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Sentencia CL-326-21 — Registro 15184

Resumen

La Sala Laboral Contencioso Administrativo considera que en este caso la parte recurrida Registro Nacional de las Personas acredito la causa justa que faculta al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo con la recurrente, sin responsabilidad de su parte, ya que ella cometió falta grave en el desempeño de sus funciones al haber recibido dinero para realizar trámites dentro de la institución referentes a su cargo, lo que fue denunciado y que se encuentra debidamente acreditado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las siguientes razones: El Censor invoca a una violación indirecta por error de hecho manifiesto en la errónea apreciación de medios de prueba para alegar violación indirecta por error de hecho proveniente de la apreciación errónea de medios de prueba. No obstante, en la explicación de su motivo, era necesario que el Censor singularizara las pruebas dejadas de apreciar. De igual forma, omite en señalar qué es lo que se acredita con cada medio de prueba, cuál es el mérito que la ley le confiere y en qué consiste la apreciación errónea del juzgador. Es decir, la impugnación a la sentencia emitida por el ad-quem no debe referirse a un conjunto de medios de prueba citados en forma imprecisa, debe explicar por cada medio probatorio cuál fue el error del juez, detallando, seguidamente, el manifiesto error de hecho que, a su criterio, se cometió. Adicionalmente, el Censor realiza alegatos propios de instancia en la explicación de su motivación, las cuales están fuera de la limitada revisión que puede llevarse a cabo mediante el recurso extraordinario de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en fecha 23 de febrero del 2017, se recibió una denuncia ante la Inspectoría General del Registro Nacional de las Personas, en contra de la señora CARLOTA MATUTE, por el cobro de TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS (L. 3,600.00) para el arreglo de una documentación, siendo una falta grave y poniendo en conocimiento al patrono tal acción, por lo cual se siguió el trámite administrativo para su cancelación dentro del término establecido en el Artículo 863 del Código del Trabajo y se ha tenido el criterio jurisprudencial que si bien es cierto, la PRESCRIPCIÓN es un medio de librarse de una obligación impuesta por el Código del Trabajo o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, la misma opera mediante el transcurso de cierto tiempo y condiciones, que hacen indispensable determinar el día o fecha en que la misma se inicia y tener la certeza en la que termina, y cumplidos estos requisitos indubitados pueda ser opuesta en el momento procesal oportuno como excepción por parte del demandado, y se determine de esta manera de forma clara y precisa, partiendo del acaecimiento ó conocimiento de un hecho cierto y determinado, debiéndose diferenciar si la misma opera en su condición de ser adquisitiva de un derecho o liberatoria de una obligación o acción; y en todo caso, su procedencia ó estimación tiene como fundamento el interés público y la paz social. En virtud que en el presente caso el patrono tenía el término de un mes desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la corrección disciplinaria y pudiendo dar por finalizada la relación laboral sin responsabilidad alguna por la falta cometida por la demandante, teniendo conocimiento de ello en la fecha antes aludida y dándose el despido con justa causa el 17 de marzo del 2017, mediante acuerdo No. 085-2017, estando dentro del plazo establecido en el artículo antes mencionado.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 864 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 867 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de agosto de dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintiuno de enero del dos mil veintidós, por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de representante procesal de la señora CARLOTA MATUTE ZELAYA, como recurrente; además es parte recurrida, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), representado en juicio por la Abogada LUCY MICHELLE SANTOS RODRIGUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro en virtud de despido injusto e ilegal, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de mayo del dos mil diecisiete, por la señora CARLOTA MATUTE ZELAYA, mayor de edad, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras, hondureña y de este domicilio, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) por medio de su Director Ejecutivo el señor JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cinco de abril del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por la señora CARLOTA MATUTE ZELAYA, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) a través de su Director Ejecutivo señor JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA.- SEGUNDO: ABSOLVER al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) a través de su Director Ejecutivo señor JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA de toda responsabilidad en el presente juicio.- TERCERO: SIN COSTAS..”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo en el Registro Nacional de las Personas (R.N.P.) en el cargo de Escribiente Civil Municipal del Municipio de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán, a partir del 1 de julio del año 2002, según acuerdo No. 1242-DG-2002, con un salario inicial de L.3,780.00 posteriormente fue trasladada al cargo de Escribiente de Anotaciones Marginales dependiente del departamento de Archivo Central del Registro Nacional de las Personas (R.N.P.). Resulta que mediante certificación del acuerdo No. 085-2017 de fecha 17 de marzo del 2017 se le destituye del cargo de Escribiente de Anotaciones Marginales dependiente del departamento de Archivo Central del Registro Nacional de Las Personas (R.N.P.), en virtud de supuesta falta grave cometida consistente en la Denuncia interpuesta por el señor Javier Galeano López, en fecha 23 de febrero del 2017 en el sentido que la demandante le hizo un cobro en dinero por el trámite de un ingreso al sistema de Registro Civil de nacimiento de la Inscripción No. 0305-1999-00029 a nombre de Wendy Estefany Galeano López, siendo efectivo dicho despido a partir de 20 de marzo de 2017, falta que el patrono tiene que aprobar en el curso del juicio; que la institución demandada le hizo audiencia de descargo a la demandante en fecha 6 de marzo del 2017 por las supuestas falta cometidas en el mes de noviembre del año 2016, según se le puso a la vista en dicha audiencia la denuncia interpuesta por el señor Javier Galeano López y la fecha de despido fue el 20 de marzo del año 2017, de lo cual se deduce que el despido se hizo fuera del término de ley (30 días) que tiene el patrono para despedir justificadamente al trabajador o para disciplinar las faltas cometidas al contrato de trabajo que comienza a correr desde que se dio la causa para la terminación de este, o en su caso desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar para la corrección disciplinaria según el artículo 863 del Código del Trabajo, o sea, que la acción de despido es totalmente ilegal e injusta, ya que la misma le prescribió al patrono, además, que la parte demandante aduce que no cometió ninguna falta según los términos de la denuncia interpuesta en su contra; que dicho despido se produce en franca violación a los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República; con el ánimo de conciliar las diferencias con el demandado, presentó la demandante el reclamo administrativo respectivo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, lo cual no fue posible, dando por agotado el trámite administrativo el 31 de marzo de 2017.- 2. La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), contestó dicha demanda señalando que la demandante fue destituida de su cargo de Escribiente Civil Municipal del Municipio de Sabanagrande, Departamento de Francisco Morazán y sin responsabilidad para la institución, en virtud de haber incurrido en falta grave contempladas en el artículo 59 del Reglamento Interno de Trabajo del Personal del Registro Nacional de las Personas y señalados por el apoderado demandante en los hechos de la demanda presentada contra la institución demandada y de acuerdo a la certificación del acuerdo número 085-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, se ordenó cancelar por despido a la actora, y se aclara que el acta de notificación de despido fue recibida por la demandante y es efectiva a partir del 20 de marzo del año 2017.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, dictó sentencia misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por la señora CARLOTA MATUTE ZELAYA, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) a través de su Director Ejecutivo señor JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA.- SEGUNDO: ABSOLVER al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) a través de su Director Ejecutivo señor JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA de toda responsabilidad en el presente juicio.- TERCERO: SIN COSTAS..”