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Sentencia CL-309-21 — Registro 15169

Resumen

Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario pague las prestaciones e indemnizaciones laborales, en virtud del despido directo, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, se obligue al patrono a enterar cantidades a la Tesorería del Instituto Hondureño de Seguridad Social

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) Cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso; Acuerdo No.81-SE-2011, Convenio 158-1982 OIT, Decreto 266-2013-2014, art.47 párrafo último, 46 literal b) del Código del Trabajo, art.3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Decreto 266-2013, que modifica las Leyes: La Ley General de la Administración Pública, 24-C de la Ley para Optimizar la Administración Pública; y, c) Formula alegatos propios de instancia in oportunos en este extraordinario recurso.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo expuesto resulta inadmisible, puesto que el error de hecho solo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos; sin embargo, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del Juez A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración apropiada de todo el material probatorio allegado al juicio, llegándose a la conclusión de la procedencia de la demanda de mérito. En adición, en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador, lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso y en el caso sub-judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio. En adición, la Recurrente incurre en los defectos técnicos de no señalar las normas procesales que sirvieron de medio para la infracción o violación de las sustantivas, ni singulariza la prueba en la formulación del cargo, además incurre en alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien, la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias; sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve días del mes de agosto del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 23 de marzo del 2022, por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor HUGO MIGUEL QUEZADA ORDOÑEZ, representado en juicio por la Abogada RAQUEL CACERES CALIX. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario pague las prestaciones e indemnizaciones laborales, en virtud del despido directo, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, se obligue al patrono a enterar cantidades a la Tesorería del Instituto Hondureño de Seguridad Social, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de marzo del 2017, por el señor HUGO MIGUEL QUEZADA ORDOÑEZ, hondureño, mayor de edad, pasante de Ingeniero en Sistemas, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, por actuaciones del PROGRAMA EDUCATODOS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 7 de abril del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 21 de noviembre del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor HUGO MIGUEL QUEZADA ORDOÑEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. - SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía la demandante el señor HUGO MIGUEL QUEZADA ORDOÑEZ con el ESTADO DE HONDURAS, específicamente con la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION a partir del 01 de Febrero del 2011, siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: Preaviso Lps. 51,333.34; auxilio de cesantía Lps. 128,333.35; auxilio de cesantía proporcional Lps. 14,972.30; vacaciones proporcionales Lps. 4,919.47; décimo cuarto mes proporcional Lps. 12,833.40, lo que asciende a un total de DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 212,391.86) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme. TERCERO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a que se obligue al patrono de enterar cantidades a la tesorería del instituto Hondureño de Seguridad Social”. - CUARTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral aproximadamente por un periodo de 5 años a partir del 1 de febrero del 2011 al 31 de diciembre del 2016, firmando varios Contratos de Servicios Profesionales por tiempo determinado, mismos que fueron de manera continua e ininterrumpida, primeramente como Asistente de Sistemas de Información y Estadísticas, finalizando como Oficial Informático II en el Programa Educatodos en la Sub-Secretaria de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Dirección General de Modalidades Educativas, Sub-Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos, que es una dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, devengando como último salario promedio mensual la cantidad de L.25,666.66; los Contratos celebrados con la Sub-Secretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos Dirección General de Modalidades Educativas, Sub-Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos, que