Sentencia CL-48-21 — Registro 14924
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales emanadas de la Ley y de la contratación colectiva, así como los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, c) Formula alegatos propios de instancia.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: El error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) Debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) Esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. Analizado el caso que nos ocupa, la Impetrante en su explicación no logra demostrar el error de hecho alegado e incurre en los defectos de invocar normativa señalada como violada indirectamente el articulo 114 literal f e i) del Código del Trabajo, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso y alegatos propios de instancia.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; sin embargo, estudiada la petición del Censor del fallo, aparece que los puntos expuestos en la misma pudieron haber sido expuestos como motivos del recurso, debidamente estructurados, sin que se evidencia ninguna violación a los derechos de defensa y debido proceso, resultando por ello inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de julio del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 22 de noviembre del 2021, por la Abogada YENIFER MAGALI MEDINA ACOSTA, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., como recurrente; además, es parte recurrida, el señor MANUEL DE JESUS ARGUETA OCAMPO, representado en juicio por el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales emanadas de la Ley y de la contratación colectiva, así como los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 19 de julio del 2018, por los Abogados JOEL EDGARDO SERRANO CARCAMO y JOSE GEOVANY ESPINOZA ZARZAR, como apoderados legales del señor MANUEL DE JESUS ARGUETA OCAMPO, mayor de edad, casado, Motorista, hondureño y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra la sociedad mercantil CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., por medio de la Presidenta del Consejo de Administración señora PAOLA BONDY. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de enero del 2021, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por los Abogados JOEL EDGARDO SERRANO CARCAMO Y JOSEGEOVANY ESPINOZA ZARZAR, en su condición de apoderados legales del demandante MANUEL DE JESUS ARGUETA OCAMPO, contra la CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. de C.V.- SEGUNDO: REVOCA la sentencia apelada de fecha seis de marzo del año dos mil veinte. TERCERO: DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por los Abogados JOEL EDGARDO SERRANO CARCAMO Y JOSE GEOVANY ESPINOZA ZARZAR, en su condición de Apoderados Legales del señor MANUEL DE JESUS ARGUETA OCAMPO, contra la entidad mercantil CERVECERIA HONDUREÑA, S.A de C.V, por medio de su Representante Legal, la señora PAOLA BONDY, en su condición de Presidenta del Consejo de Administración.- CUARTO: CONDENA a la SOCIEDAD MERCANTIL CERVECERIA HONDUREÑA, S.A de C.V, a pagar al trabajador demandante la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON UN CENTAVO (L.483,330.01) a favor del demandante MANUEL DE JESUS ARGUETA OCAMPO, por los conceptos siguientes: Preaviso 60 días L. 62,796; Auxilio de cesantía días 330.00 L 345,378.00; Auxilio de cesantía proporcional 11 días L 959.38; Vacaciones proporcionales 11.00 días L 639.59; Aguinaldo Proporcional 281 días L 21,006.62; Décimo cuarto mes proporcional 101.00 días L 7,550.42; más lo que resulte de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, contados desde la fecha del despido hasta que la presente sentencia quede firme.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la sociedad mercantil Cervecería Hondureña, S.A. de C.V., el 1 de octubre del 2006, en los cargos de Ayudante de Bodega y de Ruta, desempeñando al momento del despido indirecto el puesto de Ayudante de Ruta con funciones de Chofer Vendedor, del Centro de Distribución de La Ceiba, Atlántida, devengando un salario compuesto entre base y comisión con un promedio de L. 26,912.46 mensuales; el demandante laboró para la demandada desempeñando su trabajo cumpliendo con eficiencia las obligaciones establecidas en el Contrato Individual de Trabajo, al momento del despido indirecto, el 17 de marzo de 2018, el demandante era miembro activo del STIBYS, desde el 20 de febrero hasta el 17 de marzo de 2018, la empresa dejó de asignarle al demandante las funciones naturales a su puesto de trabajo de Ayudante de Ruta, consistente en salir con los demás miembros de la tripulación del camión 1704 a vender y entregar los productos de la empresa, disponiendo que debería estar en el centro de distribución sin ninguna función o responsabilidad que cumplir; igualmente, desde el 20 de febrero del 2018, no se le pagó su salario en la fecha y lugar convenido, ya que la empresa le aplicó varias deducciones, entre ellas por faltantes de venta de producto; ante estos hechos que contravienen lo establecido en el artículo 114 literales f), i) y j) en relación al artículo 95 numerales 1, 2, 3, 6 y artículo 96 numeral 9 del Código del Trabajo, se vio obligado a invocar el despido indirecto, no obstante está consciente que en las ventas de las fechas 17 y 18 de febrero del 2018, tuvo un faltante de alrededor de L. 91,448.68, de lo cual la empresa no había resuelto, ni