Sentencia CL-353-21 — Registro 15621
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reintegro en carácter de permanente, pago de derechos y salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) Alega la infracción directa de la ley, que se ha venido sosteniendo, es ajena a los hechos controvertidos y el haz probatorio, pero al mismo tiempo hace referencia a la apreciación y valoración de la prueba, lo cual no es compatible con ese tipo o concepto de infracción; b) El artículo 738 del Código de Trabajo, que señala como infringido, es una disposición procesal o adjetiva, la cual determina que el Juez al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, por lo que no tiene el carácter sustantivo exigido en el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; y, c) El precepto autorizante no corresponde al tipo de infracción alegada.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de noviembre del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 19 de agosto del 2022, por la Abogada DORIS ARACELY SANTOS CRUZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor SANTOS DAGOBERTO MEZA PEREZ, representado en juicio por el Abogado SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro en carácter de permanente, pago de derechos y salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 22 de marzo del 2017, por el señor SANTOS DAGOBERTO MEZA PEREZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la Republica, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, por actuaciones del PROGRAMA EDUCATODOS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de abril del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 28 de octubre del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO CON CARÁCTER DE PERMANENTE PAGO DE DERECHOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por el señor SANTOS DAGOBERTO MEZA PEREZ contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 3) CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA A REINTEGRAR EN FORMA PERMANENTE a su puesto de trabajo al señor SANTOS DAGOBERTO MEZA PEREZ por lo menos en las mismas condiciones al momento de operarse el despido; 2) al pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que sea ejecutoria la presente sentencia condenatoria, los cuales quedan sujetos a la liquidación que se efectúe en su momento oportuno; 3)- SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, en fecha 19 de junio de 2012, siendo contratado como Auxiliar de Inventarios y Almacén, después fue promovido a Transcriptor de Datos y posteriormente Auxiliar Administrativo II del Programa EDUCATODOS, devengando un salario mensual de L.12,000.00, señalando que durante este tiempo se suscribieron 8 contratos por escrito en total, consecutivos e ininterrumpidos, mismos de los cuales se acompaña copia, estando los originales en poder de la Secretaría de Estado antes referida, sin embargo nunca se interrumpió la subordinación laboral entre las partes firmantes, tal como se acredita con constancia original que se acompaña, la cual establece que el demandante desempeñó sus labores desde el 19 de junio del año 2012, hasta el 31 de diciembre del 2016. Que en fecha 01 de diciembre del 2016, se le notificó al demandante por parte de la Secretaría General por Ley de la Secretaría de Estado antes mencionada, el despido a partir del 31 de diciembre del 2016, sin causa alguna de justificación, haciendo caso omiso a su antigüedad laboral y a los contratos consecutivos suscritos anteriormente; dándose por agotado el trámite administrativo respectivo, por lo que no se logró llegar a una conciliación con la parte demandada, dejando expedita la vía judicial ordinaria.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, si bien es cierto el demandante prestó sus servicios profesionales al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación en el Programa “EDUCATODOS”, no es menos cierto que la prestación de sus servicios profesionales se enmarcaban dentro de cláusulas contractuales establecidas en legal y debida forma de conformidad al derecho administrativo y no laboral como lo formula en su demanda el demandante, en virtud de que él aceptó y consintió sin objeción alguna la modalidad bajo la cual era contratado y que una vez finalizado el término para el cual fue suscrito dicho convenio no prevalece ninguna obligación entre las partes contratantes; en el caso que nos ocupa, la parte actora suscribió contratos de Personal No Permanente, contratos que eran regidos por cláusulas plasmadas en el mismo y que contenían los derechos y obligaciones a que se sujetaban ambas partes, no obstante que la modalidad bajo la cual prestó su servicio se encuentra sustentado al tenor del artículo 1348 del Código Civil que prescribe: "Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos ... ", por otra parte, el mismo contrato en su cláusula décima quinta, convienen ambas partes entre otras cosas que: ".... En caso de controversia se someten a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de este Departamento de Francisco Morazán, previo haber agotado la Vía Administrativa". Rigiéndose por lo dispuesto en el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que prescribe: "La Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por ... , y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado ... "; y en el caso que nos ocupa, estos contratos eran de Servicios Profesionales eventuales y determinados con fecha de inicio y finalización, teniendo forzosamente que llegar a su fin y obviamente es lo que ocurrió con el demandante y ahora pretende sorprender al juzgador del libelo