Sentencia CL-214-20 — Registro 15179
Resumen
..."Demanda ordinaria laboral de primera instancia solicitando que en aplicación del principio de primacía de la realidad se declare que entre los demandantes y el patrono demandado existió una relación eminentemente laboral de carácter indefinido que fue encubierta por el patrono y para cuya ruptura se requería una justa causa de terminación de las que señala la ley, que el patrono demuestre que la terminación de la relación laboral no es un acto de represalia por haber solicitado los trabajadores el auxilio de la autoridad del trabajo para el reclamo de sus derechos, que se declare la existencia de un despido injustificado y se condene solidariamente al patrono y al beneficiario de los servicios prestados por los demandantes a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales derivadas del despido directo e injustificado, pago de reajuste salarial, bonificaciones y vacaciones correspondientes a los dos años anteriores a la fecha de iniciar el reclamo laboral ante la autoridad del trabajo calculados en base a la Ley del Estatuto del Médico Empleado, pago de salarios y beneficios legales dejados de percibir a título de daños y perjuicios calculados en base al salario mínimo para los médicos generales de conformidad a la Ley del Estatuto del Médico Empleado y que nunca fue otorgado a los trabajadores demandantes, costas del juicio"...
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) que el artículo “…7 párrafo segundo reformado por adición por el Decreto Legislativo número 45, del diecisiete de febrero de 1961…” señalado como norma sustantiva infringida, carece de sustantividad. Cabe recordar, que norma sustantiva es aquella, que confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; b) en la formulación se indica el concepto de infracción directa y aplicación indebidas modalidades de violación a la ley sustantiva distintas e incompatibles entre sí. Además, los conceptos antes relacionados, se deben alegar, en su caso, al margen del material probatorio lo cual, no es congruente con lo expuesto en la explicación cuando se insta a la valoración del material probatorio; c) se es impreciso en el precepto autorizante, ya que el numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo, contiene párrafos que se deben precisar; d) en el desarrollo se alude a disposiciones que no corresponde al orden laboral nacional (Artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo de la Republica de Colombia) de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; y, e) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) que el artículo “…7 párrafo segundo reformado por adición por el Decreto Legislativo número 45, del diecisiete de febrero de 1961…” señalado como norma sustantiva infringida carece de sustantividad. Cabe recordar, que norma sustantiva es aquella, confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; b) se indica el error de hecho por falta de apreciación sin embargo, posteriormente se alude a la apreciación errónea sub modalidades del error de hecho, que se deben precisar, ya que una misma prueba no puede al mismo tiempo ser apreciada y dejada de apreciada erróneamente, ni aun de manera equivocada; c) en la explicación se insta a la valoración de la prueba testifical, prueba no reglada, por ende supeditada a la inmediación del juzgador de instancia; d) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) que el artículo “…7 párrafo segundo reformado por adición por el Decreto Legislativo número 45, del diecisiete de febrero de 1961…” señalados como norma sustantiva infringida, carece de sustantividad. Cabe recordar, que norma sustantiva es aquella, confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; b) en la explicación se insta a la valoración del material probatorio lo cual, es incompatible con el concepto de violación invocado; c) se es impreciso en el precepto autorizante ya que el numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo, contiene párrafos que se deben precisar; d) en el desarrollo se alude a disposiciones que no corresponde al orden laboral nacional (Art. 23 y 34 del Código Sustantivo del Trabajo de la República de Colombia) de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo y, e) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de agosto de dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 25 de enero del 2022, por el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA LIMITADA; y, en fecha 28 de marzo del 2022, por el Abogado JUAN RAMON DAVID ANARIBA, en su condición de representante procesal de la FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE), como recurrentes/recurridos. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia solicitando que en aplicación del principio de primacía de la realidad se declare que entre los demandantes y el patrono demandado existió una relación eminentemente laboral de carácter indefinido que fue encubierta por el patrono y para cuya ruptura se requería una justa causa de terminación de las que señala la ley, que el patrono demuestre que la terminación de la relación laboral no es un acto de represalia por haber solicitado los trabajadores el auxilio de la autoridad del trabajo para el reclamo de sus derechos, que se declare la existencia de un despido injustificado y se condene solidariamente al patrono y al beneficiario de los servicios prestados por los demandantes a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales derivadas del despido directo e injustificado, pago de reajuste salarial, bonificaciones y vacaciones correspondientes a los dos años anteriores a la fecha de iniciar el reclamo laboral ante la autoridad del trabajo calculados en base a la Ley del Estatuto del Médico Empleado, pago de salarios y beneficios legales dejados de percibir a título de daños y perjuicios calculados en base al salario mínimo para los médicos generales de conformidad a la Ley del Estatuto del Médico Empleado y que nunca fue otorgado a los trabajadores demandantes, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 20 de marzo de 2018, por la Abogada ANA MIRIAN MARQUEZ NUÑEZ, en su condición de representante procesal de los señores JULIO CESAR SOSA ZALDIVAR y JOSE MAURICIO GALEANO SANTOS, ambos mayores de edad, solteros, Doctores en Medicina y Cirugía, hondureños y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra la entidad denominada FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE), representada legalmente por el Presidente de su Junta Directiva el señor HERNAN MURILLO CACERES; también de manera solidaria contra la entidad denominada COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA LIMITADA, representada legalmente por el Presidente de su Junta Directiva señor JUSTO CESAR CARCAMO ROMERO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta de septiembre del dos mil veinte, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintisiete de enero del dos mil veinte, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando CON LUGAR la presente Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia...; promovida por la Abogada ANA MIRIAN MARQUEZ NUÑEZ; accionando en condición de Apoderada Legal de los Señores JULIO CESAR SOSA ZALDIVAR y JOSE MAURICIO GALEANO SANTOS, contra la entidad denominada FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE), representada legalmente por el Presidente de su Junta Directiva, Señor HERNAN MURILLO CACERES y de manera solidaria contra la entidad denominada COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA LIMITADA; representada legalmente por el Presidente de su Junta Directiva, Señor JUSTO CESAR CARCAMO ROMERO; todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. SEGUNDO (2): En consecuencia se DECLARA que los Señores JULIO CESAR SOSA ZALDIVAR y JOSE MAURICIO GALEANO SANTOS y la entidad denominada FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE) se encontraban vinculados mediante una relación de trabajo de carácter indefinido para cuya ruptura se requería una justa causa de terminación de las que señala la Ley, la cual al no haberse acreditado judicialmente se DECLARA que el despido de los actores es Injustificado, por lo que se CONDENA a la entidad denominada FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE), representada legalmente por el Presidente de su Junta Directiva, Señor HERNAN MURILLO CACERES y de manera solidaria a la entidad denominada COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA LIMITADA; representada legalmente por el Presidente de su Junta Directiva, Señor JUSTO CESAR CARCAMO ROMERO, a: I) PAGAR a los demandantes la cantidad de LPS. 2,597,991.51 (Dos Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Novecientos Noventa y Un Lempiras con Cincuenta y Un Centavos), en concepto de reajuste salarial retroactivo que incluye la diferencia salarial dejada de pagar por el patrono en relación al salario devengado y el mínimo fijado por el Colegio Médico de Honduras, Vacaciones no concedidas, bonificación de vacaciones no pagada, decimotercer y decimocuarto mes de salario contado desde los dos años anteriores a la fecha en que los demandantes presentaron su primera solicitud ante la autoridad del trabajo, es decir desde Noviembre de 2015 hasta Diciembre 2017, mas las prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos adeudadas a la fecha del despido, desglosadas así: 1) JULIO CESAR SOSA ZALDIVAR: REAJUSTE SALARIAL: AÑO 2015: Salario Mensual: Lps.10,000.00; Salario fijado por el Colegio Médico de Honduras según Ley del Estatuto del Medico Empleado: Lps. 34,506.01, Diferencia dejada de pagar por el Patrono: Lps. 24,506.01.- Noviembre y Diciembre: Diferencia Salarial Mensual Lps. 24,506.01 x 2 meses =Lps. 49,012.02.- Decimotercer Mes de Salario: Lps. 34,506.01.- TOTAL AÑO 2015: Lps. 83,518.03.- AÑO 2016: Salario Mensual: Lps. 10,000.00; Salario fijado por el Colegio Médico de Honduras según Ley del Estatuto del Médico Empleado: Lps. 37,226.49, Diferencia dejada de pagar por el Patrono: Lps. 27,266.49: Enero a Diciembre: Diferencia Salarial Mensual Lps. 27,266.49 x 12 meses= Lps. 327,197.88.-Decimotercer Mes de Salario: Lps. 37,266.49.- Decimocuarto Mes de Salario: Lps. 37,266.49.- Vacaciones no concedidas por el 3º año de servicio (Descanso no gozado): 20 días: Lps. 37,266.49/30x20=Lps. 24,844.43.- Vacaciones que deben pagarse aparte del salario normal correspondientes al 3° año de servicio (Artículo 22 reformado de la Ley del Estatuto): Lps.37,266.49/30x20=Lps. 24,844.43.- TOTAL AÑO 2016: Lps. 451,419.72.- AÑO 2017: Salario Mensual: Lps. 10,000.00; Salario fijado por el Colegio Médico según Ley del Estatuto del Médico Empleado: Lps. 37,226.49, Diferencia dejada de pagar por el Patrono: Lps. 27,266.49.- Enero al 15 de Diciembre: Diferencia Salarial Mensual Lps. 27,266.49 X 11.5 meses = Lps. 313,564.63.- Decimocuarto Mes de Salario: Lps. 37,266.49.- Vacaciones no concedidas por el 4º año de servicio (Descanso no gozado): 20 días: Lps.37,266.49/30x20=Lps. 24,844.43.- Vacaciones que deben pagarse aparte del salario normal correspondientes al 4º año de servicio (Artículo 22 reformado de la Ley del Estatuto): Lps. 37,266.49/30x20=Lps. 24,844.43.- TOTAL AÑO 2017: Lps. 400,519.98.- TOTAL REAJUSTE DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017: Lps.935,457.73.- PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS: PREAVISO: Dos meses: Lps. 86,955.14; AUXILIO DE CESANTIA: 4 años, 4 Meses y 14 días: Lps. 190,093.59; VACACIONES PROPORCIONALES DEL 5º . AÑO: 136 días: Lps. 14,078.45, BONIFICACION POR VACACIONES PROPORCIONALES DEL 5° AÑO: 136 días: Lps. 14,078.45; DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL: 167 días: Lps. 17,287.51; DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL: 348 días: Lps. 36,024.26; TOTAL PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS: LPS. 358,517.40.- TOTAL PARA EL DEMANDANTE JULIO CESAR SOSA ZALDIVAR: LPS.1,293.975.13 .- 2) JOSE MAURICIO GALEANO SANTOS: REAJUSTE SALARIAL: AÑO 2015: Salario Mensual: Lps. 10,000.00; Salario fijado por el Colegio Médico según Ley del Estatuto del Médico Empleado: Lps. 34,506.01, Diferencia dejada de pagar por el Patrono: Lps. 24,506.01.- Noviembre y Diciembre: Diferencia Salarial Mensual Lps. 24,506.01 x 2 meses =Lps.49,012.02.- Decimotercer Mes de Salario: Lps. 34,506.01.- TOTAL AÑO 2015: Lps. 83,518.03.- AÑO 2016: Salario Mensual: Lps. 10,000.00; Salario fijado por el Colegio Médico según Ley del Estatuto del Médico Empleado: Lps. 37,226.49, Diferencia dejada de pagar por el Patrono: Lps. 27,266.49.