le había comunicado ninguna decisión disciplinaria, para cuando el demandante notificó el 17 de marzo del 2018, del despido indirecto; en virtud de las violaciones anteriormente expuestas y por no haberse guardado la debida consideración que como ser humano y trabajador tiene, se vio obligado a darse por despedido indirectamente y notificar el mismo, mediante correo electrónico, ya que como consta en el instrumento número 35 de 16 de marzo de 2018, del Acta Notarial levantada en las instalaciones del Centro de Distribución de Cervecería Hondureña, S.A. de C.V., en la ciudad de La Ceiba, sus jefes no lo quisieron recibir el día viernes 16 de marzo de 2018, para hacer entrega en forma personal del mismo, habiendo dejado razón de la remisión de dicha nota de despido indirecto por la vía de correo electrónico, el día 17 de marzo de 2018, en Acta Notarial de esta misma fecha, autorizada por el Notario José Adonay Padilla Isaula, en la ciudad de La Ceiba; que en el procedimiento administrativo laboral agotado, la empresa no objetó, todo lo contrario, aceptó haber recibido por la vía electrónica la comunicación del despido indirecto; una vez comunicado el despido indirecto, se inició el procedimiento administrativo laboral ante la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de La Ceiba, con el fin de acreditar los extremos establecidos en la notificación del despido indirecto que fuera comunicado el 17 de marzo de 2018, a la empresa y además, para que se conociera en conciliación el problema laboral que se le presentó al demandante y que llevó a la terminación de la relación laboral; con el acta de comparecencia de fecha 9 de mayo del 2018, se acredita el agotamiento del procedimiento administrativo laboral ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social correspondiente.- 2. La parte demandada, la sociedad mercantil CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que se acepta la existencia de la relación laboral con el demandante, así como las funciones de Chofer Vendedor que venía desempeñando el demandante en el Centro de Distribución de la Empresa, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, al momento de la terminación unilateral por parte del trabajador del Contrato de Trabajo; no aceptó la información brindada por el representante del trabajador demandante relativa a la fecha de inicio de la prestación de servicio y el salario devengado, por no constarle, lo que estará sujeto a probanza en el desarrollo del juicio; en cuanto al desempeño del demandante en el trabajo con eficiencia, lo desvirtúa mediante el Acta de Descargo de fecha 20 de febrero del año 2018, celebrada entre las partes en el Centro de Distribución de Cervecería Hondureña, S.A. de C.V. de la ciudad de La Ceiba, celebrada con representantes de la empresa, un delegado sindical y el trabajador, con número de personal 10018, contentiva la misma de la aceptación del trabajador demandante, libre y espontáneamente de haberse apropiado irregularmente los días 17 y 18 de febrero del 2018, de la cantidad de L.91,448.68, en perjuicio de la empresa, valores provenientes de la venta de producto a los clientes y detectadas al momento de la liquidación de la ruta cuando regresó del mercado, manifestando lo siguiente: “por un problema personal con relación a problemas económicos yo tome la decisión errónea de agarrar el dinero y lo utilice para gastos personales”, documento este que fue firmado por los suscriptores de dicho documento, con el cual se acredita, que el demandante al momento de realizar sus labores, no estaba cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Contrato Individual de Trabajo y que en la prestación de sus servicios en la empresa no estaba siendo eficiente, ni responsable como quiere hacerlo ver la parte actora; sobre lo manifestado en cuanto a que desde el 20 de febrero del 2018, dejó de asignarle las funciones naturales al puesto de trabajo de Ayudante de Ruta, consistente en salir con los demás miembros de la tripulación del camión 1704, a vender y entregar los productos de la empresa, llama la atención la inducción de este punto, por la parte actora, advirtiendo la forma maliciosa de tratar de confundir al juzgador, en este juego de puestos de trabajos y funciones de la empresa, en el desempeño de las labores, pues en el hecho primero de la demanda, refiere que el demandante al momento del despido indirecto estaba desempeñando el puesto de Ayudante de Ruta con funciones de Chofer Vendedor y en el hecho segundo de la demanda, pretende que la empresa le asigne funciones de Ayudante de Ruta, cuando las funciones que ha venido desempeñando durante mucho tiempo atrás son funciones de Chofer Vendedor, y las cuales se le limitaron precisamente por el faltante que presentó su liquidación hasta que haga entrega de dichas cantidades de acuerdo a lo que establece la política de la empresa consignada en el documento “Políticas de Distribución”, en el cual se establece que “todo chofer vendedor que no haya liquidado correctamente no podrá salir al día siguiente a ruta hasta que liquide lo pendiente”, en ese sentido, la empresa demandada no podía autorizar al demandante a realizar funciones de Chofer Vendedor hasta la cancelación de las cantidades de dinero apropiadas indebidamente; en relación a que no se le pagó salario al demandante desde el 20 de febrero del 2018, ya que la