Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-237-20 — Registro 14935

Resumen

demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se obligue al Estado de Honduras a reintegrar al trabajo a su representada, condenando el pago de sueldos adeudados y los salarios dejados de percibir y al fiel cumplimiento de las disposiciones constitucionales y laborales respectivas, así como al acatamiento ordenado por la Honorable Corte Suprema de Justicia a efecto de unificar criterios ordenado mediante la circular número 1 de 2014, oficio 866-SCSJ 2014, y al efecto se le tenga como servidora permanente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) las normas que indica como violadas (artículo 46 literal b), 47, 52 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C. a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 08 de febrero del 2022, por la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora LOURDES LILIBETH GARCÍA DEGRANDEZ, representada en juicio por el Abogado ORLANDO CLAROS TORRES. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se obligue al Estado de Honduras a reintegrar al trabajo a su representada, condenando el pago de sueldos adeudados y los salarios dejados de percibir y al fiel cumplimiento de las disposiciones constitucionales y laborales respectivas, así como al acatamiento ordenado por la Honorable Corte Suprema de Justicia a efecto de unificar criterios ordenado mediante la circular número 1 de 2014, oficio 866-SCSJ 2014, y al efecto se le tenga como servidora permanente, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 01 de septiembre del 2014, por el Abogado NEIL JOSEPH JEREZANO SÁNCHEZ, como representante procesal de la señora LOURDES LILIBETH GARCÍA DEGRANDEZ, mayor de edad, soltera, hondureña, Licenciada en Comercio Internacional, y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 07 de febrero del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 09 de mayo del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Labor para el reintegro a su puesto trabajo; asimismo al pago de salarios dejados de percibir; se le tenga como Servidora permanente; instaurada por el Abogado NEIL JOSEPH JEREZANO SÁNCHEZ; en su condición de Representante Procesal de la Señora LOURDES LILIBETH GARCÍA DEGRANDEZ; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. II.- CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su actual Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora LOURDES LILIBETH GARCÍA DEGRANDEZ; a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral 02 de abril de 2008. III.- Declarar SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de sueldos adeudados; décimo cuarto mes y 15 días del mes de febrero de 2014; instaurada el Abogado NEIL JOSEPH JEREZANO SÁNCHEZ; en su condición de Representante Procesal de la Señora LOURDES LILIBETH GARCÍA DEGRANDEZ; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; ABSOLVER: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; de pagar a la Señora LOURDES IBETH GARCÍA DEGRANDEZ; dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS en esta instancia…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inicio su relación laboral con el demandado, el 02 de abril de 2008, prestando sus conocimientos profesionales y su fuerza de trabajo mediante la modalidad de la firma de varios contratos por tiempo determinado, desempeñándose en el cargo de Planificadora Presupuestario, asignada en el Departamento de Análisis, Evaluación y Control Presupuestario, asignada en la Subsecretaria de Política Sectorial y últimamente cumpliendo todas sus funciones en la UPEG como Técnico Planificador del Departamento de Estudios y Finanzas, por estructura de nivel central; devengaba un salario de L.20,000.00, que se le pagaban de acuerdo a la categoría de empleada por planilla o jornal, por intermedio de resoluciones ministeriales con vigencias mensuales y que desde el referido mes de abril de 20018 sin interrupción alguna laboró entre contrato y contrato y el último de ellos con vigencia al 30 de junio del año 2014; manifestó que durante toda la prestación de sus servicios, no se le otorgaron las vacaciones que legalmente tenía derecho y a la fecha se le adeudaban salarios; argumento además que los contratos en referencia el Estado les intituló como “contratos de prestación de servicios profesionales" y los mismos eran a tiempo fijo, pero sucede, que desde el inicio de sus labores se desempeñó en las mismas funciones de manera permanente y no interrumpida, bajo la subordinación del empleador, por medio de sus superiores así como consta en los contratos que se suscribieron entre ambas partes, mismos que reúnen los requisitos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo; o sea que los contratos suscritos por las partes, reunían los elementos establecidos en la norma legal antes señalada; en virtud de lo anterior la relación, sin duda alguna es de orden laboral; siendo las funciones continuas y permanentes en la institución demandada; entendiéndose que estaba ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, regido por la jurisdicción laboral del trabajo, por lo cual, el demandado ha tratado de ocultar la primacía de la real y verdadera relación