Sentencia CL-47-20 — Registro 14364
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales y como indemnización de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir por despido injusto e ilegal, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se indican como infringidos los artículos 39 del Código del Trabajo, disposición que no ostenta la calidad de sustantiva y el 2 numeral 2) omitiéndose en este último a cuerpo legal corresponde, es hasta en el desarrollo que alude su pertenencia al Código del Trabajo, y que dicho sea de paso igualmente su naturaleza no es sustancial. Conviene recordar que norma sustantiva, es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativos; b) el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, señalado como precepto autorizante resulta inapropiado como sustento del cargo y, d) en la explicación se insta a la valoración del material probatorio siendo incompatible con el concepto de violación invocado.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión al indicarse como infringido el artículo “…02 numeral 2…” sin precisar a que cuerpo legal corresponde; y, d) en la explicación se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto, ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas las citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida, prohibiéndose además la inferencia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de abril del año dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 09 de diciembre del 2021, por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, las señoras WENDY JISEL AVILA FLORES y TANIA MARIA ARITA DUBON, representadas en juicio por el Abogado OSCAR JOSE MARTINEZ VALLADARES. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales y como indemnización de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir por despido injusto e ilegal, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de octubre del 2015, por las señoras WENDY JISEL AVILA FLORES, Asistente Dental y TANIA MARIA ARITA DUBON, Doctora Cirujano Dentista; ambas mayores de edad, casadas, hondureñas y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PUBLICA, por medio del Procurador General de la República, en ese entonces el Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 05 de noviembre del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 10 de mayo del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por WENDY JISEL AVILA FLORES, y TANIA MARIA ARITA DUBON, contra el ESTADO DE HONDURAS por medio del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS por medio del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a la señora WENDY JISEL AVILA FLORES las prestaciones e indemnizaciones desglosadas de la forma siguiente: Preaviso Lps. 18,341.04; Auxilio de Cesantía Lps. 64,193.64; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 510.51; Vacaciones proporcionales Lps. 168.13, decimo tercer mes proporcional Lps. 5,884.54; decimo cuarto mes proporcional Lps. 1,299.19, haciendo un total a pagar de NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (Lps. 90,397.05), y a la señora TANIA MARIA ARITA DUBON el Preaviso Lps. 23,333.34; Auxilio de Cesantía Lps. 70,000.02; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 7,194.47; Vacaciones proporcionales Lps. 2,368.34, décimo tercer mes proporcional Lps. 7,486.14; décimo cuarto mes proporcional Lps. 1,652.79, haciendo un total a pagar de CIENTO DOCE MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (Lps. 112,035.10) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que el presente fallo definitivo adquiera el carácter de firme. - TERCERO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al reajuste de salario mínimo a la señora WENDY JISEL AVILA FLORES por los años 2014 y 2015 por la cantidad de Lps. (Lps. 25,352.32).- CUARTO: SIN COSTAS porque en materia de Derecho del Trabajo impera el Principio del Gratuidad y es aplicable la supletoriedad cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral para el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, de la siguiente manera: Wendy Jisel Ávila Flores, el 01 de agosto del 2008, contratada en forma verbal por el Doctor Pablo Abrahán Moya, quién en ese tiempo ocupaba el cargo de Director del Centro de Salud de Villa Adela de la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, en el puesto de Asistente Dentista, al momento del despido injusto tenía una antigüedad continúa de trabajo de 7 años 21 días, devengaba un salario base mensual de L.6,955.00, y conforme a la tabla de salario mínimo, el salario mensual debió de ser por la cantidad de L.8,099.11, por lo cual se calculó las prestaciones en base a dicho salario; y, Tania Maria Arita Dubon, el 09 de enero del 2009, contratada en forma verbal por la Doctora Suyapa Miranda, del Departamento de Odontología y el Doctor Ramón Arita, Director Regional, ocupando el puesto de Odontóloga General en el Centro de Salud de Villa Adela de la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, al momento del despido injusto tenía una antigüedad continua de trabajo de 6 años 7 meses 13 días, devengaba un salario promedio mensual de L.10,000.00 se le calculó las prestaciones en base a dicho salario. El 21 de agosto del 2015 el Doctor Oswaldo Caballero Director del Centro de Salud