de la demanda, empleando términos incorrectos y acreditándose el derecho subjetivo de ser empleado permanente, con derechos que corresponden según la legislación nacional a los empleados que gozan de una permanencia laboral otorgada mediante Acuerdo Ministerial respetivo después de haberse cumplimentado una serie de requisitos como ser, la aprobación de un presupuesto permanente par medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, con lo cual se aprueba una plaza permanente para cada caso; y no de la forma casi coercitiva como pretende el demandante se le otorgue un derecho para el cual no ha seguido el procedimiento de ley exigido al efecto, tomando en consideración a la vez que ni siquiera honra lo que acordara con el demandado, la forma como se dirimirán las controversias derivados del mismo que por supuesto no es este Juzgado el competente para conocer del asunto por no tratarse de un derecho laboral sino contractual; al amparo de lo que establecen las leyes administrativas y Constitución de la República en sus Artículos 321 y 364; en cuanto a lo relacionado con la presencia de un inspector del trabajo en las instalaciones del Programa EDUCATODOS, tal extremo deberá probar fehacientemente el demandante durante el transcurso del proceso por no existir documentación alguna en los archivos correspondientes al citado programa. Se rechaza en cuanto a que la parte actora presentó reclamo administrativo ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, para agotar el procedimiento de conciliación pero no hubo acuerdo conciliatorio a efecto de lograr el reintegro a sus laborales, en virtud que el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación adscrita al PROGRAMA EDUCATODOS, no está facultado para aceptar imposiciones de derechos subjetivos inexistentes ni beneficios que no le corresponden por tratarse de Contratos Individuales de Trabajo, por un periodo determinado y limitado.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de octubre del 2019, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO CON CARÁCTER DE PERMANENTE PAGO DE DERECHOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por el señor SANTOS DAGOBERTO MEZA PEREZ contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 3) CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN representado por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA A REINTEGRAR EN FORMA PERMANENTE a su puesto de trabajo al señor SANTOS DAGOBERTO MEZA PEREZ por lo menos en las mismas condiciones al momento de operarse el despido; 2) al pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que sea ejecutoria la presente sentencia condenatoria, los cuales quedan sujetos a la liquidación que se efectúe en su momento oportuno; 3)- SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, del análisis de los medios de prueba se pudo constatar que el contrato catalogado a tiempo determinado según cláusulas contractuales se desnaturalizó por la renovación de los mismos, lo que propició la continuidad laboral; asimismo, tomando en cuenta que los contratos a término tienen carácter de excepción, habiendo la parte actora acreditado que la naturaleza de las funciones que realizaba son permanentes en la institución demandada, pues las mismas son necesarias dentro de la labor que realiza el PROGRAMA EDUCATTODOS en la Secretaría de Educación, asimismo la naturaleza permanente se demostró con la renovación de los contratos por aproximadamente 4 años a favor del demandante. Que ha consideración de la suscrita, la parte demandada no ha probado la naturaleza temporal de la contratación, pues como se observa al subsistir la causa del contrato, la parte demandada debió garantizar la estabilidad laboral del demandante, lo que contrario sensu, decidió prescindir de los servicios bajo un fundamento legal que no puede estar por encima de las disposiciones de orden público del Código del Trabajo. Por lo que se concluye que al haberse comprobado fehacientemente la simulación contractual, bajo la forma de un contrato administrativo a tiempo determinado, escondiéndose bajo dicha figura una verdadera relación laboral por tiempo indefinido, es por ello, que el acto de privar al demandante de continuar ejerciendo la labor asignada es una terminación unilateral del contrato por el empleador sin causa justificada lo que violenta directamente el Derecho a la Defensa y a la Estabilidad Laboral, acarreando la obligación de satisfacer al demandante los derechos consagrados en el Código de Trabajo y en la Constitución de la República, por lo antes expuesto se declara CON LUGAR la presente demanda, ordenando el reintegro en forma permanente en su puesto de trabajo por los menos en las mismas condiciones antes de operarse el despido, con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta que sea ejecutoria la presente sentencia condenatoria, la cual será objeto de liquidación en su momento oportuno.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de abril del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas. Bajo el criterio que, con la prueba documental se logró acreditar la existencia de varios contratos de trabajo por tiempo determinado celebrados entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y el demandante, estableciéndose en dichos contratos que la función a realizar por el demandante era de Auxiliar de Inventarios y Almacén, por lo que la función fue siempre la misma durante ese período de tiempo, existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, es decir, subordinación y dependencia del patrono, sujeta a un horario de trabajo y a una remuneración por la cual se le hacía las deducciones de su salario, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y el señor Santos Dagoberto Meza Pérez, era por tiempo indeterminado; que en razón de lo anteriormente expuesto, procede confirmar la sentencia definitiva apelada.