- Enero a Diciembre: Diferencia Salarial Mensual Lps. 27,266.49 x 12 meses = Lps. 327,197.88.- Decimotercer Mes de Salario: Lps. 37,266.49.- Decimocuarto Mes de Salario: Lps.37,266.49.- Vacaciones no concedidas por el 3º año de servicio (Descanso no gozado): 20 días: Lps.37,266.49/30x20=Lps. 24,844.43.- Vacaciones que deben pagarse aparte del salario normal correspondientes al 3º año de servicio (Artículo 22 reformado de la Ley del Estatuto): Lps. 37,266.49/30x20=Lps. 24,844.43.- TOTAL AÑO 2016: Lps. 451,419.72.- AÑO 2017: Salario Mensual: Lps.10,000.00; Salario fijado por el Colegio Médico según Ley del Estatuto del Médico Empleado: Lps. 37,226.49, Diferencia dejada de pagar por el Patrono: Lps. 27,266.49.- Enero al 15 de Diciembre: Diferencia Salarial Mensual Lps. 27,266.49 x 11.5 meses = Lps. 313,564.63.- Decimocuarto Mes de Salario: Lps. 37,266.49.- Vacaciones no concedidas por el 4º año de servicio (Descanso no gozado): 20 días: Lps.37,266.49/30x20=Lps. 24,844.43.- Vacaciones que deben pagarse aparte del salario normal correspondientes al 4º año de servicio (Artículo 22 reformado de la Ley del Estatuto): Lps.37,266.49/30x20=Lps. 24,844.43.- TOTAL AÑO 2017: Lps. 400,519.98.-TOTAL REAJUSTE DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017: Lps. 935,457.73.-PRESTACIONES E INDEMNIZACIDNES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS: PREAVISO: Dos meses: Lps. 86,955.14; AUXILIO DE CESANTIA: 4 años, 5 Meses y 14 días: Lps. 193,716.72; VACACIONES PROPORCIONALES DEL 5º. AÑO: 167 días: Lps. 17,287.51, BONIFICACION POR VACACIONES PROPORCIONALES DEL 5° AÑO: 167 días: Lps. 17,287.51; DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL: 167 días: Lps. 17,287.51; DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL: 348 días: Lps. 36,024.26; TOTAL PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS: LPS. 368,558.65; TOTAL PARA EL DEMANDANTE JOSE MAURICIO GALEANO SANTOS: LPS. 1,304.016.38; habiéndose utilizado para dicho cálculo la fórmula del salario promedio mensual que incluye el salario mínimo que para cada año corresponde según la Ley del Estatuto del Médico Empleado y Colegio Médico de Honduras; y II) INDEMNIZAR a los Demandantes con el pago de los salarios y beneficios legales dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta que la presente sentencia alcance firmeza de conformidad con las normas del derecho procesal. TERCERO (3): Aunque concurren los requisitos para la imposición de costas en el presente proceso dada la forma en que la Parte Demandada ha encubierto la relación laboral de los demandantes privándoles de derechos constitucionalmente protegidos, en vista de la extensión que se ha dado al principio de gratuidad en materia laboral, SE EXIME DE COSTAS EN ESTA INSTANCIA a la parte demandada”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, fueron contratados por la FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE), la cual fue creada para dar servicios a los afiliados de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA, como MEDICOS GENERALES con el fin de brindar atención primaria de salud a los afiliados de la mencionada Cooperativa, quien debita de las cuentas de sus afiliados una cantidad mensual para recibir el beneficio de atención médica, en la cual los demandantes brindaban en las instalaciones de las clínicas médicas que la Fundación Cooperativa Ceibeña tanto en la ciudad de La Ceiba, como en otras localidades donde hay sucursales de la Cooperativa Ceibeña, en un horario de Lunes a Viernes de 8:00 A.M. a 4:00 P.M. y los Sábados de 8.00 A.M. a 12:00 M., pudiendo ser requeridos para trabajar los días domingos cuando se programaban brigadas médicas o reuniones de trabajo, siendo los datos de contratación los siguientes: Julio Cesar Sosa Zaldívar: Contratado en fecha 01 de Agosto de 2013, devengando un salario mensual de Lps.10,000.00, más un promedio mensual por coordinación médica, viáticos y transporte de Lps.2,500.00 mensuales; y, José Mauricio Galeano Santos: Contratado en fecha 01 de Julio de 2013, devengando un salario mensual de Lps.10,000.00. Al inicio de la contratación a los demandantes se les suscribió un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por tiempo limitado, que según el Patrono era de naturaleza civil, solicitándoseles para la suscripción del contrato correspondiente al año 2014 que debían constituirse como Comerciantes Individuales a fin de que en los nuevos contratos apareciera el nombre de un establecimiento mercantil y no el de ellos directamente, a pesar que los trabajos seguían prestándose de manera personal por los demandantes en las instalaciones del Patrono, quien suministraba todo lo necesario para llevar a cabo la labor contratada. Posteriormente los contratos cambiaron de denominación, designándoseles a veces como Contratos Privados de Obra Determinada y posteriormente Contratos de Prestación de Servicios de Salud, sujetándolos algunas veces al derecho civil y otras al derecho mercantil, pero sin variar las circunstancias, puesto que el trabajo siempre fue prestado personalmente por los demandantes en el horario señalado por el Patrono, dentro de sus instalaciones y hacienda uso de los implementos proporcionados por el mismo y estando bajo la completa subordinación de sus Representantes, siendo designados como trabajadores en el Contrato de Prestaci6n de Servicios de Salud suscrito en 2016, extendiéndoseles constancias de trabajo, Carnets de Empleados de la Fundación y recibiendo constantemente instrucciones y órdenes verbales u escritas de carácter obligatorio por parte del Administrador de la Fundación, bajo la advertencia de ser sancionados en caso de incumplimiento; de donde se desprende que concurren los 3 elementos que exige el artículo 20 del Código del Trabajo para la existencia de un contrato de trabajo, que son: a) la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y, c) Un salario como retribución del servicio; teniendo presente además que según el artículo 24 del mismo Código, los contratos de trabajo no pierden su naturaleza aunque aparezca involucrados o en concurrencia con otro tipo de contratos. Que durante todo el tiempo que los demandantes prestaron sus servicios para el patrono demandado, nunca fueron objeto de mejora salarial, ni tampoco se les reconocieron derechos constitucionalmente protegidos como días libres, otorgamiento de vacaciones, pagos de bonificaciones por concepto de decimotercer y decimocuarto mes de salario; razón por la cual en fecha 30 de Julio de 2017, los demandantes y dos compañeros médicos que también prestan servicios para el Patrono demandado, firmaron una solicitud a fin de que se concediera una mejora salarial, se les otorgaran días libres y vacaciones; solicitud que no fue atendida por parte del patrono, razón por la cual en fecha 21 de Noviembre de 2017, los demandantes solicitaron los servicios de la Sección de Inspección de la oficina regional de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de esta ciudad (La Ceiba) a fin de que el patrono demandado reconociera la relación laboral de carácter permanente e indefinida con los demandantes y se les otorgara la correspondiente nivelación salarial de acuerdo con la Ley del Estatuto del Médico Empleado y su Reglamento que ha fijado el Colegio Médico de Honduras, contado de manera retroactiva desde el 01 de Noviembre de 2015, tomando el plazo de dos años que señala el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo y 2295 numeral 2 del Código Civil, incluyéndose en el reajuste salarial reclamado los conceptos de vacaciones no concedidas, aguinaldos y catorceavos no pagados; señalándose la primera audiencia de conciliación para las 10:00 A.M. del 29 de Noviembre de 2017, compareciendo en esa fecha el Administrador de la Fundación Cooperativa Ceibeña a solicitar copia del reclamo laboral de los demandantes para ponerlo en conocimiento de la Junta Directiva, solicitando el señalamiento de una nueva audiencia para el 29 de Diciembre de 2017 para dar respuesta a dicha solicitud; en fecha 12 de Diciembre de 2017, los demandantes fueron notificados por parte del Administrador de la Fundación Cooperativa Ceibeña que sus contratos de trabajo, disfrazados bajo la denominación de Contratos de Prestación de Servicios de Salud, no serían renovados a partir del 15 de diciembre de 2017, sin indemnización alguna, olvidando que ninguno de los contratos firmados por los demandantes tenían fecha de vencimiento para ese día, puesto que el último contrato firmado en fecha 05 de Diciembre de 2016 con el señor JOSE MAURICIO GALEANO SANTOS tenía una vigencia del 05 de Diciembre de 2016 al 05 de Diciembre de 2017 y el último contrato firmado en fecha 06 de Julio de 2016 con el señor JULIO CESAR SOSA ZALDIVAR tenía una vigencia del 06 de Julio de 2016 al 06 de Julio de 2017; quedando claramente evidencia de la inexistencia de la causa de ruptura de la relación laboral invocada por el Patrono y que dicha ruptura obedece al hecho de que los demandantes habían solicitado el auxilio de la autoridad del trabajo para que el Patrono Demandado les reconociera derechos de carácter irrenunciable constitucionalmente protegidos, puesto que fueron despedidos después que los Representantes del Patrono Demandado tuvieron conocimiento del reclamo laboral presentado por los trabajadores y al poner fin a la relación laboral con los demandantes, olvida que su contratación de acuerdo a la Ley es de tipo indefinida y no por tiempo determinado, aunque se plasmara fecha de finalización, puesto que concurren los requisitos establecidos en los artículos 47, 48 y 52 del Código del Trabajo. Con respecto de la solidaridad reclamada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ceibeña Limitada, se debe a que ésta es quién da existencia a la Fundación Cooperativa Ceibeña, razón por la cual lleva su mismo nombre; pues en la página que ésta última tiene en las redes sociales, mediante las cuales tiene contacto con su usuarios, claramente puede leerse que la referida fundación se describe como “Una organización creada para dar servicios a los afiliados de la Cooperativa Ceibeña y la comunidad enfocada en el Desarrollo Humano con Salud, Educación y Ambiente"; de donde se desprende que aunque funcionen bajo personerías jurídicas distintas, la Cooperativa Ceibeña y la Fundación son prácticamente la misma persona jurídica puesto que ésta última fue creada por la primera; asimismo, en la Cláusula Segunda del primer contrato suscrito entre las partes como en los subsiguientes, se deja establecido que su primera función es brindar atención primaria de salud a los afiliados de la Cooperativa Ceibeña y contribuyentes del programa de salud cooperativista; programa mediante el cual la Cooperativa Ceibeña debita de sus miles de afiliados un valor fijo mensual.- 2.- La parte demandada, la FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE), contestó dicha demanda señalando que, siendo verdadero que entre la FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE) y los señores Julio Cesar Rosa Saldívar y José Mauricio Galeano Santos había una relación contractual; la cual era bilateral, onerosa y de índole mercantil puesto que los demandantes, son representantes legales de las empresas Mercantiles denominadas CLINICA SOSA Y SERVICIOS MEDICOS GALEANO SANTOS quienes proporcionaban los servicios de Salud a la Fundación demandada, servicio de salud ofrecido por la fundación de manera gratuita, (la consulta médica), y adicionalmente la entrega de medicamentos hasta por un monto de Lps. 300.00, estos servicios eran prestados por términos de tiempo distintos en cada día, y no como se argumentan en la demanda (de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m), siendo lo real de lunes y miércoles brindaban atención medica de 8:00 A.M. A 3:30 P.M. y los martes, jueves viernes y sábados de 8:00 A.M. a 12:00 A.M., realizando la Fundación un pago mensual de Lps. 10,000.00 por la prestación del servicio; cabe señalar que la Fundación tiene personería jurídica propia debidamente inscrita en el Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP) que es una institución civil sin fines de lucro con patrimonio y administración propia, que tiene por objeto la proyección y ejecución de proyectos sociales en comunidades y a personas de escasos recursos, que su patrimonio o capital para su funcionamiento se originan de las contribuciones mensuales que hacen los socios de la Cooperativa Caribeña contribuciones mensuales de sus cuentas personales, que permiten la realización y ejecución de las actividades de la fundación en las que se incluyen la facilitación de atención médica y de entrega de medicamentos de índole genérico a los aportadores y a sus familiares, por lo que lo manifestado por los demandantes en este hechos no concuerda con la verdad, siendo correcto la existencia de una relación mediante un contrato, pero este contrato es de índole Mercantil y no laboral como lo demandantes señalan. Que la relación contractual establecida entre la Fundación y los demandantes, ya se ha señalado el contenido del artículo 4 del Reglamento de la Ley del Estatuto Medico que establece: “Quedan excluidos de los derechos y garantías consignadas en el Estatuto y presente reglamento: 1 ... 