Sentencia CL-300-21 — Registro 15182
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que el Juzgado declare una relación de trabajo regida por Contratos de Servicios Profesionales se da la concurrencia de los tres elementos esenciales del Contrato de Trabajo, que se declare como una verdadera relación laboral de carácter permanente por la suscripción de contratos continuos y se declare su antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo, se condene al demandado al reintegro a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones de las que tenían al momento del despido, así como también al pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha del despido hasta la fecha de la reinstalación a los puestos de trabajo, se condene al pago de los incrementos y ajustes salariales y otros beneficios que se generen por el transcurso del juicio, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que en el sentido que se formula el motivo de casación anteriormente referido, impide que este Tribunal proceda a su análisis, ya que incurre en los defectos técnicos que a continuación se detallan: a) En su formulación omite señalar las normas sustantivas laborales del orden nacional infringidas y por ello no se cumple con el requisito establecido el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; y, b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve días del mes de agosto del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 28 de octubre del 2021, por el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores MARIO ROBERTO HERRERA GALEANO, MARTIN SIERRA, ERICKSON JAVIER MARTINEZ CRUZ y NARCISO MARTINEZ VILLALTA, representados en juicio por el Abogado JUAN AGUSTIN AGUILERA ESTRADA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que el Juzgado declare una relación de trabajo regida por Contratos de Servicios Profesionales se da la concurrencia de los tres elementos esenciales del Contrato de Trabajo, que se declare como una verdadera relación laboral de carácter permanente por la suscripción de contratos continuos y se declare su antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo, se condene al demandado al reintegro a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones de las que tenían al momento del despido, así como también al pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha del despido hasta la fecha de la reinstalación a los puestos de trabajo, se condene al pago de los incrementos y ajustes salariales y otros beneficios que se generen por el transcurso del juicio, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de marzo del 2017, por los señores MARIO ROBERTO HERRERA GALEANO, soltero, Ingeniero Agrónomo, MARTIN SIERRA, soltero, Jornalero, ERICKSON JAVIER MARTINEZ CRUZ, soltero, Estudiante Universitario y NARCISO MARTINEZ VILLALTA, casado, Jornalero; todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, por actuaciones del PROGRAMA DE EDUCATODOS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 05 de abril del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 12 de noviembre del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE DECLARE COMO UNA VERDADERA RELACION LABORAL DE CARACTER PERMANENTE POR LA NO SUSCRIPCION DE CONTRATOS CONTINUOS Y SE DECLARE NUESTRA ANTIGUEDAD DESDE EL INICIO DE LA RELACION DE TRABAJO. REINTEGRO A SUS PUESTOS DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES. ASI COMO TAMBIEN EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA DE LA REINSTALACION A SUS PUESTOS DE TRABAJO. PAGO DE LOS INCREMENTOS Y AJUSTES SALARIALES Y OTROS BENEFICIOS QUE SE GENEREN POR EL TRANSCURSO DEL JUICIO; instaurada por el Señor MARIO ROBERTO HERRERA GALEANO; MARTIN SIERRA; ERICKSON JAVIER MARTINEZ y NARCISO MARTINEZ VILLALTA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Reintegrar a los Señores: MARIO ROBERTO HERRERA GALEANO; MARTIN SIERRA; ERICKSON JAVIER MARTINEZ y NARCISO MARTINEZ VILLALTA a sus puestos de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlos como empleados permanente desde el inicio de la relación laboral: MARIO ROBERTO HERRERA GALEANO 01 de septiembre de 2010; MARTIN SIERRA 08 de marzo de 2010; ERICKSON JAVIER MARTINEZ 01 de abril de 2016 y NARCISO MARTINEZ VILLALTA 02 de marzo de 2013 para lo cual deberán emitir el Acuerdo Ministerial correspondiente en el cual se nombre a los Señores: MARIO ROBERTO HERRERA GALEANO; MARTIN SIERRA; ERICKSON JAVIER MARTINEZ y NARCISO MARTINEZ VILLALTA. III.