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Sentencia CL-422-21 — Registro 15186

Resumen

Demanda Ordinaria Laboral para que se declare el Contrato de Trabajo por tiempo indeterminado y como consecuencia se declare la permanencia en el puesto de trabajo desde el inicio de la relación laboral en vista de ser una labor permanente, reajuste y nivelación de salario, incremento de salario, reajuste del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, vacaciones, goce, pago y demás bonificaciones desde el inicio de la relación laboral, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas los artículos 19, 21, y 46 inciso b) del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) Omite las normas procesales que sirvieron de medio para la violación.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas los artículos 19, 21, y 46 inciso b) del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) Omite las normas procesales que sirvieron de medio para la violación.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve días del mes de agosto del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 28 de febrero del 2022, por la Abogada NANCY MELISSA OBANDO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores MARITZA ABIGAIL MATAMOROS MATAMOROS, JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO, CARLOS RENIERY VALLE HERNANDEZ y VICTOR MANUEL BRACAMONTE VASQUEZ, representados en juicio por el Abogado JEFFRY ROLANDO GALEAS CARDENAS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que se declare el Contrato de Trabajo por tiempo indeterminado y como consecuencia se declare la permanencia en el puesto de trabajo desde el inicio de la relación laboral en vista de ser una labor permanente, reajuste y nivelación de salario, incremento de salario, reajuste del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, vacaciones, goce, pago y demás bonificaciones desde el inicio de la relación laboral, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de septiembre del 2016, por el Abogado JORGE BELARMINO REYES GUEVARA, en su condición de representante procesal de los señores MARITZA ABIGAIL MATAMOROS MATAMOROS, Secretaria Bilingüe, JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO, Licenciado en Informática, CARLOS RENIERY VALLE HERNANDEZ, Bachiller Técnico y Técnico Medio en Mecánica y VICTOR MANUEL BRACAMONTE VÀSQUEZ, Técnico en Computación y Electricidad, todos mayores de edad, hondureños, casados y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 10 de mayo del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la cual en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada NANCY MELISSA OBANDO MENDOZA; 2.- Declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JEFFRY ROLANDO GALEAS CARDENAS; 3.- REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REVOCANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO, INCISO "A", el que deberá leerse de la siguiente manera: "II.- CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Que se tenga la relación laboral de los Señores MARITZA ABIGAIL MATAMOROS MATAMOROS a partir del 1 de abril de 2006; el señor JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO a partir del 02 de julio de 2007; el señor CARLOS RENIERY VALLE HERNANDEZ a partir del 27 de enero de 2006; y el señor VICTOR MANUEL BRACAMONTE VASQUEZ desde el 1 de julio de 2007, con carácter de indefinida desde la fecha en que ingresaron a laborar para la Institución." B).- CONFIRMANDO EL NUMERAL PRIMERO, SEGUNDO, INCISOS B, C, D, NUMERALES TERCERO Y CUARTO de la sentencia apelada.- 4.- SIN COSTAS en esta instancia.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE DECLARE EL CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO INDETERMINADO Y COMO CONSECUENCIA QUE SE DECLARE LA PERMANENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO DESDE EL INICIO DE LA RELACION LABORAL EN VISTA DE SER UNA LABOR PERMANENTE, REAJUSTE Y NIVELACION DE SALARIO, INCREMENTO DE SALARIO, REAJUSTE DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, VACACIONES GOCE, PAGO Y DEMAS BONIFICACIONES DESDE EL INICIO DE LA RELACION LABORAL, COSTAS DEL JUICIO, promovida por el Abogado JORGE BELARMINO REYES GUEVARA en su condición de representante procesal de los señores MARITZA ABIGAIL MATAMOROS MATAMOROS, JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO, CARLOS RENIERY VALLE HERNANDEZ Y VICTOR MANUEL BRACAMONTE VASQUEZ contra el ESTADO DE HONDURAS, representada por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que iniciaron la relación laboral con la Secretaría de Educación de la siguiente manera: Javier Enrique Donaire Garrido, el 15 de abril de 2007, desempeñándose actualmente como Técnico de Soporte a Redes y Comunicaciones, devengado a la fecha un salario de L.22,000.00; Maritza Abigail Matamoros Matamoros, el 1 de abril del 2003, desempeñándose en el puesto de Asistente Dirección de Infotecnologia, devengado a la fecha un salario de L.15,500.00; Víctor Manuel Bracamonte Vásquez, el 1 de enero de 1997, desempeñándose