Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-247-20 — Registro 14940

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo u otro igual o mejor categoría en virtud de despido ilegal e injusto, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria, costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) si bien es cierto entre otras, las normas citadas por el Recurrente forman parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 116, 120 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; c) formula alegatos propios de instancia.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que no se ha encontrado un motivo debidamente estructurado de acuerdo con el requisito establecido por el artículo 769 del Código de Trabajo.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; c) asimismo al explicar la violación se refiere a la prueba testifical, la cual por no ser reglada y sujeta a la libre formación del convencimiento del juzgador, no puede ser objeto de ataque en este extraordinario recurso; y, d) formula alegatos propios de instancia.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha ­­­31 de enero del 2022, por el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JORGE ALBERTO DERAS CUELLAR, representado en juicio por la Abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo u otro igual o mejor categoría en virtud de despido ilegal e injusto, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de julio del 2015, por el señor JORGE ALBERTO DERAS CUELLAR, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su representante legal y Directora Ejecutiva Interina la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 06 de diciembre del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha 07 de diciembre del 2018, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO, en su condición de Representante Procesal demandante.- II.- REVOCAR los numerales 1) y 2) de la parte resolutiva del fallo que declara SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el reintegro interpuesta por el trabajador JORGE ALBERTO DERAS CUELLAR contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), y el que ABSUELVE al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) del reintegro del señor JORGE ALBERTO DERAS CUELLAR; en consecuencia: 1) Declara CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor JORGE ALBERTO DERAS CUELLAR contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Representante Legal y Directora Ejecutiva Interina MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, para el reintegro al puesto de trabajo u otro igual o mejor categoría, en virtud de despido ilegal e injusto, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria y costas.- 2) CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Representante Legal y Directora Ejecutiva Interina MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, a lo siguiente: a) REINTEGRAR al señor JORGE ALBERTO DERAS CUELLAR al cargo que venía desempeñando en la institución demandada o a otro de iguales condiciones de trabajo de las que tenía al momento de la terminación de la relación laboral.- b) A título de daños y perjuicios se le hagan efectivos los salarios dejados de percibir desde el día en que ocurrió la terminación de la relación laboral hasta que se cumpla con la reinstalación ordenada en el literal a) del numeral 2) de esta parte dispositiva, así como hacerle efectivos los valores que se le adeuden en concepto de derechos adquiridos y los demás beneficios otorgados a otros trabajadores durante la ruptura de la relación laboral.- III: CONFIRMA el ordinal III que se refiere a la no condena de costas.- IV.- SIN COSTAS, en esta instancia…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a laborar para la demandada desde el 01 de noviembre del 2006, en el cargo de Supervisor de Proyectos, y a partir del 27 de mayo del 2009, con nombramiento de Asistente de División de Ingeniería, devengaba en los últimos seis meses un salario de L. 43,679.00; que se le notificó por escrito el despido el 27 de marzo del 2015, donde decidieron dar por terminada la relación laboral por la supresión del Departamento de Ingeniería y Proyectos por mandato de ley; argumentó que en el presente caso se encuentra ante lo que en materia laboral se conoce como outsoursing y viene a ser la externalización o tercerización de servicios que proviene del término ingles outsoursing y responde al acto mediante el cual una organización contrata a un tercero para que realice el servicio en el que está especializado para reducir costos y evitar a la organización la adquisición de una infraestructura propia que le permita la correcta ejecución del trabajo; que la ilegalidad del despido evidencia la violación de dos normas contenidas en el artículo 129 de la Constitución de la República y la contenida en el artículo 47 del Código del Trabajo. Asimismo