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Sentencia CL-245-20 — Registro 14939

Resumen

Demanda ordinaria laboral para que se paguen cantidades adeudadas por devengar un salario del mínimo al que tienen derecho, así como una suma igual a la adeudada en concepto de indemnización por daños y perjuicios de conformidad con el artículo 39 de la Ley del Salario mínimo, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Del análisis del expediente de mérito, este Tribunal observa que el Juzgador analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas. En lo atinente a la libre apreciación de los medios probatorios, tanto la Doctrina como la Jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aun cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Analizado el caso que nos ocupa, el Recurrente no logra demostrar el error de hecho alegado; b) la norma que indica como violada, es el articulo 9 numeral 1 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) realiza alegatos de instancia.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto las causas de la reclamación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; y, b) hace propios alegatos de instancia.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada, es el artículo 132 del Código de la Niñez y Adolescencia, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y c) hace alegatos propios de instancia.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de julio de dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha nueve de febrero del dos mil veintidós, por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de los señores ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL, ANA MARIELA GALVEZ HERRERA, CLAUDIA FABIOLA CHAVARRIA MARTINEZ, y otros, como recurrente; además, es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se paguen cantidades adeudadas por devengar un salario del mínimo al que tienen derecho, así como una suma igual a la adeudada en concepto de indemnización por daños y perjuicios de conformidad con el artículo 39 de la Ley del Salario mínimo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de junio del dos mil dieciséis, por los señores 1) ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL; 2) ANA MARIELA GÁLVEZ HERRERA; 3) CLAUDIA FABIOLA CHAVARRÍA MARTÍNEZ, con domicilio en Ajuterique, Departamento de Comayagua; 4) DIGNA SARAHI PAVÓN NÚÑEZ; 5) DIOSANA MARINA HERNANDEZ MURILLO, con domicilio en Yoro, Departamento de Yoro; 6) ETNI ABISAI ROSA DÍAZ; 7) GISSELA YAMILETH DÍAZ ZELAYA; 8) GUSTAVO ADOLFO MUNGUÍA AYALA, con domicilio en La Ceiba, Departamento de Atlántida; 9) IVETT MAGDALENA LACAYO KRISTOFF; 10) JOSÉ EDUARDO HERRERA ZUNIGA; 11) JUANA ROSA MARTÍNEZ BONILLA; 12) KARINA YAMILETH RUIZ HERNANDEZ; 13) KARLA MARIA VERDE GARAY; 14) KARLA PATRICIA CALLES CHACÓN, casada, con domicilio en San Marcos, Departamento de Ocotepeque; 15) KATHERINE MELISSA ANTONIO CARBAJAL; 16) KEVIN ENRIQUE BETANCOURTH RUEDA; 17) MELISSA DARIELA ROBLES RIVERA, con domicilio en El Rosario, Departamento de Comayagua; 18) NELLY PATRICIA RODRÍGUEZ MUÑOZ; 19) PAOLA BELINDA QUIROZ VERDIGUEL; 20) ROGER JOSUE ORTEGA GALO; 21) ROSAURA BETHSABE FLORES MORENO; 22) SANDRA MARIA CÁRCAMO MEJÍA, y 23) VEZIO NOEL GALO MEZA; todos mayores de edad, Médicos, hondureños, y los demás solteros y de este domicilio; contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PUBLICA, por medio del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha siete de febrero del dos mil veinte, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente, dice: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA representante procesal de la parte demandada.- II.- REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán: de fecha veinticinco (25) de febrero del dos mil diecinueve (2019) y que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 925 al 938 de los autos.- III.- CONFIRMAR los numerales I. IV de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán: de fecha veinticinco (25) de febrero del dos mil diecinueve (2019).- IV.-REVOCAR los numerales II. III dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán: de fecha veinticinco (25) de febrero del dos mil diecinueve (2019), los cuales se leerán así: II.- Declarar SIN LUGAR la demanda sumaria laboral para que se paguen cantidades adeudadas por devengar un salario inferior del mínimo, así como una suma igual a la adeudada en concepto de indemnización por daños y perjuicios de conformidad con el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo instaurada por los señores ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL, ANA MARIELA GALVEZ HERRERA, CLAUDIA FABIOLA CHAVARRIA MARTINEZ, DIGNA SARAHI PAVON NUÑEZ, DIOSANA MARINA HERNANDEZ MURILLO, ETNI ABISAI ROSA DIAZ, GISSELA YAMILETH DIAZ ZELAYA, GUSTAVO ADOLFO MUNGUIA AYALA, IVETH MAGDALENA LACAYO KRISTOFF, JOSE EDUARDO HERRERA ZUNGA, JUANA ROSA MARTINEZ BONILLA, KARINA YAMILETH RUIZ HERNANDEZ, KARLA MARIA VERDE GARAY, KARLA PATRICIA CALLES CHACON, KATHERINE MELISSA ANTONIO CARBAJAL, KEVIN ENRIQUE BETANCOURTH RUEDA, MELISSA DARIELA ROBLES RIVERA, NELLY PATRICIA RODRIGUEZ MUÑOZ, PAOLA BELINDA QUIROZ VERDIGUEL, ROGER JOSUE ORTEGA GALO, ROSAURA BETHSABE FLORES MORENO, SANDRA MARIA CARCAMO MEJIA, Y VEZIO NOEL GALO MEZA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal la señora Procuradora General de la República, Abogada ESTELA CARDONA PADILLA. III.- ABSUELVE: Al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal la señora Procuradora General de la República, Abogada ESTELA CARDONA PADILLA y por ende representante legal de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, a pagar por tales conceptos.- IV.- SIN COSTAS...”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que ingresaron a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la carrera de medicina, y después de haber egresado de la misma por haber finalizado toda la carga académica, así como haberse colegiado de manera provisional en el Colegio para ejercer la profesión de Doctores (as) y como requisito previo para efectos de poder Colegiarse definitivamente, en el Colegio Médico de Honduras y que la Universidad Nacional Autónoma les hiciera entrega de su Título tenían que realizar su Servicio Social prestando servicios como Médicos por el termino de 1 año. Que para efectos de poder realizar el "Servicios Social" y realizar las funciones inherentes a un Médico, tal y como lo que establece el artículo 1 inciso a) del Reglamento de Colegiación Profesional Provisional del Colegio Médico de Honduras, tuvieron que Colegiarse Provisionalmente en el Colegio Médico de Honduras pagando dicha colegiación; ya que este Colegio Profesional es el que les faculta para efectuar todas las tareas y funciones que realizan los Médicos Colegiados de manera Definitiva, esto relacionado con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, caso contrario no hubieran estado facultados o autorizados para prestar servicios como médicos. Una vez estando Colegiados Provisionalmente, habiendo obtenido su sello provisional para realizar las labores inherentes a los Médicos, los demandantes firmaron con la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, la doctora Edna Yolani Batres Cruz, el denominado "Contrato Beca de Médico en Servicio Social", para efectos de que todos los demandantes realizaran su Servicio Social por el término de un año, siendo en unos casos desde 28 de mayo de 2014 al 27 de mayo de 2015 y en otros casos 07 de julio 2014 al 6 de julio de 2015; contratos en el que de su lectura podemos apreciar los siguientes elementos: a) Que fueron contratados para prestar de manera personal sus servicios como Médicos, es decir realizar las actividades inherentes a un médico, tendiendo las obligaciones y responsabilidades que tienen los Médicos Colegiados Definitivamente en el Colegio Médico; y de esta manera podemos apreciar el elemento de la prestación de la fuerza de trabajo de manera personal desarrollando actividades de médico. b) Que la prestación de su fuerza de trabajo se hacía bajo las disposiciones y reglamentos que emitidos la Secretaría de Salud, asimismo teniendo las obligaciones y responsabilidades que tiene los Médicos Colegiados, tal y como se aprecia en el artículo 8 del Reglamento de Colegiación Profesional Provisional del Colegio Médico de Honduras, asimismo su fuerza de trabajo era prestada en el tiempo y modo estipulada por la Secretaría de Salud pues cumplían una jornada de trabajo de 8 horas de lunes a viernes y 4 horas los días