Sentencia CL-21-21 — Registro 14362
Resumen
demanda ordinaria laboral para que el patrono aplique los ajustes o aumentos salariales aprobados en fecha 18 de septiembre del 2014, mediante punto No.12 del acta 812 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva del SANAA, pago de cantidades de dinero dejados de percibir en los conceptos laborales de salario ordinario, salario extraordinario, decimotercer y decimocuarto mes de salario, vacaciones, bono de vacaciones y bono compensatorio calculados retroactivamente desde el 01 de enero del 2014, hasta que el SANAA sea obligado a aplicar los ajustes salariales, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. En adición, el artículo 80 de la Constitución de la República establece el derecho de toda persona o asociación de personas, de presentar peticiones, ya sea de interés particular o general y de recibir pronta respuesta en el plazo legal.- "...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, en fecha 01 de diciembre de 2020, que confirma la que conocía en apelación, declarando no ha lugar la excepción perentoria de prescripción, ha lugar la demanda, condena a la demandada otorgar con base a lo dispuesto en la cláusula 84 del Contrato Colectivo y el punto número 12 del acta número 812 de la sección ordinaria de Junta Directiva del SANAA, de fecha 18 de Septiembre 2014, a los demandantes aumento salarial y el reajuste salarial en las cantidades dejadas de percibir por los conceptos de salario ordinario, salario extraordinario, vacaciones, bonificación de vacaciones, bono compensatorio, decimotercer mes de salario, decimocuarto mes de salario, desde 01 de enero del 2014 hasta la fecha en que el SANAA haga la aplicación del aumento salarial demandado, conforme a la tasa oficial de inflación del Banco Central de Honduras, del año previo a la aplicación del aumento, al manual de puestos y salarios y los años de servicio de cada trabajador; sin cuantificar ni precisar los valores económicos correspondientes a cada uno de los demandantes, ni fijar las bases con arreglo a las cuales se debe efectuar la liquidación, de forma que consista en una operación puramente aritmética; ya que de lo contrario, el proceso de ejecución de la sentencia definitiva, resultará complicado y difícil para las partes, dado que se dejan varios puntos sin determinar sus alcances.- VIII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial debe entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de marzo de dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 12 de mayo del 2021, por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores ROSSEL MUNGUIA MARTINEZ, DILCIA MILENA LICONA CASTRO, TULIO ANTONIO CARCAMO VILLEDA, CARLOS GEOVANY PEÑA SANTOS, WALTHER LEONARDO HENRIQUEZ VARGAS, EBLIN MIRTALA HERRERA TURCIOS, ALBA LUZ CARCAMO ZAPATA, RAMON DE JESUS ALVARENGA HERNANDEZ Y HECTOR MARIN GARCIA MONCADA, representados en juicio por la Abogada KELLYN JENNIFER FRANCISCO MENDEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono aplique los ajustes o aumentos salariales aprobados en fecha 18 de septiembre del 2014, mediante punto No.12 del acta 812 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva del SANAA, pago de cantidades de dinero dejados de percibir en los conceptos laborales de salario ordinario, salario extraordinario, decimotercer y decimocuarto mes de salario, vacaciones, bono de vacaciones y bono compensatorio calculados retroactivamente desde el 01 de enero del 2014, hasta que el SANAA sea obligado a aplicar los ajustes salariales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 21 de noviembre del 2016, por el Abogado ARTURO ISAU MOYA MUNGUIA, en su condición de representante procesal de los señores ROSSEL MUNGUIA MARTINEZ, soltero, DILCIA MILENA LICONA CASTRO, soltera, TULIO ANTONIO CARCAMO VILLEDA, soltero, CARLOS GEOVANY PEÑA SANTOS, Bachiller en Administración de Empresas, soltero, WALTHER LEONARDO HENRIQUEZ VARGAS, Perito Mercantil y Contador Público, soltero, EBLIN MIRTALA HERRERA TURCIOS, casada, Ingeniera Civil, ALBA LUZ CARCAMO ZAPATA, soltera, RAMON DE JESUS ALVARENGA HERNANDEZ soltero y HECTOR MARIN GARCIA MONCADA, soltero, Técnico en Computación, todos hondureños, mayores de edad y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), por medio de la PRESIDENTA DE LA JUNTA INTERVENTORA, la señora NIVIDA HERNANDEZ AGURCIA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 