en el puesto de Soporte Técnico a Redes y Comunicaciones, devengado a la fecha un salario de L.22,000.00; y Carlos Reniery Valle Hernández, el fecha 2 de enero de 2004, desempeñándose en el puesto de Asistente de Soporte Técnico y Telefonía, devengado a la fecha un salario de L.19,000.00; sin embargo, dicha relación laboral ha sido mediante contratos por tiempo ilimitado; resulta que ha celebrado varios Contratos de Trabajo con la Secretaría de Educación, aclarando que a la fecha de presentación de la demanda sigue laborando en dicha institución, recibiendo funciones y salario, sin que se le haya reconocido el derecho de empleados permanentes, derecho que les concede también el Código de Trabajo en su artículo 47 y 52, siendo las funciones que realizan permanentes en la Institución, en consecuencia la relación laboral debió celebrarse como indefinida desde el inicio de la relación laboral, resultando que los puestos que desempeñan son de naturaleza permanente, a tal grado que tienen más de 5 años de trabajar en la Secretaría de Educación, razón por la cual no se puede alegar que no existe continuidad en las labores que desempeñó, en base a lo anterior, solicita que se declare que el Contrato es por Tiempo Indeterminado y por ende la permanencia en el puesto y la retroactividad en décimo tercer, cuarto mes de salario, vacaciones, uso y goce y demás derechos que establece el Código del Trabajo; además solicita el pago retroactivo del reajuste de salario. Teniendo por agotada la vía administrativa ante la Secretaría del Trabajo, en virtud que las partes no lograron llegar a un acuerdo conciliatorio, quedando expedita la vía judicial.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que ser cierto que los demandantes comenzaron a prestar sus servicios mediante una relación regida por Contratos a Término, denominado Contrato de Servicios Profesionales, con Validez y Vigencia determinadas; sin embargo, aunque se hayan suscrito contratos en forma continua e interrumpida nunca existió una relación laboral por tiempo indefinido, cuando es de sobrado conocimiento que los demandantes y las condiciones bajo las cuales están siendo contratados están regidos por las cláusulas contractuales legalmente acordadas por las partes, con fecha de inicio y fecha de terminación y no de forma continua como procuran hacerle ver al juzgador del proceso, ya que su relación no era laboral, en virtud de que si bien es cierto existe una paga mensual previa a los demandantes no es menos cierto que la misma no es considerada como un salario sino como una obligación de pago por sus servicios, donde se obligó mediante un Contrato suscrito cancelar una cantidad de dinero a los demandantes en varios pagos, particularmente esa forma de pago no puede ser calificada como salario, sino que pago a la obligación contraída por las partes mediante cláusulas contractuales legalmente establecidas a satisfacción de las partes; un contrato es un convenio entre las partes los mismos deben ser cumplidos al tenor de lo pactado, en ese sentido, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación nunca realizó una acción mal intencionada, precisamente porque todos los contratistas previo a la firma del contrato leyeron todas y cada una de las cláusulas y no las objetaron, tal como lo establece el artículo 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, que literalmente reza: “todo contrato deberá contener según su clase o tipo, aquellas clausulas y disposiciones que fueren necesarias para su ejecución y control, incluyendo, entre otras, obligaciones, lugar y condiciones de prestación de servicios, informes, remuneraciones y forma de pago. Tendrán plazo determinado y no podrán renovarse, sino cuando conste acreditada su necesidad. Al vencimiento del plazo cesara la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes”, los contratos suscritos por el demandante no están sujetos a lo establecido al Código del Trabajo que invoca, lo cual no es aplicable en razón de que su contratación es a través de Contratos de Servicios Profesionales, contratos estos que se celebraron a término, mismos que fueron consentidos y aceptados por ambas partes, al tenor del artículo 1348 del Código Civil que literalmente expresa: “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”, por otro lado, esta forma de contratación se sustenta en la normativa de la Ley General de la Administración Pública y las Disposiciones Generales para el Ejercicio del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, sujeto estrictamente al derecho administrativo, que a tal efecto se somete al conocimiento del artículo 3 inciso a) de La Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a lo manifestado en lo relacionado con el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que expresamente él artículo 2 del mismo cuerpo legal establece que las disposiciones contenidas en ese Código obligan a las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales, pero exceptúa, entre otros a los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, cuyo