sábados, siendo en su totalidad una jomada de 44 semanales y que el incumplimiento de toda esta gama de directrices y ordenes establecidas en el mismo contrato les hacían incurrir en violación del contrato firmado e incluso incurrir en las sanciones respectivas y responsabilidades que tiene un Médico Colegiado; de esta manera vemos la continua subordinación o dependencia, con las ordenes, funciones y obligaciones que caracteriza doctrinalmente a este elemento esencial, con el cual se determina la existencia de un contrato o relación de trabajo independientemente de la denominación que se establezca. c) Que por la prestación de dicho servicio la Secretaría se comprometió a remunerarles con una cantidad mensual de L. 6,944.00, bajo la denominación de "Contrato/Beca"; recordado desde luego que tal y como establece el artículo 1 del Convenio 95 de la OIT Relativo a la Protección del Salario, que el Salario es la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo. De lo anterior se desprende que, al prestar su fuerza de trabajo de manera personal, bajo una continua subordinación y por un salario (sin importar cual haya sido la denominación dada a este); y por consiguiente es que a pesar de haberse denominado "Contrato Beca de Médico en Servicio Social", la relación que los unía con la Secretaría de Salud era efectivamente un Contrato de Trabajo tal y como lo establece el artículo 20 párrafo ultimo del Código de Trabajo. Los demandantes manifestaron que prestaron sus servicios como Médicos y no como Estudiantes de Medicina, ya que para el momento en que efectuaron el Servicio Social, ya eran Médicos Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras debidamente Colegiados Provisionalmente, por lo que tenían los mismos derechos de los médicos Colegiados a excepción del beneficio de auxilio mutuo y que únicamente podían ejercer la profesión en los centros asistencias a los que fueron asignados para realizar su Servicio Social. En base a lo anterior y en virtud de ostentar los mismos Derechos y obligaciones de los Médicos Colegiados Definitivamente es que tuvieron el derecho a devengar el salario mínimo establecido en la Ley del Estatuto del Médico Empelado en sus artículos 8, 32, 33 y 34; salario mínimo que ascendía a la cantidad mensual de L. 34,504.01 para el periodo en que prestaron sus servicios de manera personal.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que si bien es cierto los demandantes habiendo finalizado la carga académica, éstos deben de forma obligatoria deben llenar un requisito previo a la obtención del Título de Doctor en Medicina y Cirugía en su grado de Licenciatura, como ser el realizar un año de servicio social, tal y como se establece en el Plan de Estudio de la Carrera de Medicina, a tal efecto se les solicita a los estudiantes en formación una colegiación provisional en el Colegio Médico de Honduras, la cual a su vez les solicita la presentación entre otros documentos una constancia de haber realizado el séptimo año de Internado Rotatorio (Copia) y constancia de estar autorizado para realizar el Servicio Médico Social (Copia) extendida por la Secretaría de la Facultad de Ciencias Médicas; colegiación Profesional Provisional que autoriza a los estudiantes de Medicina en su último año, única v exclusivamente para realizar el servicio médico social bajo supervisión y evaluación por parte del Comité Técnico Ejecutivo del Servicio Social y Médicos Especialistas que participen en el programa y no como lo establecen los reclamantes que prestaron sus servicios como médicos por el término de un año tal como se establece en el artículo 1 inciso c) del Reglamento de Colegiación Provisional del Colegio Médico de Honduras que establece: “La Colegiación Profesional Provisional Obligatoria se extenderá única y exclusivamente para realizar el Servicio Médico Social y tendrá una duración de un año…”, por lo cual si fueran considerados trabajadores como lo establecen las partes actoras de la demanda en su supuesta profesión de médicos tendrían una plaza de trabajo permanente y someterse a concurso médico para la obtención de la misma, para la cual necesitan obtener el Título de Doctor en Medicina y Cirugía en su Grado de Licenciatura, el cual no poseen en el Servicio Médico Social ya que es uno de los requisitos de graduación realizar el año de servicio social. Que los demandantes previo a la obtención del título profesional expedido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizaron su Servicio Médico Social Obligatorio, dentro de los límites que un estudiante en formación posee, pues la colegiación provisional, únicamente los habilita para hacer uso de un sello que será utilizado exclusivamente para la expedición de estupefacientes y actos judiciales relacionados con la profesión como se estipula en el artículo 11 del Reglamento de Colegiación Profesional Provisional del Colegio Médico de Honduras, en el cual de la misma manera en su último párrafo estipula "El sello deberá ser reintegrado al Colegio Médico de Honduras al finalizar el periodo de Colegiación Provisional", por lo cual nunca existió una relación de trabajadores y patrono ya que eran estudiantes o mejor dicho Pasantes de Servicio Médico Social; sin embargo, dicha colegiación provisional, no los convierte en un profesional de la medicina debidamente titulado, pues dicha calidad de Médico únicamente la llegan a obtener una vez que la Universidad Autónoma de Honduras los inviste como tal y les otorga el Título de Doctor en Medicina y Cirugía, no se debe confundir la Colegiación Profesional Provisional con la Colegiación Profesional Obligatoria, realizada por el Colegio Médico de Honduras, pues la primera únicamente se confiere para efectos de realizar el servicio social previo a optar a un título profesional y la segunda cuando habiendo obtenido el Título otorgado por una Universidad Nacional o del extranjero y llenado los requisitos de ley, es admitido en el Colegio Profesional con los derechos y prebendas como Medico Titulado. Los demandantes en ningún momento fueron objeto de una contratación para prestar servicios como médicos, porque aún no tienen su título para ejercer como tal, lo que hubo fue la suscripción de un Contrato Beca para permitirles el acceso a los establecimientos de salud para realizar su Servicio Social Obligatorio para adquirir experiencia y practica previo a la obtención del Título de Doctor en Medicina y Cirugía en Grado de Licenciatura, razón por la cual es totalmente falso que hayan realizado actividades inherentes a un médico, con las mismas obligaciones y responsabilidades, pues estando en su última etapa de formación, los estudiantes de medicina en servicio social son objeto de supervisión por el Comité Técnico Ejecutivo del Servicio Social, así como de los médicos especialistas de turno, los cuales además de supervisarlos los evalúan para saber qué tal se desempeñan los estudiantes, por lo cual no se aprecia el elemento de la prestación de fuerza de trabajo de manera personal desarrollando actividades de médico cuando no lo son como quieren dar a entenderlo; por lo cual no eran considerados médicos ni trabajadores simplemente estaban cumpliendo un requisito previo para su graduación y obtención de título, Pasantes de Servicio Médico Social; de igual forma es una total falacia lo manifestado por los demandantes en vista que como un incentivo por realizar su servicio social obligatorio en interés de los más desprotegidos, la demandada tomó a bien considerar concederles a los pasantes de la carrera de medicina en servicio social, una ayuda financiera en concepto de beca, el cual se establece en su Clausula Decima pero que bajo ninguna circunstancia puede denominarse salario, y mucho menos está protegido por la Ley del Salario Mínimo debido a no sostener una relación de trabajador y patrono con la demandada, por lo cual en el Acuerdo Número 1805 de fecha 01 de septiembre del 2014, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud estipula en sus considerando: "Que el Ministerio de Salud Pública, a fin de que los estudiantes en Servicio Social, realicen las actividades de salud enmarcadas dentro del proceso de su formación académica proporciona a cada estudiante una subvención en la calidad de beca..."; por lo que el importe de la beca no constituye una retribución de servicios y por el contrario, la relación laboral según el artículo 20 del Código del Trabajo, no contempla ese aspecto formativo del servicio social obligatorio, y retribuye, en los términos fijados en convenios