Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-58-20 — Registro 14926

Resumen

Demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se le condene al reintegro al puesto de trabajo o por lo menos en igualdad de condiciones, en virtud de despido ilegal, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y al pago de cualquier otra indemnización laboral que legalmente corresponda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) El artículo 111 reformado numeral 6 del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tiene el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; y, c) En su explicación realiza alegatos propios de instancia.-

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo expuesto resulta inadmisible, puesto que el error de hecho solo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos; sin embargo, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración apropiada de todo el material probatorio allegado al juicio, llegándose a la conclusión de la procedencia de la demanda de mérito. En adición, en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador, lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso y en el caso sub-judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de julio del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, por el Abogado HENRY YASIR PALMA EUCEDA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, como recurrente; además es parte recurrida, el señor MANUEL DE JESUS HENRIQUEZ RIVERA, representado en juicio por el Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se le condene al reintegro al puesto de trabajo o por lo menos en igualdad de condiciones, en virtud de despido ilegal, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y al pago de cualquier otra indemnización laboral que legalmente corresponda, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de septiembre del dos mil dieciocho, por la Abogada ELVIA MARCENY SABILLON GUTIERREZ, en su condición de apoderada legal del señor MANUEL DE JESUS HENRIQUEZ RIVERA, mayor de edad, zapatero, hondureño, con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su Alcalde Municipal, el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diez de enero del dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Laboral promovida por el señor MANUEL DE JESUS HENRIQUEZ RIVERA, contra LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante Legal ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante Legal ARMANDO CALIDONIO ALVARADO a REINTEGRAR al trabajador MANUEL DE JESUS HENRIQUEZ RIVERA, al puesto que venía desempeñando en iguales o mejores condiciones que tenía al momento del despido; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo, 3) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fue contratado por la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, en fecha 01 de abril del año 2007, desempeñando el cargo de aseador en el barrio de calles y avenidas en el Barrio Las Palmas de la ciudad de San Pedro Sula, dependiendo de la Unidad Municipal de Desechos Sólidos, dependencia de la Municipalidad de San Pedro Sula, devengando un salario base mensual de L. 10,500.00, siendo despido de su puesto de trabajo en fecha 30 de abril del 2018. Que mediante un acta de fecha 30 de abril del año 2018, el Abogado Porfirio Diaz Sierra, en su condición de representante legal de la demandada, le notificó al demandante individualmente y por escrito la supuesta decisión de la Municipalidad de dar por finalizada la relación laboral que lo vinculaba con el demandante, sellando y firmando dicha acta de notificación en su condición de asesor legal de la Municipalidad e invocando los argumentos siguientes: “1) Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil cinco (2005), emitió sentencia en donde se condenó a la Municipalidad de San Pedro Sula a reconocer el derecho para el otorgamiento del Contrato de los Servicios de Limpieza Vial, Recolección, Transporte y Tratamiento de los Desechos Sólidos, dentro del término municipal de San Pedro Sula, con la empresa SULAMBIENTE, S. A. de C. V., 2) En fecha diecisiete (17) de julio del dos mil quince (2015), mediante Decreto Legislativo No. 29-2015, se aprueba por el soberano Congreso Nacional de la República de Honduras, la suscripción del Contrato de los Servicios de Limpieza Vial, Recolección, Transporte y Tratamiento de los Desechos Sólidos, en el término municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, siendo partes contratantes la Municipalidad de San Pedro Sula y la empresa mercantil SULAMBIENTE S. A. de C. V., 3) Finalmente, en fecha catorce (14) de noviembre del dos mil dieciséis (2016), se giró la orden de inicio para la operación de la empresa mercantil denominada SULAMBIENTE S. A. de C. V., en estricto cumplimiento judicial, para la prestación de servicios de manejo de los residuos sólidos urbanos y de limpieza vial en el término municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés; 4) Debido a la obligación contractual que la Municipalidad de San Pedro Sula tiene por ley, ésta debe dar traslado a las operaciones de prestación de los servicios de manejo de los residuos sólidos, urbanos y de limpieza vial a la empresa contratada SULAMBIENTE S. A. DE C. V., clausurando las unidades municipales que anteriormente prestaban estos servicios; con lo que dio por terminada la relación laboral que vinculaba a mi representado con LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, e