manifestó que en el presente caso se da la figura del Fraude de Ley, ya que pretendieron justificar el despido en la supresión de la división de Ingeniería y Proyectos para evadir las obligaciones laborales, sin tomar en cuenta que una de las funciones principales de dicha División corresponde a la prestación de un servicio que es el Otorgamiento de Préstamos Hipotecarios a participantes del Sistema de INJUPEMP, lo que implicó la realización de funciones de inspección, valuación, remedida, supervisión de desembolsos, visitas especiales requeridas en casos particulares, y una serie de actividades conexas al mero servicio de valuación que corresponde al tipo de cliente; en tal sentido el fraude de ley se precisa cuando se prueba que la labor en la institución se sigue desarrollando mediante la contratación de servicios profesionales para la valuación de inmuebles por parte de personas naturales o jurídicas, desacreditando este hecho la cancelación del personal cuyo contrato especifica las funciones de valuación de inmuebles y dicho sea de paso poniendo en riesgo los intereses del INJUPEMP ya que otras actividades conexas al servicios como ser: dictámenes técnicos, remedidas y replanteos, supervisiones especiales quedan en suspenso por no corresponder meramente a la contratación de servicios de valuación y peritaje. Asimismo, con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio, el demandante acudió ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, lo cual no fue posible, dando por cerradas las diligencias Administrativas.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda rechazando totalmente los hechos de la misma, alegando en su defensa, que conforme su Ley Orgánica, se creó con el objeto de que mediante la captación, administración e inversión de sus recursos económicos, logre la prestación de los beneficios establecidos en la presente Ley, en la forma más optima; la División de Ingeniería y Proyectos fue creada en la década de los años 80 como el brazo técnico del Departamento de Préstamos Hipotecarios, siendo su finalidad principal el supervisar los avances de las obras en la ejecución de los proyectos habitacionales masivos que desarrollaba el INJUPEMP, en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Que la antigua Junta Directiva del INJUPEMP, mediante Resolución JD-No.01-1307, de fecha 06 de Marzo del 2014 y ratificada el Jueves 10 de abril del mismo año, conocida la solicitud del Proyecto Gradual de Reorganización Institucional, conducente a la restructuración organizacional de algunas dependencias del Instituto, así como a la supresión de la División de Ingeniería y Proyectos; consideró que en la actualidad el funcionamiento de dicha División no es congruente con el destino que la Ley ordena para los fondos del Instituto, y que por lo tanto su incorporación en el programa de Adecuación Organizacional es debidamente justificada, con la finalidad de suprimirla totalmente, cumpliendo las disposiciones legales vinculantes de la relación obrero patronal; asimismo y en cumplimiento al artículo 127 en lo relativo a la prestación de los servicios de préstamos personales e hipotecarios y a los artículos 9 numeral 6), 18 numeral 4) de la Ley del INJUPEMP y al artículo 20 del "Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones por Parte de los Institutos de Previsión", la Dirección Interina solicitó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante Oficio No. 336 del 04 de agosto del 2014, el visto bueno del proyecto de Reglamento de Prestamos, respecto al cual la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante Oficio SEGSE-OF-398/2015 de fecha 18 de febrero de 2015, notificó a la Dirección Interina del INJUPEMP la Resolución SS No. 1655/17-12-2014, dictaminando favorablemente el proyecto de Reglamento de Prestamos; que el Reglamento de Prestamos en los artículos del 78 al 81 manda que los servicios de avalúo de bienes inmuebles para préstamos hipotecarios deban ser prestados por profesionales valuadores, que estén debidamente certificados y registrados en la CNBS. Este mandato está conforme con la Resolución GE No. 073/21-01-2015 emitida por la CNBS, denominada "Normas para la Evaluación y Clasificación de la Cartera Crediticia", mediante la cual se definen los criterios para que cuando se trate de bienes muebles o inmuebles, el valor computado de la garantía debe estar respaldado por un avalúo efectuado por profesionales en la materia o empresas dedicadas a dicha actividad debidamente registradas en la CNBS. Para tal efecto la misma CNBS, emitió la Resolución GE No. 1922/11-12-2012, que reforma las “Normas para el Registro de Valuadores de Activos Muebles e Inmuebles, Otros Activos y Garantías de Crédito de Instituciones Supervisadas", las cuales según el numeral 1) del Articulo 1 tiene por objeto regular la inscripción, la renovación, suspensión y cancelación