colectivos o individuales, los servicios prestados por cuenta y a las órdenes del empleador, con independencia de que la realización de los trabajos encomendados pueda tener un efecto de formación por la experiencia; por otra parte resulta improcedente e inadmisible, no es admisible y mucho menos por analogía, la aplicación del artículo 121 del Código de la Niñez y la Adolescencia, pues los demandantes en su totalidad habían sobrepasado la mayoría de edad cuando ingresaron al servicio social obligatorio por lo cual se puede dar a conocer que solo buscan fundamentarse en cualquier norma de manera generalizada por no tener sustento jurídico ninguna de la normativa utilizada por los demandantes; que nunca un contrato beca puede ser considerado una relación laboral, en vista que tiene carácter formador y el segundo prestación de servicios profesionales, cosa que no ocurrió en el caso de autos; por lo cual su fundamentación en el artículo 8 del Reglamento de Colegiación Profesional Provisional del Colegio Médico de Honduras, aduciendo ser médicos y constar con sus derechos y obligaciones es errónea ya que un médico egresado de la Universidad con su Título de Doctor en Medicina y Cirugía en Grado de Licenciatura, Colegiado Profesionalmente en el Colegio Médico de Honduras, para optar a una plaza debe hacerlo en base a Concurso Medico y no están bajo la continua supervisión y evaluación por parte del Comité Técnico Ejecutivo del Servicio Social y Médicos Especialistas que participen en el programa, que se puede apreciar la gran diferencia entre un médico empleado considerado trabajador y un estudiante Pasante de Servicio Médico Social.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION DE PRESCRIPCION opuesta por la Representante Procesal de la parte demandada; II.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA SUMARIA LABORAL PARA QUE SE PAGUEN CANTIDADES ADEUDADAS POR DEVENGAR UN SALARIO INFERIOR DEL MÍNIMO, ASÍ COMO UNA SUMA IGUAL A LA ADEUDADA EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DEL SALARIO MÍNIMO, instaurada por: ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL; ANA MARIELA CALVEZ HERRERA; CLAUDIA FABIOLA CHAVARRIA MARTINEZ; DIGNA SARAHI PAVON NUÑEZ; DIOSANA MARINA HERNANDEZ MURILLO; ETNI ABISAI ROSA DIAZ; GISSELA YAMILETH DIAZ ZELAYA; GUSTAVO ADOLFO MUNGUIA AYALA; IVETT MAGDALENA LACAYO KRISTOFF; JOSE EDUARDO HERRERA ZUNIGA; JUANA ROSA MARTINEZ BONILLA; KARINA YAMILETH RUIZ HERNANDEZ; KARLA MARIA VERDE GARAY; KARLA PATRICIA CALLES CHACON; KATHERINE MELISSA ANTONIO CARBAJAL; KEVIN ENRIQUE BETANCOURTH RUEDA; MELISSA DARIELA ROBLES RIVERA; NELLY PATRICIA RODRIGUEZ MUÑOZ; PAOLA BELINDA QUIROZ VERDIGUEL; ROGER JOSUE ORTEGA GALO; ROSAURA BETHSABE FLORES MORENO; SANDRA MARIA CARCAMO MEJIA y VEZIO NOEL GALO MEZA; contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada ESTELA CARDONA PADILLA; III.- CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS por medio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada ESTELA CARDONA PADILLA a pagar a los Señores: ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL: la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L. 330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L. 34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L. 34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; 2.- ANA MARIELA CALVEZ HERRERA, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L.34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L..399,756.14; 3.- CLAUDIA FABIOLA CHAVARRIA MARTINEZ, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L.34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; 4.- DIGNA SARAHI PAVON NUÑEZ, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L.34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios L.399,756.14; 5.- DIOSANA MARINA HERNANDEZ MURILLO, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L.34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; 6.- ETNI ABISAI ROSA DIAZ, suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L.34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; 7.- GISSELA YAMILETH DIAZ ZELAYA, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L. 330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L. 34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; 8.- GUSTAVO ADOLFO MUNGUIA AYALA la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L.34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L. 399,756.14; 9.- IVETT MAGDALENA LACAYO KRISTOFF la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado L. 34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14. 10.- JOSE EDUARDO HERRERA ZUNIGA, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28), por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015; L. 330,744.12 décimo tercer mes adeudado: L.34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; 11.- JUANA ROSA MARTINEZ BONILLA, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L.34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; 12.- KARINA YAMILETH RUIZ HERNANDEZ, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L. 34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; 13.- KARLA MARIA VERDE GARAY la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L.34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; 14.- KARLA PATRICIA CALLES CHACON, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L. 34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios L.399,756.14; 15.- KATHERINE MELISSA ANTONIO CARBAJAL la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28), por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015; L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L.34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; 16.- KEVIN ENRIQUE BETANCOURTH RUEDA, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L. 34,506.01 décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; 17.- MELISSA DARIELA ROBLES RIVERA, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado. L.34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; 18.- NELLY PATRICIA RODRIGUEZ MUÑOZ la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L.34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; 19.- PAOLA BELINDA QUIROZ VERDIGUEL suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L. 34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L34,506.01 una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; 20.-ROGER JOSUE ORTEGA GALO la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L. 34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; 21.- ROSAURA BETHSABE FLORES MORENO, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L.34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; 22.- SANDRA MARIA CARCAMO MEJIA la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L.34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14; y a 23.- VEZIO NOEL GALO MEZA la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.799,512.28) por los siguientes conceptos: ajuste salarial desde junio 2014 a mayo de 2015: L.330,744.12, décimo tercer mes adeudado: L.34,506.01, décimo cuarto mes adeudado: L.34,506.01, una suma igual en concepto de indemnización por daños y perjuicios: L.399,756.14. IV.- SIN COSTAS…”. bajo el criterio que en relación a la Excepción de Prescripción y después de haber realizado el respectivo análisis de los argumentos esgrimidos por ambos representantes procesales de las partes, asi como de la prueba practicada, se concluye lo siguiente: Que todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos y reciba salarios inferiores a los mínimos a que tiene derecho, podrá recuperar las sumas que se le adeuden por la vía judicial en juicio que sustanciará sumariamente. La acción derivada del derecho que se reconoce en el artículo 39 de esta ley de Salario Mínimo, prescribirá en dos (2) años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva su ejercicio. Esta ley prevalecerá sobre todas las demás disposiciones legales que se le opusieren, salvo el caso de leyes que establezcan mayores beneficios para los trabajadores, en el presente caso los demandantes prestaron su fuerza de trabajo a partir del 28 de mayo de 2014 y el reclamo fue presentado el 25 de mayo de 2016 y la demanda fue instaurada el 2 de junio del año 2016 de lo que se desprende que está dentro del término, ya que no ha sobrepasado los dos años que dispone la norma; en consecuencia procede declarar sin lugar la Excepción de Prescripción opuesta por la representante procesal de la parte demandada. Que habiéndose acreditado la