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Sentencia CL-406-19 — Registro 13807

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de indemnización por accidente de trabajo, pago de prestaciones, derechos adquiridos por despido injustificado y en concepto de daños y perjuicios salarios caídos, costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) Cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 112, 113 Código del Trabajo 3, 228 del Código Procesal Civil y 228, 321 de la Constitución de la República; así también, los Decretos 12-2000, 137-2011, 266-2013, que emitiera el Congreso Nacional de la República; y, c) Formula alegatos propios de instancia"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio; además, incurre en los siguientes defectos técnicos; cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que el artículo 728 del Código del Trabajo a que hace referencia no tiene esa categoría; y, cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos  26, 112,  y 113 del Código del Trabajo.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto las causas de la terminación de la relación laboral fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; además el artículo 764 del Código del Trabajo a que hace referencia no tiene esa categoría;    c) los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo que indica como violados, si bien es cierto, ostentan la condición de normas sustantivas, los mismos contienen párrafos y literales que debió haber mencionado; y d) Formula alegatos propios de instancia.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis días del mes de enero del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 28 de mayo del 2021, por la Abogada ELENA MAYELI CRUZ BANEGAS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ROSIBEL LIZETH CERRATO ANDINO, representada en juicio por el Abogado JORGE ISAAC FLORES REYES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de indemnización por accidente de trabajo, pago de prestaciones, derechos adquiridos por despido injustificado y en concepto de daños y perjuicios salarios caídos, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 17 de noviembre del 2014, por la señora ROSIBEL LIZETH CERRATO ANDINO, mayor de edad, casada, Secretaria Bilingüe, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, por actuaciones del PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), representada legalmente por el señor MARIO RENÉ PINEDA VALLE. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 22 de abril del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 18 de octubre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA: CON LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESPIDO INJUSTIFICADO, EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS CAÍDOS instaurada por ROSIBEL LIZETH CERRATO ANDINO contra EL PROGRAMA DE NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) representada por el señor MARIO RENE PINEDA VALLE; 2) CONDENAR: AL PROGRAMA DE NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) representada por el señor MARIO RENE PINEDA VALLE A: A) Pagar a la demandante la cantidad de demandante señora ROSIBEL LIZETH CERRATO ANDINO, la cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 124,883.45) desglosados así: PREAVISO L.25,666.68 AUXILIO DE CESANTÍA L.25,666.68; AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L. 10,300.94; VACACIONES PROPORCIONALES L.5,150.47; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L.1,771.02; DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL L. 7,271.07; INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO L.49,056.59 B) más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde que se operó el despido hasta que sea firme la presente sentencia condenatoria; derechos que serán liquidados en su momento procesal oportuno. 3) SIN COSTAS en esta instancia…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que el 10 de mayo del 2010, inició la relación laboral mediante un contrato de servicios profesionales celebrado con el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), el cual fue renovado el contrato en 5 ocasiones; el primer contrato con duración de 2 meses, el segundo contrato con duración de 6 meses, el tercer contrato con duración de 11 meses y 26 días, el cuarto contrato con duración de 11 meses y 28 días, el quinto y último contrato con duración de 1 mes con 29 días, en el cargo de Secretaria, devengaba un salario de L. 11,000.00 en un horario de 7:30 am a 5:00 pm