de personas naturales y jurídicas en el Registro de Valuadores de Activos Muebles e Inmuebles, Otros Actives y Garantías de Créditos de las Instituciones Supervisadas. De forma categórica también en el numeral 2) de este artículo, se establece que: “las instituciones supervisadas contraten los servicios profesionales de valuación ofrecidos por las personas naturales y jurídicas inscritas en dicho Registro y conforme a los ramos autorizados por la Comisión”. La Ley para Optimizar la Administración Pública emitida por el Honorable Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Legislativo 266-2013, contentivo de mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno, en su artículo 14 numeral 3) y párrafo final señala claramente que las Instituciones Descentralizadas podrán suprimir dependencias internas cuando sea necesario o conveniente, para los fines de la administración pública; asimismo cabe destacar el Dictamen Financiero, Actuarial y de Procesos relacionado con el análisis de costos de la División de Ingeniería y Proyectos actualizado con cifras del periodo comprendido entre el primero de enero del 2014 al 28 de febrero del 2015, ratifica el perjuicio económico que causa al Instituto la existencia de dicha División; determinándose que en ese periodo, para el Instituto y consecuentemente para los beneficiarios del Fondo de Pensión la perdida fue de L.6,744,767.30 y que el impacto en el déficit actuarial de continuarse con la operación de esta División es de aproximadamente L.200,000,000.00. Resulta evidente que el INJUPEMP, en el caso de la terminación laboral con el demandante, por mandato legal, ha observado y cumplido estrictamente las normas legales vigentes para dicha ejecutoria, fundamentada en que el centro de trabajo denominado División de Ingeniería y Proyectos fue suprimido de la organización administrativa de la Institución; en virtud de lo cual, el puesto de trabajo desapareció de la estructura organizacional del INJUPEMP y siendo esta una causa de terminación laboral no imputable al demandante, por mandato legal la demandada sostuvo y mantuvo el reconocimiento expreso del pago total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales; es preciso aclarar que en la actualidad los servicios de avalúos de inmuebles objeto de préstamos hipotecarios otorgados por el Instituto, lo concerniente al avalúo propiamente dicho, es efectuado por un Ingeniero Valuador certificado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, cuyo pago podrá ser cancelado por el participante al valuador por medio del Instituto, quien a su vez efectuara el pago al Perito valuador contra la entrega del informe de valuación y el recibo correspondiente; de tal manera que de conformidad con la ley, la operatividad de la suprimida División de Ingeniería y Proyectos ya no tiene razón de ser por los motivos anteriores descritos, ya que como se ha expresado el demandado no ejerce ya actividades de avalúos respecto a los préstamos hipotecarios otorgados, ni realiza supervisión de proyectos sencillamente porque no ejecuta o desarrolla ya, ningún proyecto habitacional, y que por lo tanto la demanda de mérito es totalmente improcedente.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 07 de diciembre del 2018, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO A SU PUESTO DE TRABAJO POR DESPIDO INJUSTO E ILEGAL, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR; instaurada por el Señor JORGE ALBERTO DERAS CUELLAR; contra EL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Representante Legal y Directora Ejecutiva la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA; II.- ABSOLVER: AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Representante Legal y Directora Ejecutiva la Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA de reintegrar al señor JORGE ALBERTO DERAS CUELLAR; así como de pagar las salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia. III.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, del análisis de la prueba en su conjunto y de conformidad a las causas señaladas en la nota de terminación relación laboral expresada al demandante y fundamentada en la supresión de la División de Ingeniería y por ende de la plaza del demandante, causa ésta fundamentada en el artículo 95 numeral 19 del Código de Trabajo sobre las obligaciones de los empleadores que reza: “Llevar a cabo los reajustes de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo. A falta de estas, respetaran los derechos de antigüedad y, en igualdad de condiciones, preferirán a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando" relacionado con el artículo 111 del Código del Trabajo, que dice: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 1) Cualquiera de las estipuladas en ellos si no fueren contrarias a la ley… 9) Liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento”; que esta