puesto ha sido creado por la Constitución de la República, Ley, Decreto Ejecutivo o Acuerdo Municipal, que en este caso no se cumple, si bien es cierto, se cumplen los tres elementos para la existencia de un contrato, pero no existe la estructura presupuestaria que cada empleado público debe tener en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) y la Dirección de Servicio Civil, tal como lo establece el artículo 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; en virtud de que el demandante de manera hábil pretende sorprender al juzgador al querer cambiar la naturaleza del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por tiempo limitado suscrito con la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, aduciendo que se trata de un Contrato Individual de Trabajo Permanente, pues es lógico que todo trabajador contratado por la Secretaría de Educación bajo cualquier modalidad debe de cumplir con todas las obligaciones que se derivan de su contratación, así como recibir sus beneficios de conformidad a ley y un salario como retribución a su trabajo y por consiguiente tiene que estar sujeto una subordinación por la clase de actividades que desarrollaba; que la relación laboral que existe es por tiempo determinado a través del Reconocimiento Judicial que será practicado por el juez asociado de su Secretario de Actuaciones, Medios Técnicos, Confesión, Exhortos, Presunciones Legales y todos los demás medios de prueba permitidos por la Ley.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de septiembre del 2019, dictó sentencia, la cual en su parte resolutiva dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para que se declare el Contrato de Trabajo por tiempo indeterminado, y como consecuencia que se declare la permanencia en el puesto de trabajo desde el inicio de la relación laboral en vista de ser una labor permanente, reajuste de salario, incremento de salario para el señor JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO, reajuste de décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, vacaciones goce; instaurada por el ABOGADO JORGE BELARMINO REYES GUEVARA, quien es mayor de edad, inscrito en el colegio de Abogados de Honduras bajo el NO 19,514; actuando en su condición de Representante Procesal de los Señores: MARITZA ABIGAIL MATAMOROS MATAMOROS; JAVIER ENRIQUE DONAIRE; CARLOS RENIERY VALLE HERNANDEZ Y VICTOR MANUEL BRACAMONTE VASQUEZ; contra EL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Que se tenga la relación laboral de los Señores MARITZA ABIGAIL MATAMOROS MATAMOROS desde el 02 de enero de 2008; JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO 02 desde el de enero de 2008; CARLOS RENIERY VALLE HERNANDEZ desde el 04 de enero de 2008; VICTOR MANUEL BRACAMONTE VASQUEZ desde el 02 de enero de 2008 con carácter de indefinida desde [a fecha en que ingresaron a laborar para la Institución; b) Que a los Señores MARITZA ABIGAIL MATAMOROS MATAMOROS; JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO; CARLOS RENIERY VALLE HERNANDEZ Y VICTOR MANUEL BRACAMONTE VASQUEZ se le ajuste su salario y demás derechos que como empleados permanentes les corresponde desde la fecha de inicio de la relación laboral, hasta la fecha fecha en la cual se emite la presente sentencia condenatoria; Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda; c) Que a los señores MARITZA ABIGAIL MATAMOROS MATAMOROS; JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO; CARLOS RENIERY VALLE HERNANDEZ Y VICTOR MANUEL BRACAMONTE VASQUEZ se les conceda el goce de sus vacaciones; asimismo que se les haga efectivo el pago del décimo cuarto mes de 2008; d) Que al Señor JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO se le incremente su salario a la suma de Lps. 25,000.00; Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda; III.- Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por los Señores MARITZA ABIGAIL MATAMOROS MATAMOROS; JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO; CARLOS RENIERY VALLE HERNANDEZ Y VICTOR MANUEL BRACAMONTE VASQUEZ para la nivelación de salario; pago y demás bonificaciones desde el inicio de la relación laboral; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar a los Señores MARITZA ABIGAIL MATAMOROS MATAMOROS; JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO; CARLOS RENIERY VALLE HERNANDEZ Y VICTOR MANUEL BRACAMONTE VASQUEZ dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que los demandantes antes de haber transcurrido un año celebraron Contratos de Trabajo con la misma Institución demandada y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido y asimismo ese puesto es en el que se desempeñaban al momento de ejecutar los trámites administrativos, razón por la cual procede declarar con lugar la demanda de mérito en relación a tener la relación laboral de los demandantes por tiempo indefinido, y asimismo que se le debe reconocer todos los derechos que como empleados permanente les corresponde, para la señora Maritza Abigail Matamoros Matamoros, a