invocando como causa de terminación del contrato de trabajo, la establecida en el Numeral 6) del Artículo 111 del Código del Trabajo; es decir, caso fortuito o fuerza mayor”. Resulta imperativo el análisis del despido bajo aquella causal, no sólo en la parte en que el despido se fundamenta (la sentencia judicial), sino en todo su entorno, pues constituye una premisa básica que debe guiar toda la interpretación de las causales de despido, cual es: "el carácter protector del derecho del trabajo", pues la causa que da origen al nacimiento de esta especial rama del derecho es precisamente "la protección de la parte más débil de la relación laboral, el trabajador" y por ende todas aquellas instituciones que son importadas desde otras ramas del derecho deben ser interpretadas a la luz de este principio. Todo lo anteriormente expuesto evidencia la ilegalidad del despido, pues para el caso no puede operar la causal de terminación del contrato de trabajo denominada caso fortuito o fuerza mayor consagrada por el numeral 6) del artículo 111 del Código del Trabajo, por lo que consecuentemente, al no estar sustentados el despido en una causal debidamente justificada, evidentemente la Municipalidad violenta el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral que le asiste al demandante como trabajador, garantizado bajo disposiciones constitucionales, mientras que si bien es cierto, la demandada en su nota de despido ofrece el pago de los derechos laborales.- 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda señalando que en fecha 25 de enero del año 2005, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, emitió sentencia en donde se condenó a la Municipalidad de San Pedro Sula, a reconocer el derecho para el otorgamiento del contrato de los servicios de Limpieza Vial, Recolección, Trasporte y Tratamiento de los desechos sólidos, dentro del término municipal de San Pedro Sula, con la empresa SULAMBIENTE, S.A. DE C.V. En fecha 17 de julio del año 2015, mediante Decreto Legislativo No. 29-2015, se aprueba por el soberano Congreso Nacional de la República de Honduras, la suscripción del contrato de los servicios de limpieza Vial, Recolección, Trasporte y Tratamiento de los desechos sólidos, en el término municipal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, siendo partes contratantes la Municipalidad de San Pedro Sula y la empresa mercantil SULAMBIENTE, S.A. DE C.V. Finalmente en fecha 14 de noviembre del año 2016, se giró orden de inicio para la operación de la empresa denominada SULAMBIENTE, S.A. DE C.V., en estricto cumplimiento judicial, para la prestación de servicios de manejo de los residuos sólidos urbanos y de limpieza vial en el término municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, procedimiento que desde su inicio contractual se ha venido realizando de manera gradual, sosteniendo la Municipalidad la relación de trabajo con sus empleados afectados, hasta el último momento posible. Que se establece en la carta de notificación del despido, como lo manifiesta el demandante, reconociendo la demandada el derecho del demandante de recibir el 100% de sus prestaciones y derechos laborales.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha treinta y uno de octubre del dos mil diecinueve, dictó sentencia misma que: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Laboral promovida por el señor MANUEL DE JESUS HENRIQUEZ RIVERA, contra LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante Legal ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante Legal ARMANDO CALIDONIO ALVARADO a REINTEGRAR al trabajador MANUEL DE JESUS HENRIQUEZ RIVERA, al puesto que venía desempeñando en iguales o mejores condiciones que tenía al momento del despido; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo, 3) SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que la demandada da por finalizada la relación de trabajo con el demandante por haber clausurado la unidad donde se desempeñaba el demandante. Que si bien es cierto el artículo 111 del Código del Trabajo en su numeral 9) establece como causa de terminación de los contratos de trabajo la liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, pero la demandada no clausuró definitivamente todos los departamentos de la Municipalidad, por lo que, dicha clausura se hizo en forma parcial como una restructuración y en materia laboral se rigen por los principios laborales y uno de ellos es la estabilidad laboral, cuya ponderación y límite se relacionan con la justa separación y una de las obligaciones que establece el Código del Trabajo en su artículo 95 numeral 19) de respetar los derechos de antigüedad, igualdad de condiciones para que estos sigan trabajando, por lo que la demandada al tener conocimiento de la clausura de dicho departamento hubiera reubicado al demandante en otras áreas existentes dentro de la demandada, ya que la estabilidad laboral y el Derecho del Trabajo están consagrados en nuestra Constitución de la República. Que la parte actora alega prescripción de la acción del patrono para despedir al trabajador demandante basándose que en la carta de despido la causal invocada por la demandada es la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en fecha veinticinco de enero del año dos mil cinco, mediante la cual se condenó a la Municipalidad de San Pedro Sula, a reconocer el derecho para el otorgamiento del Contrato de los Servicios de Limpieza Vial, Recolección, Transporte