Sentencia CL-48-20 — Registro 14365
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario, sea declarado un despido ilegal e injustificado y como consecuencia se condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, así como a título de indemnización por daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que operó el despido hasta que con sujeción a las normas procesales adquiera carácter de firme la sentencia condenatoria, pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, decimocuarto mes proporcional y vacaciones pendientes, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) dentro de las normas que indica como violadas como ser los artículos 8 de la Ley de Contratación del Estado y 3 de su reglamento los cuales no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) el desarrollo del cargo hace referencia a la interpretación errónea de la norma que considera infringida, sin embargo, en su formulación alega apreciación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, c) en su explicación hace propios alegatos de instancia.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."“Para fines jurisprudenciales conviene recordar, que conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, la permanencia en el trabajo en una relación laboral debe de ser la regla y no la excepción, como así lo tiene establecido el artículo 47 del Código del Trabajo. De tal manera que si un trabajador que ha prestado sus servicios a través de contratos por tiempo determinado para la misma clase de trabajo, en forma continua, si bien no se requiere que exista una declaratoria judicial de que su relación laboral sea considerada como permanente y consecuentemente el goce de todos los derechos que corresponde a los trabajadores permanentes, cuando existen reclamos o acciones para que así se determine, para resolverlos se debe de tomar en cuenta el principio protectorio, en su regla de la aplicación de la norma favorable al trabajador, como los de irrenunciabilidad y orden público, por lo que no cabe aplicar criterios restrictivos, ni limitar esos derechos que el patrono debió conceder sin necesidad de que fuese demandado para ello (ver sentencia CL190-14).- V. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., siete de abril de dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 10 de diciembre de 2021, por el Abogado PABLO EMILIO REYES THEODORE, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ITSSA SARAI ORDOÑEZ ANDINO, representada en juicio por la Abogada MARIA LUISA RIVAS MURILLO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario, sea declarado un despido ilegal e injustificado y como consecuencia se condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, así como a título de indemnización por daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que operó el despido hasta que con sujeción a las normas procesales adquiera carácter de firme la sentencia condenatoria, pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, decimocuarto mes proporcional y vacaciones pendientes, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 07 de abril del 2017, por la señora ITSSA SARAI ORDOÑEZ ANDINO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de su Rectora en ese momento la Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de julio del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 10 de enero del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR demanda ordinaria laboral promovida por la señora ITSSA SARAHI ORDOÑEZ ANDINO, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) por medio de su Rectora y Representante Legal Licenciada JULIETA CASTELLANOS RUIZ.- SEGUNDO: CONDENAR a UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) por medio de su Rectora y Representante Legal Licenciada JULIETA CASTELLANOS RUIZ A RECONOCER, a partir del 10 de agosto del año 2015 una relaci6n de trabajo permanente la que sostenía la demandante señora ITSSA SARAHI ORDOÑEZ ANDINO, con la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), por lo que la finalización de la relación laboral par haberse cumplido la vigencia del último contrato de trabajo por tiempo determinado es ilegal y ha operado el despido directo, ilegal e injustificado, siendo procedente el pago a favor de la demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: Preaviso Lps. 21,000.00; auxilio de cesantía Lps. 21,000.00; auxilio de cesantía proporcional Lps. 7,583.33; vacaciones proporcionales Lps. 2,391.67; aguinaldo proporcional Lps. 6,150.00; decimo cuarto mes proporcional Lps. 9,000.00, ascendiendo un total a pagar de SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS (Lps. 67,125.00) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme.- TERCERO: SE CONDENA a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) por medio de su Rectora y Representante Legal Licenciada JULIETA CASTELLANOS RUIZ, al pago a favor de la señora ITSSA SARAHI ORDOÑEZ ANDINO de vacaciones periodo 2015-2016 por la cantidad de Lps. 12,000.00.- CUARTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició a laborar para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mediante la suscripción de un contrato denominado “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales” desde el 10 de agosto del 2015, prestando sus servicios de manera continua, subordinada y dependiente en el Consultorio Jurídico de la UNAH, devengando un salario ordinario mensual de L.18,000.00 que arroja un salario promedio mensual de L.21,000.00; cabe señalar que el contrato de prestación de servicios profesionales el mismo tenía tiempo de duración, este era efectivamente un contrato de trabajo, ya que sin importar su denominación dentro de la prestación del servicio dado a la demandante, se evidencian los tres elementos esenciales para la existencia de una relación laboral al tenor del artículo 20 del Código del Trabajo. Sin embargo, el mismo debe ser considerado como Contrato de Trabajo por Tiempo Indefinido, debido a que la naturaleza de la prestación del servicio no era de índole temporal dentro de la institución demandada, según lo estipulado en el artículo 47 del Código del Trabajo. Es de destacar, que las normas laborales son de orden público y limitan la autonomía de la voluntad de las partes en el sentido de que está prohibido y se consideran nulo ipso iure todas estas estipulaciones que contravengan al Código del Trabajo y las normas laborales, por tal razón si bien la demandante suscribió dichos contratos que simula ser una relación civil o mercantil y que contiene cláusulas de temporalidad, estas contravienen las normas laborales, disminuyendo, tergiversando y haciéndole renunciar a los derechos y beneficios concedidos por esta norma regida por el Principio Protectorio y de Irrenunciabilidad. Resulta que el último contrato suscrito con la hoy demandada finalizó el 20 de diciembre de 2016, y en vista de que no se le suscribió un nuevo contrato ni se le notificó por escrito que no se efectuaría un nuevo contrato, la demandante acudió ante la Inspectoría de Trabajo y mediante los oficios de un Inspector de Trabajo, se logró constatar tal circunstancia, mediante la declaración de la señora Ermelinda Esperanza Flores Flores, como Directora del Consultorio Jurídico, ya que ésta verbalmente y ante la autoridad de trabajo señalo que el contrato de la demandante había llegado a su vencimiento desde la fecha antes especificada y por tal razón no se trataba de un despido sino que era un vencimiento de contrato; aunado a esto hay que tener en cuenta que el despido consiste en la decisión unilateral del patrono para dar por finalizado el contrato de trabajo y en el presente caso, nos encontramos ante un evidente despido ilegal e injustificado. Con relación a la causal del despido antes descrita, el patrono deberá justificar que la misma es justa y legal sin poder alegar una causal o motivos distintos según lo ordena el artículo 117 del Código del Trabajo.- 2.- La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que la demandante fue contratada mediante la suscripción de contrato de servicios profesionales para que prestara su servicio en el Consultorio Jurídico de la UNAH, con un pago en concepto de servicios profesionales por la cantidad de Lps. 18,000.00 y una deducción de impuesto sobre la renta del 12.50% suscribiendo con la demandada un total de tres contratos de servicios profesionales; asimismo en la Ley de Contratación del Estado en su artículo 3 párrafo segundo, establece que: “Se entiende por servicios profesionales o técnicos los prestados par personas naturales a requerimiento de los organismos de la Administración Pública, centralizada o descentralizada, para desarrollar actividades relacionadas con su funcionamiento o administración, que demandan conocimientos especializados y que no pueden realizarse con personal regular y permanente”; estos contratos no generan relaciones de empleo ni indemnizaciones por su terminación al vencimiento del plazo, debiendo suscribirse únicamente por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto. Como podrá apreciarse, la legislación Administrativa vigente en nuestro país regula cuando un trabajo es considerado como contrato de servicios profesionales. Siendo que la demandante se le contrató mediante un contrato de servicios profesionales el mismo no está regulado por las leyes laborales vigentes, es decir, que se especifica la duración del contrato por consiguiente no existe un despido verbal tal como lo manifiesta la propia demandante que no se le renovó el contrato de servicios profesionales ya que el mismo venció el 20 de diciembre de 2016, por consiguiente no puede pedir la aplicación del artículo 117 del Código de Trabajo pues como ya quedo manifestado por ella misma que el contrato tenía un término de duración y no fue una terminación unilateral de parte de la demandada. Asimismo, en