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Sentencia CL-302-21 — Registro 15420

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se decrete la nulidad de un contrato en virtud de simulación de la relación contractual, reintegro al puesto de trabajo del cual fueron separadas, reconocimiento de la permanencia, en consecuencia, la antigüedad en virtud de haber firmado contratos continuos de servicios profesionales, se indemnicen en conceptos de daños y perjuicios, el pago de los salarios dejados de percibir, reajustes de salarios si hubieren en sus ausencias, beneficios e incrementos salariales que se generen en el transcurso del juicio, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre la norma que indica como violada el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) No indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, d) Formula extensos alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre la norma que indica como violada el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) No indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, d) Formula extensos alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintisiete días del mes de septiembre del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha diecisiete de marzo del dos mil veintidós, por la Abogada EDNA RUTH MATUTE ALVARENGA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, las señoras NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA y JUANA MARIA ESCOTO DURON, representadas en juicio por la Abogada GEMINIS DANNE LAINEZ MONCADA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se decrete la nulidad de un contrato en virtud de simulación de la relación contractual, reintegro al puesto de trabajo del cual fueron separadas, reconocimiento de la permanencia, en consecuencia, la antigüedad en virtud de haber firmado contratos continuos de servicios profesionales, se indemnicen en conceptos de daños y perjuicios, el pago de los salarios dejados de percibir, reajustes de salarios si hubieren en sus ausencias, beneficios e incrementos salariales que se generen en el transcurso del juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de junio del dos mil dieciocho, por las señoras NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA, casada, Maestra de Danza y JUANA MARIA ESCOTO DURON, soltera, Bachiller en Artes Plásticas; ambas mayores de edad, hondureñas y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio del Procurador General de la República, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, el recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiséis de enero del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria Laboral promovida por NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA y JUANA MARIA ESCOTO DURON, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a; y 1) Declarar la relación de trabajo de forma permanente y el reconocimiento de la antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo a las señoras NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA y JUANA MARIA ESCOTO DURON; 2) Reintegro al puesto de trabajo, con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir, reajustes de salarios si hubieren en su ausencia, beneficios e incrementos salariales que se generen el transcurso del Juicio desde el inicio de la terminación de la relación de trabajo hasta que sea reintegrado en su puesto de trabajo de las señoras NIDYA CAROINA ZELAYA ZAVALA y JUANA MARIA ESCOTO DURON; II) CONDENA AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de La República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a: 1) Declarar la relación de Trabajo de forma permanente y el reconocimiento de la antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo de las demandantes NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA y JUANA MARIA ESCOTO DURON; 2) Reintegro al puesto de Trabajo con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir, reajustes de salarios si hubieren en su ausencia, beneficios e incrementos salariales que se generen el transcurso del Juicio, desde el inicio de la terminación de la relación de trabajo hasta que sea reintegrado en su puesto de trabajo de las señoras NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA y JUANA MARIA ESCOTO DURON. 3) ABSUELVE a la DEMANDADA la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, a través de la procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a pagar a las señoras NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA y JUANA MARIA ESCOTO DURON, en cuanto a la Indemnización en conceptos de daños y perjuicios por no haberse probado en juicio. III) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, iniciaron la relación laboral con la demandada de la siguiente manera: NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA, el 01 de agosto del año 2006, en el cargo de Coordinadora de la Disciplina de Danza; y JUANA MARIA ESCOTO DURON, el 08 de enero del 2008, en el cargo de Coordinadora de Artes Visuales, ambas en el Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana (PPICPU), bajo la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales celebrados en forma ininterrumpida, con un horario de trabajo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes, devengando un salario ordinario mensual actual de L.17,683.00. Que mediante nota número SGRH-SF-2472, de fecha 28 de febrero de 2018, firmada por el encargado de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas se les comunicó a las demandantes el vencimiento de la relación de trabajo, sin señalar causal o motivo alguno establecido en el artículo 112 del Código de Trabajo, para dar por terminado el contrato de trabajo; que entre las partes suscribieron varios contratos por más de 10 años, dando lugar a una relación meramente laboral, por lo que se cumple lo establecido en el artículo 20 del Código del Trabajo; asimismo y de conformidad a los artículos 47 párrafo primero