Sentencia CL-47-21 — Registro 15351
Resumen
Demanda ordinaria laboral de ajuste salarial por desempeñar un cargo cuya remuneración mínima es de L.20,928.00 efectivo desde el 26 de julio del 2014, siendo dichos ajustes por las cantidades de L.8,187.00 y L.5,731.00, mensuales respectivamente, que constituye la diferencia entre salario mínimo para otros trabajadores que están en la misma categoría y desempeñan las misma funciones y con igual antigüedad que los demandantes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."ue el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) Señala que dirige su ataque por vía directa, pero incluye un acápite intitulado: “REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas están contenidas en los artículos 732 del Código del Trabajo.”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria: y, c) Formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."ue el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) Señala que dirige su ataque por vía directa, pero incluye un acápite intitulado: “REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas están contenidas en los artículos 732 del Código del Trabajo.”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria: y, c) Formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintisiete días del mes de septiembre del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintiuno de abril del dos mil veintidós, por la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), como recurrente; además es parte recurrida, los señores JEREMIAS CALIX BENITEZ y OSCAR ROLANDO COLINDRES GUTIERREZ, representados en juicio por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de ajuste salarial por desempeñar un cargo cuya remuneración mínima es de L.20,928.00 efectivo desde el 26 de julio del 2014, siendo dichos ajustes por las cantidades de L.8,187.00 y L.5,731.00, mensuales respectivamente, que constituye la diferencia entre salario mínimo para otros trabajadores que están en la misma categoría y desempeñan las misma funciones y con igual antigüedad que los demandantes, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de septiembre del dos mil dieciséis, por los señores JEREMIAS CALIX BENITEZ, Licenciado en Informática Administrativa y OSCAR ROLANDO COLINDRES GUTIERREZ, Pasantes de la carrera de Informática; ambos mayores de edad, casados, hondureños y de este domicilio, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), por medio de su Director el señor JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha seis de marzo del dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha seis de junio del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por JEREMIAS CALIX BENITEZ y OSCAR ROLANDO COLINDRES GUTIERREZ, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), a través de su Director Ejecutivo JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA, en cuanto a la nivelación de salario mismos que se realizará desde el 12 julio del 2016 hasta esta fecha, más lo que resulte hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales se encuentre firme la sentencia condenatoria quedándoles ajustado el salario a los demandantes en la cantidad de L. 20,928.00; en. consecuencia, 2) CONDENA AL DEMANDADO el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), a través de su Director Ejecutivo JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA a pagar a los demandantes en concepto de nivelación salarial la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS (L. 583,387.33) desglosados de la siguiente forma: para el señor JEREMIAS CALIX BENITEZ la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L.338,317.33), y para el señor OSCAR ROLANDO COLINDRES GUTIERREZ la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA LEMPIRAS (245,070.00); y para ambos más lo que resulte hasta que se encuentre firme la sentencia condenatoria; 3) Declarar SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que los demandantes laboraron para la demandada de la siguiente manera: Jeremías Cálix Benítez, ingresó a laborar en el cargo de Revisor Electoral, siendo trasladado al Departamento de Identificación e Informática el 16 de marzo del año 2011; desempeñándose actualmente como Operador de Control de Calidad, consecuentemente Técnico en informática, devengando un salario mensual de L. 12,811.00; en consecuencia, existe una diferencia que será objeto de ajuste del L. 8,187.00, para completar los L. 20,998.000, que es el mismo que devengan otros trabajadores con las mismas funciones, responsabilidades, y antigüedad; y, Oscar Rolando Colindres Gutiérrez, ingresó a laborar a la institución demandada en el cargo de analistas de sistemas, en el Departamento Informática el 10 de marzo del año 2009, desempeñándose actualmente como Operador de Sistemas, consecuentemente Técnico en Informática, devengando desde el 12 de enero del 2015, un salario mensual de L.15,267.00; en consecuencia, existe una diferencia que será objeto de ajuste de L. 5,731.00 para completar los L.20,998.00, que es el mismo que devengan otros trabajadores con la misma responsabilidades.