Sentencia CL-526-21 — Registro 15345
Resumen
Demanda ordinaria laboral de emplazamiento, para que se condene al patrón al pago de prestaciones laborales y demás indemnizaciones legales por despido ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, horas extras adeudadas, reajuste de salario en porcentaje correspondiente a horario nocturno, reajuste de salario correspondiente a medio empleado, pago de deducciones y retenciones ilegales e injustas, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."En razón de lo anterior, es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones sean dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente. Con respecto al tema del presente conflicto, la parte Demandante solicita la aplicación de la Ley del Estatuto del Médico Empleado como reajuste salarial en su pretensión. Para ello, y siendo que en el presente caso las partes han brindado los fundamentos de hecho, corresponde, como obligación ineludible, a la instancia jurisdiccional proveer los fundamentos de Derecho suficientes que avalen el otorgamiento o la denegación de una pretensión. No obstante, tras analizar el fallo emitido por el Ad-quem, este Tribunal concluye que la sentencia no contiene los razonamientos y sustentos legales suficientes que conlleven al otorgamiento de los beneficios establecidos por la Ley del Estatuto del Médico Empleado, ya que la misma es aplicable únicamente a los médicos empleados que cumplan con los requisitos legales establecidos en sus Artículos 1, 4 y 5.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 17 de marzo del 2022, por el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil COINSA ISLAS DE LA BAHÍA, S.A. DE C.V., como recurrente; además, es parte recurrida, la señora GUADALUPE ISABEL ESCOTO VELASQUEZ, representada en juicio por la Abogada KARLA WALESKA DUARTE CARRASCO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento, para que se condene al patrón al pago de prestaciones laborales y demás indemnizaciones legales por despido ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, horas extras adeudadas, reajuste de salario en porcentaje correspondiente a horario nocturno, reajuste de salario correspondiente a medio empleado, pago de deducciones y retenciones ilegales e injustas, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 25 de julio del 2018, por la señora GUADALUPE ISABEL ESCOTO VELASQUEZ, mayor de edad, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la sociedad mercantil COINSA ISLAS DE LA BAHÍA, S.A. DE C.V. (FARMACIAS KIELSA), por medio de su Gerente General y representante legal el señor EDUARDO ALBERTO FARAJ FARACH. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 03 de noviembre del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 10 de septiembre del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HA LUGAR recurso de apelación promovido por la parte demandada contra la sentencia de fecha diez de septiembre del año en curso (2021) dictada por Juzgado Letras Trabajo de esta sección judicial en la demanda de la referencia.- SEGUNDO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso apelación planteado por la representación procesal demandante contra la referida sentencia, en consecuencia, se REFORMA la misma, la que consiste en: i) DECLARAR CON LUGAR la demanda para el pago de reajuste de salario, por ende CONDENA a la demanda al pago de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L. 591,274.20); ii) fijar como monto total de condena la suma de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS LEMPIRAS (L. 1,193,656.76), que corresponde a la condena fijada en esta alza y los conceptos concedidos por la iudex a-quo pero en los valores siguientes: preaviso: L. 93,676.78; auxilio de cesantía: 234,191.94; auxilio de cesantía proporcional: 13,010.66; vacaciones causadas: L. 49,688.65; vacaciones proporcionales: L. 7,434.66; décimo tercer mes de salario causado: L. 74,532.98; décimo tercer mes de salario proporcional: L. 17,620.16; décimo cuarto mes de salario causado: 74,532.98; décimo cuarto mes de salario proporcional: L. 37,693.75. TERCERO: CONFIRMANDO la referida sentencia en todos sus demás extremos.- CUARTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a trabajar el 28 de febrero del 2013, mediante Contrato Individual de Trabajo por escrito; como Médico Empleado; devengaba un salario ordinario mensual de L. 13,230.00; que desde el primer día que comenzó a trabajar y hasta el día del despido hizo su trabajo de forma ejemplar dando consulta y atendiendo hasta a más de 45 pacientes por día, y realizaba su trabajo de la mejor manera aun y cuando el patrono no le proporcionaba el mínimo de requerimiento para realizarlo; manifestó que cuando comenzó a trabajar le asignaron un pequeño cuarto dentro de la Farmacia Kielsa ubicada en la avenida circunvalación enfrente de Comisariato Los Andes en esa ciudad; mismo que fue cerrado por las autoridades sanitarias por falta de condiciones sanitaria para atención al paciente; posterior a eso por no tener donde atender a los pacientes la enviaron con un escritorio al área de oncología, y para terminar dando consulta atrás de un estante donde ubican medicamentos; que la tuvieron dando consulta pegado al baño poniendo la camilla de atención a pacientes pegado a la puerta del servicio sanitario, y que su predicamento durante trabajó fue duro, pues los pacientes se quejaban pues la camilla donde atendía estaba pegada justo al servicio sanitario; todo fue duro pero soportó todo por la gran necesidad que le acogía de tener un sustento; hasta que el día 28 de mayo del 2018 la Abogada Evelyn Fuentes sin mediar palabra se presentó en la farmacia donde realizaba su trabajo y le entrego una nota donde le decía, que el contrato de trabajo se daba por terminado el día 08 de junio del 2018, que la sorpresa fue enorme pues en ningún momento el contrato de trabajo había terminado, porque la empresa la obligaba a firmar contratos de trabajo según ellos temporales y que la relación de trabajo jamás se rompió, ya que trabajó de forma constante e ininterrumpida desde el 28 de febrero del 2013 hasta el 28 de mayo del 2018, y que la nota que le entregaron de despido era disfrazada de una nota de no renovación de contrato de trabajo, violentándole así todos sus derechos como médico empleado; asimismo argumentó que desde que comenzó a trabajar hasta el día del despido, el patrono le hizo mensualmente retenciones de su salario cuando no correspondía hacerlas; no enterando a la SAR las mismas máxime cuando por su edad estaba exenta a hacer declaraciones de impuestos, así mismo porque el salario no sobrepasaba el techo correspondiente para ese tipo de impuestos, por lo que no se le debió hacer retenciones; y que de forma unilateral se le retuvo mensualmente cantidades sin su autorización y sin sustento legal valido para hacerlo; además manifestó que el patrono siempre se negó a hacerle el pago que correspondía en concepto de aguinaldo y decimocuarto mes, aun y cuando se lo exigió, y que nunca tuvo respuesta, ni pago alguno; igualmente paso con respecto a las vacaciones siempre se negó a darle sus vacaciones y ni pagárselas; y que eran derechos fundamentales que nunca gozó, y que al no ver respuesta alguna acudió a la Secretaria del Trabajo a fin de encontrar solución, sin embargo no le dieron ninguna respuesta.- 2.- La parte demandada, la sociedad mercantil COINSA ISLAS DE LA BAHÍA, S.A. DE C.V., contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante; alegando en su defensa que es respetuosa de los Derechos de sus trabajadores, incluyendo la estabilidad en el empleo, y lo relacionado con el pago de salario y demás derechos laborales, pero de acuerdo a lo pactado y convenido de buena fe entre las partes, tal como se probará en el juicio; alegó que la fecha de inicio de la relación entre las partes fue el 28 de enero del 2013 y que la fecha que finalizó fue el 09 de junio del 2018; fecha en que finalizó el plazo o término de tiempo de su último contrato por hora, por tal razón, no se le violentó el derecho a la Estabilidad Laboral ni los derechos fundamentales, ni ningún otro derecho; y que en ningún momento se despidió ni verbalmente ni por escrito a la demandante, por lo cual no es cierto que se le haya violentado los derechos como médico general; argumentó que la relación laboral que unía a la demandante con la demandada siempre estuvo regida desde su inicio mediante el Decreto 155-2010 que contiene el Programa Nacional De Empleo Por Horas, y posteriormente esa relación laboral se rigió por el Decreto 354-2013 que contiene la Ley de Empleo Por Hora; y que fue de pleno conocimiento por la demandante en vista que siendo doctora en medicina general (con nivel educativo universitario como lo afirma en su demanda) libre y voluntariamente celebró y firmó con la demandada los diferentes contratos de trabajo de empleo por hora, en tal sentido dentro del marco de la buena fe sabia plenamente lo que estaba firmando y aceptándolos; que con los diferentes Contratos por Hora celebrados entre la demandante y la demandada se evidenció que fue la propia demandante quien libre e involuntariamente firmó dichos contratos, por lo que ella aceptó que la relación laboral estuviera bajo el esquema de empleo por hora, ya que nunca se quejó del mismo, ni mostró ninguna disconformidad de ser empleada por hora y recibir los beneficios de la Ley de Empleo por Hora; describió además que los contratos que firmó fueron 14, el Primer Contrato inició del 28 de enero del 2013, finalizando el 28 de abril del 2013, y así sucesivamente hasta llegar al Catorceavo Contrato de fecha 09 mayo de 