Sentencia CL-255-21 — Registro 15612
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia, reclamando el pago de indemnización por accidente de trabajo, devolución de gastos médicos, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada, el artículo 426 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado: “REGLAS PROCESALES VIOLADAS: La norma procesal que sirvió de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en el Artículo 426 del Código del Trabajo..”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria; c) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, d) Formula alegatos de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de noviembre del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 09 de mayo del 2022, por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), como recurrente; además, es parte recurrida, la Abogada MARTHA PATRICIA CACERES GARAY, actuando en causa propia. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia, reclamando el pago de indemnización por accidente de trabajo, devolución de gastos médicos, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 19 de junio del 2019, por la Abogada MARTHA PATRICIA CACERES GARAY, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, actuando en causa propia, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de su representante legal, el Doctor FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 13 de mayo del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 19 de febrero del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda laboral para el pago de indemnización por accidente de trabajo, promovida por la Abogada MARTHA PATRICIA CACERES GARAY, quien actua en causa propia, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, a través de su representante legal el señor FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; 2) En consecuencia CONDENA: A la UNIVERSIDAD NACIONIAL AUTONOMA DE HONDURAS, a través de su representante legal el señor FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, a pagar a la trabajadora MARTHA PATRICIA CACERES GARAY, la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L.357,997.92), En concepto de Indemnización por accidente de trabajo.- 3) ABSUELVE: a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, a través de su representante legal el señor FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, de pagar los gastos médicos incurridos por la demandante.- 4) SIN COSTAS…”- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral para la demandada el 01 de agosto de 1985, como Profesor por Hora en el Departamento de Lenguas Extranjeras, en lo que antiguamente se conoció como Centro Universitario Regional del Norte (CURN), siendo actualmente Profesor Auxiliar en el mismo Departamento, conocido hoy dicha regional como Universidad Nacional de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), siendo su jornada de trabajo de 6 horas diarias, en un horario de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., de lunes a jueves, los viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.- El día miércoles 3 de mayo de 2017, aproximadamente a las 8:02 p.m., la demandante después de realizar su respectivo marcaje de salida se dirigió al estacionamiento donde tenía su vehículo exactamente frente al edificio No.3, donde se ubica las oficinas administrativas y Plaza Froilán Turcios, allí se encuentran las calles adoquinadas que a la fecha están totalmente deterioradas (baches) agravando esa situación la poca iluminación que no permite identificar dichos baches con facilidad, por lo que fue víctima de una caída estrepitosa donde al falsear su pie en uno de los baches, perdió el equilibrio e inmediatamente impactó contra el piso, siendo socorrida por un grupo de catedráticos que le ayudaron a ponerse de pie; debido al intenso dolor y la evidente deformación de su mano derecha, fue atendida en un centro privado de esta ciudad (San Pedro Sula), no obstante de haber asistido en un inicio al IHSS, en donde se le informó que no la podían atender en ese momento a pesar de ser afiliada activa a dicha institución; posteriormente y de forma inmediata la demandante fue trasladada al Hospital del Valle, donde se le atendió en la sala de emergencias, dada la gravedad y una evidente deformación de su mano y el intenso dolor, fue hospitalizada y sometida a las respectivas radiografías que evidenciaban haber sido víctima de fractura de cubito y radio de su mano derecha, practicándole de forma urgente una operación. Que la patronal expresamente reconoce que lo que aconteció esa noche fue un evidente accidente de trabajo, cabe mencionar que la demandante fue sometida a programas de terapias (31 en total), a fin de poder restablecer el movimiento y habilidad de su mano derecha afectada por dicho accidente, lamentablemente no pudo recuperar la movilidad total de su mano, por lo que se sometió a las evaluaciones médicas que le ordenó la Comisión de Invalidez del Seguro Social, donde después de recabar información y de realizarle un sin número de evaluaciones médicas, concluyeron con un informe de dicha comisión, emitido en fecha 22 de noviembre de 2018, y en el cual se le dictaminaba “ANQUILOSIS”, de un 40% que lamentablemente le deriva a una incapacidad parcial permanente. Que la demandante acudió a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de San Pedro Sula, donde después de evaluar toda la documentación presentada, así como de haber constatado sus últimos salarios devengados (información proporcionada por la patronal), procediendo a realizarle el cálculo a indemnizar equivalente a la suma de L.447,498.64, cálculo del cual se acompaña copia fotostática debidamente autenticada. Una vez obtenido dicho cálculo, la demandada fue requerida de pago por la autoridad del trabajo de este término, no obstante, de habérsele concedido un término prudencial no honró el requerimiento de pago señalado, acompañando la constancia de cierre de las diligencias administrativas.