2 ... 3 ... 4 … 5) las actividades medicas realizadas en el ejercicio libre de la profesión ...”, entiéndase que la relación contractual en discusión se genera a través de la convención entre dos empresas mercantiles, debidamente inscritas, creadas como un acto de libre ejercicio de la profesión puestos que ofrecen sus servicios como una empresa mercantil, y la Fundación como una persona jurídica de orden civil sin fines de lucro, el artículo 3 del Código del Comercio señala: "son actos de comercio salvo, que sean de naturaleza esencialmente civil los que tengan como fin explotar, traspasar o liquidar una empresa o los que sean análogos", el artículo 5 del mismo Código señala: "los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes, se regirán por las disposiciones de este Código”, que en el caso del doctor José Mauricio Galeano Santos se constituyó como comerciante Individual mediante escritura número 9 del año 2014 en lo que expresamente indica que ha iniciado operaciones con el giro principal de ofrecer prestación de servicios médicos en general y será identificado como SERVICIOS MEDICOS GALEANO SANTOS, siendo inscrito en el libro de comerciante individual bajo el número 38 del tomo 227, así mismo el doctor Julio Cesar Sosa Zaldívar se constituye como comerciante individual mediante escritura pública número 1 del año 2014 donde expresa que ha iniciado operaciones comerciales en forma individual ofreciendo los servicios de Consulta General control del niño sano, labor y parto entre otras debidamente inscrito en el libro de comerciante individual del Registro de la Propiedad Mercantil bajo el número 69 del tomo 226, y estas actuaciones los privan por disposición de la Ley, de pedir o solicitar que se le otorguen beneficios de la Ley de Estatuto Médico, puesto que sus acciones son personales y de mera liberalidad del ejercicio de su profesión sin que tenga o haya existido intervención de la Fundación, por lo que no pueden ahora ellos desconocer lo actuado de forma libre, y lo aceptado por ambas partes, al momento de contratar, porque estaríamos al frente de la intención expresa de querer realizar un fraude, y es antijuridico el querer aprovecharse y obtener beneficios inapropiados.- 3.- La parte demandada, la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA LIMITADA, contestó dicha demanda señalando que la FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE), fue creada como una ayuda a los afiliados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ceibeña Limitada para brindar atención médica, sin embargo, en cuanto a la contratación de los ahora demandantes no le consta a la Cooperativa, ya que la Fundación presta servicios médicos de salud y la Cooperativa lo hace para prestar servicios financieros en cuanto al Ahorro y Crédito de carácter solidario en forma libre y voluntaria para satisfacer necesidades comunes de sus afiliados y de responsabilidad social con la comunidad.- 4. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 27 de enero del 2020, dictó sentencia declarando CON LUGAR la presente demanda ordinaria laboral promovida por la Abogada ANA MIRIAN MARQUEZ NUÑEZ, en su condición de Apoderada Legal de los señores JULIO CESAR SOSA ZALDIVAR y JOSE MAURICIO GALEANO SANTOS, contra la entidad denominada FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE), y de manera solidaria contra la entidad denominada COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA LIMITADA. En consecuencia se DECLARA que los señores JULIO CESAR SOSA ZALDIVAR y JOSE MAURICIO GALEANO SANTOS y la entidad denominada FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE) se encontraban vinculados mediante una relación de trabajo de carácter indefinido para cuya ruptura se requería una justa causa de terminación de las que señala la Ley, la cual al no haberse acreditado judicialmente se DECLARA que el despido de los actores es injustificado, por lo que se CONDENA a la entidad denominada FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE), y de manera solidaria a la entidad denominada COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA LIMITADA; a: I) PAGAR a los demandantes la cantidad de LPS. 2,597,991.51 en concepto de reajuste salarial retroactivo que incluye la diferencia salarial dejada de pagar por el patrono en relación al salario devengado y el mínimo fijado por el Colegio Médico de Honduras, Vacaciones no concedidas, bonificación de vacaciones no pagada, decimotercer y decimocuarto mes de salario contado desde los dos años anteriores a la fecha en que los demandantes presentaron su primera solicitud ante la autoridad del trabajo, es decir desde Noviembre de 2015 hasta Diciembre 2017, mas las prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos adeudadas a la fecha del despido, TOTAL PARA EL DEMANDANTE JULIO CESAR SOSA ZALDIVAR: LPS.1,293.975.13; y, TOTAL PARA EL DEMANDANTE JOSE MAURICIO GALEANO SANTOS: LPS. 1,304.016.38; habiéndose utilizado para dicho cálculo la fórmula del salario promedio mensual que incluye el salario mínimo que para cada año corresponde según la Ley del Estatuto del Médico Empleado y Colegio Médico de Honduras; y II) INDEMNIZAR a los Demandantes con el pago de los salarios y beneficios legales dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta que la presente sentencia alcance firmeza de conformidad con las normas del derecho procesal. Aunque concurren los requisitos para la imposición de costas en el presente proceso dada la forma en que la Parte Demandada ha encubierto la relación laboral de los demandantes privándoles de derechos constitucionalmente protegidos, en vista de la extensión que se ha dado al principio de gratuidad en materia laboral, SE EXIME DE COSTAS EN ESTA INSTANCIA a la parte demandada. Bajo el criterio que, a la parte demandante le correspondía demostrar la existencia de la relación laboral con todos sus elementos, que la misma revestía el carácter de indefinida y que ha sido encubierta por el patrono demandado utilizando otras modalidades de contratación, que los actores tienen derecho a recibir los beneficios establecidos en la Ley del Estatuto del Médico Empleado y su Reglamento, así como acreditar la existencia del despido injustificado que se alega y la solidaridad invocada; por lo que una vez que la parte demandante lograra demostrar la relación laboral y despidos alegados, le correspondía a la parte demandada como patrono demostrar los puntos para los cuales se solicitó su emplazamiento, esto es, que en el tipo de contratación que lo vinculaba con los demandantes no concurren los elementos necesarios para que exista contrato de trabajo; que no ha estado encubriendo una contratación eminentemente laboral con los demandantes con el fin de disminuir los derechos y beneficios que la Constitución de la República, la Ley del Estatuto del Médico Empleado, su Reglamento y el Código del Trabajo les confieren; la temporalidad de la relación laboral que lo unía con los demandantes; que tuvo una justa causa de las reconocidas por la Ley para dar por terminada la relación laboral con los demandantes; y que la terminación de la relación laboral con los demandantes no obedece a una represalia por haber éstos solicitado el auxilio de la autoridad del trabajo para obtener el otorgamiento de los derechos y beneficios que la Constitución de la República, la Ley del Estatuto del Médico Empleado, su Reglamento y el Código del Trabajo les confieren, los cuales tienen carácter de irrenunciables de conformidad con la Ley; correspondiéndole a la persona jurídica demandada de manera solidaria la inexistencia de la solidaridad que alega la parte demandante que existe para responder frente a las obligaciones reclamadas por éstos; habiendo la parte actora acreditado que efectivamente los trabajadores demandantes eran verdaderos trabajadores de la Fundación Cooperativa Ceibeña y que ésta utilizaba diversas modalidades de contratación para encubrir una relación eminentemente laboral donde concurrían claramente los tres elementos que exige el artículo 20 del Código del Trabajo, siendo aplicable lo dispuesto, sin que la parte demandada como patrono haya ofrecido una sola prueba tendiente a demostrar los puntos para los cuales se solicitó su emplazamiento judicial pues su negativa se basó en el hecho de que los demandantes no eran trabajadores, sin que la parte demandada de manera solidaria tampoco haya ofrecido prueba para desvirtuar la misma, teniendo presente que dejó precluir tal derecho. Que según señala la Constitución de la Republica en su artículo 128 y el Código del Trabajo en su artículo 2, las leyes que regulan las relaciones entre el capital y el trabajo son de orden público, lo que indica el rango constitucional que tienen los derechos laborales y los principios que informan el derecho del trabajo, en especial el de la primacía de la realidad, vistos aquellos y éstos desde la perspectiva de los derechos humanos, según lo ha señalado la Sala de Lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Pagina 5 de la Circular 1-2014 de fecha 05 de Junio de 2014. Que los artículos 129 de la Constitución de la República y 113 del Código del Trabajo, contienen lo que la Organización Internacional del Trabajo define como el PRINCIPIO DEL DERECHO DEL RECURSO o PRINCIPIO DE REVISION JUDICIAL, según el cual los Tribunales y órganos que conozcan los reclamos de las trabajadores que consideren injustificada la terminación de sus contratos de trabajo, están facultados para examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación de trabajo y todas las demás circunstancias relacionadas con el caso y para pronunciarse sobre la justificación de la terminación, estando facultados también tales organismos si llegasen a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo fue injustificada, para ordenar que el trabajador interesado, de no ser reintegrado en su empleo, pagándole, cuando proceda, el salario no percibido, reciba una indemnización adecuada, o bien una reparación de otro género, o bien una combinación de ambas. Que el artículo 20 del Código del Trabajo establece que para haya contrato de trabajo se requiere de tres elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; elemento que concurre en el caso de autos donde los demandantes prestaban por sí sus servicios como médicos en el horario fijado por su patrono; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono que faculta a este para exigirle el cumplimiento del órdenes en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos; elemento que también se encuentra presente en el caso de autos dado que los demandantes debían acatar instrucciones, atender convocatoria, cumplir horarios, asistir a reuniones, presentar informes, etc,. bajo la advertencia de aplicarles lo establecido en el artículo 92 numeral 9 del Código del Trabajo; y c) Un salario como retribución del servicio, que también era percibido por los demandantes aunque se le denominaba honorarios, señalando las páginas 5 y 6 de la Circular 1-2014 de la Sala de Lo Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que contiene la Unificación de Criterios Judiciales en materia laboral lo siguiente: "Desde el punto de vista de la normativa laboral se debe revisar entre otras cosas: 1) Si hay subordinación; 2) Si se presta el trabajo de manera personal; 3) El lugar y los medios con que se ejecuta el trabajo; atendiendo el principio de la primacía de la realidad en ningún caso tendría que tomarse en cuenta la forma en que se le ha llamado a la remuneración (sueldo, salario, honorarios profesionales, etc.); El elemento subordinación distingue la relación laboral de la relación