partir del 2 de enero del 2008; Javier Enrique Donaire, 2 de enero del 2008; Carlos Reniery Valle Hernandez, 4 de enero de 2008; Víctor Manuel Bracamonte Vásquez, 2 de enero de 2008, hasta el 27 de septiembre del año 2019, conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda; que la parte demandante asimismo solicita en el escrito de su demanda, reajuste y nivelación de salario, incremento de salario, reajuste de décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, vacaciones goce, pago y demás bonificaciones desde el inicio de la relación laboral; en cuanto al reajuste de salario, reajuste de décimo tercer y décimo cuarto, conceptos que se declaran con lugar en vista de no estar acreditado en autos que la Institución demandada les haya otorgado el aumento establecido por el Gobierno Central; en lo que respecta a la nivelación de salario se declara sin lugar, ya que de igual forma no se acreditó a que salario se pretende la nivelación ni se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 128 de la Constitución de la República; en lo que concierne al aumento de salario se declara con lugar en cuanto al señor Javier Enrique Donaire Garrido, ya que se acreditó que en el año 2012, devengaba la suma de L. 25,000.00 y en el año 2018, la suma de Lps. 22,000.00; y en aplicación a los principios fundamentales del Derecho del Trabajo, consiste en el Principio de Progresividad y No Regresividad en Materia Laboral, el cual supone intentar reducir progresivamente el estado de desposesión en el que se encuentran los trabajadores en el orden socioeconómico, imponiendo a favor de ellos el aumento sostenido y unidireccional de los niveles de tutela jurídica existentes, asimismo veda toda posibilidad de reducción regresiva de las conquistas sociales normativamente alcanzadas estableciendo un vallado inexpugnable en cualquier pretensión de retrogradar los derechos de los trabajadores, artículo 2 numeral 1) del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por lo que el salario a devengar el señor Donaire Garrido es la suma de Lps. 25,000.000; en lo que se refiere al goce de vacaciones se declara con lugar en vista de haberse acreditado que los demandantes únicamente se les concedía un día de vacaciones por mes laborado; conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda; en cuanto al pago y demás bonificaciones desde el inicio de la relación laboral se declara sin lugar en vista de no señalar con precisión a que bonificaciones se refiere; para los efectos legales pertinentes constituyen hechos probados que a los demandantes no se les realizó el pago correspondiente al décimo cuarto mes de salario del año 2008, con el único ánimo de equilibrar la justicia social, con la facultad para ello, y con los hechos debidamente probados, es que determina que en el caso de autos, es necesaria la utilización de la figura de la extra petita, pues de la probanza de los hechos ha relucido que a los demandantes les corresponden el pago del décimo cuarto mes correspondientes al 2008, mismos que son distintos de los derechos pedidos en el planteamiento de la demanda.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de mayo del 2021, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el A-quo y “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada NANCY MELISSA OBANDO MENDOZA; 2.- Declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JEFFRY ROLANDO GALEAS CARDENAS; 3.- REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REVOCANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO, INCISO "A", el que deberá leerse de la siguiente manera: "II.- CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Que se tenga la relación laboral de los Señores MARITZA ABIGAIL MATAMOROS MATAMOROS a partir del 1 de abril de 2006; el señor JAVIER ENRIQUE DONAIRE GARRIDO a partir del 02 de julio de 2007; el señor CARLOS RENIERY VALLE HERNANDEZ a partir del 27 de enero de 2006; y el señor VICTOR MANUEL BRACAMONTE VASQUEZ desde el 1 de julio de 2007, con carácter de indefinida desde la fecha en que ingresaron a laborar para la Institución." B).- CONFIRMANDO EL NUMERAL PRIMERO, SEGUNDO, INCISOS B, C, D, NUMERALES TERCERO Y CUARTO de la sentencia apelada.- 4.- SIN COSTAS en esta instancia…”. Bajo el criterio que se logró acreditar la existencia de varios Contratos de Trabajo por Tiempo Determinado celebrados entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación y los demandantes, estableciéndose en dichos contratos que la función a realizar por los demandante era de Asistente de la Dirección de Infotecnologia, Asistente de Soporte Técnico y Administrador de la Planta Telefónica, por lo que la función fue siempre la misma durante ese período de tiempo, existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, es decir, subordinación y dependencia del patrono, sujeta a un horario de trabajo y a una remuneración por la cual se le hacía las deducciones de su salario, por lo que no cabe duda que la relación existente era por tiempo indeterminado; la Juez de primera