relación laboral que existió entre cada uno de los demandantes y la institución demandada con los denominados Contrato Beca de Medico en Servicio Social de los que se desprenden que se reinen los tres elementos esenciales del Contrato de Trabajo que regula el artículo 20 del Código del Trabajo, tal y como la misma Corte de Apelaciones del Trabajo señaló y la Corte Suprema de Justicia al resolver los defectos e incidentes planteados en el presente juicio. Y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen; y en vista de lo anterior por lo tanto la presente litis versa únicamente: que se paguen cantidades adeudadas por devengar un salario inferior del mínimo, así como una suma igual a la adeudada en concepto de indemnización por daños y perjuicios de conformidad al artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo; en cuanto a la pretensión que se paguen cantidades adeudadas por devengar un salario inferior del mínimo procede declarar con lugar dicha petición ya que se acredito en autos con los Contratos Beca de Medico en Servicio Social suscritos por cada uno de los demandantes con la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud; que los mismos devengaban la suma de Lps. 6,944.00 y que según Informe emitido en fecha 08 de febrero de 2017 por el Secretario de Acción Social y Laboral del Colegio Médico de Honduras el salario base (mínimo) de un Médico General para los años 2014 y 2015 ascendían a la suma de Lps. 34,506.01, de lo que se desprende que no devengaban el salario base de un Médico General; afianzado de igual forma con el artículo 8 del Reglamento de Colegiación Profesional Provisional del Colegio Médico de Honduras establece: Que los médicos colegiados provisionalmente gozaran de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones de los colegiados definitivos, exceptuando los beneficios del Auxilio Mutuo y podrán ejercer la profesión en el centro asistencial al cual han sido asignados para realizar su Servicio Médico Social y/o con la Institución dependencia o programas específicos así como que hecho que al haber tenido las mismas obligaciones que los médicos colegiados de manera definitiva en base al Principio de Igualdad y No Discriminación plasmado en la Constitución de la República y en el Convenio 111 de la OIT es que igualmente procede dicho pago; en lo que respecta al pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo de igual forma procede declarar con lugar dicha petición ya que el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo señala: “…El trabajador podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se le adeude una suma igual”.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de febrero del dos mil veinte, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA representante procesal de la parte demandada.- II.- REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán: de fecha veinticinco (25) de febrero del dos mil diecinueve (2019) y que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 925 al 938 de los autos.- III.- CONFIRMAR los numerales I. IV de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán: de fecha veinticinco (25) de febrero del dos mil diecinueve (2019).- IV.-REVOCAR los numerales II. III dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán: de fecha veinticinco (25) de febrero del dos mil diecinueve (2019), los cuales se leerán así: II.- Declarar SIN LUGAR la demanda sumaria laboral para que se paguen cantidades adeudadas por devengar un salario inferior del mínimo, así como una suma igual a la adeudada en concepto de indemnización por daños y perjuicios de conformidad con el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo instaurada por los señores ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL, ANA MARIELA GALVEZ HERRERA, CLAUDIA FABIOLA CHAVARRIA MARTINEZ, DIGNA SARAHI PAVON NUÑEZ, DIOSANA MARINA HERNANDEZ MURILLO, ETNI ABISAI ROSA DIAZ, GISSELA YAMILETH DIAZ ZELAYA, GUSTAVO ADOLFO MUNGUIA AYALA, IVETH MAGDALENA LACAYO KRISTOFF, JOSE EDUARDO HERRERA ZUNGA, JUANA ROSA MARTINEZ BONILLA, KARINA YAMILETH RUIZ HERNANDEZ, KARLA MARIA VERDE GARAY, KARLA PATRICIA CALLES CHACON, KATHERINE MELISSA ANTONIO CARBAJAL, KEVIN ENRIQUE BETANCOURTH RUEDA, MELISSA DARIELA ROBLES RIVERA, NELLY PATRICIA RODRIGUEZ MUÑOZ, PAOLA BELINDA QUIROZ VERDIGUEL, ROGER JOSUE ORTEGA GALO, ROSAURA BETHSABE FLORES MORENO, SANDRA MARIA CARCAMO MEJIA, Y VEZIO NOEL GALO MEZA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal la señora Procuradora General de la República, Abogada ESTELA CARDONA PADILLA. III.- ABSUELVE: Al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal la señora Procuradora General de la República, Abogada ESTELA CARDONA PADILLA y por ende representante legal de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, a pagar por tales conceptos.- IV.- SIN COSTAS...”. Bajo el criterio que la prestación del Servicio Médico Social como becario obedece a la suscripción de un convenio entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, obedece a un objetivo formativo decisivo e importante, por cuanto es el único factor que en definitiva vendría a diferenciar la figura del Contrato Beca del Contrato de Trabajo. Al respecto, el artículo 3 del Reglamento de Servicio Médico Social Obligatorio, establece que los objetivos alcanzar son: 1) Poner en contacto a los egresados con la situación de salud y los problemas económicos, sociales y culturales del país que influyen en esa situación, especialmente de las zonas rurales; 2) Estimular al profesional médico para su participación activa en los problemas comunitarios, convirtiendo en agente de cambio social con énfasis en los aspectos de promoción, protección y recuperación de la salud; 3) Aplicar los métodos más adecuados a su alcance para la solución de los problemas de salud pública. Que el contrato beca constituye una actividad de naturaleza realizada por los estudiantes universitarios y supervisadas por Médicos asignados, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento, de tal manera que, dado su carácter formativo, de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo. La finalidad de la práctica, en una línea teórica semejante a la prevista en el contrato para la formación y el aprendizaje es mejorar la empleabilidad del sujeto trabajador, posibilitando un primer contacto con la realidad laboral y completando su formación. El Programa Docente-Asistencial Obligatorio para los Pasantes en el Servicio Médico, tiene el propósito de contribuir a formar Médicos y Cirujanos Generales que den respuesta a los principales problemas de salud de la población hondureña a través de la metodología de aprender-haciendo debida y oportunamente supervisada interactuando directamente con el ser humano en su ambiente, poniéndose en contacto con su situación económica, social, cultural, especialmente en las zonas rurales o peri-urbanas. La supervisión será de tipo capacitante, se realizará en todo momento en que se desarrolla el Programa, donde se aprovechará cualquier actividad, ya sea en el aula o en servicio atendiendo pacientes. Por otra parte, que para dar por aprobado el Servicio Social obligatorio es necesario obtener una evaluación final, igual o superior durante los cuatro trimestres. Para poder tener la evaluación cuantitativa de los Pasantes en Servicio Social, así como programa y del proceso de su desarrollo es necesario que rindan informes escritos periódicos y regulares mensual de sus actividades realizadas ante el Coordinador del Programa en la Unidad de Atención de Salud en donde está realizando su Servicio Social; para graduarse de Medico y Cirujano en Honduras o para incorporar dicho título ante la UNAH es necesario, según los reglamentos vigente, acreditar haber realizado el Servicio Social Obligatorio, acreditación que es extendida por escrito por el CESMSO, en base a los informes escritos presentados por cada Pasante del Servicio Social. Que la clave para distinguir entre Contrato Beca y Contrato de trabajo es que la finalidad perseguida en la concesión de becas no estriba en beneficiarse de la actividad del becario sino en la ayuda que se presta en su formación; el rasgo diferencial de la beca como percepción es su finalidad primaria de facilitar el estudio y la formación del becario y no la de apropiarse de los resultados o frutos de su esfuerzo o estudio, obteniendo de ellas una utilidad en beneficio propio, por lo que las labores encomendadas al becario deben estar en consonancia con la finalidad de la beca y, si no es así y las