Sentencia CL-653-19 — Registro 13815
Resumen
demanda laboral para el reajuste salarial y el reajuste de los pagos colaterales adeudados en forma retroactiva a los dos últimos años de la de presentación de la demanda, pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo, pago de indemnización por violación a derechos fundamentales de conformidad al artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que se indica el concepto de “violacion directa” en discrepancia con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, señalados como “….normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva…”, propio de la infracción indirecta distinta e incompatible con la modalidad de violación de la ley sustantiva invocada; b) se indica como norma sustantiva infringida el artículo “…90 de la Ley de inspección Laboral.” careciendo de esa calidad. Conviene recordar que norma sustantiva, es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada, se estima que la misma se encuentra dictado conforme a derecho, no conteniendo defectos de forma en sus requisitos. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintiuno de abril de los dos mil veintiuno, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal del señor POMPILIO ALFREDO VARGAS, como recurrente; además es parte recurrida, EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por Abogado SAUL AUDENCIO CABALLERO. OBJETO DEL PROCESO: demanda laboral para el reajuste salarial y el reajuste de los pagos colaterales adeudados en forma retroactiva a los dos últimos años de la de presentación de la demanda, pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo, pago de indemnización por violación a derechos fundamentales de conformidad al artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de agosto del dos mil diecisiete, por el señor POMPILIO ALFREDO VARGAS, mayor de edad, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y de este domicilio, contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG), por medio del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta de agosto del dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diez de enero del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO DEL REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO, promovida ante este Despacho de Justicia por el trabajador POMPILIO ALFREDO VARGAS en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través de su representante legal y Procurador General de la República de aquél entonces, el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. SEGUNDO: ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS de toda responsabilidad proveniente del presente juicio. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar para el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), a partir del 11 de marzo del año 2009, desempeñándose en el puesto de Vigilante, devengando un salario de L 8,800.00, el cual es inferior al salario mínimo legal vigente, por el cual, le asiste constitucionalmente y conforme al artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo; correspondiéndole además la aplicación de dicho reajuste a los derechos del décimo tercer y cuarto mes de salario, y vacaciones los que deben ser cancelados de manera retroactiva a dos años atrás a la fecha de la presentación de la demanda. No existe argumento válido que justifique al Estado de Honduras la violación a las normas mínimas de empleo; la violación al pago del salario mínimo establecido debe ser considerado un acto que refleja la mala fe contractual con la que actúan los funcionarios que representan a la Secretaría de Estado demandada; es por este motivo y en especial por tratarse del Estado de Honduras, que debe condenarse el pago de costas a favor del demandante, ya que de no hacerlo este juzgado permitiría que esta conducta se siga propagando y manteniendo vigente en las relaciones laborales. Adicionalmente, solicitó el demandante la indemnización por violación a los derechos fundamentales, indemnización que finalmente se encuentra vigente en nuestra Republica de Honduras, por mandato internacional de la Organización Internacional del Trabajo, establecida en la Ley de Inspección laboral (Decreto legislativo 178-2016) que en su artículo 90 establece la cantidad de L.100,000.00 por cada violación a un derecho fundamental, debiendo en este caso concreto pagar la demandada la cantidad de L. 100,000.00 por violación al derecho fundamental a gozar de condiciones satisfactorias de empleo establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 127 de la Constitución de la República. Con el ánimo de buscar una solución en cuanto al Reconocimiento y pago del Reajuste al salario minino que le corresponde al demandante, el cual presentó reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, dándose por agotado el mismo, por no haber efectuado ningún arreglo conciliatorio la parte patronal.