y segundo, y 52 párrafo tercero del Código del Trabajo, se está ante un verdadero Contrato de Trabajo por tiempo indefinido, pues la causa del Contrato subsiste y los puestos son aún vigentes dentro de la institución demandada, adquiriendo la estabilidad en sus puestos de trabajo, con fundamento en el Principio de Continuidad y siendo que no puede basarse en la simple decisión de las partes y debe observarse siempre la verdad de los hechos sobre la apariencia de los acuerdos formales, debiendo reconocerles la antigüedad desde la fecha de la suscripción del primer contrato de trabajo, además, con lo anterior se produce una franca violación del artículo 129 de la Constitución de la República, solicitando los oficios conciliatorios en la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo, levantando acta en fecha 20 de abril del año 2018, donde se cierran las diligencias y tienen por agotada la misma.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, el Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana (PPICPU), se creó bajo los lineamientos de la estrategia de reducción de la pobreza, el Gobierno de la República de Honduras, a través de la Secretaría de Finanzas suscribió el 16 de noviembre del 2000, un convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para ejecutar dicho programa, cuyo objetivo general es desarrollar nuevos modelos de combate a la pobreza con un enfoque integral a través de la concertación política sobre los usos de los espacios colectivos urbanos, así como la promoción de acciones innovadoras destinadas a mejorar el capital social y las oportunidades de desarrollo humano a grupos vulnerables. Atendiendo la naturaleza jurídica del Gobierno Central y aplicando lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, no le es aplicable dicha disposición, siendo aplicable al caso de mérito la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y demás normas administrativas, razón por la que considerando las necesidades de la parte demandada, se contrató a las demandantes, mediante Contratos de Servicios Profesionales, en aplicación estricta de lo preceptuado en los artículos 200, 201, 202, de la Ley del Servicio Civil y subsiguientes de su Reglamento. En ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 1) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que en casos como el que nos ocupa será conocida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no por el Juzgado del Trabajo; que el Contrato de Servicios Profesionales, entre las partes era temporal, tal como lo estipula el mismo, el cual tenía fecha de finalización, razón por la que en ningún momento se les notificó despido alguno, tal como lo manifiesta erróneamente la parte actora en su improcedente demanda, pues con la nota número SGRH-SF-2472 del 28 de febrero del 2018, únicamente se les recordó que sus contratos llegarían a su fin, por lo que al no ser una nota de despido no se debe ceñir a lo establecido en el artículo 112 del Código de Trabajo, ni a ninguna otra disposición del Código de Trabajo, ya que como anteriormente se dijo, esta relación se regula por la Ley de Servicio Civil, su Reglamento y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria Laboral promovida por NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA y JUANA MARIA ESCOTO DURON, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a; y 1) Declarar la relación de trabajo de forma permanente y el reconocimiento de la antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo a las señoras NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA y JUANA MARIA ESCOTO DURON; 2) Reintegro al puesto de trabajo, con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir, reajustes de salarios si hubieren en su ausencia, beneficios e incrementos salariales que se generen el transcurso del Juicio desde el inicio de la terminación de la relación de trabajo hasta que sea reintegrado en su puesto de trabajo de las señoras NIDYA CAROINA ZELAYA ZAVALA y JUANA MARIA ESCOTO DURON; II) CONDENA AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de La República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a: 1) Declarar la relación de Trabajo de forma permanente y el reconocimiento de la antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo de las demandantes NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA y JUANA MARIA ESCOTO DURON; 2) Reintegro al puesto de Trabajo con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir, reajustes de salarios si hubieren en su ausencia, beneficios e incrementos salariales que se generen el transcurso del Juicio, desde el inicio de la terminación de la relación de trabajo hasta que sea reintegrado en su puesto de trabajo de las señoras NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA y JUANA MARIA ESCOTO DURON. 3) ABSUELVE a la DEMANDADA la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, a través de la procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a pagar a las señoras NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA y JUANA MARIA ESCOTO DURON, en cuanto a la Indemnización en conceptos de daños y perjuicios por no haberse probado en juicio. III) SIN COSTAS…” Bajo el criterio que, haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio y los argumentos de ambas partes, en el que por un lado la parte demandada argumenta que la relación de trabajo de las demandantes con la parte demandada era eventual con contratos por tiempo definido; por otro lado, las demandantes argumentan que los Contratos eran simulados de acuerdo al principio de primacía de la realidad y que en el fondo se trataba de una verdadera relación de trabajo laboral independientemente del nombre que se le diera a los contratos, esto en el sentido que reunía los elementos establecidos en el artículo 20 del Código de Trabajo. Llegando al convencimiento este suscrito que efectivamente se trataba de una relación laboral en vista que en los contratos de