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Sentencia CL-278-21 — Registro 15419

Resumen

Demanda Ordinaria Laboral para que mediante sentencia definitiva se reconozca su contrato de trabajo como celebrado por tiempo indefinido, en virtud de la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta del artículo 47 del Código del Trabajo, en virtud de clara simulación contractual en fraude a Ley por la parte demandada, reconocimiento de la antigüedad laboral desde el inicio de la misma, reajuste salarial de conformidad con la Ley del Estatuto del Médico Empleado, pago de reajuste salarial, vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes, aumentos e incentivos salariales adeudados de conformidad a aquellos que se les otorga a los empleados permanentes en la Institución y reconocidos desde el inicio de la relación laboral, indemnización por violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspección Laboral, en artículo 90, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo no ostenta esa categoría; y, c) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintisiete días del mes de septiembre del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 23 de mayo del 2022, por el Abogado ALLAN EDUARDO TORRES ARIAS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora EVA MARIA CHACON SERRANO, representada en juicio por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que mediante sentencia definitiva se reconozca su contrato de trabajo como celebrado por tiempo indefinido, en virtud de la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta del artículo 47 del Código del Trabajo, en virtud de clara simulación contractual en fraude a Ley por la parte demandada, reconocimiento de la antigüedad laboral desde el inicio de la misma, reajuste salarial de conformidad con la Ley del Estatuto del Médico Empleado, pago de reajuste salarial, vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes, aumentos e incentivos salariales adeudados de conformidad a aquellos que se les otorga a los empleados permanentes en la Institución y reconocidos desde el inicio de la relación laboral, indemnización por violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspección Laboral, en artículo 90, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de julio del 2017, por la señora EVA MARIA CHACON SERRANO, mayor de edad, casada, hondureña, Doctora en Medicina, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 20 de enero del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I. DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA LIDIA COLLINS LINARES como apoderada procesal delegada del ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.- II.- REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha treinta y uno (31) de julio del dos mil diecinueve (2019), que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 138 al 142 de la primera pieza de autos.- III. CONFIRMAR: El numeral I, II inciso c), d), numeral III, IV de la sentencia la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha treinta y uno (31) de julio del dos mil diecinueve (2019).- IV.- REVOCAR: El numeral II inciso a) y b) de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha treinta y uno (31) de julio del dos mil diecinueve (2019); los cuales se leerán así; II.- CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual representante legal la señora Procuradora General de la Republica Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Se Declara y se Reconoce la relación laboral con carácter indefinida de la señora EVA MARIA CHACON SERRANO desde el inicio de la relación laboral 01 de octubre 2015; b) Que a la señora EVA MARIA CHACON SERRANO se le otorgue el salario mínimo mensual y reajuste salarial del Medico Empleado, desde el inicio de la relación laboral en fecha 01 de octubre 2015, en relación a los años y cuantías siguientes: Año 2015: L.34,506.01; Año 2016 L.37,266.49; Año 2017 L.37,266.49; Año 2018 L.40,147.19; y en adelante, cualquier otro derecho que le pudiera corresponder como empleada permanente. V.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició a laborar el 4 de enero del 2016, mediante la suscripción de contratos continuos e ininterrumpidos, desempeñando funciones de Médico General 6 horas, subordinado al Departamento de Gestión de la Calidad, con un sueldo mensual equivalentes a L. 26,430.30, valor que está por debajo del salario legalmente establecido y vigente al cual deberá reajustarse retroactivamente a la cantidad de L. 37,296.33, sin perjuicio de los aumentos que se otorguen durante el 2017 y la secuela del juicio, con fundamento en la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central; desde el 4 de enero del 2016, se ha desempeñado en estricto cumplimiento a sus funciones laborales, las cuales son las mismas establecidas en los Contratos de Trabajo sucesivos que ha firmado con la Secretaría de Salud, considerando la naturaleza de la institución demandada, todas las actividades establecidas en los contratos son de carácter