laboral, es decir del contrato realidad, con la suscripción de una cantidad de contratos transitorios o temporales, dado que si la causa que ha originado el surgimiento de la relación laboral subsistió y seguirá subsistiendo por siempre, pues era y ha sido el mismo puesto de trabajo y funciones que siempre desempeñó durante la relación laboral por más de 6 años, sus actividades que por la naturaleza de las mismas no podían desaparecer; asimismo alegó que inmediatamente de su separación colocaron a otra persona en sustitución, sin el mismo presum de practica y conocimientos sobre la materia, ya que la demandante ejecutó y se desempeño en varias funciones; y con el animo de llegar a un arreglo conciliatorio, presentó reclamo administrativo ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, dándose por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante, sostuvo una relación contractual con el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, con sede en la UPEG Nivel Central, en el cargo de Planificador Presupuestario, contratación que fue mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios profesionales y técnicos, con fecha de inicio y terminación con el consentimiento y aceptación, sin objeción alguna por parte de la demandante, estos contratos de Servicios Profesionales referidos, además de establecer derechos y obligaciones recíprocos para las partes, se sujetaban al derecho administrativo, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de personal de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, Capitulo 1, Artículos 2 y 4 inciso h) Capítulo IV, Sección Quinta, artículos del 28 al 37, de los Contratos de Servicios Profesionales entre los que cabe resaltar el artículo 33 que en su texto señala: "La vigencia de estos contratos no podrán exceder la del ejercicio fiscal al amparo del cual se originen. Cada contrato que se suscriba será independiente de cualquier otro celebrado anteriormente. Los derechos a reclamar y las obligaciones a exigir solamente serán lo que contiene en el contrato suscrito únicamente durante su vigencia. En ningún caso se considerará permanente al personal contratado"; asimismo rechazó en relación a la fecha que inicio su relación laboral y el salario devengado, lo cual deberá probarlo en el momento procesal oportuno; y que en cuanto a que no se le otorgaron vacaciones a la demandante, manifestó que las solicitudes de vacaciones fueron debidamente aprobadas y que además disfrutó; asimismo manifestó que se le adeudan salarios, pues será la parte actora quien deberá probarlo en el momento procesal oportuno; que la relación contractual fue mediante la suscripción de contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, en los cuales constaban fecha de inicio y terminación del mismo, contratos que estaban regidos por las cláusulas establecidas en los mismos con la aprobación y sin objeción alguna de las partes; y que todo contrato de trabajo bajo las distintas modalidades que establece una prestación de servicio conlleva los mismos elementos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, para ejercer la actividad de trabajo, para la cual fue contratada, no obstante las circunstancias que mencionó no eran determinativas para que las acomodara a sus pretensiones puesto que la demandante suscribió contratos de Servicios Profesionales y Técnico regidos por las cláusulas establecidas en los mismos, con derechos y obligaciones reciprocas y sujeta para las partes; por lo que, no puede calificar como simulación o fraude a la Ley la suscripción de contratos a término para la prestación de sus servicios porque entonces estaría afirmando que el contratante no tenía la facultad de suscribir ese tipo de contratos, por lo tanto, estarían frente a contratos sin validez jurídica y en su defecto los contratos firmados por la reclamante no tendrían existencia ni objeto su reclamo; por lo que sería aventurado afirmar que esa prestación de servicios por la suscripción de varios contratos era continua e ininterrumpida, puesto que esos contratos eran transitorios y temporales y no se puede aplicar irresponsablemente el artículo 47 del Código de Trabajo ni considerarse por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, pues la figura del "Contrato" involucra dos partes que se someten a las obligaciones y derechos plasmados en el mismo y no pueden prevalecer derechos subjetivos por conveniente que sean a una parte, ni tampoco cambiarse los términos del contrato; además no puede aplicarse de norma antojadiza de su texto legal que también objetó, pero la actividad temporal es porque no existe la plaza para un nombramiento permanente; por lo tanto los reclamos presentados por la parte actora de la demanda carecen de sustento jurídico para exigir su reintegro y los demás derechos que reclamó, por el servicio prestado bajo el argumento que sus labores fueron continuas a través de los contratos de Servicios Profesionales determinados al tenor de lo preceptuado en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo, no obstante erróneamente tratan de aplicar nuevamente esta normativa a efecto de justificar y apoyar un derecho subjetivo e inexistente ya que al momento de suscribir los contratos no se