instancia tiene por probado que la relación laboral de los demandantes empezó para la señora Maritza Abigail Matamoros Matamoros, desde el 2 de enero del 2008; para Javier Enrique Donaire Garrido, desde el 2 de enero del 2008; Carlos Reniery Valle Hernandez, desde el 4 de enero del 2008 y Víctor Manuel Bracamonte Vásquez, desde el 2 de enero del 2008; y así lo deja plasmado en sus considerandos y en la parte resolutiva de la sentencia apelada, pero al revisar los Contratos de Trabajo observa que el primer contrato de la señora Maritza Abigail Matamoros Matamoros, es desde el 1 de abril de 2006, como Asistente de la Dirección de Infotecnologia; el señor Javier Enrique Donaire Garrido, a partir del 02 de julio de 2007, como Asistente de Soporte técnico; el señor

Carlos Reniery Valle Hernández, a partir del 27 de enero de 2006, como Administrador de la Planta Telefónica; y el señor Víctor Manuel Bracamonte Vásquez, desde el 1 de julio de 2007, como Asistente de Soporte Técnico; estando probada la continuidad y permanencia de los demandantes en sus puestos de trabajo, esta Corte de Apelaciones estima procedente reformar la sentencia de primera instancia, en lo que se refiere a la fecha de ingreso de los demandantes y desde la cual se debe tomar en cuenta su permanencia.- 5. Mediante auto de fecha 15 de noviembre del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada NANCY MELISSA OBANDO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 28 de febrero del 2022, compareció ante este Tribunal la Abogada NANCY MELISSA OBANDO MENDOZA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 28 de febrero del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 8 de abril del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado JEFFRY ROLANDO GALEAS CARDENAS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que la Abogada NANCY MELISSA OBANDO MENDOZA, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso b del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo violentó la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el medio de prueba documental público correspondientes a los Contratos de Servicios Profesionales que se encuentran en los Folios 26 al 927, donde consta que la relación laboral es por tiempo determinado, pues en cada uno de los contratos se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización.- Tampoco Honorables Magistrados, el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica del Artículo 19 del Código de Trabajo en cual establece "Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración" que dicha definición está subordinada a lo establecido en el artículo 21 en que establece "se presume que toda relación de todo trabajo personal está regida por un contrato" el cual es violentado por el Tribunal Ad-Quen en virtud de darle una connotación diferente al concederles que se declare la permanencia en el puesto de trabajo desde el inicio de su relación laboral en vista de ser una relación permanente, reajuste salarial, incremento de salario, reajuste del décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario, vacaciones y goce. Y ellos fueron contratados a término ya que el mismo se entrelaza con lo establecido en el artículo 26 el que establece "Que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado.....", artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: "Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación..." PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 10 del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 10 . Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar bajo una de las modalidades contempladas en la Ley nacional vigente. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El objeto de pedir concurre en lo que reclama, el reclamo lo constituye el , por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mi representada y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de hacer erogación concederles que se declare la permanencia en el puesto de trabajo desde el inicio de su relación laboral en vista de ser una relación permanente, reajuste salarial, incremento de salario, reajuste del décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario, vacaciones y goce por la siguiente razón: primero porque está brindando derechos que solo corresponden a personas que son nombrados de forma permanente en tal sentido el tribunal de segunda instancia no consideró que el Código de Trabajo señala los contratos a término como una de sus modalidades y establece que los mismos obliga a lo expresamente pactado. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1 0 del Código del Trabajo)”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas los artículos 19, 21, y 46 inciso b) del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) Omite las normas procesales que sirvieron de medio para la violación.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes septiembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 422-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.