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, iniciaron la relación de trabajo en la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, adscritos al Programa EDUCATODOS, mediante la suscripción de Contratos de Servicios Profesionales, de la manera siguiente: Mario Roberto Herrera Galeano, el 03 de mayo del 2010, en el cargo de Asistente Técnico Especial I, devengando un salario mensual de L.33,000.00; Martin Sierra, el 08 de marzo del 2010, en el cargo de Vigilante, devengando un salario mensual de L.8,000.00; Erickson Javier Martínez Cruz, el 01 de abril del 2016, en el cargo de Instructor de Educación Física del Centro Cultura Popular, devengando un salario mensual de L.12,000.00; Narciso Martínez Villalta, el 02 de marzo del 2013, en el cargo de motorista, devengando un salario mensual de L.8,705.00; que desde el inicio de la relación laboral con la institución demandada, celebraron varios Contratos de Servicios Profesionales por tiempo determinado, realizando labores en forma continua e ininterrumpida, propias de un puesto permanente en la institución, Contratos de Servicios Profesionales que simulan verdaderos Contratos de Trabajo, ya que se cumplen los elementos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, por otra parte y de conformidad a los artículos 47 párrafo primero y segundo, y 52 párrafo tercero del Código del Trabajo, se está ante un verdadero Contrato de Trabajo por tiempo indefinido regido por la jurisdicción laboral del trabajo, pues la causa del Contrato subsiste y los puestos son aún vigentes dentro de la institución demandada, adquiriendo la estabilidad en sus puestos de trabajo, con fundamento en el principio de continuidad y que el Contrato es de tracto sucesivo, por lo que la concertación del Contrato de Trabajo por tiempo limitado, no puede basarse en la simple decisión de las partes y debe observarse siempre la verdad de los hechos sobre la apariencia o por encima de los acuerdos formales; debiendo computarles su antigüedad desde la fecha de la suscripción de su primer contrato de trabajo, además existe línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido que el tipo de Contratación de Servicios Profesionales o Técnicos, procede únicamente con personal especializado, con un grado académico superior o conocimientos especializados para realizar un trabajo específico o técnico en determinada rama, cuya función no puede ser desarrollada por cualquier trabajador; debe haber independencia técnica y administrativa, la persona no está supeditada a un horario de trabajo específico o a un jefe y la tarea encomendada debe ser la entrega de un producto. En fecha 1 de diciembre del 2016, fueron notificados de la terminación unilateral de la relación laboral que les unía con la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, argumentando para ello, que la vigencia de su Contrato de Servicios Profesionales, vencía el 31 de diciembre del año 2016, sin invocar causal de las establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo en violación del artículo 117 del mismo cuerpo legal, sobre este aspecto el Código del Trabajo, ya establece en el artículo 112 las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el Contrato de Trabajo, sin responsabilidad de su parte, y, entre ellas, no se encuentra la invocada por el patrono en la nota de despido de fecha 1 de diciembre del 2016, lo cual, hace que el despido se vuelva ilegal e injusto, violentándose con ello el derecho a la Estabilidad Laboral, que la Constitución de la República le garantiza en el artículo 129 y en consecuencia obligando al patrono al reintegro a sus puestos de trabajo, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo, la sentencia que en su oportunidad dicte este Tribunal de Justicia, adquiera firmeza; finalmente la Ley y la doctrina dice que en toda terminación unilateral del Contrato de Trabajo, debe existir un requisito formal indispensable para que en el evento de ser materialmente justa la causa, se refrende plenamente la legalidad de esa ruptura del Contrato, que esa causa justa sea manifestada por la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, en el momento mismo de la ruptura del mismo, obedeciendo a la anhelada transparencia, franqueza y claridad con que el derecho rodea las relaciones contractuales del trabajo, para evitar sorpresa entre las partes y que desde el principio sepa a qué atenerse y pueda recurrir a los medios adecuados y convenientes para la protección de su interés jurídico, pues la parte afectada no puede estar sometida a la incertidumbre de una causa indeterminada o de un motivo oculto, como sucede en el presente caso donde mediante nota de fecha 1 de diciembre del año 2016, se utiliza como causa de despido para la terminación de su relación de trabajo, que la vigencia de los contratos suscritos con dicha Secretaría de Estado, habían llegado a su finalización, misma que no se encuentra comprendida en ninguna de las establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo y por lo tanto hace que el mismo sea ilegal e injusto; en virtud de la negativa del patrono a reintegrarles a sus puestos de trabajo, se le citó en la Secretaría de Estado en Despacho de Trabajo y Seguridad a solicitar que mediante la vía de la conciliación ordenaran su reintegro, pero la Apoderada Legal del demandado manifestó no haber sido instruida por su patrono para llegar a algún arreglo conciliatorio, por lo tanto se dio por agotado en trámite administrativo, extremo que se acreditó con el Acta de Cierre de las Diligencias Administrativas Gubernativas Conciliatorias respectivo.