.; manifestó, que durante los 2 años y 9 meses y 19 días de relación laboral, el 15 de octubre del 2011, en eso de las tres de la tarde (3:00 pm) realizando apoyo administrativo en la ciudad de Marcala, La Paz y al entrar a la casa de uno de los productores beneficiados, sufrió una caída, la cual ocasionó lesiones en la espalda, específicamente en la columna vertebral y fue trasladada a una clínica privada de la ciudad, porque el dolor que sentía era muy fuerte, remitiéndola al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el cual visitó pero por morosidad del patrono no pudo recibir la asistencia médica debida; también visitó el Hospital Viera y otras clínicas privadas y se le diagnosticó Lumbo Cialtagia Crónica, Coxalgia y Sacroileitis Crónica Izquierda; que la demandante se ha realizado terapias en clínicas públicas y privadas y el valor de las terapias recibidas han sido canceladas parcialmente por la compañía Aseguradora PESA, pero el exceso del valor que cubre la aseguradora lo ha pagado la demandante, al igual que los gastos médicos y transporte a los hospitales y terapias; la ley es muy clara en sus artículos 401 y 413 del Código de Trabajo cuando nos dice que el patrono es responsable de reparación de los riesgos profesionales ocurridos a sus trabajadores y en este caso (PRONADERS) no lo ha cumplido, por estar constantemente en morosidad con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); asimismo argumentó, que el 28 de febrero del 2013, PRONADERS dio por terminado la relación laboral sin justa causa; y si bien es cierto, la relación laboral era mediante un Contrato de Servicios Profesionales, también la ley expresa en su artículo 47 del Código de Trabajo: “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”, por lo cual manifestó que existió una simulación de contrato, en la que se quiso hacer un fraude a la ley; que con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio con la demandada y en virtud de no haber ofrecido el pago que le correspondía a la demandante, se da por agotado el trámite administrativo respectivo.- 2.- La parte demandada, el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, alegando en su defensa que la demandante fue contratada por la Dirección Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (DINADERS), a partir del 10 de mayo al 31 de junio del 2010, mediante Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, por un monto de L.8,500.00 mensuales, bajo la dependencia y subordinación del Proyecto Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), adscrita a la FAO; un segundo contrato con duración de 6 meses del 01 de julio al 31 de diciembre del 2010, por un monto total de L.51,000.00; un tercer contrato del 05 de enero al 31 de diciembre del 2010, por un monto total de L. 124,600.00; un cuarto contrato con duración de 11 meses, 28 días, contados del 03 de enero al 31 diciembre del 2012, por un monto total de L. 131,226.77 y un último contrato del 02 de enero al 28 de febrero del 2013, por la cantidad L. 21,633.33;

manifestó, que en el contrato las partes aceptaron que, en caso de reclamos administrativos por parte del profesional, estos se presentaran a través de la vía de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ante el Juzgado respectivo del Departamento de Francisco Morazán, por lo tanto, este tribunal no era el indicado para conocer del presente caso y por otro lado, es que la demandante, fue contratada para laborar con un Proyecto de la FAO, a través de DINADERS, Institución que ésta que fue creada con autonomía administrativa y técnica, pero que el 11 de noviembre del 2011, mediante el decreto 137-2011, fue líquida por el Congreso Nacional de la República; es decir, que no existe la institución que contrató a la demandante; además alegó, que la demandante en el desempeño de sus funciones en el Proyecto Especial de Seguridad Alimentaria, adscrito a la FAO, el 15 de octubre del 2011, en la celebración del día Mundial de la Alimentación que organiza la FAO y PESA tuvo un accidente de trabajo y que inicialmente estuvo en una clínica privada, pero cuando ingresó, no dio el nombre de la Institución del Estado, si no la del Proyecto, el cual no está inscrito como patrono en el Seguro Social, porque ésta no tenía número patronal, refiriéndose al Proyecto y no a la Institución del Estado;