y Tratamiento de los Desechos Sólidos, dentro del término municipal con la empresa SULAMBIENTE; se apoya asimismo en el Decreto Legislativo No. 29-2015 de fecha 17 de julio del 2015, aprobado por el Congreso Nacional de la República de Honduras contentivo de la suscripción del contrato descrito en el numeral anterior; por lo que la acción disciplinaria para despedir al trabajador por estos motivos estaba prescrita, ya que dicha causal el patrono tenía conocimiento más de dos años y muchísimo más de los treinta (30) días que el artículo 863 del Código del Trabajo. Que en relación a la prescripción alegada, consta en la nota de despido que la demandada toma la determinación de dar por terminado el contrato de trabajo con el demandante en fecha 30 de abril del año 2018, porque el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en fecha 25 de enero del año 2005, emitió sentencia en donde condenó a la Municipalidad de San Pedro Sula, a reconocer el derecho para el otorgamiento del contrato de los servicios de limpieza vial, recolección, transporte y tratamiento de los desechos sólidos dentro del término municipal de San Pedro Sula, con la empresa SULAMBIENTE, S.A. DE C.V., y en fecha 17 de julio del año 2015, mediante Decreto Legislativo no. 29-2015, se aprueba por el soberado Congreso Nacional de la República de Honduras, la suscripción del contrato de los servicios de limpieza vial, recolección, transporte y tratamiento de los desechos sólidos, en el término municipal de San Pedro Sula y la empresa mercantil SULAMBIENTE, S.A. DE C.V.; finalmente, en fecha 14 de noviembre del año 2016, se giró la orden de inicio para la operación de la empresa mercantil denominada SULAMBIENTE, S.A DE C.V., por lo que desde la fecha 14 de noviembre del año 2016, en que la demandada giró orden de inicio de operaciones de la empresa SULAMBIENTE, S.A. DE C.V., ya tenía conocimiento de la clausura de dicho Departamento, por lo que a partir de esa fecha la demandada tenía un mes para dar por terminado el contrato de trabajo con el demandante por esa causal y a la fecha del despido el 30 de abril del año 2018, ya habían transcurrido más de diecisiete meses, por lo que se encuentra prescrito el derecho para despedir al demandante por dicha causal. Que la parte actora interpuso un incidente de nulidad de la acción del despido, que independiente de la forma errónea aplicando lo que dispone el artículo 12.5 del Código Procesal Civil, norma aplicable a falta de Disposición en el Código de Trabajo, entiende que lo que hace la parte actora es alegar en su escrito de demanda, la nulidad de la nota de despido por el hecho que fue firmada por el demandante, asesor legal y no por el Alcalde Municipal, con relación a tal alegato se encuentra acreditado en autos que la notificación de despido surtió sus efectos, es decir, que el demandante se consideró despedido, además en ningún momento la demandada ha desconocido los efectos de dicha nota, es decir, no niega haber despedido al demandante, avala las acciones realizadas por el Abogado Porfirio Diaz Sierra, en el desempeño de sus funciones y mientras eso no ocurra, la misma tiene plena validez. Además, el Abogado Porfirio Diaz Sierra, como empleado de la demandada, ejerce funciones de dirección, por lo que en aplicación a lo que dispone 6 del Código de Trabajo, "se consideran representantes de los patronos y en tal concepto obligan a estos en sus relaciones con los demás empleados".- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diez de enero del dos mil veinte, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso, la Municipalidad demandada ha invocado como causa de la terminación del contrato de trabajo la establecida en el numeral 6 del artículo 111 del Código de Trabajo: “caso fortuito o fuerza mayor”, siendo estas dos situaciones diferentes, por lo que debió especificar cuál de ellas era la que se configuraba de conformidad con los hechos planteados, no obstante, aun con la ambigüedad señalada, se analiza la posible concurrencia de las mismas. Ha quedado establecido en autos que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en fecha 25 de enero de 2005, mediante la cual se condenó a la demandada a reconocer el derecho para el otorgamiento del contrato de los servicios de limpieza vial, recolección, transporte y tratamiento de los desechos sólidos, a la sociedad mercantil denominada SULAMBIENTE, S. A. de C.V.; y, que mediante decreto legislativo No. 29-2015, se aprobó en todas y cada una de sus partes el contrato en referencia; situación en razón de la cual, según lo reconoce la demandada en las notas de despido, en fecha 14 de noviembre de 2016, giró la orden de inicio de operaciones de la empresa mercantil SULAMBIENTE, S. A. DE C. V., para la prestación de servicios de manejo de los residuos sólidos urbanos y de limpieza vial en el término municipal de San Pedro Sula. Asimismo, en sesión extraordinaria celebrada el 8 de mayo del 2018, la Alcaldía acordó cerrar la Unidad de Desechos Sólidos, entre otras decisiones administrativas que incluían la modificación del organigrama municipal. En razón de la anterior relación fáctica no es posible concluir que concurran las causales invocadas por la demandada, antes bien, lo que existió fue una reestructuración administrativa corno consecuencia del cumplimiento del fallo judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, lo que no hacía imposible la reubicación del demandante en otro puesto de trabajo a efecto de garantizar su estabilidad laboral, en consecuencia, la terminación del contrato de trabajo carece de legalidad, no siendo atendibles los argumentos esgrimidos por la parte demandada apelante.