es una dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación se encuentran implícitos en cada uno de ellos los elementos esenciales para que exista una relación laboral y que se encuentran establecidos en el artículo 20 del Código de Trabajo, considerando que realizaba el trabajo para el cual fue contratado, tenía un Jefe y por último pagaban un salario por el servicio prestado, en tal sentido el mismo artículo en su último párrafo establece que una vez que se den los 3 elementos se está ante un verdadero contrato de trabajo no importando el nombre que se le dé, de igual forma lo regula el artículo 24 del citado Código, que establece que cuando el contrato de trabajo se presente involucrado o en concurrencia con otro u otros Contratos no pierde su naturaleza y le son aplicables por lo tanto las disposiciones del Código del Trabajo; siendo que se trata de una relación de trabajo continua e ininterrumpida por más de 5 años, debió haber sido por tiempo indeterminado, tal ilegalidad, ya la regula el Código de Trabajo en el artículo descrito antes, pero quizás es más evidente lo que establece el artículo 52 último párrafo del mismo cuerpo legal, que literalmente dice: “si antes de transcurrido un año se celebra un nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo deberá atenderse este por tiempo indefinido sin que tenga lugar en este caso el periodo de prueba”, en tal sentido, siendo que ya tenía más de cinco años continuos de laborar para la misma Institución y en el mismo puesto, ya era un trabajador permanente debiendo de tener estabilidad laboral por mandato de ley, artículo 127 de la Constitución de la República y para sepárale de su puesto de trabajo como acto del patrono solo podría ser mediante causa justa y no hubo tal acción, debe entonces el patrono pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios, los salarios que habría percibido; al momento que su ex patrono la Sub-Secretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos Dirección General de Modalidades Educativas, Sub-Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos, que es una dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación decidió dar por finalizada su relación laboral, se le giró un Oficio No. 1622-SE-2016, en fecha 1 de diciembre del 2016, por la Secretaría General por Ley, en donde se le notificó que por instrucciones del señor Secretario de Estado en el Despacho de Educación, que la vigencia de su contrato de Servicios Profesionales, vencía el 31 de diciembre del 2017; en tal sentido, la relación laboral finaliza en la fecha indicada, acción que considera injusta e ilegal, ya que en la nota de despido no se especifica la causa del mismo sin cumplir con la rescisión del contrato, tal como se establece en la cláusula sexta del precitado contrato; con el propósito de lograr un acuerdo conciliatorio con la demandada, compareció ante la Dirección General del Trabajo a una audiencia conciliatoria sin haber llegado a un acuerdo satisfactorio, dándose por agotado el trámite administrativo, por lo que acude en tiempo y forma a la instancia judicial para que se le haga justicia.

  1. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que si bien es cierto el demandante prestó sus servicios mediante la suscripción de varios contratos temporales, para continuar desempeñando el servicio suscrito, debía celebrar otro contrato igualmente consentido, pero no se demandó al Estado desde el momento que finalizó su primer contrato, esto significa que este tipo de contratos están sujetos a una regularización especial del Estado, (Servicio Civil), que no conlleva responsabilidad alguna; el demandado como ente de representatividad, siempre tendrá requerimiento de personal que preste servicios, a través de los múltiples programas, los que son transitorios, mientras dura el financiamiento o existen fuentes para el financiamiento del mismo, no puede emplear a ningún ciudadano sin el documento soporte que justifique la erogación del pago de salarios, tampoco puede comprometerse a pagar más de lo pactado, por lo que debe existir el documento que garantiza el pago del servicio a prestar para justificar el gasto, como podrá observarse, en el contrato se establece la modalidad de contratación a suscribir, contrato por tiempo definido, ya que en sus cláusulas establece una fecha de inicio y una fecha de terminación, indicativo que hay una sumisión expresa a las cláusulas del contrato, no está imponiendo ninguna cláusula nula, ya que está garantizando un empleo, claro sujeto a situaciones presupuestarias por las que haya que dar fin a lo convenido, en este caso, gozaron de empleo permanente pese habérseles contratado varias veces mediante el mismo sistema, no obstante al no existir la fuente de ingresos para seguir manteniendo este sistema de contratación, se ve obligado