asimismo la Dirección General de Previsión Social, el 03 junio del 2014, emitió una resolución ordenando al Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) y al Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), con el fin que se le pagara a la demandante la suma de L. 138,295.06 por concepto de incapacidad parcial, más la cantidad de L. 49,056.59, en concepto de gastos médicos y transporte, que era la única cantidad que se tenía que investigar, sí se le debía a la demandante, ya que la suma de L. 138,295.00, se le hizo efectivo el 06 de noviembre del 2014, en la cuenta bancaria que mantenía con el Banco Atlántida. Alegó también, que nunca hubo un despido, porque la persona que por ley puede despedir, contratar, trasladar, personal es el señor Mario Rene Pineda Valle; además hizo la observación que la demanda fue dirigida contra Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), a través del señor Mario Rene Pineda Valle; y PRONADERS, según el decreto 12-2000 está adscrita a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), por tanto, el verdadero representante legal del Estado es la Procuraduría General de la República, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución de la República; por lo que desde el punto de vista, la demanda ha sido mal dirigida, a través del señor Mario Rene Pineda Valle, como Director Ejecutivo de PRONADERS, que en la actualidad es el Ministro Asesor de IDECOAS, que administra a PRONADERS, FHIS y a los proyectos del SANAA, por todo lo antes expuesto, la demanda deberá ser declarada sin lugar.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de octubre del 2018, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA: CON LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESPIDO INJUSTIFICADO, EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS CAÍDOS instaurada por ROSIBEL LIZETH CERRATO ANDINO contra EL PROGRAMA DE NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) representada por el señor MARIO RENE PINEDA VALLE; 2) CONDENAR: AL PROGRAMA DE NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS) representada por el señor MARIO RENE PINEDA VALLE A: A) Pagar a la demandante la cantidad de demandante señora ROSIBEL LIZETH CERRATO ANDINO, la cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 124,883.45) desglosados así: PREAVISO L.25,666.68 AUXILIO DE CESANTÍA L.25,666.68; AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L. 10,300.94; VACACIONES PROPORCIONALES L.5,150.47; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L.1,771.02; DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL L. 7,271.07; INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO L.49,056.59 B) más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde que se operó el despido hasta que sea firme la presente sentencia condenatoria; derechos que serán liquidados en su momento procesal oportuno. 3) SIN COSTAS en esta instancia…”. Bajo el criterio que, con respecto a la causa alegada por la defensa como ser la finalización del contrato se desprende que la misma no se encuentra contemplada en las justas causas de terminación de la relación laboral, al haberse comprobado la simulación contractual, bajo la forma de un contrato determinado que se prolongó por más de dos años, escondiéndose bajo dicha figura una relación laboral por tiempo indefinido; y que si bien es cierto, la parte demandante y los testigos nominados señalan que no hubo despido ni verbal ni escrito, el acto de privar a la demandante de continuar ejerciendo la labor asignada es una terminación unilateral del contrato por causa del empleador, lo que acarrea la obligación de satisfacer al trabajador los derechos consagrados en el Código de Trabajo y en la Constitución de la República; por lo antes expuesto, se declara con lugar la presente demanda, ordenando el pago de prestaciones a favor de la demandante, consistente en preaviso, auxilio de cesantía en el importe que corresponda con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sea firme la presente sentencia condenatoria. Que la actora además del reintegro en el acápite suma de la demanda solicita: 1) indemnización por accidente de trabajo, pretensión para lo cual se aportó al juicio el dictamen efectuado por la Comisión Técnica de Invalidez del IHSS de fecha 24 de enero de 2013, en donde se concluye que la señora Rosibel Lizeth Cerrato Andino; presenta una pérdida de la capacidad funcional del 25% a consecuencia del accidente de abajo con el diagnostico de: RIGIDEZ PERMANENTE DE COLUMNA VERTEBRAL A CONSECUENCIA DE UN TRAUMATISMO SIN LESIÓN MEDULAR; seguidamente consta cálculo de gastos médicos efectuado por el Departamento de Riesgos profesionales a favor de la demandante en donde se establece que corresponde pagar al PRONADERS la cantidad de L.49,056.59, en concepto de gatos médicos y de transporte, seguidamente consta cálculo de indemnización por accidente de trabajo elaborado por la Unidad de Higiene y Seguridad Ocupacional en el cual determinada que la demandada PRONADER deberá pagar la demandante la cantidad de L.138,295.06 desglosados en L.66,307.45 por incapacidad parcial permanente más L.71,987.61 en concepto de gastos médicos y de transporte, constando en autos que la demandada procedió a pagar a la demandante la cantidad de L. 138,295.00; de lo anterior se colige, que el pago ordenado a la demandada por concepto de indemnización por accidente de trabajo se encuentra parcialmente pagado; pues como se puede observar la demandada no ha hecho efectivo el pago ordenado por el departamento de Riesgos Profesionales por valor L.49,056.59; por lo que se declara parcialmente con lugar lo reclamado únicamente en cuanto a la cantidades adeudadas; 2) El pago de derechos adquiridos adeudados por concepto de vacaciones proporcionales, pago proporcional de aguinaldo y decimocuarto mes de salario; en cuanto a dicha pretensión no consta que se hayan satisfecho a favor de la demandante, por lo que corresponde declarar con lugar el pago de los mismos.