administrativa de prestación de servicios profesionales o técnicos; El juez del trabajo es el único facultado para establecer si en un determinado caso se da o no la concurrencia de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo y declarar o no la existencia de una relación laboral y sus consecuencias”; conclusión a la que ha arribado la suscrita juzgadora que efectivamente nos encontramos ante una relación laboral encubierta y ante un despido injustificado. En el caso de autos, del análisis de las hechos y material probatorio, quedo evidenciado que efectivamente que la Fundación Cooperativa Ceibeña ha venido utilizando diferentes modalidades de contratación para encubrir una relación de trabajo indefinida donde concurren todos sus elementos con el fin de no otorgar a los actores los derechos que nacen de la relación de trabajo y protegidos constitucionalmente y de carácter irrenunciable como vacaciones, días libres, bonificaciones por decimotercer y decimocuarto mes, bonificación por vacaciones; derechos que al ser reclamados por los actores motivó su despido, situación que la juzgadora como garante de los derechos de los trabajadores no puede dejar de rechazar y condenar, por lo que bien se configura el empleo encubierto en la forma que lo ha definido la Organización Internacional del Trabajo; no obstante, al haberse llegado a la conclusión de que los actores si eran trabajadores de la Fundación Cooperativa Ceibeña, es 1ógico establecer que sí tenían derechos a los beneficios de la Ley del Estatuto del Médico Empleado y demás leyes laborales, la cual se encuentra contenida en el Decreto Legislativo 167-85 de fecha 31 de Octubre de 1985 y sus Reformas contenidas en el Decreto Legislativo número 161-97 de fecha 16 de Octubre de 997, considerando que los artículos 221 de la Constitución de la República y 5 del Código Civil señalan que la Ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido veinte días de terminada su publicación el diario oficial La Gaceta, disponiendo el artículo 6 del Código Civil que no puede alegarse ignorancia de la Ley por ninguna persona después del plazo de publicación.- 5.- La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 30 de septiembre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas. Bajo el criterio que se concluye que no existe ningún medio de prueba tendiente a demostrar judicialmente los puntos para los cuales se emplazó judicialmente a las personas jurídicas demandadas, y que los únicos hechos probados fehacientemente son los invocados por la parte demandante, por lo que la sentencia recurrida se encuentra apegada a Derecho y debe ser confirmada por esta Honorable Corte de Apelaciones, puesto que todos los Medios de Prueba que se aportaron al proceso fueron debidamente valorados por la Juez de primera instancia inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas, siguiendo las reglas de la sana critica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento 1ógico; atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, y teniendo en cuenta los Principios del Derecho del Trabajo, especialmente los Principios de Primacía de la Realidad, Protectorio y Verdad Procesal.- 6.- Mediante auto de fecha 07 de diciembre del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por los Abogados RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA LIMITADA; y, JUAN RAMON DAVID ANARIBA, en su condición de representante procesal de la FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada uno de los Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) al apoderado que se notifique primero, dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) al segundo representante procesal notificado, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior.- 7.- En fecha 25 de enero del 2022, compareció ante este tribunal, el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA LIMITADA, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que, mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación; y en fecha 28 de marzo del 2022, compareció ante este Tribunal, el Abogado JUAN RAMON DAVID ANARIBA, en su condición de representante procesal de la FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación; por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación; ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveídos de fecha 04 de mayo del 2022, se tuvo por contestados los recursos de casación respectivamente, por parte de la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA LIMITADA, en un primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por infracción directa proveniente de la indebida aplicación del artículo 7 párrafo segundo reformado por adición por el Decreto Legislativo número 45, del diecisiete de febrero de 1961 en relación con los artículos 20, 113 párrafo primero, 120 párrafo primero e inciso c) y 118 párrafo segundo, todos del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE.- Este motive de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1° del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO. Para que tenga ocurrencia esta modalidad de violación directa de la ley sustancial, no debe mediar errores de hecho y de derecho algunos y por otro lado el texto de la ley debe ser lo suficientemente claro para que su interpretación no se preste a dudas y el sentenciador debe reconocerle su exacto sentido. La violación se presenta porque se deja de aplicar la ley siendo el caso de hacerlo, O SE LE DA APLICACION NO HABIENDO LUGAR A ELLO. Asimismo, puede haber infracción directa cuando se aplica una norma pero en forma incompleta o se niega un derecho claramente consagrado por ella, O PORQUE SE APLICA A UN HECHO INEXISTENTE NO DEMOSTRADO EN EL PROCESO.- En el presente caso, La Sentencia Recurrida que confirma la de primera instancia, en clara violación o infracción directa del articulo 7 reformado del Código del Trabajo, estima que mi representada la entidad COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA LIMITADA es responsable solidariamente con la entidad demandada principal, lo que se deduce al consignar el Ad Quem en el acápite LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO de la Sentencia que se recurre, lo siguiente: "Siguiendo el orden, continuamos con las alegaciones de la cooperativa que en términos puntuales niega exista solidaridad de las obligaciones provenientes de la relación de trabajo entre los demandantes y la fundación, desmarcándose pues dice que su representada no es beneficiaria de la obra o trabajo de los Demandantes; de entrada estamos claros que la finalidad y naturaleza de la cooperativa es brindar servicios financieros de carácter solidario, como cooperativa que es está orientada además de lo Financiero al cumplimiento de objetivos de corte social, llámese educación, cultura, medio ambiente, equidad de género y por supuesto la salud, para el cumplimiento de esos objetivos las cooperativas realizaran las actividades que correspondan, por ejemplo: impartir charlas, talleres, capacitaciones, realizar jornadas de reforestación, patrocinar alguna muestra de arte en cualquiera de sus expresiones, en el caso particular de la salud la creación de una fundación, como en el caso de la demandada, definidas por el artículo 2.d del reglamento de la ley especial de fomento a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo: "es una agrupación de carácter patrimonial y sin fines de lucro creada por voluntad de una o varias personas naturales o jurídicas para la realización de actividades que contribuyan al desarrollo humanitario e integral de la población y de otros fines definidos por su o sus fundadores ..."; este es el criterio que hace que el Tribunal recurrido considere que mi Patrocinada es solidariamente responsable con la entidad demandada principal; lo cual es muy contrario a lo que se dispone en los estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ceibeña Limitada, en cuanto a la actividad o finalidad principal de mi Patrocinada, y el cual, de conformidad con el artículo 5 de sus estatutos que corren agregados a folios del 241 al 274 de la primera pieza de los autos, es el que a continuación se lee: "ARTICULO 5: Fin de constitución: La Cooperativa se constituye PARA BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS DE CARACTER SOLIDARIO EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA PARA SATISFACER NECESIDADES COMUNES DE SUS AFILIADOS Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA CON SU COMUNIDAD.- Su funcionalidad se desarrolla dentro de los principios y valores cooperativos mundialmente aceptados, cumpliendo las disposiciones legales vigentes QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FINANCIERA en el país.- Como vosotros Honorables Magistrados podéis apreciar, mi Patrocinada no tiene como fin o actividad, la prestaci6n DE SERVICIOS MEDICOS sino que la prestación de SERVICIOS FINANCIEROS, nada más, todo ello conforme el ya transcrito artículo 5 de los estatutos de mi Patrocinada; mientras tanto, el segundo párrafo del artículo 7 interpretado del Código del Trabajo dispone: ….."Son contratistas y, por lo tanto, verdaderos patronos de sus trabajadores y no representantes ni simples intermediarios, las personas que contraten la ejecución de una o varias obras o labores en beneficio ajeno, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlas con sus propios medios y con libertad técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo, dueño de la obra o base industrial, A MENOS QUE SE TRATE DE LABORES EXTRAÑAS A LA ACTIVIDAD NORMAL DE SU EMPRESA O NEGOCIO, SERÁ SOLIDARIAMENTE CON EL CONTRATISTA por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso y para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores, los mismos salarios, prestaciones e indemnizaciones que para el beneficio del trabajo, a sus trabajadores en sus labores, obras o negocios" (subrayado y mayúscula es nuestro).- Honorables Magistrados, de la única forma en que mi Patrocinada seria solidariamente responsable con la Demandada Principal, la entidad FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE) por las indemnizaciones que le pudiesen corresponder a los Demandantes, seria si "al contrario sensu" de lo dispuesto en el interpretado artículo 7 del Código del Trabajo SE TRATÁSE DE LABORES COMUNES A LA ACTIVIDAD NORMAL DE LA EMPRESA O NEGOCIO DE MI PATROCINADO, SOLO ASI, SERIA RESPONSABLE SOLIDARIAMENTE CON EL CONTRATISTA (Demandado principal) POR EL VALOR DE LOS SALARIOS Y DE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES A QUE TENGAN DERECHOS LOS TRABAJADORES ..."; y de acuerdo al artículo 5 de los estatutos la actividad NORMAL de mi patrocinada es la de ACTIVIDADES FINANCIERAS y no MEDICAS, coma lo es los servicios que le prestaban los Recurridos a la entidad Fundaci6n Cooperativa Ceibeña (FUNDACOOPCE), según los contratos de prestación de servicios profesionales de ambos demandantes, que corren agregados a folios del 82 al 94 y del 104 al 110, respectivamente, de la primera pieza de los autos y en los que constan que los servicios que le prestaban a dicha Fundación eran MEDICOS y no FINANCIEROS; razón por la cual estimo, Honorables Magistrados, que el tribunal recurrido ha violado en forma directa el artículo 7 párrafo segundo interpretado del código del trabajo, pues según la Doctrina, la Infracción Directa (indebida aplicación de la Norma) se produce, entre otros casos, cuando el texto de la norma legal es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con el o la sentencia hace producir efectos contrarios a la norma, lo que se evidencia del contenido de la. norma.- el Artículo 7 reformado de nuestro Código del Trabajo es copia fiel del Artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo de la Republica de Colombia; veamos la JURUSPRUDENCIA COLOMBIANA sobre el mismo artículo: JURISPRUDENCIA.- El artículo 34 contempla dos relaciones jurídicas.- "Dos relaciones jurídicas contempla la norma transcrita a saber: a) Una entre la persona que encarga la ejecución de una obra o labor y la persona que la realiza; y b) otra entre quién cumple el trabajo y los colaboradores que para tal fin utiliza.- La primera origina un contrato de obra entre el artífice y su beneficiario y exige la concurrencia de estos requisitos a saber: que el contratista se obligue a ejecutar la obra o labor con libertad, autonomía técnica y directiva empleando en ella sus propios medios y asumiendo los riesgos del negocio, y de parte del beneficiario que se obligue a pagar por el trabajo un precio determinado.