Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-51-21 — Registro 15352

Resumen

Demanda de emplazamiento al demandado para que pruebe la justa causa del despido, por lo que presenta la demanda ordinaria laboral de reintegro por despido ordinario, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir, se les efectúe el pago correspondiente de la zonificación consistente en las nivelaciones salariales desde enero del año 2015 hasta septiembre del año 2016, las cuales no han sido canceladas hasta la fecha, se condene al demandado al pago de la multa por violación a la libertad de asociación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, b) señala como norma sustantiva los artículos 737 y 738 del Código del Trabajo, mismas que son procesales no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) en la explicación de su motivo señala los artículos 348 y 353 del Código del Trabajo, mismo que no señala en la formulación como norma sustantiva violada al igual que alega apreciación errónea cuando en su formulación establece falta de apreciación, siendo diferentes tipos de violación y debiendo establecerlas de manera separada por la independencia de los cargos.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 21 de marzo del 2022, por la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora MERCEDES DESIRE GARCIA PALMA, representada en juicio por la Abogada MARGARITA VALENZUELA ULLOA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda de emplazamiento al demandado para que pruebe la justa causa del despido, por lo que presenta la demanda ordinaria laboral de reintegro por despido ordinario, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir, se les efectúe el pago correspondiente de la zonificación consistente en las nivelaciones salariales desde enero del año 2015 hasta septiembre del año 2016, las cuales no han sido canceladas hasta la fecha, se condene al demandado al pago de la multa por violación a la libertad de asociación, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 7 de abril del 2017, por los señores MERCEDES DESIRE GARCIA PALMA, soltera, y HERNALDO MANUELES SOSA, casado, ambos Peritos Mercantiles, mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio del Director, el señor MIGUEL VILLEDA VILLELA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de septiembre del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 19 de septiembre del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR demanda ordinaria laboral promovida por la señora MERCEDES DESIRE GARCIA PALMA, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio de su Director Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA.- SEGUNDO: CONDENAR al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio de su Director Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA al REINTEGRO de la señora MERCEDES DESIRE GARCIA PALMA a su puesto de trabajo en el cargo de Técnico Registral 5.3 del Registro Civil Municipal del Distrito Central departamento de Francisco Morazán, en mejores o iguales condiciones, y a los salarios dejados de percibir y demás derechos que se reconozcan, desde la fecha de la finalización de la relación laboral hasta que sea debidamente reinstalada.- TERCERO: SE ABSUELVE al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio de su Director Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA, al pago de la multa por violación a la libertad de asociación.- CUARTO: SE ABSUELVE al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio de su Director Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA, al pago correspondiente de la zonificación consistente en las nivelaciones salariales desde enero del año 2015 hasta septiembre del año 2016.- QUINTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, la señora Mercedes Desiré García Palma, mediante Acuerdo número 051-2013, comenzó a laborar el día 1 de marzo del 2012, en el cargo de Escribiente, actualmente como Técnico Registral 5.3, asignada al Registro Civil Municipal del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, devengando un salario mensual de L. 13,045.00; y el señor Hernaldo Manueles Sosa, mediante Acuerdo número 209-2014, comenzó a laborar el día 1 de abril del 2014, en el cargo de Escribiente, actualmente como Técnico Registral 5.3, asignado al Registro Civil Municipal del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, devengando un salario mensual de L.13,045.00, ambos en el Registro Nacional de las Personas (RNP), desempeñándose con responsabilidad de acuerdo al cargo que ostentaban, realizando las actividades inherentes a este, no obstante, lo anterior, el Director del Registro Nacional de las Personas acordó destituirles mediante los Acuerdos No. 002-2107 y No.004-2017, del día jueves 19 de enero del 2017, efectivo a partir del 20 de enero del 2017; previo al despido a los demandantes se les convocó a Audiencias de Descargo, para el día miércoles 18 de enero del 2017 a las 2.00 p.m. y 1:30 p.m. de la tarde, según el orden de comparecencia, mismas que se celebraron en la Oficina de la Inspectora Legal de Recursos Humano, quien delegó sus facultades a la Licenciada Silvia Esperanza Corea Salgado para la realización de la misma, sin embargo las audiencias dieron inicio hasta las 3:00 p.m. y 3:35 pm. respectivamente, es decir, fuera de las horas en que se hicieron las convocatorias y sin presencia de representantes del Sindicato de la Junta Directiva Central y como si fueran delincuente les hicieron acusaciones, por haber participado del paro ilegal de labores los días 19, 20, 21 y 22 de diciembre del 2016, en las audiencias manifestaron que en ningún momento abandonaron su centro de trabajo ni mucho menos sus labores, sino que acudieron a las Asambleas Informativas que el Sindicato convocó para informar sobre el incumplimiento del sueldo mensual en la fecha establecida, aguinaldo, bono e incremento salarial que se había negociado con el Directorio del Registro Nacional de las Personas, haciendo uso de su derecho de reunión con otras personas en forma pacífica y sin armas en manifestaciones públicas o en Asambleas Transitorias, a que se refiere el artículo 79 de la Constitución de la República; también agregan que en ningún momento la Institución demandada ha solicitado la ilegalidad del paro a que se refieren en la nota de despido; como se podrá observar el artículo 117 del Código del Trabajo establece “…la parte que termina unilateralmente del Contrato de Trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”, la nota del despido la fundamentan en