Sentencia CL-213-21 — Registro 15413
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se reconozca el estatus de empleado permanente y su antigüedad desde el inicio de la relación laboral, cuyas funciones han sido continuas y de naturaleza permanente, su reintegro al cargo que dejó de ejercer por decisión del empleador en forma unilateral y arbitraria y que ocupaban hasta el 31 de diciembre del año 2016, el pago de los salarios dejados de percibir, así como el pago de derechos adquiridos no pagados que deberán liquidarse oportunamente y aumentos otorgados por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a todo el personal durante su ausencia en su puesto de trabajo, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) señala como norma sustantiva el artículo 47 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica c el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; y, d) señala varios tipos de violación en un solo cargo teniendo que establecer de manera separa por la independencia de los cargos.- IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) señala como norma sustantiva el artículo 47 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica c el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; y, d) señala varios tipos de violación en un solo cargo teniendo que establecer de manera separa por la independencia de los cargos.- IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 20 de abril del 2022, por la Abogada YELSY NOELY LOPEZ RUIZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ESTER AURORA FIGUEROA AMAYA, representada en juicio por el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se reconozca el estatus de empleado permanente y su antigüedad desde el inicio de la relación laboral, cuyas funciones han sido continuas y de naturaleza permanente, su reintegro al cargo que dejó de ejercer por decisión del empleador en forma unilateral y arbitraria y que ocupaban hasta el 31 de diciembre del año 2016, el pago de los salarios dejados de percibir, así como el pago de derechos adquiridos no pagados que deberán liquidarse oportunamente y aumentos otorgados por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a todo el personal durante su ausencia en su puesto de trabajo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 9 de febrero del 2017, por la señora ESTER AURORA FIGUEROA AMAYA, mayor de edad, soltera, hondureña, Cirujano Dental, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 4 de diciembre del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I. DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL como apoderado procesal delegado del Estado de Honduras, por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHOS DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO (SCGG).- II.- REFORMAR DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha veintiocho (28) de agosto del dos mil diecinueve (2019), que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 79 al 82 de la primera pieza de autos, en el sentido siguiente: III.- REVOCAR el numeral II, el cual se leerá así: II.- CONDENAR : al ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual representante legal la señora Procuradora General de la Republica Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a reintegrar a la señora ESTER AURORA FIGUEROA AMAYA contra el ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual representante legal la señora Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Reintegrar a la señora ESTER AURORA FIGUEROA AMAYA a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia; b) Declarar y Reconocer por tiempo indefinido la relación laboral de la señora ESTER AURORA FIGUEROA AMAYA desde el inicio de la relación laboral del 01 de agosto del 2014, en consecuencia se le conceda todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente.- IV.- CONFIRMAR los numerales I, III, IV de la sentencia dictada.- V.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral con la Secretaría de Estado en el despacho de la Coordinación General de Gobierno (SCGG) en el cargo de Facilitadora de Primeros Auxilios Médicos y Odontológicos con funciones de naturaleza continua y permanente mediante diversas modalidades de contrato, teniendo un período de trabajo de 2 años con 5 meses; del 1 de agosto del 2014 hasta la fecha del 31 de diciembre del 2016, los cuales describe de la forma siguiente, Contrato Especial de fecha 1 de agosto al 31 de diciembre del 2014; Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de fecha 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015; Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de fecha 04 de enero al 31 de marzo del año 2016; Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de fecha 01 de abril al 31 de diciembre del año 2016; teniendo como sueldo al momento de la terminación laboral por disposición directa del patrono la cantidad de L. 25,000.00; para la designación de los contratos el empleador utilizó distintas modalidades a unos con el nombre de Contrato Especial, y a otros con el nombre de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, actitud que evidencia la pretensión de utilizar formas de simulación de contratos fraudulentos para esconder el auténtico Contrato de Trabajo, no obstante en esencia la actividad laboral desempeñada por su persona es una sola que son