2018 a junio de 2018; con lo que con ello demostró que la demandante aceptó y que estuvo consiente de los beneficios de estar bajo esa modalidad por hora; por lo que siempre se le respetaron todos sus derechos laborales de acuerdo a su contratación por empleo por hora; y que se le pagaba puntualmente siempre su salario base de acuerdo la Ley citada más el 20% concepto de compensación habitual como lo ordenaba articulo 6 de la Ley del Programa Nacional de Empleo por Horas y posteriormente le pagaba el salario base por hora trabajada, más 20% en concepto de compensación habitual como ordenaba Articulo 6 numeral 2) de la Ley de Empleo por Hora; recalcó que a la demandante no s ele despidió sino que finalizó el término de duración de la contratación, regida por régimen Ley Empleo Hora; por lo que, a la demandante no se le adeuda suma alguna, y que en cumplimiento al Decreto 354-2013 que rige la Ley de Empleo por Hora durante todo el tiempo que estuvo contratada se le pagó un salario base más los derechos adquiridos que correspondían al decimotercer mes y decimocuarto mes de salario equivalentes a un 16% sobre el salario base convenido y en concepto de una compensación no habitual se le pagó un equivalente del 4% sobre el salario convenido, valor que equivalía al pago del auxilio de cesantía, que según esa Ley no gozan los trabajadores acogidos al régimen de Empleo por Hora, por lo que, era totalmente improcedente lo reclamado en la demanda, ya que la demandante bien supo que recibió los beneficios reconocidos en la ley de empleo por hora; igualmente alegó que los contratados bajo esa modalidad de contratación de Empleo por Hora los contratos celebrados pueden renovarse las veces que se estimen convenientes, dependiendo de la necesidad del patrono siempre y cuando se siga al tenor de lo que manda la Ley de Empleo por Hora, sin que el empleado adquiera permanencia ni antigüedad; y que por ello en ese caso no es procedente lo regulado en el artículo 47 del Código del Trabajo. Señaló que el decreto 354-2013 Ley de Empleo por Hora establece en el artículo 2 que la Ley entre sus propósitos se mencionan fomentar el empleo digno y decente, evitar el incremento en los índices de desempleo y subempleo, en el sector formal de la economía y simultáneamente lograr que estos trabajadores gocen de los beneficios de la Seguridad Social y Salud Ocupacional, asimismo asegurar a la Población Económicamente Activa (PEA) del país, grupos sociales vulnerables y los jóvenes que cada año se suman a la fuerza laboral, encuentren en el mercado laboral nacional un empleo digno con respeto para sus derechos laborales y lograr que los jóvenes se desarrollen de forma integral, reduciendo los índices de abuso, violencia y delincuencia juvenil que afecta sobre todo a los grupos más vulnerables y que los jóvenes en edad productiva desistan de abandonar el país, poniendo en riesgo sus vidas y el rompimiento de sus vínculos familiares; por lo que la demandada como empresa socialmente responsable comparte y por tal motivo decidió ser parte de ese programa de nivel nacional y por ello en su momento se contrató a la demandante; por tal razón recalcó, que lo que sucedió fue que finalizó el plazo o término de tiempo del último contrato por hora celebrado de buena fe entre las partes y a la demandante no se le despidió ni verbalmente ni por escrito, y que por ello, no se le violentó el derecho a la estabilidad laboral ni los derechos fundamentales, ni ningún otro derecho.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha fecha 10 de septiembre del 2021, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1): DECLARANDO CON LUGAR la demanda promovida por la señora GUADALUPE ISABEL ESCOTO VELÁSQUEZ, contra la empresa mercantil denominada COINSA ISLAS DE LA BAHIA S.A. (FARMACIAS KIELSA), a través de su representante legal KARIM ALEJANDRO FARAJ FARACH, ambos de generales establecidas en el preámbulo de esta sentencia; 2) CONDENA a la empresa mercantil denominada COINSA ISLAS DE LA BAHÍA S.A. (FARMACIAS KIELSA), a través de su representante legal KARIM ALEJANDRO FARAJ FARACH, a pagarle a la trabajadora demandante GUADALUPE ISABEL ESCOTO VELÁSQUEZ, la cantidad de DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L.205,591.75).- por los siguientes conceptos: Preaviso: L.30,870.00, Auxilio de Auxilio de Cesantía Proporcional L.77,175.00, Auxilio de Cesantía proporcional L.5,573.75, vacaciones causadas L.17,640.00, vacaciones proporcionales L.3,185.00, décimo tercer mes proporcional L.5,806.50, décimo tercer mes causado L.26,460.00, décimo cuarto mes proporcional L.12,421.50, décimo cuarto mes causado L.26,460.00; más los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el cese laboral hasta que quede firme la presente Sentencia Condenatoria.