a dar por finalizado el mismo, haciéndoselo saber a los contratantes; por el principio de libre contratación lo que establece el artículo 46 literal b) del Código el Trabajo: “los contratos individuales pueden ser también por tiempo limitado cuando se especifica fecha para su terminación como es el caso que nos ocupa que si se firmaron contratos anteriores también estos fueron concertados con fecha de terminación de la obligación contraída y sin obligación posterior para las partes”; asimismo, el artículo 201 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil establece: “para la validez de estos contratos deberán observarse las normas presupuestarias; no podrán suscribirse contrato alguno si no hubiere disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponde”; que el demandante manifiesta que su labor ha sido de forma continua e ininterrumpida, así como que ha desarrollado su labor normalmente, si bien es cierto se cumplen los elementos a que hace alusión el artículo citado por la parte actora, no es menos cierto que el demandante se obligó a hacer con el Estado a través de un contrato no gratuito si no remunerado y en dicha prestación de servicios también se evidencian dichos elementos, pero eso no implica el reconocimiento de un derecho subjetivo, ya que eso estaría desnaturalizando la figura de empleado permanente que solo se adquiere por medio de acuerdo, es más, reducido únicamente a lo que se le estipuló en la cláusula tercera, funciones, percibir un salario que es un precepto Constitucional, nadie puede prestar servicios gratuitamente y sujeto a un horario es inherente para realizar el servicio convenido, la relación laboral no se ha prolongado por el simple hecho, que cada contrato fue interrumpido por la fecha de finalización del mismo y la creación de un nuevo convenio de prestación del servicio, estrategia ésta de la que se vale el demandado para cumplir a cabalidad su función Administrativa, pues aunque no existe el presupuesto para emplear a todo el personal que necesite por acuerdo, o sea de nombramiento permanente, quienes si tienen garantizadas sus prestaciones y demás derechos laborales, así como la permanencia, utiliza los contratos de prestación de servicios profesionales para justificar el empleo del personal que requiere, sin incurrir en responsabilidad el funcionario de turno quien no puede comprometer los intereses del Estado más allá de donde están presupuestados; el Juzgado se toma la atribución de conocer de estos contratos por un Auto Acordado emitido por la Corte Suprema, que por lo tanto es violatorio, ya que un Auto Acordado no puede estar sobre la Ley, se convino en el Contrato que la prestación de los servicios era mediante Contrato de Servicios Profesionales, por ende, sujetándose tal contrato a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, quien será el ente público, encargado de interpretar y ejecutar lo estipulado en el contrato, lo que determina que se pretende violentar lo preceptuado en el contrato suscrito por la expresión y sujeción de la voluntad de ambas partes, lo que viene a determinar que son hechos consentidos sumisión a prestar servicios por determinado período, si la situación económica lo permite, estos contratos

se pueden seguir suscribiendo, pero un contrato nuevo deroga el contrato fenecido, de tal manera que si se pretende dar calidad de permanente con derechos adquiridos a un contrato que es por tiempo definido y por ende derogado por otro nuevo, deberá éste alegarse cuando entre en vigencia, tal como lo establecen las Leyes de la Administración Pública, el artículo 47 párrafo último, contratos temporales, que se puede contratar personal temporalmente, con la perspectiva que al haber oportunidad, o ampliación presupuestaria, se le dará al empleado calidad y condición de nombramiento por Acuerdo Permanente, legalmente en los Contratos por Servicios Profesionales, no se puede pagar los beneficios que tiene el empleado permanente, por no ser la prestación laboral de carácter permanente, se pretende sorprender al juzgador empleando términos incorrectos y acreditándose ser empleado permanente, con derechos que corresponden, según la legislación nacional, a los empleados que gozan de una permanencia laboral Acuerdo, que aún en casos de crisis económica pueden quedar sin el disfrute de esa garantía o derecho, modalidad de contratación diferente a la modalidad de contratación de los demandantes. Lógicamente la prestación del servicio en el mismo desempeño existe desde el momento que existe el Programa Ampliando Horizontes, que es un programa transitorio, que no ha sido declarado como parte del patrimonio del Estado, por lo que su carácter es transitorio, e inclusive existe el mismo cargo aún si la fuente de financiamiento fuera distinta, ya que en los casos del Estado que es un ente especial, depende de un