- 2. La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contestó dicha demanda señalando que, los señores Jeremías Calix Benítez, inició su relación de trabajo para con la demandada el 16 de marzo del año 2011, en el cargo de Revisor Electoral, desempeñándose en la plaza oficial y permanente de Operador de Control de Calidad del Registro Nacional de las Personas, siendo este el cargo que ostenta en la actualidad como plaza presupuestada dentro de la Institución; y Oscar Rolando Colindres Gutiérrez, inició su relación laboral para la empresa demanda, el 10 marzo del año 2009, en el cargo de analista de sistema, en el Departamento de Informática, posteriormente fue nombrado de forma interina en el cargo de Operador de Sistema, dependiente del Departamento de Informática; posteriormente, fue nombrado de forma interina en el cargo de operador de sistemas, dependiente del sistema, dependiente del Departamento de Informática, a partir de 12 de marzo del año 2015; posteriormente, fue ascendido interinamente del cargo de Operador de Sistemas al Cargo de Soporte Técnico, dependiente del Departamento de Informática, por el período comprendido del 01 de noviembre del año 2016 al 30 de abril del año 2017, en sustitución de la señora Daniela Lizeth Amador, quien fue ascendida interinamente a otro cargo de la Institución. Los demandantes, tal como lo han manifestado, las plazas presupuestadas que tienen en la actualidad son las de Operador de Control de Calidad y Operador de Sistemas asignada al Departamento de Informática respectivamente, y por consiguiente los salarios que devengan es por dichas plazas, ya que el salario de ellos consideran que deben devengar es la de cómo técnicos de informática y que el primero, el cargo que desempeña, es el de Operador de Control de Calidad y el segundo Operador de Sistemas; funciones que realizan con nombramiento oficial que tienen los demandantes que están presupuestados en el presupuesto de la institución como plazas permanentes; por lo tanto, a ninguno le asiste el supuesto derecho de un ajuste salarial de forma retroactiva ni de ninguna otra manera; el primero aceptó su nombramiento en la plaza que ocupa, no poniendo ninguna objeción, sino más bien lo aceptó con alegría; en cuanto al segundo, ha estado nombrado de forma interina como Soporte Técnico dependiente del Departamento de Informática, pero su puesto permanente presupuestado dentro de la Institución es el operador de sistema, porque así lo han querido y lo aceptaron, lo que es imposible dárselos de forma permanente, ya que el ajuste salarial solicitado no se les puede dar en virtud de que están fuera de todo contexto legal, habría que crear otras plazas de soporte técnico, lo cual es imposible, ya que las cuatro plazas permanentes se encuentran ocupadas por los empleados Regina Zambrano, Daniela Amador, Allan Janser y Jorge Varela, con un salario para cada uno de ellos de L. 21,158.00, por lo que existe dentro del organigrama del Registro de las Personas, por consiguiente no aparece presupuestada dentro del cual se le asignaba al Registro. Al no existir otras plazas vacantes de soporte técnico, de las cuales los demandantes piden se les asigne el salario que devenga las personas que si tienen esas plazas de Técnico de Soporte, no se les puede asignar el salario que se devengan esas personas que si tienen las plazas presupuestadas dentro del presupuesto de la Institución, mucho menos la cantidad que están solicitando los demandantes con carácter retroactivo; es por ello, que no es posible ni legal la aplicabilidad del artículo 128 numeral 3) de la Constitución de la República. Ya que no existe una quinta plaza de Soporte Técnico permanente dentro del presupuesto de la demandada, entonces no se puede relacionar con ninguna otra persona que este desempeñando funciones similares porque estas personas nombradas si tienen sus plazas permanentes dentro del presupuesto de la empresa demandada.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de junio del dos mil diecinueve, dictó sentencia misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por JEREMIAS CALIX BENITEZ y OSCAR ROLANDO COLINDRES GUTIERREZ, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), a través de su Director Ejecutivo JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA, en cuanto a la nivelación de salario mismos que se realizará desde el 12 julio del 2016 hasta esta fecha, más lo que resulte hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales se encuentre firme la sentencia condenatoria quedándoles ajustado el salario a los demandantes en la cantidad de L. 20,928.00; en. consecuencia, 2) CONDENA AL DEMANDADO el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), a través de su Director Ejecutivo JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA a pagar a los demandantes en concepto de nivelación salarial la cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS (L. 583,387.33) desglosados de la siguiente forma: para el señor JEREMIAS CALIX BENITEZ la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L.338,317.33), y para el señor OSCAR ROLANDO COLINDRES GUTIERREZ la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA LEMPIRAS (245,070.00); y para ambos más lo que resulte hasta que se encuentre firme la sentencia condenatoria; 3) Declarar SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio y analizado el presente caso consta de autos que los demandantes solicitaron al Directorio del Registro Nacional de las