trabajo se encuentran establecidos los tres (3) elementos del Contrato de Trabajo, como ser la actividad personal del Trabajador, la continua subordinación y un salario como retribución al servicio; aunado a ello también, las labores realizadas en la institución son de naturaleza permanente; de igual forma, las demandantes firmaron varios contratos de trabajo para realizar las mismas funciones; es por lo anteriormente relacionado que debe declararse Con Lugar la relación de trabajo de forma permanente reconociéndoles su antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo, es decir, para las señoras Nidya Carolina Zelaya Zavala, desde el 03 de julio del 2006 y Juana Maria Escoto Durón, desde el 03 de marzo del 2006. Que en consonancia con lo antes relacionado, las demandantes solicitan el reintegro por considerar que el despido del cual fueron objeto es ilegal e injusto; lo que llama la atención a este suscrito, es que desde la revisión de las diligencias no se encuentra documento que acredite que el despido del cual fueron objeto las demandantes esté apegado a derecho, ya que las notas de fecha 28 de febrero del 2018, no contiene causal alguna establecida en el Código de Trabajo, los que conlleva a declarar Con Lugar, esta pretensión, acarreando el reintegro al puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir, desde la fecha efectiva de la notificación del despido hasta la fecha en que sean reintegradas a sus puestos de trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de enero del dos mil veintiuno, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que, de acuerdo a los alegatos del apelante, los mismos se fundamentan en la figura jurídica Pacta Sunt Servanda, siendo esta una convención que debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado; y esto constituye un principio básico del derecho civil (específicamente relacionado con los contratos) y del derecho internacional; es decir, que de acuerdo a esto "El contrato es ley entre las partes"; pero es el caso, que tal principio no tiene cabida en el ámbito laboral, ya que con la prueba documental que obra en la primera pieza de autos, se logró acreditar la existencia de varios contratos de servicios personales celebrados entre el Estado de Honduras y las demandantes; y que las funciones por las cuales fue contratadas siempre fueron las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo, como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración. Además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que: "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas", por lo que no cabe duda, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado.- 5. Mediante auto de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada NOLVIA LIZETH ALMENDAREZ FUENTES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecisiete de marzo del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal la Abogada EDNA RUTH MATUTE ALVARENGA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha diecisiete de marzo del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha treinta y uno de mayo del dos mil veintidós, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada GEMINIS DANNE LAINEZ MONCADA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que la Abogada EDNA RUTH MATUTE ALVARENGA, en su primer y único motivo de casación alega: “Infracción indirecta del artículo 46 literal b), 111 Numerales 1, 2, 7, 9 y 113 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1348 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO. Partiendo de la realidad de los hechos, en el presente Recurso de casación el artículo 765 numeral uno del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del articulo 46 literal b) del Código Laboral que establece: "El Contrato Individual de trabajo puede ser: a)....b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento...; por otro lado nuestro Código Civil en su artículo 1348 prescribe: "Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos", a tal efecto en el presente caso, el Juzgador de la causa no aprecio ni valoro el Medio de Prueba Documental: 1) Contratos de Servicios Profesionales de periodo determinado sustentado en el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo; con el cual se demostró que las partes actoras por haber sostenido con mi representado el Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), una relación de prestación de servicio temporal por tiempo determinado bajo Contratos de Servicios Profesionales, y que forzosamente tenía que terminar al llegar a su fecha de vencimiento y que así ocurrió, es decir que se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, pero fuera de los alcances de una relación de trabajo permanente, y por esa razón ambas partes se sometieron únicamente a la normativa de dicho contrato de servicios profesionales, en el entendido que las demandantes eran trabajadoras temporales y que consecuentemente mi representado, no tenía más obligaciones de las que se generaron de dichos contratos; mismos que están regulados por el Código Civil, en tal sentido no correspondía a la jurisdicción laboral el conocimiento de la Prestación de Servicios de las demandantes en vista que, NO ESTA SOMETIDO al Régimen Ordinario Laboral; no obstante las trabajadoras al concluir su fecha de vencimiento de los contratos de servicios profesionales termino su actividad laboral. El artículo 113 del citado Código de Trabajo, prescribe: "La terminación del contrato conforme a las causas enumeradas en el artículo 112 causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, efectos que surte desde que el patrono la comunica al trabajador; pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo ante desde de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Por lo que se estima que hubo una violación indirecta de la normativa del artículo 46 inciso a) y del artículo 113 del Código de Trabajo, en relación al artículo 1348 del Código Civil.