- 5. Mediante auto de fecha diez de marzo del dos mil veinte, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado HENRY YASIR PALMA EUCEDA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal el Abogado HENRY YASIR PALMA EUCEDA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha treinta y uno de marzo del dos mil veintidós, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado JOSE ERNESTO CUBERO GUTIERREZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio, con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado HENRY YASIR PALMA EUCEDA, en su primer motivo de casación alega: “Infracción directa de la ley sustantiva contenida en el artículo 111 reformado numeral 6°.) del Código de Trabajo por falta de aplicación. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA. Reiteradamente a mantenido esta corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley, parte de la base que la sentencia le otorgue a una norma sustantiva un sentido y un alcance que no tiene, cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la ley. CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 111 reformado numeral 6°.) del Código de Trabajo establece: "Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 1)… 2)… 3)… 4)… 5)... 6) Caso fortuito o fuerza mayor; 7….”.- En el caso que nos ocupa, existe la violación de la norma sustantiva señalada, ya que la relación laboral entre la demandada y el actor MANUEL DE JESUS HENRIQUEZ RIVERA, termino por causas de fuerza mayor, en virtud de que las labores para las que fue contratado dejaron de existir por causas no imputables a la patronal, derivadas de que las labores de recolección de basura y limpieza que venía ejecutando la demandada, ahora son ejecutadas por una empresa independiente, lo cual ocurrió debido a la promulgación del decreto legislativo (Decreto 29-2015), proveniente de una sentencia judicial, hecho que es de lato conocimiento para las partes, extremo no controvertido del proceso, por tanto, la relación laboral no finalizó por causas o motivos imputables a la patronal, ni mucho menos al actor, sino provocado por un hecho de fuerza mayor, que NO permitía la continuidad la relación laboral.- En relación directa con lo establecido, la doctrina laboral establece que: "La fuerza mayor es cualquier acontecimiento o hecho externo de carácter imprevisible o previsible, pero inevitable. Su virtualidad y eficacia como causa de extinción del contrato de trabajo estriba en hacer imposible la realización de la prestación de trabajo", lo cual ha ocurrido exactamente en el presente caso, lo cual hace imposible cumplimiento del contrato del actor, por lo tanto, debe casarse la sentencia impetrada, no existiendo además responsabilidad económica para ninguna de la partes en la terminación del contrato, tal y como lo establece con claridad el párrafo primero del artículo 111 del código de trabajo, ("En los casos previstos en los siete primeros incisos de este artículo, la terminación del contrato no acarreará responsabilidades para ninguna de las partes"). De tal suerte que el Ad quem al proferir su fallo, deja de aplicar la norma sustantiva contenida en el artículo 111 numeral 6°. del código de trabajo, aun y cuando el texto de la norma es completamente claro y aplicable al presente caso, razón por la cual y estando demostrada la infracción directa de la ley sustantiva contenida en la norma citada, es procedente la prosperidad del cargo y debe casarse la sentencia que se impugna”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) El artículo 111 reformado numeral 6 del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tiene el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; y, c) En su explicación realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Infracción indirecta de la ley sustantiva contenida en el artículo 111 reformado numeral 6°, a través de los artículos 738 y 739 todos del Código del Trabajo vigente, por error de hecho manifiesto resultante de la apreciación errónea por parte del Ad quem de los medios de prueba documentales públicos y de reconocimiento judicial que corren agregados a folios 53 al 56, 61 al 71, 125 de los autos de la primera pieza. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA. El error de hecho procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el fallador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta contraria a la realidad de los hechos.- El error de hecho debe ser manifiesto o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría con la sentencia que admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado, o por el contrario se da por no probado un hecho que si está demostrado plenamente en juicio.- CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 111 reformado numeral 6°.) del Código de Trabajo establece: "Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 1) ... 2)… 3)... 4)… 5)… 6) Caso fortuito o fuerza mayor; 7)…”.