Personas y este aprobó la nivelación de salario al señor Oscar Rolando Colindres Gutiérrez, en el cargo de Soporte Técnico dependiente del Departamento de Informática y al señor Jeremías Cálix Benítez, al puesto de Técnico en Informática, en este último caso, la plaza tiene un salario de L. 20,928.00, que es el sueldo que devenga Edwuin Rony Portillo Pineda, quien se desempeña en el mismo cargo que el señor Jeremías Cálix Benítez y Oscar Rolando Colindres Gutiérrez, que de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República en su artículo 128 numeral 3 establece "...A trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales"; por lo que contrastado con el artículo Constitucional y el artículo 367 de Código del Trabajo que establece: “Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo, se debe tomar en cuenta la intensidad y calidad del mismo, clima y condiciones vida , y el tiempo del servicio del trabajador. A trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio, dentro de la misma empresa sean también iguales...”, se debe y las pruebas acreditadas se encontró que dentro de la institución labora el señor Edwin Rony Portillo Pineda, en el puesto de Técnico en Informática y devengando un salario superior al devengado por los demandantes; por lo que procede nivelar el salario de los demandantes, el cual queda ajustado en la cantidad de L. 20,928.00, a partir del día 12 de julio del 2016, fecha en la que los demandantes solicitaron al Directorio del Registro Nacional de las Personas tal pretensión, realizándose el cálculo hasta el día de hoy, más lo que resulte hasta que se encuentre firme la sentencia condenatoria; en tal sentido, es procedente declarar con lugar la presente demanda.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de marzo del dos mil veinte, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que, en el presente proceso quedó evidenciado como el Directorio del Registro Nacional de las Personas, en fecha 07 de abril del 2016, aprobó la reclasificación de plazas de trabajo de los trabajadores Melvin Manuel Hernández Rodríguez de Transcriptor de Datos a Técnico en Informática: Kevin Jasón Bueso Bennett de Oficial de Diferencias a Técnico en Informática: Edwin Rony Portillo Pineda de Operador de Control de Documentos a Técnico en Informático: Dulce María Sánchez Alvarenga de Controlador de Documentos a Técnico en Informática: Christopher Jair Casco Lobo de Oficinista a Técnico de Informática todos con un sueldo de L.20,928.00; en virtud de que estos empleados adquirieron su derecho a reclasificación por el cambio o transformación de sus funciones originales a otros que corresponden al puesto hacia el cual se reclasifican. Lo anterior, fue ratificado en audiencia de conciliación judicial de fecha 09 de junio 2016, a excepción del último. Que se observa de la prueba aportada en cuanto al trabajador Jeremías Calix Benítez, quien desde el inicio de su relación laboral se desempeñaba como Operador de Control de Calidad y por disposición de la parte demandada fue trasladado temporalmente desde el 16 de marzo del 2011 al Departamento de Identificación e Informática, en la Sección de Administración y Soporte de Sistema con funciones y responsabilidades propias de igual manera, se observa que el trabajador Edwin Rony Portillo Pineda, de Operador de Control de Documentos fue reclasificado por el Directorio de la institución a Técnico en Informática, con un salario de L. 20,928.00, categorización de cargo que resulta análogo al cargo del demandante Jeremías Calix Benítez, con un salario de L. 12,811.00; por lo que de igual manera, corresponde en derecho su reclasificación, dado el cambio o transformación de sus funciones originales, debido al traslado operado a otras que corresponden al puesto hacia el cual desempeña actualmente como Técnico en Información habida cuenta que surtió el reconocimiento de los hechos que la parte demandante se proponía probar, debido a la renuencia de la parte demandada en la práctica del medio de prueba reconocimiento judicial; por lo que resulta meritorio el ajuste salarial reclamado por el demandante de L. 20,928.00, como Técnico en Informática. Que, de la prueba aportada por las partes procesales, se observa que el demandante Oscar Rolando Colindres Gutiérrez, labora desde el 12 de enero del 2015, en la plaza de Operador de Sistema asignada al Departamento de Informática, con un salario de L. 15,267.00. observando este Tribunal que el señor Christopher Jair Casco Lobo, con un cargo inicial de Oficinista, la parte demandada lo reclasificó a Técnico de Informática, con un sueldo de L.20,928.00, bajo la justificación del cambio o transformación de sus funciones originales a otros que corresponden al puesto hacia el cual se reclasifican; y siendo que operó el reconocimiento de los hechos que la parte demandante se proponía probar, debido a la renuencia de la parte demandada en la práctica del medio de prueba reconocimiento judicial; por lo que resulta meritorio el ajuste salarial reclamado por el demandante de L.20,928.00, como Técnico en Informática.