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Sentencia CL-52-21 — Registro 14925

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo por despido directo e injustificado, que se reconozca el carácter indefinido de la relación laboral y la condición o status de empleadas permanentes, con el reconocimiento de la antigüedad adquirida al amparo de los principios de primacía de la realidad y de continuidad, pago de los salarios dejados de percibir con los incrementos salariales y demás derechos, costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas los artículos 19, 21 y 46 inciso b) del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Omite señalar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, d) Formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de julio del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha catorce de marzo del dos mil veintidós, por la Abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, las señoras MA LUISA GONZALES VEGA y CARMEN CLEMENCIA FERRERA MORALES, representadas en juicio por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo por despido directo e injustificado, que se reconozca el carácter indefinido de la relación laboral y la condición o status de empleadas permanentes, con el reconocimiento de la antigüedad adquirida al amparo de los principios de primacía de la realidad y de continuidad, pago de los salarios dejados de percibir con los incrementos salariales y demás derechos, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de septiembre del dos mil diecisiete, por las señoras MA LUISA GONZALES VEGA, Licenciada en Pedagogía, casada, con domicilio en la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara y CARMEN CLEMENCIA FERRERA MORALES, Licenciada en Educación Pre-básica, soltera, con domicilio en la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, por medio del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha catorce de septiembre del dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha dos de agosto del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras MA LUISA GONZALES VEGA y CARMEN CLEMENCIA FERRERA MORALES en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- SEGUNDO: CONDENA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostenían las señoras MA LUISA GONZALES VEGA y CARMEN CLEMENCIA FERRERA MORALES con el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, directamente con la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS EDUCACIÓN y se le reconoce una antigüedad laboral desde: MA LUISA GONZALES VEGA desde el 15 de Febrero del 2016 y CARMEN CLEMENCIA FERRERA MORALES, desde el 15 de Febrero del 2016, asimismo se le reconoce a las demandantes todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; por despido ilegal e injusto, asimismo a REINTEGRAR a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a su puesto de trabajo más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que las demandantes sea debidamente reinstalados, así como la restitución de sus funciones y los derechos obtenidos como empleadas permanentes durante su ausencia. -TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la Secretaría de Educación en la Sub-Dirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SDGEPIAH), mediante contratos denominados “Contrato Temporal de Trabajo”, en los cuales se les designó como contratistas, no como empleadas o trabajadoras que efectivamente lo son, descritas así: Ma Luisa Gonzales Vega, como Coordinadora Departamental de EIB en Santa Bárbara, en la Sub-dirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños, Municipio de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, cargo que ocupó en el periodo comprendido del 15 de febrero de 2016, hasta el 30 de junio del 2017 y que mediante el oficio número 807-SG-2017, fue notificada de la decisión de dicha Secretaría de Estado, en cuanto a dar por finalizada la relación laboral de manera unilateral, habiendo accedido la demandante a dicho cargo por concurso y que la actividad para la cual fue contratada es permanente y continua; y, Carmen Clemencia Ferrera Morales, como Coordinadora Departamental de EIB en Intibucá, en la Su-dirección General de Educación para pueblos indígenas y afrohondureños, Municipio de La Esperanza, Departamento de Intibucá, cargo que ocupó en el periodo comprendido del 15 de febrero del 2016, hasta el 30 de junio del 2017 y que mediante el oficio No 810-SG-2017, fue notificada de la decisión de dicha Secretaría de Estado, en cuanto a que unilateralmente estaba dando por finalizada la relación laboral habiendo accedido la demandante a dicho cargo por concurso y que la actividad para la cual fue contratada es permanente y continua, ambas con un salario mensual de L. 13,000.00; no obstante la continuidad de la relación laboral, la Secretaría de Educación pretende hacer creer que la relación no es de trabajo, sino de simple contratistas, porque en los contratos suscritos señala que dicha relación queda sometida a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo que en realidad existe es un contrato de trabajo, dado que las demandantes estaban bajo las órdenes de un jefe inmediato, sujetas a un horario de trabajo, ejecutando el mismo de manera personal, en el lugar designado por la Secretaría de Estado. Indica a su vez la parte actora, que los oficio No. 807 y 810 SG-2017, ambos de fecha 12 de junio del 2017, que en su parte medular dice: "Sirva la presente para comunicarle por instrucciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, que la vigencia de su