Sentencia CL-569-19 — Registro 13809
Resumen
demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, más el pago de vacaciones pendientes, vacaciones proporcionales, aguinaldo pendiente, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes pendiente, decimocuarto mes proporcional, reajuste de salario mínimo, salarios dejados de percibir desde el momento de despido hasta que conforme a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) se expone que el error de hecho proviene de apreciación errónea de la prueba, entre ellas la testifical, cuando se ha venido indicando que no cabe el ataque contra ese medio probatorio en este extraordinario recurso, ya que el mismo no es reglado y queda sujeto a la libre formación del convencimiento del juzgador de instancia; y, b) hace alegatos propios de instancia.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de enero de dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 30 de abril del 2021, por el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil denominada BENEFICIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, S.A. (BEPROAGRO), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor PABLO SANDREZ, representado en juicio por el Abogado JOSÉ EDUARDO AYALA RAMÍREZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, más el pago de vacaciones pendientes, vacaciones proporcionales, aguinaldo pendiente, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes pendiente, decimocuarto mes proporcional, reajuste de salario mínimo, salarios dejados de percibir desde el momento de despido hasta que conforme a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de septiembre del 2015, por el señor PABLO SANDREZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, contra la Sociedad Mercantil denominada BENEFICIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, S.A. (BEPROAGRO), por medio de su Gerente General el señor BENJAMÍN ENRIQUE TOLEDO PINTO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 09 de agosto del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 22 de enero del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL interpuesta por el señor PABLO SANDREZ contra el centro de trabajo denominado BENEFICIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A. (BEPROAGRO) atravez del Gerente General señor BENJAMIN ENRIQUE TOLEDO PINTO.- SEGUNDO: CONDENA contra el centro de trabajo denominado BENEFICIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A. (BEPROAGRO) atravez del Gerente General señor BENJAMIN ENRIQUE TOLEDO PINTO, a pagar al trabajador PABLO SANDREZ, en concepto de pago de reajuste de salario mínimo la cantidad de Lps. 9,800.00. TERCERO: CONDENA contra el centro de trabajo denominado BENEFICIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A. (BEPROAGRO) atravez del Gerente General señor BENJAMIN ENRIQUE TOLEDO PINTO, a pagar al trabajador PABLO SANDREZ los conceptos siguientes: PREAVISO (Lps. 9,170.51) AUXILIO DE CESANTÍA (Lps. 9,170.51) AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL (Lps. 764.20), VACACIONES PROPORCIONALES (Lps. 250.66); DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL (Lps. 3,820.88), DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL (Lps.8,406.20), ya con el salario ya reajustado, lo que asciende a un total a pagar de TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 30,818.76) y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme la presente sentencia.- CUARTO: CONDENA al centro de trabajo denominado BENEFICIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A. (BEPROAGRO) atravez del Gerente General señor BENJAMIN ENRIQUE TOLEDO PINTO, a pagar al trabajador PABLO SANDREZ, al pago de decimo tercer mes de salario por la cantidad de Lps. 7,860.44 y al decimo cuarto mes de salario por la cantidad de Lps. 7,860.44 de los años 2014-2015.- QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para la Sociedad Mercantil denominada BENEFICIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, S.A. (BEPROAGRO), el 30 de abril del 2014, siendo contratado de forma verbal por tiempo indefinido, desempeñándose en el puesto de Vigilante de un terreno, devengaba un salario mensual de Lps. 3,500.00, sin que se le pagara el salario mínimo decretado por el Gobierno de la República mediante el acuerdo STSS-001-2012, por ello solicitó el reajuste al salario mínimo; fue despedido de forma verbal sin causa justificada el 30 de mayo del 2015, por el señor Benjamín Enrique Toledo Pinto, en su condición de Gerente General de la empresa demandada, tal como lo manifiestó el señor Jorge Alberto Bonilla Canales en su condición de representante del señor Benjamín Enrique Toledo Pinto en el acta de inspección de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de fecha 26 de junio del 2015; argumentó además que se avocó a la Inspectoría General de Trabajo a solicitar los servicios de un Inspector de Trabajo en fecha 19 de junio del 2015, para que se constatara el despido verbal de que fue objeto el demandante, como también se constara la fecha de inicio y terminación laboral, salario mensual, contrato de trabajo, de igual forma se solicitara la Escritura de Constitución o permiso de operaciones, que a la audiencia compareció el señor Benjamín Enrique Toledo