tareas que se le ordena realizar integran los cometidos propios de una condición profesional. la relación entre las partes será laboral. Se entiende que el Servicio Médico Social tiene carácter de retribución social y un propósito de integración social del Médico en el conocimiento de las condiciones de salud de la población hondureña por tanto se considera que el Servicio Médico social, es continuo permanente básicamente de servicio a la comunidad, por lo que el contrato beca establece las funciones a realizar y un estipendio a recibir. La parte demandante no ha podido acreditar que los médicos en servicio social no fueron formados, que no existió una tutorización, que ellos asumieron las responsabilidades propias en su desempeño con capacidad y titulación suficiente prestando servicios en un ámbito profesional, que lleve a este tribunal estimar que de prestación de la actividad de los médicos en servicio social es más propia de una relación laboral y que mediante el contrato beca, se había simulado una formación práctica a fin de ocultar una prestación de servicios auténticamente laboral. Se concluye en cuanto a los Contratos Becas de Medico para Servicio Social prevalece el elemento formativo de conocimientos prácticos al cabo de un año de instrucción, pasa a Medico titulado e inscripción definitiva en el Colegio Médico de Honduras, autorizado para el ejercicio de su profesión de forma productiva. al servicio de la salud del pueblo; en el caso bajo revisión no se observa que en los contratos becas exista lo estatuido en el artículo 20 del Código del Trabajo, consecuentemente, es procedente reformar la resolución apelada, por no estar dictada conforme a derecho. - 5. Mediante auto de fecha dieciocho de enero del dos mil veintiuno, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR, en su condición de representante procesal de los señores ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL, ANA MARIELA GALVEZ HERRERA, CLAUDIA FABIOLA CHAVARRIA MARTINEZ, y otros, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha nueve de febrero del dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de los señores ALEJANDRA ANAHY ESCOBAR MONTIEL, ANA MARIELA GALVEZ HERRERA, CLAUDIA FABIOLA CHAVARRIA MARTINEZ, y otros, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha nueve de febrero del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha quince de marzo del dos mil veintidós, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.-Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su primer motivo de casación alega: “ Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional, en INFRACCIÓN INDIRECTA proveniente de APRECIACIÓN ERRÓNEA de los medios de prueba: documental Público propuesto por la parte demandante que obra folio 67 al 94; de los folios 115 a1128, de los folios 140 al 146; y de folios 217 al 218, documental por oficio propuesto por la parte demandante librado al Colegio Médico de Honduras que obra a folios 272 al 299, y documental vía oficio cuatro propuesto por la parte demandada librado al Colegio Médico de Honduras cuya evacuación obra a folios 880 al 887 y 889; que hizo incurrir en un ERROR DE HECHO que aparece manifestó en los autos y que conllevo a en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de orden nacional contentiva del ARTÍCULO 9 NUMERAL 1 DE LA LEY DEL ESTATUTO DEL MEDICO EMPLEADO; relacionado con las siguientes normas: los artículos 4 reformado, 32, 33 reformado, 34 reformado de la Ley del Estatuto del Medico Empleado; artículo 23 párrafo segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador); artículos 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales (PIDESC); artículo 2 del Convenio 111 del OIT Relativo la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la noma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Como punto previo para el desarrollo del presente motivo, de manera puntal señalo que se ha violentado de manera indirecta la norma sustantiva de índole laboral consistente en el ARTÍCULO 9 NUMERAL 1 DE LA LEY DEL ESTATUTO DEL MEDICO EMPLEADO el cual, tal y como es de esperarse de una norma de este tipo, consagra un derecho y obligación consistente en: la obligación de los patronos de pagar al médico empleado la remuneración establecía en las condiciones y periodo señalados en dicha ley. En tal sentido, desde este punto de vista, observamos que dicha norma encalza perfectamente como una susceptible de conocimiento por la vía de casación recordando que las normas sustantivas laborales son aquellas que contiene derechos y obligaciones reciprocas o regulan la extinción de estos; asimismo cabe destacar que también es de índole laboral, por tratar obligaciones y prohibiciones entre patronos y médicos como empleado. Dicho esto, previo, procedo a singularizar las pruebas que han sido apreciadas erróneamente por los Magistrados de la Corte de Apelaciones: Documental público propuesto por la parte demandante que obra folio 67 al 94; de los folios 115 a1 128, de los folios 140 al 146: estos medios de prueba contienen todos los contratos suscritos entre los demandantes y la Secretaria de Estado en los despachos de Salud, cuya denominación fue "Contrato beca de Medico en Servicio Social". Documental público propuesto por la parte demandante que obra a folios 217 al 218, que contiene el Reglamento de Colegiación Profesional provisional Del Colegio Médico de Honduras. Documental por oficio propuesto por el parte demandante, el cual contiene el oficio al Colegio Médico de Honduras que obra a folios 272 al 299; cuyo objeto era constatar a cuánto asciende el salario del médico empleado para los años 2014 y 2015; asimismo si los demandantes estaban colegiados de manera provisional ante dicho instituto gremial para los años 2014 y 2015. Documental vía oficio cuatro propuesto por la parte demandada el cual contiene el oficio librado al Colegio Médico de Honduras cuya evacuación obra a folios 880 al 887 y 889 cuyo objeto era constatar entre otros puntos: si un estudiante de Medicina con una colegiación provisional tiene los mismos derechos que un médico en medicina y cirugía titulado o colegiado de manera definitiva.- Se señala que ha existido una apreciación errónea de dichos medios de prueba, puesto que si bien la Corte de Apelaciones, los relaciona en su fallo y consecuente no guarda silencio sobre estos, los aprecia de manera equivocada, lo que conllevo a la violación de la norma sustantiva precitada de manera precisa en este motivo. Se afirma esto anterior, ya que de haber sido valorados de manera correcta tales medios de prueba sin lugar a duda, el fallo proferido sería distinto y sin violación alguna al ARTÍCULO 9 NUMERAL 1 DE LA LEY DEL ESTATUTO DEL MEDICO EMPLEADO. Dicho previo, considero preciso señalar con estos medios de prueba se logró acreditar lo siguiente: 1) que todos los demandantes suscribieron sus contratos con la Secretaria de Salud, para ejecutar su servicio social, 2) como requisito exigido ellos debían encontrase colegiados de manera provisional en el Colegio Médico de Honduras, 3) que a cambio de su prestación percibieron la suma de L.6,944.00, 4) que el artículo 1 inciso a, señala que los médicos en servicio social deben de colegiarse de manera provisional y el artículo 8 del Reglamento de Colegiación Profesional provisional del Colegio Médico de Honduras, señala que los médicos colegiados de manera provisional tiene los mismos derechos y obligaciones de los médicos colegiados de manera definitiva, a excepción del beneficio del auxilio mutuo y que los médicos en servicio social, solo podrán desempeñarse en los centros de salud asignados para tal efecto, 5) que todos los demandantes se encontraron debidamente colegiados de manera provisional para el periodo que prestaron su servicio social, 6) que el salario mínimo aplicable para el medio empleado para el año 2014 y 2015 ascendía a la suma de L.34,506.01, y 7) que los estudiantes de medicina de la UNAH, que realizan el servicio social obligatorio con una colegiación provisional tiene los mismos derechos y obligaciones que los médicos colegiados de manera definitiva.