En la sentencia dictada en segunda instancia, el sentenciador motiva su fallo en los considerandos que a continuación se mencionan: CONSIDERANDO (12): Que con la prueba documental que obra a folios 164 al 177 y 334 al 337, se logró acreditar la existencia de varios contratos de trabajo de servicios profesionales celebrados entre la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas y las demandantes, estableciéndose en dichos contratos que la función a realizar por la demandante NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA, era de coordinadora de danza del piloto de atención cultural complementaria para niños, niñas y jóvenes de 7-14 años. Del Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana (PPICPU); y la señora JUANA MARIA ESCOTO DURON, como instructora de artes visuales del piloto de atención cultural complementaria para niños y niñas jóvenes de 7-14 años. Del Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana (PPICPU); por lo que la función fue siempre la misma durante ese periodo de tiempo, existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, es decir, subordinación y dependencia del patrono, sujeta a un horario de trabajo y a una remuneración por la cual se le hacia las deducciones de su salario, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas y las señoras NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA y JUANA MARIA ESCOTO DURON, era por tiempo indeterminado. CONSIDERANDO (13): Que de acuerdo a lo señalado en el considerando anterior, esta Corte de Apelaciones ya ha dejado establecido su posición con respecto al caso sometido a recurso, lo cual constituye una basta jurisprudencia sobre la permanencia de este tipo de trabajadores, y que como ya se dijo anteriormente, la jurisprudencia cumple el cometido de fuente jurídica adicional que garantiza la uniforme aplicación del derecho, conforme al principio de igualdad.- CONSIDERANDO (14): Que en razón a lo anteriormente expuesto procede confirman la sentencia apelada. Es evidente que existe una infracción a normativa que no aplico el Juzgador puesto que las señoras NIDYA CAROLINA ZELAYA ZAVALA y JUANA MARIA ESCOTO DURON, fueron contratadas por tiempo determinado y al vencer el mismo ceso su relación con la institución, bajo la modalidad de contrato que no requiere acreditar la justa causa del despido, porque no existe ningún despido, no obstante no puede pagárseles a las trabajadoras las prestaciones e indemnizaciones laborales, ni a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir ya que es evidente que la relación laboral fue de carácter definido, por lo tanto no se puede confirmar la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, por el "supuesto despido de las trabajadoras producido y sin causa justificada, condenado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales más salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios", se evidencia que el juzgador al no apreciar el tiempo ni valorar el carácter temporal y por ende la inexistencia de una causa injusta de despido por el simplemente hecho que termino su prestación de servicio por llegar a la fecha de finalización de su contrato, de conformidad con lo que preceptúa la normativa del artículo 46 literal b), en relación con los artículos 111 Numerales 1, del Código de Trabajo, 1348 Código Civil, 111 y 117 párrafo primero de la Estimación Presupuestaria de Ingresos de la Administración Central. Los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre mi representado y las partes actoras era temporal y en el mismo se estipulaba fecha de inicio y de finalización, en virtud que mi representado está sujeto a un Plan Operativo Anual (POA), y a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, por lo que no pueden excederse tal como lo determina la Constitución de la República en su artículo 364 establece que no podrá hacerse ningún tipo de compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto o en contravención a las normas presupuestarias, de igual manera se hace de su conocimiento que mi representado es un órgano centralizado, sus empleados permanentes se deben regir por la Ley de Servicio Civil, consecuentemente si pretenden que se les reconozca tal permanencia deben seguir el procedimiento debido, el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y artículo 7 de su Reglamento establecen: Que para ingresar al Servicio Civil se requiere haber aprobado exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en dicha Ley, en el artículo 7 de su Reglamento dispone que el Régimen de Servicio Civil se aplicara a los empleados del poder ejecutivo cuyo ingreso se haya efectuado llenando los requisitos del artículo 11 de la Ley y los establecidos en este Reglamento, así como los aspirantes que estén tramitando su ingreso, normativa que no fue cumplida por las demandantes de tal manera que es improcedente otorgarles un nombramiento por acuerdo. En estricta observancia del artículo 203 de la Ley de Servicio Civil que entre otras el párrafo tercero de este mismo artículo establece: "Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se contara desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo", 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece: "Para la validez de estos contratos deberán de observarse las normas presupuestarias; no podrá suscribirse contrato alguno sino hubiera disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda. La contravención a lo acá dispuesto hará incurrir en responsabilidad."; 202 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Servicio Civil dispone: "Tendrán plazo determinado y no podrán renovarse, si no cuando conste acreditada su necesidad. Al vencimiento del plazo cesara la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes"; concluimos argumentando que los Contratos de Servicios Profesionales/Técnicos, por estar sujetos a una disponibilidad presupuestaria, y ser los mismos de periodos determinados, suscritos con el consentimiento y aceptación de las partes que se sujetan a las obligaciones y derechos establecidos, conforme al texto del artículo 1348 del Código Civil que prescribe: "Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos", hay una clara infracción a las normativas artículo 46 literal b), 111 Numeral 1, Código del Trabajo, y el artículo 1348 del Código Civil que sustentan los contratos determinados, con fecha de inicio y finalización, y la voluntad de las partes; al respecto el jurista Juan D Pozzo en su manual de "Derecho del Trabajo", cuando se refiere "a la obligación fundamental del trabajador ligado por una relación contractual con su empleador, consiste en el cumplimiento personal de la actividad prometida. Tal obligación surte de la naturaleza misma del contrato de trabajo, que tiene por objeto la prestación subordinada de la actividad laboral prometida por el trabajador a su empleador; a éste le interesa, pues que el trabajo se ejecute por quien se obligó a ello, pero entendiéndose siempre que tal obligación no es absoluta, ni indeterminada, sino limitada a la finalidad perseguida por la empresa y dentro del círculo de tareas convenidas".- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre la norma que indica como violada el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) No indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; y, d) Formula extensos alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes noviembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 302-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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