permanente, ya que la gestión de la calidad es permanente en las instituciones públicas y acreditara en juicio que en la relación laboral siempre ha existido subordinación, un salario y una actividad realizada personalmente, elementos necesarios para acreditar la relación laboral de trabajo; ante la necesidad de buscar una seguridad jurídica contractual laboral y consciente del derecho que se ampara, solicita los servicios conciliatorios de la Secretaría del Trabajo, a fin de que se le concediera la estabilidad laboral que garantiza la Constitución de la República, el Estatuto del Médico Empleado y el Código del Trabajo y se reconociera su relación laboral por tiempo indefinido, lo cual nunca se concretó y resultó en la necesidad de promover la presente demanda laboral para que se le reconozcan sus derechos laborales; al estudiar el axioma de esta forma de ejercer el poder, la clase gobernante pretende violentar las garantías laborales con el propósito de lograr cumplir fines políticos, como la alta rotación de personal bajo la modalidad de contrato para satisfacer compromisos políticos, evitar el pago de derechos e indemnizaciones laborales a través de simulaciones contractuales y porque simplemente se encuentran en una posición dominante frente a una sociedad que carece de fuentes de empleos y recursos para subsistir con dignidad. Es por este motivo, que se exige la condena en costas, porque el no condenar es una facilidad que la justicia le otorga a los administradores del poder en continuar con la conducta, pues el no castigarla es permitirla y por consiguiente una lesión a los derechos fundamentales, valdrá la pena preguntarse si es justo que pague dinero por una conducta de abuso de poder por la parte demandada, o si bien, se obligara a pagar los honorarios del profesional del derecho que le representa por el fraude cometido por la institución demandada, que dicho sea de paso, es parte del Estado de Honduras, la protección al derecho del trabajo en todas sus formas; adicionalmente, solicita la indemnización por discriminación laboral vía fraude a la Ley por Simulación Contractual establecida en la Ley de Inspección Laboral, Decreto Legislativo 178-2016, en su artículo 90, por la cantidad de L.100,000.00, que literalmente dice: “cuando se infrinjan o vulneren derechos fundamentales protegidos a los trabajadores por la Constitución de la República, el ordenamiento laboral y las normas internacionales del trabajo ratificadas por Honduras, cuyo daño no sea cuantificable en dinero, el importe de la sanción o multa debe ser de L.100,000.00, si la infracción se realiza a diferentes normas la multa anterior se debe aplicar por cada infracción”, esta indemnización de L. 100,000.00 deberá pagarse por violación al Derecho Fundamental al salario mínimo profesional establecida en el artículo 128 numeral 5) párrafo segundo de la Constitución de la República, también demanda que se le pague la misma cantidad de L.100,000.00, por la violación al Derecho Fundamental a la estabilidad laboral, establecido en la Constitución de la República, en su artículo 129, también deberá pagarse la cantidad de L.100,000.00, por violación a su derecho fundamental a gozar de condiciones satisfactorias de empleo establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos L.100,000, por violación al derecho fundamental establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, consistente en que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, le corresponde el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indefinido y el goce de todos los derechos que ha dejado de gozar por la fraudulenta barrera impuesta por la demandada, así como el goce de todos los derechos que le son inherentes a los empleados nombrados por acuerdo o de forma permanente.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los contratos suscritos han sido para la Prestación de Servicios Profesionales Técnicos, por tiempo definido con fecha inicio y terminación, consentida y aprobada tal modalidad por la demandante; motivo por cual es erróneo manifestar que hubo simulación contractual, para lo cual vale la pena citar la Locución Latina, que los pactos deben mantenerse de conformidad a lo estipulado por las partes, cualquiera que sea la forma de la estipulación, debe ser fielmente cumplido en apego a Pacta Sunt Servanda; considerándose lo expuesto por la demandante en su demanda como un discernimiento desacertado al puntualizar que el compromiso que contrajo es una simulación de contrato, lo cual sería considerado como fraude contractual, con el cual afirma que el demandado no tiene la facultad de suscribir este tipo de contratos, por lo tanto estarían frente a contrato sin validez jurídica y en su defecto, el convenio firmado no tiene existencia ni objeto su reclamo que argumenta insustancial y aviesamente con ánimo de originar confusión; puntualiza que la actora aún se encuentra contratada bajo la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos a Término, funciones para las cuales no existe plaza