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Sentencia CL-256-21 — Registro 14942

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de ajuste de salario adeudado por pago de interinato y derechos colaterales conexos, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental bajo la garantía de igualdad de trato ante la ley y la no discriminación que posibilita a todas las personas, el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, como también para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.-"...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 15 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

..."En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales.- Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XII. Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-Quem proceda de conformidad a derecho."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco días del mes de julio del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 15 de noviembre del 2021, por el Abogado ELVIS RENE HERNANDEZ REYES, en su condición de representante procesal de la señora REINA MARGARITA HENRIQUEZ MENDOZA, como recurrente; además, es parte recurrida, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), representado en juicio por la Abogada MIDORY DOMINGUEZ REYES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de ajuste de salario adeudado por pago de interinato y derechos colaterales conexos, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 7 de mayo del 2019, por la Abogada REINA MARGARITA HENRIQUEZ MENDOZA, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, actuando en causa propia, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a través de su representante señor RICHARD ZABLAH. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 17 de mayo del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la cual en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación formulado por la representante procesal de la parte demandada, abogada MIDORY DOMINGUEZ contra la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial en fecha DOCE DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO (2021), en la demanda de la referencia; consecuentemente se REFORMA la misma, en el sentido de: Declarar SIN LUGAR la demanda para el pago de ajuste de salario adeudado por pago de interinato y derechos colaterales; por lo que se ABSUELVE a la demandada de tales conceptos; SEGUNDO: CONFIRMANDO la referida sentencia en los acápites SEGUNDO y TERCERO de la parte dispositiva, así como la exoneración de costas; TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar en fecha 1 de julio del 2009, como Inspectora de Personal, devengando un salario de L.15,481.00, el 1 de diciembre del 2014, le notifican como Jefa de Interina de Recursos Humanos, sin embargo, a pesar de haberlo solicitado por la naturaleza del puesto, solicitó verbalmente y por escrito, así como su permanencia; el salario de este puesto interino y conforme el salario señalado y presupuestado es de L. 25,000.00; sin embargo, nunca se lo ajustaron y mantuvieron ese salario de esa forma; el 31 de julio del 2018, le notificaron que no sería más Jefa de Recursos Humanos, trasladándole como Procuradora Legal, pagándole actualmente el Arancel del Profesional del Derecho; legalmente y doctrinariamente se establece que a igual trabajo igual salario, se demostrará que otros trabajadores nombrados en dicha Jefatura se les pagó el salario referido de L 25,000.00, igualmente se demostrará que las horas extras prestadas en el trascurso de dichos años no han sido pagadas y legalmente son irrenunciables, agrega que es afiliada activa del sindicato, por lo cual le amparan esos derechos invocados.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contestó dicha demanda señalando que aceptó el hecho que la demandante inició a laboral el 1 de julio del 2009 y que el 1 de diciembre del 2014, inició en el área de Recursos Humanos del Hospital Regional, fungiendo como Jefe Interino de tal área, cargo que le fue notificado mediante memorando No. 10089-DEI-IHSS, en fecha 26 de noviembre del 2014, emitido por la Dirección Ejecutiva del IHSS, habiendo aceptado el cargo sin protesto, en ningún momento presentó solicitud de reajuste salarial o nivelación de salario a la cantidad que supone ella, era el salario asignado a quien cubriese ese cargo; la parte actora fue notificada en fecha 31 de julio del 2018, mediante memorando SGRH-010118-2018, de lo siguiente: “por este medio notifico que la Comisión Interventora del IHSS Autorizo la reconversión y reasignación de la plaza de Procurador Resolutor asignada al departamento de Recaudación y Recuperación de la Dirección Regional del Norte a la de Procurador del departamento de Asesoría Legal Regional”, rechazando lo expresado en cuanto a que el salario devengado por los Jefes de Recursos Humanos es la cantidad de L.25,000.00 y que esa misma cantidad se encuentre presupuestada para tal cargo, en virtud que no existe tabla que especifique el valor nominal que deba devengarse en dicho puesto; arguye que en ningún momento ha dejado de cumplir con su responsabilidad y ante lo expuesto respecto a las horas extras, cabe mencionar que conforme el artículo 867 del Código del Trabajo refiere que el término de prescripción para el cobro de jornadas extraordinarias de trabajo es de 2 meses, el cual empieza a contar al día que fue pagado o debió pagarse el salario ordinario correspondiente al periodo en que hubiere sido laborado el trabajo extraordinario y las funciones como Jefe Interino de Recursos Humanos en el Hospital Regional del Norte, finalizaron el día 31 de julio de 2018, por lo que ya no es tiempo de pedir tales valores; plantea que se opone a las pretensiones porque lo reclamado es irrisorio e injusto, debido a que no le asiste el derecho de reclamo, las causas invocadas son injustificadas, rechaza lo solicitado, ya que en ningún momento solicitó reajuste salarial y aún más aceptó el puesto de Jefe Interino de Recursos Humanos del Hospital Regional del Norte a conformidad y sin protesto, sin evidencias de haber solicitado por escrito ante su jefe inmediato dicha pretensión de aumento salarial.