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Sentencia CL-224-20 — Registro 14932

Resumen

Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones sociales como ser auxilio de cesantía, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes, salarios devengado no pagados, ajuste al salario mínimo, horas extras trabajadas, salarios caídos, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada, el artículo 738 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada, el artículo 19 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) Falta claridad y precisión al indicar: “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de julio del dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 15 de febrero del 2022, por la Abogada DORIS ARACELY SANTOS CRUZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JOSE ADILIO PACHECO VILLANUEVA, representado en juicio por el Abogado FREDY RAMON ALVAREZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones sociales como ser auxilio de cesantía, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes, salarios devengado no pagados, ajuste al salario mínimo, horas extras trabajadas, salarios caídos, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 14 de diciembre del 2017, por el señor JOSE ADILIO PACHECO VILLANUEVA, mayor de edad, soltero, hondureño, con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la SECRETARIA DE EDUCACION, por actuaciones del INSTITUTO JOSE TRINIDAD REYES. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 26 de octubre del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte demandada, contra la sentencia de fecha once de febrero del año en curso (2020), dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial, en la demanda de la referencia en consecuencia, se reforma la referida sentencia en el sentido de establecer que la condena del pago de los salarios dejados de percibir se conceden desde la fecha del despido hasta el día que se produjo la reincorporación del demandante (18/03/2019). SEGUNDO: CONFIRMANDO la referida sentencia en sus demás extremos. - TERCERO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició a laborar el 02 de diciembre del 2016, devengando un salario de L. 6,000.00 mensuales, desempeñándose como Agente de Seguridad, no se le pagaba el salario mínimo; por haber reclamado el ajuste al salario mínimo y derechos al descanso semanal, se le dio el preaviso para ponerle fin al Contrato de Trabajo el 15 de noviembre del 2017, teniendo derecho al pago de los derechos laborales como ser preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes, reajuste al salario mínimo y pago de horas extras por los últimos 60 días, los salarios caídos y costas del juicio, pues no tiene derecho para litigar; que al conocer que el Director pretendía negarle los derechos laborales que la Ley le otorga, que son irrenunciables, pues a pesar de haber reclamado no tuvo respuesta el demandante; dando por agotada la vía administrativa correspondiente ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, sin poder llegar las partes a un acuerdo conciliatorio.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda negando haber sostenido una relación de trabajo con el demandante, señalando que no son suficientes los alegatos expuestos en la demanda, ya que debe fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en juicio, pues en materia probatoria es un principio universal que quien afirma una cosa, es quien está obligada a probarla, constituyendo la máxima onus probandi encumbit actori, siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que el Juez pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana crítica para formar libremente su criterio, por lo que deberá acreditar fehacientemente sus afirmaciones; arguye que no puede existir una orden de despido, en el afán de confundir, el demandante aduce que por haber reclamado un derecho se le ha despedido, cuando no ha existido violación alguna, en virtud que no había ninguna relación de trabajo y quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, quedando claro que al no existir la relación de trabajo, tampoco existen derechos, careciendo de sustentación jurídica para apoyar su demanda, donde tampoco es aplicable el in dubio pro operario, por no existir en el caso, el objeto binomio patrono-trabajador, al no cumplirse los 3 requisitos exigidos en el artículo 20 del Código de Trabajo para que pudiera considerarse que existe un Contrato de Trabajo, no teniendo argumentos esenciales que debatir siendo su argumentación insulsa e irrelevante al mismo, debe considerarse improcedente la petición formulada; en cuanto a que se presentó a la Oficina de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, el reclamo administrativo buscando un arreglo conciliatorio en virtud que no procede ninguna conciliación, pues no está facultada para conocer y aceptar obligaciones de derechos subjetivos inexistentes; expresa que las aseveraciones del demandante son muy personalísimas, ya que en su registro no aparece como un empleado bajo ninguna modalidad de contratación, si bien es cierto la Secretaría de Educación, organiza y dirige el funcionamiento de la educación, no específicamente significa que maneja el control absoluto de los mismos, existen las Asociaciones de Padres de Familia (APF) quienes toman educación, manejan su propio presupuesto, además los Directores de los Centros Educativos no están facultados para poder contratar personal en nombre del Estado de Honduras, por lo tanto, si el demandante sostuvo una relación laboral con el Director del Centro Educativo José Trinidad Reyes, lo hizo a título personal, por lo tanto, debe interponer la demanda en su contra y no contra El Estado de Honduras.