- 3) SIN COSTAS en ésta instancia…”. Bajo el criterio que, la demanda aduce que la relación de trabajo que unía a la demandante con la demandada estaba regida bajo la modalidad de empleo por hora, pero de la documentación aportada al proceso se encuentra acreditado que el vínculo laboral entre las partes nacido bajo la modalidad de contrato de prestación de Servicios y Honorarios, que en dichos contratos se encuentran configurado los requisitos esenciales para que haya contrato de trabajo (Artículo 20 del Código del Trabajo). Ya que la demandante realizaba una actividad personal, había subordinación porque tenía que cumplir con las instrucciones dadas por la demandada y tenía un salario base pagado en forma mensual, tenían un de turno que cumplir. Por lo que este Tribunal considerada que dichos contratos son por tiempo definido, tal como lo establece el artículo 47 del Código del Trabajo. Que habiéndose establecido la relación de trabajo existente entre las partes este tribunal considera que la terminación de la relación de trabajo invocando como justificación para la terminación del contrato de trabajo es injusta e ilegal debido a que la demandada desconoce la relación laboral existente entre la demandante, razón por la cual es procedente declarar con lugar la demanda de mérito. Y que dentro de las pretensiones de la demandante se encuentra: 1) El reajuste al salario conforme al Estatuto Medico Empleado, este Tribunal el del criterio declarar sin lugar tal pretensión en virtud de la parte actora no acreditó en juicio que la demandante estuviera Inscrita en el Colegio Médico de Honduras, tampoco acredito que numero de colegiación, ni que la misma estuviera al día con el pago de la colegiación del Colegio Médico de Honduras para gozar de dicho beneficio. 2) Que la demandante también reclama el pago del décimo tercer mes y décimo cuarto mes y vacaciones causadas y siendo que la demandada no acredito haber pagado dichos conceptos es procedente condenar a la demandada a pagarlos. 3) Que en cuanto a la pretensión de pago de Horas extras este tribunal la considera improcedente ya que la parte actora no acreditó cuantas horas extras laboró ni los das, y de la misma documentación aportada al preso por la comandante acredita que laboraba lo establecido en el contrato de trabajo. 4) Que la demandante solicita le sean devueltas las cantidades de dinero que la demandada retuvo de su salario para pago de Impuesto sobre la renta, que en cuanto a esta pretensión procede declarar sin lugar en virtud de que dichas cantidades fueron entradas al SAR y por lo tanto pertenecen al Estado de Honduras.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 03 de noviembre del 2021, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HA LUGAR recurso de apelación promovido por la parte demandada contra la sentencia de fecha diez de septiembre del año en curso (2021) dictada por Juzgado Letras Trabajo de esta sección judicial en la demanda de la referencia.- SEGUNDO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso apelación planteado por la representación procesal demandante contra la referida sentencia, en consecuencia, se REFORMA la misma, la que consiste en: i) DECLARAR CON LUGAR la demanda para el pago de reajuste de salario, por ende CONDENA a la demanda al pago de QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L. 591,274.20); ii) fijar como monto total de condena la suma de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS LEMPIRAS (L. 1,193,656.76), que corresponde a la condena fijada en esta alza y los conceptos concedidos por la iudex a-quo pero en los valores siguientes: preaviso: L. 93,676.78; auxilio de cesantía: 234,191.94; auxilio de cesantía proporcional: 13,010.66; vacaciones causadas: L. 49,688.65; vacaciones proporcionales: L. 7,434.66; décimo tercer mes de salario causado: L. 74,532.98; décimo tercer mes de salario proporcional: L. 17,620.16; décimo cuarto mes de salario causado: 74,532.98; décimo cuarto mes de salario proporcional: L. 37,693.75. TERCERO: CONFIRMANDO la referida sentencia en todos sus demás extremos.- CUARTO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, en el presente caso, no obstante que la sociedad mercantil COSMÉTICA INTERNACIONAL ISLAS LA BAHÍA S.A. (COINSA ISLAS DE LA BAHIA S.A.) se encuentra registrada bajo la Ley de empleo por hora en la Secretaria y Seguridad Social, ello es insuficiente para estimar nexo jurídico laboral fue de tal naturaleza, pues no concurren las demás exigencias establecidas en decretos números 230-2010 y 354-2013, por lo que debe considerarse que la relación de trabajo fue por tiempo indefinido al tenor de lo establecido en artículos 3, 30 y 47 del Código del Trabajo y por cuya razón la no renovación del contrato no es causa justa y legal de terminación del nexo jurídico laboral; en razón de lo anterior, el salario que debió