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 12 de febrero del 2021, dictó sentencia, misma que en su parte resolutiva dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR PARCIALMENTE la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE AJUSTE DE SALARIO ADEUDADO POR PAGO DE INTERINATO Y DERECHOS COLATERALES ANEXOS promovida por la señora REINA MARGARITA HENRIQUEZ MENDOZA en contra del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) representada por el señor RICHARD ZABLAH. SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCION EN CUANTO AL RECLAMO DE AJUSTE DE SALARIO DE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016 Y LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2017 propuesta por la abogada MIDORY DOMINGUEZ REYES en su condición de apoderada legal de la parte demandada el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). TERCERO: En cuanto a la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCION DE HORAS EXTRAS como se indicó en los fundamentos de derecho por resultar innecesario no merece pronunciamiento. CUARTO: SE CONDENA al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) representada por el señor RICHARD ZABLAH a pagar a la señora REINA MARGARITA HENRIQUEZ MENDOZA un gran total de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (L 175,466.90) Que se desglosa en los conceptos económicos siguientes: Ajuste de salario por interinato: L 140,563.90; Décimo tercer mes: L 9,519.00; Vacaciones: 19,038.00; Décimo cuarto mes: 6,346.00. QUINTO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, este Juzgado se pronunciara en primer término con respecto a la prescripción de la pretensión de ajuste salarial, en caso de no prosperar, resolver el tema de fondo para concluir con la prescripción de las horas extras. Según el artículo 867 del Código del Trabajo: “salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo, salvo para estos últimos cuando hubieren estado imposibilitados de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes, extremo que deberán probar en juicio. El término de prescripción para el cobro de jornadas extraordinarias de trabajo empezará a contarse el día en que fue pagado o debió pagarse el salario ordinario correspondiente al período en que hubiere sido laborado del trabajo extraordinario”, la norma en referencia no es aplicable al tema de pago de ajuste de salarios como es el sustento de la petición de la demandante, pues la Ley del Salario Mínimo según su artículo 43 reconoce un plazo especial de dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva su ejercicio, por ende existe prescripción parcial, ya que se pudo ejercitar el derecho desde el año 2014, mas no se hizo, sino hasta el mes de mayo del 2019, en consecuencia, es procedente declarar con lugar parcialmente la excepción de prescripción de los años 2014, 2015, 2016 y los meses de enero y febrero del año 2017, reconociendo la reclamación que se encuentra comprendida dentro de los últimos dos años antes de la presentación de la demanda, esto es mayo del 2017, hasta el mes de julio del 2018; para la procedencia de la reclamación de ajuste salarial efectuó un análisis según las posiciones asumidas de la siguiente forma, la probanza del Contrato Colectivo donde se refleje el derecho que resguarda a la demandante; el salario que tenían otras personas que ocuparon la Jefatura de Recursos Humanos; el salario que devengaba la demandante cuando fungió en el cargo de Jefe de Recursos Humanos interina; conforme a la libre formación del convencimiento regulada en el artículo 739 del Código del Trabajo, la aportación del Contrato Colectivo entre el IHSS y SITRAIHSS en su cláusula No. 24, que habla de sustituciones interinas indica: “el instituto se obliga a cubrir con personal permanente todas las ausencias temporales que surjan en forma imprevista en cargos con especialidad técnica, así como también cuando se produzca otros cargos y que a requerimiento de los Jefes Inmediatos sea necesario cubrir. Los sustitutos devengaran el salario del sustituido, siempre cuando este sea superior; la sustitución automática solamente se aplicará en los cargos con especialidad técnica. En los demás cargos, exceptuándose la sustitución del trabajador ausente, se cubrirán con persona externo”; se constata con los documentos visibles que los señores Edgardo Alexander Be y Mario Augusto Pereza, quienes se desempeñaban como Sub Gerentes de recursos humanos, tenían un salario de L. 25,000.00, hecho que la demandada no presenta discusión, no deja de advertir que el contraste que se hace de diferencias salariales en tema de probanza no corresponde propiamente al cargo de Jefe Interino de Recursos Humanos, cargo el cual la demandante fue nombrada, por un lado está el Jefe de Recursos Humanos y por otro los Sub Gerentes, de tal suerte que se da por