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Sentencia CL-283-21 — Registro 15614

Resumen

Demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido una relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de décimo tercer, décimo cuarto mes causados y proporcionales, vacaciones, reajuste al salario mínimo, costas,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Las normas que indica como violadas, los artículo 2 numeral 2) y 665 del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) Formula alegatos propios de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de noviembre del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha seis de mayo del dos mil veintidós, por la Abogada ENA ELIZABETH LAGOS PACHECO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO, representado en juicio por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido una relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de décimo tercer, décimo cuarto mes causados y proporcionales, vacaciones, reajuste al salario mínimo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de septiembre del dos mil catorce, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de apoderada legal del señor IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO, mayor de edad, hondureño, casado, Motorista y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PUBLICA, por medio del Procurador General de la República en ese entonces, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecinueve de enero del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinte de junio del dos mil diecinueve, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía la demandante el señor IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO con el ESTADO DE HONDURAS, específicamente en la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, desde el 10 de octubre del 2010, en el puesto de CONSERJE.- TERCERO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al señor IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO en concepto de vacaciones de los periodos 2013-2014 (Lps. 5,240.20) y para el periodo 2014-2015 (Lps. 5,240.20).- CUARTO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, al pago de reajuste salarial (Lps. 10,652.32) al señor IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO.- QUINTO: Se ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al demandante IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO los conceptos de décimo tercer y cuarto mes de salarios correspondiente a los periodos 2012-2013 y 2014-2015. SEXTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral para el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública, bajo la figura de contrato en fecha 10 de octubre del 2010, en el puesto de Conserje, devengando un salario mensual de L. 7,500.00, con un horario de 08:00 am a 04:00 pm, desempeñando sus labores de manera continua e ininterrumpida por la naturaleza de las mismas, pues son labores permanentes en la institución demandada; así como consta en los contratos suscritos entre las partes, mismos que reúnen los elementos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, los cuales son: a) actividad personal del trabajador; b) la continua subordinación o dependencia del trabajo respecto del patrono, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto al modo, el tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos y c) un salario como retribución del servicio, aunado a ello sujeto a un horario de trabajo; una vez reunidos los tres elementos de que trata la figura legal precitada, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, pues en el presente caso, en los contratos suscritos por las partes, se reúnen los elementos establecidos en la normal legal antes señalada; en virtud de lo anterior, en el presente caso, la relación que les une es de orden laboral, haciendo la observancia que sus funciones son de carácter continuas y permanentes en la institución demandada, entendiéndose entonces que se está ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, regido por las jurisdicción laboral del trabajo, fundamentándose también al tenor de lo establecido en los artículos 47 y 52 párrafo tercero del Código del Trabajo; agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la parte demandada.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, los derechos que reclama el demandante son subjetivos y los beneficios que reclama no le corresponden, por cuanto la relación contractual que sostuvo con la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, fue bajo la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, no obstante su pretensión es errónea porque trata de alterar el término de finalización de un contrato, argumento que plasma en el contexto de los hechos para sostener y exigir un derecho subjetivo que no existe, omitiendo que la parte demandada no está obligada a acceder a tales pretensiones ni a mantener una "relación laboral" con el demandante ni mucho menos a dar cumplimiento a sus reclamos económicos por considerar que los hechos que existe no están bajo una tutela jurídica; además de hacerlo estaría en contra de lo que establece en la Constitución de la República y las Leyes Presupuestarias del país, específicamente lo que establece el artículo 364 de la Constitución de la República que a su letra dice: “No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias.- Los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente”; cabe además señalar, que estos contratos de servicios profesionales referidos, además de establecer derechos y obligaciones recíprocos para las partes se sujetan al derecho administrativo, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Personal de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, capítulo 1, artículos 2, 4 inciso h) capítulo IV, Sección Quinta, artículos del 28 al 37 de los contratos de Servicios Profesionales, entre los que cabe resaltar el artículo 33 que en su texto señala: “La vigencia de estos contratos no podrán exceder la del ejercicio fiscal al amparo del cual se originan a tal efecto, por consiguiente su reclamo no se somete al conocimiento de la Jurisdicción del Derecho Laboral”, no habiendo obligación por parte del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud, de prorrogarse el mismo en virtud que los Contratos de Servicios Técnicos y/o Profesionales tiene una vigencia determinada; asimismo, relaciona el artículo 202 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, el que estipula que tendrán plazo determinado y no podrán renovarse, si no cuando conste acreditada su necesidad y refiere finalmente que dicha contratación está regida por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según el artículo 3 literal a), 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de junio del dos mil diecinueve, dictó sentencia que en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía la demandante el señor IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO con el ESTADO DE HONDURAS, específicamente en la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, desde el 10 de octubre del 2010, en el puesto de CONSERJE.- TERCERO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al señor IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO en concepto de vacaciones de los periodos 2013-2014 (Lps. 5,240.20) y para el periodo 2014-2015 (Lps. 5,240.20).- CUARTO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, al pago de reajuste salarial (Lps. 10,652.32) al señor IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO.