Sentencia CL-284-21 — Registro 15615
Resumen
demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El cargo que antecede no es admisible a razón de lo siguiente: el censor señala que la sentencia proferida por el Ad-quem incurre en una infracción directa por falta de apreciación de medios de prueba y, a su vez, en la formulación de su cargo señala que también hay una apreciación errónea de los medios probatorios. Conceptos que se contraponen entre sí ya que el juzgador pudo haberlos apreciado erróneamente o no los apreció en su totalidad. Por lo que, el alegato infracción indirecta por error de hecho en la apreciación errónea de medios probatorios debió haberse establecido en un acápite distinto. Asimismo, en la explicación del motivo de casación, el Censor no demuestra claramente cómo con la sola descripción de los medios probatorios y su contenido se aduce una clara apreciación errónea de éstos en relación a los hechos dilucidados en juicio, lo cual, al ser uno de los objetivos primordiales del presente motivo expuesto, no logra su cometido. Por el contrario, este Tribunal aprecia que la prueba singularizada, sí fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El cargo que antecede no puede ser admitido debido a las siguientes consideraciones: El censor establece la violación directa de los Artículos 46 literal B, 738 y 739 del Código de Trabajo. En el caso del Artículo 46 literal B antes citado, éste no es una norma sustantiva sobre la cual pueda alegarse una infracción directa, es más bien una norma de tipo conceptual. En relación a los Artículos 738 y 739 del Código de Trabajo, el Censor no señala claramente cómo es que se ha infringido la aplicación de dichos artículos. En su lugar, el Recurrente señala erróneamente el precepto que lo autoriza para este tipo de motivo de casación, lo que imposibilita que este Tribunal pueda subsanar u obviar dicha falencia. Aunado a lo anterior, el Censor insta a la revisión de medios probatorios, lo cual, no está permitido cuando se trata de violaciones directas relativas a la falta de aplicación, aplicación indebida o aplicación errónea de normas sustantivas.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiocho de noviembre de dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha seis de mayo del dos mil veintidós, por el Abogado OSCAR ROLANDO PALMA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA, representado en juicio por el Abogado JORGE BELARMINO REYES GUEVARA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de mayo del dos mil dieciséis, por el Abogado JORGE BELARMINO REYES GUEVARA, en su condición de representante procesal del señor PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, hondureño y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), institución adscrita actualmente al INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), por medio del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciocho de enero del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintidós de julio del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1)DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN opuesta por el representante de la parte demandada; 2) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN CONTRATO POR LA SIMULACION DEL MISMO RECONOCIMIENTO DE UNA RELACION LABORAL EN FORMA PERMANENTE, PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE UN DESPIDO INJUSTO, MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR instaurada por el señor PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA contra EL ESTADO DE HONDURAS; a través del FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ahora INSTITUTO HONDUREÑO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) representada por la Procuraduría General de la República; a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 3) CONDENAR AL ESTADO DE HONDURAS; a través del FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ahora INSTITUTO HONDUREÑO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) representada por la Procuraduría General de la República; a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA: 1. Pagar la cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENT A Y UN CENTAVOS (L.117,358.61) desglosado en los siguientes conceptos: PREAVISO: L,35,000.10 AUXILIO DE CESANTIA L.35,000.10; AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L.19,541.72; AGUINALDO PROP. L.2,500.00; DECIMO CUARTO PROP. L.17,500.00; VACACIONES PROP. L.7,816.69; 2. El reconocimiento del pago de los Salarios Dejados de Percibir y demás derechos que se le adeuden o se hayan generado desde el día que se operó el despido hasta el que quede firme la sentencia condenatoria a título de indemnización por daños y perjuicios quedando sujeta a la liquidación que se efectúe en su momento procesal oportuno; 4) SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), ahora Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS), el 10 de julio del año 2014, devengando un salario mensual de L.30,000.00, mediante contrato de servicios profesionales, en el puesto de Coordinador de Programa. Que en fecha 28 de enero de 2016, se le entregó al demandante notificación de despido por parte de la Dirección de Recursos Humanos en la cual le explicaban que el día 31 de enero de 2016, finalizaba su contrato y que el mismo no iba a ser renovado. Que el contrato que celebró el demandante con la institución demandada era de servicios profesionales, mismo que es contrario a