las funciones de Facilitadora de Primeros Auxilios Médicos y su naturaleza es de carácter permanente en el engranaje administrativo de la dependencia gubernativa demandada; es el caso que la primera semana del mes de enero el Sub-Gerente de Recursos Humanos le llamó a su oficina, diciéndole que ya no formaba parte de la Institución; por lo que le solicitó que manifestara por escrito, siendo esa la forma correcta, a lo que él manifestó que no lo haría; por lo que se vio obligada a solicitar los oficios de un Inspector del Trabajo; es así que en fecha 12 de Enero de 2017, acudieron a reunirse con el Sub-Gerente de Recursos Humanos; donde se levantó un Acta y se constató lo siguiente, a lo expresado por el Sub-Gerente “la autoridad superior decidió finiquitar el contrato o la relación laboral”; la estabilidad laboral tiene su fundamento en la Constitución de la República y se sustenta en el hecho que mientras persista la materia del empleo deberá mantenerse la continuidad del mismo y solo cuando los casos excepcionales en relación a la duración del contrato de trabajo es temporal no aplica la continuidad del mismo. Es decir que la regla general es que la relación laboral sea permanente y la excepción es temporal, en este último caso deben existir las causas objetivas que le justifiquen y que no debe basarse en simple decisión de las partes; por tal razón la temporalidad de la relación laboral debe ser demostrado por el Empleador; La Jurisdicción del Trabajo, tanto en Juzgados de Primera Instancia, Cortes de Apelaciones, y Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, han unificado criterios al respecto existiendo Jurisprudencia en el sentido de que los contratos por tiempo definido, pero en esencia la actividad que se desempeña es de carácter permanente procede el reconocimiento del derecho a la estabilidad laboral y al reintegro al cargo que ocupaba el trabajador cuando de manera arbitraria se da por concluida la relación de trabajo y que es mi caso específico, por lo que reitera se le otorgue el reconocimiento de estatus de trabajador permanente y en consecuencia el reintegro a su puesto de trabajo que desempeñaba al momento de la terminación laboral, con iguales o mejores condiciones de trabajo y todos los demás derechos que gozan los trabajadores de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno; Con el propósito de buscar y encontrar un arreglo conciliatorio compareció ante la dependencia de resolución Alterna de Conflictos Laborales de la Dirección General del Trabajo, pero ante la negativa del empleador no se lograron los resultados deseados habiéndose agotado y cerrado las diligencias administrativas y gubernativas tal como se acredita con el acta respectiva.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que aceptó que sostuvo una relación contractual con la demandante en el cargo de Facilitadora de Primeros Auxilios Médicos y Odontológicos, sin embargo rechaza que tal prestación de servicios profesionales sea considerado de forma permanente, pues la modalidad bajo la cual fue contratada y se regía la prestación de sus servicios mediante cláusulas contractuales aprobadas, consentidas y aceptadas por las partes sin objeción alguna, estableciéndose en la cláusula tercera del contrato suscrito, la vigencia durante la cual se ejecutaría el mismo y que una vez llegada la fecha de finalización, las obligaciones contraídas se extinguía entre las partes. Tomando en consideración que el contrato suscrito era independiente del anterior, por razones presupuestarias según la Disponibilidad Presupuestaria del año fiscal; por lo que no puede considerarse que existía una prosecución contractual, como pretende hacerlo ver al Tribunal incompetente para dirimir su improcedente reclamo, en virtud de que en la Administración Pública para la suscripción de un contrato se deberá contar con la disponibilidad presupuestaria legalmente aprobada por autoridad competente para tal fin y no de forma permanente como lo argumenta con el ánimo de confundir al examinador del proceso en su análisis; además de ello si la demandante consideró que el estamento legal en su caso sería el Código del Trabajo y considerándose afectada por tener un contrato a término, jamás interpuso objeción alguna al respecto invocando el artículo 867 de dicho estamento legal que claramente dispone “salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos(2) meses”, dejando prescribir tal derecho si hubiera existido, a efecto de poder dilucidar el término que la ley otorga para poder solicitar tal derecho pretendido de forma irregular mediante su improcedente demanda; pues de ninguna forma puede considerar que el contrato era por tiempo indefinido cuando expresamente las partes estaban consciente de lo que establecía la cláusula décima, de la resolución del contrato “este contrato puede darse por terminado por las siguientes causas y sin responsabilidad para la Secretaria de Coordinación General de Gobierno. 