- La segunda relación requiere el lleno de las condiciones de todo contrato de trabajo que detalla el artículo 23 del estatuto laboral sustantivo.- El primer contrato ofrece dos modalidades así; 1) la obra o labor es extraña a "las actividades normales" de quien encargo su ejecución; y 2) pertenece ella al giro ordinario de los negocios del beneficiario del trabajo.- En el primer caso, el contrato de obra solo produce efectos entre los contratantes; y en el segundo entre estos y los trabajadores del contratista independiente.- Según lo expuesto para los fines del artículo 34 del código sustantivo del trabajo de Colombia, no basta que el ejecutor sea un contratista independiente sino que entre el contrato de obra y el de trabajo medie una relación de causalidad, la cual consiste "EN QUE LA OBRA O LABOR PERTENEZCA A LAS ACTIVIDADES NORMALES O CORRIENTES DE QUIEN CARGO SU EJECUCION, PUES SÍ ES AJENA A ELLA, LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA INDEPENDIENTE NO TIENEN CONTRA EL BENEFICIARIO DEL TRABAJO, LA ACCION SOLIDARIA QUE CONSAGRA EL NOMBRADO TEXTO LEGAL.- Quién se presente, pues, a reclamar en juicio obligaciones a cargo del beneficiario, emanadas de un contrato laboral celebrado con el contratista independiente, debe probar: el contrato de trabajo con éste; el de obra entre el beneficiario del trabajo y el contratista independiente; y, la relación de causalidad entre los dos contratos en la forma ya explicada. Son éstos los presupuestos de derecho que en favor del trabajador establece la disposición legal en exámen. (CSJ, Cas. Laboral. Sent. mayo 8/61, G.J. 2240, página 1032).- Régimen Laboral Colombiano, Pag. 303.- Como vosotros Honorables Magistrados poséis evidenciar, para que proceda la aplicación del articulo 7 reformado del Código del Trabajo, debe demostrarse el contrato de obra entre el Contratista y el Beneficiario de la obra Y LA RELACION DE CAUSALIDAD ENTRE LOS DOS CONTRATOS, es decir, que la obra o labor pertenezca a las actividades normales o corrientes de quien encargo su ejecución, pues si es ajena a ella, los trabajadores del contratista independiente no tienen contra el beneficiario del trabajo, la acción solidaria que consagra el articulo 7 reformado del Código del Trabajo; estos son parte de los principales presupuestos para que proceda la aplicación debida de la norma en referencia, por lo que es notorio que la sentencia recurrida contiene disposiciones en abierta pugna con la norma, haciendo producir, efectos contrarios a ella, por lo que es clara la infracción directa a la norma en referencia, es decir, al artículo 7 párrafo segundo reformado por adición por el Decreto Legislativo número 45 del diecisiete de febrero de 1961, en relación con los artículos 20, 113 párrafo primero, 120 párrafo primero e inciso c) y 118 párrafo segundo, todos del Código del Trabajo, POR LO QUE ES TOTALMENTE PROCEDENTE SE CASE LA SENTENCIA RECURRIDA POR ESTE MOTIVO DE CASACION”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) que el artículo “…7 párrafo segundo reformado por adición por el Decreto Legislativo número 45, del diecisiete de febrero de 1961…” señalado como norma sustantiva infringida, carece de sustantividad. Cabe recordar, que norma sustantiva es aquella, que confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; b) en la formulación se indica el concepto de infracción directa y aplicación indebidas modalidades de violación a la ley sustantiva distintas e incompatibles entre sí. Además, los conceptos antes relacionados, se deben alegar, en su caso, al margen del material probatorio lo cual, no es congruente con lo expuesto en la explicación cuando se insta a la valoración del material probatorio; c) se es impreciso en el precepto autorizante, ya que el numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo, contiene párrafos que se deben precisar; d) en el desarrollo se alude a disposiciones que no corresponde al orden laboral nacional (Artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo de la Republica de Colombia) de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; y, e) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- IV.- Que en un segundo motivo se aduce: “Acuso, la sentencia recurrida ser violatoria de la Ley sustantiva d orden nacional y de índole laboral, POR INFRACCION INDIRECTA, por error de hecho en la falta de apreciación de los medios de pruebas admitidos en juicio, que adelante se singularizan en relación a las demás pruebas en su conjunto y que hizo incurrir en ERROR DE HECHO que aparece de manifiesto en los autos y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la errónea aplicación de los artículo 7 párrafo segundo, reformado por adición por el Decreto Legislativo número 45 del diecisiete de febrero de 1961, en relación con los artículos 20, 113 párrafo primero, 120 párrafo primero e inciso c) y 118 párrafo segundo, todos del Código del Trabajo.- DOCTRINA: Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la falta de apreciación de las pruebas mencionadas son necesarios los siguientes requisitos: 1.-) debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba 2.-) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate, pues en este último caso se estaría ante una cuestión diferente; 3.-) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y, 4.-) el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado; o al contrario, se da por no probado un hecho que sí está demostrado plenamente en el juicio.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1° párrafo segundo del Código del Trabajo.- REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo.- MEDIOS PROBATORIOS ERRONEAMENTE APRECIADOS: Los medios probatorios que singularizo como pruebas erróneamente son: *MEDIO DE PRUEBA NUMERO UNO: CONSISTENTE EN DOCUMENTO PUBLICO: Estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ceibeña Limitada que corren agregados a folios del 241 al 274 de la primera pieza de los autos.- *MEDIO DE PRUEBA NUMERO DOS: CONSISTENTE EN DOCUMENTO PUBLICO: Certificación extendida por el Instituto Hondureño de Cooperativas conteniendo la Personería Jurídica de la Fundación Cooperativa Ceibeña agregada a folio del 228 al 230 de la primera pieza de los autos.- *MEDIO DE PRUEBA NUMERO TRES: CONSISTENTE EN DOCUMENTO PRIVADO: Contratos de Prestación de servicios profesionales y de servicios de Salud celebrado entre el Demandante Julio Cesar Sosa Zaldívar y la Fundación Cooperativa Ceibeña que corre agregado a folios del 82 al 94 de la primera pieza de los autos.- *MEDIO DE PRUEBA NUMERO CUATRO: CONSISTENTE EN DOCUMENTO PRIVADO: Contratos de Prestación de servicios profesionales y de servicios de Salud celebrado entre el Demandante José Mauricio Galeano Santos y la Fundación Cooperativa Ceibeña que corre agregado a folios del 104 al 110 de la primera pieza de los autos.- *Medios de prueba testifical de los señores ROXANA RODRIGUEZ HURLSTON y JOSE DAGOBERTO GALINDO REYES, ambos de generales en los autos, que consta en el acta de audiencia de testigos de fecha 29 de noviembre del año 2019 que corre agregado a folios del 375 al 379 de la primera pieza de los autos.- * Medios de prueba de Interrogatorio de Parte en relación con el Demandante Julio Cesar Sosa Zaldívar, de generales en los autos, que consta en acta de audiencia de fecha trece de agosto del año 2019, que corre agregado a folios del 336 y 337 de la primera pieza de los autos.- EXPLICACION DEL MOTIVO.- La Corte Sentenciadora al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente incurrió en Error de Hecho, al no apreciar los medios de prueba señalados (singularizados) anteriormente y admitidos en el proceso y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgado no está sujeto a tarifa legal de prueba, sino que se forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principio científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículos 739 del Código de Trabajo, esta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto, o sea, ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa; que haga prevalecer la realidad y con apego los principios del derecho del trabajo y aquellos que rigen el proceso laboral, particularmente, el protectorio; en el caso de autos, el tribunal recurrido en una clara falta de apreciación correcta o errónea de las pruebas ya singularizadas condenó en forma solidaria a mi Mandante, la entidad Cooperativa de Ahorro y Crédito Ceibeña Limitada a pagar una indemnización por despido a la cual no está obligada, pues, no tenía ninguna relación de tipo laboral con los Demandantes o Recurridos, violando el contenido del artículo 7 reformado el Código del Trabajo, el Tribunal recurrido en el acápite.- LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO de la Sentencia que por este acto se recurre, considera que mi mandante es solidariamente responsable con las obligaciones que corresponden a la Demandada Principal por despido de los Demandantes, consignando en dicho acápite entre otras cosas lo siguiente: "... Siendo la fundación una persona jurídica que por su naturaleza es sin fines de lucro no produce ganancia a repartir (no es que no las puedan haber) entre sus creadores o participes por lo que no es necesario acudir a planilla, contratos, análisis financieros de la fundación y la cooperativa para detectar donde está el beneficio dinerario de la cooperativa proveniente de las actividades de la fundación, el beneficio de que habla el artículo 7 CT en este caso es otro, el cumplir con los valores cooperativos sobre los cuales debe basar sus actuaciones, por ejemplo los valores de ayuda mutua, solidaridad, responsabilidad social, de no cumplirse con esos principios y valores las cooperativas dejarían de observar los objetivos perseguidos con su creación y se convertirían en cualquier institución financiera mercantil desnaturalizando su razón de ser, así se crean programas de la salud (coma el caso de autos) mediante el cual brindan asistencia médica lograda con atención primaria servida por profesionales de la medicina junta con la dotación de medicamentos, aunque sea en estos los del cuadro básico, recuérdese que las cooperativas son organizaciones privadas, voluntariamente integradas por personas que, constituidas conforme a la ley de cooperativas, e inspirados en el esfuerzo propio y ayuda mutua realizan actividades económico-sociales, a fin de prestar a sí mismas y a la comunidad bienes y servicios para la satisfacción de necesidades colectivas e individuales (artículo 8 Ejusdem). No sería práctico ni utilitario que para la consecución de los fines sociales de la cooperativa que directamente prestara en este caso, los servicios de salud, la distraería para el logro de los fines establecidos para los de su clase, como es de ahorro y crédito (artículo 30 del reglamento de la ley de cooperativas de Honduras), para esos propósitos crean las fundaciones, a las cuales trasladan fondos, no como un acto de magnanimidad, sino porque es obligación una vez que deciden crearlas y las crean, siendo tan importantes estos fondos dinerarios que el Consejo Nacional superior de cooperativas tiene la atribución de supervisar el uso y destino (artículo 96.22 reformado de La ley de cooperativas de Honduras), dicho Todo lo anterior vemos que los fines y propósitos de una y otra no son extrañas como sugiere el apelante por lo que es posible establecer la obligación solidaria de la cooperativa con relación a la fundación"; Honorables Magistrados, con los medios de prueba consistentes en el Contratos de Prestación de servicios profesionales y de servicios de Salud celebrado entre el Demandante Julio Cesar Sosa Zaldívar y la Fundación Cooperativa Ceibeña que corre agregado a folios del 82 al 94 de la primera pieza de los autos, y el Contrato de Prestación de servicios profesionales y de servicios de Salud celebrado entre el Demandante José Mauricio Galeano Santos y la misma Fundación Cooperativa Ceibeña que corre agregado a folios del 104 al 110 de la primera pieza de los autos, se dejó plenamente acreditado que estos fueron contratados por la entidad Fundación Cooperativa Ceibeña, para que prestaran servicios MEDICOS Y DE SALUD, tanto a la población en general como también a los afiliados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ceibeña Limitada, servicios que no presta dentro de su giro normal mi patrocinada; asimismo, con la declaración testifical de los señores