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 11 de febrero del 2020, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda laboral promovida por el señor JOSE ADILIO PACHECO VILLANUEVA, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la Republica el señor ABRAHAN ALVARENGA URBINA, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A El ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la Republica el señor ABRAHAN ALVARENGA URBINA, a pagar al trabajador demandante JOSE ADILIO PACHECO VILLANUEVA, la cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L, 129,324.20), los cuales se desglosan así:, Preaviso L.19,184.08, Auxilio de Cesantía L.47,960.21; auxilio de cesantía proporcional L.1,971.70, Vacaciones proporcionales L.1,126.68, Décimo tercer mes proporcional L.7,194.03, Décimo cuarto mes proporcional L.3,083.16, reajuste del salario mínimo L.48,804.34; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme el presente fallo.- 3) SIN COSTAS”. Bajo el criterio que del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso procede declarar con lugar la demanda por las circunstancias siguientes: que el demandado, el Estado de Honduras, por actos de la Secretaría de Educación, niegan la relación de trabajo, pero de las pruebas aportadas al proceso quedó acreditado que el demandante prestaba funciones de Guardia de Seguridad en el Centro Educativo José Trinidad Reyes, labor desempañada en dicho centro educativo que pertenece al Estado de Honduras, quien pagaba el salario del demandante era el Instituto José Trinidad Reyes y habiéndose establecido los requisitos que establece el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que el demandante realizaba su actividad de forma personal, había subordinación porque tenía que cumplir con las instrucciones dadas por el Director del Centro Educativo y tenía un salario pagado en forma quincenal, se establece que entre las partes existía relación de trabajo; una vez establecido que existió la relación de trabajo corresponde analizar si la causa invocada para poner fin a la relación de trabajo es justa o no, la demandada no invocó ninguna de las causales establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, que lo facultan para dar por finalizada la relación de trabajo con justa causa, por lo que el despido llevado a cabo resulta ilegal e injusto, procede condenar al pago del resarcimiento de daños y perjuicios; la parte demandada por vía de alegaciones dijo que el trabajador continua laborando para la demandada, extremo que no alegó en su escrito de demanda y que según lo reconoce el trabajador en su interrogatorio, inició a laborar nuevamente con la demandada en fecha 18 de marzo del año 2019, lo que significa que dicho alegato es extemporáneo y no se puede desconocer que existió una nota de terminación de trabajo de fecha 8 de septiembre del año 2017; dentro de las pretensiones del demandante reclama el reajuste del salario mínimo, en virtud que devengaba cantidad inferior al salario mínimo vigente, que consta que la demandante devengaba la cantidad de L. 6,000.00 mensuales y siendo que a la fecha que laboraba, el salario mínimo vigente para la actividad que desempeñaba para el año 2015, era de L. 7,543.44, para el año 2016, era de L. 7,958.33, y para el año 2017, era de L. 8,221.75; en consecuencia, procede condenar a pagar el reajuste del salario mínimo, ya que la ley presume que nadie puede devengar un salario inferior a este; corresponde a los Tribunales de Justicia la aplicación de las leyes en casos concretos. La ley laboral establece que cuando el patrono no prueba la justificación en que funda el despido debe pagarle al trabajador las indemnizaciones que según el Código de Trabajo le pueden corresponder y a título de daños y perjuicios, los salarios que a este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del cuerpo de la ley citado, debe quedar firme la sentencia condenatoria; que a la terminación del Contrato de Trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales el derecho a vacaciones, décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y décimo cuarto mes de salarios de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del Contrato de Trabajo es justificado o no.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 26 de octubre del 2020, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el A-quo, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte demandada, contra la sentencia de fecha once de febrero del año en curso (2020), dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial, en la demanda de la referencia en consecuencia, se reforma la referida sentencia en el sentido de establecer que la condena del pago de los salarios dejados de percibir se conceden desde la fecha del despido hasta el día que se produjo la reincorporación del demandante (18/03/2019). SEGUNDO: CONFIRMANDO la referida sentencia en sus demás extremos.