la cláusula cuarta en donde se especifica los honorarios profesionales en concepto de pago por los servicios profesionales prestados a la demandada, mismos que siempre fueron sujetos al cobro o retención por ley del 12.5% del Impuesto sobre la Renta. Siendo un contrato de naturaleza civil el que celebró con la demandante, en el contrato concurrieron los tres requisitos para la celebración del mismo según el artículo1552 del Código Civil de Honduras, que son: “... a) el consentimiento de los contratantes. b) objeto cierto que sea materia del contrato. c) causa de la obligación que se establezca”, por esta razón, que al momento de celebrarse el contrato civil la demandante le dio la validez al contrato, en relación a los artículos 1539, 1554 y 1569 del Código Civil.- 3.-El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de enero del 2019, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR demanda ordinaria laboral promovida por la señora ITSSA SARAHI ORDOÑEZ ANDINO, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) por medio de su Rectora y Representante Legal Licenciada JULIETA CASTELLANOS RUIZ.- SEGUNDO: CONDENAR a UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) por medio de su Rectora y Representante Legal Licenciada JULIETA CASTELLANOS RUIZ A RECONOCER, a partir del 10 de agosto del año 2015 una relaci6n de trabajo permanente la que sostenía la demandante señora ITSSA SARAHI ORDOÑEZ ANDINO, con la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), por lo que la finalización de la relación laboral par haberse cumplido la vigencia del último contrato de trabajo por tiempo determinado es ilegal y ha operado el despido directo, ilegal e injustificado, siendo procedente el pago a favor de la demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: Preaviso Lps. 21,000.00; auxilio de cesantía Lps. 21,000.00; auxilio de cesantía proporcional Lps. 7,583.33; vacaciones proporcionales Lps. 2,391.67; aguinaldo proporcional Lps. 6,150.00; decimo cuarto mes proporcional Lps. 9,000.00, ascendiendo un total a pagar de SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS (Lps. 67,125.00) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme.- TERCERO: SE CONDENA a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) por medio de su Rectora y Representante Legal Licenciada JULIETA CASTELLANOS RUIZ, al pago a favor de la señora ITSSA SARAHI ORDOÑEZ ANDINO de vacaciones periodo 2015-2016 por la cantidad de Lps. 12,000.00.- CUARTO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que la demandante ha sido contratada en un puesto temporal que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por la misma naturaleza de la labor que se desempeña en esta, es decir siempre necesitara la Dirección del Consultorio Jurídico Gratuito una asistente que realice las actividades específicas que realizaba la demandante en dicha dependencia. Deduciéndose que el contrato de trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto al puesto de trabajo; concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal.- El Código del Trabajo y sus principios resuelven éste tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo que dice: "Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera"; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes (o la de una de ellas en realidad), no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta 0 o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo y las normas laborales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio; por lo que al no existir una causa legal de justificación de despido de la demandante, ha operado el despido directo, ilegal e injusto, siendo procedente lo solicitado por la demandante, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir. Siendo que la contratación simulada no estipulaba el pago de vacaciones, se condena al pago de las mismas en los periodos 2015-2016, por lo que se otorga dicho concepto a la parte actora por la cantidad de Lps. 12.000.00.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 30 de julio del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que al hacer el análisis de las pruebas aportadas en el juicio este Tribunal de Alzada es de la firme convicción que la Representante Procesal de la parte demandada no acreditó que hubiere tenido justas causas para no renovar el contrato de la demandante, ya que el artículo 47 del C6digo del Trabajo, establece que: "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas", en el caso de autos, se dieron los presupuestos para considerar las Contrato de Trabajo por tiempo indefinido, convencimiento motivado en que el Código del Trabajo claramente establece que sus disposiciones son de orden público, normativa que en el ámbito jurídico-legal, se entiende como el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe ni transigencia ni tolerancia, por afectar a las principios fundamentales de una sociedad o a las