ROXANA RODRIGUEZ HURLSTON y JOSE DAGOBERTO GALINDO REYES, quienes fueron contestes en sus declaraciones se acredita que los Demandantes prestaban servicios médicos y asimismo manifiestan que saben que mi patrocinada se dedica a la prestación de servicios Financieros y no a la prestación de servicios médicos (respuesta a la repregunta dos y tres que consta en el acta de audiencia de testigos de fecha 29 de noviembre del año 2019 que corre agregado a folios del 375 al 379 de la primera pieza de los autos.), así también declaran que entre la Demandada Principal y mi Patrocinada no existe ningún vinculo porque la primera se dedica a actividades financieras y la segunda a actividades de salud (ver respuesta a la repregunta cuatro que consta en el acta de audiencia de testigos de fecha 29 de noviembre del ario 2019 que corre agregado a folios del 375 al 379 de la primera pieza de los autos.), y asimismo los Demandantes atendían a cualquier persona que buscara sus servicios, ya sea empleados de mi patrocinada o al público en general, y dicha fundación puede subsistir sin necesidad que desaparezca como institución mi patrocinada (ver respuesta a la repregunta siete y diez, once y doce que consta en el acta de audiencia de testigos de fecha 29 de noviembre del año 2019 que corre agregado a folios del 375 al 379 de la primera pieza de los autos.); como se aprecia, es clara la falta de Solidaridad y dependencia de la Demandada principal en relación con mi representada, no obstante, se evidencia que la Corte Recurrida comete el yerro de considerar que la PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS es parte del giro NORMAL de mi Patrocinada, cuando se encuentra demostrado que su giro normal son los SERVICIOS FINANCIEROS, y, los Recurridos, los servicios que le prestaban a la Demandada principal, la entidad denominada FUNDACION COOPERATIVA CEIBENA (FUNDACOOPCE) eran SERVICIOS MEDICOS, lo cual consta en los Contratos de Prestación de Servicios antes señalados, por lo cual es inequívoco que la Corte recurrida ha interpretado erróneamente el contenido del artículo 7 reformado del Código del Trabajo, el cual dispone: " .... Son contratistas y, por lo tanto, verdaderos patronos de sus trabajadores y no representantes ni simples intermediarios, las personas que contraten la ejecución de una o varias obras o labores en beneficio ajeno, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlas con sus propios medios y con libertad técnica y directiva. PERO EL BENEFICIARIO DEL TRABAJO, DUEÑO DE LA OBRA O BASE INDUSTRIAL, A MENOS QUE SE TRATE DE LABORES EXTRANAS A LA ACTIVIDAD NORMAL DE SU EMPRESA O NEGOCIO, será solidariamente con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso y para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores, los mismos salarios, prestaciones e indemnizaciones que para el beneficio del trabajo, a sus trabajadores en sus labores, obras o negocios".- Honorables Magistrados, como muy claramente lo consigna el referido articulo 7 reformado: ".. A MENOS QUE SE TRATE DE LABORES EXTRANAS A LA ACTIVIDAD NORMAL DE SU EMPRESA O NEGOCIO... SERA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE ... " y como ya se evidenció del contenido de los estatutos que corren agregados a folios del 241 al 274 de la primera pieza de los autos de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA LIMITADA en su artículo 5 el que dispone: "ARTICULO 5: Fin de constitución: La cooperativa se constituye PARA BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS DE CARACTER SOLIDARIO EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA PARA SATISFACER NECESIDADES COMUNES DE SUS AFILIADOS Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA CON SU COMUNIDAD.- como se aprecia, el giro o su actividad normal SON LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS y no las actividades MEDICAS, como lo eran los servicios que le prestaban los gratuitos demandantes a la entidad Fundación Cooperativa Ceibeña (FUNDACOOPCE), según los contratos de prestación de servicios profesionales de ambos recurridos ya señalados, y que corren agregados a folios del 82 al 94 y del 104 al 110 de la primera pieza de los autos y en los que constan que los servicios que le prestaban a dicha fundación eran servicios médicos y no servicios financieros que es el giro normal de mi Patrocinada la entidad Cooperativa de Ahorro y Crédito Ceibeña Limitada; razón por la cual estimo Honorables Magistrados que el tribunal recurrido ha interpretado erróneamente el artículo 7 párrafo segundo interpretado, pues según la doctrina, la interpretación errónea de la Ley se produce entre otros casos, cuando el juzgador le da a una disposición legal de las anteriores características, una interpretación o alcance diferentes al verdadero. En otras palabras, cuando la interpretación que le da el juzgador a una norma no corresponde a su verdadero espíritu, debido al equivocado concepto que tiene de su contenido. El articulo 7 reformado de nuestro Código del Trabajo es copia fiel del Artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo de la Republica de Colombia; veamos la JURUSPRUDENCIA COLOMBIANA sobre el mismo artículo: JURISPRUDENCIA.- El artículo 34 contempla dos relaciones jurídicas. "Dos relaciones jurídicas contempla la norma transcrita a saber: a) Una entre la persona que encarga la ejecución de una obra o labor y la persona que la realiza; y b) otra entre quien cumple el trabajo y los colaboradores que para tal fin utiliza.- La primera origina un contrato de obra entre el artífice y su beneficiario y exige la concurrencia de estos requisitos: que el contratista se obligue a ejecutar la obra o labor con libertad autonomía técnica y directiva empleando en ella sus propios medias y asumiendo los riesgos del negocio, y de parte del beneficiario que se obligue a pagar por el trabajo un precio determinado.- La segunda relación requiere el lleno de las condiciones de todo contrato de trabajo que detalla el artículo 23 del estatuto laboral sustantivo.- El primer contrato ofrece dos modalidades así; 1) la obra o labor es extraña a "las actividades normales" de quien encargó su ejecución; y 2) pertenece ella al giro ordinario de los negocios del beneficiario del trabajo.- En el primer caso, el contrato de obra solo produce efectos entre los contratantes; y en el segundo entre éstos y los trabajadores del contratista independiente.- Según lo expuesto para los fines del artículo 34 del código sustantivo del trabajo, no basta que el ejecutor sea un contratista independiente sino que entre el contrato de obra y el de trabajo medie una relación de causalidad, la cual consiste en que la obra o labor pertenezca a las actividades normales o corrientes de quien cargo su ejecución, pues si es ajena a ella, los trabajadores del contratista independiente no tienen contra el beneficiario del trabajo, la acción solidaria que consagra el nombrado texto legal.- Quien se presente, pues, a reclamar en juicio obligaciones a cargo del beneficiario, emanadas de un contrato laboral celebrado con el contratista independiente, debe aprobar: el contrato de trabajo con éste; el de obra entre el beneficiario del trabajo y el contratista independiente; y, la relación de causalidad entre los dos contratos en la forma ya explicada. Son estos los presupuestos de derecho que en favor del trabajador establece la disposición legal en examen. (CSJ, Cas. Laboral. Sent. mayo 8/61, G.J. 2240, página 1032).- Régimen Laboral Colombiano, Pag. 303.- Como vosotros Honorables Magistrados poséis evidenciar, para que proceda la aplicación del artículo 7 reformado del Código del Trabajo, debe demostrarse el contrato de obra entre el Contratista y el Beneficiaria de la obra y la relación de causalidad entre los dos contratos, es decir, que la obra o labor pertenezca a las actividades normales o corrientes de quien cargo su ejecución, pues sí es ajena a ella, los trabajadores del contratista independiente no tienen contra el beneficiario del trabajo, la acción solidaria que consagra el artículo 7 reformado del Código del Trabajo; estos son parte de los principales presupuestos para que proceda la aplicación debida de la norma en referencia, por lo que es manifiesto que la sentencia recurrida contiene disposiciones en abierta pugna con la norma, todo debido a la errónea interpretación que del artículo 7 párrafo segundo reformado por adición por el Decreto Legislativo número 45 del diecisiete de febrero de 1961 en relación con los artículos 20, 113 párrafo primero, 120 párrafo primero e inciso c) y 118 párrafo segundo, todos del Código del Trabajo, hace la Corte Recurrida, POR LO QUE ES TOTALMENTE PROCEDENTE SE CASE LA SENTENCIA RECURRIDA POR ESTE MOTIVO DE CASACION”.- V.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) que el artículo “…7 párrafo segundo reformado por adición por el Decreto Legislativo número 45, del diecisiete de febrero de 1961…” señalado como norma sustantiva infringida, carece de sustantividad. Cabe recordar que norma sustantiva es aquella, confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; b) en la formulación se indica el concepto de infracción indirecta, pero en la explicación se alude a la aplicación indebida a la interpretación errónea, modalidades de violación a la ley sustantiva distintas e incompatibles entre sí, careciendo el cargo de claridad y precisión el motivo; c) en la explicación se insta a la valoración de la prueba testifical la cual, por ser prueba no reglada, está supeditada a la inmediación del juzgador de instancia; d) en el desarrollo se alude al artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo de la República de Colombia, disposición que no corresponde al orden laboral nacional (Art. 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; y, e) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- VI.- Que en un tercer motivo se aduce: “Acuso, la sentencia recurrida ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por INTERPRETACION ERRONEA del artículo 7 párrafo segundo reformado por adición por el Decreto Legislativo número 45 del diecisiete de febrero de 1961, en relación con los artículos 20, 113 párrafo primero, 120 párrafo primero e inciso c) y 118 párrafo segundo, todos del Código del Trabajo.- DOCTRINA: Según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, La interpretación errónea, como motive de casación laboral, se puede presentar en el caso de normas jurídicas cuyos textos no son lo suficientemente claros y que, por tal circunstancia, pueden dar lugar a diferentes interpretaciones. Como modalidad de violación directa excluye también cualquier aspecto fáctico o probatorio y se presenta también cuando el fallador le da a una disposición legal de las anteriores características, una interpretación o alcance diferentes al verdadero. En otras palabras, cuando la interpretación que le da el juzgador a una norma no corresponde a su verdadero espíritu, debido al equivocado concepto que tiene de su contenido.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 765 ordinal primero del Código del Trabajo.