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se acepta lo referente a que los demandantes sostuvieron efectivamente una relación de servicio por periodo limitado y determinado con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, mediante la suscripción de Contrato de Servicios Profesionales y como bien lo dicen los demandantes se estableció bajo esta modalidad de contratación por tiempo determinado, forma de contratación que se sustenta en la normativa de la Ley General de la Administración Pública y las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y de las Instituciones Descentralizadas para el Ejercicio Fiscal del año 2016, es decir, sujeto estrictamente al derecho administrativo, que a tal efecto se somete al conocimiento del artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; se rechaza por cuanto los demandantes procuran sustentar sus pretensiones en el artículo 20 del Código del Trabajo, que si bien es cierto señala los elementos esenciales para considerar la existencia de una relación de trabajo, no es menos cierto que todo contrato de trabajo bajo las distintas modalidades que establece una prestación de servicios conlleva esos mismos elementos para ejercer la actividad de trabajo para lo cual fue contratada, ya que a la anuencia de las partes para la firma de un nuevo contrato de prestación de servicios, el mismo es aplicable en aquellos casos que por su naturaleza el o los contratos sean por tiempo indefinido, que no es el caso que nos ocupa, en virtud que los demandantes consintieron, aceptaron y fueron de su conocimiento desde el inicio de la modalidad bajo la cual estaba regida la relación contractual, sin embargo los actores suscribieron contratos de servicios profesionales, mismos que eran regidos por cláusulas plasmadas en el mismo y que contenían los derechos y obligaciones a que se sujetaban ambas partes, no obstante que la modalidad bajo la cual prestaron su servicios se encuentra sustentado al tenor del artículo 1348 del Código Civil, que prescribe: “las obligaciones que nacen de los contratos, contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”, por otra parte el mismo Contrato en su cláusula 15) convienen ambas partes entre otras cosas que “en caso de controversia se someten a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de este Departamento de Francisco Morazán, previo haber agotado la Vía Administrativa”, rigiéndose por lo dispuesto en el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que prescribe “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por ..., y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”, estos contratos eran de Servicios Profesionales eventuales y determinados con fecha de inicio y finalización teniendo forzosamente que llegar a su fin y obviamente es lo que ocurrió con los demandantes y ahora pretenden sorprender al juzgador del libelo de la demanda empleando términos incorrectos y acreditándose el derecho subjetivo de ser empleados permanentes, con derechos que corresponden según la legislación nacional a los empleados que gozan de una permanencia laboral con Acuerdo, modalidad de contratación diferente a la modalidad de contratación, por lo que se rechaza el argumento vertido. En relación de haber presentado reclamo administrativo ante las Oficinas Gubernativas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, por no ostentar la parte demandada facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, así como por la naturaleza del contrato a término referente al caso, por lo que no es competente la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social para conocer dicha materia, en consecuencia la pretensión exigida en este juzgado por los ahora demandantes, resulta equivocada en lo relativo a la vía para entablar el reclamo, en consecuencia deberá ser declarada sin lugar por no asistirles el derecho subjetivo e ilusorio que pretenden y será en el proceso del debate que se acreditará que las partes actoras no tuvieron sustentación jurídica para poder litigar en la presente causa y se les condene especialmente en costas.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de noviembre del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE DECLARE COMO UNA VERDADERA RELACION LABORAL DE CARACTER PERMANENTE POR LA NO SUSCRIPCION DE CONTRATOS CONTINUOS Y SE DECLARE NUESTRA ANTIGUEDAD DESDE EL INICIO DE LA RELACION DE TRABAJO. REINTEGRO A SUS PUESTOS DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES. ASI COMO TAMBIEN EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA DE LA REINSTALACION A SUS PUESTOS DE TRABAJO. PAGO DE LOS INCREMENTOS Y AJUSTES SALARIALES Y OTROS BENEFICIOS QUE SE GENEREN POR EL TRANSCURSO DEL JUICIO; instaurada por el Señor MARIO ROBERTO HERRERA GALEANO; MARTIN SIERRA; ERICKSON JAVIER MARTINEZ y NARCISO MARTINEZ VILLALTA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Reintegrar a los Señores: MARIO ROBERTO HERRERA GALEANO; MARTIN SIERRA; ERICKSON JAVIER MARTINEZ y NARCISO MARTINEZ VILLALTA a sus puestos de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenían al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarlos como empleados permanente desde el inicio de la relación laboral: MARIO ROBERTO HERRERA GALEANO 01 de septiembre de 2010; MARTIN SIERRA 08 de marzo de 2010; ERICKSON JAVIER MARTINEZ 01 de abril de 2016 y NARCISO MARTINEZ VILLALTA 02 de marzo de 2013 para lo cual deberán emitir el Acuerdo Ministerial correspondiente en el cual se nombre a los Señores: MARIO ROBERTO HERRERA GALEANO; MARTIN SIERRA; ERICKSON JAVIER MARTINEZ y NARCISO MARTINEZ VILLALTA. III.