permanente para sus funciones, que de ser creada ésta, iría a concurso, conforme los Estatutos del Médico Empleado y demás Leyes Administrativas sujetos al derecho administrativo, de conformidad a lo que establece el Reglamento de Personal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, que en el artículo 7 dispone: “el personal de la Secretaria se clasifica en la forma siguiente: ... b) Contratista de Servicios Profesionales, Técnicos o de Apoyo”, lo que el Reglamento en mención establece en el artículo 14 dice “Contratista de Servicios Profesionales, Técnicos y de Apoyo es la persona natural que presta sus servicios a un órgano de la Secretaria en virtud de un contrato y que está fuera de los regímenes de personal vigente”; asimismo, en la sección quinta de dicho Reglamento de Personal, el artículo 29 instituye: “la adjudicación de estos contratos solamente procederá cuando se hubiere cumplido con lo siguiente: a) Cuando se acredite que las funciones a ejecutar por el contratista no pueden ser realizadas por quienes hayan ingresado mediante nombramiento; o no haya recursos suficientes; b) Cuando se comprobare que existen fondos suficientes para el financiamiento del contrato durante toda su vigencia”; dada esta normativa, no se puede considerar como personal permanente a la demandante, por el simple hecho de que sus obligaciones estaban ceñidas dentro del marco de cláusulas contractuales legalmente establecidas aceptadas, consentidas y acordadas por las partes, sin objeción alguna, quien desde el inicio sabía la fecha de inicio y finalización de su contratación, el artículo 33 de la normativa en mención, expresamente le responde al reclamo efectuado por la demandante cuando establece: “la vigencia de estos contratos no podrá exceder la del ejercicio fiscal al amparo del cual se originen. Cada contrato que se suscriba será independiente de cualquier otro celebrado anteriormente”; asimismo, el artículo 2 de la Ley de Servicio Civil manifiesta: “el régimen del Servicio Civil comprenderá a los servidores públicos que laboran en las Secretarías de Estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta Ley y su Reglamento”; sin embargo, restándole importancia a tal procedimiento y pretendiendo sorprender al examinador de la causa, violentando el proceso administrativo, procura que le otorgue un derecho subjetivo que no le asiste, pues es requisito sine qua non, que para lograr una plaza como médico empleado en la Administración Pública no basta solamente que haya estado o esté trabajando mediante contratos a término, sino que cumpla con los requisitos establecidos al efecto en el Estatuto Médico, su Reglamento y demás leyes concernientes al caso; tomando en consideración a la vez que los Servicios Profesionales como Médico General que presta la demandante son regidos por cláusulas contractuales legalmente establecidas y consentidas por la misma, la que de antemano aceptó sin objeción alguna, teniendo conocimiento a la vez que las controversias que surgieran de la aplicación de dicho Contrato, las partes se someterían a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo competente para dirimir la controversia y no el Juzgado de Letras del Trabajo donde formula su petición la actora de la demanda, quien además de haber equivocado la vía para su reclamo, no cuenta con el fundamento de derecho para ejercer el mismo; por otra parte, no hay duda que la demandante pretende a toda costa y obviado procedimientos legalmente establecidos para su reclamo confundir al examinador del proceso al puntualizar un sin número de situaciones y normativas inaplicables en el caso, al citar estérilmente el Decreto Legislativo 178-2016, artículo 90 de la Ley de Inspección de Trajo, con el afán de buscar con ello lograr que se le sancione con una multa, la cual en todo caso debe imponérsele a la demandante al peticionar que se le otorgue irregularmente y fuera de las normas legales exigidas para el caso un derecho subjetivo que no le asiste y que realmente sería en flagrante violación a los derechos fundamentales de sus colegas. En otro orden de ideas y en relación de haber presentado reclamo administrativo ante las Oficinas Gubernativas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social es improcedente, por no ostentar facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, así como por la naturaleza de Contrato a Término referente al caso, en el cual se han acordado por las partes las condiciones bajo las cuales se regiría el mismo, no siendo por ende competencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social para conocer dicha materia; en consecuencia, la pretensión exigida debe ser declarada sin lugar por no asistirle el derecho subjetivo e ilusorio que pretende y será en el proceso del debate que se acreditara que la demandante no contó con la sustentación jurídica para poder litigar en la presenta causa; en consecuencia, sean condenados especialmente en costas.