- EXPLICACION DE LA VIOLACION: en el epígrafe LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO como parte del contenido de la Sentencia que por éste acto se recurre, el Tribunal recurrido, entre otras cosas, dispone que "... Siendo la fundación una persona jurídica que por su naturaleza es sin fines de lucro no produce ganancia a repartir (no es que no las puedan haber) entre sus creadores o participes por lo que no es necesario acudir a planilla, contratos, análisis financieros de la fundación y la cooperativa para detectar donde está el beneficio dinerario de la cooperativa proveniente de las actividades de la fundación, el beneficio de que habla el articulo 7 CT en este caso es otro, el cumplir con los valores cooperativos sobre los cuales debe basar sus actuaciones, por ejemplo los valores de ayuda mutua, solidaridad, responsabilidad social, de no cumplirse con esos principios y valores las cooperativas dejarían de observar los objetivos perseguidos con su creación y se convertirían en cualquier institución financiera mercantil desnaturalizando su razón de ser, así se crean programas de la salud (coma el caso de autos) mediante el cual brindan asistencia médica lograda con atención primaria servida por profesionales de la medicina junta con la dotación de medicamentos, aunque sea en estos los del cuadro básico, recuérdese que las cooperativas son organizaciones privadas, voluntariamente integradas por personas que, constituidas conforme a la ley de cooperativas, e inspirados en el esfuerzo propio y ayuda mutua realizan actividades económico-sociales, a fin de prestar a sí mismas ya la comunidad bienes y servicios para la satisfacción de necesidades colectivas e individuales (artículo 8 Ejusdem). No sería práctico ni utilitario que para la consecución de los fines sociales de la cooperativa que directamente prestara en este caso, los servicios de salud, la distraería para el logro de los fines establecidos para los de su clase, como es de ahorro y crédito (artículo 30 del reglamento de la ley de cooperativas de Honduras), para esos propósitos crean las fundaciones, a las cuales trasladan fondos, no como un acto de magnanimidad, sino porque es obligación una vez que deciden crearlas y las crean, siendo tan importantes estos fondos dinerarios que el Consejo Nacional superior de cooperativas tiene la atribución de supervisar el uso y destino (artículo 96.22 reformado de La ley de cooperativas de Honduras), dicho Todo lo anterior vemos que los fines y propósitos de una y otra no son extrañas como sugiere el apelante por lo que es posible establecer la obligación solidaria de la cooperativa con relación a la fundación"; Honorables Magistrados, basta leer el texto antes transcrito, para evidenciar que la Corte Recurrida comete el desatino de considerar que la PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS es parte del giro NORMAL de mi Patrocinada, cuando se encuentra demostrado que su giro normal son los SERVICIOS FINANCIEROS, y los Recurridos los servicios que le prestaban a la Demandada principal, la entidad denominada FUNDACION COOPERATIVA CEIBENA (FUNDACOOPCE) eran SERVICIOS MEDICOS, lo cual consta en los Contratos de Prestación de Servicios que corren agregados a folios del 80 al 94 de la primera pieza de los autos, por lo cual es claro que la Corte recurrida ha interpretado erróneamente el articulo 7 reformado del Código del Trabajo, el cual dispone: ".... Son contratistas y, por lo tanto, verdaderos patronos de sus trabajadores y no representantes ni simples intermediarios, las personas que contraten la ejecución de una o varias obras o labores en beneficio ajeno, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlas con sus propios medios y con libertad técnica y directiva. PERO EL BENEFICIARIO DEL TRABAJO, DUEÑO DE LA OBRA O BASE INDUSTRIAL, A MENOS QUE SE TRATE DE LABORES EXTRAÑAS A LA ACTIVIDAD NORMAL DE SU EMPRESA O NEGOCIO, será solidariamente con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso y para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores, los mismos salarios, prestaciones e indemnizaciones que para el beneficio del trabajo, a sus trabajadores en sus labores, obras o negocios".- Señores Magistrados, como muy claramente lo consigna el referido articulo 7 reformado: " .. A MENOS QUE SE TRATE DE LABORES EXTRAÑAS A LA ACTIVIDAD NORMAL DE SU EMPRESA O NEGOCIO... SERA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE ... " y como ya se evidenció del contenido de los estatutos que corren agregados a folios del 241 al 274 de la primera pieza de los autos de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBENA LIMITADA en su artículo 5, el que dispone: "ARTICULO 5: Fin de constitución: La Cooperativa se constituye PARA BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS DE CARACTER SOLIDARIO EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA PARA SATISFACER NECESIDADES COMUNES DE SUS AFILIADOS Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA CON SU COMUNIDAD.- como se aprecia, el giro o su actividad normal SON LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS y no las actividades MEDICAS como lo eran los servicios que le prestaban los gratuitos demandantes a la entidad Fundación Cooperativa Ceibeña (FUNDACOOPCE), según los contratos de prestación de servicios profesionales de ambos recurridos que corren agregados a folios del 80 al 94 de la primera pieza de los autos, y en los que constan que los servicios que le prestaban a dicha fundación eran médicos y no financieros.- Razón por la cual estimo Honorables Magistrados, que el tribunal recurrido ha interpretado erróneamente el articulo 7 párrafo segundo interpretado, pues según la doctrina, la interpretaci6n err6nea de la Ley se produce entre otros casos, cuando el fallador le da a una disposición legal de las anteriores características, una interpretación o alcance diferentes al verdadero. En otras palabras, cuando la interpretación que le da el juzgador a una norma no corresponde a su verdadero espíritu, debido al equivocado concepto que tiene de su contenido.- EI Articulo 7 reformado de nuestro código del Trabajo es copia fiel del Artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo de la Republica de Colombia; veamos la JURUSPRUDENCIA COLOMBIANA sobre el mismo artículo: JURISPRUDENCIA.- EI articulo 34 contempla dos relaciones jurídicas.- "Dos relaciones jurídicas contempla la norma transcrita a saber: a) Una entre la persona que encarga la ejecución de una obra o labor y la persona que la realiza; y b) otra entre quien cumple el trabajo y los colaboradores que para tal fin utiliza.- La primera origina un contrato de obra entre el artífice y su beneficiario y exige la concurrencia de estos requisitos: que el contratista se obligue a ejecutar la obra o labor con libertad autonomía técnica y directiva empleando en ella sus propios medias y asumiendo los riesgos del negocio, y de parte del beneficiario que se obligue a pagar por el trabajo un precio determinado.- La segunda relación requiere el lleno de las condiciones de todo contrato de trabajo que detalla el artículo 23 del estatuto laboral sustantivo.- El primer contrato ofrece dos modalidades así; 1) la obra o labor es extraña a "las actividades normales" de quien encargó su ejecución; y 2) pertenece ella al giro ordinario de los negocios del beneficiario del trabajo.- En el primer caso, el contrato de obra solo produce efectos entre los contratantes; y en el segundo entre estos y los trabajadores del contratista independiente.- Según lo expuesto para los fines del artículo 34 del código precitado, no basta que el ejecutor sea un contratista independiente, sino que entre el contrato de obra y el de trabajo medie una relación de causalidad, la cual consiste en que la obra o labor pertenezca a las actividades normales o corrientes de quien encargo su ejecución, pues si es ajena a ella, los trabajadores del contratista independiente no tienen contra el beneficiario del trabajo, la acción solidaria que consagra el nombrado texto legal.- Quien se presente, pues, a reclamar en juicio obligaciones a cargo del beneficiario, emanadas de un contrato laboral celebrado con el contratista independiente, debe probar: el contrato de trabajo con este; el de obra entre el beneficiario del trabajo y el contratista independiente; y, la relación de causalidad entre los dos contratos en la forma ya explicada. Son estos los presupuestos de derecho que en favor del trabajador establece la disposición legal en examen. (CSJ, Cas. Laboral. Sent. mayo 8/61, G.J. 2240, página 1032).- Régimen Laboral Colombian0, Pag. 303.- Como vosotros Honorables Magistrados poséis evidenciar, para que proceda la aplicaci6n del articulo 7 reformado del código del Trabajo, debe demostrarse el contrato de obra entre el Contratista y el Beneficiario de la obra y la relación de causalidad entre los dos contratos, es decir, que la obra o labor pertenezca a las actividades normales o corrientes de quien encargo su ejecución, pues si es ajena a ella, los trabajadores del contratista independiente no tienen contra el beneficiario del trabajo, la acción solidaria que consagra el articulo 7 reformado del Código del Trabajo; estos son parte de los principales e indispensables presupuestos para que proceda la aplicación debida de la norma en referencia, por lo que se evidencia que la sentencia recurrida contiene disposiciones en abierta pugna con la norma, todo debido a la errónea interpretación que del articulo 7 párrafo segundo reformado por adición por el Decreto Legislativo número 45 del diecisiete de febrero de 1961, en relación con los artículos 20, 113 párrafo primero, 120 párrafo primero e inciso c) y 118 párrafo segundo, todos del Código del Trabajo hace la Corte Recurrida, POR LO QUE ES TOTALMENTE PROCEDENTE SE CASE LA SENTENCIA RECURRIDA POR ESTE MOTIVO DE CASACION”.- VII.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) que el artículo “…7 párrafo segundo reformado por adición por el Decreto Legislativo número 45, del diecisiete de febrero de 1961…” señalados como norma sustantiva infringida, carece de sustantividad. Cabe recordar, que norma sustantiva es aquella, confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; b) en la explicación se insta a la valoración del material probatorio lo cual, es incompatible con el concepto de violación invocado; c) se es impreciso en el precepto autorizante ya que el numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo, contiene párrafos que se deben precisar; d) en el desarrollo se alude a disposiciones que no corresponde al orden laboral nacional (Art. 23 y 34 del Código Sustantivo del Trabajo de la República de Colombia) de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo y, e) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- VIII.- Que el Abogado JUAN RAMON DAVID ANARIBA, en su condición de representante procesal de la FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE) SOTERO MEJIA PADILLA, en un único motivo de casación aalega: “Acuso, la sentencia recurrida ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, POR INFRACCION INDIRECTA, por error de hecho en la falta de apreciación de los medios de pruebas admitidos en juicio, que obran a folios 74; 76 al 79; 82 al 94; 96; 101 de la primera pieza de autos que adelante se singularizan en relación a las demás pruebas en su conjunto y que hizo incurrir en ERROR DE HECHO que aparece de manifiesto en los autos y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la errónea aplicación de los artículos 7 párrafo segundo reformado por adición por el Decreto Legislativo número 45 del diecisiete de febrero de 1961 en relación con los artículos 20, 113 párrafo primero, 120 párrafo primero e inciso c) y 118 párrafo segundo, todos del Código del Trabajo.- DOCTRINA: Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la falta de apreciación de las pruebas mencionadas son necesarias los siguientes requisitos: 1.-) debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba 2.-) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate, pues en este último caso se estaría ante una cuestión diferente; 3.-) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y 4.-) el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado; o al contrario, se da por no probado un hecho que sí está demostrado plenamente en el juicio.- NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO.- Las normas sustantivas nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en los artículos 7 párrafo segundo reformado por adición por el Decreto Legislativo número 45 del diecisiete de febrero de 1961 en relación con los artículos 20, 113 párrafo primero, 120 párrafo primero e inciso c) y 118 párrafo segundo, todos del código del Trabajo.- REGLAS PROCÉSALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO.- Las normas procesales que sirvieron de media para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO.- Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del código del Trabajo.- PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE.- • La prueba apreciada erróneamente en este motivo es: Documental que corre agregada a folios del 76 al 79 de la primera pieza de autos, consistente en el testimonio de la escritura pública número uno de fecha 7 de enero del 2014 con el que se acredita que el demandante Julio Cesar Sosa Zaldivar era Comerciante individual y bajo esta denominación prestaban sus servicios a mi Patrocinada.- • Documental que corre agregada a folio 101 de la primera pieza de las autos, consistente en el testimonio de la escritura pública número nueve de fecha 16 de enero del 2014 con el que se acredita que el demandante José Mauricio Galeano Santos era Comerciante individual y bajo esta denominaci6n prestaban sus servicios a mi Patrocinada.