probado el mismo salario, en el entendido que por facilidad probatoria era a la demandada a quien le correspondía probar el salario que se devengaba en el cargo que desempeñaba, no es hecho controvertido y en el uso de las máximas de la experiencia comprende que el Jefe de Recursos Humanos debía ganar un salario igual o superior a los Sub Gerentes; finalmente, de los elementos probatorios se logra constatar que la parte demandante en el cargo de Jefa Interina de Recursos Humanos devengaba un salario de L. 15,481.00, llegando a la conclusión que el derecho y las diferencias salariales reclamadas han resultado probadas, estas diferencias salariales no fueron justificadas por la demandada conforme a las condiciones que permite la Ley; analizando la resistencia planteada en la contestación, ahí se arguye que la demandante consintió y no reclamó el salario que devengaba, dejando establecido que la falta de reclamación según el procedimiento que establece al Reglamento Interno de Trabajo del IHSS no fue una cuestión planteada en la contestación, si no hecho de forma extemporánea en alegatos finales, por lo que no merece respuesta según los artículos 10, 11 y 208 del Código Procesal Civil, aplicados de forma supletoria por el artículo 858 del Código del Trabajo, el derecho de la demandante nace conforme al Contrato Colectivo y este tiene sustento en los artículos 53, 55, 60 del Código del Trabajo, de ahí que el derecho contenido en el Contrato Colectivo no debe estar supeditado a la anuencia del trabajador o a la falta de reclamo, pues una vez vigente este se vuelve obligatorio, siendo fuerza de ley para las partes sin que quepa desconocerse sus efectos, en consecuencia la demanda en cuanto al ajuste salarial debe ser declarada con lugar; en cuanto a la reclamación de las horas extras considera que la demandante no ha indicado a que año, día, mes y horas corresponde esa reclamación más que de forma generalizada mencionó los últimos años, siendo esto su carga inicial, de ahí que no resulta atendible esta reclamación, la misma suerte corre la bonificación y la suma adicional compensatoria solicitada, entonces al no poder definir el tiempo al que hace referencia se vuelve innecesario valorar la prescripción de las horas extras alegada por la parte demandada en la audiencia primera de trámite.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 17 de mayo del 2021, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el A-quo, la cual en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación formulado por la representante procesal de la parte demandada, abogada MIDORY DOMINGUEZ contra la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial en fecha DOCE DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO (2021), en la demanda de la referencia; consecuentemente se REFORMA la misma, en el sentido de: Declarar SIN LUGAR la demanda para el pago de ajuste de salario adeudado por pago de interinato y derechos colaterales; por lo que se ABSUELVE a la demandada de tales conceptos; SEGUNDO: CONFIRMANDO la referida sentencia en los acápites SEGUNDO y TERCERO de la parte dispositiva, así como la exoneración de costas; TERCERO: SIN COSTAS…” Bajo el criterio que se debe aplicar la regla de prescripción establecida en el artículo 867 del Código del Trabajo, normativa en la que se fundamenta la excepción perentoria en cuestión, acusando que de otra manera la sentencia sería injusta, a ese respecto en asuntos similares el tribunal se ha pronunciado estableciendo que el artículo 867 del Código precitado dispone que: “salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de 2 meses”, norma en la que no se subsume lo atinente a la prescripción de la acción mediante la cual se reclama el ajuste de salario, como bien lo apreció el iudex A-quo, pues el salario se deriva directamente del contrato o relación de trabajo, siendo los artículos 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo los aplicables supletoriamente y en razón del principio indubio pro operario en cuanto a la norma más favorable en beneficio del trabajador, sentido en el que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo se ha pronunciado en la sentencia CL510-15 estableciendo que: “en cuanto al reclamo del incremento salarial, éste tiene un término de dos años para ser reclamado conforme a lo previsto en los artículos 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo”, tratándose del reclamo de ajustes salariales, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario de los dos últimos años, por analogía en razón del derecho y la pretensión planteada, corresponde aplicar el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo, resultando inatendible aplicar el plazo de prescripción establecido en el artículo 867 del Código de Trabajo; que en la contestación de la demanda y en las secuelas del juicio se le hizo ver al juez A-quo que la demandante en ningún momento presentó ningún reclamo para que se le reconociera o se le concediera el ajuste que ella aduce le corresponde, según lo dispone el Reglamento Interno del IHSS, indicando que el único reclamo oficial que presentó fue ante la Secretaría del Trabajo, previo a realizar el trámite judicial, cuestionamiento que no es posible revisar porque no se aportó a juicio el Reglamento en referencia; el salario que supuestamente devengaban los señores Edgardo Alexander Be y Mario Augusto Peraza, bajo la hipótesis que fueron Sub Gerentes de Recursos Humanos, señalando que en la contestación de la demanda se hace