- 2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que, efectivamente en fecha 03 de mayo de 2017, la demandante sufrió un accidente de trabajo al momento de dicho accidente ésta devengaba un salario mensual de L.43,306.23; sin embargo, no estamos de acuerdo con el monto calculado por la Inspección Regional de Trabajo, puesto que utilizó el salario promedio diario de la demandante, lo cual resulta improcedente, ya que el artículo 411 (párrafo primero y numeral 1) del Código del Trabajo, claramente establece que salario que debió utilizarse en el caso que nos ocupa y literalmente dice: “El Cálculo del salario de un trabajador se determinara del modo siguiente: 1) Salario diario es el salario fijo que perciba el trabajador por jornada ordinaria de trabajo...”, para el caso y considerando el salario que la demandante devengaba al momento del accidente, la Regional del Trabajo debió utilizar el salario base diario (L.1,443.54) de la demandante, el cual multiplicado en primera instancia por los 620 días y luego por el 40%, establecidos en los artículos 426 y 454 (ordinal 39), ambos del Código del Trabajo y que da como resultado la cantidad L.357,997.92, bajo el supuesto de que efectivamente le correspondiera el 40% y no un porcentaje menor. En el caso que nos ocupa, si bien es cierto la demandante adolece de una lesión que le provoca una incapacidad parcial permanente, no es menos cierto que hasta la fecha eso no le ha impedido realizar la actividad docente en favor de la institución demandada, es decir, la incapacidad no le limita para ejercer la actividad remunerada que ha venido realizando durante todo este tiempo. Del acápite denominado LO QUE SE DEMANDA, claramente se desprende que la demandante además de la indemnización solicitada, persigue en su reclamo, que la demandada le reconozca y reembolse, valores de dinero honrados por su persona a una Institución Hospitalaria Privada, con la cual la UNAH no mantiene relación alguna y que ascienden a la cantidad de L.96,736.66, lo cual no es factible, por el hecho de que la demandada como patrono, cumple con su obligación al aportar y estar al día con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el cual presta servicios de emergencia y en donde además se realizan cirugías como la realizada a la demandante, por lo tanto y considerando que el hecho de haber asistido la demandante a un hospital privado fue una decisión voluntaria y unilateral de su persona, no existiendo obligación alguna para la UNAH en relación a los gastos mencionados.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 19 de febrero del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda laboral para el pago de indemnización por accidente de trabajo, promovida por la Abogada MARTHA PATRICIA CACERES GARAY, quien actua en causa propia, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, a través de su representante legal el señor FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; 2) En consecuencia CONDENA: A la UNIVERSIDAD NACIONIAL AUTONOMA DE HONDURAS, a través de su representante legal el señor FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, a pagar a la trabajadora MARTHA PATRICIA CACERES GARAY, la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L.357,997.92), En concepto de Indemnización por accidente de trabajo.- 3) ABSUELVE: a la UNIVERSIDAD NACIONIAL AUTONOMA DE HONDURAS, a través de su representante legal el señor FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, de pagar los gastos médicos incurridos por la demandante.- 4) SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, se entiende como accidente de trabajo todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa u ocasión del Trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera. Incapacidad parcial permanente es la disminución de las facultades de un individuo por haber sufrido la pérdida o parcialización de algún miembro, órgano o función del cuerpo, según dispone el artículo 409 del Código del Trabajo. El patrono es responsable de la reparación de los riesgos profesionales ocurridos a sus trabajadores en los términos de los artículos 403, 404 del Código del Trabajo; que según dispone el artículo 417 del Código del Trabajo, se tomará para calcular las indemnizaciones, el salario diario que perciba el trabajador en el momento en que se realice el riesgo, tratándose de trabajadores cuyo salario se calcule por unidad de obra, se tomará como base la cantidad que resulte como promedio diario en el último mes anterior al accidente y a falta de este dato el promedio diario en la última semana anterior al accidente. La demandada objeta el hecho de que la inspectoría Regional del Trabajo haya realizado el cálculo sobre el 40%, ya que no establece razonamiento ni criterio para aplicar dicho porcentaje; en relación a tal objeción, si bien