de Villa Adela, les entregó a las demandantes el Oficio No 2386 JR-RSMDC-DE FM, de fecha 19 de agosto del 2015, y firmado por la Doctora Heidi Flores, en su condición de Jefe Regional por Ley de la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central de Francisco Morazán, en donde les comunican que tenían que abandonar los puestos de trabajo sin justificación alguna, aduciendo que son recomendaciones de los Auditores de la Secretaría de Salud; que los salarios de las demandantes lo recibían mediante un cheque de una cuenta del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola “BANADESA”, bajo la modalidad de auto financiable o sea que de las recaudaciones del Departamento de Odontología del Centro de Salud, esto no significa que no sean empleadas de la Secretaría de Salud Pública, mucho menos que no tengan ninguna relación con dicha Secretaría de Estado, como lo manifiestan en el Oficio de despido injusto. Una vez reunidos los tres elementos de que trata el artículo 20 del Código del Trabajo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Por lo que conforme a Derecho existe una relación laboral entre las partes, estos hechos en el caso que la parte patronal no los acepte serán probados fehacientemente en juicio, de la misma forma y para acreditar los derechos laborales las demandantes fundamentan el derecho que les otorgan los artículos 3 y 25 del Código del Trabajo y a las garantías constitucionales establecidas en los artículos 127 al 141 de la Carta Magna relacionadas con los derechos laborales, así como también a las presunciones legales establecidas en los artículos 21, 30 y 41 del Código del Trabajo; dándose por agotado el trámite administrativo respectivo, establecido en el artículo 691 del mismo cuerpo legal.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que las demandantes nunca sostuvieron una relación laboral, ni existió ninguna contratación verbal ni mucho menos por escrito, con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, que les acredite como empleadas de dicha institución, no obstante cabe mencionar que la señora Wendy Jisel Avila Flores, afirma haber sido contratada verbalmente por el Doctor Pablo Abrahan Moya, que en ese tiempo se desempeñaba como Director del Centro de Salud de Villa Adela y la señora Tania Maria Arita Dubon, aduce también haber sido contratada verbalmente por el Doctor Ramon Arita, Director Regional, y la Doctora Suyapa Miranda, encargada del departamento de Odontología de dicho centro de salud, quienes no están facultados para suscribir contratos a nombre del demandado, en consecuencia, éste no está en la obligación de reconocerles ningún tipo de derecho que no les corresponden por no haber sido nombradas ni contratadas bajo ninguna modalidad por la Secretaría de Salud, razón por la cual se rechaza la fecha que puntualizan las actoras de la demanda haber comenzado a prestar sus servicios con la parte demandada y el puesto que aducen haber desempeñado y serán las partes actoras quienes deberán probarlo en el momento procesal oportuno; no obstante la fundamentación en la que los demandantes procuran sustentar sus pretensiones en el artículo 20 del Código del Trabajo, que si bien es cierto señala los elementos esenciales para considerar la existencia de una relación de trabajo, no es menos cierto, que todo contrato de trabajo bajo las distintas modalidades que establece una prestación de servicios conlleva esos mismos elementos para ejercer la actividad de trabajo para lo cual fueron contratados, la cual podría ser verbal o por escrito la contratación, el mismo es aplicable en aquellos casos que por su naturaleza los contratos sean por tiempo indefinido, pero que no es el caso que nos ocupa; argumentando que nunca hubo despido alguno ni tampoco se violentaron los derechos laborales normalizados en los artículos 127 al 141 de las garantías constitucionalaes así como las presunciones legales de los artículos 21, 30 y 41 del Código de Trabajo, por lo que a las demandantes no les asiste el derecho que reclaman y carecen de todo sustento jurídico que apoyen sus pretensiones.- 3.-El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de mayo del 2019, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por WENDY JISEL AVILA FLORES, y TANIA MARIA ARITA DUBON, contra el ESTADO DE HONDURAS por medio del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS por medio del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a la señora WENDY JISEL AVILA FLORES las prestaciones e indemnizaciones desglosadas de la forma siguiente: Preaviso Lps. 18,341.04; Auxilio de Cesantía Lps. 64,193.64; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 510.51; Vacaciones proporcionales Lps. 168.13, decimo tercer mes proporcional Lps. 5,884.54; decimo cuarto mes proporcional Lps. 1,299.19, haciendo un total a pagar de NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (Lps. 90,397.05), y a la señora TANIA MARIA ARITA DUBON el Preaviso Lps. 23,333.34; Auxilio de Cesantía Lps. 70,000.02; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 7,194.47; Vacaciones proporcionales Lps. 2,368.34, decimo tercer mes proporcional Lps. 7,486.14; decimo cuarto mes proporcional Lps. 1,652.79, haciendo un total a pagar de CIENTO DOCE MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (Lps. 