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Sentencia CL-28-22 — Registro 16109

Resumen

Demanda ordinaria laboral por despido indirecto justificado por traslado a un puesto funcional de menor categoría y falta de pago de salario completo, salarios adeudados, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes a los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la interposición de la demanda hasta que la sentencia adquiera firmeza y que se reconozca la relación laboral por tiempo indeterminado y la nulidad de la simulación contractual por tiempo determinado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, es una disposición general y no sustantiva, ya que la misma define el orden público laboral y excluye a ciertos trabajadores de su aplicación, entre ellos los empleados públicos protegidos por la Ley de Servicio Civil; b) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertido y por ello del material probatorio y siendo que la terminación de la relación laboral por despido indirecto fue objeto de controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y, c) Señala de manera incorrecta el precepto autorizante, ya que el artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo, no tiene esa categoría.Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, es una disposición general y no sustantiva, ya que la misma define el orden público laboral y excluye a ciertos trabajadores de su aplicación, entre ellos los empleados públicos protegidos por la Ley de Servicio Civil; b) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertido y por ello del material probatorio y siendo que la terminación de la relación laboral por despido indirecto fue objeto de controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y, c) Señala de manera incorrecta el precepto autorizante, ya que el artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo, no tiene esa categoría."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por apreciación errónea de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo, los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, el Impetrante en su explicación no logra demostrar el error de hecho alegado e incurre en los defectos de falta de claridad y precisión requerida, ya que en su explicación alude a disposiciones no indicadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 2 numeral 2 del Código del Trabajo, 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todos del Código de Trabajo."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de noviembre del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 10 de agosto del 2022, por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el Abogado ALLAN EDUARDO ARTICA SALINAS, actuando en causa propia. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral por despido indirecto justificado por traslado a un puesto funcional de menor categoría y falta de pago de salario completo, salarios adeudados, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes a los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la interposición de la demanda hasta que la sentencia adquiera firmeza y que se reconozca la relación laboral por tiempo indeterminado y la nulidad de la simulación contractual por tiempo determinado, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de agosto del 2018, por el Abogado ALLAN EDUARDO ARTICA SALINAS, actuando en causa propia y en el libre ejercicio de su profesión, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 25 de agosto del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALLAN EDUARDO ARTICA SALINAS en su condición de representante procesal de la parte demandante. II.- REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), que obra agregada a folios 202 al 214 de la primera pieza de autos; se CONFIRMA el numeral 1, 3, 4, 5, 6 de la sentencia dictada, Se REVOCA el numeral 2) de la sentencia dictada, el cual se leerá así: 2) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, a pagar la cantidad de DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (L.213,465.09) en concepto de preaviso L.58,333.32, auxilio de cesantía L.58,333.32, auxilio de cesantía proporcional L.14,926.35, vacaciones proporcional L.5,930.54, décimo tercer mes proporcional L.12,708.28 y salarios adeudados desde el 01 de mayo del 2018 al 16 de julio del 2018 L.63,333.28, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que con sujeción a la norma quede firme el presente fallo.- III.- SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral en la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, el 13 de enero del 2016, en la Dirección General de Vigilancia del Marco Normativo, siendo su jefe inmediato la Dra. Silvia Yolanda Nazar, contratado bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales en el cargo nominal de Asistente Ejecutivo, realizando la función de Revisar la documentación legal de los diferentes procedimientos para obtener las autorizaciones sanitarias previamente a ser autorizado por la Dirección General, con un horario de 8:00am a 4:00pm, devengando un Salario mensual de L.25,000.00, menos las deducciones, realizando sus funciones con eficiencia, cuidado y esmero, en el tiempo y lugar convenido, según los presupuestos que define el artículo 20 del Código del Trabajo. El 15 de marzo de 2016, la