referencia que no hay una base salarial establecida para el puesto en cuestión, lo que así se evidenció mediante la descripción de puestos y funciones, ante dicho cuestionamiento es oportuno señalar que el objeto del debate se centra en determinar si a la actora le corresponde el ajuste de salario de L. 15,481.00 a L.25,000.00, en tanto se desempeñó como Jefa Interina de Recursos Humanos, pues la demandante aseveró en el escrito de la demanda que el salario para dicha plaza está presupuestado y la demandada al contrario, aseguró que no existe una tabla que especifique el valor nominal que deba devengarse en dicho puesto; ante dicho contradictorio de las pruebas resulta acreditado que la Jefatura en referencia no cuenta con la tabla presupuestaria, ya que todo es gestionado a nivel central y si bien consta que dos personas devengaron la suma de L.25,000.00, dicho salario está asignado al cargo de Sub Gerente de Recursos Humanos, que es una plaza distinta a la de Jefatura de Recursos Humanos, pues en el Memorando SGRH-010118-20189, se aprecia que el mismo se dirige del Sub Gerente de Recursos Humanos a la Jefe Interino de Recursos Humanos Dirección Regional del Norte, cargo que ocupaba la demandante y conforme el perfil del puesto de Jefe Departamento Gestión de Recursos Humanos, entre las funciones frecuentes de éste, están las de remitir copia de las acciones o sanciones a la Gerencia de Recursos Humanos, de lo que se deduce que la Jefatura de Recursos Humanos es jerárquicamente inferior a la Gerencia y Sub Gerencia de Recursos Humanos, por consiguiente no es posible ajustar el salario, pues no se trata de cargos iguales, ni resulta acreditado que se hayan realizado labores iguales; por lo anterior, no comparte la conclusión del iudex A-quo fundado en las máximas de la experiencia respecto del cargo de Jefe de Recursos Humanos en relación al de Sub Gerencia de Recursos Humanos, pues en todo caso dichas máximas llevarían a concluir contrario atendiendo al ámbito organizacional de las entidades del Estado; por las razones antes expuestas y en atención a la facultad concedida en el artículo 667 del Código del Trabajo, puede reformar o revocar la decisión del Juez de primera instancia y estima procedente reformar la sentencia impugnada por no responder probanzas del juicio.- 5. Mediante auto de fecha 18 de agosto del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ELVIS RENE HERNANDEZ REYES, en su condición de representante procesal de la señora REINA MARGARITA HENRIQUEZ MENDOZA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 15 de noviembre del 2021, compareció ante este Tribunal el Abogado ELVIS RENE HERNANDEZ REYES, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 15 de noviembre del 2021, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 25 de enero del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada MIDORY DOMINGUEZ REYES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada, MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental bajo la garantía de igualdad de trato ante la ley y la no discriminación que posibilita a todas las personas, el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones, como también para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales.- Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- VII. Por otra parte, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente en materia laboral, el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable al trabajador y de la condición más beneficiosa a este, como los de primacía de la realidad, pro homine, indemnidad o ajenidad de riesgos e irrenunciabilidad y orden público.- VIII. Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello, también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- IX. Que revisada la sentencia recurrida y de conformidad al control de oficio en la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se estima que el fallo del Ad-Quem, mediante el cual se reforma por mayoría de votos la sentencia de primera instancia, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme se ha transgredido situaciones que amparan derechos y garantías constitucionales en base al principio que rige la materia laboral como ser el protector, ya que la ley determina la no discriminación y al analizar la situación jurídica en base a la justicia y razonabilidad al no reconocerle el pago a la señora REINA MARGARITA HENRIQUEZ MENDOZA, en iguales condiciones que se le daban a los Sub Gerentes de Recursos Humanos, en base al principio de irrenunciabilidad existió una disminución de su derecho a la nivelación salarial que solicita en base al desempeño de las funciones como Jefe del Departamento de Recursos Humanos regional de la ciudad de San pedro Sula, quedando como hechos probados en las sentencias emitidas por el A-quo y Ad-Quem, un perjuicio procesal, de tal manera que este Tribunal deba enmendar.- X. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XII. Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-Quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 18, 361, 666 letra c) 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 43 de la Ley del Salario Mínimo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortes, de fecha 17 de mayo del 2021, visible a folios 15 al 19 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes agosto del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 256-21.Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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