. Bajo el criterio que, ha quedado comprobado que la demandante recibió cantidades de dinero por medio de sus hijos Cristian Ramon Suazo Matute y Ana Alejandra Salgado Matute, de parte del señor Javier Galeano López, considerando lo argumentado en la denuncia interpuesta por este, por no ser justificables estos pagos realizados a la demandante por medio de sus hijos, quien fungía como empleada del Registro Nacional de Las Personas, en vista de estas consideraciones se hace relación al detalle de los preceptos sancionatorios descritos en el informe 36-IG-2017, en lo relativo a las faltas graves de acuerdo al artículo 59 letra m) del Reglamento Interno de Trabajo del Personal del RNP que señala que constituye Faltas Graves, recibir gratificaciones, dadivas, provechos, promesas por razón de la prestación de servicios inherentes al desempeño del cargo, en relación con los artículos 118 numeral 16) y 119. La parte demandada considera que la trabajadora Carlota Matute Zelaya ha incurrido en faltas graves consignadas en el Reglamento Interno de Trabajo del Registro Nacional de las Personas estipulados en los artículos 1, 2, 3, 4, 13, 16 numerales 1), 7), 17 numerales 1), 2), 9), 118 numeral 16), 17) y demás aplicables de la Ley del registro Nacional de las Personas; 1, 2, 3, 53 letras a), b), c), ch), 54 letra c), 59 letras a), e), m), 61, 63 letra c), 68, 70, 71 y demás aplicables del Reglamento Interno de Trabajo del Personal del Registro Nacional de las Personas; 1, 2, 97 numerales 1), 2), 3) y 13), 111 numeral 10), 112 letras e), i) y l), 863 y demás aplicables del Código del Trabajo; al analizar la Ley del Registro Nacional de las Personas (RNP), el Reglamento Interno del Registro Nacional de las Personas (RNP) en relación al ordenamiento jurídico laboral esta juzgadora es de la convicción que el patrono comprobó la causa justa del despido, ya que el actuar de la demandante debidamente comprobado conllevo a la comisión de faltas graves en contra de la Institución, que conllevan a comportamientos en el desempeño de sus funciones no permitidas en la misma según la Ley del Registro Nacional de las Personas y su reglamento interno, en consecuencia no hay responsabilidad patronal en la terminación de la relación laboral. Por todo lo anteriormente expresado, es del criterio que la demanda laboral que nos ocupa, debe ser declarada sin lugar, ya que como se reitera el empleador probó la justa causa del despido.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de abril del dos mil veintiuno, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la demandante fue nombrada en fecha 01 de julio del 2002 por el Director del Registro Nacional de las Personas en el cargo de Escribiente Civil Municipal del Municipio de Sabanagrande, departamento de Francisco Morazán; que a partir del 20 de marzo del 2017 fue cancelada por despido en el cargo de Escribiente de Anotaciones Marginales, dependiente del Departamento de Archivo Central del Registro Nacional de las Personas, sin responsabilidad alguna para la institución, en virtud de la falta grave cometida, la que resulta de la investigación realizada por Inspectoría General, en virtud de la denuncia interpuesta por el Señor Javier Galeano López en fecha 23 de febrero del año 2017, quien manifestó que en el mes de noviembre del año 2016 se presentó al Archivo Central a realizar un trámite, encontrándose con la señora Carlota Matute a quien le expuso el problema y ella le dijo que le iba ayudar, que iba a pagar un Abogado y que le iba a cobrar L.4,000.00 pero que solo le ha dado L.3,600.00, y no le arreglo nada de sus documentos tiene recibos de Tigo Money donde le ha enviado dinero a nombre de su hijo Cristian Suazo, por L. 1,000.00 más L.60.00 de envió, el segundo envió por L.600.00 más L.30,00 de envió al celular 9911-3392 y un recibo de Banco Occidente de fecha 28 de noviembre 2016 por la suma de L.2,000.00 a la cuenta número 21401-153172-2 a nombre de Ana Alejandra Salgado Matute hija de la señora Matute, a la fecha no le ha resuelto nada y pide le devuelva su dinero; tal como acontece, del informe 36-IG-2017 emitido por la Inspectoría General del RNP en fecha 14 de marzo del 2017 ver folios 29, 30, 33 al 38de la primera pieza de autos. Que en fecha 06 de marzo 2017, se llevó a cabo la audiencia de descargo a la demandante, quien manifestó que conoce al denunciante, quien le expreso el problema que tenía, a quien solamente asesoro, y que en ningún momento recibió dadiva de ningún ciudadano. Asimismo, consta que el denunciante Javier Galeano López en fecha 28 de noviembre 2016, realizo un depósito de L2,000.00 a favor de la señora Ana Alejandra Salgado Matute a la cuenta de Banco de Occidente, quien es hija de la demandante. Que el acuerdo de cancelación por despido No. 085-2017 de fecha 17 de marzo 2017, efectivo a partir del 20 de marzo del 2017, emitido por el Director del Registro Nacional de las Personas, de la demandante, por falta grave en el desempeño de sus funciones al haber recibido dinero para realizar lo mencionado por el denunciante, debidamente acreditado y fundamentados en el artículo 112 numeral e), i) l) del Código del Trabajo, y demás disposiciones citadas en dicho acuerdo, que se observa que se encuentra acreditada la causa justa que faculta al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte. La norma laboral establece que los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescriben en un (l) mes que comienza a correr desde que fueron conocidos los hechos que dieran lugar a la corrección disciplinaria, tal es la