01 de diciembre del 2020, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 26 de febrero del 2020, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION, opuesta por el Representante Procesal de la Parte Demandada en relación a la acción entablada por el Demandante, en cuanto a los salarios ordinarios, extraordinarios, decimotercer mes de salario, decimocuarto mes de salario, vacaciones, bono de vacaciones y bono compensatorio cantidades de pagos dejados de percibir por los distintos conceptos laborales. SEGUNDO: Declarando HA LUGAR la presente Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia, para que el patrono sea obligado mediante sentencia firme a aplicar en las planillas salariales, los ajustes o aumentos salariales aprobados en fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, mediante punto número doce del acta número 812, de la sesión ordinaria de la Junta Directiva del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), el pago de las cantidades de dinero dejadas de percibir en los conceptos laborales de salario ordinario, salario extraordinario, decimotercer mes, decimocuarto mes de salario, vacaciones, bono de vacaciones y bono compensatorio calculadas retroactivamente desde el 01 de enero de dos mil catorce hasta el día que el SANAA aplique legalmente en planillas los ajustes salariales, costas del juicio, promovida por el Abogado ALBERTO EMILIO CRUZ ZELAYA, actuando en su condición de apoderado legal de los señores JULY JIMENA CORTEZ RAMIREZ, JOSE ANTONIO MEJIA BANEGAS, HECTOR CECILIO LOZANO SANDOVAL, MARIO ROBERTO CASTILLO RIVERA, AURELIO MELGAR PAZ, FARES MIREYA TURCIOS ORTEGA, ELMA IRIS VIVAS RUIZ, LUIS ARNULFO CARRILLOS GUZMAN, RUBEN EDGARDO ROMERO MURCIA, MARVIN OBDULIO MEDRANO MANCIA,JOSE SANTOS MORALES BONILLA, FELIX GERARDO VALERIO SOTO, ALLAN ALFREDO BUESO HERNANDEZ, JULIO CESAR GAVARRETE LAINEZ, GUSTAVO ADOLFO ANDINO, MARCO ANTONIO BANEGAS y MARIO SEBASTIAN MARADIAGA MATUTE; contra la entidad estatal denominada SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS representante legal el señor ROBERTO ZABLAH; todos de gene es expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. TERCERO: En consecuencia se CONDENA a la entidad estatal denominada SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) a través de su representante legal el señor ROBERTO ZABLAH, a: I) OTORGAR, con base a lo dispuesto en la cláusula 84 del contrato colectivo y el punto número 12 del acta número 812 de la Sección Ordinaria de Junta Directiva del SANA.A, de fecha 18 de Septiembre 2014, a los demandantes aumento salarial y el reajuste salarial en las cantidades dejadas de percibir por los conceptos de: a) salario ordinario, b) salario extraordinario, c) vacaciones, d) bonificación de vacaciones, e) bono compensatorio, f) decimotercer mes de salario, g) decimocuarto mes de salario, desde el 01 de enero de dos mil catorce hasta la fecha en que el SANAA haga la aplicación del aumento salarial demandado, conforme a la tasa oficial de inflación del Banco Central de Honduras, del año previo a la aplicación del aumento, al manual de puestos y salarios y los años de servicio de cada trabajador. CUARTO (4): SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que los empleados del SANAA, se encuentran bajo el amparo de un contrato colectivo, el cual en su cláusula Número 84, establece que tienen derecho a un aumento salarial anual y otros beneficios económicos mencionados en las cláusulas 17, 39, 43, 88 y 100; que en la cláusula 84 del contrato, se establece que los trabajadores tienen derecho a un aumento salarial en forma general efectivos a partir del uno de enero de cada año por el costo de vida o inflación, bajo las siguientes condiciones: a) Que se tomara como base la tasa oficial de inflación del Banco Central de Honduras del año previo a la aplicación del aumento; b) Durante los meses de octubre y noviembre de cada año se negociará el incremento salarial del año siguiente; c) El manual de puestos y salarios establece las bases salariales que de conformidad a la vigencia del contrato colectivo, deberán ser revisados y analizados por la empresa y el sindicato cada año; d) El Sanaa se obliga a reconocer cada negociación salarial un porcentaje derivado de los años de servicio de cada trabajador, sin embargo, a los trabajadores de La Ceiba, Atlántida, aun y cuando el SANAA les aprobó sus aumentos salariales para el año 2014, la empresa estatal se ha negado a aplicar los aumentos salariales; d) Que en cumplimiento a la cláusula 84, en fecha 18 de septiembre de 2014, mediante punto número 12 del Acta número 812, la Junta Directiva del SANAA a través de su Gerente General, aprobó ajuste salarial para los empleados permanentes del SANAA correspondientes al año 2014, conforme a la tabla negociada por la gerencia general del SANAA y aplicar dicho ajuste salarial una vez que la institución cuente con la capacidad financiera necesaria para cumplir tales compromisos.