derecho ya que era trabajador de dicha institución, desempeñando el puesto de Coordinador de Proyectos teniendo un horario o jornada de trabajo, jefe inmediato y además un salario mensual, constituyendo los elementos esenciales para que existiera contrato de trabajo, siendo el contrato que celebró con el FHIS una simulación de contrato, constituyendo un fraude a la ley, en vista que en el artículo 47 del Código del Trabajo, establece que cuando las labores a desempeñar por el trabajador sean de naturaleza permanente en la empresa, el contrato deberá entenderse celebrado par tiempo indeterminado, aunque en ellos exprese termino de duración, adicionalmente el artículo 20 establece las tres elementos para que exista contrato de trabajo, siendo estos, a) actividad personal que implica realizar por sí mismo para el cual fue contratado, el demandante realizaba por sí mismo la labor para el cual fue contratado nunca delego tal actividad, por ende este elemento se cumple, b) subordinación o dependencia que significa la obligación de acatar ordenes en cuanto a modo tiempo y forma de realizar el trabajo, el demandante tenía un jefe, horario de trabajo, oficina dentro de la institución por ende este elemento también se cumplía, y por último c) el salario como retribución al servicio prestado, al demandante le pagaban L. 30,000.00 por las actividades realizadas, por ende también se cumplía este elemento, el mismo artículo 20 le dice que una vez cumplido estos tres elementos estamos ante un verdadera relación de trabajo, en relación con el artículo 24 del mismo cuerpo legal, establece: “si el contrato de trabajo se presenta involucrado o en concurrencia con otro u otros no pierde su naturaleza y le son aplicables por ende la condiciones del código del trabajo”; en el caso que nos ocupa se trata de un fraude laboral al pretender simular una relación de trabajo por una de servicios profesionales, desconociendo las presunciones legales antes descritas; agotándose el trámite administrativo respectivo, sin poder llegar a un arreglo conciliatorio con la parte demandada.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante prestó sus servicios profesionales por periodo limitado y determinado con fecha de inicio y finalización con el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito actualmente al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS), bajo la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales, contrato que bajo ningún concepto le da el carácter de permanente tal como lo pretende el demandante, pues se reitera que el mismo además de tener pleno conocimiento que el mismo concluiría es decir forzosamente llegaría a su fin, equivocaron la jurisdicción que debería conocer del asunto, en virtud que este contrato está sustentado en la normativa del artículo 3 inciso a) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que establece : “La jurisdicción que conocerá de todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales ..." y en la cláusula novena del contrato dice: "NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Cualquier Controversia que surgiere de éste contrato, será sometido en todo al Derecho Administrativo Interno de la Institución y en última instancia ante la normativa establecida por la Ley de lo Contencioso Administrativo". Que la parte demandante pretende crear confusión al argumentar y hacer creer que la notificación que recibió de parte de Recursos Humanos era de despido; sin embargo, Recursos Humanos lo que notificó es lo que se plasmó en el contrato suscrito entre las partes en la cláusula octava en donde se menciona las "CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato termina por el vencimiento del plazo estipulado ... ", y que el ahora demandante tenía pleno conocimiento que su contrato llegaría a su fin; es de conocimiento público que quien está facultado para suscribir contratos de servicios profesionales y técnicos es el Director Ejecutivo de! Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) adscrito actualmente al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS) en vista que es necesaria la regulación para efectos presupuestarios; en tal sentido, la pretensión del demandante además de ser errónea y desacertada pues con franco desconocimiento trata de aplicar la normativa del Código de Trabajo a efecto de obtener un derecho subjetivo inexistente, ya que al aceptar las condiciones y obligaciones que regía el contrato se sometió taxativamente a cada una de las cláusulas del mismo, estos contratos de servicios profesionales y/o técnicos están sujetos a lo que señala el artículo 117 párrafo primero de la estimación presupuestaria de Ingresos de la Administración Central para el Ejercicio Fiscal 2016, vigente actualmente y que literalmente dice: “La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) financiado con Recursos del Tesoro Nacional (fuente 11) se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria, en estricta observancia del Artículo 200 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Este tipo de contrataciones se formalizara mediante Acuerdo Interno de cada institución del Sector Público”; asimismo el párrafo tercero de este mismo artículo establece: "Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se contará desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo"; en relación con los artículos 201 y 202 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; se concluye que los Contratos de Servicios