- 5. Mediante auto de fecha 27 de septiembre del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DORIS ARACELY SANTOS CRUZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 19 de agosto del 2022, compareció ante este Tribunal la Abogada DORIS ARACELY SANTOS CRUZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 19 de agosto del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 9 de septiembre del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada DORIS ARACELY SANTOS CRUZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 738 del Código del Trabajo, al no tomar en cuenta el Tribunal Ad Quem: los medios de prueba documental público consistente en el folio 7 AL 48 de la pieza principal. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral uno, párrafo segundo del artículo 765 Código de Trabajo. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El Tribunal Ad Quem, no tomó en cuenta el medio de prueba documental consistente en los contratos suscritos por el demandante con mi representada al respecto las relaciones laborales entre los empleados públicos o los que pretendan entrar, deberán someterse a lo dictado en la Ley de servicio civil y su Reglamento, es decir se debe cumplir con las exigencias o requisitos que de manera sinecuanon se establecen en ambos ordenamientos jurídicos. es así que el reconocimiento de la pretensión mediante una sentencia que "declare una relación laboral permanente, en vista de la suscripción de contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos, se declare su antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo", es improcedente, porque el derecho subjetivo que exige es inexistente pues la forma de contratación se basó en suscripción de Contrato de Servicios Profesionales al someterse en todo caso a la legislación laboral vigente sería en lo preceptuado en el artículo 46 literal b) del Código de Trabajo, que literalmente prescribe: "El contrato individual de trabajo puede ser: ... b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación ...", en relación con la normativa del Artículo 1348 del Código Civil que establece: "las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos ... "; en consecuencia la forma de contratación a término ha sido aceptada o consentida por las partes, volviéndose ley entre las mismas. Por otra parte, señor juez, los contratos de trabajo suscrito dicen CONTRATOS DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, esto significa que el presupuesto asignado para dicho contrato había sido aprobado solo para el año en mención y significa que su vigencia contractual finalizaba sin más trámite. Por lo tanto, la demanda presentada en el presente caso es desacertada pues los beneficios solicitados por la demandante son únicamente para empleados que gozan de un status de empleado permanente por haber sido nombrados mediante acuerdos ministeriales provenientes de la Ley de Servicio Civil señalado el artículo No. 2 que dispone: "El Régimen de Servicio Civil comprenderá a los servidores públicos que laboran en las secretarias de estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta ley y su reglamento", por lo que en el presente caso no corresponde por haber sido contratado el demandante en forma temporal y no permanentes. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI: El objeto de pedir concurre en lo que reclama; el reclamo lo constituye "el pago de derechos y prestaciones laborales y demás e indemnizaciones correspondiente por despido directo e injustificado más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que con sujeción a las normas del Código del Trabajo, quede firme la sentencia condenatoria respectiva, más las costas del presente juicio", por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mi representada y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de hacer PARA EL REINTEGRO EN CARACTER DE PERMANENTE. PAGO DE DERECHOS Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS MÁS LAS COSTAS DEL PRESENTE JUICIO por la siguiente razón: primero porque el pago solo le corresponde al personal que ha sido despedido injustificadamente y en el caso que nos ocupa no hay tal despido injustificado en virtud que el demandante no tiene ni ha tenido algún tipo de relación laboral con mi representada la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1° del Código del Trabajo)”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) Alega la infracción directa de la ley, que se ha venido sosteniendo, es ajena a los hechos controvertidos y el haz probatorio, pero al mismo tiempo hace referencia a la apreciación y valoración de la prueba, lo cual no es compatible con ese tipo o concepto de infracción; b) El artículo 738 del Código de Trabajo, que señala como infringido, es una disposición procesal o adjetiva, la cual determina que el Juez al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, por lo que no tiene el carácter sustantivo exigido en el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; y, c) El precepto autorizante no corresponde al tipo de infracción alegada.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes diciembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de noviembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 353-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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