- Que además de ser afectados los empleados del SANAA por la falta de aplicación de los aumentos salariales, también están siendo afectados en otros beneficios, tales como los consignados en la Cláusula 17, como ser bono anual de compensación, el cual se paga una semana antes de semana santa, Clausula 43, como ser: valores salariales referentes al goce de las vacaciones e incluso concede una bonificación extra y clausula 88 y 100, como ser: valores sobre los conceptos de decimotercer y decimocuarto mes de salarios y por lo tanto, exige la aplicación del aumento salarial dejadas de percibir sobre conceptos de: a) salario ordinario, b) salario extraordinario, c) vacaciones, d) bonificación de vacaciones, e) bono compensatorio, f) decimotercer mes de salario, g) decimocuarto mes de salario desde el 01 de enero de 2014 hasta el día que el SANAA haga efectiva la aplicación del aumento salarial, h) Que fueron fallidos los intentos en la oficina de la Procuraduría del Trabajo de La Ceiba, para lograr una conciliación en el pago de los conceptos hoy demandados, pero se agotó legalmente el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCATARILLADOS (SANAA), contestó dicha demanda señalando que se acepta parcialmente en cuanto a la existencia de un vínculo jurídico entre el SANAA y los demandantes, y en cuanto a la naturaleza del vínculo jurídico, salario, puesto y fecha de ingreso deberán de comprobarlo en juicio los actores, como también la existencia de un contrato colectivo vigente entre la demandada y el SITRASANAAYS, tal y como lo alegan, puesto que el contrato colectivo suscrito por última vez llegó a su expiración desde el 31 de diciembre de 2014 al cumplirse el término de la prórroga automáticamente pactado en la cláusula 114; sumado a lo anterior, oportuno es aclarar que el ajuste reclamado fue aprobado en fecha 18 de septiembre del año 2014, mediante punto No. 12 del acta 812 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA); sin embargo los demandantes omiten indicar que para la exigibilidad de dicho pago, se pactó el acaecimiento de un hecho futuro e incierto que aún no ha sucedido y es precisamente que: "la institución cuente con 1a capacidad financiera necesaria para cubrir tales compromisos", estableciéndose de esa forma una condicionante que hace que el cumplimiento de dicha obligación no sea exigible (Ver artículo 1375 del Código Civil). Que los actores nuevamente omiten hacer mención que la Junta Directiva de la demandada estableció una obligación condicional al resolver "Aplicar dicho ajuste salarial una vez que la institución cuente con la capacidad financiera necesaria para cubrir tales compromisos", estableciéndose de esa forma una condicionante que hace que el cumplimiento de dicha obligación no sea exigible (Ver Artículo 1375 del Código Civil). Se acepta en relación a que en la Sesión Ordinaria de Junta Directiva de fecha 18 de septiembre de 2014, ésta resuelve lo siguiente: "Aprobar ajuste salarial a los empleados permanentes del SANAA correspondiente al 2014, conforme a tabla negociada entre la Gerencia General del SANAA y SITRASANAAYS.- SEGUNDO: Aplicar dicho ajuste salarial una vez que la institución cuente con la capacidad financiera necesaria para cubrir tales compromisos”. Que el SANAA es una institución autónoma, cuya dirección y administración se encuentra a cargo de una Junta Directiva, por lo tanto, no ha violentado ningún derecho, debido a que si bien es cierto el aumento fue convenido entre el Gerente y el Sindicato, el mismo no podía ser aplicado sin la aprobación de la Junta Directiva del SANAA y ésta al aprobarlo impuso una condicionante para su aplicación y es que, precisamente no se puede poner en ejecución, hasta que no conste el acaecimiento del hecho futuro e incierto que han transcrito los propios demandantes y es que la institución cuente con los fondos suficientes, en consecuencia los demandantes deberán de comprobar en juicio que la demandada cuenta con una partida en su presupuesto para aplicar y hacer efectivo dicho ajuste salarial.