los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo, en relación con el artículo 112 literales i) y última parte del literal II) del mismo Texto Legal, por lo que amerita se aprecie la ilegalidad de sus despidos contenidos en los Acuerdos mencionados basados en lo siguiente: “En el preámbulo del artículo 98 referido se prohíbe a los trabajadores numeral 1) faltar al trabajo, o abandonarlo en horas de labor, sin justa causa de impedimento o sin permiso del patrono”, es necesario aclararle al demandado, que el faltar al trabajo está íntimamente ligado con lo establecido en el artículo 112 literal h) en el que existe como causa de la terminación laboral sin responsabilidad del patrono, únicamente cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante 2 días completos o consecutivos o durante 3 días hábiles en el término de un 1 mes; es por ello que el abandono que se hace sin justa causa a que se refieren los Acuerdos de Despido debe equipararse a la falta de asistencia al trabajo; es decir que el abandono tiene que ser durante 2 días consecutivos o 3 días alternos; queriendo también dejar claro que al respecto los demandantes en ningún momento abandonaron sus labores, prueba de ello es que en el reloj marcador está marcada su huella digital del ingreso a la hora acostumbrada y reglamentada, así como a la salida de labores, cumpliendo con la jornada de trabajo, tan es así que se les pagaron esos días que dice el Acuerdo de Despido; en cuanto a la ilegalidad del despido que según los Acuerdos No.002-2017 y No. 004-2017, se dice que éste es efectivo a partir del 20 de enero del 2017, olvidando la institución demandada que los días 19 y 20 de enero del 2017, se encontraban gozando de vacaciones, solicitud que hicieron en fecha 19 de enero del 2017, las mismas fueron autorizadas por la Jefe de Recursos Humanos del Registro Nacional de las Personas (RNP) según consta en los documento de acción de personal y permiso por hora, es decir se les despide a partir de una fecha en que debían gozar sin interrupción del periodo de vacaciones aprobadas; el artículo 351 del Código del Trabajo al respecto establece “los trabajadores deben gozar sin interrupción de su periodo de vacaciones, pero por urgente necesidad del patrono este podrá requerir al trabajador a suspender estas y a reintegrarse a su trabajo. En este caso el trabajador no pierde su derecho a reanudarlas”, se les despidió cuando sus Contrato de Trabajo se encontraban en suspenso, por estar gozando de vacaciones; con el ánimo que la institución demandada rectificara ante la ilegalidad del despido que estaban siendo objeto, junto con los compañeros Milvia Janeth Rosales Silva, Iris Elizabeth Vigil Zelaya, Fanny Yaneth Padilla García, Doris Marlene Barrientos Zelaya, Vilma Catalina Lagos Vázquez, Celia Amparo Quiñonez Escalante, Darío Eliezer Cáceres Zavala, Veracruz Andino Rodríguez, interpusieron el Recurso de Reposición el 24 de enero del 2017, ya que todos fueron objeto del despido por las mismas causas que se les invocan haber cometido y mediante punto de Acta No. 6.1 del 23 de febrero del 2017 resolvió el Directorio del Registro Nacional de las Personas, declarar con lugar, el Recurso de Reposición solamente a favor de los empleados Fanny Yaneth Padilla García, Vilma Catalina Lagos Vázquez, Celia Amparo Quiñonez Escalante, Darío Eliezer Cáceres Zavala, los cuales se les sustituye de la sanción de despido e impone nada más una sanción, consistente en 8 días de suspensión de sus labores sin goce de sueldo, siendo las mismas causas que se invocaron para despedirles a todos, solamente a 5 compañeros les declararon con lugar el recurso, y sin embargo se les declara sin lugar dicho recurso a los demandantes, resultando injusto pues las causas invocadas fueron las mismas imputadas; agregando a lo anterior según la Convocatoria para la Audiencia de Conciliación ante el Jefe de Servicio de Resolución Alterna de Conflictos Laborales de la Dirección General del Trabajo se citó Director del Registro Nacional de las Personas, para que comparezca respecto al reclamo de Darío Eliezer Cáceres Zavala, Hernaldo Manueles Sosa, Fanny Yaneth Padilla García, Vilma Catalina Lagos Vásquez y Mercedes Desiré García Palma, y en base a esa conciliación los señores Darío Eliezer Cáceres Zavala, Fanny Yaneth Padilla García y Vilma Catalina Lagos Vásquez, a quienes también se les invocaron las mismas causas, fueron ya reintegrados, mediante las Actas de Investigación efectuadas por personeros de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social en el Centro de Trabajo, lo único que hacen constar es que se estaba produciendo un reclamo por parte del Sindicato para exigir el pago del mes de diciembre y el bono que fue pactado por las partes, pero en ningún momento los Inspectores del Trabajo señalan en esa inspección a ninguno de los demandantes; con su despido también se están violentando los Convenios Números 87 y 98 del año 1948 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto al derecho de libertad de sindicalización y protección del derecho de sindicación, los que en su parte conducente establece en el No. 1 Libertad Sindical que de manera literal manifiesta en su artículo No. 2 “los trabajadores y los empleados, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas” el artículo 8 dice “al ejercer los derechos que se les reconocen en el convenio antes descrito los trabajadores y los empleados y sus organizaciones respectivamente están obligados lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad, la legislación nacional no menoscabara ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente convenio”, la protección del derecho de sindicalización artículo 11 “todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo para el cual este en vigor el convenio antes mencionado se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleados el libre ejercicio del derecho de sindicación”, estando legalmente constituido el Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional de las Personas (SITRARENAPE), en base a ese derecho es que por medio del Secretario General del Registro Nacional de las Personas se le notificó la elección de la Junta Directiva Seccional de Francisco Morazán del Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional de las Personas (SITRARENAPE), mediante punto de acta no. 6. 