contrato de servicios profesionales suscrito entre la Secretaría de Educación y su persona, vence el treinta (30) de junio del presente año, en tal sentido, la relación laboral finalizará en la fecha indicada”; observándose que la misma secretaría de Educación esta consiente y así lo reconoce en el texto de los oficios señalados, que la relación es laboral y no de servicios profesionales y por lo tanto rige la disposición legal contenida en los artículos 24, 47, 48, párrafo segundo y 52 párrafo tercero del Código del Trabajo; dando por agotado el procedimiento administrativo gubernativo respectivo, sin poder llegar a un arreglo conciliatorio con la parte demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que las demandantes sostuvieron una relación contractual con la parte demandada, mediante la modalidad de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Técnicos, por tiempo determinado con fecha de inicio y terminación, con el consentimiento y aceptación sin objeción alguna por parte de las demandantes, la señora Ma Luisa Gonzales Vega, como Coordinadora Departamental de EIB en Santa Bárbara y la señora Carmen Clemencia Ferrera Morales, como Coordinadora Departamental de EIB en Intibucá y efectivamente indica que fue mediante los oficios números 807-SG-2017 y 810-SG-2017, que la institución demandada les notificó que la prestación de sus servicios finalizaban en fecha 30 de junio del año 2017, según la cláusula tercera de los referidos contratos que establece: “Validez y Vigencia del Contrato: La Contratista prestará sus servicios por un periodo comprendido del 03 de enero al 30 de junio de 2017…”, no obstante se rechaza la fecha de inicio de haber prestado sus servicios profesionales con la demandada, así como el salario que aducen haber devengado; que las demandantes hacen una narración de hechos y sucesos que en ningún momento dan validez a sus pretensiones, ya que la actividad temporal es porque no existe la plaza para un nombramiento permanente, puesto que las partes actoras suscribieron contratos a término, regidos por cláusulas establecidos en los mismos, con derechos y obligaciones recíprocas y sujetas para ambas partes; en ese sentido, no pueden alegar desconocimiento del tiempo de duración de la relación contractual, como tampoco exigir derechos que no le corresponden, además las demandantes en ningún momento antes del vencimiento del contrato manifestaron su oposición ante autoridad competente ni presentaron nulidad del mismo, contrario sensu, aceptaron y consintieron esta forma de contratación, en base a lo establecido en el artículo 867 del Código del Trabajo. Que la parte demandada en materia de Recursos Humanos se sujeta a la normativa laboral establecida en las Leyes Administrativas y las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año vigente, por lo que no pueden aplicar esta normativa laboral en estos contratos de servicios profesionales temporales por el simple hecho de haber suscrito las partes varios contratos sin tomar en consideración que los mismos han sido consentidos y aceptados sin objeción alguna de parte de las demandantes, por otra parte, ya existe una normativa dentro de la estructura de la administración centralizada que rige los contratos de servicios profesionales y/o técnicos, conforme las Disposiciones Generales del Presupuesto, Ley de Contratación del Estado, Ley de Servicio Civil y otras Leyes del Derecho Administrativo, en su defecto es la normativa que le corresponde aplicarse, específicamente la Ley de lo Contencioso Administrativo, ya que dichos contratos se encuentran enmarcados por su naturaleza dentro del Derecho Administrativo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de agosto del dos mil diecinueve, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras MA LUISA GONZALES VEGA y CARMEN CLEMENCIA FERRERA MORALES en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- SEGUNDO: CONDENA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostenían las señoras MA LUISA GONZALES VEGA y CARMEN CLEMENCIA FERRERA MORALES con el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, directamente con la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS EDUCACIÓN y se le reconoce una antigüedad laboral desde: MA LUISA GONZALES VEGA desde el 15 de Febrero del 2016 y CARMEN CLEMENCIA FERRERA MORALES, desde el 15 de Febrero del 2016, asimismo se le reconoce a las demandantes todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; por despido ilegal e injusto, asimismo a REINTEGRAR a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a su puesto de trabajo más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que las demandantes sea debidamente reinstalados, así como la restitución de sus funciones y los derechos obtenidos como empleadas permanentes durante su ausencia. -TERCERO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, cómo se puede observar, las demandantes han sido contratadas como temporales, en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador es de naturaleza indefinida dentro de la institución demandada, por el mismo entorno de la labor que se desempeña en esta, es decir, siempre necesitará personal para realizar las actividades de las demandantes, este personal es indispensable en la institución. Deduciéndose que el contrato de trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los puestos de trabajo. Concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal. El principio de Estabilidad Laboral del Derecho del Trabajo impone que el contrato de trabajo deba ser de duración continua e indeterminada como figura tipo de la relación laboral y exige que durante toda su vigencia se asegure al trabajador una adecuada protección contra el despido injustificado, de modo tal que éste tiene derecho a conservar el empleo mientras no se verifiquen circunstancias imputables a él que justifiquen su exclusión.