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante fue contratado bajo la modalidad de sistema por jornal, por un periodo temporal y determinado con fecha de inicio y finalización; contratación que fue aceptada por el demandante sin objeción alguna de su parte; que esta clase de nombramiento por jornal tiene como característica no establecer salarios fijos ni permanentes, pues el pago se calcula en forma diaria por ser una eventualidad dicho trabajo; por otra parte la demandada siempre ha cumplido con el pago del servicio prestado conforme a la ley, y lo pactado con el mismo; que el demandante reclama un derecho subjetivo que no le asiste y que además se encuentra prescrito de conformidad al artículo 43 de la Ley de Salario Mínimo. Quedando claro y especifico el termino durante el cual al sentirse afectado el demandante hubiera reclamado el derecho que según él le asiste, por otra, el demandante no es explícito en su petición al no puntualizar el salario mínimo al que se refiere al efectuar su reclamo, pues el mismo es cambiante una (1) vez al año y prescribe a los dos (2) años como ya se ha manifestado anteriormente, lo que se probará en el momento oportuno del proceso; sin embargo el demandante omitió el tiempo y la forma de exigir el supuesto derecho que manifiesta tener, ante las autoridades competentes al amparo de lo que establece el artículo 867 del Código de Trabajo. Que la parte actora ahora pretende el reconocimiento de un derecho subjetivo e inexistente argumentando que se le han violentado garantías y derechos fundamentales; no obstante el artículo 128 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República del año 2017 establece: “…Se prohíbe el nombramiento de personal cuyas funciones sean diferentes a las que corresponde a la naturaleza del trabajo como jornales…”; en tal sentido la demandada en ningún momento ha violentado la Constitución de la República, el Código del Trabajo, ni mucho menos el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, normativas que no se objetan ya que son de orden público y su aplicación es generalizada.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de enero del dos mil diecinueve, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO DEL REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO, promovida ante este Despacho de Justicia por el trabajador POMPILIO ALFREDO VARGAS en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través de su representante legal y Procurador General de la República de aquél entonces, el abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. SEGUNDO: ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS de toda responsabilidad proveniente del presente juicio. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que de conformidad a la información aportada al proceso, resulta lo siguiente: Siendo que el trabajador se desempeña como vigilante, en la Tabla de salario mínimo vigente para los años 2016, 2017 y 2018, se ubica en la posición 10 que se refiere a "SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES, SEGURIDAD Y LIMPIEZA"; para el año 2016, se autorizó en concepto de salario mínimo la cantidad L.9,168.42, al trabajador la SAG le pagaba L. 9,272.18; en el año 2017 se autorizó L.9,718.53, la SAG pagaba al trabajador L 9,989.10 y para el año 2018 se autorizó L.10,316.22, el trabajador percibe L. 10,322.07. Que de la prueba anteriormente relacionada, resulta que los años que reclama el trabajador e inclusive hasta el año 2018, el demandado a través de la SAG, le niveló el pago del salario mínimo y sus colaterales conforme al salario autorizado cada año por el Estado de Honduras; en consecuencia el reclamo del trabajador del reajuste del pago del salario mínimo no es procedente, como tampoco lo es la indemnización a que se refiere el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo en vista que el patrono no incurrió en violación a la Ley del Salario Mínimo. Que también constituye reclamo del trabajador el pago de la cantidad de L. 300,000.00 en concepto de multa por infracción o vulneración a derechos fundamentales; pero, sin bien es cierto quedó establecido que el derecho a percibir el pago del salario mínimo constituye un derecho fundamental que emana del artículo 128 numeral 5 de la Constitución de la República que establece como principio mínimo protector el de percibir la remuneración mínima vital y móvil a la cantidad y calidad del trabajo; sin embargo ha quedado establecido que la supuesta violación del citado derecho fundamental no se ha producido; y además es importante dejar sentado que la imposición del pago de la indemnización solicitada, no es competencia de esta jurisdicción, debido a que del contenido de los artículos 86 y 95 de la Ley de Inspección del Trabajo, se deduce que la multa se impone mediante la Resolución Administrativa emitida por la Dirección General de Inspección del Trabajo, sujeta al procedimiento administrativo y a los recursos contemplados en la citada Ley, consecuentemente, fundamentada en lo anteriormente expuesto, la juzgadora no hace ningún pronunciamiento sobre la procedencia o no de este reclamo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de agosto del dos mil diecinueve, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el demandante inició una relación laboral con la Secretaría de Agricultura y Ganadería mediante el sistema de jornal a partir del 23 de marzo del 2010, como guardia de seguridad, que de acuerdo a la prueba aportada por las partes, se observa los salarios que el demandante recibió: 1.- Julio 2015 L. 8,122.31 de acuerdo a la Tabla de Salario Mínimo corresponde L.8,489.28 con ajuste de salario de L.650.00 de enero a diciembre 2015, para un total de L.9,139.28; 2.- Agosto 2016 L.8,772.38 de acuerdo a la Tabla de Salario Mínimo corresponde L.9,168.42 con ajuste de salario L.499.80 para un total de L. 9,272.18; 3.- Enero 2017 L.9 989.10, de acuerdo a la Tabla de Salario Mínimo corresponde L.9,718.53; 4.