empresa le aplicó varias deducciones por faltante de venta de productos, también resulta imprecisa tal manifestación hecha por la parte actora, pues por un lado dice que no se le pagó y por otro lado manifiesta que se le hicieron deducciones a su salario y que fue esta situación que motivo el mal despido indirecto del trabajador demandante, sobre este punto es importante analizar con mucha atención la conducta esgrimida, pues pretende disfrazar la falta grave cometida en perjuicio de la empresa y que es constitutiva de delito como ser haberse apropiado indebidamente de cantidades de dinero, con supuestas vulneraciones a sus derechos laborales, que motivaron según su pretensión, el supuesto mal despido indirecto, mismas que no solicitó su constatación por un Inspector de Trabajo, que previo al despido indirecto, pues sabía que no existían; sobre el contenido del hecho que se refiere a dos Actas Notariales, con el instrumento número 35 de fecha 16 de marzo del 2018, se pretendió constatar una supuesta negativa de la demandada para no permitir el ingreso a las instalaciones al demandante y el Abogado Joel Edgardo Serrano, a las 5:30 p.m., el instrumento número 41 de fecha 17 de marzo del 2018, de igual manera, pretende constatar un supuesto envío del correo electrónico del trabajador sobre el supuesto despido indirecto, al correo electrónico del Licenciado Roberto Martínez y a César Iván García el primero como Gerente y el segundo Supervisor de Ventas, no acepta tal hecho, pues únicamente refiere que se presentaron a la empresa el trabajador demandante y su apoderado legal y que no se les permitió el ingreso a la misma; es claro entender, que siendo las 5:30 de la tarde no es posible acceder a lo solicitado, pues es la terminación de la jornada de trabajo de la empresa y representa la salida de los empleados y por seguridad de la misma, en ese momento no es posible el ingreso de personas ajenas a las funciones de la empresa, situación que no puede ser tomada como negativa de no atender al trabajador demandante, pues tuvieron todo el día para poder realizar dicha diligencia y en cuanto a la segunda Acta Notarial, esta únicamente constató que se envió mediante correo electrónico la supuesta nota de despido indirecto, sin embargo, el referido envió electrónico, no constituye notificación alguna como quiere hacerlo parecer, pues de acuerdo a lo que prescribe el artículo 117 del Código de Trabajo, “La parte que termine unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte…”, y además esa notificación debe hacerla en legal y debida forma de un Inspector de Trabajo que pueda constar la entrega del mismo, por lo antes expuesto el error en el procedimiento empleado en el presente caso, no es posible subsanarlo con las diligencias antes relacionadas; referente a la realización del trámite administrativo llevado a cabo en el Ministerio de Trabajo, en el cual la empresa no pudo comparecer y en cuanto al Acta Circunstancia de fecha 18 de abril del 2018, los extremos constatados en la misma no vulneran derechos del demandante.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 6 de marzo del 2020, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento promovida por los Abogados JOEL EDGARDO SERRANO CÁRCAMO Y JOSÉ GEOVANY ESPINOZA ZARZAR, en su condición de Apoderados Legales del señor MANUEL DE JESÚS ARGUETA OCAMPO, quien es mayor de edad, hondureño, casado, motorista, con tarjeta de identidad número 0101-1977-02956, contra la entidad mercantil CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. de C.V., por medio de su Representante Legal, señora PAOLA BONDY, en su condición de Presidenta del Consejo de Administración, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales emanadas de la ley y de la contratación colectiva, así como a los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde el despido hasta que la sentencia definitiva quede firme.- SEGUNDO: CONDENA a la entidad mercantil CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. de C.V., por medio de su Representante Legal, señora PAOLA BONDY, en su condición de Presidenta del Consejo de Administración, al pago de Derechos Adquiridos que ascienden a la cantidad de VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (L. 29,196.63), que se desglosan a continuación; A) Vacaciones Proporcionales; 11 días SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 639.59).- B) Decimotercer mes Proporcional; 281 días VEINTIÚN MIL SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (L. 21,006.62).- C) Decimocuarto mes Proporcional; 101 días SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (L.7,550.42).