Pinto, y manifestó que el demandante fue despedido el 30 de mayo del 2015, tal como lo expresó en el escrito de demanda, que el salario del demandante era de Lps. 3,500.00, porque vivía en el terreno, y que al mismo tiempo se contradijo porque afirmó que no tenía ninguna relación laboral; asimismo argumentó el demandante que anteriormente en fecha 01 de enero del 2009 comenzó una relación laboral con la empresa, pero que finalizó el 30 de abril del 2014, llegando a un acuerdo para el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, y que la empresa le canceló la cantidad de L.54,000.00, pero ese mismo día 30 de abril del 2014 continuó laborando para la misma empresa sin interrupción en su puesto de trabajo y el mismo lugar hasta el 30 de mayo del 2015, señala que el pago de salario se lo comenzaron a dar en efectivo, pero que quedó constatado del pago por lo manifestado por el señor Jorge Alberto Bonilla Canales en el acta; además señaló que fue imposible llegar a un acuerdo conciliatorio, por lo que se dio por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, la Sociedad Mercantil denominada BENEFICIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, S.A. (BEPROAGRO), contestó dicha demanda rechazando todos los hechos y omisiones de la demanda; alegando en su defensa, que contrató al demandante para desempeñarse en el cargo de vigilante de un terreno, a partir del 01 de enero del 2009 al 30 de abril del 2014, pero rechazó la fecha y el salario señalado por el demandante y que será en el momento procesal oportuno que se probará tales extremos; asimismo rechazó lo referente al despido, ya que el demandante pretende probar el mismo con Acta de Inspector de Trabajo cual no reúne los requisitos para su validez ya que carece de exactitud en la redacción por lo cual no se debió de tener como válida conforme al artículo 617 literal g), 619 y 622 del Código del Trabajo; alegó que el demandante no fue despedido de su trabajo tal como lo señaló, y que la comparecencia del señor Jorge Alberto Bonilla Canales a la Inspectoría General del Trabajo en representación de la parte demandada carece de validez, ya que la supuesta Acta levantada no reúne los requisitos de los 617 literal g), y 622 del Código del Trabajo, porque contiene datos inexactos, ya que en el acta se señaló que el señor Jorge Alberto Bonilla Canales manifestó que el demandante fue despedido el 30 de mayo del 2015 por el señor Benjamín Enrique Toledo Pinto Gerente General de la demandada, lo que fue una grave confusión de redacción del Inspector del Trabajo, ya que el señor Bonilla Canales en ningún momento manifestó en dicha acta que el demandante había sido despedido el 30 de mayo del 2015, ya que el mismo laboró hasta el 30 de abril del 2014, y que se le reconoció el pago de las prestaciones laborales.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 22 de enero del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL interpuesta por el señor PABLO SANDREZ contra el centro de trabajo denominado BENEFICIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A. (BEPROAGRO) atravez del Gerente General señor BENJAMIN ENRIQUE TOLEDO PINTO.- SEGUNDO: CONDENA contra el centro de trabajo denominado BENEFICIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A. (BEPROAGRO) atravez del Gerente General señor BENJAMIN ENRIQUE TOLEDO PINTO, a pagar al trabajador PABLO SANDREZ, en concepto de pago de reajuste de salario mínimo la cantidad de Lps. 9,800.00. TERCERO: CONDENA contra el centro de trabajo denominado BENEFICIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A. (BEPROAGRO) atravez del Gerente General señor BENJAMIN ENRIQUE TOLEDO PINTO, a pagar al trabajador PABLO SANDREZ los conceptos siguientes: PREAVISO (Lps. 9,170.51) AUXILIO DE CESANTÍA (Lps. 9,170.51) AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL (Lps. 764.20), VACACIONES PROPORCIONALES (Lps. 250.66); DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL (Lps. 3,820.88), DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL (Lps.8,406.20), ya con el salario ya reajustado, lo que asciende a un total a pagar de TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 30,818.76) y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme la presente sentencia. - CUARTO: CONDENA al centro de trabajo denominado BENEFICIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A. (BEPROAGRO) atravez del Gerente General señor BENJAMIN ENRIQUE TOLEDO PINTO, a pagar al trabajador PABLO SANDREZ, al pago de decimo tercer mes de salario por la cantidad de Lps. 7,860.44 y al decimo cuarto mes de salario por la cantidad de Lps. 7,860.44 de los años 2014-2015.- QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia…”. Bajo el criterio que, de la lectura del acta levantada por la Inspectora del Trabajo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social en fecha veintiséis de junio del año dos mil quince (ver folios del 8 al 10) el señor Jorge Alberto Bonilla Canales actuando en su condición de Contador General de la empresa demandada manifestando que el señor Pablo Sandrez fue despedido por el señor Benjamín Toledo en su condición de Gerente General de la empresa en fecha 30 de mayo del año 2015, ante ello se ha comprobado el despido que argumenta el trabajador en su escrito de demanda, ahora bien la parte demandada ha negado la relación laboral que ya ha quedado dilucidada por la que juzga, pero al considerar esta juzgadora que se encuentra acreditado el despido deviene el empleador justificar el mismo, ante lo expuesto al analizar exhaustivamente la prueba propuesta por la parte demandada, no se ha justificado por el demandado con los medios de prueba aportados por este el despido de que fue objeto el señor Pablo Sandrez, lo que hace ilegal el despido directo verbal, siendo procedente declarar con lugar la presente demanda ordinaria laboral y ordena el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por ser un derecho opcional constitucional; que una de las pretensiones de la parte actora es el ajuste salarial del demandante Pablo Sandrez, en vista de que este gozaba de un salario de Lps.3,500.00 (ver folio 1 vuelto), salario que fue manifestado por el mismo Contador General de la empresa demandada ante la Inspectora del Trabajo (f. 8 al 1 0), por lo que se tiene por valido el salario mensual referido por el demandante, en virtud de lo cual es procedente conceder el reajuste de salario mínimo al demandante aludido, dicho reajuste en relación a los meses laborados de antelación al reclamo administrativo, a su vez además de lo expresado, esta juzgadora haciendo referencia a los preceptos legales contentivos a la Ley de Salario Mínimo y haciendo una revisión del Acuerdo de Fijación de Salario Mínimo para los años 2014 y 2015, el salario mínimo acordado es por la cantidad de Lps. 7,860.44, por lo que le corresponde un reajuste de salario mínimo por la cantidad de Lps. 9,800.00; que la parte actora a su vez exige el pago de décimo tercer y cuarto mes de salario periodo 2014-2015, al haberse considerado la existencia de la relación laboral existente entre el señor Pablo Sandrez y el centro de trabajo denominado BENEFICIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A. (BEPROAGRO), el empleador tiene la obligación de hacer efectivo el pago de los conceptos del decimotercer y cuarto mes de salario, y no se ha comprobado que la empresa demandada haya efectuado dichos pagos al trabajador, por lo que en vista de ello, es que se conceden dichos conceptos, por el decimotercer mes de salario la cantidad de Lps. 7,860.44 y por el decimocuarto mes de salario la cantidad de Lps.7,860.44 del periodo 2014-2015 (cantidades ya reajustadas).- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 09 de agosto del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, del análisis de la prueba aportada al proceso, consta la solicitud de servicios de un inspector de trabajo en fecha 19 de junio del 2015 y aportada por el demandante a folio 7 de los autos, realizada en fecha 26 de junio del 2015, con la comparecencia del señor Jorge Alberto Bonilla Canales en su condición de Contador General de la Empresa Productos Agrícolas quien manifestó que fue despedido el día 30 de mayo del 2015, por el señor Benjamín Toledo, Gerente General, y su salario era de L.3,350.00 y su horario era variado porque vivía en el terreno en la casa con todos los servicios; con dicha acta de constatación el demandante acreditó el despido de que fue objeto, la cual tiene plena validez en tanto no se demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o parcialidad al tenor de lo establecido en el artículo 617 numeral g) del Código del Trabajo.