Dirección General entrega un nuevo carnet de identificación de personal, siendo a partir de esa fecha a ser denominado funcionalmente en el puesto de Asesor Legal, posterior a dicha notificación del nuevo puesto el demandante comenzó a realizar dictámenes y opiniones legales en carácter de Asesor Legal debido a solicitud de la Directora General, incluso realizó representación internacional como asesor legal, designada para tal efecto por quien era titular de la Secretaría de Estado la Dra. Edna Yolani Batres, para acreditar dicho hecho se presentan varios oficios de solicitud de dictámenes u otras asignaciones y nota de oficialización de representación internacional. Resulta que en fecha 26 de junio del 2018, se le entrega un Nuevo Carnet de Identificación de Personal, por instrucciones del oficio No 366-DGVMN-SS-2018, siendo asignado en un puesto funcional por primera vez como Oficial Jurídico, el cual es un puesto con diferentes responsabilidades y de menor categoría que el de Asesor Legal, subsecuentemente se le empezó a denominar por segunda ocasión como tal en el segundo Oficio No.536-DGVMN-SS-2018, emitido en fecha 3 de julio de 2018, donde la Dirección realiza una amonestación, la cual no se ajusta a los requisitos establecidos en el Reglamento de Personal de Salud, ya que el artículo 137 establece que no se podrá imponer una amonestación escrita si no hay constancia de que se le solicitó informe escrito al supuesto infractor dejando al demandante en indefensión sin la oportunidad de efectuar un informe previo y en donde por segunda ocasión se le vendría nominado y ratificando en el puesto funcional de OFICIAL JURIDICO, momento desde el cual el patrono dio motivo para alegarla como causal de auto-despido, razón por la cual el demandante decidió presentar un escrito en fecha 4 de julio de 2018, dirigido a la Directora General, solicitándole que se rectificara o definiera su puesto funcional según las funciones que anteriormente venía desempeñando y advirtiendo lo del despido indirecto, ya que al ser variado su rango funcional, consideró que se le estaba desmejorando su condición laboral por traslado a un puesto de menor categoría, no recibiendo respuesta alguna del tema, sino hasta que llegó con el Inspector del Trabajo, el 11 de julio de 2018, demostrando que con la existencia de dicho requerimiento previo puede esgrimirse que hay injuria capaz de provocar la ruptura de la relación laboral, ya que se le otorgó la oportunidad al patrono de que se enmendara y pudiera pronunciarse para aclarar o rectificar el puesto funcional que había venido desempeñando el demandante desde que se le entregó el primer carnet como Asesor Legal y según las funciones asignadas. El 6 de julio de 2018, el demandante presentó solicitud y se inició la gestión ante la autoridad competente de la Dirección General de la Inspección del Trabajo, para que se constatara el inicio de la relación laboral, el traslado a un puesto de menor categoría, la falta de pago del mes de mayo y junio del 2018, la aplicación irregular de una sanción, la falta de asignación de funciones; que según las investigaciones realizadas en las actas circunstanciadas, se logró constatar el inicio de la relación laboral desde el 13 de enero del 2016, respecto a la investigación del traslado al puesto de menor categoría, se logró constatar la respuesta de la Directora General, la cual manifestó, que: "Legalmente el puesto es de Asistente Ejecutivo, tal y como lo estipula su contrato, lo que él estuvo recibiendo como oficios donde la secretaria le puso asesor legal, sin el conocimiento de la doctora, pero realmente no hay un documento oficial donde este nombrado como asesor legal, que se llega al acuerdo que se le va elaborar conforme según el contrato se le elaborara el carnet como asistente ejecutivo... "; es necesario señalar, que los límites del Ius variandi los impone la ley y que a la luz del artículo 3 del Código del Trabajo, son nulos ipso jure todos los actos que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de derechos constitucionales, aunque se exprese en un contrato de trabajo u otro pacto, en este sentido se hace necesario hacer la aclaración que se debe mantener el concepto de contrato-realidad, de forma tal que si las condiciones actuales del trabajador, no coinciden con las estipuladas en el contrato inicial de las partes, para efectos de determinar si existió o no un Ius variandi abusivo, será la situación real del trabajador la que se debe tomar en cuenta para solucionar el conflicto; respecto a la solicitud de inspección, solicitando el demandante constatar la falta de pago de los dos meses atrasados, para lo cual la Directora General manifestó, que los empleados, solo han firmado contrato hasta el mes de abril del 2018 y que no se cuenta con presupuesto para pagar mayo y junio, debido a que se está realizando una reforma presupuestaria de la Secretaría de Salud para poder pagar los salarios, ya que la Dirección General no cuenta con una línea presupuestaria directa para poder pagar a los empleados de la dirección, ratificando en la segunda acta circunstanciada el monto especifico por cada mes de salario que se le adeuda actualmente, devengando mensualmente la cantidad de L.25,000.00, con una mora total de L. 50,000.00 correspondientes al mes de mayo y junio del 2018, la falta