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 22 de abril del 2019, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que, esta Corte de Apelaciones ya ha dejado establecido su criterio en este tipo de recursos, que los contratos celebrados entre los trabajadores con el Estado de Honduras, sus entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas y semi autónomas, etc., han sido desnaturalizado, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el trabajador ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo, por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral. Que al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo por servicios profesionales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por el demandante siempre fue la misma durante el período de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre el Estado de Honduras y la señora Rosibel Lizeth Cerrato Andino, era por tiempo indeterminado; que habiendo sido decidido por esta Corte de Apelaciones en incontables sentencias, referente al caso concreto, sería improcedente verter otra opinión sobre la misma; a menos de que hayan ocurrido nuevos hechos que hagan cambiar el criterio de este tribunal de alzada, lo cual no ha sucedido. Que vistas las consideraciones legales que anteceden, este Tribunal de alzada es de la firme opinión que procede confirmar la sentencia definitiva venida en apelación.- 5.- Mediante auto de fecha 16 de enero del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 28 de mayo del 2021, compareció ante este Tribunal la Abogada ELENA MAYELI CRUZ BANEGAS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 04 de noviembre del 2021, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado JORGE ISSAC FLORES REYES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada ELENA MAYELI CRUZ BANEGAS, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia dictada por la honorable corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento, el veintidós del mes abril del año dos mil diecinueve que confirma la sentencia definitiva que dicto el Juzgado de Letras de Trabajo de este departamento el dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho; haciendo propio las consideraciones del fallo de primera instancia, que sin lugar a duda es violatorio de la ley de primera instancia y violatorio de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa pues esta Honorable Corte Suprema de Justicia tiene establecido que: LA INFRACCIÓN DIRECTA SE PRODUCE CUANDO SE APLICA UN HECHO INEXISTENTE QUE DEBE CONSTAR EN LA SENTENCIA RECONOCIDA POR EL JUZGADOR DE JUSTICIA Y ACEPTADO POR LAS PARTES, ES DECIR UN HECHO QUE NO SE DISCUTE, QUE OBJETO DE MEDIOS PROBATORIOS, PORQUE DICHA INFRACCIÓN SE DA CON INDEPENDENCIA DEL HAZ PROBATORIO; al transgredir el tribunal de segunda instancia el contenido de las normas sustantivas comprendida en los artículos 112 y 113 del Código de Trabajo consistente en considerar un despido injustificado, por lo que condena a mi representado el Pago de Indemnización por accidente de Trabajo, Pago de Prestaciones ,derechos adquiridos por despido Injustificado y en concepto de Daños y Perjuicios, salarios caídos, cuando no existe elemento probatorio de un despido directo, injusto ya sea verbal e indirecto extremo que no se logró probar durante el proceso. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este primer motivo de Casación, se encuentra comprendido artículo 764 y 765 párrafo 1 y de Código de Trabajo, por infracción directa. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION. PRIMERO: Entiendes por Ley sustantiva es toda norma de derecho positivo de carácter nacional, por medio del cual se consagran derechos y obligaciones correlativas. Que la revisión minuciosa del expediente de la primera instancia llevara a los Honorables magistrados que no existe un despido Injustificado para que mi representado el Estado de Honduras se le haya condenado a el Pago de Indemnización por accidente de Trabajo, Pago de Prestaciones, derechos adquiridos por despido Injustificado y en concepto de Daños y Perjuicios, salarios caídos. - Por tal razón este primer motivo de casación deberá casarse en sentencia definitiva ya que lo que si existió fue la finalización del último contrato de trabajo, tomando en consideración lo que establece el artículo 26 del Código de trabajo que en su primer párrafo literalmente establece: El Contrato de Trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que del se derivan según la ley, la costumbre, el uso o la equidad”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto las causas de la terminación de la relación laboral fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; además el artículo 764 del Código del Trabajo a que hace referencia no tiene esa categoría; c) los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo que indica como violados, si bien es cierto, ostentan la condición de normas sustantivas, los mismos contienen párrafos y literales que debió haber mencionado; y d) Formula alegatos propios de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de fecha veintidós del mes abril del año dos mil diecinueve, que confirma la dictada por que confirma la sentencia definitiva que dicto el Juzgado de Letras de Trabajo de este departamento de francisco Morazán el dieciocho de octubre del año dos mil dieciocho, la cual se produce cuando el juez le atribuye un sentido y alcance que no tiene, es decir que el fallador de instancia ha hecho una equivocada apreciación de la norma considerada en si misma con presidencia de la cuestión de hecho que se trata de regular. Es importante destacar que sin ánimo de adoptar posiciones esta Honorable Corte de Apelaciones a incurrido no solo en una apreciación errónea; si no también en transgresión al no aplicar las normas procesales como ser: el artículo 3, 228 Código Procesal civil y 228, 321 Constitución de la republica si no también los decretos 12-2000, 137-2011, 266-2013, que emitiera el congreso nacional de la Republica que habiéndose señalado la prueba documental, comprobamos con el acuerdo 002-2011 publicado el 6 de enero del año 2012 , publicado en el Diario oficial la Gaceta se tuviese a la vista que los servicios desempeñados por la demandante, no estaban de acuerdo, como así mismo el Programa PESA no formaba parte de la Estructura de PRONADERS y es con este programa que la demandante laboro últimamente, que consta en oficio 31 de agosto del 2016, firmado por la represéntate de la FAO, programa que duro hasta el año 2016, con el oficio 31 de julio del 2012 el IHSS declaró improcedente la incapacidad presentada por la demandante razón por la cual no se podía reconocer ningún tipo de indemnización.- Cabe mencionar que se le efectuó el pago de la supuesta indemnización para gastos médicos por la suma de L. 138,295.06 ; la cual desglosa en las siguientes sumas: L. 66,07.45 como indemnización para gastos médicos, la suma de L. 71,9873.61, esto último no fue comprobado con documentos en juicios por parte de la demandante ; No obstante documento que corre a folio 24 de la primera pieza de autos del expediente de mérito; la Secretaria de Trabajo, Liquido en concepto de gasto médicos de los cuales Los. 49, 056.59, cantidad que se estaría por investigar por parte de esta defensa en lo que corresponde a gastos médicos y transporte, por incapacidad parcial.- Tal como se puede apreciar en cuanto al IHSS, no refrendó la incapacidad de la demandante como consta en folio 27 de la primera pieza de autos, es entonces honorable tribunal que se puede observar la falta de apreciación por parte de la segunda instancia colocando a mi representado en una posición no justa al no tomarse en consideración la prueba aportada y agregada al expediente de mérito en el momento procesal oportuno. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este segundo motivo de Casación, se encuentra comprendido artículo 765 numeral 1 párrafo 2 y de Código de Trabajo, en cuanto que el sentenciador incurrió en grave delito al haber establecido sin razón daños y perjuicios tal como lo plantea la demandante en su escrito de demanda referente al pago de Indemnización por accidente de Trabajo, derechos adquiridos por despido Injustificado, lo anterior conforme a las razones siguientes. EXPRESIÓN DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. Cabe resalta que la interpretación que se sostiene para que se produzca violación de la ley por interpretación errónea es necesario que se den los siguientes requisitos: a) Que la norma legal aplicada por el juzgador sea la adecuada al hecho o caso controvertido; el que por otra parte debe de estar demostrado en el juicio. b) Que el Texto de la norma no sea claro ni preciso de tal manera que dé lugar a interpretaciones diversas. c) Que el sentenciador