1) Por vencimiento del plazo del contrato acordado por las partes” razón por la cual es desacertada la argumentación expuesta por la demandante en su reclamo, obedeciendo además lo que establece el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dispone “la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocerá también de a) Las cuestiones referente al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”, estos contratos eran de servicios profesionales y por lo tanto la demandante debió interponer su petición irregular ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo Razón por lo cual lo demandado es improcedente; desde el momento de la suscripción del contrato mediante el cual se regía su relación de prestación de Servicios Profesionales conocía la fecha de inicio y finalización del mismo, razón por la cual es desacertado conforme a derecho lo manifestado por la parte actora, en virtud de que al estar enterada de la fecha de la finalización del contrato y habiendo dado por terminado el mismo una vez llegada la fecha de su terminación, la obligación contractual se extinguía sin compromiso alguno de las partes, citando lo que establece el artículo 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil “todo contrato de servicios profesionales tendrá plazo determinado y no podrá renovarse sino cuando conste acreditada su necesidad y al vencimiento del plazo cesara la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes”, lo anterior, en concordancia a lo que instituye el artículo 321 y 364 de la Constitución de la República que por su orden literalmente dicen “los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”, aunado a que “no podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias. Los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente”, aunado a lo que establece el artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública que en numeral 3 que dispone “Los órganos y entidades de la Administración Pública, no podrán: … 3. Reconocer, declarar o emitir derechos de los particulares, si no tienen atribuidas por Ley tales potestades”; Por las razones anteriormente expuestas concluye en manifestar que no existiendo asidero legal dentro del marco de lo que establecen la Ley de Servicio Civil y el Código del Trabajo, en el cual erróneamente respalda su reclamo la demandante, la demanda presentada es improcedente, al interponerse de forma desacertada ante Tribunal incompetente para conocer de la causa, ya que considerando la modalidad bajo la cual estaban siendo contratados sus servicios profesionales la demandante debió previamente seguir el procedimiento que establece el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil a efecto de que le fuera reconocida mediante el análisis pertinente y conforme a ley, su permanencia en las funciones desempeñadas y no de la forma como procura se le otorgue al margen de los parámetros legales establecidos administrativamente para este tipo de clasificación, que en ningún momento la demandante promovió ante las autoridades administrativas correspondientes y que ahora procura incorrectamente por la vía judicial ante un Juzgador incompetente se le otorgue un derecho subjetivo sin que para ello cuente con una resolución administrativa en el cual se le haya negado el mismo. Los derechos y obligaciones a reclamar y exigir, serán lo que contiene el contrato suscrito únicamente de conformidad a lo establecido en las cláusulas contractuales aprobadas, consentidas y aceptadas sin objeción alguna por la misma, valiendo la pena señalar que en ningún caso se considerara permanente, al personal contratado por tiempo determinado. Por otra parte, el que los contratos suscritos se denominaran: Contrato Especial o Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, como lo manifiesta la demandante, denota que no se trataba de un contrato indeterminado sino que por el contrario se trataba de contratos por tiempo definido; motivo por el cual es erróneo manifestar como la demandante que no existió contrato alguno sino, que lo que se dio fue una simulación contractual; para lo cual vale la pena citar la Locución Latina, que los pactos deben mantenerse de conformidad a lo estipulado por las partes, cualquiera que sea la forma de la estipulación, debe ser fielmente cumplido en apego a lo que conocemos como la Pacta Sunt Servanda; por el simple hecho de ser un contrato con fecha de inicio y finalización, las partes desde el momento de la suscripción del mismo tenían conocimiento de la fecha que finalizaba la obligación contraída sin obligación ulterior de ninguna de las partes, razón por la cual era redundante que a la demandante se le manifestara que ya sus servicios no eran necesarios puesto que de antemano ella conocía tal evento y que si se le dio a conocer de forma verbal únicamente fue en aras de la buena y sana administración con el único propósito de que la misma procediera a realizar el informe respectivo para su finiquito sin esperar la suscripción de un nuevo contrato recordando de que la demandante solamente era una auxiliar de primeros auxilios y no una doctora de planta. Por lo tanto lo solicitado por la demandante es improcedente y si su intención era que se le nombrara de forma permanente en las funciones que desempeñaba, debió iniciar las diligencias que la Ley de Servicio Civil y su Reglamento igual que las Disposiciones Generales del Presupuesto y las leyes administrativas disponen en este tipo de casos; además de ello si bien es cierto que la estabilidad laboral tiene su fundamento en la Constitución de la República, también es cierto que existe el Principio de la Libre Contratación, porque la demandante debe tener claro al invocar el Código del Trabajo en el cual inadecuadamente