- • Documental que corre agregado a folios del 82 al 94 de la primera pieza de autos, consistente en los contratos de prestación de servicios celebrados entre el demandante Julio Cesar Sosa Zaldívar y mi Patrocinada.- • Documental que corre agregado a folios del 104 al 110 de la primera pieza de autos, consistente en los contratos de prestación de servicios celebrados entre el demandante José Mauricio Galeano Santos y mi Patrocinada.- • Documental que corre agregado a folio 74 consistente en el certificado de Inscripción al Colegio de Medico de Honduras con el que se acredita que el demandante Julio Cesar Sosa Zaldívar es profesional de la Medicina.- • Documental que corre agregado a folio 96 consistente en el certificado de Inscripción al Colegio de Medico de Honduras con el que se acredita que el demandante José Mauricio Galeano Santos es profesional de la Medicina.- • Medios de prueba testifical de los señores ROXANA RODRIGUEZ HURLSTON y JOSE DAGOBERTO GALINDO REYES, ambos de generales en los autos que consta en el acta de audiencia de testigos de fecha 29 de noviembre del año 2019 que corre agregado a folios del 375 al 379 de la primera pieza de los autos.- • Medios de prueba de Interrogatorio de Parte en relación con el Demandante Julio Cesar Sosa Zaldívar, de generales en los autos, que consta en acta de audiencia de fecha trece de agosto del año 2019 que corre agregado a folios del 336 y 337 de la primera pieza de los autos.- EXPLICACION DE LA VIOLACION.- La Corte Sentenciadora al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente incurrió en Error de Hecho, al no apreciar los medios de prueba señalados (singularizados) anteriormente y admitidos en el proceso y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgado no está sujeto a tarifa legal de prueba, sino que se forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principio científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículos 739 del código de Trabajo, esta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa; que haga prevalecer la realidad y con apego los principios del derecho del trabajo y aquellos que rigen el proceso laboral, particularmente, el protectorio; en el caso de autos, el tribunal recurrido, no obstante que ningún medio probatorio FUE RECHAZADO, OBJETADO O IMPUGNADO POR LAS PARTES, lo cual se entiende que tienen su valor legal, por nuestra parte logramos probar en forma fehaciente que conforme el tipo de contratación que vinculaba a los Demandantes con mi Representada no concurren los elementos necesarios para que exista contrato de trabajo y no se ha encubierto ninguna contratación que tienda disminuir los derechos y beneficios que la ley, el estatuto médico, su reglamento y demás leyes y más por el contrario si aplicamos el principio de la Primacía de la realidad sobre lo formal concluiríamos que prevalece lo que realmente acontece en la contratación, es decir, con los medios probatorios documentales que corren agregados a folios del 82 al 94 de la primera pieza de autos, consistente en los contratos de prestación de servicios celebrados entre el demandante Julio Cesar Sosa Zaldívar y mi Patrocinada y el que corre agregado a folios del 104 al 110 de la primera pieza de autos, consistente en los contratos de prestación de servicios celebrados entre el demandante José Mauricio Galeano Santos y mi Patrocinada en consonancia con la declaración testifical de los señores ROXANA RODRIGUEZ HURLSTON y DAGOBERTO GALINDO REYES se dejó evidenciado que para el caso el Demandante Julio Cesar Sosa Zaldivar en respuesta a la pregunta número once y diez respectivamente del interrogatorio propuesto, este respondió no saber de qué manera prestaba sus servicios su clínica, ni a qué hora ni donde, todo esto porque las actividades (consultas) eran prestadas por diferentes personas en determinado tiempo, o sea no atendía las consultas personalmente; así mismo con relación a la continuada subordinación, ambos quedaron claros y reconocieron que eran comerciantes individuales, lo cual se acreditó con los medios de prueba documentales agregados a folios del 76 al 79 de la primera pieza de autos, consistente en el testimonio de la escritura pública número uno de fecha 7 de enero del 2014 con el que se acredita que el demandante Julio Cesar Sosa Zaldivar era Comerciante individual y bajo esta denominación prestaban sus servicios a mi Patrocinada y al que corre agregado a folio 101 de la primera pieza de los autos, consistente en el testimonio de la escritura pública número nueve de fecha 16 de enero del 2014 con el que se acredita que el demandante José Mauricio Galeano Santos era Comerciante individual y bajo esta denominación prestaban sus servicios a mi Patrocinada; es preciso mencionar que el Demandante Julio Cesar Sosa Záldivar negó en su declaración testifical tener algún negocio denominado "Clínica Sosa" (pregunta número cinco de su interrogatorios que consta en el acta de audiencia de testigos de fecha 29 de noviembre del ario 2019 que corre agregado a folios del 375 al 379 de la primera pieza de los autos.) luego de que se le señalo la existencia de la escritura de Comerciante Individual acepto tener el referido consultorio médico, (pregunta número seis de su interrogatorio), situación que no fue valorado por el Tribunal recurrido; asimismo reconoce que prestaba servicios profesionales como médico (pregunta número uno, cuatro, diez, trece.. de su interrogatorio que consta en el acta de audiencia de testigos de fecha 29 de noviembre del año 2019 que corre agregado a folios del 375 al 379 de la primera pieza de los autos.), asimismo reconoce en su interrogatorio que los memorándums usados como supuestas ordenes.- en ninguno se encuentra su nombre ni van dirigidos a su persona (pregunta número catorce de su interrogatorio que consta en el acta de audiencia de testigos de fecha 29 de noviembre del año 2019 que corre agregado a folios del 375 al 379 de la primera pieza de los autos.), así mismo se dejó plenamente establecido con la declaración de la testigo ROXANA RODRIGUEZ HURLSTON que a los Demandantes no se les dirigía ningún tipo de ordenes (pregunta número diecisiete de su interrogatorio que consta en el acta de audiencia de testigos de fecha 29 de noviembre del año 2019 que corre agregado a folios del 375 al 379 de la primera pieza de los autos.) y de igual forma lo establece el testigo DAGOBERTO GALINDO REYES, (pregunta número veinte, veintiuno, veinticinco, veintiséis de su interrogatorio que consta en el acta de audiencia de testigos de fecha 29 de noviembre del año 2019 que corre agregado a folios del 375 al 379 de la primera pieza de los autos.), dejándose plenamente acreditado que no existía en la contratación el elemento referido a la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, puesto que la labor que ejecutaban las Demandantes la realizaban a su gusto, sabor y color y con sus propios medios e incluso no la realizaban personalmente sino que a través de terceros, presentando al final del mes un informe de atenciones realizadas para efectos de control, tal como ya se dejó plenamente acreditado, asimismo se dejó plenamente evidenciado que con relación al pago de sus honorarios, los Demandantes presentaban un recibo a mi Representada la entidad FUNDACOOPCE lo cual se dejó acreditado con la declaración de los mismos testigos ROXANA RODRIGUEZ HURLSTON (pregunta número quince de su interrogatorio) y DAGOBERTO GALINDO REYES (pregunta número dieciocho de su interrogatorio que consta en el acta de audiencia de testigos de fecha 29 de noviembre del año 2019 que corre agregado a folios del 375 al 379 de la primera pieza de los autos.), quedando evidenciado que el pago se realizaba mediante cobra que hacían los Demandantes, quienes prestaban sus servicios en forma personal o por medio de terceros y mediante un informe de consultas realizadas se le hacía efectivo su pago, quedando así demostrado que en el caso de los demandantes no se reunía ninguno de los elementos esenciales del contrato de trabajo.- Asimismo Honorables Magistrados, es preciso señalar, que mi Representada FUNDACOOPCE no acostumbra la realización de actos fraudulentos, tanto los Demandantes en su interrogatorio de parte como los testigos en su declaración, señalaron la existencia de otros profesionales de la medicina que los sustituían en la prestación de sus servicios, por lo que no la ejecutaban PERSONALMENTE, PERO, PLA PRESTACION ESTA ORIENTADA A LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS PERSONALES en los locales arrendados por mi representada, no estaban sometidos a una jerarquía, prestaban sus servicios profesionales libremente, pues, realmente ellos prestaban sus servicios, realizando atención primaria para los integrantes del programa "cooperativista sano" programa dirigido a ofrecer por un monto simbólico atención medica primaria y que no representa esta actividad fines de lucro para mi representada.- Asimismo es necesario relacional que no existió ningún tipo de despido, acto que solo ocurre en las relaciones laborales y es claro que la relación que privó en los Recurrentes y mi Representada fue una relación de tipo mercantil, todo lo cual se demuestra con los hechos antes relacionados, de modo que quedando acreditada la falta de relación de tipo laboral, por su propio peso, cae la petición de indemnización laboral a que fue condena mi Representada por los Tribunales inferiores; Es preciso, señalar Honorables Magistrados que consta en las autos que el Demandante JOSE MAURICIO GALEANO SANTOS se negó injustamente a la evacuación de su interrogatorio de parte, con lo cual los hechos sobre los que versaba el interrogatorio como aceptados, pues, colocó en desventaja a mi representada en relación con lo demandado par ellos; no obstante, mediante las medios de prueba documentales, interrogatorio de parte y testificales antes señalados y singularizados, se dejó acreditada la verdad de los hechos y la infracción de las normas relacionadas por el Ad Quem, pues se dejó evidenciado el tipo de contratación realizaba entre los Demandantes y mi representada quienes actuaron en la representación de sus negocios Clínica Sosa y Servicios Médicos Galeano, la forma en que realizaban sus servicios, el tiempo en que lo realizaban, la independencia y falta de subordinación que tenían para realizar o prestar sus servicios por sus propios medios y con independencia directiva y el pago que recibían que era en concepto de Honorarios profesionales con lo que quedó demostrado ante los tribunales inferiores y con los medias probatorios idóneos y pertinentes que lo que existió fue una relación propiamente mercantil y jamás laboral; razones por las cuales debe de ser declarado HA LUGAR este motivo de casación y dictar la sentencia que conforme a derecho deba recaer”.- IX.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) que el artículo “…7 párrafo segundo reformado por adición por el Decreto Legislativo número 45, del diecisiete de febrero de 1961…” señalado como norma sustantiva infringida carece de sustantividad. Cabe recordar, que norma sustantiva es aquella, confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; b) se indica el error de hecho por falta de apreciación sin embargo, posteriormente se alude a la apreciación errónea sub modalidades del error de hecho, que se deben precisar, ya que una misma prueba no puede al mismo tiempo ser apreciada y dejada de apreciada erróneamente, ni aun de manera equivocada; c) en la explicación se insta a la valoración de la prueba testifical, prueba no reglada, por ende supeditada a la inmediación del juzgador de instancia; d) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- X.- Por lo expresado, procede declarar no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por los abogados RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA LIMITADA, en sus tres motivos de casación y, JUAN RAMON DAVID ANARIBA, en su condición de representante procesal de la FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE) su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEIBEÑA LIMITADA, en sus tres motivos de casación. 2) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado por la Abogado JUAN RAMON DAVID ANARIBA, en su condición de representante procesal de la FUNDACION COOPERATIVA CEIBEÑA (FUNDACOOPCE) en su único motivo; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de septiembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 214-20.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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