es cierto, la Secretaría de Trabajo, establece come porcentaje el 40% para calcular la indemnización que le corresponde a la demandante, pero este porcentaje no lo establece la Secretaría del Trabajo, sino que los peritos calificados para determinar dicho porcentaje que es la comisión técnica de Invalidez y Vejez y Muerte del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde establecen el grado de capacidad funcional que perdió la demandante debido al accidente de trabajo, razón por la cual es procedente calcular la indemnización sobre dicho porcentaje. Que del análisis de las pruebas aportadas al proceso y siendo un hecho controvertido en el presente juicio determinar el monto que tiene que pagar la demandada en concepto de indemnización por la incapacidad parcial permanente que sufrió la demandante como consecuencia de un accidente de trabajo y siendo que la norma legal aplicable establece que para calcular las indemnizaciones se tomará el salario diario que devenga el trabajador y quedando acreditado en autos que la demandante devengaba al momento de sufrir el accidente un salario mensual de L.43,306.36, con un promedio diario de L. 1,443.54 y este multiplicado por 620 días da un resultado de 894,994.80 por el 40% da un total de 357,997.92, por lo que es procedente condenar a la demandada a pagar en concepto de indemnización por accidente de trabajo la cantidad de L.357,997.92; una de las pretensiones de la demandante es que se le reembolse los gastos médicos ocasionados del accidente de trabajo, si bien es cierto, es obligación del patrono proporcionarle asistencia médica a sus empleados y que para cumplir con esa obligación es a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social y pagar el beneficio que goza el trabajador con la simple incorporación por parte del patrono a las planillas de cotización como empleado cotizante; la trabajadora demandante acepta y también quedó acreditado en autos que la demandada al momento de sufrir el accidente de trabajo, la demandante se encontraba al día con los pagos de cotización al IHSS, pero aduce la demandante que al momento del accidente, se trasladó al IHSS y que no le brindaron asistencia médica, pero en ningún momento acredita que dicha institución no la quiso atender ni los motivos por los cuales no le brindó la asistencia médica, razón por la cual no precede condenar a la demandada a que le rembolse o pague los gatos médicos en que incurrió, ya que fue a criterio personal de la demandante, en atenderse en una clínica privada, y la obligación del patrón como se dijo anteriormente, es brindar asistencia médica y estar al día en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 13 de mayo del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas. Bajo el criterio que, las pretensiones de las partes nacen de la relación laboral o del contrato de trabajo, del vínculo entre el trabajador y el empleador y de los derechos y obligaciones que generan; es decir, dan comienzo al proceso, ordinariamente por iniciativa del trabajador, por estar instituido para garantizar la observancia y el ejercicio de los derechos propios de las personas que desarrollan actividades subordinadas. En el sub judice es un hecho irrefutable, que la demandante el 3 de mayo del 2017, a la salida de su jornada de trabajo se dirigió al lugar donde tenía aparcado su vehículo, al ir caminando le falseó el pie y cayó al suelo sobre su brazo derecho, unos compañeros de trabajo la ayudaron a ponerse de pie y debido al dolor y deformación de la mano fue atendida en la sección de emergencia del Hospital del Valle, ubicado en esta ciudad (San Pedro Sula), por politraumatismo de antebrazo derecho de aproximadamente 30 minutos de evolución, al doblarse el tobillo y caer todo su peso sobre el brazo, causando deformidad de antebrazo derecho y dolor intenso, cuyo diagnóstico fue "fractura de radio derecho desplazada", le realizaron un procedimiento quirúrgico de reducción abierta más osteosíntesis con placa en t. Posteriormente al procedimiento quirúrgico que le practicaron en el mencionado centro médico privado, la actora tuvo necesidad de someterse a muchas sesiones de fisioterapia y/o servicios especializados de rehabilitación, según se aprecia de los documentos visibles a folios del 26 al 29, 37, de la pieza principal y aun con toda la atención médica recibida no logró recuperar el movimiento natural en la mano lesionada, razón por la cual fue evaluada por la Comisión Técnica de Invalidez, Vejez y Muerte, dependencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social y concluyó que la demandante presenta una pérdida de capacidad funcional de un 40%, a consecuencia de accidente de trabajo, por lo que le dictaminaron estado de incapacidad parcial permanente a partir del 22 de octubre del 2018 ( folio 23 p.p.), finalizando el trámite con el cálculo de la indemnización elaborado por la autoridad administrativa competente, documentos que no consta de autos que la parte demandada haya impugnado en la respectiva instancia administrativa, por tanto, habiéndose dictaminado el riesgo en un 40%, es ese porcentaje el aplicable, por haberlo así dictaminado la autoridad respectiva y que esta alzada no puede desconocer, en cuyo caso, surten todos sus efectos legales para su validez. El principio de legalidad constituye la base en que descansa la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, a través de los