12., de la cual forman parte en los cargos como Secretaria de Asuntos Femeninos Mercedes Desiré García Palma y como Fiscal el señor Hernaldo Manueles Sosa, para el periodo de 2 años, el Director del Registro Nacional de las Personas ha violentado además lo que dispone el artículo 90 de la Ley de Inspección de Trabajo “cuando se infrinjan o vulneren derechos fundamentales protegidos a los trabajadores por la Constitución de la República, el ordenamiento laboral y las normas internacionales del trabajo ratificados por Honduras, cuyo daño no sea cuantificable en dinero, el importe de la sanción o multa debe ser de L. 100,000.00, si la infracción se realiza a diferentes normas, la multa anterior se debe aplicar por cada infracción. Toda persona que, por medio de violencia o amenazas, atente en cualquier forma contra el derecho a la libertad de asociación y libertad sindical, debe ser sancionada con una multa de L. 300,000.00 y la infracción administrativa se debe considerar como una sola”, se les despidió ostentando los cargos de Secretaria de Asuntos Femeninos y Fiscal del Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional de las Personas (SITRARENAPE), por lo que se le deberá aplicar a la institución la multa a que se hace referencia en la citada Ley; Mediante punto de acta No. 5.6.1, de solicitud de fecha 29 de marzo de 2016, los demandantes solicitan al directorio del porque no se les incluyó en las nivelaciones salariales que se realizaron en enero del 2015, de algunos empleados a pesar de que realizaban el mismo trabajo, pero no la misma remuneración salarial, lo cual el directorio resolvió en el punto de acta No. 5.6.1, trasladar al Departamento de Recursos Humanos, la solicitud antes descrita para hacerles las nivelaciones correspondientes desde enero del 2015 hasta septiembre del 2016, se autorizó los desembolsos correspondientes de las nivelaciones retroactivas salariales pero que hasta la fecha no se les ha hecho efectivo ese pago, Recursos Humanos por medio de la Jefe de personal se negó a facilitarles el punto de acta donde se autoriza por medio del directorio a pagarles las zonificaciones consistentes en las nivelaciones salariales antes descritas; también se les violento lo dispuesto en el artículo 516 del Código del Trabajo que establece “los trabajadores miembros de la Junta Directiva de una organización sindical, desde su elección hasta 6 meses después de cesar en sus funciones, no podrán ser despedidos de su trabajo sin comprobar previamente ante el Juez de Letras del Trabajo respectivo o ante el Juez de lo Civil en su defecto, que exista justa causa para dar por terminado el contrato”, el despido del que fue objeto obedece al reclamo de los derechos que como trabajadores han efectuado a la institución, ya que en fecha 22 de diciembre del 2016 se constituyeron en las instalaciones del Registro Nacional de las Personas los Inspectores del Trabajo para constatar los reclamos hechos por los trabajadores, pero en ninguno de los apartados que transcribieron los Inspectores, aparecen mencionados sus nombres. Pretendido buscar un arreglo conciliatorio, acudieron en fecha 03 de marzo del 2017, ante la Conciliadora asignada buscando solucionar el problema, pero el Abogado en representación del Director y Representante Legal del Registro Nacional de las Personas, no ofreció ningún arreglo, por lo que se procedió al cierre de las diligencias administrativas, dando de esta manera por agotado el procedimiento administrativo gubernativo, quedando expedita la vía judicial.- 2. La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contestó dicha demanda señalando que los demandantes fueron destituidos de sus cargos sin responsabilidad alguna para la Institución, ambos a partir del 20 de enero del 2017, las faltas graves cometidas por la señora Mercedes Desiré García Palma consistentes las mismas en haber violentado las disposiciones contenidas específicamente en el artículo 112 letras i) última parte del Código del Trabajo que a la letra dicen “son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte… i) no acatar el trabajador, en igual y en perjuicio del patrono, las normas que éste o su representante en la dirección de los trabajos forma le indiquen con claridad, para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores que están ejecutando, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con artículos 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional”, asimismo los artículos 97 numerales 1), 2), 3) y 13), 98 numerales 1), 5) 6), es de aplicación obligatoria a la falta grave en que incurrió los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre del 2016, al haber dejado de laborar y así no cumplir con las funciones establecidas en su Acuerdo de Trabajo, abandonó su trabajo en el horario establecido sin justa causa de impedimento y sin permiso del patrono, suspendió ilegalmente sus labores, promovió suspensiones intempestivas del trabajo, al no permitir a los demás compañeros de trabajo que deseaban ingresar al centro de trabajo para cumplir con sus funciones al poner candados para el no ingreso y el pabellón nacional, asimismo no ingresaron los ciudadanos a diferentes oficinas de interés personal, además promovió la suspensión intempestiva de los otros compañeros de trabajo, excitó a la declaración y mantenimiento de la promoción de la suspensión del trabajo a otros trabajadores, aunque la mayoría de los mismos querían entrar a cumplir sus funciones de trabajo pero que no les fue permitido, igualmente hizo con los usuarios externos, lo anterior fue constatado por los Inspectores de Trabajo que son Ministros de Fe Pública, mediante el levantamiento de las actas correspondientes de fecha 22 y 23 de diciembre del 2016, mediante las cuales se establece que las oficinas del Registro Nacional de las Personas (RNP) ubicadas en el Edificio Villatoro, en el Edificio del IPM, y del Edificio FAMME se encontraban cerradas y sin ningún acceso para ninguna persona ni empleados o personas ajenas a la Institución que andaban solicitando sus servicios, ya que las puertas de entrada estaban cerradas con candados y puesta la Bandera Nacional; se les cito a una audiencia de descargos para el día 18 de enero del 2017, con ello se llevó a cabo el debido proceso sin dejarle en indefensión, garantía establecida en la Constitución de la República, no pudiendo desvanecer la falta grave en que incurrió por lo por cual se les está destituyendo de su cargo sin responsabilidad para el Registro Nacional de las Personas (RNP), en virtud que además que está documentado lo anterior, esos también fue de dominio público lo acontecido durante días en el RNP, cuyas noticias salieron en los diferentes periódicos que circulan a nivel nacional, siendo ésta una causal de despido tal