- En enero 2018 L. 10,322.07, de acuerdo a la Tabla del Salario Mínimo corresponde L.10,316.22; consecuentemente, con el ajuste de salario, el patrono niveló el pago del salario mínimo y sus colaterales conforme al salario autorizado cada año por el Estado de Honduras, por lo que resulta improcedente el reclamo del trabajador, al igual que la indemnización a que se refiere el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, dado que el patrono no incurrió en ninguna violación a la ley; de igual manera la indemnización a que se refiere la Ley de Inspección del Trabajo, dado que el derecho que establece el artículo 128 numeral 5 de la Constitución de la Republica de recibir la remuneración mínima vital no ha sido conculcada por el patrono. No obstante, la apoderada procesal de la parte demandante manifestó en audiencia de alegaciones ante este Tribunal, que el documento que obra a folio 71 de los autos, aportado por la parte demandada, donde se evidencian los salarios y ajustes de salarios de los años 2015 al 2018, que dicha información no se ajusta a la verdad; sin embargo, no produjo en juicio prueba en contrario que desvirtué la información contenida en dicho documento.- 5. Mediante auto de fecha seis de marzo del dos mil veinte, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal del señor POMPILIO ALFREDO VARGAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiuno de abril del dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal del señor POMPILIO ALFREDO VARGAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha veintiuno de abril del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha uno de noviembre del dos mil veintiuno, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado SAUL AUDENCIO CABALLERO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2.- Que la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en un único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva laboral por violación directa del artículo 90 de la Ley de inspección Laboral. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA INFRACCION. La jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. La norma establecida en el artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral es consecuencia de una relación de trabajo y un conflicto de trabajo. El Ad quem confirma el criterio del A quo y lo hace suyo y comete la infracción a la norma sustantiva cuando establece que no se pronunciara sobre esta petición en virtud de que la jurisdicción competente es administrativa. Esto ocurre por la omisión en realizar el examen de convencionalidad que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente donde no puede una norma procesal limitar la eficacia de una norma sustantiva como lo establecido en dicha norma señalada como violada. Lo anterior es suficiente para declarar ha lugar el presente motivo.- 3.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que se indica el concepto de “violacion directa” en discrepancia con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, señalados como “….normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva…”, propio de la infracción indirecta distinta e incompatible con la modalidad de violación de la ley sustantiva invocada; b) se indica como norma sustantiva infringida el artículo “…90 de la Ley de inspección Laboral.” careciendo de esa calidad. Conviene recordar que norma sustantiva, es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen.- 4.- Se solicita nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “Se solicita la nulidad subsidiaria de las actuaciones a partir de la sentencia dictada por el A quo en virtud de que no resuelve la pretensión sobre la indemnización solicitada en base al artículo 90 de la Ley de inspección laboral vigente, siendo en tal sentido una sentencia incompleta, lo que genera la violación a la garantía del debido proceso que establece que los jueces deben ser competentes y resolver todas las cuestiones que se les presenten como debate y no excusarse en criterios personales y no jurisprudenciales para aplicar una norma sustantiva y vigente a un caso concreto. En virtud de lo anterior, resulta necesario que una vez decretada la nulidad subsidiaria se dicte nueva sentencia en donde el A quo haga uso del examen de convencionalidad y permita que la jurisdicción del trabajo resuelva el conflicto proveniente del contrato de trabajo en cuyo caso es la violación de los derechos fundamentales del trabajo”.- 5.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada, se estima que la misma se encuentra dictado conforme a derecho, no conteniendo defectos de forma en sus requisitos. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- 6.- Que el recurso de casación ha sido instituido en defensa de la ley sustantiva del orden nacional y laboral. No puede, por tanto, extenderse el ámbito de este recurso hasta comprender normas de otra naturaleza.- 7.-Por lo antes expuesto procede declarar no ha lugar el recurso de casación interpuesto en un único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en un único motivo; 2) DECLARANDO NO HA LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días de mes de febrero del dos mil veintidos; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de enero del dos mil veintidos, recaída en el Recurso de Casación número 653-19.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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