue contratada por la Municipalidad de Potrerillos, Departamento de Cortés, o que fue asignada por la Alcaldesa Municipal para desempeñar la posición de Niñera de Centro Prebásico José Cecilio del Valle, perteneciente a la Secretaría de Educación; será la demandante la que deberá probar dicha relación en la secuela del juicio y además deja claro que el Estado de Honduras, no tiene ni ha tenido relación laboral con la demandante, por lo que no está obligado a cumplir tales exigencias de prestaciones y otros beneficios exigidos solidariamente, pues no fue él quien la contrató; además dijo que no se debió demandar solidariamente al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, ya que ésta no tiene vínculo laboral con ellas, ni por Contrato, Jornal, o Acuerdo; rechaza que la demandante fue despedida por parte de la Municipalidad de Potrerillos, Departamento de Cortés, por no constarle dichas afirmaciones; que si la representante de la Municipalidad no compareció a la audiencia de conciliación es asunto que solo a ellos les compete dilucidar, en tal sentido, si esas acciones ocurrieron, no le acarrea ninguna responsabilidad; siendo que la demandante no tiene, ni ha tenido vínculo laboral alguno con él, no está obligado a cumplir tales exigencias de prestaciones y otros beneficios que exigen, pues no le asiste el derecho que pretenden y será en el momento procesal oportuno que deberá probarlo en juicio; además rechaza no haberse presentado ante las Oficinas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, por no ostentar la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, facultades ni autorización para aceptar obligaciones de derechos subjetivos inexistentes por cuanto es improcedente el reclamo y el mismo debe declararse sin lugar al no asistirles el derecho a la petición formulada al efecto.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 18 de septiembre del 2019, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Laboral promovida por la señora SONIA ELIZABETH ALVARADO RIVERA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actos de la Secretaria de Educación, representado por la señora Procuradora General de la República LIDIA ESTELA CARDONA, y contra la MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, departamento de Cortés, representada legalmente por la señora JUANA ARACELY PAVÓN ALCERRO; todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: al ESTADO DE HONDURAS, por actos de la Secretaria de Educación, representado por la señora Procuradora General de la República LIDIA ESTELA CARDONA, y a la MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, departamento de Cortés, representada legalmente por la señora JUANA ARACELY PAVÓN ALCERRO a pagar a la trabajadora demandante SONIA ELIZABETH ALVARADO RIVERA, la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (L. 245,559.53) los cuales se desglosan así:, Preaviso L.19,184.08, Auxilio de Cesantía L.86,328.38; auxilio de cesantía proporcional L.8,766.06, Vacaciones proporcionales L.5,009.18, Décimo cuarto mes proporcional L.4,110.88; reajuste de salario mínimo L. 122,160.96, Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme el presente fallo.- 3) DECLARA SIN LUGAR DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE CAPACIDAD, REPRESENTACIÓN O POSTULACIÓN EN EL DEMANDADO INTERPUESTA POR LA APODERADA LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS.- 4) SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que de las pruebas aportadas al proceso quedó acreditado que la demandante prestaba sus servicios como Aseadora en la Escuela José Cecilio del Valle, su labor era desempañada en dicho Centro Educativo que pertenece al Estado de Honduras, por actos de la Secretaría de Educación; quien pagaba el salario de la demandante era la Municipalidad de Potrerillos, Departamento de Cortés y siendo el Estado de Honduras, por actos de la Secretaría de Educación, beneficiaria de la laboral que desempeñaban la demandante y habiéndose estableciéndose los requisitos que establece el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que la demandante realizaban su actividad de forma personal, había subordinación porque tenía que cumplir con las instrucciones dadas por el Director del Centro Educativo y tenía un salario pagado en forma quincenal, por parte de la Municipalidad de Potrerillos se establece que entre las partes existía relación de trabajo, aunque no haya sido mediante Acuerdo emitido por la Secretaría de Educación, ni por la Municipalidad de Potrerillos, Departamento de Cortés, pero ambas demandadas reconocen que existía un Convenio