- Al respecto, este Tribunal de Alzada, considera que las alegaciones realizadas por el apoderado procesal de la parte demandada ante esta instancia, por si mismas, no son suficientes para dejar por establecido, que el acta es inexacta y que contiene información falsa sobre las circunstancias narrada en su contenido; donde el señor Jorge Alberto Bonilla Canales en su condición de Contador General de la Empresa tiene conocimiento del caso, manifestando que fue despedido el día 30 de mayo del 2015, por parte del señor Benjamín Toledo en su condición de Gerente General; sin que conste en el proceso prueba que acredite que dicha acta de constatación es inexacta o falsa, en el hecho del despido del trabajador el día 30 de mayo del 2015; más aún, cuando los testigos propuestos por la parte demandante José Efraín Salvador Sosa y Sonia de Jesús Zelaya Reconco, quienes fueron contestes en sus dichos en declarar que el demandante era visto en los predios donde siempre se desempeñó como vigilante años antes al mes de mayo del 2015; lo cual no fue, objetado por el demandado en su contra interrogatorio a los testigos propuestos por el demandante. Que la declaración del señor Jorge Alberto Bonilla Canales, testigo propuesto por la parte demandada, quien es la persona que comparece ante la Inspectoría del Trabajo, manifestando el despido que fue objeto el demandante en fecha 30 de mayo del 2015 y que ante la instancia jurisdiccional declara que el demandante laboró hasta el 30 de abril del 2014; este tribunal de alzada observa que tal hecho obedece a la terminación por mutuo acuerdo de las partes al 30 de abril del 2014, ver folio 36 de los autos; sin embargo, el demandante invoca en su demanda que comenzó a prestar sus servicios para la empresa demandada en fecha 30 de abril del 2014, en forma verbal, como vigilante de un terreno devengando un salario de L.3,500.00 y que fue despedido en fecha 30 de mayo del 2015, a estos hechos se circunscribe la presente demanda, y que el demandante logra probar en juicio, con la declaración de los testigos José Efraín Salvador Sosa y Sonia de Jesús Zelaya Reconco quienes dieron razón de la permanencia del demandante en el terreno de la demandada hasta el 30 de mayo del 2015; y con el Acta circunstanciada realizada por el Inspector del Trabajo de fecha 26 de junio del 2015, mediante la comparecencia del señor Jorge Alberto Bonilla Canales, contador general de la empresa demandada, quien manifestó ante la autoridad administrativa, que el demandante fue despedido en fecha 30 de mayo del 2015; con lo cual, este Tribunal de Alzada considera que el demandante probó la relación laboral con el demandado, de forma verbal, como vigilante, a partir del 30 de abril del 2014, finalizando mediante despido verbal en fecha 30 de mayo del 2015; no así, el demandado, en cuanto a la justificación del despido; quien más bien, se retrotrae a un evento anterior, en cuanto a que el demandante inicio el 01 de enero del 2009 y finalizo en fecha 30 de abril del 2014; y es a partir de esta fecha 30 de abril del 2014 que el demandante logró probar que inicio su relación laboral con la demandada, contratado de forma verbal, finalizado con el despido verbal, en fecha 30 de mayo del 2015, que por las razones expuestas es procedente confirmar la resolución venida en apelación.- 5.- Mediante auto de fecha 29 de enero del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil denominada BENEFICIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, S.A. (BEPROAGRO), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 30 de abril del 2021, compareció ante este Tribunal el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil denominada BENEFICIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, S.A. (BEPROAGRO), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 01 de noviembre del 2021, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado JOSÉ EDUARDO AYALA RAMÍREZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en su primer motivo de casación alega: “ Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de hecho que resulta evidente de autos en los medios de prueba DOCUMENTAL que obran a folios 36 al 86 del expediente de primera instancia y el medio de prueba Interrogatorio de Parte que obra a folio 119 del expediente de primera instancia y el medio de prueba testifical que obra a folio 105 frente y vuelto del expediente de primera instancia. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las Normas Sustantivas de Orden Nacional violadas están contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e), 120 letra c) reformado ambos del Código del Trabajo en relación con el artículo 117, 617 letra g) ambos del Código del Trabajo y 129 de la Constitución de la Republica. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: La prueba apreciada erróneamente es el medio de Prueba Documental Público propuesto por la parte demandante consistente en el Acta levantada por el Inspector de Trabajo Mónica Varela en fecha Veintiséis (26) de junio del Dos Mil Quince (2015); el medio de prueba Documental Privado propuesto por la parte demandada consistentes en el Acta de Terminación de Contrato por Mutuo Acuerdo que obra a folio 36 de la primera pieza de autos en donde consta que el demandante nunca fue despedido de su trabajo hecho que fue acreditado plenamente con el Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo relacionada y las planillas de empleado de mi representada que obra a folios 37 al 70 de la primera pieza de autos y las planillas de Mensuales de Cotización al Instituto Hondureño de Seguridad Social "IHSS” de mi representada que obra a folios 71 al 86 de la primera pieza de autos, mediante el medio de prueba Interrogatorio de Parte con lo manifestado por el señor PABLO SANDREZ, en donde quedo constatado que el mismo término la relación laboral con mi representada mediante Acta de Terminación de Contrato por Mutuo Acuerdo y el medio de prueba Testifical con lo manifestado por el Señor Jorge Alberto Bonilla. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, Ordinal Primero, Párrafo segundo del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: La Corte sentenciadora valora erróneamente lo consignado en los documentos contenidos a folios 8 al 10 del expediente de primera instancia consistente en el Acta levantada por el Inspector de Trabajo Mónica Varela en fecha Veintiséis (26) de junio del Dos Mil Quince (2015), los documentos contenidos a folio 36 al 86 del expediente de primera instancia consistente en el Acta de Terminación Laboral por Mutuo Acuerdo, Planillas de Empleados y Planillas de Cotización al Instituto Hondureño de Seguridad Social "IHSS", mediante las cuales se acredito que el demandante PABLO SANDREZ nunca fueron despedido de su trabajo ya que el mismo laboro hasta el 30 de abril del 2014, hechos que fueron acreditados plenamente con el Acta y las planillas de empleados y cotización al IHSS anteriormente relacionadas y lo manifestado por el mismo demandante PABLO SANDREZ mediante el medio de prueba Interrogatorio de Parte y por el señor Jorge Alberto Bonilla mediante el medio de prueba Testifical. De los autos se evidencia en forma manifiesta y notoria que la Corte Sentenciadora por error de hecho confirma la sentencia apreciando erróneamente los medios de prueba que fueron propuestos y evacuados en tiempo y forma especialmente las pruebas documentales y Testifical aquí relacionadas y evacuadas en juicio. La errónea apreciación de los medios de prueba que afirmamos se produjo en el caso de autos es evidente por el error que es manifiesto en los autos y que se explica por las razones siguientes: El artículo 617 letra g) del Código del Trabajo establece lo siguiente: “Los Inspectores de Trabajo y la Visitadoras Sociales son autoridades que tienen las obligaciones y facultades que se expresan a continuación: a)..., b)…; c)… d)… e).. J)…; g) Las Actas que levanten y los informes que rindan en materia de sus atribuciones, tienen plena validez en tanto no se demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o parcialidad: y h)...” A folios 8 al 10 del expediente de primera instancia se encuentra el medio de prueba documental consistente en el Acta de informe levantada por un inspector del trabajo, con la cual se propone acreditar en juicio que el demandante dejo evidencia que fue despedido. La Corte Acusada haciendo suyos los argumentos del Juzgador de primera instancia le da plena validez a este documento que fue rechazado por la demandada en la contestación de la demanda por contener hechos inexistentes y estar viciado de falsedad, por Ley al ser rechazada el acta de informe en juicio con las pruebas documentales contenidas a folios 36 al 86 del expediente de autos, e Interrogatorio de parte que obra a folio 119 y testifical contenida en el folio 105 frente y vuelto quedo demostrado en forma evidente que el acta informe es inexacta y que contiene información falsa sobre los hechos narrados en su contenido. En el acta informe se afirman hechos que conforme lo señalado por el Inspector de Trabajo MONICA VARELA, que el señor Jorge Alberto Bonilla Canales en representación de mi representada manifestó