garantías precisas de su existencia; en el caso de autos, está plenamente demostrado que la demandante ejerció sus funciones en un cargo que es de naturaleza indefinida en la institución, ya que no eran actividades que requieren un conocimiento técnico especializado, motivo por el cual la institución demandada le suscribió varios contratos para cumplir los mismos objetivos del contrato inicial. A la demandante ante la acción unilateral de su empleadora de no renovarle su contrato, está prácticamente despidiéndola de su trabajo en forma ilegal e injustificada, y ante esa violación a un derecho fundamental reconocido por la Constitución de la República, está obligada a cancelarle sus prestaciones laborales, que es la pretensión de ésta.- 5.-Mediante auto de fecha 10 de marzo del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado PABLO EMILIO REYES THEODORE, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 10 de diciembre del 2021, compareció ante este Tribunal el Abogado PABLO EMILIO REYES THEODORE, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 10 de diciembre del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 26 de enero del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA LUISA RIVAS MIRULLO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado PABLO EMILIO REYES THEODORE, en su único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional por infracción indirecta, proveniente de la apreciación errónea de la prueba siguiente: 1. Documental pública aportada, que obra a folios 38 al 53. 2. Reconocimiento Judicial que obra a folios 55 al 146 de la primera pieza de autos, por infracción de los artículos: artículo 8 de la Ley de Contratación del Estado y 3 de su reglamento; Las normas procesales o normas adjetivas a través de las cuales se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas, las constituyen los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 251 inciso b) del Código Procesal Civil; y artículos 1348, 1539, 1552, 1576 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 765, numeral 1, párrafo segundo, del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Prueba documental pública consistente en: 1. Documental pública aportada, que obra a folios 38 al 53. 2. Reconocimiento Judicial que obra a folios 55 al 146 de la primera pieza de autos. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA FORMA SIGUIENTE: La Corte Sentenciadora, al emitir el fallo que nos ocupa, apreció erróneamente la prueba documental y reconocimiento judicial específicamente en folio 55, donde se pudo constatar que el en consultorio Jurídico de la UNAH, el servicio por el cual se contrató a la demandante finalizó cuando el término de dicho contrato llego a su final y no existe a la fecha una nueva contratación en las formas y condiciones que la demandante poseía, en ese sentido se evidencia la interpretación errónea por parte de la sentenciadora, al no darle validez a los mismos extremos que haya pudo constatar en la evacuación de las prueba relacionada”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) dentro de las normas que indica como violadas como ser los artículos 8 de la Ley de Contratación del Estado y 3 de su reglamento los cuales no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) el desarrollo del cargo hace referencia a la interpretación errónea de la norma que considera infringida, sin embargo, en su formulación alega apreciación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, c) en su explicación hace propios alegatos de instancia.- IV.- “Para fines jurisprudenciales conviene recordar, que conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, la permanencia en el trabajo en una relación laboral debe de ser la regla y no la excepción, como así lo tiene establecido el artículo 47 del Código del Trabajo. De tal manera que si un trabajador que ha prestado sus servicios a través de contratos por tiempo determinado para la misma clase de trabajo, en forma continua, si bien no se requiere que exista una declaratoria judicial de que su relación laboral sea considerada como permanente y consecuentemente el goce de todos los derechos que corresponde a los trabajadores permanentes, cuando existen reclamos o acciones para que así se determine, para resolverlos se debe de tomar en cuenta el principio protectorio, en su regla de la aplicación de la norma favorable al trabajador, como los de irrenunciabilidad y orden público, por lo que no cabe aplicar criterios restrictivos, ni limitar esos derechos que el patrono debió conceder sin necesidad de que fuese demandado para ello (ver sentencia CL190-14).- V. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de mayo del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha siete de abril del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número 48-20.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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