presupuesto establecido, proveniente de fondos propios o de otras fuentes de financiamiento, razón por la cual en materia laboral el mismo Código del Trabajo da estas Atribuciones a una Ley Especial; el demandante pretende demostrar amparado en el artículo 52 del Código del Trabajo, que tiene permanencia, por no haber sido separado de su cargo desde que cumplió la fecha de terminación del primer contrato, que en este caso lo que ocurre es que el programa sigue en vigencia, no obstante lo que es atribuible al demandante es el párrafo final del artículo 47 que se refiere a contratos temporales, por lo que no es lógico que aleguen haber alcanzado la permanencia por haber desenvuelto la prestación de sus servicios profesionales en el desempeño de labores permanentes o continuas, se desempeñaron en un Programa que no tiene existencia permanente, sujeto a financiamiento de fuentes externas, que en cualquier momento llega al final su funcionamiento, como es el caso del Programa Educatodos, por tal razón, la existencia de las labores son transitorias; asimismo, lo establecido en el artículo 52 no tiene vigencia, ya que si se suscribe con contratos por tiempo definido es porque las fuentes de financiamiento para el pago o gastos del Programa varían, por lo que no puede establecerse un compromiso indefinido; el Código del Trabajo establece que se deberá agotar la vía gubernativa, de tal manera que esto no constituye causal para demandar, los fundamentos invocados por el demandante del Código del Trabajo, no se ajustan a los servicios prestados a la Secretaría en la existencia de un Programa que ahora ya no existe en la Secretaría de Educación e invoca un despido que no tiene tal facultad legal, ya que solo se les notificó de la finalización de su contrato y no se le ha violentado ningún derecho de estabilidad laboral, pues dicho supuesto de estabilidad no existe y que no ha suscrito y que tal prestación de servicios se hizo solamente en base al Presupuesto anual vigente de cada año y al

artículo 24-C vigente del Decreto 266-13, de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia, en el que es el arma legal con la que se defiende el Estado, en cuanto a defender los intereses de los ciudadanos; deberá probar el demandante, en el momento procesal oportuno, que ha incurrido en causal injusta de despido, de considerarse afectado por la modalidad bajo la cual estaba siendo contratado debió en tiempo y forma ejercer las acciones correspondientes ante las autoridades administrativas al amparo de los establecido en el artículo 867 del Código de Trabajo: “salvo disposición en contrario todos los derechos y acciones provenientes de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes del trabajo o previsión social que no se originan directamente en contratos de trabajo prescriben en el término de 2 meses”, ya que la misma respalda su petición en el Código de Trabajo y no dentro de lo que establece la normativa Contencioso Administrativo como obviamente debía ser, ya que se trata de un contrato suscrito con la Administración Pública, lo que permite la prescripción de su improcedente reclamo, no obstante que la modalidad bajo la cual prestó sus servicios se encuentra sustentado al tenor del artículo 1348 del Código Civil que prescribe: “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes deben cumplirse al tenor de los mismos”, rigiéndose por lo dispuesto en el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”, los contratos eran de Servicios Profesionales eventuales y determinados con fecha de inicio y finalización teniendo forzosamente que llegar a su fin, estando frente a la modalidad de contratos a término, mediante los cuales no se pueden exigir con derechos que corresponden según la legislación nacional a los empleados que gozan de una permanencia laboral, acuerdo, modalidad de contratación diferente a la modalidad de contratación del demandante, por lo que reitera que se trata de un contrato a término no de un despido, por lo que no puede invocarse causal de despido alguna.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de noviembre del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor HUGO MIGUEL QUEZADA ORDOÑEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. - SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía la demandante el señor HUGO MIGUEL QUEZADA ORDOÑEZ con el ESTADO DE HONDURAS, específicamente con la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION a partir del 01 de Febrero del 2011, siendo procedente el pago a favor del demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales de la siguiente manera: Preaviso Lps. 51,333.34; auxilio de cesantía Lps. 128,333.35; auxilio de cesantía proporcional Lps. 14,972.30; vacaciones proporcionales Lps. 4,919.47; décimo cuarto mes proporcional Lps. 12,833.40, lo que asciende a un total de DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 212,391.86) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme. TERCERO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a que se obligue al patrono de enterar cantidades a la tesorería del instituto Hondureño de Seguridad Social”. - CUARTO: SIN COSTAS…” Bajo el criterio que el demandante ha sido contratado como temporal, en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la institución demandada, por la misma naturaleza de la labor que se desempeña en esta, es decir, siempre necesitará el cargo de Oficial Informático II, deduciéndose que el Contrato de Trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los puestos de trabajo, también hay que agregar que el puesto de trabajo que desempeña el demandante en la institución, no pueden ni deben considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporciona son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de creación de la misma, por lo que no pueden ser accidentales; Concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal; el Código del Trabajo y sus principios resuelven éste tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo; por lo que si el empleador, utilizando el contrato de trabajo por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, son nulos ipso jure dichos contratos de servicios profesionales y sus fechas de finalización, ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes, o la de una de ellas en realidad, no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al Contrato de Trabajo, las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio. Por consiguiente es nulo de pleno derecho, al tenor de lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, la fecha de finalización de los Contratos de Trabajo por tiempo determinado que en su momento suscribió el demandante, debiendo el empleador de someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada, tal como aparece en el Oficio No. 1622-SE-2016, de terminación de la relación laboral de fecha 1 de diciembre del 2016, esta no constituye una causa justificada del patrono para dar por terminada una relación laboral sin responsabilidad para el mismo, en consecuencia al no existir una causa legal de justificación del despido, ha operado el despido directo, ilegal e injusto, siendo procedente lo solicitado por la demandante, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 7 de abril del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas. Bajo el criterio que de las pruebas aportadas al juicio por la parte demandante, habida cuenta que se le precluyó el derecho a la representante procesal de proponer medios probatorios, debido a su incomparecencia a la audiencia señalada sin causa justificada, observa que fueron acreditados los siguientes hechos, que el demandante fue contratado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, según Contratos de Trabajo a términos suscrito entre las partes, de forma continua e ininterrumpidamente, desempeñado labores de carácter permanente para el programa Educatodos, mismo que forma parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, cuya continuidad del programa autorizada por esa Secretaría de Estado mediante Acuerdo No.81-SE-2011, lo que hace se estime que tales sucesos encajan en las disposiciones legales contenidas en los artículos 20, 47, 52 párrafo segundo del Código del Trabajo, cabe entonces mencionar, que al momento de apreciar los hechos a la luz de las normas laborales, hace que tales contratos relativos a labores que por su naturaleza son permanentes o continuas en la institución, se consideren como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicio; no habiendo la parte demandada acreditado lo contrario en juicio, por las razones expuestas confirma la resolución apelada por estar dictada conforme a derecho.- 5. Mediante auto de fecha 19 de agosto del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 23 de marzo del 2022, compareció ante este Tribunal la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 23 de marzo del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 3 de mayo del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada RAQUEL CACERES CALIX, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa, porque el Tribunal Ad quem Fundamenta su fallo inadecuadamente, al sustentarse en su considerando (4) en el Acuerdo No.81-SE-2011, presentado como prueba por la parte demandante, que ordena la ampliación del funcionamiento a nivel nacional del Programa EDUCATODOS, ya que fue ampliado dicho programa justamente en el año que el demandante inició su prestación de servicios para el programa EDUCATODOS, no obstante quedar asimismo acreditado que la finalización de sus servicios mediante contratos de carácter temporales finalizó justamente en el momento procesal que finaliza el programa EDUCATODOS, por