que el demandante fue despedido el 30 de mayo del 2015 por el señor Benjamin Enrique Toledo Pinto Gerente General de la demandada, lo que es una GRAVE CONFUSIÓN DE REDACCIÓN DEL INSPECTOR DEL TRABAJO, ya que el señor Bonilla Canales en ningún momento manifestó en dicha acta que el demandante había sido despedido el 30 de mayo de 2015 ya que el mismo laboro hasta el 30 de abril del 2014, en esta GRAVE CONFUSION DE REDACCION DEL INSPECTOR, nos preguntamos si el señor Bonilla Canales, Contador General de mi representada QUE CONOCIA PERFECTAMENTE LA SITUACION LABORAL DEL DEMANDANTE QUE EN FECHA 30 DE ABRIL DEL 2014 DEJO DE LABORAR DE COMUN ACUERDO Y QUE SE LE RECONOCIO EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (tal y como el demandante reconoció en su escrito de Demanda en el numeral tercero del Acápite Hechos), LUEGO DIGA EN EL ACTA QUE EL AHORA DEMANDANTE FUE DESPEDIDO POR EL SEÑOR BENJAMIN TOLEDO EL 30 DE MAYO DE 2015, como se debe de entender esta situación, que el Inspector del Trabajo pretendió crear al LEVANTAR ACTAS totalmente INEXACTAS Y CONTRADICTORIAS para pretender JUSTIFICAR UN DESPIDO VERBAL INEXISTENTE. A folios 36 del expediente de autos consta en forma evidente el documento de Terminación de contrato por mutuo acuerdo con el que se prueba que el contenido del acta de informe es falso en lo que se refiere al hecho de afirmar que el demandante fue despedido el 30 de mayo de 2015, esto viene a ratificar la inexactitud de los hechos señalados en el acta informe que fue impugnado y rechazado en juicio por la parte demandada probando plenamente su inexactitud y falsedad. El acta informe de folio 8 al 10 del expediente no puede tener plena validez en juicio porque es evidente que de la información arrojada por los otros medios de prueba en conjunto, la misma contiene INFORMACIÓN FALSA E INEXACTA sobre el hecho del alegado despido. Los medios de prueba admitidos y evacuados y antes relacionados establecen con toda claridad que el presupuesto requerido para que surta efectos el articulo 113 interpretado del Código del Trabajo no existe y por tanto no debió la Corte Acusada hacerlo producir sus efectos jurídicos indemnizatorios porque hay evidencia clara en la prueba documental que demuestra que no fue probado el hecho del supuesto despido y sin esta probanza en juicio no se puede fijar la condena al patrono al pago de la indemnización señalada por las normas sustantivas invocadas. De todo anterior, se evidencia claramente, que la Corte Acusada, EN APRECIACIÓN ERRÓNEA por error de hecho, que es de manifiesto en los autos, ha violado las normas sustantivas de orden nacional invocadas, en vía indirecta, y por medio de las normas procesales señaladas y las normas relacionadas, todas del Código del Trabajo, al decidir contra la evidencia probatoria que las normas sustantivas de orden nacional invocadas produjeran sus efectos legales indemnizatorios, razón por la cual procede se case la sentencia en el presente motivo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) se expone que el error de hecho proviene de apreciación errónea de la prueba, entre ellas la testifical, cuando se ha venido indicando que no cabe el ataque contra ese medio probatorio en este extraordinario recurso, ya que el mismo no es reglado y queda sujeto a la libre formación del convencimiento del juzgador de instancia; y, b) hace alegatos propios de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de hecho que resulta evidente de autos en los medios de prueba DOCUMENTAL que obran a folios 8 al 10 del expediente de primera instancia. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las Normas Sustantivas de Orden Nacional violadas están contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e), 120 tetra c) reformado ambos del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: La prueba apreciada erróneamente es el medio de Prueba Documental Publico propuesto por la parte demandante consistente en el Acta levantada por el Inspector de Trabajo Mónica Varela en fecha Veintiséis (26) de junio del Dos Mil Quince (2015); que obra a folios 8 al 10 de la primera pieza de autos. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo en relación con el artículo 622 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, Ordinal Primero, Párrafo segundo del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA. El artículo 622 del Código del Trabajo establece: "Las Actas de constatación o de hechos y las de internación o notificación, se ajustarán a las fórmulas que establezca la Dirección General de Trabajo, PERO HARAN EN TODO CASO MENCION EXPRESA LA PRIMERA, DEL DERECHO DE FORMULAR DESCARGOS EN EL ACTA O POR ESCRITO, DENTRO DEL TERCERO DIA y la segunda, de los recursos consagrados en este Código y el plazo para ejercitarlos". Conforme la disposición legal del Código del Trabajo mencionada es evidente que la Ley establece para la validez de las actas de constatación o de hechos que se cumpla en las mismas la solemnidad requerida por la ley y que consiste en la exigencia de que se deje constancia expresa en la misma de haberse cumplido con habérsele hecho a las partes la advertencia del derecho que tienen de formular descargos en el acta o por escrito dentro del tercer día. La Corte sentenciadora al confirmar el fallo basándose en el acta informe agregada a folio 8 al 10 del expediente de primera instancia, no toma en cuenta que este documento en que se sustenta para dar por probado el hecho del supuesto despido es un documento que no cumple con las formalidades y solemnidades que exige la Ley para que el mismo tenga plena validez, al darle validez de plena prueba, la Corte Acusada incurre en apreciación errónea del mismo por manifiesto error de derecho que es evidente en juicio, ya que no le da cumplimiento a lo que dispone el párrafo final del artículo 739 del Código del Trabajo que dispone "SIN EMBARGO, CUANDO LA LEY EXIJA DETERMINADA SOLEMNIDAD AD- SUSTANTIAN ACTOS NO SE PODRÁ ADMITIR SIN PRUEBA POR OTRO MEDIO". La doctrina en materia de casación laboral refiere que el error de derecho se produce en aquellos casos como: A) Cuando el Tribunal da por establecido un hecho con una prueba no autorizada por la Ley, o por exigir esta determinada solemnidad para la validez del acto; o B) También cuando se deja de apreciar de esta índole. En el caso de autos, es evidente, la situación del hecho, que pone de manifiesto el error de derecho cometido por la Corte sentenciadora, de la lectura del acta informe contenida a folios 8 al 10, y puesta a prueba, con lo que dispone el artículo 622 del Código del Trabajo, consta de autos, que no se cumplió en el acta informe la solemnidad expresa que la exige la Ley para su validez, y que consiste, tal y como se desprende del artículo en mención, en la formalidad expresa de hacer constar. “Pero harán en todo caso mención expresa la primera, del derecho de formular descargos en el acta o por escrito, dentro del tercero día". La norma del Código del Trabajo relacionada, señala en su contenido, dos tipos de actas, las actas de constatación o de hechos, y las actas de intimación o notificación, en el caso de autos el acta que relacionamos es un acta informe de constatación de hechos en la que se hace comparecer a una persona la cual supuestamente informa sobre un hecho, por lo que por tanto debe contener esta, la mención de la formalidad expresa que exige el artículo 622 del Código del Trabajo, al no tener esta formalidad, fijada por la Ley, la misma no puede ser tomada en cuenta por el Tribunal, para dar por probado un hecho en juicio, porque evidencia, que al no cumplirse con la solemnidad exigida por la Ley, se ha violado el derecho de todo ciudadano, de ser informado del derecho que otorga la Ley en casos como en casos como el de autos. Estas consideraciones legales expuestas llevan a la conclusión de que no procede en el caso de autos la aplicación de las disposiciones legales de orden nacional invocadas y contenidas en los artículos 113 interpretado 116 letra e) y 120 letra c) reformado del Código del Trabajo, como en el caso de despido injustificado, cuando es evidente que en el caso de autos que el documento en el que se sustenta el fallo no es prueba que se pueda apreciar y valorar para determinar de su contenido que haya existido un supuesto despido, por carecer el documento de las formalidades exigidas por la Ley, en consecuencia, es evidente que la Corte Acusada, ha violado las normas sustantivas de orden nacional invocadas en vía indirecta, a través de la violación de medio de las normas procesales y normas relacionadas en el presente motivo, por el error de derecho, que es manifiesto en los autos al darle validez a un documento que no reúne la solemnidad requerida por la Ley para su validez en juicio. En razón de todo lo anteriormente expuesto procede se case la sentencia en el presente motivo”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio.- VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días de mes de febrero del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de enero del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número 569-19-569-.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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