de pago es debido a la inexistencia de contrato escrito, lo cual esta causal de auto despido, es motivada por la responsabilidad objetiva de la Secretaría de Salud, generada por la negligencia de una cadena de funcionarios públicos, por la mala gestión presupuestaria y administración del personal. Así mismo, se presume que toda relación de trabajo está regida por un contrato de trabajo y a la luz de lo que establece el artículo 30 del Código del Trabajo reza: "La inexistencia del contrato escrito exigido por el Código es imputable al patrono, el patrono que no celebre por escrito los contratos de trabajo u omita algunos requisitos, hará presumir en caso de controversia, que son ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador, sin perjuicio de prueba en contrario"; dando por finalizadas las diligencias administrativas conciliatorias, sin poder llegar a un arreglo satisfactorio con la parte demandada.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, el demandante ha prestado sus servicios bajo la figura de Contrato de Servicios Técnicos y Profesionales, no obstante, dicha prestación de servicio ha sido por periodos limitados; siendo sus funciones regidas dentro de una vigencia contractual de fecha de inicio y terminación y no de manera continua como lo procura hacer ver a este Juzgado el demandante; que en relación a los contratos suscritos de Servicios Profesionales y de los que hace referencia la parte demandante, obviamente además de establecer derechos y obligaciones reciprocas para las partes, se sujetan al derecho administrativo, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Personal de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud; que no hay duda que el argumento expuesto por el demandante, son meros alegatos insustanciales, fuera del marco legal, en virtud de que la modalidad bajo la cual fue contratado regían el marco legal de sus funciones, donde se establecía que emitiría dictámenes y en la cláusula segunda numeral ocho (8) describía que el demandante se comprometía a ejecutar: "otras funciones que asigne la Dirección General de Regulación Sanitaria"; señalamiento este que hace lo argumentado por el demandante improcedente. El demandante presentó reclamo administrativo ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, pues el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, no está facultado para aceptar imposiciones de derechos subjetivos inexistentes ni beneficios que no le corresponden por tratarse de contratos de Servicios Técnicos y Profesionales de periodo determinado y tener un término los mismos, no obstante que la parte demandante en forma errónea presentó su reclamo ante dicha Secretaría, con el cual según el demandante daba por agotado el trámite administrativo, omitiendo la normativa de la Ley Orgánica de Presupuesto que prescribe: "Los contratos del Poder Ejecutivo son convenciones, en virtud de los cuales el Estado y las Personas Individuales o Jurídicas se obligan recíprocamente mediante la suscripción de un documento a cumplir las disposiciones pactadas y siendo que esta Secretaría de Estado es parte del Poder Ejecutivo, los contratos que suscriban están sujetos al Derecho Administrativo", por tanto, no es competencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad ni el Juzgado del Trabajo, los competentes para conocer sobre contratos Administrativos que ya establecen claramente en sus cláusulas la autoridad que debe de resolver los conflictos que surjan y que obviamente en ningún momento disminuye, restringen o tergiversan, los derechos de los contratantes, por consiguiente la pretensión exigida en este Juzgado debe ser declarada sin lugar por asistirle el derecho y será en el proceso del debate que se acreditara que la parte actora de esta demanda no tuvo sustentación jurídica para litigar en la presente causa, en consecuencia se le condene especialmente en costas. Asimismo, en el escrito de contestación se interpone la Excepción Perentoria de Prescripción fundamentándose en los artículos 114 inciso g) y 864 del Código del Trabajo deduciéndose que el demandante dejó prescribir su derecho, considerando que su último contrato vigente con el demandado venció el 30 de abril del 2018, es decir, habían transcurrido dos (2) meses con seis (6) días, a la fecha que acudió a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el 6 de julio de 2018.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 31 de enero del 2020, dictó sentencia misma que, en su parte resolutiva dice: “FALLA: 1) Declarar CON LUGAR LA DEMANDA promovida por ALLAN EDUARDO ARTICA SALINAS, contra ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcional décimo tercer mes proporcional y salarios adeudados del 1 de mayo del 2018 al 16 de julio del 2018 más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que con sujeción a la norma quede firme el presente fallo; en consecuencia, 2) CONDENA a El ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, a pagar la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L.155,131.77) en concepto de preaviso: L.29,166.66, auxilio de cesantía: L.29,166.66; auxilio de cesantía proporcional: L.14,926.35; vacaciones proporcional: L.5,930.54; décimo tercer mes proporcional: L.12,708.28; y salarios adeudados del 1 de mayo del 2018 al 16 de julio del 2018 L.63,333.28; más