Juzgadora considera que la parte demandada ha probado en juicio la necesidad de restructuración organizacional de algunas dependencias del Instituto, restructuración que conllevó a suprimir la División de Ingeniería, sustentada en la reducción del presupuesto del INJUPEMP en un 10% tal como consta en el oficio CGG-142-14 (ver folio 46); hecho que obliga a la institución a tomar las medidas administrativas pertinentes; enmarcadas en disposiciones legales tales como La Ley para Optimizar la Administración Pública emitida por el Honorable Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Legislativo 266-2013, contentivo de mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno, en su artículo 14 numeral 3) y párrafo final señala claramente que las Instituciones Descentralizadas podrán suprimir dependencias internas cuando sea necesario o conveniente, para los fines de la administración pública; en ese orden de ideas es preciso mencionar que existen pronunciamientos previos del máximo Tribunal de Alzada como lo es la Sala Laboral Contencioso Administrativo en relación a la Restructuración o Reorganización de las Empresas señalando que el Código del Trabajo establece en forma concreta y diferenciada, las causas de terminación del contrato de trabajo, y las causas o motivos de despido, acciones que tienen origen y efectos distintos, en el caso de mérito, se trata de una causa de terminación de la relación de trabajo, con el reconocimiento al pago de las prestaciones laborales, regulada en el artículo 111 numeral 1 y 9; eso nos demuestra que la ley permite las reorganizaciones o reestructuraciones dentro de una empresa cuya consecuencia lógicamente tiene que ser los cambios no solo de estructura sino también de personal laborante ya haciendo traslados, permutas y hasta despidos. Entonces como causa permitida por la ley en el Código del Trabajo y esto es lógico y de la naturaleza, ya que las empresas no son estáticas, cambian constantemente por adelantos tecnológicos o para lograr una mejor administración en la utilización de los recursos materiales y humanos, y en la racionalización del gasto, tal como fue probado en el caso de autos con el dictamen financiero y actuarial; en el cual se determinó la reducción de pérdidas a corto y largo plazo a favor no solo del Instituto sino del participante; todo lo anteriormente expuesto llevan al convencimiento a la suscrita a declarar sin lugar la demanda que se ha hecho merito, absolviendo al INJUPEMP del reintegro del demandante como del pago de salarios dejados de percibir en vista de no haberse configurado un despido injustificado.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 06 de diciembre del 2019, dictó sentencia REVOCANDO la proferida por el a quo, que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO, en su condición de Representante Procesal demandante.- II.- REVOCAR los numerales 1) y 2) de la parte resolutiva del fallo que declara SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el reintegro interpuesta por el trabajador JORGE ALBERTO DERAS CUELLAR contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), y el que ABSUELVE al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) del reintegro del señor JORGE ALBERTO DERAS CUELLAR; en consecuencia: 1) Declara CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor JORGE ALBERTO DERAS CUELLAR contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Representante Legal y Directora Ejecutiva Interina MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, para el reintegro al puesto de trabajo u otro igual o mejor categoría, en virtud de despido ilegal e injusto, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria y costas.- 2) CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Representante Legal y Directora Ejecutiva Interina MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, a lo siguiente: a) REINTEGRAR al señor JORGE ALBERTO DERAS CUELLAR al cargo que venía desempeñando en la institución demandada o a otro de iguales condiciones de trabajo de las que tenía al momento de la terminación de la relación laboral.- b) A título de daños y perjuicios se le hagan efectivos los salarios dejados de percibir desde el día en que ocurrió la terminación de la relación laboral hasta que se cumpla con la reinstalación ordenada en el literal a) del numeral 2) de esta parte dispositiva, así como hacerle efectivos los valores que se le adeuden en concepto de derechos adquiridos y los demás beneficios otorgados a otros trabajadores durante la ruptura de la relación laboral.- III: CONFIRMA el ordinal III que se refiere a la no condena de costas.- IV.