Profesionales/Técnicos, están sujetos a la disponibilidad presupuestaria que el Estado de Honduras ejecuta de forma trimestral, a tal efecto se debe de contar con la estructura presupuestaria para hacer contrataciones, caso contrario se estaría violentando lo establecido en el artículo 35 párrafo primero de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas anti Evasión, a tal efecto el sustento de su reclamo es inaplicable al caso que nos ocupa por no ser un beneficio con el cual cuenta ese tipo de contratos denominados "Contratos de Prestación de Servicios Profesionales". En audiencia primera de trámite de fecha 25 de octubre de 2016, el Representante Procesal de la parte demandada denunció excepción perentoria de prescripción de la siguiente manera: con fundamento en los artículos 710, 862 y 867 del Código de trabajo: PRIMERO: que el demandante prestó sus servicios profesionales mediante contrato suscrito en fecha 23 de diciembre 2015, con finalización el 30 de junio de 2016 tal como lo establece la cláusula segunda del contrato de mérito; SEGUNDO: para acreditar lo expuesto se presenta medios de prueba documental que corre a folios del 25 al 33 de autos; INTERROGATORIO DE PARTES: practicado a folios 56 al 57 de autos. Seguidamente el traslado efectuado al representante de la parte demandante para que dé contestación a la excepción de prescripción el 21 de marzo de 2019, derecho del cual la parte actora no hizo uso, venciendo su término en fecha 10 de abril de 2019 precluyéndose el derecho para contestar la excepción denunciada.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de julio del dos mil diecinueve, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: 1).- DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN opuesta por el representante de la parte demandada; 2.) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN CONTRATO POR LA SIMULACION DEL MISMO RECONOCIMIENTO DE UNA RELACION LABORAL EN FORMA PERMANENTE, PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE UN DESPIDO INJUSTO, MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR instaurada por el señor PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA contra EL ESTADO DE HONDURAS; a través del FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ahora INSTITUTO HONDUREÑO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) representada por la Procuraduría General de la República; a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 3) CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS; a través del FONDO HONDUREÑ DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ahora INSTITUTO HONDUREÑO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) representada por la Procuraduría General de la República; a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA: 1. Pagar la cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (L.117,358.61) desglosado en los siguientes conceptos: PREAVISO: L,35,000.10 AUXILIO DE CESANTIA L.35,000.10; AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L.19,541.72; AGUINALDO PROP. L.2,500.00; DECIMO CUARTO PROP. L.17,500.00; VACACIONES PROP. L.7,816.69; 2. El reconocimiento del pago de los Salarios Dejados de Percibir y demás derechos que se le adeuden o se hayan generado desde el día que se operó el despido hasta el que quede firme la sentencia condenatoria a título de indemnización por daños y perjuicios quedando sujeta a la liquidación que se efectúe en su momento procesal oportuno; 4).- SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, con respecto a la relación suscrita entre las partes objeto de la presente Litis no constituye un hecho controvertido por la aceptación de la misma por la parte demandada en el escrito de contestación de la demanda, tomando como fecha de inicio el 10 de julio de 2014, en el cargo de sub coordinador del Programa CONVIVIR KFW devengando un salario de L.30,000.00 mensuales. Con respecto a la excepción de prescripción basada en el hecho que el demandante dejó transcurrir el término de 2 meses según lo que establece el artículo 867 del Código del Trabajo, término que según denuncia de prescripción deberá iniciarse a contar a partir del 23 de diciembre de 2015, que con respecto a lo anterior es preciso recordar que la presente acción es una demanda de emplazamiento para que se pruebe la justa causa del despido, por lo que el fundamento utilizado carece de utilidad en la presente litis, tomando en cuenta que la relación laboral con el demandante y el Estado de Honduras concluyó el 31 de enero de 2016 se dio por agotada la vía administrativa el 07 de marzo de 2016 y se presentó la demanda el 02 de mayo de 2016, se colige que la presente acción fue presentada en tiempo, en consecuencia procede declarar SIN LUGAR la excepción de prescripción. Que la presente acción se contrae a una demanda de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que fundó el despido, por lo que se debe acreditar durante la secuela del juicio una de las causas establecidas en el artículo 112 del citado cuerpo legal, según las invocadas por el patrono en la nota de despido notificado al demandante en ese sentido corresponde entonces a las partes probar los hechos alegados, en virtud de que es principio universal en materia probatoria, "quien afirma un hecho está obligado a probarlo" ya que siendo la prueba el medio legal de que se valen las partes para demostrar la real verdad de los hechos que alegan, es preciso entonces, que la misma se produzca