el pago de los salaries dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que con sujeción a la norma quede firme el presente fallo; 3) Declarar SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por ALLAN EDUARDO ARTICA SALINAS, contra ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, en cuanto al pago vacaciones pendiente, décimo cuarto mes adeudado y décimo tercer mes pendiente; en consecuencia, 4) ABSUELVE al El ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, a pagar al señor ALLAN EDUARDO ARTICA SALINAS, a pagar en concepto de vacaciones pendiente, décimo cuarto mes adeudado y décimo tercer mes pendiente; 5) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la representante procesal demandada; 6) SIN COSTAS en esta Instancia”. Bajo el criterio que, analizados los argumentos planteados por ambas partes, los medios de prueba aportados por ambas partes, tomando en consideración que los contratos a plazo fijo para obra determinada tiene carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar y que ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, sino en virtud de ley o sentencia fundada en la Ley, constando en autos que la parte demandante estableció como causales: 1) no pagarle el patrono el salario completo que le corresponda: actualmente por el concepto de dos (2) meses atrasados, correspondiente al mes de mayo y junio del 2018, con el valor total de L.50,000.00 y 2) Trasladarle a un puesto de menor categoría. De ser funcionalmente Asesor Legal, a ser disminuido al puesto funcional de Oficial Jurídico, dicho cambio fue notificado el 2 de julio del 2018 (ver folio 64); ha acreditado el demandante en autos que el patrono no le canceló el salario de los meses de mayo y junio del 2017 (ver folio 158 de los autos); y que el patrono emitió un documento con un cargo inferior como ser de Oficial Jurídico al cargo de Asesor legal, que venía desempeñando de conformidad a la correspondencia recibida durante la relación laboral, hecho que no fue desvirtuado por el patrono; mientras que la parte demandada no acreditó la temporalidad de la relación alegada, ni los medios de prueba que desvirtúen la prórroga tácita de la relación laboral acreditada en autos; igualmente, la justa causa que justifique el incumplimiento de las violaciones invocadas por el trabajador para darse por despedido; por lo antes expuesto, es procedente declarar CON LUGAR la presente demanda; consta en autos que el demandante suscribió contrato de servicios profesionales con la demandada, desde el 13 de enero del 2016 y al tenor de lo que establece el artículo 48 del Código del Trabajo párrafo segundo " ... No obstante, todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prorroga expresa o tácita. Lo será de esta última manera por el hecho de que el trabajador continúe prestando sus servicios sin oposición del patrono ...", constando en autos mediante la prueba documental aportada por la parte demandante que continuó prestando sus servicios personales al demandado durante los meses de mayo y junio, y julio; asimismo, que el demandante invocó como una de las causales de su auto despido la falta de pago de los meses de mayo y junio del 2017; por lo que, siendo la relación continua y generadora de derecho y que el contrato es de tracto sucesivo, tomando en consideración que al demandante el patrono le reconocía el pago de salario de forma mensual durante la relación laboral, partiendo del mes junio, mes alegado como causal, es decir, que inició el término el 30 de junio del 2017 y como fecha de finalización del término el 30 de julio del 2017, para ejercer su acción de darse por despedido, constando que el demandante se dio por despedido 16 de julio del 2017, resulta que el demandante se dio por despedido dentro del término concedido por la ley; en consecuencia, se declara SIN LUGAR la EXCEPCION DE PRESCRIPCION planteada por la representante procesal demandada. La parte demandante solicita el pago de derechos adquiridos como ser vacaciones proporcionales y salarios adeudados (dos (2) meses y dieciséis (16) días), siendo derechos garantizados por la Constitución de la República e irrenunciables independientemente la forma en la cual se da por terminada la relación de trabajo y en relación a los salarios adeudados, habiéndose acreditado por la parte demandante que el patrono le adeuda y que la parte demandada no acreditó haber honrado el pago solicitado; en consecuencia, es procedente declarar CON LUGAR la demanda; es oportuno establecer, que en materia laboral rige el principio de Ultra y Extra Petita que significa dar más o un extra de lo pedido y en el caso que nos ocupa; si bien es cierto, el demandante no solicita en sus pretensiones el pago de aguinaldo proporcional, se encuentra acreditado a folio 193 de los autos, que la parte demandada indica que adeuda al demandante el pago de este concepto; en consecuencia, declárese CON LUGAR este derecho; que la parte demandante también solicita el pago de vacaciones pendientes y décimo cuarto mes pendiente, aguinaldo pendiente, la parte demandante no aportó prueba para acreditar el derecho reclamado ni estableció con claridad el periodo reclamado, siendo que el principio universal en materia probatoria, de que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla (onus probando incumbit actori); por lo tanto, siendo la prueba el medio legal que sirve para demostrar la verdad de los hechos que se alegan ante las autoridades pueda calificarla y en el presente caso el demandante no aportó prueba para acreditar el derecho reclamado, es procedente declarar SIN LUGAR estas pretensiones.