- SIN COSTAS, en esta instancia…”. Bajo el criterio que el Código del Trabajo claramente establece que sus disposiciones son de orden público, normativa que en el ámbito jurídico-legal, se entiende como el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe ni transigencia ni tolerancia, por afectar a los principios fundamentales de una sociedad o a las garantías precisas de su existencia; por lo que para tener por justificado el despido de un trabajador, el mencionado texto legal establece en su artículo 112 cuales son las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad alguna de su parte; y entre ellas en ninguna se hace referencia a que con la "reestructuración administrativa" se justifique la terminación de la relación laboral. No se acreditó que el despido del trabajador contribuyó a mejorar las funciones de la institución optimizando las mismas para su correcto funcionamiento y además no está probado que al demandante se le respetó por lo menos lo establecido en la Cláusula 38 del contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la institución, mediante la cual se pactó el procedimiento para despedir a los trabajadores de la misma, previa revisión de las respectivas hojas de servicio, tomando en cuenta para que sigan laborando, los trabajadores de mayor antigüedad, capacidad y eficiencia y en todo caso, la aplicación de lo establecido en el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, todo lo cual no se siguió para dar por terminada la relación laboral que le unía con el demandante. Si bien es cierto que el articulo 95 numeral 19) del Código del Trabajo dispone que los patronos podrán llevar a cabo los reajustes de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo; también es cierto que en todo proceso mediante el cual se lleve a cabo una reestructuración o modernización institucional hay que tomar en cuenta que la misma sea sustentada en una serie de estudios técnicos, a fin de garantizar su absoluta transparencia y objetividad de manera que se verifique plenamente que los puestos sometidos a reestructuración son imposibles de integrarlos a la empresa, de tal modo que el despido se torna en la única solución posible para la institución y sobre todo siguiendo los procesos contenidos en las disposiciones del Código del Trabajo o lo pactado en los Contratos Colectivos, circunstancias que no acontecieron en el presente caso, pues las valuaciones de los inmuebles se siguen realizando en el proceso normal de otorgamiento de préstamos, lo que hace que se configure la ilegalidad del despido. Que el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), se le reconoce a las personas el Derecho al Trabajo y las condiciones justas, equitativas y satisfactorias en el mismo; y al respecto la Constitución de la República Hondureña instituye como derechos fundamentales la estabilidad laboral consignada en el artículo 129 de la Carta Magna, principio Constitucional que se encuentra desarrollado en el artículo 113 del Código del Trabajo; y en el caso de autos, el trabajador demandante escogió la acción de reintegro a su trabajo ante el despido ilegal e injustificado de que fue objeto; que en vista de las consideraciones legales precedentes este Tribunal de Alzada es de la firme convicción de que la sentencia que se conoce en el recurso de apelación NO se encuentra dictada conforme a los principios y fundamentos legales sobre la materia, por lo que en estricto derecho procede revocarse los numerales I y II del fallo apelado y confirmarse el numeral III del mismo.- 5.- Mediante auto de fecha 20 de enero del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 31 de enero del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 18 de marzo de 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en el primer motivo de casación alega: “NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. - La norma Sustantiva de orden nacional violada, está contenida en el artículo 95 numeral 19); 111 numerales 1) y 9), 116, 120, 126 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 664 y 665 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. La otra Junta Directiva de mi representada el INJUPEMP, mediante Resolución JD-No.01-1307, de fecha 06 de Marzo del año 2014 y ratificada el Jueves 10 de abril del mismo año, conocida la solicitud del Proyecto Gradual de Reorganización Institucional, conducente a la restructuración organizacional de algunas dependencias del Instituto, así como a la supresión de la División de Ingeniería y Proyectos; consideró que en ese momento el funcionamiento de dicha División no es congruente con el destino que la Ley ordena para los fondos del Instituto, y que por lo tanto su incorporación en el programa de Adecuación Organizacional es debidamente justificada, con la finalidad de suprimirla totalmente, cumpliendo las disposiciones legales vinculantes de la relación obrero patronal; asimismo y en cumplimiento al artículo 127 en lo relativo a la prestación de los servicios de préstamos personales e hipotecarios ya los artículos 9 numeral 6), 18 numeral 4) de la Ley del INJUPEMP y al artículo 20 del "Reglamento