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 31 de julio del 2019, dictó sentencia, misma que en su parte resolutiva dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para que se reconozca Contrato de Trabajo como celebrados por tiempo indefinido en virtud de la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado del artículo 47 del Código del Trabajo. Reconocimiento de la antigüedad laboral desde el inicio de la misma. Reajuste salarial de conformidad con la Ley del Estatuto del Medico Empleado, pago de reajuste salarial, pago de vacaciones; aumentos e incentivos salariales adeudados de conformidad a aquellos que se les otorga a los empleados permanentes en la Institución y reconocidos desde el inicio de la relación laboral; instaurada por la Señora EVA MARIA CHACON SERRANO; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora LIDIA ESTELA CARDONA Procuradora General de la República. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Que se tenga la relación laboral de la Señora EVA MARIA CHACON SERRANO con carácter de indefinida debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral 15 de octubre de 2015 para lo cual deberá emitir el Acuerdo correspondiente en el cual se nombre a la Señora EVA MARIA CHACON SERRANO en el cargo que mantenía desde el inicio de la relación laboral; b) Que a la Señora EVA MARIA CHACON SERRANO se le reajuste su salario a la suma de Lps. 37,266.49; y en adelante cualquier otro derecho que pudiera corresponderle; c) Que a la Señora EVA MARIA CHACON se le ajuste su salario y demás derechos que como empleada permanente le corresponde desde la fecha de inicio de la relación laboral, hasta que quede firme la sentencia y para los siguientes años que dure la presente demanda y cualquier otro valor por disposición que implique un incremento salarial; d) Pago de vacaciones de los periodos 2016-2017. III.- Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por la Señora: EVA MARIA CHACON SERRANO para el pago décimo tercer y décimo cuarto mes y la suma de Lps. 400,000.00 en concepto de Indemnización por Violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspección Laboral; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar a la Señora: EVA MARIA CHACON SERRANO dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS…” Bajo el criterio que se acreditó que la demandante laboraba para la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud en el Departamento Unidad de Gestión de Calidad Nivel Central a través de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, que éstos fueron renovados varias veces, en un tiempo mayor a un año, que se celebraba entre las mismas partes y para la misma clase de trabajo; la doctrina relaciona al trabajador permanente o continuo al que se ocupa en trabajos que sean propios de la empresa y no ocasionarles para ella, de la misma forma establece la doctrina que como la excepción la constituye el contrato por tiempo determinado, corresponde al patrono demostrar en juicio que la trabajadora fue contratada para tareas ocasionales; dicho lo anterior, es sabido que la Secretaría de Salud presta los servicios de Seguridad Social, misma que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a los servicios sociales necesarios para el logro del bienestar individual y colectivo, por lo que la naturaleza de la labor de la demandante es eminentemente permanente, ya que es una necesidad prioritaria para la Secretaría de Salud, las tareas asignadas a la demandante, consistentes en los servicios asistenciales de la salud. La parte demandada no aportó al proceso ningún elemento probatorio, que diera pauta para catalogar que el Contrato de Trabajo de la demandante era por tiempo determinado u ocasionales o mejor dicho, como lo alega el demandado y no se le concedió la plaza por no haber cumplido lo señalado en la Ley del Estatuto del Médico Empleado; la parte demandada, en el sentido de que la demandante para obtener la plaza deberá someterse a concurso, es inaceptable, ya que un Reglamento no puede estar por encima de lo establecido en el Código del Trabajo, siendo la norma que lo rige por el tipo de contratación, además lo solicitado por la demandante, consiste en la aplicación de los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, es decir, está solicitando la aplicación de la norma que les es más favorable, según el artículo 8 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado. En diferente situación, estuviera la Secretaría de Salud si se hubiera acreditado en autos lo ocasional o excepcional de los Contratos de Trabajo temporales, además si es imperioso el concurso abierto para los médicos, previo a ser contratados por la Secretaría de Salud, tanto por tiempo determinado o indeterminado, surge la interrogante, por qué la Secretaría de Salud contrató a la demandante sin que hubiera cumplido con los requisitos de la Ley del Estatuto del Médico Empleado; entonces quiere decir, que el concurso para poder nombrar a los médicos de la Secretaría de Salud no es tan formal como se alega; en vista de las consideraciones legales anteriores, la Suscrita es del firme criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito en relación a tener la relación laboral por tiempo indefinido y asimismo que se le debe reconocer todos los derechos que como empleada permanente le corresponde a partir del 1 de octubre del 2015, fecha de inicio de la relación laboral, hasta que quede firme la sentencia y para los siguientes años que dure la presente demanda y cualquier otro valor por disposición que implique un incremento salarial; la parte demandante asimismo solicita reajuste salarial retroactivamente a la suma de L. 37,296.33, sin perjuicio de los aumentos que se otorguen durante el año 2017 y la secuela del juicio; pago adeudado y retroactivo de conformidad a la Ley de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes años, aumentos salariales y bonos o incentivos por desempeño anuales calculados sobre la igualdad de salario por valores de igual valor; pago de L. 400,000.00, en concepto de Indemnización por violación a los Derechos Fundamentales; en cuanto al Reajuste Salarial retroactivamente a la suma de L. 37,296.33 sin perjuicio de los aumentos que se otorguen durante el año 2017 y la secuela del juicio; se declara con lugar, ya que con el medio de prueba Exhibición de Documentos se acreditó que la demandante en los últimos seis meses del año 2018, devengó la suma de: marzo L. 26,430.30; abril L. 28,359-71; mayo L. 29,337.63; junio L. 29,337.63; julio L. 29,337.63 y agosto L. 29,337.63 y que según Tabla de Sueldo Base e Incremento del Médico Empleado, el salario base de un Médico General, es la suma de L. 37,266.49; en lo que concierne al pago de vacaciones se declaran con lugar, ya que con el medio de prueba exhibición de documentos se acreditó que no se le hicieron efectivas las vacaciones; décimo tercer y décimo cuarto se declaran sin lugar, en vista de que con el mismo medio de prueba exhibición de documentos se acreditó que ya se le hicieron efectivos estos valores; en lo que respecta a los aumentos salariales y bonos e incentivos por desempeño se declaran con lugar, ya que se dejó establecido que gozara de todos los beneficios que ostentan los empleados permanentes a partir del 01 de octubre del 2015, fecha de inicio de su relación laboral; en lo que respecta al pago de L. 400,000.00 en concepto de indemnización por violación a los derechos fundamentales se declara sin lugar la misma, en vista de que ya a consideración de la Suscrita, la misma se está condenando con lo señalado en la tabla del sueldo base del Médico Empleado.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de enero del 2021, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el A-quo, que en su parte conducente dice: “FALLA: I. DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA LIDIA COLLINS LINARES como apoderada procesal delegada del ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.- II.- REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha treinta y uno (31) de julio del dos mil diecinueve (2019), que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 138 al 142 de la primera pieza de autos.- III. CONFIRMAR: El numeral I, II inciso c), d), numeral III, IV de la sentencia la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha treinta y uno (31) de julio del dos mil diecinueve (2019),- IV.- REVOCAR: El numeral II inciso a) y b) de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha treinta y uno (31) de julio del dos mil diecinueve (2019); los cuales se leerán así; II.- CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual representante legal la señora Procuradora General de la Republica Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Se Declara y se Reconoce la relación laboral con carácter indefinida de la señora EVA MARIA CHACON SERRANO desde el inicio de la relación laboral 01 de octubre 2015; b) Que a la señora EVA MARIA CHACON SERRANO se le otorgue el salario mínimo mensual y reajuste salarial del Medico Empleado, desde el inicio de la relación laboral en fecha 01 de octubre 2015, en relación a los años y cuantías siguientes: Año 2015: L.34,506.01; Año 2016 L.37,266.49; Año 2017 L.37,266.49; Año 2018 L.40,147.19; y en adelante, cualquier otro derecho que le pudiera corresponder como empleada permanente V.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, la demandante labora bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos de duración determinada como Médico General en el Departamento Unidad de Gestión de Calidad Nivel Central, en la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, de forma continua e ininterrumpidamente, en el mismo puesto y funciones, las cuales son permanentes en la institución demandada por ser de la operatividad de la misma, a partir del 4 de enero del 2016 y durante el transcurso del presente juicio, devengando un salario de L. 26,430.00 mensual, lo que hace que estime que tales sucesos encajan en las disposiciones legales contenidas en los artículos 20, 47, 52 párrafo segundo del Código del Trabajo; cabe entonces, mencionar que al momento de apreciar los hechos a la luz de las normas