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, si bien es cierto los demandantes laboraron a través de Contrato de Personal; no menos cierto es que las labores que ellos mismos realizaban son de naturaleza permanente en la institución; asimismo, la parte demandada no acreditó en autos que el patrono haya tenido justa causa para ejecutar la terminación de trabajo. Que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que los demandantes desde que iniciaron la relación laboral con la institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma, la parte demandada no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual, la suscrita es del criterio que procede declarar CON LUGAR la demanda de mérito; asistiéndoles el derecho a ser reintegrados a sus puesto de trabajo que tenían al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir; y los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de los actores.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de abril del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas. Bajo el criterio que del estudio de las presentes diligencias, así como del análisis de los contratos aportados como elementos de prueba se desprende de los mismos, que las labores para las que fueron contratados, unos como asistentes técnicos, otros como vigilantes o guardianes del Programa EDUCATODOS, son de naturaleza permanente, al suscribirse varios contratos de la misma naturaleza, para la misma clase de empleo y para el mismo patrono, se entiende que la materia del mismo subsiste, por lo que los demandantes, adquirieron los derechos de que gozan los empleados contratados bajo esa modalidad, ya que el contrato se volvió por término indefinido, cualquiera que haya sido la denominación que la parte que las contrató le hubiese dado, ni las cláusulas que le haya agregado, al identificarse los elementos del contrato de trabajo no dejara de serlo, mucho menos cuando disminuyen o tergiversan derechos de los trabajadores.- 5. Mediante auto de fecha 19 de agosto del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 28 de octubre del 2021, compareció ante este Tribunal el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 28 de octubre del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 26 de noviembre del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado JUAN AGUSTIN AGUILERA ESTRADA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTINEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “En virtud que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha cinco de abril del año dos mil veintiuno, no valoro la normativa en que sustentan el reclamo de un supuesto derecho subjetivo no le corresponde a los demandantes en atención a lo que establece el artículo del DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 266-2013, que contiene la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANIA FORTALECIMIENTO DE LA TRASPARENCIA EN EL GOBIERNO, de fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013), publicado en el Diario La Gaceta número 33,336 el veintitrés (23), de enero de dos mil catorce, entrando en vigencia ese mismo día de publicación que le hace obligatorio cumplimiento, y que es uno de sus apartados reforma el ARTICULO 124-C DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, que en su párrafo primero literalmente dice: ARTICULO 124-C-,. Los empleados o servidores públicos que ostentes acuerdos ejecutivos de nombramiento, de las dependencias del Poder Ejecutivo que en aplicación de esta Ley se fusionen, escindan o supriman, conservarán su antigüedad y derechos adquiridos de conformidad a la ley y continuarán prestando sus servicios en la dependencia que se notifique y que corresponda de conformidad a la reorganización administrativa que se ejecute. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1°. Del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la valides del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe coma juzgar a mi representada ya que los demandantes, se estableció bajo la modalidad de contratación por tiempo determinado. EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI: El objeto de pedir concurre en lo que reclama, el reclamo lo constituye "Reintegro a su puesto de trabajo en carácter permanente vía Acuerdo de Nombramiento, reajuste del salario mínimo, pago del decimotercer y decimocuarto mes de salario, vacaciones, a título de daños y perjuicios se condene el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos sociales hasta que se cumpla con la reinstalación, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado”.- III. Que en el sentido que se formula el motivo de casación anteriormente referido, impide que este Tribunal proceda a su análisis, ya que incurre en los defectos técnicos que a continuación se detallan: a) En su formulación omite señalar las normas sustantivas laborales del orden nacional infringidas y por ello no se cumple con el requisito establecido el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; y, b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de septiembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 300-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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