-TERCERO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que en el caso particular al darse por despedido indirectamente el demandante, es a él a quien le corresponde probar la concurrencia de la justa causa del despido indirecto alegado y a la otra parte desvirtuar sus aciertos; una de las causas que faculta al trabajador para dar por terminado su Contrato de Trabajo, sin previo aviso y sin responsabilidad de su parte, conservando el derecho de las prestaciones e indemnizaciones legales, es el no pagarle el patrono el salario completo que corresponde en la fecha y lugar convenido, según lo dispone el artículo 114 literal f), del Código del Trabajo, así como las contenidas en el artículo 114 incisos i), como ser el incumplimiento de parte del patrono de las obligaciones legales y convencionales, la falta de asignación de funciones, así como el incumplimiento de la obligación del patrono de guardar la debida consideración y abstenerse del maltrato de obra, palabra y la prohibición de ejecutar actos que restrinjan sus derecho de prestar sus funciones, mismas que a su vez se relacionan con el artículo 114 inciso j); y siendo que si bien es cierto, de acuerdo a la prueba evacuada en juicio, en el momento en el que el trabajador demandante notificó su despido indirecto, la cantidad percibida en concepto de salario era de L. 0.00, tanto en el periodo del 16 al 28 de febrero de 2018, como en el periodo del 1 al 15 de marzo del 2018, sin embargo, no es menos cierto, que dicha circunstancia concurre, en virtud que el mismo, autorizó deducciones de su salario, por varios conceptos, como ser, anticipos de salarios, préstamos y faltantes de ventas diarias, los cuales, a criterio de esta suscrita, no son considerados como retenciones ilegales, así mismo, se estableció que el trabajador demandante no devengaba el salario correspondiente a las comisiones, siendo que no se le asignó la función de Chofer Vendedor, en virtud de haber reportado un faltante por la cantidad de L.91,033.18, que según la normativa organizacional de la empresa tal y como lo es la Unidad de políticas de procedimiento, manejo de cargo y liquidación de saldos del Módulo de PG, Personal Chargings, autoriza el proceder de la patronal demandada, sin que ello implique la vulneración del artículo 95 numeral 3) y 96 numeral 6) del Código del Trabajo y 114 incisos i) e j), que por lo tanto y aunque se hubiese realizado de manera correcta el procedimiento para que el trabajador pudiese darse por despedido de manera indirecta, procede declarar sin lugar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que no queda demostrado por el trabajador demandante que la patronal demandada haya incumplido con su obligación, en el sentido de pagarle el salario en el tiempo y modo establecido proporcionar los útiles, instrumentos, materiales necesarios para desarrollar su trabajo, proferirle malos tratos de obra de palabra que afecten su dignidad humana y que el patrono haya establecido listas negras o índices que restrinjan las posibilidades de colocación del trabajador demandante, contrario sensu, resultó probado en juicio, que el trabajador demandante incumplió con sus obligaciones, de conformidad a lo establecido en elartículo 97 numeral 1) del Código del Trabajo; en relación a que se condene en costas del juicio a la parte demandante, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha sentado criterios extendiendo el alcance del Principio de Gratuidad que opera en materia laboral, en el sentido que por regla general no existe condena en costas y en caso que el Juez decida condenar en costas debe hacerlo motivando suficientemente en observancia a que se ha litigado con temeridad, deslealtad o abuso procesal y en el caso particular que nos ocupa, no se observan tales conceptos y no se puede condenar en costas por el simple hecho que ha sido vencido en juicio, en tal sentido, a criterio de la Suscrita Juez es procedente eximir al trabajador demandante al pago de costas.- 4. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 12 de enero del 2021, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por los Abogados JOEL EDGARDO SERRANO CARCAMO Y JOSEGEOVANY ESPINOZA ZARZAR, en su condición de apoderados legales del demandante MANUEL DE JESUS ARGUETA OCAMPO, contra la CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. de C.V.- SEGUNDO: REVOCA la sentencia apelada de fecha seis de marzo del año dos mil veinte. TERCERO: DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por los Abogados JOEL EDGARDO SERRANO CARCAMO Y JOSE GEOVANY ESPINOZA ZARZAR, en su condición de Apoderados Legales del señor MANUEL DE JESUS ARGUETA OCAMPO, contra la entidad mercantil CERVECERIA HONDUREÑA, S.A de C.V, por medio de su Representante Legal, la señora PAOLA BONDY, en su condición de Presidenta del Consejo de Administración.- CUARTO: CONDENA a la SOCIEDAD MERCANTIL CERVECERIA HONDUREÑA, S.A de C.V, a pagar al trabajador demandante la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON UN CENTAVO (L.483,330.01) a favor del demandante MANUEL DE JESUS ARGUETA OCAMPO, por los conceptos siguientes: Preaviso 60 días L. 62,796; Auxilio de cesantía días 330.00 L 345,378.00; Auxilio de cesantía proporcional 11 días L 959.38; Vacaciones proporcionales 11.00 días L 639.59; Aguinaldo Proporcional 281 días L 21,006.62; Décimo cuarto mes proporcional 101.00 días L 7,550.42; más lo que resulte de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, contados desde la fecha del despido hasta que la presente sentencia quede firme.