laborales, hace que tales contratos relativos a labores que, por su naturaleza son permanentes o continuas en la institución, se consideren como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicio, no habiendo la parte demandada acreditado lo contrario en juicio; lo que hace que la demandante recurra al derecho que le conceden los mencionados artículos; la sentencia definitiva dictada en primera instancia, condena a la demandada que se tenga la relación laboral con carácter de indefinida, debiendo la institución demandada nombrarla como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 15 de octubre del 2015, para lo cual deberá emitir el Acuerdo correspondiente, en el cual se nombre en el cargo que mantiene desde el inicio de la relación laboral; actuación que no encaja dentro de las disposiciones del Código del Trabajo, por cuanto, el demandante bajo las consideraciones de hecho y de derecho anteriores es un trabajador y no un empleado público; en consecuencia, se declarara y reconoce la condición de permanencia de la demandante dentro de la institución demandada a partir de la fecha de inicio de la relación laboral, de fecha 1 de octubre del 2015, donde quedó asentada la corrección a la demanda; de acuerdo al salario base e incremento del Médico Empleado, corresponde al Médico General a partir del 2005, el sueldo de Médico Empleado, de conformidad al artículo 10 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, el cual dice: “a partir del 1 de enero del 2005, el incremento en los salarios será igual al de la tasa de variación interanual de la inflación esperada para el año que indica, de conformidad a las cifras oficiales del Banco Central de Honduras, y al finalizar el año y en cuestión, se comparta la inflación real del año recién pasado con la inflación proyectada para el mismo año y en caso de que la real supere a la esperada, la diferencia entre las dos tasas de le sumara a la esperada para el año siguiente”, con lo anterior, el Departamento de Auditoria Interna del Colegio Médico de Honduras, de acuerdo a las directrices elaboró los cálculos antes del año 2018, resultando como sueldo base Médico General año 2015: L.34,506.01; año 2016 L.37,266.49, año 2017 L.37,266.49, año 2018, L.40,147.19, e indicando que el sueldo base cambia cada 2 años, el nuevo será a partir del 2020; no obstante, la sentencia dictada establece que se reajusta el salario desde la fecha de inicio de la relación laboral a la suma de L.37,266.49, lo cual dentro de los parámetros establecidos en el artículo anterior y en base a la auditoría practicada por el Colegio Médico de Honduras, el salario base del médico general es diferente al establecido en la sentencia recurrida.- 5. Mediante auto de fecha 19 de agosto del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIA LIDIA COLLINS LINARES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 23 de mayo del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado ALLAN EDUARDO TORRES ARIAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 23 de mayo del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 28 de junio del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que el Abogado ALLAN EDUARDO TORRES ARIAS, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 2 numeral 2 que establece lo siguiente "Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1... 2. Los empleados públicos nacionales, departamentales y Municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las Relaciones entre el Estado, El departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan; y … Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todos del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO. La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos, el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, incurrió en infracción directa o falta de aplicación del 2 numeral 2 del Código de Trabajo en virtud que está debidamente acreditado en autos que la relación que tuviera La señora EVA MARIA CHACON SERRANO, fue a través de Contrato de servicios profesionales y técnicos, estando plenamente probado en autos que la relación con la parte demandante fue empleada pública de carácter temporal, si bien es cierto la labor realizada por la demandante tiene similitud y proximidad con el término genérico de actos laborales, pero los Contratos le dieron a la demandante el status legal y la condición de empleado público solo que en carácter temporal, ya que dichos contratos cuentan con estructuras presupuestarias que dependen de la disponibilidad de dicho presupuesto- El mismo artículo establece que las Relaciones entre el Estado, el departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del servicio Civil que se expidan”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo no ostenta esa categoría; y, c) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes octubre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 278-21.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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