- En el presente caso, el ad quem ha arribado a conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, producto de una errónea apreciación de las pruebas allegadas al proceso. Es decir, el Tribunal de alzada no ha dado por probado un hecho que efectivamente lo está, mismo que se contrae a que la relación laboral terminó por causas de fuerza mayor no imputables a las partes, ya que los departamentos de ornato, parques y bulevares, así como el de recolección de desechos sólidos fueron cerrados definitivamente por decreto legislativo, proveniente de una sentencia judicial que obliga a la patronal a conceder el manejo de los desechos sólidos a una empresa privada, tal y como está plenamente acreditado en la prueba documental pública en su conjunto, consistentes en la certificación del punto No. 6 del acta 10 de fecha 8/05/2018 celebrada por la Corporación de San Pedro Sula, donde se consumó el cierre de definitivo de los departamentos de ornato, parques y bulevares, derivada tal decisión de lo ordenado en el Decreto del Congreso Nacional número 29-2015, decreto legislativo que obliga a la Municipalidad de San Pedro Sula a suscribir un contrato para la recolección de desechos sólidos y el manejo del ornato de la ciudad, tal y como consta en la prueba documental publica que obra a folios 53 al 56, 61 al 71 y 125 de la primera pieza, as probatorio, que en su conjunto acredita fehacientemente, las causas de fuerza mayor de llevaron a la terminación del contrato de trabajo del actor sin responsabilidad para las partes, tal como lo establece la norma sustantiva violentada indirectamente contenida en el artículo 111 numeral 6° del código de trabajo, por lo que resulta claro, que no deviene la imposición de responsabilidad alguna para el patrono en la terminación del contrato de trabajo que nos ocupa, ya que en la terminación de la relación laboral, no intervienen causas o motivos que den lugar al despido injusto, y por tanto no se puede condenar a la demandada a reintegrar al actor a un puesto de trabajo que ya no existe, estando claramente probado tal extremo en los autos con la prueba singularizada, en tal sentido, el vínculo laboral se extinguió por causas de fuerza mayor no imputables a las partes.- De lo anterior se colige, que hay incidencia decisiva del error de hecho reprochado en el fallo impugnado, ya que al no haberse valorado correctamente la prueba descrita, se han violentado indirectamente las normas sustantivas señaladas en este motivo, vaciando de contenido y eficacia a las mismas, perjudicando a la parte demandada al condenarla a reintegrar al actor a un puesto inexistente, así como a pagarle de derechos e indemnizaciones no procedentes. Es por esta razón que este motivo es de recibo, debiendo ser estimado y prosperar, ya que el error de hecho descrito es manifiesto y transcendente en el fallo”.- V. Que el cargo expuesto resulta inadmisible, puesto que el error de hecho solo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos; sin embargo, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración apropiada de todo el material probatorio allegado al juicio, llegándose a la conclusión de la procedencia de la demanda de mérito. En adición, en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador, lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso y en el caso sub-judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio.- VI. El impetrante alega nulidad subsidiaria, la cual aduce que: “Con fundamento en la facultad que tienen los tribunales al conocer por vía de Apelación o de Casación para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan cuando aparezcan de manifiesto en ellas algunas de las causas que dan origen a la casación en la forma, y que en materia laboral es admisible como casual EL ERROR IMPROCEDENDO, cuando por quebrantamiento de normas de procedimiento se llegue a infringir normas sustanciales de índole laboral, se alega en forma subsidiaría LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA por los motivos siguientes: De conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Código de Procesal Civil, supletorio en materia laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 858 del Código de Trabajo: 1 "Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2) La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En relación directa con esta disposición legal, el artículo 245 del mismo Código Procesal Civil establece en relación a la valoración de la prueba: "1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución".- En la sentencia que hoy se recurre es evidente que el A quem es totalmente incongruente en su parte resolutiva, pues por una parte tiene como hechos probados y fundamentos de derecho los extremos que dieron lugar al cierre definitivo de los departamentos de ornato, parques y bulevares, así como el departamento de desechos sólidos, lo cual no permite el reintegro del actor, ver folio 19 vuelto de la segunda pieza.- No obstante el convencimiento y claridad del as probatorio, el Ad quem en completa contradicción con lo reconocido jurídicamente en la misma sentencia, opta por CONFIRMARLA, haciendo alusiones igualmente a hechos no probados en autos, por tales razones, es evidente que el fallo recurrido es totalmente incongruente entre lo tenido por probado y lo que establece la parte resolutiva de la sentencia, lo cual impide que la sentencia sea en el fondo justa y motivada, por tanto es procedente se declare con lugar la nulidad planteada”.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de Apelación, lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. Y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes agosto del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 58-20.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

2