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de enero del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ALLAN EDUARDO ARTICA SALINAS en su condición de representante procesal de la parte demandante. II.- REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), que obra agregada a folios 202 al 214 de la primera pieza de autos; se CONFIRMA el numeral 1, 3, 4, 5, 6 de la sentencia dictada, Se REVOCA el numeral 2) de la sentencia dictada, el cual se leerá así: 2) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, a pagar la cantidad de DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (L.213,465.09) en concepto de preaviso L.58,333.32, auxilio de cesantía L.58,333.32, auxilio de cesantía proporcional L.14,926.35, vacaciones proporcional L.5,930.54, décimo tercer mes proporcional L.12,708.28 y salarios adeudados desde el 01 de mayo del 2018 al 16 de julio del 2018 L.63,333.28, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que con sujeción a la norma quede firme el presente fallo.- III.- SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, del análisis de los contratos de servicios profesionales y técnicos suscritos por las partes, se observa la existencia de los elementos esenciales de todo contrato de trabajo, como ser: la actividad personal del trabajador; la continua subordinación del trabajador para con el patrono en la realización de labores de forma continua y de naturaleza permanente en la institución demandada, a cambio de un salario mensual; cabe entonces al momento de apreciar los hechos a la luz de las normas laborales, que tales contratos relativo a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la institución, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración sí al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la presentación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. El tiempo de servicio se contará desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato por escrito. En consecuencia, los contratos a plazo fijo para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o la obra que se va ejecutar. Disposición legal contenida en el artículo 47 del Código del Trabajo que recoge el principio de continuidad y el principio de primacía de la realidad, por lo que deberá entenderse este por tiempo indefinido conforme al artículo 52 párrafo tercero del Código del Trabajo. Que son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales como en el caso de despido injusto, entre otras determinadas en la ley laboral, no pagarle el patrono el salario completo que le corresponda durante el mes de mayo y junio del 2018 y, trasladarle a un puesto de menor categoría del puesto de Asesor Legal funcionalmente desempeñado por el demandante, al puesto de Oficial Jurídico; habiendo el demandante laborado dos (2) años, 6 meses y 4 días, desde su ingreso en fecha 13 de enero 2018 y salida en fecha 16 de julio del 2018, le corresponden 2 meses de preaviso y 2 meses de cesantía de conformidad con el artículo 116.e), 120.c) del Código del Trabajo, conforme al salario promedio mensual de L.29,166.60, derechos e indemnización laboral parcialmente conculcados en la sentencia recurrida contra la cual apela el demandante, por cuanto, en sentencia dictada condena a un (1) mes de preaviso y un ( 1) mes de cesantía, los cuales son estimados por este Tribunal de Alzada. Que la parte apelante demandante expresa agravios en cuanto a que la sentencia declara sin lugar el pago de vacaciones pendientes, aguinaldo pendiente y décimo cuarto pendiente, los cuales este Tribunal de Alzada desestima por las mismas razones expuestas por la Juzgadora. Por las razones expuestas, es procedente reformar la resolución apelada, por no estar dictada conforme a derecho.- 5. Mediante auto de fecha 08 de febrero del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 10 de agosto del 2022, compareció ante este Tribunal la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 10 de agosto del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 31 de agosto del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado ALLAN EDUARDO ARTICA SALINAS, actuando en causa propia, como parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 2 numeral 2 del Código de trabajo que establece lo siguiente "Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1 ... 2. Los empleados públicos nacionales, departamentales y Municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las Relaciones entre el Estado, El departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan; y ... Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todos del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO. La Corte sentenciadora, al confirmar por mayoría de votos, el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, incurrió en infracción directa o falta de aplicación del 2 numeral 2 del Código de Trabajo en virtud que está debidamente acreditado en autos que la relación entre mi representada y el señor Allan Eduardo Artica Salinas es a través de Contrato, estando plenamente probado en autos que la relación con la parte demandante es como empleado público de carácter temporal, si bien es cierto la labor realizada por el demandante tiene similitud y proximidad con el término genérico de actos laborales, pero los Contratos le dieron al demandante el status legal y la condición de empleado público solo que en carácter temporal, ya que dichos contratos cuentan con estructuras presupuestarias que dependen de la disponibilidad de dicho presupuesto- El mismo artículo establece que las Relaciones entre el Estado, el departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del servicio Civil que se expidan.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, es una disposición general y no sustantiva, ya que la misma define el orden público laboral y excluye a ciertos trabajadores de su aplicación, entre ellos los empleados públicos protegidos por la Ley de Servicio Civil; b) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertido y por ello del material probatorio y siendo que la terminación de la relación laboral por despido indirecto fue objeto de controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y, c) Señala de manera incorrecta el precepto autorizante, ya que el artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo, no tiene esa categoría.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifestó en autos y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de ley, siendo que la sentencia de fecha veinticinco de agosto del dos mil veintiuno carece de coherencia jurídica y lógica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo y numeral segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidos en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: La documental: Admitida a la parte demandada (ver folios del 64 al 155 de la primera pieza procesal), en relación con la prueba en su conjunto. Como ser los contratos de servicios profesionales y técnicos en los cuales se puede comprobar que se mantuvo el salario en los diferentes contratos suscritos por ambas partes y donde se puede constar en su cláusula tercera que el mismo...” será aprobado mediante acuerdo ministerial correspondiente y será aprobado mediante acuerdo ministerial correspondiente, estará sujeto a la normativa del derecho administrativo". EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al reformar y fallar Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado ALLAN EDUARDO ARTICA SALINAS (Recurso de Apelación que fue interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ ver folio 215 de la primera pieza) y confirmar por mayoría de votos el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental consistente en los contratos de servicios profesionales entre el demandante y mi representado, los cuales fueron evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto; ya que si bien es cierto el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento inspirándose en los principios, científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo. En ese sentido, esta disposición no impide de manera alguna que el tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto lo que es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. Así las cosas, la corte recurrida al apreciar este medio de prueba erróneamente arriba a la conclusión de que: " .... este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores con el estado de Honduras han sido desnaturalizados, ya que los mismos reinen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo ... ". Cuando dicho medio de prueba lo que revela es una relación temporal entre un empleado público con el estado, lo cual no implica, una desprotección para el empleado, pues tiene expedita otra vía denominada contencioso administrativa. En el caso en particular, si se hubiese apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que el señor ALLAN EDUARDO ARTICA SALINAS, empleado público en carácter temporal por medio de contratos de Servicios Profesionales y Técnicos; consecuentemente la corte sentenciadora evidentemente violento de forma indirecta lo preceptuado el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, en el cual se establece que: “Las Relaciones entre el Estado, El departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan”; además, los artículos 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todos del Código de Trabajo, al obligar a mi representado a cumplir con disposiciones legales que no le conciernen”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por apreciación errónea de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo, los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, el Impetrante en su explicación no logra demostrar el error de hecho alegado e incurre en los defectos de falta de claridad y precisión requerida, ya que en su explicación alude a disposiciones no indicadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 2 numeral 2 del Código del Trabajo, 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todos del Código de Trabajo.- VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes diciembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de noviembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 28-22.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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