le haya dado a esa norma legal una interpretación que no corresponde a su verdadero espíritu. d) Al confirmar la honorable corte de apelaciones del trabajo de primera instancia hizo propios todos los argumentos legales y sus motivaciones de la sentencia de Primera instancia, la cual en su parte dispositiva de los fundamentos de derecho, cita los artículo 112, y 113 como si existió un despido injustificado, provocando que la sentencia contenga interpretaciones erróneas de la norma legal al no darle el verdadero sentido jurídico, tratando el fallo como si existiera un despido injustificado, es por ese motivo que sito la regla en su literal C: QUE EL SENTENCIADOR LE HAYA DADO A ESA NORMA LEGAL UNA INTERPRETACIÓN QUE NO CORRESPONDE A SU VERDADERO ESPÍRITU. Es decir, al interpretar erróneamente que exigió un supuesto despido el fallo de segunda instancia que confirma el de primera instancia se enmarca en la interpretación errónea de la norma legal por tal razón procede casar el presente motivo”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) Cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 112, 113 Código del Trabajo 3, 228 del Código Procesal Civil y 228, 321 de la Constitución de la República; así también, los Decretos 12-2000, 137-2011, 266-2013, que emitiera el Congreso Nacional de la República; y, c) Formula alegatos propios de instancia.- VI. Que la Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Acuso la sentencia definitiva que dictara esta honorable Corte Apelaciones de a de trabajo dictara el día tunes 22 de abril del 2019 en el juicio promovido por la señora para un supuesto el "Pago de Indemnización por accidente de Trabajo, pago de Prestaciones, derechos adquiridos por despido Injustificado y en concepto de Daños y Perjuicios, salarios dejados de percibir", sentencia que confirma la que dictara el Juzgadito de Letras del Trabajo en los mismos términos violentando este tribunal, Las garantías constitucionales, sustantivas y adjetivas, pues mi representado cumplió con sus obligaciones tal como lo indica la ley por lo tanto lo que se establece en la sentencia contra la cual formalizo el presente recurso es la figura extra y ultra petita, consignada en el artículo 728 del código del trabajo en forma injustificada a La Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Laboral Contencioso con el mayor de los respetos he venido solicitando que los fallos se dicten conforme a derecho y dentro de las normas jurídicas.

PRECEPTO AUTORIZANTE. Este segundo motivo de Casación, se encuentra comprendido artículo 728 y 765 numeral 1 párrafo 2 del Código de Trabajo. EXPRESIÓN DEL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. Con respeto a la Honorable Corte Suprema de Justicia, comprendemos que la aplicación indebida, se dio por haberse aplicado una norma legal, que no está cuestionada por el hecho que no exigió despido verbal O escrito la cual se aplicó en forma indebida con errores de hecho al no existir una prueba que le haya motivo al juzgador parta sostener el despido directo que señalan los artículos 112 parte introductoria párrafo segundo del código de trabajo. Que la Honorable Corte de Apelaciones que al confirmar el fallo de primera instancia no toma en consideración la ausencia total y absoluta del despido directo, más bien procede a confirmar el fallo aplicado los artículos 112 y 113 que son los referidos a los despidos directos y que regulan la condena de los salarios dejados de percibir, así mismo se produce la violación en la forma indebida de los artículos 26 del código de trabajo, al no tomar en consideración, lo expresamente en los contratos por tiempo determinado por tal razón este motivo deberá casar en la sentencia que legal y justamente dicte esta honorable Corte Suprema de Justicia. Así mismo como lo expresa la norma legal en la figura Extra y Ultra Petita aplicada en el artículo 728 del Código de Trabajo el cual expresa literalmente: Cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que estos son inferiores a las que corresponden al trabajador”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio; además, incurre en los siguientes defectos técnicos; cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que el artículo 728 del Código del Trabajo a que hace referencia no tiene esa categoría; y, cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 26, 112, y 113 del Código del Trabajo.-VIII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiuno de febrero del dos mil veintidós; certificación de la resolución de fecha veintiséis de enero del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número 406-19.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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