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de septiembre del dos mil veinte, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que con la prueba documental que obra en la primera pieza de autos, se logró acreditar la existencia de varios contratos de servicios profesionales celebrados entre el Estado de Honduras y las demandantes; y que las funciones por las cuales fueron contratadas siempre fueron las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo, como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración. Además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que: "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”, por lo que no cabe duda de que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado. Que esta Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes, cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dichos trabajadores soliciten su permanencia y se les considere como trabajadores permanentes, por lo que es claro, que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza permanente.- 5. Mediante auto de fecha once de marzo del dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha catorce de marzo del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal la Abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha catorce de marzo del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiuno de abril del dos mil veintidós, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso b del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo violentó la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el medio de prueba documental público correspondientes a los Contratos de Servicios Profesionales que se encuentran en los Folios 30 al 76, donde consta que la relación laboral es por tiempo determinado, pues en cada uno de los contratos se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización. Tampoco Honorables Magistrados, el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica del Artículo 19 del Código de Trabajo en cual establece "Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración" que dicha definición está subordinada a lo establecido en el artículo 21 en que establece "se presume que toda relación de todo trabajo personal está regida por un contrato" el cual es violentado por el Tribunal Ad-Quen en virtud de darle una connotación diferente al concederles REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO POR DESPIDO DIRECTO INJUSTIFICADO. QUE SE RECONOZCA EL CARÁCTER INDEFINIDO DE LA RELACIÓN LABORAL.- QUE SE RECONOZCA LA CONDICIÓN O STATUS DE EMPLEADAS PERMANENTES AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 24, 47, 48, PÁRRAFO SEGUNDO Y 52 PÁRRAFO TERCERO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, CONVENIO 111 Y 169 DE LA O.I.T. Y EL DECRETO LEGISLATIVO NO. 93-97 DEL 1 DE AGOSTO DE 1997 Y ARTÍCULO 6 DEL DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-M-2009 DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2009, CON EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD ADQUIRIDA AL AMPARO DE LOS PRINCIPIOS DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD Y DE CONTINUIDAD. RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIO CON LOS INCREMENTOS SALARIALES Y DEMÁS DERECHOS QUE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO SE PRODUZCAN. Y ellas fueron contratadas a término ya que el mismo se entrelaza con lo establecido en el artículo 26 el que establece "Que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado....", artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: "Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación..." PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1º del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1º Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por las recurrentes sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar bajo una de las modalidades contempladas en la Ley nacional vigente. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El objeto de pedir concurre en lo que reclama, el reclamo lo constituye el reintegro e indemnizaciones laborales, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mi representada y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de hacer erogación de reintegro e indemnizaciones laborales por la siguiente razón: primero porque el reintegro solo le corresponde al personal que ha sido despedido injustificadamente y en el caso que nos ocupa no hay tal despido sino una notificación de no renovación de contrato, en tal sentido el tribunal de segunda instancia no consideró que el Código de Trabajo señala los contratos a término como una de sus modalidades y establece que los mismos obliga a lo expresamente pactado. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1º del Código del Trabajo)”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas los artículos 19, 21 y 46 inciso b) del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Omite señalar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, d) Formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes agosto del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 52-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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