112,035.10) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que el presente fallo definitivo adquiera el carácter de firme. - TERCERO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al reajuste de salario mínimo a la señora WENDY JISEL AVILA FLORES por los años 2014 y 2015 por la cantidad de Lps. (Lps. 25,352.32). - CUARTO: SIN COSTAS porque en materia de Derecho del Trabajo impera el Principio del Gratuidad y es aplicable la supletoriedad cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo”. Bajo el criterio que al haberse considerado que existe una relación laboral suscrita entre las demandantes y el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, esta es considerada por tiempo indefinido y es así en virtud de que las mismas trabajadoras consideraron esta modalidad de contratación al pretender el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, debiendo el empleador por lo expresado de someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada, por lo que al no existir una causa legal de justificación de despido de las demandantes, en vista de que se les notificó en fechas 19 de agosto del año 2015 que debían abandonar las instalaciones de odontología de Región Sanitaria Metropolitana, en donde quedaban laborando únicamente aquellos Médicos Odontólogos, que ya han sido contratados o que tengan acuerdo desempeñándose como tal (autofinanciable) (ver folio 18) no estando este argumento incorporado dentro de las disposiciones contenidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, relativo a las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, ha operado el despido directo, ilegal e injusto, por lo que es procedente declarar con lugar la presente demanda ordinaria laboral de prestaciones e indemnizaciones laborales por ser un derecho opcional del trabajador. Que la parte demandante solicita el reajuste de salario mínimo a favor de la señora Wendy Jisel Ávila Flores, dicha pretensión establecida en los hechos y omisiones del escrito de demanda (f. 2), referente a ello ha quedado establecido el salario mensual que devengaba la señora antes referida es por la cantidad de Lps. 6,955.00, en virtud de lo cual es procedente conceder como derecho adquirido el reajuste de salario mínimo a la demandante aludida, haciendo referencia a los preceptos legales contentivos a la Ley de Salario Mínimo y haciendo una revisión del Acuerdo de Fijación de Salario Mínimo para los años 2014 y 2015, el salario correspondiente para los años en mención es por la cantidad de Lps. 7,860.44, por lo que asciende a un total a pagar de Lps. 25,352.32.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha cinco de noviembre del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que del análisis del haz probatorio practicado en el proceso se encuentran acreditados los siguientes hechos: a) Las trabajadoras prestaban sus servicios profesionales como Odontólogas General en el Programa Autofinanciable del Centro de Salud Asistencial de Villa Adela, con un horario de 1:00 a 5:00 pm; b) Con la declaración de los testigos Marlen Lizeth Funes Cabrera y Claudia María Bedoya Ramírez, se ratifica que las demandantes laboraban en los establecimientos de Salud del Programa Autofinanciable de Odontología de la Región Sanitaria Metropolitana, dependientes de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud; c) Mediante el Oficio No.2386 JR-RSM-DC de FM, de fecha 19 de agosto del 2015, la doctora Heidi Flores, Jefe Regional por Ley R.S.M. del D.C. de F.M., le comunicó a los Jefes de Establecimientos de Salud y encargados de Odontología de la Región Sanitaria Metropolitana, que todos aquellos médicos odontólogos que se desempeñan en los Establecimientos de Salud deberán abandonar las instalaciones de Odontología de la Región Sanitaria Metropolitana, entre los cuales se encontraban las trabajadoras demandantes; que las pruebas aportadas por la Representante Procesal de la parte demandada vienen a ratificar la existencia de la relación laboral y el despido de que fueron objeto las trabajadoras, ya que ellas laboraban en la Región Metropolitana de Tegucigalpa, dependiente de la Secretaría de Salud y siendo que las normas del derecho laboral son de orden público, en consideración a que regulan relaciones que entrañan un indiscutible interés público o social como son las que surgen del capital y del trabajo, el Estado al intervenir en estas relaciones lo hace con la finalidad especifica de proteger al elemento débil económicamente considerado, que es el trabajador y ante las pretensiones de éste corresponde a los órganos Jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado, con el reconocimiento de las prestaciones e indemnizaciones laborales.- 5.-Mediante auto de fecha 10 de marzo del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 9 de diciembre del 2021, compareció ante este Tribunal la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 05 de enero del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 01 de febrero del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado OSCAR JOSE MARTINEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2.- Que la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 2 numeral 2 que establece lo siguiente “Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1 ... 