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que la juzgadora de primera instancia no hizo mayor acopio a la equidad y la justicia, al no haber tomado en cuenta las circunstancias probadas en el proceso que favorecen al trabajador demandante con el principio protectorio existente en la materia laboral; en el entendido, que la A-quo no apreció el referido principio de la primacía de la realidad, el cual tiene rango Constitucional, según lo ha dejado establecido la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en la página 5 de la Circular 1-2014, de fecha 05 de junio del 2014, señalando que la intrínseca relación de este principio con la prevalencia del derecho sustancial y verdad procesal en el contexto de las relaciones laborales, dota de justificación la protección que el ordenamiento otorga al trabajador, dada la posición de superioridad que ostenta frente al empleador; por lo que del análisis de las pruebas relacionadas, se logró acreditar que ante la negativa del patrono de recibir al demandante para la notificación personal del despido, fue notificado el despido indirecto por medio de correo electrónico dirigido al Gerente y Supervisor de la entidad demandada y no requiriéndose la constatación de los hechos como requisito indispensable para notificar el despido indirecto, pues como se aprecia en los autos de primera instancia, con las actas notariales levantadas a petición del trabajador solamente se constata que no fue recibido por los representantes del patrono para la notificación personal del despido y que efectivamente el trabajador remitió vía correo electrónico la notificación del despido al Gerente y Supervisor de la patronal, sin que los mismos hayan negado haber recibido dicha nota de despido, por consiguiente la misma surtió sus efectos y fue válida la notificación del despido indirecto practicado por vía correo electrónico; continuando con el análisis de la prueba aportada por las partes y en atención a la normativa laboral que protege el derecho de los trabajadores, en el sentido de establecer las prestaciones laborales como obligaciones impuestas y garantizadas tanto en la Constitución de la República, el Código del Trabajo y los Tratados Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Honduras, cuando el despido sea injustificado por parte del patrono o bien cuando el trabajador pruebe una o más causales de las señaladas en el artículo 114 del Código del Trabajo; en el caso de estudio, se aprecia que el patrono celebró audiencia de descargo en fecha 20 de febrero del año 2018, ante la falta del trabajador quien se encontraba trabajando como Conductor de Ruta cometida en fechas 17 de febrero del 2018, donde presentó un faltante de L. 8,815.00 y 18 de febrero del 2018, que no hizo ninguna liquidación, quedando como faltante la cantidad de la venta de L. 82,218.18, haciendo un total de L. 91,448.68; en tal virtud, el patrono debió imponer al trabajador la sanción disciplinaria correspondiente, la cual pudo ser el despido justificado, en atención a una o más de las causas señaladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, respaldadas como medidas disciplinarias establecidas tanto en el Reglamento Interno de Trabajo o en el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, celebrado el entre el STIBYS y la Sociedad Cervecería Hondureña, S.A; si bien es cierto, el artículo 863 del Código del Trabajo, establece que “los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo prescriben en un (1) mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de éste, o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que diere lugar a la corrección disciplinaria”, tampoco es menos cierto que el Patrono debió imponer la sanción disciplinaria o bien permitir que el trabajador continuara desempeñando su cargo como Motorista de Ruta o como el Contrato lo manda de Ayudante de Ruta, no quitarle las funciones y dejar de pagarle el salario o hacerle deducciones que el trabajador no había autorizado, aun cuando la conducta del trabajador no fue la apropiada e incumplió con los deberes asignados, el procedimiento disciplinario legalmente establecido nunca se le impuso por parte del patrono, si bien el patrono cuenta con un documento llamado Unidad de Políticas de Procedimiento Manejo de Cargo y Liquidación del Módulo PC, el cual establece procedimientos y regulaciones administrativas para el mejor desempeño de las funciones en la empresa y que en este caso particular le aplicaron al trabajador demandante, sin embargo los Motoristas pueden reportar faltantes que al ser restituidos dentro de las 24 horas no se toma como falta disciplinaria y el empleado sigue laborando, tal como sucedió en el año 2017, con el mismo trabajador demandante, quien autorizó la deducción de su salario por haber tenido un faltante, no obstante el faltante que presentó el empleado de L. 91,448.68, no fue restituido dentro de las 24 horas y el trabajador aceptó en la audiencia de descargo que tomó ese dinero porque lo necesitaba, sin que el patrono le aplicara ninguna sanción disciplinaria, si bien el patrono disponía de un mes para hacerlo, sin embargo la decisión del patrono de no asignarle funciones o no pagarle el salario y hacerle deducciones no autorizadas por el trabajador durante el tiempo comprendido del 20 de febrero al 15 de marzo del año 2018, no es una sanción legamente establecida y al haberse impuesto de esa forma, el patrono incurrió en las causas que motivaron al trabajador para notificar el despido indirecto y que se encuentran reguladas en el artículo 114 del Código del Trabajo; en el entendido, que el documento administrativo llamado Unidad de Políticas de Procedimiento Manejo de Cargo y Liquidación del Módulo PC, el cual establece que "en el caso de no pagar el faltante en el plazo establecido el empleado no podrá salir a ruta hasta cancelar el mismo" no es un documento destinado y reconocido legalmente para imponer sanciones laborales, por