acuerdo al transcribir aplicable al como la establece la normativa en el principal caso; por lo que la señora Mercedes Desiré García Palma, no desvaneció en la audiencia de descargos la falta grave que se le imputa en el desempeño de su cargo, descargo que se levantó para tales efectos, hecho que fue constatado, ya que se le respeto el debido proceso y el derecho a su defensa, lo anterior está plenamente establecido en el Acta de Descargo de fecha 18 de enero del 2017, por lo que la falta grave cometida por ella, está debidamente probada en la misma acta y demás documentación conforme al expediente de mérito, hechos ocurridos de los cuales el 19 de enero del 2017 tuvo conocimiento de toda la investigación, en virtud de haberse enterado en esta sesión del Oficio No. 90-DRH 17 de fecha 19 de enero del 2017 dirigido al Secretario General, por la Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Registro Nacional de las Personas, extremos estos que facultan al Patrono a dar por terminado el contrato de Trabajo sin ninguna responsabilidad para el mismo, o sea para el Registro Nacional de las Personas, con lo que se comprueba en este caso, que dicha empleada no observó lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la Institución, la Ley del Registro Nacional de las Personas y su Reglamento, el Código de Trabajo al haber cometido la falta grave mencionada, por haber violentado las obligaciones y prohibiciones establecidas en la normativa relacionada anteriormente, y que le incumben que en razón de su cargo ha venido desempeñado, haberse extralimitando en sus funciones al realizar actos que están prohibidos en la Ley y demás normativa aplicable mencionada anteriormente, además no acató ni cumplió órdenes que de modo particular le impartió el patrono o su representante; así como no ejecutó su trabajo con la mayor eficiencia, cuidado y esmero en el tiempo, lugar y condiciones convenientes al cometer la falta grave señalada; igualmente abandonó su trabajo sin justa causa de impedimento y sin permiso del patrono; con lo que hizo disminuyó intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo en su totalidad; en cuanto al demandante señor Hernaldo Manueles Sosa, al haber violentado las disposiciones contenidas específicamente en el artículo 112 letras i) última parte, LL) del Código del Trabajo, asimismo los artículos 97 numerales 1), 2), 3) y 13), 98 numerales 1), 5), 6) de aplicación obligatoria a la falta grave en que incurrió los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre del año 2016, al haber dejado de laborar y así no cumplir con las funciones establecidas en su Acuerdo de Trabajo, abandonó su trabajo en el horario establecido sin justa causa de impedimento y sin permiso del patrono; suspendió ilegalmente sus labores, promovió suspensiones intempestivas del trabajo, al no permitir a los demás compañeros de trabajo que deseaban ingresar al centro de trabajo para cumplir con sus funciones al poner candados para el no ingreso y el pabellón nacional, asimismo, no permitió el ingreso a diferentes oficinas de interés personal, trabajo de los ciudadanos que comparecieron a de la Institución para realizar trámites familiares y que solo el Registro Nacional de las Personas (RNP) es la única institución que puede prestarlos, promovió la suspensión intempestiva del trabajo, excitó la declaración y mantenimiento de la promoción de la suspensión del trabajo de todos los otros trabajadores, aunque la mayoría de los mismos querían entrar a cumplir sus funciones de trabajo pero que no les fue permitido, lo anterior fue constatado por los Inspectores de Trabajo que son Ministros de Fe pública, mediante el levantamiento de las actas correspondientes de fecha 22 y 23 de diciembre del 2016, mediante las cuales se establece que las oficinas del Registro Nacional de las Personas (RNP) ubicadas en el Edificio Villatoro, en el Edificio del I.P.M., y del Edificio FAMME se encontraban cerradas y sin ningún acceso para ninguna persona ni de empleados del RNP ni solicitando personas ajenas a la Institución que andaban sus servicios, ya que las puertas de entrada de las mencionadas oficinas estaban cerradas con candados y puesta la Bandera Nacional, se le cito a audiencia de descargos para el día 18 de enero del 2017, con ello se llevó a cabo el debido proceso sin dejarlo en indefensión, garantía establecida en la Constitución de la República, no pudiendo desvanecer la falta grave en que incurrió por lo por cual se le está destituyendo de su cargo sin responsabilidad, en virtud que además que está documentando también fue de dominio público lo acontecido, cuyas noticias salieron en los diferentes periódicos que circulan a nivel nacional, siendo una presente causal de despido tal como lo establece en acuerdo al transcribir toda la normativa principal aplicable al caso; por lo que no desvaneció en la audiencia de descargos la falta grave que se le imputa en el desempeño de su cargo, descargo que se le levantó para tales efectos, hecho que fue constatado, ya que se le respeto el debido proceso y el derecho a su defensa; en la evacuación de las Actas de Descargos de fecha 19 de enero del 2017, levantada a los demandantes ambos en su condición de Técnicos Distrito Registrales Central Registro Nacional, no pudieron desvanecer las faltas graves que se les imputan en el desempeño de sus cargos, informando a la Jefe de Recursos Humanos mediante Oficio No. 90 DRH-17 de fecha 19 de enero del 2017, al Secretario General del Registro Nacional de las Personas remitiendo toda la investigación realizada, y que el Directorio realizada ese mismo día en sesión Extraordinaria; los demandantes en la evacuación de las actas de descargos que se les levantó, no pudieron desvanecer las faltas graves que se les imputan en el desempeño de sus cargos, estando plenamente probado y que constituyen faltas graves que conllevó a la destitución sin responsabilidad para el Registro Nacional de las Personas; fue así que mediante el Acuerdo Número 002-2017 y 004-2017, el Director del Registro Nacional de las Personas, en cumplimiento a lo resuelto en la Sesión Extraordinaria celebrada por el Directorio de este organismo, el día 19 de enero del 2017 y en aplicación a lo dispuesto en los artículos 1, 1-A, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16 numerales 1), 7), 17 numerales 1), 2), 9), 12), 15), 118 numerales 15) y 17), 119, 121 aplicables de la Ley del Registro Nacional de las Personas, 1), y demás 18 numeral, 16), 19 numeral, 17), 30) y demás aplicables del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 