de Corporación entre la Municipalidad de Potrerillos y al Distrital de Educación; la demandante acreditó la relación laboral y al estar acreditada correspondía a las demandadas acreditar la justa causa que tuvieron para poner fin a la relación laboral y no lo hicieron, razón por la cual procede declarar con lugar la demanda de mérito; en vista que las demandadas no acreditaron en juicio la fecha de inicio de la relación laboral, ya que únicamente aportaron prueba a establecer que desempañaba su labor como Aseadora en el Centro Educativo José Cecilio del Valle, así como el salario que le pagaban por la cantidad de L. 1,500.00 quincenales, por lo que en aplicación a lo que dispone el artículo 30 del Código del Trabajo, tomara como cierto lo alegado por la demandante en cuanto a la fecha de inicio de la relación laboral, la cual se tomara que inició en fecha 1 de febrero del año 2008; dentro de las pretensiones de la demandante se reclaman el reajuste del salario mínimo, en virtud que devengaba cantidad inferior al salario mínimo vigente, que consta de autos que las demandantes devengaban la cantidad de L. 3,000.00 mensuales y siendo que a la fecha que laboraba la demandante, el salario mínimo vigente para la actividad que desempeñaba la demandante, a la fecha del despido, era de L. 8221.75, en consecuencia procede condenar a pagar a la demandada el reajuste del salario mínimo, ya que la ley presume que nadie puede devengar un salario inferior a este; la apoderada legal del Estado de Honduras interpuso el Defecto Procesal de falta de capacidad, representación o postulación en el demandado en virtud de que la demandante no fue contratada por el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, pero declara sin lugar dicho defecto procesal, en virtud que si bien es cierto la demandante no fue contratada por Estado de Honduras a través de la Secretaría de Educación, pero la labor que desempeñaba era para una de las instituciones de la Secretaría de Educación, desempeñándose como Aseadora del Centro Educativo José Cecilio del Valle, en Potrerillos, Departamento de Cortés, por lo tanto era la que se beneficiaba de la labor que desempeñaba la demandante, además existe el convenio entre la Corporación Municipal y la Distrital de Educación con lo que queda acreditada la relación patronal.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 12 de noviembre del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas. Bajo el criterio que al definirse el Contrato Individual de Trabajo en el artículo 19 del Código del Trabajo, el legislador consideró la ejecución del servicio personal remunerado efectuado por una persona en beneficio de otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación mediante una remuneración, para la configuración de éstos elementos en un juicio, se

requiere en principio que en la actuación procesal esté demostrada la actividad personal del trabajador a favor de la demandada, en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que elemento característico y diferenciador de toda relación de carácter laboral, a la patronal corresponde probar que dicha actividad no se realizó en su beneficio o se efectuó de forma autónoma o con libertad cuando se encuentra evidenciada esa prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal prevista en el artículo 21 del Código del Trabajo, que consagra: “se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo” lo anterior significa que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal en beneficio de la accionada, para que se presuma el contrato de trabajo, circunstancia ésta que así aparece acreditada en el proceso con la prueba incorporada al mismo en donde consta que realizaba funciones de Niñera en el Centro Pre Básico José Cecilio del Valle, ubicado en la comunidad de Potrerillos desde el 1 de febrero del 2008, institución que recibía el subsidio que el Estado de Honduras asigna a las Municipalidades para efecto de mejorar el nivel de escolaridad de la población hondureña a través de una mayor calidad, eficiencia y equidad de la educación en los niveles pre básico, básico y medio, institución que sin duda alguna se beneficiaba de la labor ejecutada por la demandante; su salario se efectuaba con fondos entregados por la Municipalidad demandada y que provenían de transferencias del Gobierno central, de ahí que concurren los elementos del Contrato de Trabajo conforme lo establece el artículo 20 del mismo cuerpo de Leyes, el origen de las remuneraciones es una circunstancia que no atañe al trabajador pues éste no deja de serlo porque su salario haya sido pagado con fondos subsidiados, pues lo cierto es que la labor desarrollada benefició la institución educativa dependiente de la Secretaría de Educación y la remuneración la efectuaba la Municipalidad demandada. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación número 569-16 sostuvo que: “el articulo 7 reformado del Código de Trabajo con el carácter tutelador del derecho laboral persigue proteger los derechos de los trabajadores y que se cumplan las obligaciones responsabilidades derivadas de cualesquiera de las figuras, ya fuere mediante la intermediación o como contratistas, para que la solidaridad que dispone la norma, sea con uno u otro que se dirija la acción, tenga sentido y efecto en el cumplimiento de dichos derechos u obligaciones” de ahí que indistintamente la forma en que se dirigió la acción, la responsabilidad de las demandadas resulta por la forma en que se configuró el nexo jurídico laboral, en donde ambas tuvieron participación, por lo que la terminación del Contrato de Trabajo sin causa de justificación, trae consigo la obligación del pago de los derechos económicos solicitados al tenor de los artículos 30 y 113 del Código del Trabajo, que incluye tanto las prestaciones, salarios dejados de percibir, reajuste al salario mínimo, en los valores impetrados al estar probado que la actora devengaba un salario inferior al mínimo legal y que no consta el pago de los conceptos de derechos irrenunciables.- 5. Mediante auto de fecha 6 de marzo del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por la Abogada ELDA LIZETH MARTINEZ VARELA, en su condición de representante procesal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, DEPARTAMENTO DE CORTES, y la Abogada NOHEMY JANETH TURCIOS GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada una de las Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) A la apoderada demandada 1), dicho término le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución; y, b) A la representante procesal de la parte demandada 2), a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior.- 6. En fecha 10 de mayo del 2021, compareció ante este Tribunal la Abogada ELDA LIZETH MARTINEZ VARELA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 10 de mayo del 2021, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación y confiriendo traslado a la Abogada NOHEMY JANETH TURCIOS GARCIA, por el término de 20 días para que formule su demanda de casación, sin que hiciera uso del término concedido, por lo que mediante providencia de fecha 5 de enero del 2022, se declaró desierto su recurso de casación y mediante providencia de fecha 14 de febrero del 2022, se confirió traslado al Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUITERREZ, por el plazo de 10 días a fin que conteste el recurso de casación interpuesto; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 31 de mayo del 2022, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para contestar el recurso; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello, este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que la Abogada ELDA LIZETH MARTINEZ VARELA, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia de: ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa de los artículos 116 y 120 del Código del Trabajo, por error de hecho derivado de la aplicación indebida, del artículo 738 y 739, mediante la interpretación errónea de medio de prueba documental contenida a folios siete y ocho (7 y 8) de la primera pieza de autos, folios 247 vuelto y 249 de la sentencia de primera instancia; folio 2 de la segunda Pieza sentencia de segunda Instancia; que interpreta el medio de prueba Documental Publica, Acta de fecha 14 de marzo de 2018, en relación a las demás prueba en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos, en su relación con los artículos 727 del Código del trabajo, que contiene y mantiene la fuente del principio "in dubio pro operario"; ya que es claro que en la Sentencia Recurrida el Tribunal casado incurre en error in judicando. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La norma sustantiva violada es el artículo 16 y 120 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procésales que sirvieron de medio para la violación de la Norma Sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo; por apreciación errónea por erro de hecho. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte recurrida al confirmar la sentencia de primera instancia, incurrió en error de hecho, al dejar de apreciar la prueba singularizada, porque de hacerlo correctamente hubiera quedado establecido en la sentencia recurrida de primera y segunda Instancia interpreta el juzgado de letras como acta de constatación de despido el cual no fue acreditado. El Juzgado de letras dice: : (...) Cuatro: Que la demandante solicitó en fecha 14 de marzo del año 2018, los servicios de un Inspector del Trabajo para hacer formal reclamo del pago de sus prestaciones laborales en virtud de haber sido despedidas de manera verbal en fecha 30 de enero del año 2018, por la señora Alcaldesa JUANA ARACELY PAVON, al cederle la palabra a la apoderada legal de la Municipalidad de Potrerillos, dijo: Que se niega el supuesto despido porque mi representada no es su patrono.- Y en relación al región presupuestario que hacen relación no existe en ninguna parte del área contable de la Municipalidad.- Que si bien es cierto la Municipalidad apoya a varios sectores del Municipio de Potrerillos, Cortes, pero no con el fin de ser ella la que contrata, paga y despide sino con el fin de hacer una labor social a beneficio de quien lo solicite.- La Municipalidad aporta una cantidad simbólica para que sea dicha institución beneficiaria que distribuya o vea en qué forma utiliza la aportación benéfica.- (ver folio 7 y 8 de los autos).- En esta misma interpretación de la Corte de apelaciones dice: La Corte de Apelaciones en el acápite de hechos probados dice: "(...)3.) La demandante al presentarse al trabajo el día 30 de enero del 2018, la directora del centro educativo le comunico que ala -Municipalidad de Porterillos no le iban a seguir: suministrando el subsidio para el pago de sueldos y salario de las niñeras, siendo esa fecha el último día de trabajo en la institución educativa. "Se observa que no está constatado el despido en ningún hecho probado en juicio. Y de paso no existe un acuerdo entre ambos fallos quien hizo el despido, si la Directora del centro educativo o la alcaldesa. Si bien es cierto, el Juez de lo Laboral no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, debe inspirarse en los principios científicos que informan la sana crítica de las pruebas, atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la apreciación del medio de prueba que he singularizado y que le hizo incurrir en error de hecho por su falta de apreciación, al estima probado el despido y no existir fehacientemente quien efectuó el despido. Contradiciendo lo que dice en lo expresado por la demandante en el planteamiento de la demanda quien alega que: (...) con fecha uno de febrero del año dos mil dieciocho hice acto de presencia a mi centros educativos habiendo sido informada por directora que ya no continuaría laborando por cuanto la nueva administración de la Municipalidad de Potrerillos, Cortes les comunicó que no les seguiría, suministrando el subsidió para el pago de sueldos y salarios de las niñeras (...)" Esta interpretación errónea del medio de prueba lo cual se encuentra vinculado con la aplicación a contrario sensu de las normas sustantivas contenidas en los artículos 116 y 120 literal f) reformado del Código del Trabajo, en cuanto a que dichas normas conceden derechos sustantivos si existe un despido. A este respecto la el demandante alega en folio 247 vuelto: "(...) que en fecha doce de febrero del mismo año se levantó ampliación del acta laboral en la cual se tomó declaración al auditor ROBERTO CASTRO quien declaró que si hay panillas y que los pagos de salarios de las demandantes se hacen a través de los recibos que las demandantes presentan en tesorería municipal, negándose la alcaldesa a reintegrar a las trabajadoras ni tampoco cancelarles, sus prestaciones pese a saber que todas las demandantes fueron contratadas desde mucho antes de la firma del convenio suscrito con la Distrital de Educación. (...)" sin embargo no se encuentra incorporado como medio de prueba dicha acta señalada. Cabanellas expresa (Tratado de de derecho laboral; doctrina y Legislación Laboral Tomo ll, Volumen 3; 3 ͣ edición, 1988, Pág. 130) "La fijación del momento en que se torna efectivo el despido del trabajador o en que se produce la ruptura del contrato laboral posee enorme importancia, no sólo en orden a instituciones jurídicas como la prescripción de acción y la caducidad procesal, sino para fijación de cualquier derecho que deriva de la antigüedad del trabajador en el empleo; el del importe de la indemnización, el derecho a vacaciones, etcétera.".- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) El precepto autorizante no corresponde al tipo de violación alegada; c) Incluye el señalamiento de normas procesales que sirvieron de medio, lo cual no es compatible con el tipo de infracción alegada, ya que las mismas son propias de las causales derivadas de la violación indirecta de la ley; y, d) Formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la Sentencia de: ser la sentencia violatoria de la ley sustantiva del articulo 116 y 120 del Código del trabajo, por infracción directa (legal) en los numerales 1 y 2 del artículo 269, 1 y 3 del artículo 273 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por disposición del artículo 858 del código de trabajo y directa de los artículos 729, 738 y 738. Del código de trabajo; Puesto que la sentencia casada recurrida no reúne el requisitos de validez del documento contenido en folio 104 de la primera pieza de primera Instancia que impone numerales 1 y 2 del artículo 269, 1 y 3 del artículo 273 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria del artículo 858 del código de trabajo.- El darle valor en los hechos probados a un documento incorporado como medio de prueba numero 2 Documental Publico, numeral 1; sin que este por su carácter que reviste como solemne no poses firma ni sello siendo fácilmente sustituible o creado por cualquier persona y sobre pasa los límites de la sana crítica y la libertad de juzgamiento que debe tener un Juez del trabajo. Todo lo cual constituye un error in procedendo por parte del juzgado de letras del trabajo y de la Corte de Apelaciones sentenciadora. Constituye un error de derecho por haberse dado por establecido un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no debe admitir su prueba por otro medio.

NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La norma sustantiva violada es el artículo 116 y 120 del código de trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: La infracción directa (legal) que sirvieron de medio para la violación de la Norma Sustantiva señalada en articulo 116 y 120 del Código del trabajo, por infracción directa por error de derecho de los numerales 1 y 2 del artículo 269, 1 y 3 del artículo 273 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria por disposición del artículo 858 del código de trabajo y directa de los artículos 729, 738 y 738. Del código de trabajo. PRECPTO AUTORIZANTE: Esta causal de casación se encuentra contenida en el número 1 del artículo 765, segunda sección del segundo párrafo por Error de Derecho. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Honorable Corte de Apelaciones de lo laboral en la sentencia recurrida, así como el juzgado de letras del trabajo de San Pedro Sula; en los HECHOS PROBADOS numeral uno (1), confiere valor probatorio a un medio de prueba que en su momento en primera Instancia fue impugnado por carecer de firma y sello siendo este incorporado como medio de prueba documental numero 2 Documento público número 1, contenido en folio numero 104 le da un valor probatorio que constituye un error de derecho por haberse dado por establecido un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no debe admitir su prueba por otro medio. Dicho documento no se mira completado con ningún otro medio de prueba, ni existe la forma fehaciente de darle la validez, a tal grado atento con la seguridad jurídica conminada en la función jurisdiccional y establecida por la constitución de la república. Es un error de derecho imposible de obviar lo cual constituye suficiente causal para la admisión de la Casación laboral. La representante Procesal tal como consta en folio 98 frente y vuelto presentó oposición e Impugnación ha dicho medio de prueba el cual se valoraría en sentencia definitiva por parte del juzgado de letras del trabajo de san Pedro Sula. En consecuencia, de los cuales se estima que se ha incurrido en errores in procedendo ad solemnitatem al momento de dictar la sentencia recurrida, hecho el cual debe ser revisado por la Honorable Sala de lo Laboral, en aras del debido proceso seguridad jurídica y dictar la resolución o sentencia que en derecho proceda.”.- V. Que el cargo que antecede al igual que el anterior no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) El precepto autorizante no corresponde al tipo de violación alegada; c) Incluye el señalamiento de normas procesales que sirvieron de medio, lo cual no es compatible con el tipo de infracción alegada, ya que las mismas son propias de las causales derivadas de la violación indirecta de la ley; y, d) Formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.- VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes septiembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 672-19.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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