- Afirmamos entonces que de haber sido valorada de manera correcta la prueba y de tener por bien acreditado los hechos previamente descritos, el sentenciador de segunda instancia no hubiese violentado el articulo 9 numeral 1 de la Ley del Estatuto del Medico Empleado, mismo que se encuentra relacionados a artículos 4 reformado, 32, 33 reformado, 34 reformado de la Ley del Estatuto del Medico Empleado de la siguiente forma: toda esta normativa relacionada en síntesis nos establece que la Ley Estatuto del Medico Empleado es aplicable a todos los médicos debidamente colegiados sin hacer excepción o salvedad alguna si esta colegiación debe ser provisional o definitiva (artículo 4), que el salario de los médicos empleados no puede devengar un salario inferior a que establece dicha ley (artículo 32) y los métodos para establecer el valor del salario del médico empleado (artículos 33 y 34). Ahora bien se establece como norma relacionada también artículo 23 párrafo segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador); artículos 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales (PIDESC); artículo 2 del Convenio 111 del OIT Relativo la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación; esto anterior ya que toda esta normativa IUS COGENS o normas de derecho Internacional Imperativo o de aplicación obligatoria, desarrollan el Principio de igualdad y no discriminación rector en materia de Derechos Humanos, Derecho del Trabajo y en definitiva todas las ramas del derecho, puesto que de haberse apreciado correctamente tanto el apartado del articulo 8 Reglamento de Colegiación Profesional provisional del Colegio Médico de Honduras que carga de las mismas obligaciones a los médicos colegiados de manera definitiva como los provisionales, así como el contendió de los "Contrato Beca" que le da un tratamiento con misma cantidad y calidad de obligaciones que los médicos colegiados de manera definitiva, la corte de apelaciones hubiese llegado al firme convencimiento que al iguales obligaciones iguales derechos. Para concluir en relación al presente motivo, cabe por ser procedente, exponerlo mediante un simple silogismo jurídico para darnos cuenta del error cometido por el sentenciador; tomado como premisa A basada en la ley; que todos los médicos colegiados ya sea de manera definitiva o provisional tiene derecho a devengar el salario mínimo del médico empleado que para el año 2014 y 2015 ascendía a L.34,506.01; siendo la premisa B hechos probados (pero no apreciados correctamente), que todos los demandantes se colegiaron provisionalmente en el Colegio Médico de Honduras para desarrollar su servicio social para el 2014 y 2015; arrojándonos de este modo a la conclusión lógica a tal silogismo el siguiente: al haberse los demandantes colegiados de manera provisional en el Colegio Médico de Honduras para el 2014 y 2015, estos tuvieron que devengar la suma de L.34,506.01 como salario mínimo. Siendo en el caso que nos ocupa, la mala apreciación de la prueba la que provoco que la conclusión o fallo de la Corte de Apelaciones fuese equivocada y violentarse la ley sustantiva de índole nacional laboral. Esto anterior citando a la doctrina, que coloca a las sentencias como verdaderos silogismo jurídicos; ya que desde un punto de vista lógico jurídico, la premisa mayor es la ley o quaestio iuris (cuestión jurídica) que nos pregona la existencia de una norma y por otro la premisa menor que es el caso de estudio, quaestio facti (cuestión fáctica) siendo los hechos probados de manera precisa; arrojando de este modo la conclusión, dentro de una sentencia como este silogismo, como la parte resolutiva de la sentencia o la consecuencia de las dos premisas anteriores que es la decisión propiamente dicha del Juez[1]. A todo esto cabe señalar que es criterio jurisprudencia por parte de esta Sala Laboral el siguiente: "...la Ley Estatuto del Medico Empleado y su Reglamento es de cumplimiento Obligatorio para las personas naturales o jurídicas de derecho público y privado que contrate o empleen médicos debidamente colegiados en el Colegio Médico de Honduras...”[2]; esto anterior tal y como ocurre en el caso de autos acreditado con las pruebas apreciadas erróneamente en donde consta que todos mis representados se encontraban debidamente colegiados de manera provisional en el Colegio Médico de Honduras.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Del análisis del expediente de mérito, este Tribunal observa que el Juzgador analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas. En lo atinente a la libre apreciación de los medios probatorios, tanto la Doctrina como la Jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aun cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Analizado el caso que nos ocupa, el Recurrente no logra demostrar el error de hecho alegado; b) la norma que indica como violada, es el articulo 9 numeral 1 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) realiza alegatos de instancia.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso ser la sentencia de violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por INFRACCIÓN DIRECTA también conocida como FALTA DE APLICACIÓN; del ARTÍCULO 95 NUMERAL 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, en relación con las siguientes nomas: el artículo 20, 24, 25, 26, 27 del Código del Trabajo y 4 reformado, 9 numeral 1, 32, 33 reformado, 34 reformado de la Ley Estatuto del Medico Empleado.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: En primero punto y siendo que la doctrina nos lo obliga, señalo de manera precisa cual es el hecho probado y recocido; que en el presente caso es la existencia de la relación laboral. Se afirma en tal sentido que de este hecho no se admite duda, ya que la misma Corte de apelaciones que profirió el fallo que el día de hoy se conoce en casación, reconoce la existencia de esta relación mediante auto interlocutorio de fecha 2 de junio de 2017, específicamente en su Considerado 14 que cito: “ya que los demandantes reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que los demandantes han desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo las mismas actividades y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono y recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jomada de trabajo; por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza laboral...”.Sumado a este hecho indiscutible, que dentro de la sentencia que se busca sea infirmada por medio del presente recurso, existen pronunciamiento por la Corte de Apelaciones que nos aseguran la existencia de una relación laboral, siendo entre otros los siguientes; considerando 6 se relaciona que existió subordinación por medio de supervisión, en el considerado 10 específicamente en su línea 21 y 22 la existencia de un sueldo y un horario (ver folio 18 vuelto de la segunda pieza de autos). Por otro lado, es un hecho que igualmente está comprobado, el hecho comprobado que los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que realiza el servicio social obligatorio con una colegiación provisional, tiene los mismos derechos que los médicos doctores en medicina y cirugía titulados y colegiados de manera definitiva; en este sentido, nuevamente se asevera tal circunstancia, ya que la misma Corte de Apelaciones tiene por probado este hecho, si observamos con detenimiento el Considerado 3, punto número 19 inciso c (ver folio 16 vuelto y 17 de la segunda pieza de autos). Ahora bien, no obstante esto previo, la Corte de Apelaciones se revela ante la ley y no aplica la norma rectora de un clara violentado de manera directa a la norma también conocida como "falta de aplicación", siendo en el caso que nos ocupa el artículo 95 numeral 1 del Código del Trabajo, que es preciso al establecer que es obligación de los patronos pagar a sus empleados la remuneración establecida en las leyes y reglamentos de trabajo, siendo las leyes que establece el salario a percibir por los demandantes los preceptuados en los artículos 4 reformado, 9 numeral 1, 32, 33 reformado, 34 reformado de la Ley Estatuto del Medico Empleado, que se ha señalado como noma relacionada en el presente motivo. De este mismo modo se relaciona artículo 20, 24 y 25 del Código del Trabajo; ya que estos, en síntesis nos ordenanza lo siguiente: que la prestación personal de los servicios, bajo una continua subordinación o dependencia a cambio de una remuneración (o sueldo como la Corte lo denomina) son los elementos esenciales de un contrato de trabajo, que sin importar la concurrencia de elementos propios de otros contratos siempre que existan estos elementos esenciales debe tenerse por consumada una relación laboral, que por el simple hecho de la existencia de un contrato de trabajo le son aplicables todos los derechos y garantía de la normativa laboral, como ser el derecho y obligación plasmada artículo 95 numeral 1 del Código del Trabajo, como norma sustantiva violentada.