para la Inversión de los Fondos Públicos de Pensiones por Parte de los Institutos de Previsión", la Dirección Interina solicito a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante Oficio No. 336 del 04 de agosto del 2014, el visto bueno del proyecto de Reglamento de Prestamos, respecto al cual la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante Oficio SEGSE-OF-398/2015 de fecha 18 de febrero de 2015, notificó a la Dirección interina del INJUPEMP la Resolución SS No. 1655/17-12-2014, dictaminando favorablemente el proyecto de Reglamento de Prestamos, es meritorio destacar que los extremos indicados en esta explicación fueron debidamente acreditados en juicio, en el momento procesal oportuno, no obstante el Tribunal de Alzada dejo de valorar en todo su contexto dicha carga probatoria, considerando que mi representada el INJUPEMP, es una Institución de Previsión Social, sobre la cual reposan las jubilaciones y pensiones de los Empleados del Sector Público o Gobierno, siendo de igual forma una Institución Pública que garantiza el otorgamiento de los beneficios previsionales por los riesgos a que están expuestos nuestros participantes por muerte, invalidez, separación, y vejez, mediante la captación, administración e inversión de sus recursos económicos de manera transparente, rentable, segura, liquida y diversificada que contribuye al desarrollo económico y consolidar el sistema de protección social de nuestro País. Lo expuesto en este primer motivo hace admisible el Recurso de Casación y es de suficiente merito para que se case la sentencia recurrida ..- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) si bien es cierto entre otras, las normas citadas por el Recurrente forman parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 116, 120 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; c) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que el recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción directa proveniente de Aplicación indebida de lo dispuesto en el artículo 113 del Código del Trabajo.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que no se ha encontrado un motivo debidamente estructurado de acuerdo con el requisito establecido por el artículo 769 del Código de Trabajo.- VI.- Que el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en el tercer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de error de hecho, manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba singularmente señalado así: Medio de Prueba Documental, Interrogatorio de Testigos, Reconocimiento Judicial. Lo expuesto en este segundo y tercer motivo hace admisible el recurso de Casación y es de suficiente merito para que se case la sentencia recurrida. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas Sustantivas de orden nacional violadas, están contenidas en los artículos 95 numeral 19); 111 numerales 1) y 9), 116, 120, 126 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 729, 730, 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar por el Tribunal Ad-Quem, consiste en los siguientes medios probatorio Medio de Prueba Documental: Referente a toda la documentación aportada y acreditada en juicio, con la cual se acredito los estudios y análisis correspondientes que se efectuaron desde el punto de vista financiero y actuarial y atendiendo las recomendaciones instruidas por la Comisión Nacional De bancos y Seguros (CNBS), tendientes a eficientar de una mejor manera los servicios que presta el Instituto, en aras a su vez de optimizar sus recursos económicos, dado el giro del Instituto y que anteriormente se ha expuesto y siendo esta una causa de terminación laboral no imputable al trabajador, por mandato legal, mi representada asume y se compromete en pagar el total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales; asimismo al haber dejado de apreciar el Ad-Quem el medio de prueba denominado Interrogatorio de Testigos y Reconocimiento Judicial acreditados ambos en el presente litigio. Pruebas que en su conjunto acreditan en forma fehaciente que el fundamento que genera la terminación de la relación de trabajo. Lo anteriormente expuesto permite demostrar en estricto derecho, que la terminación del contrato que unía a la demandante con su ex empleador, llego a su fin por Mandado de Ley, lo cual hace que la sentencia recurrida sea casada en este motivo también”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; c) asimismo al explicar la violación se refiere a la prueba testifical, la cual por no ser reglada y sujeta a la libre formación del convencimiento del juzgador, no puede ser objeto de ataque en este extraordinario recurso; y, d) formula alegatos propios de instancia.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de septiembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 247-20.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Página 2 de 2