53 letras a), b), c), d), g), h), i), j), k), y m), 54 letra c), 59 letras a), 11), r), 61, 63 letra c), 64, 68, 70, 71, 73, 76 y demás aplicables del Reglamento Interno de Trabajo del Registro Nacional de las Personas, 1, 2, 87, 97 numerales 1), 2), 3) y 13), 98 numerales 1), 5), 6), 112 letras i), L), 591 numerales 1), 3), 5), 593 numeral b), 610, 614, 615, 616, 617 numerales d), g), h), 630, 631, 863, 868 y demás aplicables del Código de Trabajo, por unanimidad de votos, acordó destituir a partir del 20 de enero del año 2017 a la ciudadana Mercedes Desiré García Palma, del cargo de Técnico Registral, del Registro Civil Municipal del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán del Registro Nacional de las Personas (RNP) en éste Distrito Central, sin responsabilidad alguna para la institución, en virtud de la falta grave cometida, y al señor Hernaldo Manueles Sosa, del cargo de Técnico Registral, del Registro Civil Municipal del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán del Registro Nacional de las Personas, sin responsabilidad alguna para la institución, en virtud de la falta grave cometida, se citó a una audiencia de descargos para la el día 18 de enero del 2017, con ello se llevó a cabo el debido proceso sin dejarlo en indefensión, garantía establecida en la Constitución de la República; no pudiendo desvanecer la falta grave en que incurrió por lo por cual se le está destituyendo de su cargo sin responsabilidad, en virtud de que además que está documentado lo anterior, también fue de dominio público lo acontecido durante esos días, cuyas noticias salieron en los diferentes periódicos que circulan a nivel nacional, siendo ésta una presente causal acuerdo de al despido tal transcribir aplicable al caso, lo anterior está plenamente establecido en el Acta de Descargo de fecha 18 de enero del 2017, que se le levantó al Señor Hernaldo Manueles Sosa, por lo que la falta grave cometida, está debidamente probada en la misma acta y demás documentación conforme al expediente de mérito, hechos ocurridos de los cuales el 19 de enero del 2017, tuvo conocimiento de toda la investigación que se le realizó, el Directorio de la Institución en sesión del su conjunto, en virtud de haberse enterado en esta Oficio No. 90-DRH-17 de fecha 19 de enero del 2017 dirigido al Secretario General del RNP, y Jefe recursos Humanos del Registro Nacional de las extremos estos que facultan al Patrono a dar por el contrato de sin ninguna responsabilidad; la destitución de los demandantes se efectuó dentro del plazo que establece el artículo 863 del Código del Trabajo; el artículo 79 de la Constitución de la República, su contenido es cierto, pero no es para que se violen la normativa establecida en la República para estos casos; a lo que se refiere dicho artículo es cierto que las personas pueden reunirse pacíficamente y a realizar manifestaciones públicas; pero todo lo anterior, es de acuerdo a la ley, o sea en horas inhábiles donde no se le ocasione perjuicios de cualquier índole a la Institución donde laboran, otra situación que es falsa, es cuando los demandantes en dichas audiencias manifiestan que en algunos Departamentos laboraron los empleados, situación que no cierta, ya que los Inspectores del Trabajo constataron que los portones de acceso a las instalaciones estaban cerrados con candados y puesto en los portones el Pabellón Nacional; que a los demandantes se les respeto el debido proceso y el derecho a la defensa, los cuales son garantías Constitucionales; la normativa aplicable al despido de los demandantes está más que clara y legal para haber procedido a sus despidos, ya que dejaron de laborar esos días 20, 21, 22 y 23 de diciembre del 2016 sin permiso del patrono, e incitaron a los demás compañeros de trabajo a no laborar; que los demandantes violaron la normativa establecida en los Acuerdos de despidos, manifiesta no estar cambiando la normativa que se aplicó para la destitución de los demandantes, sosteniendo la misma normativa aplicada en los Acuerdos de destitución; los Demandantes se les aplicó el despido porque cometieron las faltas graves que se les imputan establecidas en dichos Acuerdos, conclusión a que llegaron las Autoridades superiores de la Institución después de haber hecho el análisis a las Audiencias de Descargos y demás documentación que se adjuntó a toda la investigación realizada; los demandantes no laboraron los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre del 2016, el hecho que el tomador de tiempo en aquel momento no se los quiso imprimir, es porque no laboraron esos días sin permiso del patrono, los demandantes están mintiendo, ya que dicen que no abandonaron su trabajo y que permanecieron en sus centros de trabajo, lo cual es falso ya que no desempeñaron sus funciones durante esos y, en éste hecho dicen que el 19 y 20 de enero del 2017 estaban de vacaciones, lo que resulta inaudito que solo dos días tuvieron de vacaciones, y que los demandantes tuvieron su momento oportuno en la audiencia de descargos de manifestarlo pero no lo hicieron, dejaron pasar el momento oportuno de mencionarlo que era en las que audiencias de descargos, además que la Institución no tuvo conocimiento porque nunca notificaron sobre ésta situación, teniendo la obligación de hacerlo con la documentación respectiva; la Institución tiene la entera libertad de la aplicación del artículo 16 numerales 1) y 7), donde se establecen como atribuciones conjuntas del Director y los dos Sub Directores, la libre administración de la Institución, nombrar, contratar, ascender, trasladar, sancionar y cancelar al Personal de la Institución; fue por ello, que de acuerdo a ésta normativa tiene la libertad de administrar la Institución y de aplicar las sanciones que considere convenientes a cada uno de los empleados que cometen faltas en el desempeño de sus funciones, y esto fue lo que hizo en el caso que mencionan los demandantes; expresa no haber violentado ninguna normativa nacional y peor aún los Convenios Números 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por el Gobierno de Honduras, lo que se está tratando es sobre los despidos de los demandantes y no sobre violación a Convenios Internacionales, ya que el demandado jamás ha violentado estos Convenios ni ningún otro, tampoco se ha inmiscuido en los asuntos internos de la Organización Sindical entorpecer el SITRARENAPE, libertad derecho de Sindicación, nunca ha tenido de Sindicalización y participación en Protección, que el Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional de las Personas (SITRARENAPE), tiene más de 10 años que el Estado a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, le otorgó su Personalidad Jurídica y le aprobó sus Estatutos, jamás se ha inmiscuido en los asuntos internos de la Organización Sindical el SITRARENAPE, nunca se ha interpuesto en las decisiones que toman los directivos del sindicato; el artículo 90 de la Ley de Inspección de Trabajo, no es aplicable al caso, primeramente porque jamás se ha inmiscuido en los asuntos internos de la Organización Sindical el SITRARENAPE, y en segundo lugar, dicho artículo no es de aplicabilidad ya que la Ley de Inspección de Trabajo, tuvo fuerza legal a partir del 15 de marzo del año 2017, fecha en que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta con el No. 34,290, en que el artículo 107 de la misma Ley, dice que la misma entrará en virtud de vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, la Ley no tiene efecto retroactivo solo en materia penal cuando la nueva ley favorece al delincuente, los hechos se dieron los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre del 2016, y los despidos, en el caso de los demandantes fue a partir del 20 de enero del 2017; por lo tanto no es de aplicabilidad la norma mencionada, además aunque ésta Ley hubiera sido publicada antes de los acontecimientos, el Juzgado no tiene esas atribuciones de aplicar multas, ya que estas aplican en la parte administrativa; a los demandantes no se les despidió por asuntos sindicales, sino que por no presentarse a sus oficina a desempeñar sus funciones durante los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre del 2016; tampoco el artículo 516 del Código del Trabajo, es aplicable al caso, ya que como jamás se ha inmiscuido en los asuntos internos de la Organización Sindical el SITRARENAPE, ya que a los que les compete es a los empleados afiliados a la Organización Sindical, el despido de los demandantes obedece a las faltas graves que cometieron al no estar en sus Oficinas desempeñando sus funciones durante los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre del 2016; no se refiere a cuestiones sindicales; además, si ese fuere el supuesto caso Junta en el SITRARENAPE no existe legalmente inscrita ninguna Directiva Central, mucho menos Juntas Directivas Seccionales que éstas no se inscriben en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, los demandantes fueron despedidos por los días que no laboraron el 20, 21, 22 y 23 de diciembre del 2016 sin permiso del Patrono, no por cuestiones sindicales, también si ese fuere el caso, las Juntas Directivas seccionales no tienen fuero sindical, esto solo es para las Juntas Directivas Centrales cuando los sindicatos están formados en seccionales y sub seccionales; por lo tanto, dicho artículo no es aplicable.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de septiembre del 2019, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR demanda ordinaria laboral promovida por la señora MERCEDES DESIRE GARCIA PALMA, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio de su Director Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA.- SEGUNDO: CONDENAR al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio de su Director Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA al REINTEGRO de la señora MERCEDES DESIRE GARCIA PALMA a su puesto de trabajo en el cargo de Técnico Registral 5.3 del Registro Civil Municipal del Distrito Central departamento de Francisco Morazán, en mejores o iguales condiciones, y a los salarios dejados de percibir y demás derechos que se reconozcan, desde la fecha de la finalización de la relación laboral hasta que sea debidamente reinstalada.- TERCERO: SE ABSUELVE al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio de su Director Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA, al pago de la multa por violación a la libertad de asociación.- CUARTO: SE ABSUELVE al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) por medio de su Director Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA, al pago correspondiente de la zonificación consistente en las nivelaciones salariales desde enero del año 2015 hasta septiembre del año 2016.- QUINTO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que las causas o motivos que impulsaron la decisión unilateral de cancelación de la relación laboral se encuentran plasmadas en el acuerdo número 002-2017 de fecha 19 de enero del año 2017, en la cual se explican las causas que motivaron el despido, como ser específicamente destituir a partir del 20 de enero del 2017 a la ciudadana Mercedes Desiré García Palma, del cargo de Técnico Registral 5.3 del Registro Civil Municipal del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán del Registro Nacional de las Personas (RNP), sin responsabilidad alguna para la institución, en virtud de la falta grave cometida, dicho acuerdo de destitución es elaborado en fecha 19 de enero del año 2017 y surte efecto el 20 de enero del 2017, notificada bajo protesto por la trabajadora en fecha 20 de enero del año 2017, la parte actora ha sostenido que la destitución del cargo de la señora Mercedes Desiré García Palma se suscitó cuando esta se encontraba en periodo de vacaciones autorizada por el empleador, ante ello ha hecho llegar la parte demandante el medio de prueba documental en el que se constata la solicitud de vacaciones, y la autorización por parte de la Jefe de Recursos Humanos, con el objeto que gozara descanso por vacaciones con fecha de inicio 19 de enero del año 2017 y finaliza 20 de enero del 2017, reintegrándose a sus labores el 23 de enero del año 2017, periodo en el cual se encontraba suspendido su contrato de trabajo, según lo dispone el artículo 100 numeral 8), es por ello que la justificación del patrono argumentada en el escrito de contestación de la demanda, de que estos extremos no fueron argumentados en la audiencia de descargo por la demandante, que esta tuvo el momento oportuno en la audiencia de descargos de mencionarlo, y que la institución no tuvo conocimiento porque nunca notificó sobre esta situación, teniendo la obligación de hacerlo con la documentación respectiva, en vista de esto el órgano jurisdiccional considera que tales alegatos no le sirven, y es del criterio no tomarlo en consideración, en vista de que es la misma institución demandada es la que le concede el periodo vacacional a la señora demandante, y devenía en la obligación de tener todas sus dependencias el conocimiento de que esta gozaba de su periodo vacacional cuando se tomó la determinación de