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Sentencia CL-335-21 — Registro 15620

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir y demás derechos laborales por despido directo, ilegal e injusto, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Las normas que indica como violadas, los artículos 2 numeral 2) y 665 del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) Formula alegatos propios de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de noviembre del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha diecisiete de junio del dos mil veintidós, por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor ROGER DAVID VALLADARES ORTIZ, representado en juicio por el Abogado JOSE FELIX ESCALANTE MENDOZA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir y demás derechos laborales por despido directo, ilegal e injusto, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de junio del dos mil catorce, por el señor ROGER DAVID VALLADARES ORTIZ, mayor de edad, hondureño, casado, pasante de la carrera de Contaduría Pública y de este domicilio, contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION, por medio del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintitrés de abril del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha trece de noviembre del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ROGER DAVID VALLADARES ORTIZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía la demandante el señor ROGER DAVID VALLADARES ORTIZ con el ESTADO DE HONDURAS, específicamente con la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN a partir del 01 de Julio del 2011, siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: Preaviso Lps. 23,333.34; auxilio de cesantía Lps. 70,000.02; auxilio de cesantía proporcional Lps. 7,000.02; vacaciones proporcionales Lps. 2,302.23; décimo tercer mes proporcional Lps. 1,201.67; décimo cuarto mes proporcional Lps. 7,035.02, lo que asciende a un total de CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (Lps. 110,872.30) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme. TERCERO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al demandante ROGER DAVID VALLADARES ORTIZ el concepto DEMAS DERECHOS LABORALES y VACACIONES PENDIENTES. CUARTO: SE DECLARA SIN LUGAR EL DEFECTO MATERIAL DE PRESCRIPCIÓN interpuesto por la apoderada demandada. QUINTO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar para la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población, en fecha 01 de septiembre del 2010, devengando un salario mensual de L. 10,000.00, mediante contrato de servicios profesionales. Que en fecha 07 de febrero del 2014, se le entregó notificación de despido, misma que es ilegal, ya que no está fundamentada en ningún artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo y ningún precepto de nuestra legislación hondureña, la cual literalmente dice lo siguiente: “SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA. - Tegucigalpa M.D.C. 7 de febrero del 2014. Memorándum No. 183-2014 SGRH, PARA: Señor ROGER DAVID VALLADARES, DE: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ. ASUNTO: NOTIFICACIÓN. Por este medio, se le notifica que la relación contractual de servicios profesionales, entre usted y esta Secretaria de Estado, finaliza a partir del 07 de febrero del 2014, mismo que no será renovado. Para efectos de liquidación se le recuerda deberá realizar devolución de equipo de trabajo asignado. Se le brindan las gracias por los servicios prestados. Atentamente, Lic. Francisco Javier Sánchez; Sub Gerente de Recursos Humanos. CC archivo”. Es importante que el puesto de Auxiliar de Auditoria que el suscrito desempeñaba en dicha Secretaría, continua existiendo después del despido, conservando las mismas funciones, tal es el caso que se siguió contratando a otras personas en el puesto en referencia, por lo que alega que su despido fue un acto discriminatorio es más con el simple hecho que se le despidiera directamente con una nota y se le comunica su despido, fácilmente se puede deducir la total y absoluta inobservancia del procedimiento y de los derechos que normas laborales y constitucionales le otorgan, ya que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 117 del Código del Trabajo, la parte que termina unilateralmente el contrato deberá dar a la otra el preaviso, con expresión concreta de la causa o motivo que le mueve a tomar la determinación, después no podrá alegar causas o motivos diferentes, por lo tanto su despido es ilegal e injustificado, en vista de tales acontecimientos y después de recurrir personalmente ante el Departamento de Recursos Humanos, a fin de que se le hiciera efectivo el pago de sus prestaciones laborales, sin obtener de tal Secretaría una respuesta satisfactoria en concreto, y en reiteradas ocasiones fue a conciliar con el Gerente de Recursos Humanos, el señor Francisco Sánchez, lo cual hizo caso omiso y le dijo que no le iba a pagar todas sus prestaciones, sino que solo una parte, por lo cual se vio ante la ineludible necesidad de acudir ante la Dirección General del Trabajo presentado el reclamo a efecto que se le hiciera efectivo el pago de sus prestaciones laborales, circunstancia que por derecho le corresponde, para que en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 691 del Código del Trabajo, este ente administrativo del trabajo citara al patrono reclamado, a una audiencia de conciliación y sin la comparecencia de la otra parte, dando por agotado el trámite administrativo. Es importante mencionar, que la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido el criterio que solo se puede celebrar Contrato de Servicios Profesionales, cuando la naturaleza de los servicios lo permita siendo que debe de haber independencia técnica y administrativa, pero que además sea de aquellas actividades temporales, en el caso que nos ocupa, tal situación no es posible porque las labores de su representado son de naturaleza permanente subordinadas, por lo que se pierde la independencia, por tal razón, no era posible celebrar Contrato de Servicios Profesionales. Asimismo, se puede observar que el trabajador continua 2 años, 5 meses, y 25 días, lo cual hace que su trabajo era de forma permanente en dicha Secretaría.