lo tanto la disposición antes señalada es contraria a las regulaciones que establece el Código del trabajo, específicamente el artículo 3 señala que: "Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera" en ese sentido es nula ipso jure la disposición contenida en el documento administrativo llamado Unidad de Políticas de Procedimiento Manejo de Cargo y Liquidación del Módulo PC, mediante la cual el patrono dispuso no asignar funciones ni hacer el pago debido con deducciones no autorizadas por escrito por el trabajador; de igual forma, se encuentra contemplado también en el artículo 128 de la Constitución de la República, por lo que son disposiciones de orden público y de ineludible cumplimiento, por consiguiente no puede ser tergiversado por otras disposiciones o actos que disminuyan los derechos de los trabajadores, tal como acontece con el proceso recurrido, donde se le impuso al trabajador medidas de no asignarle funciones y no hacerle el pago convenido aplicándole ilegalmente el referido documento administrativo llamado Unidad de Políticas de Procedimiento Manejo de Cargo y Liquidación del Módulo PC, sin haber hecho uso el patrono de su facultad sancionadora al tener una causa de despido comprobada, por lo que durante el tiempo que no se le aplicó ninguna sanción disciplinaria al trabajador, debió el patrono asignarle funciones y pagarle su salario sin hacer más deducciones que las legalmente establecidas; en atención al artículo 617 literal g) del Código del Trabajo, el cual establece que “las Actas que levanten y los informes que rindan los Inspectores, en materia de sus atribuciones, tienen plena validez en tanto no se demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o parcialidad”, en ese sentido, también fue acreditado en el juicio el derecho que le asiste al trabajador demandante, por cuanto fueron acreditadas las causales señaladas como base del despido indirecto, consistentes, el incumplimiento de parte del patrono de las obligaciones legales y convencionales, en la falta de asignación de funciones y la falta de pago de sus salarios en la fecha y lugar convenidos y en relación a la tercera causa alegada solamente también se acreditó el incumplimiento de la prohibición de ejecutar actos que restrinjan su derecho de prestar sus funciones, lo que atenta contra dignidad del trabajador; siendo aceptado por la patronal tanto en las declaraciones rendidas ante la autoridad del trabajo mediante acta circunstanciada y constatado mediante el reconocimiento judicial, siendo también corroborados estos extremos con las declaraciones de los testigos de ambas partes, donde ha quedado probado que al trabajador no se le hacía efectivo el pago de su salario en el tiempo y modo establecido y que en todo caso el pago le salía en cero, bajo la justificación que el salario que se refleja en los certificados de pago de empleado del periodo de 01 de marzo de 2018 al 15 de marzo de 2018 y desde el 16 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2018, es inferior al salario devengado en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, así como enero y febrero de 2018, en aplicación del procedimiento viciado de nulidad por no estar comprendido en las disposiciones legales que autorizan y dan facultad a los patronos de aplicar medidas disciplinarias, que por existir un faltante de efectivo no justificado, el cual debió ser cancelado en un plazo de 24 horas y al no hacerlo dentro de ese lapso de tiempo, se le impidió al empleado salir a ruta hasta liquidar dicho saldo sin asignarle ninguna función laboral y constando en autos que el empleado acudió a las instalaciones de la empresa; como ya se expuso el procedimiento empleado para suspender las asignaciones y hacer deducciones del salario no autorizadas por el trabajador, se encuentra viciado de nulidad por no estar contemplado como una disposición disciplinaria legalmente establecida en el Código del Trabajo, Convenio Colectivo del Trabajo o en el Reglamento Interno de la Sociedad demandada; de conformidad al artículo 739 del Código del Trabajo, el Juez laboral no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas y puede formar libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y existiendo pruebas fehacientes que llevan a la convicción de este Tribunal que la sentencia dictada por la Juez A-quo no se encuentra de conformidad a derecho, procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, revocando la sentencia apelada.- 5. Mediante auto de fecha 11 de marzo del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SUYAPA YOLANY MUÑOZ SANTOS, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CERVECERIA HONDUREÑA, S. A. DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 22 de noviembre del 2021, compareció ante este Tribunal la Abogada YENIFER MAGALI MEDINA ACOSTA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 22 de noviembre del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 31 de marzo del 2022, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado JOSE SANTOS SAAVEDRA PAZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para contestar la demanda de casación planteada; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada YENIFER MAGALI MEDINA ACOSTA, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de sustantiva de orden nacional en infracción indirecta, que es proveniente de la falta de apreciación, por error de hecho que resulta evidente de autos en el medio de prueba DOCUMENTAL que obra a folios 27 y 28 del expediente de primera instancia. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La norma sustantiva de orden nacional violada, está contenida en el artículo 114 literal f) en relación con el artículo 95 numeral 1), todos del Código del Trabajo. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada por el Tribunal. fue la Documental que se encuentra agregada a folios 27 y 28 del expediente de primera instancia. consistente en los certificados de pago que acreditan que mi representada le pagó al trabajador su salario mínimo contractual en el periodo en que el Adquem manifiesta que no se le pagó salario al trabajador. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas. están contenidas en los artículos 738 y 739, ambos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La Corte sentenciadora, al revocar el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Ceiba, Atlántida, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba Documental, consistente en los certificados de pago que se encuentran agregados a folios 27 y 28 del expediente de primera instancia, en el sentido de aseverar que con este medio de prueba quedó probado que "al trabajador no se le hacía efectivo el pago de su salario en el tiempo y modo establecido. que en todo caso el pago le salía en cero" (considerando SEXTO de la sentencia), cuando que, con este medio de prueba se acreditó que mi representada sí le pagó al trabajador su salario mínimo contractual, por lo tanto, el error de hecho en el que incurrió la corte sentenciadora, es haber apreciado erróneamente este medio de prueba, ya que concluye en que mi representada no le pagó al trabajador su salario. cuando si se acreditó que se le pagó: todo lo cual llevó al Adquem, en forma indirecta, a la violación de los artículos 114 literal f) en relación con el artículo 95 numeral 1), todos del Código del Trabajo”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, c) Formula alegatos propios de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta, que es proveniente de la falta de apreciación, por error de hecho que resulta evidente de autos en el medio de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL que obra a folio 1490 vuelto del expediente de primera instancia. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La norma sustantiva de orden nacional violada, está contenida en el artículo 114 literales f) e i) en relación con el artículo 96 numeral 5), todos del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR: La prueba dejada de apreciar por el Tribunal, fue el RECONOCIMIENTO JUDICIAL cuya practica se encuentra agregada a folios 1490 y 1490 vuelto del expediente de primera instancia del tomo III, consistente en constatación de los documentos en el cual el empleado autoriza a mi representada a hacer las deducciones de pago en la fecha de enero a la quincena de marzo del 2018, y si existe prestamos al trabajador. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739, ambos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La Corte sentenciadora, al revocar el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Ceiba, Atlántida, incurrió en error de hecho, al dejar de apreciar el medio de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL cuya practica se encuentra agregada a folios 1490 y 1490 vuelto del expediente de primera instancia del tomo III, consistente en la constatación de la existencia de los documentos, en los cuales el empleado autoriza a mi representada a hacer las deducciones de pago en la de enero a la quincena de marzo del 2018, y sí existe prestamos al trabajador, en los cuales se autoriza a mi representada a deducir los pagos con la finalidad de acreditar que sí existen deducciones, pero que las mismas sí fueron autorizadas por el trabajador, constatándose la existencia de préstamos las respectivas autorizaciones de deducción de su salario por parte del trabajador; y por tanto el Adquem al aseverar en la parte motiva de su sentencia que el trabajador no había autorizado las deducciones, con frases tales como "deducciones que el trabajador no había autorizado", "sin embargo la decisión del patrono de (...) "hacerle deducciones por el trabajador"; "y hacer deducciones del salario no autorizadas por el trabajador, se encuentra viciado de nulidad por no estar contemplado como disposición disciplinaria legalmente establecida en el Código del Trabajo, Convenio Colectivo el Trabajo o en el Reglamento Interno de Trabajo", evidentemente es porque no apreció el medio de prueba Reconocimiento Judicial, agregado a folios 1490 y 1490 vuelto del expediente de primera instancia del tomo III, con el cual se probó que mi representada contaba con la autorización del trabajador para realizarle las deducciones correspondientes, todo lo cual llevó al Adquem, en forma indirecta, a la violación de los artículos 114 literal f) e i) en relación con el artículo 96 numeral 5), todos del Código del Trabajo”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: El error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) Debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) Esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. Analizado el caso que nos ocupa, la Impetrante en su explicación no logra demostrar el error de hecho alegado e incurre en los defectos de invocar normativa señalada como violada indirectamente el articulo 114 literal f e i) del Código del Trabajo, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso y alegatos propios de instancia.