- TERCERO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que en el subjùdice de la prueba aportada se concluye que la contratación de la cual se derivó la acción, si bien se realizó entre el actor y el señor José Antonio Carballo, éste último lo hizo en su condición de Director del Instituto Oficial José Trinidad Reyes, quedando de esta manera obligado el Estado de Honduras, por depender dicho Instituto de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, pues el referido señor Director actúa como representante patronal al tenor del artículo 6 del Código del Trabajo, circunstancia por la que el documento expedido por la Sub Dirección de Talento Humano Administrativo no exime de responsabilidad laboral al Estado de Honduras, pues la obligación patronal nace con independencia de si la capacidad para contratar por parte del Estado está depositada en ciertas personas, es decir, si el Director de la institución educativa contrató al demandante, obligó a la entidad demandada como patrono por mandato de la disposición legal ya citada; pues la forma de contratación es una actividad que realiza la patronal o sus representantes en atención al derecho de dirección que al efecto tienen y de cuya responsabilidad por sus efectos responden las personas que dirigen los entes, según lo que al efecto disponen la Ley General de la Administración Pública y la de Presupuesto General de la República, en similares términos se ha pronunciado el Ad-Quem en los expedientes números 10,342 y 10,654; de la prueba propuesta, admitida y evacuada consta que el 18 de marzo del 2019, el demandante fue recontratado por el Instituto José Trinidad Reyes, por lo que en razón de los principios de equidad y justicia aplicables por virtud del artículo 18 del Código del Trabajo, los salarios dejados de percibir deben computarse desde la fecha del despido hasta el día que se efectuó la recontratación, pues por mandato Constitucional según el artículo 129, estos se computan hasta la firmeza del fallo o hasta que se produce el reintegro, siendo lo ocurrido por decisión del trabajador, en similares términos se pronunció la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de Casación número CL120-13; por las razones antes expuestas y tomando en consideración que el artículo 667 del Código del Trabajo faculta a este Tribunal para reformar o revocar las decisiones del iudex a quo, estima procedente reformar la sentencia que se conoce en apelación.- 5. Mediante auto de fecha 9 de diciembre del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DORIS ARACELY SANTOS CRUZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortès, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 15 de febrero del 2022, compareció ante este Tribunal la Abogada DORIS ARACELY SANTOS CRUZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 15 de febrero del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 16 de marzo del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado FREDY RAMON ALVAREZ, en condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada DORIS ARACELY SANTOS CRUZ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 738 del Código del Trabajo, al no tomar en cuenta el Tribunal Ad Quem: los medios de prueba documental público consistente en los folios 83 al 84 de la pieza principal. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el numeral uno, párrafo segundo del artículo 765 Código de Trabajo. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÌ: El Tribunal Ad Quem, no tomó en cuenta el medio de prueba documental consistente la Constancia emitida por la Subdirección General de Talento Humano Administrativo, donde se informa que mi representada la Secretaría de Educación, no mantiene relación laboral de trabajo con mi representado, por lo que se demostró que el demandante sostuvo una relación laboral con el Señor Director del Centro Educativo JOSE TRINIDAD REYES ya que los Directores de los Centros Educativos, no están facultados para poder contratar personal en nombre del Estado de Honduras. Por lo que debió interponer demanda en contra del Director del Instituto JOSE TRINDAD REYES, no en contra de mi representada”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada, el artículo 738 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva ya que el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica del Artículo 19 del Código de Trabajo en cual establece "Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración" que dicha definición está subordinada a lo establecido en el artículo 21 en que establece "se presume que toda relación de todo trabajo personal está regida por un contrato" el cual es violentado por el Tribunal Ad-Quen en virtud de darle una connotación diferente al concederle pago de prestaciones e indemnizaciones laborales al demandante que no ha sido contratado por mi representada, sino por el Director del Instituto JOSE TRINIDAD REYES. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1º del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1º . Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO Así: El objeto de pedir concurre en lo que reclama; el reclamo lo constituye "pago de prestaciones sociales, tales como auxilio de cesantía, vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes, salarios devengados y no pagados, ajuste al salario mínimo, horas extras trabajadas. salarios caídos y las costas del juicio", por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mi representada y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de hacer pago de prestaciones sociales, tales como auxilio de cesantía, vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes, salarios devengados y no pagados, ajuste al salario mínimo, horas extras trabajadas. salarios caídos y las costas del juicio. por la siguiente razón: primero porque el pago solo le corresponde al personal que ha sido despedido injustificadamente y en el caso que nos ocupa no hay tal despido en virtud de no existir una relación laboral con mi representado y el ahora demandante.- La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1º del Código del Trabajo)”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada, el artículo 19 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) Falta claridad y precisión al indicar: “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos.- VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes agosto del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 224-20.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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