opusieron sino que aceptaron y consintieron la prestación de ese servicio transitorio y de periodo determinado, por lo cual no debían considerar que asistían los derechos reclamados, por no ser considerada empleada permanente lo cual se probara en el momento procesal oportuno del juicio; asimismo alegó que la demandante ya tenía conocimiento la fecha en la cual su contrato iba terminar por lo que no puede argumentar que su relación laboral era por tiempo indeterminado ni puede procurar tener derechos que solo ostentaban los empleados de carácter permanente; ya que la patronal realizaba contratos de servicios Profesionales y Técnicos, conforme al presupuesto anual asignado y al requerimiento de necesidades priorizando sus contrataciones, razón por la cual se establecía en los contratos el tiempo de duración de los mismos, como consta en la Cláusula Tercera del contrato, como también consta en la Cláusula Octava que la jurisdicción para dirimir las controversias que surjan de la aplicación del contrato, las partes se someterán a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo contratos que fueron admitidos y consentidos por la parte actora sin que existiera reclamo alguno, por lo que, el demandado se vio en la necesidad de hacer reducción del personal por contrato.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 09 de mayo del 2019, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por el Abogado NEIL JOSEPH JEREZANO SÁNCHEZ; en su condición de Representante Procesal de la Señora LOURDES LILIBETH GARCÍA DEGRANDEZ; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; condenó a la parte demandada a reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 02 de abril de 2008; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de sueldos adeudados; decimocuarto mes y 15 días del mes de febrero de 2014; y absolvió a la parte demandada de pagar a la demandante dichos conceptos; sin costas; bajo el criterio que, al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que la Señora LOURDES LILIBETH GARCÍA DEGRANDEZ desde que inició su relación laboral con la Institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual la Suscrita es del criterio que procede declarar CON LUGAR la demanda de mérito asistiéndole el derecho a ser reintegrado a su puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, así como la restitución a sus funciones; y los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de la actora. Que la parte demandante asimismo solicita en el Escrito des Demanda; pago de sueldos adeudados; décimo cuarto mes y 15 días del mes de febrero de 2014; conceptos que se declaran SIN LUGAR en vista de que la parte demandada con el Oficio 787 DGRH -2018 que corre agregado a folio 202 de los autos se acredita que no le adeuda ninguno de estos conceptos a la demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 07 febrero del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, de las pruebas aportadas al juicio por las partes, este Tribunal de Alzada, observa que en los contratos celebrados por la partes, se dan los elementos esenciales de todo contrato de trabajo, como ser: la actividad personal del trabajador; la continua subordinación del trabajador para con el patrono en la realización de labores de forma continua y de naturaleza permanente en la institución demandada a cambio de un salario mensual; sucesos que encajan en las disposiciones legales contenidas en los artículos 20, 47, 52 párrafo segundo del Código del Trabajo; cabe entonces al momento de apreciar los hechos a la luz de las normas laborales, que tales contratos relativo a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la institución, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen para la prestación de servicios; no habiendo la parte demandada acreditado lo contrario en juicio; por lo que con mucho acierto la Juzgadora de instancia tuvo por bien declarada la relación de trabajo en forma permanente desde el inicio de la relación de trabajo para la señora Lourdes Lilibeth García Degrandez desde el 02 de abril del 2008, en el puesto de Planificadora Presupuestaria en el Departamento de Análisis Evaluación y Control presupuestario en la Subsecretaria de Política Sectorial y del Departamento de Estudios y Finanzas con un horario y jornada de trabajo de 9:00 a.m. a 5:00 pm, de lunes a viernes con un último sueldo ordinario mensual de L.20,000.00; y el reintegro de la demandante a su puesto de trabajo. Que mediante acta circunstanciada de fecha uno (01) de julio del dos mil catorce (2014), por medio del Inspector del Trabajo, personado en el centro de trabajo, atendido por la Directora de Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) se constató que a partir del 01 de julio 2014 no podía seguir asignando funciones, ni permitir su permanencia en la oficina la fecha de inicio, por la razón de que no se le renovó su contrato de trabajo en vista de la reducción presupuestaria; sin que por tal motivo, a juicio de este Tribunal, haya lugar a la terminación de la relación laboral, haciendo uso la demandante del derecho que le conceden los artículos 113 y 117 del Código del Trabajo; cual es, de emplazar a su patrono ante los Tribunales del Trabajo para que le pruebe la justa causa en que fundó el despido, caso contrario, el patrón deviene obligado a pagar las indemnizaciones laborales le puedan corresponder al trabajador, o a elección de éste, solicitar el reintegro a su puesto de trabajo, más los salarios que el trabajador habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva; que por las razones expuestas es procedente confirmar la resolución apelada, por estar dictada conforme a derecho.