Sentencia CL-483-21 — Registro 15625
Resumen
Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de un despido caso contrario sea condenado al reintegro al trabajo, se reconozca el derecho a la permanencia en el cargo, salarios dejados de percibir, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Falta claridad y precisión al indicar: “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos; b) Cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 208 en relación al artículo 205 numeral 2 del Código Procesal Civil; y, c) Formula alegatos propios de instancia.- III. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de noviembre del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha treinta de agosto del dos mil veintidós, por el Abogado CARLOS HERIBERTO TRIMINIO TORRES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora ALMA DONELIA ESCOBAR, representada en juicio por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de un despido caso contrario sea condenado al reintegro al trabajo, se reconozca el derecho a la permanencia en el cargo, salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de abril del dos mil dieciséis, por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en su condición de representante procesal de la señora ALMA DONELIA ESCOBAR, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña, y con domicilio en la ciudad de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION adscrita actualmente a la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN y DESCENTRALIZACIÓN, por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha siete de septiembre del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha trece de septiembre del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO CASO CONTRARIO SEA CONDENADO AL REINTEGRO AL TRABAJO.- SE RECONOZCA EL DERECHO A LA PERMANENCIA EN EL CARGO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, instaurada por la señora ALMA DONELIA ESCOBAR contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 2) CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA a: 1) REINTEGRAR a su puesto de trabajo a la señora ALMA DONELIA ESCOBAR; por lo menos en las mismas condiciones al momento de operarse el despido; 2) al reconocimiento de una relación permanente a favor de la demandante desde la fecha de inicio de la relación laboral; 3) a pagar a título de daños y perjuicios LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR y cualquier otro derecho que se adeude o se haya generado desde la fecha de! despido hasta que sea EJECUTORIA la presente sentencia condenatoria, los cuales quedan sujetos a la liquidación que se efectué en su momento oportuno; 3).- SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició a laborar para el Estado de Honduras, en el Instituto de Migración desde el 4 de octubre de 2011, en el cargo de Inspector de Migración, asignada en la delegación fronteriza del Poy, teniendo un salario de L.8,490.00; desempeñándose en forma continua y permanente por más de 4 años, pese a que las labores son permanentes en el Instituto de Migración se le tenía hasta la fecha de la cancelación ilegal, como empleada por contrato de prestación de servicios personales por tiempo limitado, lo cual es una SIMULACION, ya que ha laborado por más de 200 días en forma continua y permanente conforme el artículo 347 del Código del Trabajo, siendo las labores permanentes; que mediante memorándum No.1101-GTH-INM-2015, de fecha 29 de diciembre de 2015, suscrito por la señora Juana Gutiérrez Ardón, Gerente de Talento Humano del Instituto de Migración, se le notificó a la demandante su despido, señalando como causal la no renovación de su contrato de trabajo, cancelándola de forma ilegal e injusta, en abierta a la garantía constitucional de estabilidad en el trabajo, ya que no se le señaló una justa causa de despido de las establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo; dándose por agotada la vía administrativa correspondiente, sin poder llegar a un arreglo conciliatorio con la parte demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante sostuvo una prestación de Servicios bajo la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, la que ha sido suprimida mediante Decreto Ejecutivo No PCM-031-20141 y creado el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población ahora Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, razón por la cual no se puede presumir de ninguna forma su continuidad sino es por renovación del mismo; cabe señalar, que el contrato suscrito con la parte actora se estableció en la Cláusula Novena: "Jurisdicción Aplicable: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción", de donde se desprende que la demandante aceptó sin objeción alguna todas y cada una de las cláusulas establecidas en el contrato, igualmente se establece en la Cláusula Décima, "Aceptación de Condiciones; las partes manifiestan que aceptan los términos del presente contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo"; en concordancia con lo preceptuado en el artículo 3 literal a) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que al expirar la plaza de vigencia, cesa la obligación posterior de las partes.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de septiembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia misma que: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO CASO CONTRARIO SEA CONDENADO AL REINTEGRO AL TRABAJO.