para que se pueda calificar, por lo que corresponde a la parte demandante acreditar el despido ilegal e injusto alegado y a la parte demandada la justificación del mismo; y que en el caso de autos la parte actora para probar este hecho, aportó al juicio el memorando de fecha 28 de enero de 2016, dirigido al demandante en donde se le notifica lo siguiente: "En virtud que su contrato suscrito con el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) vence el 31 de enero de 2016, se le notifica que el mismo no será renovado (ver folios 49); a su vez la parte actora aportó el último contrato de trabajo suscrito con el demandante con vigencia del 1 al 31 de enero de 2016; que la parte actora acreditó en juicio la continuidad laboral al haber laborado en forma continua desde el 10 de julio de 2014, es decir más de 1 año; asimismo revisados los contratos se puede constatar la existencia de los tres requisitos esenciales para que haya contrato de trabajo tales como la actividad personal como sub coordinador del programa CONVIVIR KFW, en donde además se le expresa que estará sometido a las órdenes de un jefe inmediato (ver clausula primera); la designación de un horario (ver clausula cuarta) aspectos estos que determinan la existencia de subordinación; asimismo se constató el pago de un salario por servicios prestados por la cantidad de L.30,000.00 tal como se puede observar en la cláusula tercera (ver folios 26 al 28); reunidos estos tres requisitos, existe contrato de trabajo y no deja de serlo por el nombre que se le dé. Se concluye que la parte demandada no logro acreditar en juicio el carácter administrativo de la contratación así como la temporalidad del mismo, observándose que la contratación efectuada a la demandante constituye una simulación contractual en FRAUDE A LA LEY LABORAL; por ende el acto de privar al demandante de continuar laborando para la Institución constituye un acto unilateral del empleador, configurándose el despido alegado; tomando en cuenta que el despido es la sanción más grave impuesta por el patrono al trabajador, el cual debe de obedecer a especialísimas circunstancias consideradas como faltas muy graves contempladas en la Ley o en el Reglamento Interno de trabajo, por lo que la suscrita no encuentra ajustado a la legalidad las razones invocadas al trabajador demandante para separarlo de su cargo, violentando con ello el Derecho al Trabajo y al Derecho de la Estabilidad Laboral, reconocido como un Derecho Humano, notificando el despido sin expresar en forma clara las razones por las cuales fue privado de su derecho a continuar laborando. En la presente litis la parte actora ha demostrado la ilegalidad del despido denunciado, por lo que es procedente declarar CON LUGAR la presente demanda ordenando el pago de prestaciones laborales consistentes en preaviso, auxilio de cesantía en los importes que corresponda con el Reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde el despido injusto hasta que sea firme la presente sentencia quedando sujeta a la liquidación que se efectúe en su momento procesal oportuno. Que la parte demandante, en el acápite CUANTIA de la demanda, solicitó el pago de derechos adquiridos consistentes en décimo tercer mes y décimo cuarto mes proporcional; asimismo el pago de vacaciones pendientes; conceptos que la parte demandada no acredito haber satisfecho en juicio; por lo que precede declarar CON LUGAR el pago de los mismos.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de enero del dos mil veintiuno, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, esta Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dicho trabajador solicite su permanencia y se le considere como trabajador permanente; ya que se ha dejado claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que también de acuerdo con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, estos trabajadores han desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza permanente. Que, vistas las consideraciones anteriores, es procedente confirmar la sentencia apelada, por encontrarse dictada conforme a derecho.- 5. Mediante auto de fecha dos de diciembre del dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado OSCAR ROLANDO PALMA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha seis de mayo del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal el Abogado OSCAR ORLANDO PALMA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiocho de septiembre del dos mil veintidós, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado WILSON VENANCIO LAINEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. La finalidad del recurso de casación es, en forma primordial, la tutela de la ley y con ello, la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. En razón que el recurso de casación se encuentra instituido primordialmente para tutelar la Ley, rectificando cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable una demanda de casación, debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- III. Que el Abogado Óscar Rolando Palma Rodríguez, en su condición de representante procesal del Estado de Honduras a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), estableció en un primer motivo de casación lo siguiente: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Ser la sentencia de fecha dieciocho de enero del año dos mil veinte uno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los Artículos 46 inciso b), en relación con los artículos 738, 739 y 867 del Código del Trabajo, articulo 18 de la Ley del Fondo de Inversión Social y 6 de su Reglamento. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el párrafo 1ero, del Artículo 765 numeral 1°, párrafo segundo del Código de Trabajo vigente. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La violación de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta se produce a través de error de hecho como consecuencia de la falta de apreciación o apreciación errónea de la prueba, que singulariza en que incurrió el fallador al momento de emitir su fallo. La doctrina según el tratadista Arámbula Durán señala que: "El error de hecho implica conclusiones contrarias ostensiblemente a lo establecido en juicio por falta de apreciación de la prueba". La Corte de Apelaciones del Trabajo al momento de emitir su fallo en fecha dieciocho de enero del año dos mil veintiuno, no razonó sobre cada una de la prueba articulada y tampoco expresó las motivaciones por las que llega a afirmar cada hecho, en violación a lo establecido en los Artículos 46 inciso b), 738 y 739 del Código del Trabajo porque no apreció la prueba propuesta y evacuada en legal y debida forma por parte del demandado ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ahora Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), consistente en 1) Documentos públicos que corren agregados en el expediente a folios 25 al 33, del 34 al 36, 2) Interrogatorio de Partes que fue evacuado el día siete de noviembre del año dos mil diecisiete, quien exhorto a contestar la verdad y de manera libre y sin coacción, al que se le realizó el interrogatorio directo con la preguntas y respuestas que corren agregados en folios 56 y 57 frente y vuelto de la primera pieza de autos del expediente 559-2016, del Juzgado de Letras del trabajo de Francisco Morazán, Produciendo un error de hecho por falta de la apreciación de la prueba singularizada que llegan y afirman cada hecho en violación a los Artículos señalan Artículo 46 inciso b) 738 y 739 del Código de trabajo, articulo 18 de la Ley del Fondo de Inversión Social y 6 de su Reglamento, Artículo 738. "EI Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo". 739: "El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y ateniendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes ... " Los artículos 268 Código Procesal Civil y Artículos 1, 5, 1346, 1348, 1497 y 1499 del Código Civil por su parte establecen: 1 "La ley es una declaración de la voluntad, soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite". 5. La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de transcurridos veinte días de terminada su publicación en el periódico oficial. Podrá, sin embargo, restringirse o ampliarse en la ley misma el plazo de que habla este artículo, y ordenarse en casos especiales, otra forma de promulgación artículo 1497, son documentos públicos los autorizados por un notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la Ley"; 1499." Los documentos públicos hacen prueba aun contra tercero del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este. Al hacer la confrontación del contenido de los Artículos anteriormente trascritos y lo que el Tribunal sentenciador sostiene en su sentencia en el considerando 10, párrafo final en declarar con lugar la Demanda Ordinaria Laboral para que se ordene el pago de prestaciones laborales consistentes en el preaviso, auxilio de cesantía en los importes que correspondan, con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde el despido injusto hasta que sea firme la presente sentencia sujeta a la liquidación que se efectúa en su momento procesal oportuno, pues no existe justa causa, se evidencia el error manifiesto por falta de apreciación de la prueba singularizada pues como esta Honorable Corte Suprema de Justicia puede apreciarlo el ESTADO DE HONDURAS, a través del FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS), ahora Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), tiene facultades para cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos y demás disposiciones relacionadas con la organización, dirección administración y funcionamiento de la empresa.- Al no ser atendido por el Tribunal sentenciador el Artículo 1499 del Código Civil en relación con las demás disposiciones legales citadas y no aplicarla al caso concreto desconoció en su fallo que los documentos públicos que se acompañaron a la contestación de la demanda prueban el hecho y el derecho que de ellos nace y negó el valor que la ley otorga a esta prueba, por ende, ésta omisión da lugar a la admisión del recurso de casación fundado en la causa de: "Violación de ley sustantiva por vía indirecta que se produce a través del error de hecho como consecuencia de la falta de apreciación de la prueba documental antes singularizada.- Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral Contencioso, en la forma expuesta consideramos haber demostrado a ese Honorable Tribunal el error de hecho en que incurrió la Corte de Apelaciones del Trabajo en su sentencia de fecha dieciocho de enero del año dos mil veintiuno por falta de apreciación de la prueba documentos públicos que se presentó así como interrogatorio de partes evacuado oportunamente.