- 5. Mediante auto de fecha veintidós de febrero del dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiuno de abril del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiuno de abril del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha uno de junio del dos mil veintidós, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su primer y único motivo de casación alega: “ACUSO A LA SENTENCIA RECURRIDA DE SER VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR INFRACCIÓN DIRECTA. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada, esta comprendida en los artículos 128 numeral 3 de la Constitución de la República en relación al 367 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas están contenidas en los artículos 732 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765 numeral 1° párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN. PRIMERO: La norma constitucional contenida en el artículo 128 numeral 3), establece los presupuestos para garantizar la igualdad y no discriminación salarial en su monto, cuando atienda a idénticas circunstancias; y su condición singularmente privilegiada de conformidad a la Ley; de forma tal que no queda duda que a toda actividad laboral corresponda un salario que además debe estar previamente establecido; si bien es cierto corresponde al patrono como responsable de la administración de la institución implementar la clasificación de puestos y salarios, asimismo establecer las categorías de puestos de cada clase, entendiendo que a igual categoría en el campo laboral, implica igualdad de conocimientos para el trabajador, por lo que en términos de retribución del servicio sin discriminación puede variar el salario únicamente en razón de la antigüedad en el servicio y la comprobada calidad y eficiencia en el desempeño del trabajo, elementos indispensables que debió considerar el A quem al momento de emitir el fallo objeto de esta demanda de casación. SEGUNDO: El A quem, considera en el fallo impetrado que debido a la renuencia de la parte demandada en la práctica del medio de prueba reconocimiento judicial, por lo que a los demandantes le corresponden en derecho su reclasificación dado el cambio o transformación de sus funciones originales debido al traslado operado, a otras que corresponden al puesto hacia el cual desempeñan, afirmaciones concordantes con el A quo en su fallo, y que fueron dictadas sin la confrontación exhaustiva de los hechos en su conjunto con los requerimientos constitucionales para considerar la existencia de la discriminación laboral, siendo primordial determinar la antigüedad en el servicio y eficiencia en el desempeño del trabajo. TERCERO: La normativa laboral establece claramente en su artículo 732 del Código del Trabajo, concede a la Juez Laboral la facultad de ordenar además de las pruebas propuestas y admitidas por las partes, aquellas que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos, ya que constituye un deber para el juzgador ordenar los medios probatorios necesarios cuando los considere que los mismos son idóneos para su decisión, principalmente cuando hay hechos oscuros que son necesarios esclarecer para dictar una sentencia conforme a derecho, y en el presente caso de autos es evidente que el A quo y A quem, emitieron fallos no sustanciados conforme a la normativa constitucional contenida en el artículo 128 numeral 3) de la Constitución de la República, que requiere se cumplan presupuestos para establecer si existe discriminación remunerada entre los demandantes y los trabajadores con los cuales confronta la supuesta discriminación, el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de la prueba, por lo tanto puede formar libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba atendiendo a las circunstancias relevantes del proceso y la conducta observada por las partes, en conjunto con el Principio de la Primacía de la Realidad, como principio rector del derecho del trabajo, el juzgador debió en el momento oportuno y en consideración a las circunstancias que están acreditadas en los autos, que la supuesta renuencia de mi representada de la práctica del medio de prueba reconocimiento judicial que era fundamental para la resolución de lo pretendido por los demandantes, no constituyo una conducta procesal desleal, sino que en atención a circunstancias establecidas en el artículo 72 numeral 2 del Código Procesal Civil, conllevaron a que mi representada quedara en completa indefensión en las presentes diligencias, no logrando llevar a juicio los medios de prueba requeridos por el juzgador. Por lo que el fallo impetrado no fue dictado conforme a derecho, el mismo es violatorio a la norma constitucional antes referida, mediante la infracción directa de la norma sustantiva establecida en los artículos 128 numeral 3 de la Constitución de la República en relación con el 367 del Código del Trabajo, por la no aplicación de la norma procesal contenida en el artículo 732 del Código del Trabajo”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) Señala que dirige su ataque por vía directa, pero incluye un acápite intitulado: “REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas están contenidas en los artículos 732 del Código del Trabajo.”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria: y, c) Formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes octubre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 47-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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