destituirla de su cargo, además a pesar de que la trabajadora no hizo mención en la audiencia de descargo sobre la propósito de ordenar pago de multa, es ámbito de aplicación en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social como autoridad administrativa no de los órganos jurisdiccionales, artículo 1 de la Ley de Inspección de Trabajo, no siendo procedente la pretensión de que se condene al Registro Nacional de las Personas al pago de la multa por violación a la libertad de asociación; la parte demandante pretende que se efectué el pago correspondiente de la zonificación consistente en las nivelaciones salariales desde enero del año 2015 hasta septiembre del año 2016, las que no han sido canceladas, se aporta como medio de prueba documental la Certificación el punto de Acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el Directorio del Registro Nacional de las Personas el día 7 de abril del 2016, en la cual se dio lectura a la solicitud de fecha 29 de marzo del año 2016, suscrita por la trabajadora Mercedes Desiré García Palma entre otros trabajadores Técnicos Registrales 5.3 dependientes del Registro Civil, Municipal del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se les dé pronta respuesta a cada uno de ellos y de manera detallada en cuanto a sus situaciones laborales, debido a que en el mes de enero del año 2015, se efectuaron nivelaciones salariales de algunos empleados de esta institución, quedando ellos al margen de gozar dicho aumento a pesar que realizan el mismo tipo de trabajo, el mismo cargo asignado de Técnicos Registrales 5.2, pero no la misma remuneración salarial, ante dicha solicitud se resolvió trasladar al Departamento de Recursos Humanos, la nota de fecha 29 de marzo del 2016 a efecto de que se les explique las razones del porque no se les incluyo en la nivelación que se realizó en el año 2015, a efecto de que se dictamine dicho asunto y comunicar la resolución a través de la Secretaría General a los señores Director, Subdirectores Técnico, del análisis de dicha prueba y del estudio de toda la prueba aportada, se evidencia que el demandado no se ha comprometido con la trabajadora Mercedes Desiré García Palma a otorgar la nivelación salarial, sumado a lo expuesto la parte demandante no detalla en el escrito de demanda, las personas a quienes se les ha incrementado el salario, cual es el salario que pretende, y asimismo la parte demandante en el momento procesal oportuno, es decir en la audiencia primera de tramite no forjo ni siquiera la prueba para acreditar el pago solicitado, y tomando en consideración que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca sobre los hechos alegados, sino que deben fundamentarse sobre su demostración por alguno o algunos de los medios de prueba reconocidos por la ley, siendo estos medios de prueba los instrumentos legales necesarios de que se valen las partes para demostrar al juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho, es preciso entonces que la prueba se produzca para que la autoridad pueda calificarla, es por ello que es del criterio de la que juzga que no procede el pago correspondiente de la zonificación consistente en las nivelaciones salariales desde enero del año 2015 hasta septiembre del año 2016; que se ha acreditado con el medio de prueba documental consistente en la constancia emitida por la Jefe Departamento de Recursos Humanos del Registro Nacional de las Personas extendida en fecha 3 de abril del año 2017 la fecha de ingreso de la señora Mercedes Desiré García Palma a partir de 1 de marzo del año 2012, fungiendo el cargo de Técnico Registral 5.3 del Registro Civil Municipal del Distrito Central departamento de Francisco Morazán, con un salario de L. 13,045.00; constituyen hechos probados para los efecto legales que procedan el inicio de la relación laboral fue el 1 de marzo del 2012, finalización de la relación laboral 20 de enero del 2017, salario mensual devengado L. 13,045.00, puesto de trabajo en el cual se desempeñaba al momento del Despido Técnico Registral 5.3 del Registro Civil Municipal del Distrito Central Departamento de Francisco Morazán.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de septiembre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que consta el Acta de Notificación de fecha 20 de enero del 2017, efectuado a la señora Mercedes Desiré García Palma del Acuerdo de Cancelación, mediante acción de personal de fecha 19 de enero 2017 se autorizó 2 días de descanso por vacaciones los días 19 y 20 de enero del 2017, con lo anterior se evidencia que la notificación del despido se produjo cuando la demandante gozaba de vacaciones, periodo en el cual se encontraba suspendido su contrato de trabajo según lo dispone el articulo 100 numeral 8) del Código del Trabajo, consecuentemente el despido se vuelve ilegal al estar suspendida la relación de trabajo a causa de las vacaciones, a que tiene derecho y que la Constitución de la Republica establece, que la Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación, cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas, o que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios; habiendo el trabajador acreditado el despido directo mediante nota de terminación de su Contrato de Trabajo, y notificado durante en el periodo de suspensión de labores a causa de las vacaciones que le fueron aprobadas, hace que el despido sea ilegal e injusto, consecuentemente el trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo por lo menos en igualdad de condiciones, asimismo, a pagar al trabajador, a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la terminación del trabajo hasta la fecha que con sujeción a las normas procesales se produzca el reintegro; por las razones expuestas es procedente confirmar la resolución dictada en primera instancia.- 5. Mediante auto de fecha 11 de marzo del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 21 de marzo del 2022, compareció ante este Tribunal la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 21 de marzo del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 4 de mayo del 2022 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada MARGARITA VALENZUELA ULLOA, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su único motivo de casación alega: “ACUSO A LA SENTENCIA RECURRIDA DE SER VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR VIOLACIÓN INDIRECTA PROVENIENTE POR ERROR DE HECHO POR LA FALTA DE APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada, esta comprendidas en los artículos 737 y 738 Código del Trabajo en relación con el 100.8 del mismo cuerpo legal. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. SINGULARIZACION DE LA PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA: Se singulariza la prueba admitida a la parte demandante consiste en: DOCUMENTAL PUBLICA consistente en: 1. Acta de Notificación de fecha 20 de enero de 2017, contentiva de la Notificación a la demandante del Acuerdo Número Dos (002) de fecha 19 de enero de 2017, corre agregada a folio 115 de la primera pieza de autos; 2. Acción de Personal de fecha 19 de enero de 2017, corre agregada a folio 116 de la primera pieza de autos; y 3. Nota de fecha 19 de enero de 2017, firmada por la demandante en la cual solicita dos (2) días de vacaciones comprendidas desde el 19 al 20 de enero de 2017, corre agregada a folio 117 de la primera pieza de autos; y 4. Solicitud de Permiso Por Horas solicitado por la demandante, con fecha 19 de enero de 2017, a partir de las 8:00 am, que corre agregado a folio 118 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE. - El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765 numeral 1° párrafo primero del Código del Trabajo.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN. PRIMERO: Este Tribunal tiene establecido que el error de hecho en casación, es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley, en el presente caso de autos el A quem, aprecio erróneamente la prueba admitida y evacuada por el recurrido, la que se origina por un error de hecho, es decir respecto de la prueba considerada en sí mismo y no con relación a las normas legales que regulan la prueba, generando la violación de la ley sustantiva, el error es manifiesto y ostensible, demostrable y entra en pugna con el fallo que la admite como probado un hecho que en realidad no está demostrado: el A quem no aprecio debidamente el Medio de Prueba Documentos Públicos, singularizados en esta demanda de Casación en forma integral, en los mismos se observa la actitud fraudulenta de la demandante al llevar a juicio documentos donde supuestamente acredita que en el momento de la notificación de su Acuerdo de Despido se encontraba gozando de vacaciones los días 19 y 20 de enero de 2017, es decir su relación laboral suspendida con el patrono a causa del beneficio de vacaciones; consta a folio 118 de la primera pieza que con fecha 19 de enero de 2017, la demandante solicita Permiso Por Horas, estando supuestamente gozando de vacaciones autorizadas por la Jefatura de Recursos Humanos de mi representada, no necesitaba tal solicitud de permiso por horas porque efectivamente se encontraba "gozando de vacaciones", y si bien es cierto consta a folio 117 de la primera pieza de autos, que la demandante solicito el mismo día 19 de enero de 2017 solicitud de autorización de dos (2) días de vacaciones contados a partir de ese mismo día, cuando han afirmado durante el debate del juicio que se encontraba gozando vacaciones, es contradictorio a lo establecido en el artículo 345, 348 y 351 del Código del Trabajo, lo que demuestra que la demandante sorprendió a mi representada con dichas solicitudes de vacaciones con el fin de evadir la sanción disciplinaria que a consecuencia de la falta grave cometida había incurrido. SEGUNDO: El A quem, considera en el fallo impetrado que la notificación del despido se produjo cuando la demandante gozaba de vacaciones, periodo en el cual se encontraba suspensión su contrato de trabajo según lo dispone el articulo 100 numeral 8 del Código del Trabajo, consecuentemente el despido se vuelve ilegal al estar suspendida la relación de trabajo a causa de las vacaciones a las que tiene derecho la demandante; afirmación jurídica cuestionable en virtud que la prueba demuestra lo contrario, ya que si efectivamente la demandante se encontraba en periodo de vacaciones, asistió a su centro de trabajo, al "supuesto" llamando del Departamento de Recursos Humanos de mi representada y aceptar un Acta de Notificación de Acuerdo de Despido y no argumentar en ese momento tal condición de suspensión de relación de trabajo a causa de vacaciones, sino que argumento que "firma bajo protesto porque el Reglamento Interno no tiene Asidero Legal", hechos que se encuentran probados y fueron apreciados erróneamente por el a quem y que pugna con la Ley sustantiva violada a causa de su falta de apreciación. TERCERO: La normativa laboral establece claramente en su artículo 348, que la época de vacaciones debe ser señalada por el patrón, a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que se tiene derecho a vacaciones, y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso, asimismo en el mismo orden de ideas el artículo 353 de la misma norma legal manda que los trabajadores deben gozar sin interrupción de su periodo de vacaciones, pero por urgente necesidad del patrono, éste podrá requerir al trabajador a suspender éstas y reintegrarse a su trabajo; en el presente caso de autos, se ha demostrado la conducta fraudulenta de la demandante al insistir que efectivamente se encontraba "gozando sin interrupción su periodo de vacaciones", y que las mismas fueron interrumpidas por el patrono para únicamente notificarle su acuerdo de despido, cuando es garantía constitucional que nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe, la demandante en todo caso no estaba obligada a acudir al llamado de su patrono en "periodo de vacaciones" si es que efectivamente los estaba gozando, ya que ella con su aceptación al Acuerdo de Despido estaba dándose por reanudadas a sus labores diarias, es decir que ya no estaba efectivamente gozando de vacaciones, sino que ella por determinación propia suspendió su periodo de vacaciones y reanudo su relación laboral, por ende la notificación del despido fue realizada en tiempo y forma, con las modalidades establecidas en la Ley”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, b) señala como norma sustantiva los artículos 737 y 738 del Código del Trabajo, mismas que son procesales no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) en la explicación de su motivo señala los artículos 348 y 353 del Código del Trabajo, mismo que no señala en la formulación como norma sustantiva violada al igual que alega apreciación errónea cuando en su formulación establece falta de apreciación, siendo diferentes tipos de violación y debiendo establecerlas de manera separada por la independencia de los cargos.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes noviembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 51-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

2