Ante todo lo expuesto y siendo que la relación laboral y que los médicos colegiados de manera provisional y definitiva tiene los mismos derechos; son hechos que la Corte de Apelaciones tiene por probado y que son indiscutibles; esta ha violentado la ley sustantiva de índole laboral al no aplicar la norma que rectora el caso, siendo la obligación que tiene la demandada en pagarle a mis representados su salario de conformad a lo que establece la Ley Estatuto del Medico Empleado; razón por la cual el presente motivo debe prosperar, y se debe de aplicar artículo 95 numeral 1 del Código del Trabajo de modo que se condene al Estado de Honduras en pagarle a mis representados el sueldo que Ley Estatuto del Medico Empleado establece.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto las causas de la reclamación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; y, b) hace propios alegatos de instancia.- VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional, en INFRACCIÓN INDIRECTA proveniente de APRECIACIÓN ERRÓNEA del medio de prueba documental público propuesto por la parte demandante que obra folio 67 al 94; de los folios 115 a1 128, de los folios 140 al 146; y de folios 217 al 218, documental por oficio propuesto por la parte demandante librado al Colegio Médico de Honduras que obra a folios 272 al 299, exhibición de documentos a cargo de la parte demanda cuya evacuación obra a los folios 246 al 271 y documental vía oficio cuatro propuesto por la parte demandada librado al Colegio Médico de Honduras cuya evacuación obra a folios 880 al 887 y 889; que hizo incurrir en un ERROR DE HECHO que aparece manifestó en los autos y que conllevo a en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva de orden nacional contentiva del ARTÍCULO 95 NUMERAL 23 DE LA DEL CÓDIGO DEL TRABAJO; relacionado con las siguientes normas: los artículos 4 reformado, 9 numeral 1, 32, 33 reformado, 34 reformado de la Ley Estatuto del Medico Empleado.REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Como primero punto singularizo los medios de prueba que se han sido apreciados erróneamente por el sentenciador de segunda instancia: • Documental público propuesto por la parte demandante que obra folio 67 al 94; de los folios 115 al 128, de los folios 140 al 146: estos medios de prueba contienen todos los contratos suscritos entre los demandantes y la Secretaria de Estado en los despachos de Salud, cuya denominación fue "Contrato beca de Medico en Servicio Social". • Documental público propuesto por la parte demandante que obra a folios 217 al 218, que contiene el Reglamento de Colegiación Profesional provisional Del Colegio Médico de Honduras. • Exhibición de documentos a cargo de la parte demanda cuya evacuación obra a los folios 246 al 271; en el cual se constató si los demandantes percibieron décimo tercer mes y décimo cuarto mes de sueldo. • Documental por oficio propuesto por el parte demandante, el cual contiene el oficio al Colegio Médico de Honduras que obra a folios 272 al 299; cuyo objeto era constatar a cuánto asciende el salario del médico empleado para los años 2014 y 2015; asimismo si los demandantes estaban colegiados de manera provisional ante dicho instituto gremial para los años 2014 y 2015. • Documental vía oficio cuatro propuesto por la parte demandada el cual contiene el oficio librado al Colegio Médico de Honduras cuya evacuación obra a folios 880 al 887 y 889 cuyo objeto era constatar entre otros puntos: si un estudiante de Medicina con una colegiación provisional tiene los mismos derechos que un médico en medicina y cirugía titulado o colegiado de manera definitiva. Dicho esto, previo, es infalible asegurar ARTICULO 95 NUMERAL 23 DE LA DEL CODIGO DEL TRABAJO es una norma sustantiva de orden laboral, ya que le impone las obligaciones a los empleadores en cumplir con las demás obligaciones que impongan las leyes y reglamentos de trabajo; reiterando que las normas sustantivas son aquellas que imponen derechos y obligaciones o que regulan la extinci6n de estos. Siendo en todo caso las obligaciones impuestas en otras leyes y reglamentos laborales las que hemos citado como normas relacionadas de la manera siguiente artículos 4 reformado, 9 numeral 1, 32, 33 reformado, 34 reformado de la Ley Estatuto del Medico Empleado. En este orden de ideas y de haber sido valorado correctamente todas las pruebas citadas, la corte de apelaciones hubiese llegado a la convicción que precede condenar al Estado de Honduras al pago reclamado en el caso de autos. Esto anterior puesto que se acreditaron los siguientes hechos: 1) que todos los demandantes suscribieron sus contratos con la Secretaria de Salud, para ejecutar su servicio social, 2) como requisito exigido ellos debían encontrase colegiados de manera provisional en el Colegio Médico de Honduras, 3) que a cambio de su prestación percibieron la suma de L.6,944.00, 4) que el artículo 1 inciso a, señala que los médicos en servicio social deben de colegiarse de manera provisional y el artículo 8 del Reglamento de Colegiación Profesional provisional del Colegio Médico de Honduras, señala que los médicos colegiados de manera provisional tiene los mismos derechos y obligaciones de los médicos colegiados de manera definitiva, a excepción del beneficio del auxilio mutuo y que los médicos en servicio social, solo podrán desempeñarse en las centres de salud asignados para tal efecto, 5) que a todos los demandantes se le pago el décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social para el año 2014 siendo esta una prueba fehaciente que efectivamente nos encontramos ante una verdadera relación laboral por medio del reconocimiento tácito del empleador; 6) que todos los demandantes se encontraron debidamente colegiados de manera provisional para el periodo que prestaron su servicio social, 7) que el salario mínimo aplicable para el medio empleado para el año 2014 y 2015 ascendía a la suma de L.34,506.01, y 8) que los estudiantes de medicina de la UNAH, que realizan el servicio social obligatorio con una colegiación provisional tiene los mismos derechos y obligaciones que los médicos colegiados de manera definitiva. En tal sentido y de haber sido apreciados correctamente por parte del sentenciador de segunda instancia, todo este andamiaje de pruebas en los que se acreditaron todos estos hechos el fallo proferido seria a distinto sin violentar el articulo 95 numeral 23 del Código del Trabajo. Esto anterior resumido así: el articulo 95 numeral 23 establece que es obligación de los empleadores cumplir con las demás leyes y reglamentos, siendo una de estas normas aplicables la Ley Estatuto del Medico Empleado que en los artículos relacionados (artículos 4 reformado, 9 numeral 1, 32, 33 reformado, 34 reformado); normas estas que según hemos visto, señalan que todos los médicos colegiados ya sean estos de manera provisional o definitiva, tiene derecho devengar el salario mínimo establecido en dicha ley, que para los años 2014 y 2015 ascendieron a la suma de L.35,604.01 (según se acredito en las pruebas apreciadas erróneamente), asimismo mediante el artículo 8 del Reglamento de Colegiación Profesional Provisional del Colegio Médico de Honduras, el cual igualmente fue apreciado erróneamente, consta que los médicos colegiados de manera provisional tiene los mismos derechos y obligaciones que los colegiados de manera definitiva. Es así como de haberse valorado de manera correcta estas pruebas, el fallo condenaría al Estado de Honduras a cumplir con la obligación de pagar el salario mínimo aplicable a los médicos colegiados de manera provisional en cumplimiento del ARTÍCULO 95 NUMERAL 23 DE LA DEL CÓDIGO DEL TRABAJO; relacionado con las siguientes normas: los artículos 4 reformado, 9 numeral 1, 32, 33 reformado, 34 reformado de la Ley Estatuto del Medico Empleado. Cabe señalar que al igual que el primero motivo de casación, al emplear el silogismo jurídico respectivo, podremos evidenciar que, de haberse apreciado las pruebas relacionadas de manera correcta, el fallo proferido hubiese aplicado correctamente la norma que rectora el caso de autos. Nuevamente cabe reiterar que es criterio jurisprudencia por parte de esta Sala Laboral el siguiente: "...la Ley Estatuto del Medico Empleado y su Reglamento es de cumplimiento Obligatorio para las personas naturales o jurídicas de derecho público y privado que contrate o empleen médicos debidamente colegiados en el Colegio Médico de Honduras...” esto anterior tal y como ocurre en el caso de autos acreditado con las pruebas apreciadas erróneamente en donde consta que todos mis representados se encontraban debidamente colegiados de manera provisional en el Colegio Médico de Honduras.”