denuncia interpuesta por el señor Javier Galeano López de fecha 23 de febrero del año 2017 ante la Inspectoría General del Registro Nacional de las Personas, en contra de la demandante y a efecto de profundizar en la investigación la parte demandada cito a la demandante a una audiencia de descargo, misma que fue llevada a cabo el 06 de marzo del 2017, y en vista de los documentos que respaldan la misma, la demandada procedió a emitir el acuerdo de cancelación por despido en fecha 17 de marzo 2017, efectivo a partir del 20 de marzo del año 2017; observándose que los derechos y acciones ejercitados por el patrono para despedir justificadamente a la demandante están comprendidos dentro del término de prescripción que establece el artículo 863 del Código del Trabajo.- 5. Mediante auto de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de representante procesal de la señora CARLOTA MATUTE ZELAYA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiuno de enero del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de representante procesal de la señora CARLOTA MATUTE ZELAYA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiuno de enero del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha quince de marzo del dos mil veintidós, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada LUCY MICHELLE SANTOS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado Edgardo Cáceres Castellanos, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. La finalidad del recurso de casación es, en forma primordial, la tutela de la ley y con ello, la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. En razón que el recurso de casación se encuentra instituido primordialmente para tutelar la Ley, rectificando cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable una demanda de casación, debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- III. Que el Abogado Pedro Antonio Ortega Andino, actuando en su condición de Representante Procesal de la señora Carlota Matute Zelaya, estableció en su primer motivo de casación lo siguiente: “MOTIVO UNICO DE CASACION. Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de error de hecho manifiesto en la errónea apreciación del medio de prueba documental que obra folios 30 al 32 y 63 al 65 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. La norma sustantiva de orden nacional violada está comprendida en el Artículo 863 del Código del Trabajo relacionado con el Artículo 113 inciso b) del mismo cuerpo legal. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. ERRONEA APRECIACION DE PRUEBAS. La prueba no autorizada por la cual se acredito un hecho por parte del Tribunal Ad quem consisten en: DOCUMENTAL PUBLICA: consistente en: a) Certificación del acuerdo número 085-2017 de fecha 17 de marzo de 2017 que contiene la cancelación por despido de la señora Carlota Matute Zelaya que obra a folios 30 al 32 de la primera pieza de autos. b) Audiencia de descargo celebrada en fecha 06 de marzo de 2017 que obra a folios 63 al 65 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. La motivación de la sentencia más que un requisito es la ventana que permite interiorizar los razonamientos empleados por el juzgador, que tratándose de segunda instancia, la sentencia recurrida es el razonamiento del Ad quem el que se coloca bajo lupa para encontrar los yerros cometidos al momento de fallar. El artículo 863 del Código del Trabajo prevé que los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescriben en un (1) mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de éste, o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la corrección disciplinaria, es decir, que todo despido que realice el patrono fuera del plazo antes indicado resulta ser ilegal, ya que le ha prescrito el derecho para despedir legal y correctamente a los trabajadores o disciplinar sus faltas. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial tiene por establecido en su fallo impugnado en el considerando 3 los motivos justificados por los cuales fue despedida la trabajadora mediante acuerdo número 085-2017 de fecha 17 de marzo de 2017 consignándose en ese considerando las fechas en que se llevaron a cabo los supuestos depósitos a favor de familiares de la señora Carlota Matute Zelaya mediante los cuales ella hizo el cobro indebido al denunciante Javier Galeano López y en todos se observa que los depósitos imputados ocurrieron en el mes de noviembre de 2016; que de esta fecha en que se llevaron a cabo los hechos imputados a la señora Carlota Matute Zelaya a la fecha de la celebración de la audiencia de descargo ha transcurrido más de un mes como plazo establecido por el artículo 863 del Código del Trabajo por lo que al momento de celebrarse la audiencia de descargo ya estaba prescripta la acción del patrono para despedir a la trabajadora. Al confrontar lo dispuesto en el Artículo 863 del Código del Trabajo, con la prueba erróneamente apreciada en la sentencia recurrida, concretamente con la prueba documental del despido y el acta de la audiencia de descargo contra los hechos que sirven de base para la cancelación de la trabajadora resulta que ha transcurrido más del plazo de un mes que concede la norma antes señalada y por lo tanto está prescrita la acción del patrono para despedir, y al haberlo hecho de esta manera la parte recurrida debe ser condenada a reintegrar a la señora Carlota Matute Zelaya a su antiguo cargo. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de haber apreciado estos medios de prueba hubiera alcanzado la convicción del despido ilegal hecho por el Registro Nacional de las Personas a la señora Carlota Matute Zelaya, en vista que se hizo fuera del plazo de un (1) mes, que a la luz del Artículo 863 del Código del Trabajo tiene el patrono para despedir justificadamente al trabajador. Con lo anterior resulta evidente que la sentencia recurrida es violatoria del Artículo 863 del Código del Trabajo, relacionados con el Artículo 113 inciso b) del Código del Trabajo, por infracción indirecta por error de hecho proveniente de la errónea apreciación de los medios de prueba que se singularizan en este motivo de Casación, por lo que se ha infringido indirectamente su derecho a reintegrarse a su cargo en iguales o mejores condiciones ya que ha sido despedida sin responsabilidad por motivos cuya sanción esta prescrita”.- IV. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las siguientes razones: El Censor invoca a una violación indirecta por error de hecho manifiesto en la errónea apreciación de medios de prueba para alegar violación indirecta por error de hecho proveniente de la apreciación errónea de medios de prueba. No obstante, en la explicación de su motivo, era necesario que el Censor singularizara las pruebas dejadas de apreciar. De igual forma, omite en señalar qué es lo que se acredita con cada medio de prueba, cuál es el mérito que la ley le confiere y en qué consiste la apreciación errónea del juzgador. Es decir, la impugnación a la sentencia emitida por el ad-quem no debe referirse a un conjunto de medios de prueba citados en forma imprecisa, debe explicar por cada medio probatorio cuál fue el error del juez, detallando, seguidamente, el manifiesto error de hecho que, a su criterio, se cometió. Adicionalmente, el Censor realiza alegatos propios de instancia en la explicación de su motivación, las cuales están fuera de la limitada revisión que puede llevarse a cabo mediante el recurso extraordinario de casación.- V. Que en fecha 23 de febrero del 2017, se recibió una denuncia ante la Inspectoría General del Registro Nacional de las Personas, en contra de la señora CARLOTA MATUTE, por el cobro de TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS (L. 3,600.00) para el arreglo de una documentación, siendo una falta grave y poniendo en conocimiento al patrono tal acción, por lo cual se siguió el trámite administrativo para su cancelación dentro del término establecido en el Artículo 863 del Código del Trabajo y se ha tenido el criterio jurisprudencial que si bien es cierto, la PRESCRIPCIÓN es un medio de librarse de una obligación impuesta por el Código del Trabajo o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, la misma opera mediante el transcurso de cierto tiempo y condiciones, que hacen indispensable determinar el día o fecha en que la misma se inicia y tener la certeza en la que termina, y cumplidos estos requisitos indubitados pueda ser opuesta en el momento procesal oportuno como excepción por parte del demandado, y se determine de esta manera de forma clara y precisa, partiendo del acaecimiento ó conocimiento de un hecho cierto y determinado, debiéndose diferenciar si la misma opera en su condición de ser adquisitiva de un derecho o liberatoria de una obligación o acción; y en todo caso, su procedencia ó estimación tiene como fundamento el interés público y la paz social. En virtud que en el presente caso el patrono tenía el término de un mes desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la corrección disciplinaria y pudiendo dar por finalizada la relación laboral sin responsabilidad alguna por la falta cometida por la demandante, teniendo conocimiento de ello en la fecha antes aludida y dándose el despido con justa causa el 17 de marzo del 2017, mediante acuerdo No. 085-2017, estando dentro del plazo establecido en el artículo antes mencionado.- VI. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR EL recurso de casación interpuesto por Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, actuando en su condición de Representante Procesal de la señora CARLOTA MATUTE ZELAYA, en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de septiembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 326-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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