- QUINTO: Se ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al demandante IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO los conceptos de décimo tercer y cuarto mes de salarios correspondiente a los periodos 2012-2013 y 2014-2015. SEXTO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, el demandante ha sido contratado como temporal, en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la institución demandada, por la misma naturaleza de la labor que se desempeña en esta, es decir, siempre necesitará el cargo de conserje; deduciéndose que el contrato de trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los puestos de trabajo; concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal. El Código del Trabajo y sus principios resuelven éste tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, que dice: "Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera". Por lo que si el empleador, utilizando el contrato de trabajo por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, son nulos ipso jure dichos contratos de servicios profesionales y sus fechas de finalización, ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes (o la de una de ellas en realidad), no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de enero del dos mil veintiuno, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que, revisadas las presentes diligencias consta de autos, que en su oportunidad, la parte demandada presentó Incidente de Declinatoria por Incompetencia del Tribunal, el cual rechazó el Tribunal de primera instancia por considerar que los contratos suscritos por el demandante con la institución demandada, eran contratos de trabajo, decisión que fue apelada en aquel momento por la parte demandada, habiendo sido confirmada dicha resolución por esta Corte de Apelaciones del Trabajo, habiéndose interpuesto el Recurso de Amparo correspondiente, el que fue sobreseído por la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual esa decisión adquirió el carácter de cosa juzgada, para todos los efectos jurídicos, es decir, quedó fijada la competencia del ámbito laboral para que pudiera decidir sobre el conflicto planteado, en razón de que los contratos suscritos inter partes no eran de servicios profesionales sino que contratos de trabajo, correspondía entonces el Tribunal decidir sobre el fondo del asunto, referente a la solicitud de permanencia planteada en la demanda y los derechos que esto conlleva. Que en razón de lo anterior, el apelante en esta instancia, vuelve en sus alegatos, a que la Corte resuelva sobre extremos que ya se pronunció, como ser que los contratos son de servicios profesionales y no contratos de trabajo, cuestionando la competencia de los Tribunales Laborales, aspectos estos que ya fueron resueltos en el momento procesal oportuno y que tienen efectos de cosa juzgada, por lo que no puede constituir alegato nuevamente en esta instancia, por otra parte, si el Juez no valoró las disposiciones de presupuesto de ingreso y egreso, es una cuestión que no abona en el caso que nos ocupa, ya que desde el momento que se contrata a una persona en este caso en el cargo de conserje, que es de naturaleza permanente en la institución, dado que dicha relación perduró en el tiempo, es porque se tiene el reglón presupuestario para hacerlo, ya que por el Principio de Ajenidad del Riesgo, sino existiera el presupuesto esto no es imputable al trabajador, a quien la Constitución de la República y los Tratados Internacionales, así como las Leyes Nacionales le garantizan su estabilidad en el trabajo, siendo esta la regla, la temporalidad debe ser la excepción, que deberá ser acreditada por el patrono. Dentro de ese contexto, mientras subsista la causa que le dio origen a la relación laboral y el trabajador no incurra en una causal que justifique al patrono a dar por terminada dicha relación esta deberá continuar. En vista del análisis realizado, en el caso que nos ocupa, si bien esta Corte puede entender que una condena de pago acarrea perjuicios económicos al Estado a través de la Secretaría de Salud, no es por una decisión antojadiza ni arbitraria del Juez de instancia, sino por la imposibilidad de probar que el origen de la relación entre el demandante y demandado, era como lo afirmaron durante el proceso de naturaleza administrativa, lo cual se resolvió mediante auto interlocutorio y luego en la fase probatoria para el fondo del asunto debió probar que realmente el trabajo que realizaba el demandante era de naturaleza temporal, por lo que la decisión del juzgador debe sustentarse en las pruebas y no en aseveraciones hechas por las partes, ya que es un Principio Procesal que todo el que afirma un hecho debe de probarlo, en ese sentido, no se encuentra acreditado en autos que el trabajo de conserje que desempeñaba el señor Iván Antonio Mejía Carrasco, era temporal o accidental.- 5. Mediante auto de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ENA ELIZABETH LAGOS PACHECO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha seis de mayo del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal la Abogada ENA ELIZABETH LAGOS PACHECO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de seis de mayo del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha treinta de junio del dos mil veintidós, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada ENA ELIZABETH LAGOS PACHECO, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta, proveniente de error de hecho, manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba documentales que obran en la pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. La orden sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 2 numeral 2), 665 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar en este motivo es la siguiente: DOCUMENTAL consistente en: Los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Técnicos, agregados al expediente 0801-2014-01172, específicamente la existencia de la cláusula OCTAVA: JURISDICCION APLICABLE: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACION. El Tribunal ad quem en el fallo impugnado ante VOS, Honorable Cote Suprema de Justicia no ha apreciado las pruebas supra denunciadas lo que ha llevado a declarar con lugar la demanda promovida por el señor Ivan Antonio Mejía Carrasco, esta prueba inapreciada con particular claridad señala que no existió relación de trabajo entre mi representado el Estado de Honduras y el demandante, sino todo lo contrario la demandante, únicamente suscribió con mi representado el Estado de Honduras contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos por tiempo determinado, es decir que se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado contrato, sin tener más efectos y alcances del que expresamente se estipulo en el contrato en relación, consecuentemente mi representado, no tiene más obligaciones de las que se generaron de dichos contratos”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Las normas que indica como violadas, los artículo 2 numeral 2) y 665 del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) Formula alegatos propios de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes diciembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de noviembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 283-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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