.- VII. Que el Recurrente olvida que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; no dándose en el caso de mérito.- VIII. Que el Censor formula un cuarto motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso ser la sentencia de violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por INFRACCIÓN DIRECTA también conocida como FALTA DE APLICACIÓN; del ARTÍCULO 132 PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, en relación con las siguientes normas: artículos 4 reformado, 9 numeral 1, 32, 33 reformado, 34 reformado de la Ley Estatuto del Medico Empleado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Sin lugar a dudas, es un hecho probado, acreditado en autos, aceptado por las partes en juicio e inclusive por la Corte de Apelaciones, que los contratos suscritos como "Contrato Beca", son contratos con matices de formación y educación; esto desde luego si observamos en libelo de demanda, hecho tercero párrafo tercero; hecho tercero de la contestación de la demanda o los alegados de segunda instancia de la demandada que denomina el pago como una beca de formación y lo señalado por la Corte de Apelaciones en su considerado 7 que establece que este contrato tenía una finalidad de formativa. Estando completamente consientes que estamos ante un contrato formativo, podemos afirmar que es análogamente aplicable, sino que precisamente un contrato de aprendizaje; de este modo, es que la Corte de Apelaciones del Trabajo, se ha revelado ante la ley y ha dejado de aplicar el artículo 134 del Código de la Niñez y Adolescencia que tipifica un derecho, específicamente el derecho a que todos los contratos de aprendizaje siempre serán remunerados y que esta remuneración nunca poder ser inferior al salario mínimo aplicable. El artículo 134 del Código de la Niñez y Adolescencia es efectivamente una norma sustantiva labora de índole nacional, puesto que es un artículo que contiene un derecho precisamente de índole laboral, ya que es uno que única y exclusivamente puede percibir un empleado por parte de un empleador en el marco de un contrato de trabajo, como figura objeto de estudio del derecho del trabajo, así como por el hecho de entornarnos ante una relación entre el trabajo (empleado) y el capital (empleador); por lo tanto resultara desatinado por parte del oposito alegar de manera alguna que por el simple hecho de que este artículo se encuentra dentro de un cuerpo legal distinto al del Código del Trabajo, no forma parte de una norma laboral. Ahora bien dicho todo esto afirmaros que se la violento esta norma, ya que la misma establece que en ningún momento algún empleado bajo la modalidad de contrato de aprendizaje puede devengar un salario inferior al mínimo; salario que en el caso que nos ocupa es el establecido en los artículos 4 reformado, 9 numeral 1, 32, 33 reformado, 34 reformado de la Ley Estatuto del Medico Empleado; el cual es el efectivamente reclamado y que sin lugar a dudas deber ser condenado el respetivo fallo de casación.”.- IX. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada, es el artículo 132 del Código de la Niñez y Adolescencia, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y c) hace alegatos propios de instancia.- X. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “ La nulidad contra los actos procesales como ser una sentencia definitiva, cabe precisamente cuando se ha emitido un acto procesal prescindiendo de las normas esenciales que regula los procesos y que causan indefensión; tal y como el artículo 212.4 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a la normativa laboral reza.- Dicho esto, podemos asegurar que el fallo proferido por la Corte de Apelaciones vulnera el artículo precisamente el artículo 207 inciso 1 y 2 del Codito Procesal Civil como normas procesales, que establece que las sentencias deben de ser motivadas y contener considerarnos que se encuentran ajustados a los principio de la lógica y la razón, y en el mismo sentido el artículo 739 del Código del trabajo es preciso al señalar que el juez debe de inspirarse a la sana crítica y deberá resolver atendido a las circunstancias relevantes al pleito; provocado de esta forma que todos los fallos deben ser tener una motivación que sea congruente y lógica, so pena de nulidad.

De este modo y de manera precisa señalamos que es totalmente incongruente y contrario a la lógica y al razón, y una amenaza a la seguridad jurídica que la misma Corte de Apelaciones del Trabajo en un mismo proceso judicial emita pronunciamientos mutuamente contradictorios; esto anterior ya que en fecha 2 de junio de 2017 (ver folio 868 al 869 vuelto dela primera pieza de autos) se emitió un auto interlocutorio en el cual de manera puntual se afirma que el contrato que unió a las partes en litigio es uno de índole laboral y por otro lado en fecha 7 de febrero de 2020, se emita una sentencia que rechace la existencia de una relación laboral. (ver folios 12 al 20 de la segunda pieza de autos).- Cabe señalar que el fallo en el que se reconoce la existencia de una relación laboral es uno que tiene el carácter de firme y que incluso fue sometido al conocimiento de la Sala Constitucional por medio de un amparo y que pese a tal riguroso estudio por parte de dicha sala en el que se verifico si este estaba apegado a las normas constituciones del país; dicho amparo fue denegado (ver folios 915 al 919 vuelto de la primera pieza de autos). En tal sentido reiteramos que es un atentado en contra del Principio de Legalidad, en inclusive un temerario acto contradictorio a la ley que provoca inseguridad jurídica, el emitir fallos mutuamente excluyentes y totalmente contradictorios por un mismo ente jurisdiccional en un mismo proceso laboral, causado de este modo que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo deba de ser anulada y se ordene se dicte una nueva que respete los principios sana crítica y la lógica humana; de modo tal que no sea contradictoria al fallo previamente proferido por el mismo órgano jurisdiccional; en el sentido que reconozca, por así serlo, que la relación que unió a las partes en litigio es una de índole labora y les son aplicables todos los derechos reclamados. Cabe destacar que causa indefensión este fallo, ya que esta representación entendía por así serlo, que el debate respecto a la existencia o no de una relación laboral ya había sido superado mediante el auto interlocutorio, por lo tanto, esta misma representación cae en indefensión cuanto la Corte de Apelaciones del Trabajo reapertura de manera intempestiva dicho debate, lo resuelve y emite un fallo contradictorio sobre temas previamente resueltos por el mismo órgano jurisdiccional”.- XI. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XII.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos y sin lugar la nulidad subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en cuatro motivos; 2) SIN LUGAR LA NULIDAD SUBSIDIARIA; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes agosto del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 245-20.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

[1] Tolosa Villabona, Luis Armando. Teoría y Técnica de la Casación. Pag 124. Ediciones Doctrina y Ley ltda. 2da edición.

[2] Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral-Contencioso Administrativo. 10 de enero de 2012. CL-332-09. Magistrado Víctor Manuel Martínez Silva.