2. Los empleados públicos nacionales, departamentales y Municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las Relaciones entre el Estado, El departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan; y ... Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 39 del Código del Trabajo ya establece que los contratos verbales se da cuando a)" servicios domésticos; b) trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días; c) obras determinadas cuyo valor excedan de 200 lempiras y d) labores agrícolas; el Estado de Honduras no utiliza ese tipo de modalidades de contrataciones ya que se sujeta a un Plan Operativo Anual y a Disposiciones Generales Presupuestarias. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO. La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos, el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, incurrió en infracción directa o falta de aplicación del 02 numeral 2 del Código de Trabajo en virtud que está debidamente acreditado en autos que la relación que tuvieron las señoras Wendi Jisel Ávila Flores y Tania María Arita Dubón ya que en ningún momento mi representada la Secretaria de Estado en el Despacho de suscribió ningún tipo de contrato ni realizo nombramiento alguno con las demandantes mucho menos verbalmente por cuanto las contrataciones verbales conforme a la normativa del artículo 39 del Código de Trabajo ya establece que los contratos verbales se dan cuando se refiere a) Servicios Domésticos b) trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días; c) obras determinadas cuyo valor exceda de 200 lempiras y d) labores agrícolas. Se les dio la oportunidad de ocupar un espacio físico, así como el equipo necesario para desarrollarlo con el convenio que su pago dependería de la captación de recursos obtenidos de los pacientes beneficiados del sistema autofinanciable además de utilizarlo para comprar materiales e insumos que ellas mismas utilizaban en sus consultas y llevaban sus propios expedientes”.- 3.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se indican como infringidos los artículos 39 del Código del Trabajo, disposición que no ostenta la calidad de sustantiva y el 2 numeral 2) omitiéndose en este último a cuerpo legal corresponde, es hasta en el desarrollo que alude su pertenencia al Código del Trabajo, y que dicho sea de paso igualmente su naturaleza no es sustancial. Conviene recordar que norma sustantiva, es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativos; b) el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, señalado como precepto autorizante resulta inapropiado como sustento del cargo y, d) en la explicación se insta a la valoración del material probatorio siendo incompatible con el concepto de violación invocado.- 4.- Que en un segundo motivo se aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifestó en autos y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación del artículo 02 numeral 2 ya que también en ninguna forma el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán se refiere a los acuerdos presentados. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo: NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidos en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: La documental: Admitida a la parte demandada (ver folios 25, 40, 43, y 44 de la primera pieza procesal), en relación con la prueba en su conjunto. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba señalado anteriormente y evacuados en su oportunidad, relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que en forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios, científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto lo que es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular si se hubieses apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalada, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que las señoras Wendy Jisel Ávila Flores y Tania María Arita Dubón no fueron empleadas públicas sino que se les daba la oportunidad de ocupar un espacio físico, así como el equipo necesario para desarrollarlo, con el convenio que su pago dependería de la aceptación de recursos de los pacientes beneficiados del sistema de autofinanciable, del cual además de utilizarlo para comprar materiales e insumos que ellas mismas utilizaban en sus consultas llevaban sus expediente sin tener relación con la Secretaria de Salud, y a su vez generaban su propios pagos de honorarios”.- 5.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión al indicarse como infringido el artículo “…02 numeral 2…” sin precisar a que cuerpo legal corresponde; y, d) en la explicación se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- 6.- Que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto, ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas las citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida, prohibiéndose además la inferencia.- 7.- Por lo antes expuesto procede declarar no ha lugar el recurso de casación interpuesto en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de mayo del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha siete de abril del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número 47-20.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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