- SE RECONOZCA EL DERECHO A LA PERMANENCIA EN EL CARGO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, instaurada por la señora ALMA DONELIA ESCOBAR contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 2) CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA a: 1) REINTEGRAR a su puesto de trabajo a la señora ALMA DONELIA ESCOBAR; por lo menos en las mismas condiciones al momento de operarse el despido; 2) al reconocimiento de una relación permanente a favor de la demandante desde la fecha de inicio de la relación laboral; 3) a pagar a título de daños y perjuicios LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR y cualquier otro derecho que se adeude o se haya generado desde la fecha de! despido hasta que sea EJECUTORIA la presente sentencia condenatoria, los cuales quedan sujetos a la liquidación que se efectué en su momento oportuno; 3).- SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, del análisis de los medios de prueba se pudo constatar que el contrato catalogado a tiempo determinado según cláusulas contractuales, se desnaturalizó por la renovación de los mismos, lo que propició la continuidad laboral; asimismo, tomando en cuenta que los contratos a término tienen carácter de excepción, habiendo la parte actora acreditado que la naturaleza de las actividadades de INSPECTOR que realizaba la demandante, son permanentes en el Instituto Nacional de Migración, pues se relacionan directamente con las funciones que por ley son asignadas a esta institución; asimismo, la naturaleza permanente se demostró con la renovación de los contratos por más de 4 años a favor de la demandante. Que ha consideración de la suscrita, la parte demandada no ha probado la justa causa contemplada en la notificación del despido que lo motivó a dar por terminado el contrato de trabajo, pues como se expresó anteriormente, la decisión de no renovar el contrato no obedece la naturaleza temporal de la contratación, sino una sanción por diversas faltas imputadas, errando en cuanto al procedimiento para dar por terminado el contrato de trabajo; a su vez no se encuentra acreditada la temporalidad de la relación laboral, pues como se observa al subsistir la causa del contrato, la parte demandada debió garantizar la estabilidad laboral de la demandante, lo que contrario sensu, decidió prescindir de los servicios bajo un fundamento legal que no puede estar por encima de las disposiciones de orden público del Código del Trabajo; en tal sentido, al haberse comprobado fehacientemente la simulación contractual, bajo la forma de un contrato administrativo a tiempo determinado, escondiéndose bajo dicha figura una verdadera relación laboral por tiempo indefinido; es por ello, que el acto de privar a la demandante de continuar ejerciendo la labor asignada es una terminación unilateral del contrato por el empleador sin causa justificada, lo que violenta directamente el derecho a la defensa y a la estabilidad laboral, acarreando la obligación de satisfacer a la demandante los derechos consagrados en el Código de Trabajo y en la Constitución de la República; por lo antes expuesto, se declara CON LUGAR la presente demanda, ordenando el reintegro al trabajo y se le reconozca a la demandante el derecho a la permanencia por realizar actividades de naturaleza permanente en la institución demandada; con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que sea ejecutoria la presente sentencia condenatoria, la cual será objeto de liquidación en su momento oportuno.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de septiembre del dos mil veintiuno, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que, esta Corte de Apelaciones, como ya lo dijo anteriormente y en reiterados fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dichos trabajadores soliciten su permanencia y se les considere como trabajadores permanentes; ya que se ha dejado claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que también de acuerdo con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, estos trabajadores han desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza permanente.- 5. Mediante auto de fecha veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MELVIN JAVIER FLORES PINEDA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha treinta de agosto del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal el Abogado CARLOS HERIBERTO TRIMINIO TORRES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha treinta de agosto del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintinueve de septiembre del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. - FUNDAMENTOS DE DERECHO. - I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo, primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el Abogado CARLOS HERIBERTO TRIMINIO TORRES, en su primer y único motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracci6n directa, aplicación indebida o interpretación errónea de los medios de prueba donde se detallan los preceptos y acuerdos firmados por ambas partes al momento de celebrar el contrato de prestación mismos que según nuestra legislación considera con obligatorios entre las partes. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el articulo 765 numeral uno párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán Fallo en forma definitiva y unanimidad de votos la sentencia dictada en fecha siete (07) de septiembre del dos mil veintiuno (2021), visibles a folios once (11) al folio quince (15) de la pieza separada en su acápite PRIMERO: CONFIRMO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha trece (13) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), que corre agregada a folios 292 al 295 de la primera pieza, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el fallo recurrido de la Corte de Apelaciones del Trabajo contienen una mal aplicación de la Ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, ya que la Relación laboral que existió entre la demandante y mi representado estaba sujeto a un Régimen de Contrato de Servicios Profesionales, por tiempo transitorio y determinado, mismo que es reconocido por la misma Corte de Apelaciones en su considerando cinco de la motivación de la sentencia proferida, por lo que no ameritaba expresar causa alguna pues además de haber concluido su contrato por haber llegado a su fecha de finalización ya establecía en la Clausula QUINTA del mismo CONTRATO DE TRABAJO, además en la Sentencia definitiva de fecha, trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), no se encuentra apegada a derecho a no tomarse en cuenta que lo único que existió entre la ahora demandante y mi representado fue únicamente una relación contractual de prestación de servicios temporales. Al igual que la misma fue rescindida justificadamente ya que la ahora demandante cometió acciones constitutivas de faltas las cuales se encuentran enmarcadas como motivos que permiten la rescisión de CONTRATOS SIN RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La Prueba singularizada apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el Fallo de Primera Instancia consiste en documentos públicos, agregados al expediente de mérito. A consecuencia de ello el Juzgador no valorizo la actividad laboral per se, pues como se aprecia en el contrato de servicios profesionales en las cláusulas Quinta, Séptima y Novena; en su orden resaltan y claramente dejan en evidencia que la demandante poseía una buena capacidad cognitiva de que no era una empleada permanentes por ende no tenía derecho a prestaciones ni derechos ulteriores a la finalización de los contratos, así mismo la fecha de terminación del contrato era algo ya establecido y aceptado por la hoy demandante y para concluir bajo el régimen de contratación que estaba sometida y las leyes que regían sus contratos; quedo demostrado que por parte del Instituto se cumplió para con la demandante con todo lo pactado en virtud de una contratación de servicios profesionales y por lo tanto la causa de No renovarle su contrato es legal y debe declararse sin lugar el pago de prestaciones sociales, a título de daños y perjuicios salarios dejados de percibir. Por otra parte, en el Considerando tres del Fallo de la Corte de Apelaciones del Trabajo establece "Que de las pruebas aportadas al juicio este tribunal de Alzada, observa que fueron acreditados los siguientes hechos: 1.- Que la demandante laboro bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales de duración determinada en el cargo de INSPECTOR DE MIGRACION, en la Delegación Fronteriza del Poy del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; por tanto, consideramos que hay una falta de estudio por parte del A-quo y del Adquen, en vista que la reclamante prestó sus servicios de manera temporal, así como también existió causa justificada para la rescisión de este. Considerando que con fundamento en el artículo 208 en relación al artículo 205 numeral 2 del Código Procesal Civil, la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el proceso, caso contrario nos encontraríamos entonces frente a una situación injusta y con parcialidad, debido a que el sentenciador favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte actora sin sustento jurídico, decisión que debió tomar el Juzgador atendiendo a criterios objetivos de justicia que no conlleva la falta de neutralidad o de injusticia en el modo de proceder o juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiados, sin influencias, ni perjuicios, decisión que debería “superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercito el Aquo" y esto no lo está permitiendo, ni tampoco agravaría en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso. Por lo anteriormente expuesto, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial de fecha siete (07) de septiembre del dos mil veintiuno (2021), que conociendo vía Recurso de Apelación confirmó la Sentencia Definitiva de Primera Instancia dictada en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO, CASO CONTRARIO SEA CONDENADO AL REINTEGRO AL TRABAJO.- SE RECONOZCA EL DERECHO A LA PERMANENCIA EN EL CARGO.- SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. Promovida por la señora ALMA DONELIA ESCOBAR, en contra de mi representado el Estado de Honduras”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Falta claridad y precisión al indicar: “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos; b) Cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 208 en relación al artículo 205 numeral 2 del Código Procesal Civil; y, c) Formula alegatos propios de instancia.- III. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes enero del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de noviembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 483-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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