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, el demandante acudió erróneamente a este tribunal, emprendiendo esta acción laboral en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho del Interior y Población, ahora Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación y Descentralización, en virtud de que nunca existió una relación laboral entre la demandada y el demandante, por encontrarse la prestación de sus servicios personales bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales por un periodo determinado con fecha de inicio y de finalización, el cual era del conocimiento del demandante, consintiéndolo y aprobándolo sin objeción alguna de su parte; razón por la cual, no le asiste el derecho sobre el reclamo de sus prestaciones y demás peticiones formuladas en su demandante, ya que al tratarse de Contrato de Servicios Profesionales estos se encuentran enmarcados dentro del Derecho Administrativo, específicamente en el literal a) del artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual establece lo siguiente: "La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, recisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado, que hayan celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las instituciones Autónomas y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales que celebren los Poderes del Estado, b)... c)...ch)...d) Las cuestiones que una Ley le atribuya especialmente”. Asimismo, el artículo 2 del Código del Trabajo establece que "Son de orden público, las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresa, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan 1... 2.- Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, La Ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las relación ente el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del Servicio Civil que expidan; 3.-...”, de lo anterior se desprende, que no existe ninguna obligación laboral entre la demandada y el demandante, ya que el únicamente mantuvo una relación de servicios con su representado mediante un Contrato de Servicios Profesionales, por lo cual resulta improcedente el estamento legal del Código del Trabajo como lo pretende hacer ver el demandante al Juzgador de la causa. Asimismo expone, que no le notificó un despido, sino que lo que realmente sucedió fue que se procedió a notificar al ahora demandante la finalización del Contrato por tiempo determinado, en cumplimiento a lo establecido en el ya citado Contrato de Servicios Profesionales, en el cual consta que la fecha de finalización era el 07 de febrero del 2014, por lo tanto el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, solamente concretó a comunicar al ahora demandante la finalización del Contrato de Servicios Profesionales por tiempo determinado y que de antemano era de su conocimiento, cuando estampó su rúbrica y que lo vinculaba a su representado el Estado de Honduras a prestar sus servicios, es importante señalar que el ahora demandante debe de atenerse a lo estipulado en el artículo 124-C reformado por la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento a la Transparencia en el Gobierno que estipula: "En el caso de los empleados por contrato, los mismo deberán sujetarse a plazo y condiciones convenidas entre las partes". La modalidad por el que fue contratado fue consentido y aceptado por el ahora demandante sin objeción, teniendo desde el inicio la potestad que le otorgaba el artículo 867 del Código del Trabajo que dispone: "Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código de sus reglamentos y demás leyes de trabajo o previsión social, que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos meses" aunado a lo que instituye el artículo 46 literal b) el mismo cuerpo legal que dice: "Los contratos individuales pueden ser por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación", por lo anterior expuesto, el demandante no puede alegar un despido ilegal e injusto.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de noviembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ROGER DAVID VALLADARES ORTIZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía la demandante el señor ROGER DAVID VALLADARES ORTIZ con el ESTADO DE HONDURAS, específicamente con la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN a partir del 01 de Julio del 2011, siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: Preaviso Lps. 23,333.34; auxilio de cesantía Lps. 70,000.02; auxilio de cesantía proporcional Lps. 7,000.02; vacaciones proporcionales Lps. 2,302.23; décimo tercer mes proporcional Lps. 1,201.67; décimo cuarto mes proporcional Lps. 7,035.02, lo que asciende a un total de CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (Lps. 110,872.30) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme. TERCERO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al demandante ROGER DAVID VALLADARES ORTIZ el concepto DEMAS DERECHOS LABORALES y VACACIONES PENDIENTES. CUARTO: SE DECLARA SIN LUGAR EL DEFECTO MATERIAL DE PRESCRIPCIÓN interpuesto por la apoderada demandada. QUINTO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, como se puede observar, el demandante ha sido contratado como temporal, en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la institución demandada, por la misma naturaleza de la labor que se desempeña en esta, es decir, siempre necesitará el cargo de Oficial de Auditoria deduciéndose que