- 5.- Mediante auto de fecha 18 de enero del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCÍA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 08 de febrero del 2022, compareció ante este Tribunal la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCÍA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 21 de abril del 2022, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado ORLANDO CLAROS TORRES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada LIDYA VIRGINIA CALIX GARCIA, en el primer y único motivo de casación alega: “Infracción de los articulo 46 literal b), 47, 52 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 1, 2, 3, 22, 26, 27, 28, 31 de la Ley de Servicio Civil; 5, 200, 201, 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; por EXISTIR EN EL FALLO RECURRIDO UNA VIOLACIÓN A LA LEY SUSTANTIVA POR INFRACCIÓN DIRECTA. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE ESTE MOTIVO. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del articulo 46 literal b) del Código Laboral que establece: "El Contrato Individual de trabajo puede ser: a) .... b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento....; artículo 47 que establece: Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas.- El tiempo le servicio se contará desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato por escrito.- En consecuencia, los contratos a plazo fijo o para obra determinada tienen el carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar." , articulo 52 que establece: “… Si antes de transcurrido un ( l) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en esta caso el periodo de prueba." ; a tal efecto en el presente caso, el Juzgador al declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve y que confirma el fallo emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán que condena a mi representado a Reintegrar a la señora LOURDES LILIBETH GARCÍA DEGRANDEZ; a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su usencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral 02 de abril de 2008. III; incurrió en UNA VIOLACIÓN A LA LEY SUSTANTIVA POR INFRACCIÓN DIRECTA, en vista que la demandante únicamente sostuvo con mi representado el Estado de Honduras, una relación de prestación de servicio temporal por tiempo determinado bajo Contratos Administrativos de Servicios Profesionales y Técnicos, siendo totalmente contrario a derecho, que mi representado se vea obligado a emitir un ACUERDO DE NOMBRAMIENTO a favor de la señora LOURDES LILIBETH GARCÍA DEGRANDEZ, el cual es un acto administrativo excluido del conocimiento y competencia de la Jurisdicción laboral. También se explica como el motivo único, que el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo reza: Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en la relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo.; Articulo 3. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los poderes del estado, por las municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos que celebren los Poderes del Estado. Por lo que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, tampoco valoró debidamente la aplicación de la normativa legal en el caso de autos, al aplicar de manera errónea los artículos del Código Laboral antes descritos y la no aplicación de los artículos de la Ley de lo Contencioso Administrativo también citados anteriormente, y condenar a mi representado a nombrar a la demandante como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral 02 de abril de 2008; sin considerar que la relación laboral entre la demandante y mi representado, era por tiempo determinado y como tal, no deben ser considerados permanentes, deslegitimando la figura de contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, solo por el hecho de que los mismos, lógicamente tienen elementos necesarios de un contrato de trabajo como ser prestación de un servicio, subordinación es decir acatar ordenes en cuanto a tiempo y forma de realizar el trabajo y por supuesto una salario como retribución por los servicios prestados. Por lo anteriormente expuesto, solicito, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento, de fecha siete de febrero de dos mil veinte, sentencia que Confirma la sentencia definitiva de fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de la Demanda Ordinaria Laboral interpuesta por la ciudadana LOURDES LILIBETH GARCÍA DEGRANDEZ, antes relacionada por no estar ajustada a derecho”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) las normas que indica como violadas (artículo 46 literal b), 47, 52 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes agosto del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 237-20.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Página 2 de 2