apoya su reclamo, el artículo 46, que a la vez establece “el contrato individual de trabajo puede ser … c) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación”; además la demandante comete un error al pensar que por haber suscrito contratos anteriores puede y debe ser considerada empleada permanente cuando en la Administración Pública, es considerado empleado permanente quienes han reunido los requisitos legales establecidos en el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil a efecto de dar cumplimiento a los requisitos de ley para que le fuera reconocido el estatus que pretende le sea otorgado por este tribunal al margen de lo que establecen las leyes especiales para el caso, en concordancia a lo que dispone el artículo 364 de la Constitución de la República “no podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias”; razón por la cual antes del vencimiento de su contrato debió iniciar diligencias ante las autoridades respectivas de la Institución o ante la Dirección General de Servicio Civil a efecto de que una vez realizado el estudio correspondiente del caso, se pudiera someter el mismo ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas con el propósito que se otorgara una plaza con la aprobación de un presupuesto permanente, y no de la forma como cree la demandante que se le debe otorgar un derecho subjetivo en flagrante quebrantamiento de las leyes administrativas al caso; lo que se demostrará en el momento oportuno del proceso, pues el contrato suscrito con la demandante en ningún momento fue calificado como un Contrato de Trabajo sino como un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales a término; en relación de haber presentado reclamo administrativo ante las Oficinas Gubernativas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, por no ostentar facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, así como por la naturaleza de Contrato a Término referente al caso, en el cual se han acordado por las partes las condiciones bajo las cuales se regiría el mismo, no siendo por ende competencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social para conocer dicha materia; en consecuencia la pretensión exigida por la demandante quien equivocó la vía para ejercer su reclamo, debe ser declarada sin lugar por no asistirle el derecho subjetivo e ilusorio que pretende, y será en el proceso del debate que se acreditara que no contó con la sustentación jurídica para poder litigar, en consecuencia sean condenados especialmente en costas.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de agosto del 2019, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL RECONOCIMIENTO DEL ESTATUS DE EMPLEADO PERMANENTE Y SU ANTIGÜEDAD DESDE EL INICIO DE LA RELACION LABORAL, REINTEGRO AL TRABAJO. EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL; HASTA LA FECHA EN QUE SEA REINSTALADO EN EL PUESTO DE TRABAJO; AUMENTOS OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO A TODO EL PERSONAL DURANTE SU AUSENCIA EN SU PUESTO DE TRABAJO. COSTAS DEL JUICIO; instaurada por la Señora ESTER AURORA FIGUEROA AMAYA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora ESTER AURORA FIGUEROA AMAYA a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleado permanente desde el inicio de la relación laboral 01 de agosto de 2014 para lo cual deberán emitir el Acuerdo Ministerial correspondiente en el cual se nombre a la Señora ESTER AURORA FIGUEROA AMAYA. III.- Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de bonificaciones, derechos adquiridos no pagados; instaurada por la Señora ESTER AURORAFIGUEROA AMAYA en consecuencia, ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar a la Señora ESTER AURORA FIGUEROA AMAYA dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que la demandante desde que inició su relación laboral con la Institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual procede declarar con lugar la demanda, asistiéndole el derecho a ser reintegrada a su puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir; y los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de la actora.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 4 de diciembre del 2020, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I. DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL como apoderado procesal delegado del Estado de Honduras, por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHOS DE COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO (SCGG).- II.- REFORMAR DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha veintiocho (28) de agosto del dos mil diecinueve (2019), que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 79 al 82 de la primera pieza de autos, en el sentido siguiente: III.- REVOCAR el numeral II, el cual se leerá así: II.- CONDENAR : al ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual representante legal la señora Procuradora General de la Republica Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a reintegrar a la señora ESTER AURORA FIGUEROA AMAYA contra el ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual representante legal la señora Procuradora General de la República, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Reintegrar a la señora ESTER AURORA FIGUEROA AMAYA a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia; b) Declarar y Reconocer por tiempo indefinido la relación laboral de la señora ESTER AURORA FIGUEROA AMAYA desde el inicio de la relación laboral del 01 de agosto del 2014, en consecuencia se le conceda todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente.- IV.- CONFIRMAR los numerales I, III, IV de la sentencia dictada.- V.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, de las pruebas aportadas al juicio por ambas partes, observa que fueron acreditados los siguientes hechos, que la demandante laboró bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales de duración determinada en el cargo de Facilitadora de Primeros Auxilios Médicos y Odontológicos, desde el 01 de agosto del 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016, con un salario ultimo de L. 25,000.00 mensuales, brindando atención medica preventiva a los empleados de la Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG); la demandada puso fin mediante a la fecha de finalización del último contrato de servicios, en el desenvolvimiento de la relación laboral contractual de prestación de servicios profesionales del demandante con vigencias periódicas continuas e ininterrumpidas desde el desde el 01 de agosto del 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016, para el desempeño de las mismas funciones para con el mismo contratante, supeditada a una jornada y horario de trabajo de lunes a viernes de 9:00a.m. a 5.00 pm.; con obligación de cumplir con los requerimientos dependiente de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Suministros de la Secretaria de Estado de Coordinación General de Gobierno, a cambio de una remuneración mensual, con derecho al pago del décimo tercer mes y décimo cuarto mes como compensación social proporcional al tiempo trabajado y goce de un día de vacaciones por cada mes de servicio; hace que se estime que tales sucesos encajan en las disposiciones legales contenidas en los artículos 20, 47, 52 párrafo segundo del Código del Trabajo, cabe entonces mencionar que al momento de apreciar los hechos a la luz de las normas laborales, hace que tales contratos relativos a labores que por su naturaleza son permanentes o continuas en la institución, se consideren como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicio; no habiendo la parte demandada acreditado lo contrario en juicio, en cuanto al servicio brindado de atención medica preventiva a los Empleados de la Secretaria de Estado, sigue siendo necesario por tratarse de un derecho humano en cuanto a la salud laboral; es así que con la decisión unilateral de la parte demandada de dar por terminada la relación laboral de la demandante, por haber llegado a la fecha vencimiento del respectivo contrato, hizo que el demandante recurriera al derecho que le concede los artículos 113 y 117 del Código del Trabajo, cual es de emplazar a su patrono ante los Tribunales del Trabajo para que le pruebe la justa causa en que fundó el despido, caso contrario, deviene obligado al derecho laboral reclamados por la demandante, más a título de daños y perjuicios, los salarios que la trabajadora habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, a causa de la terminación de la relación laboral sin causa justificada de las que el Código del Trabajo; que la sentencia dictada en primera instancia condena a la demandada nombrar a la demandante como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral el 1 de agosto 2014 para lo cual deberá emitir el Acuerdo Ministerial, actuación que no encaja dentro de las disposiciones del Código del Trabajo, por cuanto, la demandante bajo las consideraciones de hecho y de derecho anteriores es un trabajador y no un empleado público, en consecuencia, la sentencia debe declarar y reconocer la condición de permanencia de la demandante dentro de la institución demandada a partir de la fecha de inicio de la relación laboral.- 5. Mediante auto de fecha 2 de junio del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RICARDO ESTRADA PINEL, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 20 de abril del 2022, compareció ante este Tribunal la Abogada YELSY NOELY LOPEZ RUIZ, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 20 de abril del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 3 de agosto del 2022, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Abogado FERNANDO AUGUSTO OCAMPO ZALDIVAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para contestar la demanda de casación, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.-Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada YELSY NOELY LOPEZ RUIZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Se Impugna por ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva, por violación indebida e apreciación errónea de la Ley en el artículo 47 del Código de Trabajo que regula los contratos celebrados entre los trabajadores y personas del Derecho Privado y no los celebrados entre el Estado y sus servidores que son los denominados contratos de servicios profesionales regulados por el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la cual es la jurisdicción que ha debido conocer el presente caso en relación con los artículos 90 en el párrafo primero de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: EL presente motivo de casación, está comprendido en el artículo 765 numeral 1 del Código de