el contrato de trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los puestos de trabajo. También hay que agregar, que el puesto de trabajo que desempeña el demandante en la institución, no pueden, ni deben considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporciona son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de creación de la misma, por lo que no pueden ser accidentales, concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal. El Código del Trabajo y sus principios resuelven este tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo que dice: "Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera". Por lo que si el empleador, utilizando el contrato de trabajo por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, SON NULOS IPSO JURE dichos contratos de servicios profesionales y sus fechas de finalización, ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes (o la de una de ellas en realidad), no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio. Por consiguiente, es nulo de pleno derecho, al tenor de lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, la fecha de finalización de los contratos de trabajo por tiempo determinado que en su momento suscribió el demandante, debiendo el empleador de someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada, tal como aparece en el memorándum de terminación de la relación laboral de fecha 07 de febrero del 2014, esta no constituye una causa justificada del patrono para dar por terminada una relación laboral sin responsabilidad para el mismo; en consecuencia, al no existir una causa legal de justificación de despido del demandante, ha operado el despido directo, ilegal e injusto, siendo procedente lo solicitado por el demandante, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de abril del dos mil veintiuno, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que, con la prueba documental que obra en la primera pieza de autos, se logró acreditar la existencia de varios contratos denominados Contratos de Prestaciones de Servicios Profesionales, celebrados entre el Estado de Honduras y el demandante; y que las funciones por las cuales fue contratado, siempre fueron las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración. Además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que: "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas", por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado.- 5. Mediante auto de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecisiete de junio del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha diecisiete de junio del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiocho de julio del dos mil veintidós se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JOSE FELIX ESCALANTE MENDOZA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada NADYA LILIANA HERNANDEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta, proveniente de error de hecho, manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba documentales que obran en la pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. La orden sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 2 numeral 2), 665 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar en este motivo es la siguiente: DOCUMENTAL consistente en: 1.) Los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales, agregados al expediente 671-2014, específicamente la existencia de la cláusula NOVENA misma que literalmente dice: "El presente contrato en caso de conflicto estará sujeto por su propia naturaleza al Derecho Administrativo". 2) Asimismo el Memorándum 183-2014 SGRH de fecha 7 de febrero de 2014 dirigido al señor Roger David Valladares, a través del cual se notifica que el contrato de prestación de servicios profesionales finaliza el 07 de febrero de 2014 y el mismo no será renovado, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esa modalidad como permanente, y su efectividad se comprueba desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACION. El Tribunal ad quem en el fallo impugnado ante VOS no ha apreciado las pruebas supra denunciadas lo que ha llevado a declarar con lugar la demanda promovida por el señor Roger David Valladares Ortiz, Esta prueba inapreciada con particular claridad señala que no existió relación de trabajo entre mi representado el Estado de Honduras y el demandante, sino todo lo contrario el demandante, únicamente suscribió con mi representado el Estado de Honduras contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado, es decir que se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado contrato, sin tener más efectos y alcances del que expresamente se estipulo en el contrato en relación, consecuentemente mi representado, no tiene más obligaciones de las que se generaron de dichos contratos, de igual manera con los acuerdos de aprobación agregados al expediente administrativo de personal debidamente compulsado del demandante, se puede constatar que los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales son sujetos a aprobación mediante acuerdos por parte del Señor Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia ahora Secretaria de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, en aplicación de los Decretos Ejecutivos y en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el Ejercicio Fiscal 2014”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Las normas que indica como violadas, los artículos 2 numeral 2) y 665 del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) Formula alegatos propios de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes diciembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de noviembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 335-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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