- IV. El cargo que antecede no es admisible a razón de lo siguiente: el censor señala que la sentencia proferida por el Ad-quem incurre en una infracción directa por falta de apreciación de medios de prueba y, a su vez, en la formulación de su cargo señala que también hay una apreciación errónea de los medios probatorios. Conceptos que se contraponen entre sí ya que el juzgador pudo haberlos apreciado erróneamente o no los apreció en su totalidad. Por lo que, el alegato infracción indirecta por error de hecho en la apreciación errónea de medios probatorios debió haberse establecido en un acápite distinto. Asimismo, en la explicación del motivo de casación, el Censor no demuestra claramente cómo con la sola descripción de los medios probatorios y su contenido se aduce una clara apreciación errónea de éstos en relación a los hechos dilucidados en juicio, lo cual, al ser uno de los objetivos primordiales del presente motivo expuesto, no logra su cometido. Por el contrario, este Tribunal aprecia que la prueba singularizada, sí fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación.- V. En un segundo motivo de casación el Censor expone lo siguiente: SEGUNDO MOTIVO: Ser la sentencia de fecha dieciocho de enero del año dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, violatoria de Ley sustantiva de orden Nacional por infracción directa de los artículos 46 inciso b) 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el párrafo 1ero, del Artículo 765 numeral 1°, párrafo segundo del Código de Trabajo vigente. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La violación de ley sustantiva de orden nacional por violación directa se produce como consecuencia de la falta de aplicación a los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo vigente de la misma norma legal. La doctrina según el tratadista Arámbula Duran señala que: "La infracción directa de la Ley ocurre siempre sin consideración a la aprobación probatoria verificada por el Tribunal" Que el tribunal sentenciador al momento de emitir su fallo en el considerando número (8) de la sentencia recurrida señala que con las pruebas aportadas al proceso se puede establecer que se dio por extinguía la relación laboral a partir de 30 de junio del año 2016, según memorándum de notificación enviado por el Licenciado Alexis Danery Vargas Torres director de recursos humanos, sin embargo considero el Tribunal Ad Quem que la relación laboral del demandante era continua, sobre todo porque celebro varios contratos con el servidor señora Lilian Yaneth Torres Lagos y por tal razón se debe tener como empleado permanente desde que inició su relación laboral y al no invocárseles en la terminación de la relación laboral ninguna causa justa, vuelve el despido en ilegal e injusto y por ende es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho merito, el error de hecho se da cuando lo aceptado por el tribunal es abiertamente contrario a lo probado en el juicio y por falta de apreciación de la prueba en su conjunto arriba a conclusiones contrarias ostensiblemente a lo establecido en el proceso. Obra a folios 24 la prueba documental consistente en 1) Contrato de servicios profesionales con el que se acredito que los contratos tienen fecha de inicio y fecha de finalización, por esa razón son contratos por tiempo determinado, ya que como se ha expresado anteriormente nunca ha existió despido, simplemente se le notificó al demandante que su contrato llego a su fin conforme a lo pactado libremente tal como se establece en su CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE TERMINACION DE CONTRATO, el cual venció el día 30 de junio del año 2016, por ende no es aplicable dicha norma legal a este caso, hecho concreto que se probó con el medio de prueba Interrogatorio de Partes que fue evacuado el día treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, quien exhorto a contestar la verdad y de manera libre y sin coacción, al que se le realizo el interrogatorio directo con la preguntas y respuestas que corren agregados en folios 150 frente y vuelto de la primera pieza de autos del expediente 923-2016, del Juzgado de Letras del trabajo de Francisco Morazán”.- VI. El cargo que antecede no puede ser admitido debido a las siguientes consideraciones: El censor establece la violación directa de los Artículos 46 literal B, 738 y 739 del Código de Trabajo. En el caso del Artículo 46 literal B antes citado, éste no es una norma sustantiva sobre la cual pueda alegarse una infracción directa, es más bien una norma de tipo conceptual. En relación a los Artículos 738 y 739 del Código de Trabajo, el Censor no señala claramente cómo es que se ha infringido la aplicación de dichos artículos. En su lugar, el Recurrente señala erróneamente el precepto que lo autoriza para este tipo de motivo de casación, lo que imposibilita que este Tribunal pueda subsanar u obviar dicha falencia. Aunado a lo anterior, el Censor insta a la revisión de medios probatorios, lo cual, no está permitido cuando se trata de violaciones directas relativas a la falta de aplicación, aplicación indebida o aplicación errónea de normas sustantivas.- VII. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 112, 113, 114, 115, 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado ÓSCAR ROLANDO PALMA RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) adscrito a la SECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS), en sus dos motivos alegados. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes diciembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de noviembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 284-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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