cuales se legitima la actuación de los tribunales. Dichos principios se encuentran consagrados en los artículos 1, 80 y 90 de la Constitución de la República; 857 y 858 el Código del Trabajo; 3, 7 y 129 del Código Procesal Civil, normativas que exigen el cumplimiento irrestricto de las disposiciones legales en el desarrollo de las actuaciones procesales que incluyen formalidades de carácter imperativo, según la materia que corresponda; de ahí que las argumentaciones de la parte demandada ante esta instancia son inatendibles, por cuanto, el Tribunal concluye que la sentencia proferida está apegada a derecho pues resuelve todos los puntos sometidos al contradictorio; y si bien, la parte actora vía adhesión al recurso de apelación formulado por la parte demandada, reclama el reembolso de los gastos médicos incurridos en su tratamiento post-operatorio, tal reclamación es inatendible, dado que la UNAH-VS, estaba al día con el pago de las cotizaciones al IHSS, en cuyo caso la señora Cáceres Garay, tuvo que haber recibido la asistencia médica a través de ese centro hospitalario, por manera que si el tratamiento fue privado fue decisión propia de la demandante, en cuyo caso releva de pago de gastos médicos al patrono. Del análisis y estudio exhaustivo del proceso, de las alegaciones de las partes y de la confrontación de la sentencia recurrida con el material fáctico y probatorio allegado al proceso, esta Corte de Apelaciones estima inatendibles las pretensiones de las partes con los recursos interpuestos; en consecuencia, es procedente confirmar el fallo recurrido.- 5. Mediante auto de fecha 16 de agosto del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 09 de mayo del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 09 de mayo del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 28 de junio del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARTHA PATRICIA CACERES GARAY, actuando en causa propia, como parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional, por infracción directa proveniente de la falta de aplicación del Artículo 426 del Código de Trabajo, que la hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que la llevo en forma directa a la violación de los párrafos primeros de los Artículos 401 y 413 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: La norma procesal que sirvió de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en el Artículo 426 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, incurrió en error de hecho por la falta de aplicación del Artículo 426 del Código de Trabajo, y condenar así a mi representada al pago de una indemnización proveniente de un accidente de trabajo, en un valor ajustado al máximo establecido en la tabla que el Código de Trabajo desarrolla en el numeral 39 del Articulo 454.- El Artículo 426 del Código de Trabajo, establece literalmente que "cuando el riesgo profesional realizado produzca el trabajador una incapacidad permanente y parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiera sido permanente y total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, teniendo en cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y si esta es absoluta para ejercer su profesión, aunque quede habilitado para dedicarse a otra, o si simplemente han disminuido sus aptitudes para el desempeño de la misma. Se tendrá igualmente en cuenta si el patrono se ha preocupado por la reeducación profesional del obrero y le ha proporcionado miembros artificiales cinemáticos". Nuestra legislación hace un aporte claro de lo que hemos señalado en autos, la doctrina también, y al respecto dice lo siguiente: "se tomara el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a su profesión u oficio, tomándose asimismo en consideración si el patrono se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador (De la Cueva, 1986).- En el caso que nos ocupa, mi representada no desconoce que la demandante adolece de una lesión que le provoca una incapacidad parcial permanente, sin embargo ese padecimiento tampoco le ha impedido hasta la fecha desempeñarse en la actividad docente en favor de la Institución, es decir, la incapacidad no le limita para ejercer la actividad remunerada que ha venido realizando durante todo este tiempo. Por ello insistimos con este recurso, que de ser aplicado el Artículo 426 del Código de Trabajo al caso que nos ocupa, y cumpliendo con los supuestos allí establecidos, la aplicación de un 15 por ciento (porcentaje mínimo establecido en el ordinario 39 del Artículo 454 del Código de Trabajo), condenaría a mi poderdante a pagar un valor distinto y aceptable en concepto de indemnización por accidente de trabajo en favor de la demandante”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada, el artículo 426 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado: “REGLAS PROCESALES VIOLADAS: La norma procesal que sirvió de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en el Artículo 426 del Código del Trabajo..”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria; c) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, d) Formula alegatos de instancia.- IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes diciembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de noviembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 255-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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