trabajo. IDENTIFICACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El artículo 765 numeral 1 del Código del Trabajo establece: son causales de Casación: Ser la sentencia Violatoria de la Ley Sustantiva por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. El AD QUEM en la sentencia proferida no consideró lo establecido en los medios de pruebas que se aportaron en el juicio y que consisten en los CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, que fueron suscritos entre la ahora demandante y mi representada, los que fueron suscritos POR TIEMPO DETERMINADO, y sujetos al Derecho Administrativo, lo que está expresado en forma clara y precisa en las cláusulas de los mismos, y fueron interpretados erróneamente en el sentido de que la relación laboral existente entre las partes, era por tiempo indefinido y se aplica indebidamente y se hace una interpretación errónea de lo establecido por el artículo 47 del Código de trabajo que regula las relaciones entre el capital y el trabajo, es decir entre la empresa y los trabajadores y las relaciones laborales existentes entre el Estado y sus servidores, y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3 literal a) establece taxativamente que corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, todo lo relacionado a los contratos de servicios profesionales o técnicos que celebran los Poderes del Estado, ya que 'Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente año fiscal para lo que son suscritos, no debiéndose considerarse para ningún efecto al personal contratado bajo la modalidad como PERMANENTES y el incumplimiento de esta disposición legal acarrea responsabilidad financiera en forma solidaria por parte del funcionario actuante, en la artículo 90 en su primer párrafo de la Constitución de la República es claro y contundente al disponer "Nadie puede ser juzgado sino por el Juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...." por lo que de ninguna forma puede eludir se lo expresado por la Ley, que es clara y manda que para que se juzgue debe ser bajo los presupuestos, ya que de lo contrario da lugar a que todas las actuaciones sean nulas, por lo consiguiente la aplicación indebida e interpretación errónea del artículo 47 del Código de Trabajo y la completa omisión y aplicación del artículo 3 literal a) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo son elementos fundamentales y que asisten a la verdad que mediante está Casación pretenden enmendar, con el propósito de lograr una correcta aplicación de la Ley de interpretación de procedimientos y en general de las garantías jurídicas otorgadas por la Ley. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE La prueba singularizada y apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada, al confirmar el fallo de primera instancia, consistente en: Los documentos denominados CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, suscritos entre la demandante y mi representada lo que acredita que dichos contratos son del conocimiento de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que los mismos tenían fecha de inicio y finalización, por lo que no existió despido alguno de la ahora demandante, sino que expiró la vigencia de los contratos antes mencionados, el JUEZ AD QUEM en su sentencia pretende cambiar el nombre y la finalidad del contrato de Servicios Profesionales al de contrato laboral o de trabajo, lo que resulta ser una plena invasión de jurisdicción violentando totalmente los derechos de mi representada, con toda evidencia las garantías legales que le amparan. La Sentencia dictada por el AD QUEM, es una franca violación a una Ley Sustantiva por la interpretación errónea o aplicación indebida del artículo 47 del Código de Trabajo, el juzgador desestimó y no valorizó la carga probatoria documental que se adjuntó y fue totalmente evacuada en el presente juicio, que contradice lo que expresa el artículo 208 en relación con el artículo 205 numeral 2) del Código Procesal Civil. ya que existe una total incongruencia, carente de Justicia favoreciendo el derecho subjetivo y sin criterio de Ley objetiva de justicia, no valoro en lo absoluto lo expresado en las disposiciones generales de orden presupuestario contempladas en la Ley Orgánica de presupuesto. Por lo antes expuesto solicito CASAR la Sentencia del JUEZ AD QUEM, dictada en fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil veinte (2020), que confirmó la Sentencia Definitiva de primera instancia emitida el veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (201 9), en la demanda ordinario laboral para que se declara el reconocimiento de permanencia, antigüedad, reintegro y demás derechos que promovió la señora ESTER AURORA FIGUEROA AMAYA, en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno ”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) señala como norma sustantiva el artículo 47 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica c el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; y, d) señala varios tipos de violación en un solo cargo teniendo que establecer de manera separa por la independencia de los cargos.- IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta y un días del mes octubre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 213-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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