haber finalizado el financiamiento para tal programa, negándose rotundamente el Juzgador Aquem a reconocer la calidad de excepción que expresa el articulo 46 literal b) para suscribir contratos por tiempo definido. Asimismo, el Juzgador Aquem, no valora las alegaciones presentadas, que sostienen la improcedencia de la demanda, por falta de competencia genérica, por tratarse la demanda en la pretensión que se reconozca una contratación para prestar servicios temporalmente, por la naturaleza de temporal del programa EDUCATODOS (que duró cinco año desde la fecha que se ordenó la continuidad del programa) circunstancias que favorecen claramente a mi representado, quien además está autorizado unilateralmente por un Instrumento Público de carácter Internacional obligatorio como lo es el Convenio 158-1982 OIT que claramente establece que quedan autorizados los países miembros a dar contratos a término por la situación negativa financiera que atraviesan; asimismo, el decreto 266-2013-2014, las cláusulas de carácter obligatorio por ser Ley, expresadas y aceptadas en los Contratos suscritos entre partes, art.47 párrafo último, 46 literal b) del Código del Trabajo, que se invocan por ser mi representado el Estado de Honduras, un ente gubernativo con límite de funciones por ser elegido por votación quien solo responde mientras dure en el cargo, asimismo por ser nombrado para cuidar de los intereses de los mismos ciudadanos, art.3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, está autorizado por las Normas de carácter obligatorio para el Poder Ejecutivo, quien para prevención y control y seguridad, para el logro de la estabilidad económica que debe asegurarse en pro de los ciudadanos, emite Ordenanzas con carácter de Ley, tal como se ha venido alegando en el presente juicio, la relación del Decreto 266-2013, que modifica las Leyes: La Ley General de la Administración Pública, Ley de Procedimiento Administrativo y otras, por la nueva LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACION PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO, para contratar servicios aplica la norma pertinente, tal como se observa en el artículo 24-C de la Ley para Optimizar la Administración Pública relacionada, que especifica que al personal que se contrata para servicios especiales cuando un Programa funciona en base a las funciones de la Secretaria de Educación, será bajo el sistema de contratación temporal, por lo que se violenta a la vez lo establecido en el artículo 47 párrafo último que avala los contratos a término, como es el caso que nos ocupa, argumentos que se han ignorado totalmente, causando daños a mi representado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo, que enuncia las causales de Casación, siendo la primera la emisión de una sentencia violatoria de ley sustantiva. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: El Tribunal Ad quem Fundamenta su fallo inadecuadamente, al sustentarse en su considerando (4) en el Acuerdo No.81-SE-2011, presentado como prueba por la parte demandante, que ordena la ampliación del funcionamiento a nivel nacional del Programa EDUCATODOS, ya que fue ampliado dicho programa justamente en el año que el demandante inició su prestación de servicios para el programa EDUCATODOS, no obstante quedar asimismo acreditado que la finalización de sus servicios mediante contratos de carácter temporales finalizó justamente en el momento procesal que finaliza el programa EDUCATODOS, por haber finalizado el financiamiento para tal programa, demás expresar que el PROGRAMA EDUCATODOS SOLAMENTE DURO CINCO (5) AÑOS, negándose rotundamente el Juzgador Aquem a reconocer la calidad de excepción que expresa el articulo 46 literal b) para suscribir contratos por tiempo definido a manera de excepción. Asimismo se obvia el reconocimiento de la disposición legal contenida en el artículo 124-C, de la Ley para Optimizar la Administración Pública Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, establece claramente que: "Los empleados o servidores que se desempeñen en estos programas o proyectos temporales y que ostenten nombramiento por acuerdo ejecutivo de nombramiento permanente, de las dependencias del Poder Ejecutivo, que, en aplicación de esta Ley relacionada, se fusionen, escindan o supriman, conservarán su antigüedad y derechos adquiridos de conformidad a la Ley y continuarán prestando sus servicios en la dependencia que se les notifique y que corresponda de conformidad a la reorganización administrativa que se ejecute. En el caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes. En relación a lo dispuesto mediante este Articulo, lo no previsto o para incluso modificar, variar o ampliar lo dispuesto, deberá ser resuelto o decidido mediante Decreto Ejecutivo, por el Presidente de la República por si o por medio del Consejo de Secretarios de Estado, desprendiéndose que el Estado de Honduras, por ser un ente especial de múltiples obligaciones, para con la población en general, tal como lo establece el artículo 62 de la Constitución de la República, tiene que legislar de tal manera que no afecte intereses particulares o privados en los ciudadanos según su procedencia, relación jurídica, tipo de actividad a que se dedique. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena al Estado de Honduras por reconocer que el demandante ejercía una labor permanente, al pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales, aplicando la norma que más conviene al trabajador, pero no considera la legislación estatal, impidiendo las erogaciones onerosas en que incurre el Estado, si no previene gastos futuros que afectan al resto de la población. Se produce así la Infracción directa de la Ley sustantiva. Por otra parte, como podrá observarse existe una Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo que regula las controversias entre el Estado y la ciudadanía, especialmente en el presente caso, el Articulo 3 de la Jurisdicción de Lo Contencioso Administrativo, establece claramente que será esta Jurisdicción quien regulará las controversias que se susciten en el Estado, no obstante la Honorable Corte Suprema de Justicia, olvidando que no está autorizada para legislar fuera de los Alcances de sus atribuciones, emite CIRCULAR DE AUTO ACORDADO, mediante cual autoriza que el Juzgado de Letras del Trabajo, conozca de las relaciones contractuales temporales que los ciudadanos han celebrado con mi representado el Estado de Honduras, derogando no en Derecho por ende los preceptos establecidos en la Ley de la Jurisdicción de La Contencioso Administrativo que es la que rige los Actos del Estado de Honduras; Por otro lado, los contratos celebrados por el Estado de Honduras con la ciudadanía, en este caso para prestación de servicios por los empleados públicos, tal como lo establece el artículo 2 del Código de Trabajo, serán conocidos y regidos por la Ley de Servicio Civil, por ser estos contratos regidos por esta Ley, absteniéndose de regir las contrataciones estatales”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) Cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso; Acuerdo No.81-SE-2011, Convenio 158-1982 OIT, Decreto 266-2013-2014, art.47 párrafo último, 46 literal b) del Código del Trabajo, art.3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Decreto 266-2013, que modifica las Leyes: La Ley General de la Administración Pública, 24-C de la Ley para Optimizar la Administración Pública; y, c) Formula alegatos propios de instancia in oportunos en este extraordinario recurso.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 113 párrafo primero interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación de la prueba por la Corte Sentenciadora de los Contratos ostentados por el demandante que establece claramente que su prestación es de servicios por tiempo limitado, por mientras dura la vigencia del Programa EDUCATODOS, tal como consta de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICAR EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho, derivado de una mala apreciación de la prueba por la Corte Sentenciadora al ignorar los preceptos autorizantes emitidos en los Contratos Firmados y Aceptados por las partes, es así que mi representado y los ahora demandantes, convinieron que su prestación de servicios sería exclusivamente por tiempo definido, tal como queda comprobado con los contratos suscritos con los demandantes, reafirmado que el Programa EDUCATODOS desapareció como tal, solamente tuvo una vigencia de cinco (5) años por ser financiado por cinco años, por lo que el personal que está nombrado en forma permanente para tal programa, seria reubicado, no obstante el personal contratado para prestación de servicios, al llegar el término por el que fueron contratados, hasta allí termina la obligación del Estado para con estas personas, instituido este argumento en el Artículo 124-C, de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno. Esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, o sea, contrario a la evidencia demostrada con la prueba de que se trate (no como interpreta y expresa el Juzgador en el CONSIDERANDO (4) de su fallo que no se probó, no obstante el mismo reconoce que el Acuerdo No.81-SE-2011, fue ordenado su continuidad por cinco años más en el año 2011, año en que el demandante inició su relación de prestación de servicios temporales con mi representado, ignorando asimismo, la esencia misma de los Contratos y si como dice en su CONSIDERANDO (5) dentro de los limites monetarios de mi representado, la sujeción a reordenamientos Administrativos, para ingresar en forma legal a los servidores públicos al Sistema de Servicio Civil, lo cual no constituye violación a los derechos