- VI. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “Una de las causales invocadas por la parte demandante para materializar el despido indirecto, fue la contenida en el artículo 114 literal f) relacionada con el 95 numeral 1) del Código del Trabajo, afirmando la Corte Sentenciadora en su sentencia específicamente en los considerandos QUINTO y SEXTO, que no se le había pagado su salario, con expresiones tales como "y dejar de pagarle el salario sin embargo la decisión del patrono (...) de no pagarle el salario (…) durante el periodo comprendido del 20 de febrero al 15 de marzo del 2018, no es una sanción legalmente establecida y al haberle impuesto de esa forma, el patrono incurrió en las causa que motivaron al trabajador para notificar el despido indirecto y que se encuentran regularas en el artículo 114 del Código del Trabajo"; "fue acreditado en el juicio el derecho que le asiste al trabajador demandante, por cuanto fueron acreditadas las causales señaladas como base del despido indirecto, consistentes, el incumplimiento del parte del patrono de las obligaciones legales y convencionales (…) la falta de pago de sus salarios en la fecha y lugar convenidos"; por el contrario, mi representada rechazó esa afirmación acreditando en autos el pago correspondiente; sin embargo, la corte sentenciadora en la parte motiva de su sentencia, en diferentes ocasiones afirma que no se le pago el salario al trabajador demandante, lo cual, evidentemente, constituye una valoración arbitraria de la prueba, lo cual acarrea nulidad de la sentencia, al tenor del artículo 245[1] en relación con el 212[2] numeral 6) del Código Procesal Civil. Otra de las causales de despido indirecto invocadas por el demandante es la contenida en el artículo 114 inciso f) e i) relacionado con el artículo 96 numeral 5) todos del Código del Trabajo, con respecto a la cual la Corte Sentenciadora afirma en su sentencia, específicamente en los considerandos QUINTO y SEXTO, de la parte motiva de su sentencia que el trabajador no había autorizado las deducciones, con frases tales como "deducciones que el trabajador no había autorizado sin embargo la decisión del patrono de (...) "hacerle deducciones por el trabajador"; y "hacer deducciones del salario no autorizadas por el trabajador, se encuentra viciado de nulidad por no estar contemplado como disposición disciplinaria legalmente establecida en el Código del Trabajo, Convenio Colectivo el Trabajo o en el Reglamento Interno de Trabajo por el contrario, mi representada rechazó esa afirmación acreditando en autos que sí existía autorización por parte del trabajador, para realizarle las deducciones correspondientes, lo cual se probó con el medio de prueba Reconocimiento Judicial dejado de apreciar por la corte sentenciadora, lo cual, evidentemente, constituye una arbitrariedad al dejar de apreciar un medio de prueba admitido y practicado, por lo que acarrea nulidad de la sentencia recurrida, al tenor del artículo 245 en relación con el 212 numeral 6) del Código Procesal Civil. El jurista Juan Antonio Toro Peña, al comentar el artículo 245 del CPC, en su obra "CÓDIGO PROCESAL CIVIL HONDUREÑO BREVEMENTE COMENTADO", nos recuerda que: "el fin de la valoración de la prueba consiste en el convencimiento del Juzgador sobre la verdad o falsedad de determinadas afirmaciones discutidas en el proceso, esto, coincide con la finalidad de la prueba misma. En el CPC, se encuentra previsto que el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica del conocimiento y criterio humano; así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra Ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución (Art. 245 CPC) ". VII. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA Para la mejor exposición de los argumentos en que se funda el presente Recurso de Casación, solicito la celebración de la audiencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 776 del Código del Trabajo, ya que resulta muy importante poder ampliar oralmente el presente Recurso de Casación, porque el caso de mérito puede llegar a constituir un antecedente de trascendental importancia, por la naturaleza del giro comercial de mi Representada”.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; sin embargo, estudiada la petición del Censor del fallo, aparece que los puntos expuestos en la misma pudieron haber sido expuestos como motivos del recurso, debidamente estructurados, sin que se evidencia ninguna violación a los derechos de defensa y debido proceso, resultando por ello inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. Y declara sin lugar la petición de nulidad subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes agosto del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 48-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
[1] Artículo 245. VALORACION DE LA PRUEBA
1 la valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca.
[2] La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución.
2 artículo 212 NULIDAD. Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes:
(…)
- En los casos en que este Código y demás leyes así lo determinen.