devengar la trabajadora demandante es el mínimo legal del Estatuto del Medico Empleado al realizar la actora labores como Medico General en una jornada 2:00 pm a 9:00 pm según consta a folios: del 72 al 78, 84, 105 y 201 de la primera pieza; sin embargo, devengó un salario inferior a ese mínimo legal según señala en el escrito de demanda y consta a folios: del 91 al 102 de la primera pieza, resultando procedente el ajuste en los valores que se impetran ya que ésta alzada no puede conceder más de lo pedido según el artículo 728 del Código del Trabajo. Las razones en que se fundamenta la iudex a-quo para negar ese ajuste (que la actora no acreditó estar inscrita en el Colegio Médico de Honduras, el número de colegiación ni estar al día con el pago de la colegiación) no fue un punto discutido y no es posible que se funde la sentencia en hechos diversos a los que han sido alegados por las partes (art. 12.5 CPC); así las cosas, los conceptos concedidos en la sentencia impugnada deben computarse en base al salario que debió devengar la actora (L. 40,147.19). Esta alzada observa que pese a que la Juez de primera instancia en la parte motiva de la sentencia recurrida fue del criterio que el ajuste de salario solicitado no procedía, no se pronunció en la parte dispositiva como lo ordena el artículo 208.2 del Código procesal Civil, por lo que esta alzada debe pronunciarse otorgando dicha petición para subsanar esa omisión y ser congruente con las posiciones de las partes. Por las razones antes expuestas, ésta alzada en uso de la facultad concedida en el artículo 667 del Código del Trabajo, estima procedente REFORMAR el fallo impugnado.- 5.- Mediante auto de fecha 07 de enero del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSÉ SANTOS SAAVEDRA PAZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil COINSA ISLAS DE LA BAHÍA, S.A. DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 17 de marzo del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSÉ SANTOS SAAVEDRA PAZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil COINSA ISLAS DE LA BAHÍA, S.A. DE C.V., formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 18 de marzo del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 31 de marzo del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada KARLA WALESKA DUARTE CARRASCO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- VI.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.”.- VII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.- VIII.- Conforme al principio y deber de exhaustividad procesal, los jueces y magistrados deben realizar un examen sobre las cuestiones y puntos litigiosos del proceso sin omitir ninguno de ellos, resolviendo sobre todas y cada una de las controversias que hubiesen sido materia del debate. Asimismo, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes, conforme lo ordena el Artículo 206.2 del Código Procesal Civil, el cual se relaciona directamente con el principio de primacía de la realidad atinente a los Artículos 19, 20, 21 y 30 del Código de Trabajo, así como a la especial atención que debe atender el juzgador, respecto de la circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes tal y como lo establece el Artículo 739 del Código de Trabajo.- IX.- En razón de lo anterior, es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones sean dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente. Con respecto al tema del presente conflicto, la parte Demandante solicita la aplicación de la Ley del Estatuto del Médico Empleado como reajuste salarial en su pretensión. Para ello, y siendo que en el presente caso las partes han brindado los fundamentos de hecho, corresponde, como obligación ineludible, a la instancia jurisdiccional proveer los fundamentos de Derecho suficientes que avalen el otorgamiento o la denegación de una pretensión. No obstante, tras analizar el fallo emitido por el Ad-quem, este Tribunal concluye que la sentencia no contiene los razonamientos y sustentos legales suficientes que conlleven al otorgamiento de los beneficios establecidos por la Ley del Estatuto del Médico Empleado, ya que la misma es aplicable únicamente a los médicos empleados que cumplan con los requisitos legales establecidos en sus Artículos 1, 4 y 5.- X.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XI.- Por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 30, 41, 47, 666 letra c) 739, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, 54 del Estatuto del Docente Universitario. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, visible a folios 14 al 19 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes noviembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 526-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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