ciudadanos, ya que ++ para lógicamente para que el trabajador cumpla con los requisitos para cubrir una asignación funcional y así derivar el correspondiente pago, debe elaborarse un documento que garantice el cumplimiento a la función para la que fue contratado), pues en ella el mismo declarante manifestó que el trabajador nunca fue despedido (véase la nota de notificación de finalización de su contrato agregada a folio nueve del tomo la cual no constituye nota de despido, por lo cual si mi representado requiere siempre del servicio, le dará un nuevo contrato a los demandantes o preferirá darle la oportunidad a otro ciudadano, por lo cual si desde la primer vez que se le dio esta nota de finalización de contrato consideró se le despide hubo que demandar desde esa fecha, en la actualidad demandar será bajo conceptos de extemporaneidad) y dicha prueba constituye una etapa conciliatoria posterior a lo que pudo haber sido un despido y la misma fue sobrevalorada en forma aislada, no en conjunto con todas las pruebas en el juicio que dejaron establecido que no hubo una declaración unilateral del patrono de ruptura de la relación de trabajo. De todo lo anterior, la falta de apreciación de la Prueba, se ve patentizada cuando no se estima ninguna de las cláusulas plasmadas en los contratos, que favorecen a mi representado el Estado de Honduras, tales como la cláusula Segunda que se refiere a la Base Legal del contrato sujeto a las disposiciones presupuestarias anuales del Estado, la cláusula cuarta de la validez-vigencia, la temporalidad del contrato, Decima Segunda, numeral 3 causas de rescisión, decima quinta y decima séptima, sujetarse a la voluntad pactada por las partes, en tanto que mi representado está sujeto a disposiciones estatales”.- V. Que el cargo expuesto resulta inadmisible, puesto que el error de hecho solo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos; sin embargo, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del Juez A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración apropiada de todo el material probatorio allegado al juicio, llegándose a la conclusión de la procedencia de la demanda de mérito. En adición, en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador, lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso y en el caso sub-judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio. En adición, la Recurrente incurre en los defectos técnicos de no señalar las normas procesales que sirvieron de medio para la infracción o violación de las sustantivas, ni singulariza la prueba en la formulación del cargo, además incurre en alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.- VI. La impetrante alega nulidad subsidiaria, la cual aduce que: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y en cualquier tiempo y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha 07 de abril del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, del Departamento de Francisco Morazán, que ratifica la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, señalando los errores procesales siguientes: a) En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, no se pronunció sobre el recurso de Apelación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, del Departamento de Francisco Morazán, limitándose a argumentar que si existe la causa que le dio origen en la relación para la prestación del servicio, al recalcar se considerarán como celebrados por tiempo indefinidos aunque se exprese tiempo de duración; a decir quedó plenamente acreditado que la causa ya no existe al quedar el Programa EDUCATODOS finalizado, en la fecha establecida de cinco años del financiamiento, teniendo en este sentido actuar tal como lo establece el artículo 124 C de la Ley para Optimizar la Administración Pública y no tomando como base fundamental que mediante Acuerdo No.81-SE-2011, fue ordenado la continuidad del Programa EDUCATODOS, por cinco años más en el año 2011, año en que el demandante inició su relación de prestación de servicios temporales con mi representado. Al respecto el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles analógicamente aplicable que dice: "Las sentencias deben ser claras, precisas congruentes con las demandas (demandante-demandando) y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Lo cual no ocurre en el presente caso de autos que el Juzgador solo se pronuncia en cuanto a los intereses de la parte demandante, pero no escatima en las cuestiones debatidas en el juicio respecto a los intereses de la parte demandada”.- VII. Que si bien, la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias; sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes septiembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 309-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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