- 3.- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 26 de febrero del 2020, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION, opuesta por el Representante Procesal de la Parte Demandada en relación a la acción entablada por el Demandante, en cuanto a los salarios ordinarios, extraordinarios, decimotercer mes de salario, decimocuarto mes de salario, vacaciones, bono de vacaciones y bono compensatorio cantidades de pagos dejados de percibir por los distintos conceptos laborales. SEGUNDO: Declarando HA LUGAR la presente Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia, para que el patrono sea obligado mediante sentencia firme a aplicar en las planillas salariales, los ajustes o aumentos salariales aprobados en fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, mediante punto número doce del acta número 812, de la sesión ordinaria de la Junta Directiva del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), el pago de las cantidades de dinero dejadas de percibir en los conceptos laborales de salario ordinario, salario extraordinario, decimotercer mes, decimocuarto mes de salario, vacaciones, bono de vacaciones y bono compensatorio calculadas retroactivamente desde el 01 de enero de dos mil catorce hasta el día que el SANAA aplique legalmente en planillas los ajustes salariales, costas del juicio, promovida por el Abogado ALBERTO EMILIO CRUZ ZELAYA, actuando en su condición de apoderado legal de los señores JULY JIMENA CORTEZ RAMIREZ, JOSE ANTONIO MEJIA BANEGAS, HECTOR CECILIO LOZANO SANDOVAL, MARIO ROBERTO CASTILLO RIVERA, AURELIO MELGAR PAZ, FARES MIREYA TURCIOS ORTEGA, ELMA IRIS VIVAS RUIZ, LUIS ARNULFO CARRILLOS GUZMAN, RUBEN EDGARDO ROMERO MURCIA, MARVIN OBDULIO MEDRANO MANCIA, JOSE SANTOS MORALES BONILLA, FELIX GERARDO VALERIO SOTO, ALLAN ALFREDO BUESO HERNANDEZ, JULIO CESAR GAVARRETE LAINEZ, GUSTAVO ADOLFO ANDINO, MARCO ANTONIO BANEGAS y MARIO SEBASTIAN MARADIAGA MATUTE; contra la entidad estatal denominada SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS representante legal el señor ROBERTO ZABLAH; todos de gene es expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. TERCERO: En consecuencia se CONDENA a la entidad estatal denominada SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) a través de su representante legal el señor ROBERTO ZABLAH, a: I) OTORGAR, con base a lo dispuesto en la cláusula 84 del contrato colectivo y el punto número 12 del acta número 812 de la Sección Ordinaria de Junta Directiva del SANA.A, de fecha 18 de Septiembre 2014, a los demandantes aumento salarial y el reajuste salarial en las cantidades dejadas de percibir por los conceptos de: a) salario ordinario, b) salario extraordinario, c) vacaciones, d) bonificación de vacaciones, e) bono compensatorio, f) decimotercer mes de salario, g) decimocuarto mes de salario, desde el 01 de enero de dos mil catorce hasta la fecha en que el SANAA haga la aplicación del aumento salarial demandado, conforme a la tasa oficial de inflación del Banco Central de Honduras, del año previo a la aplicación del aumento, al manual de puestos y salarios y los años de servicio de cada trabajador. CUARTO (4): SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que si bien es cierto, los demandantes hacen extensiva la solicitud de aplicar el ajuste salarial a los años 2015 e inclusive a la fecha en que el SANAA sea obligado a aplicar los ajustes salariales, sin embargo, con base a lo dispuesto en la cláusula 84 del contrato colectivo, se establece en el literal b) que durante los meses de octubre y noviembre de cada año, negociaran el incremento salarial del año siguiente, por lo tanto, a criterio de esta suscrita Jueza, no puede condenarse a la patronal demandada a aplicar los ajustes salariales correspondientes a los años 2015, 2016, 2017, 2018 e inclusive a la fecha en que el SANAA sea obligado a aplicar los ajustes salariales, sin embargo, si procede la solicitud de la aplicación del aumento salarial y el reajuste salarial en las cantidades dejadas de percibir por los conceptos de: a) salario ordinario, b) salario extraordinario, c) vacaciones, d) bonificación de vacaciones, e) bono compensatorio, f) decimotercer mes de salario, g) decimocuarto mes de salario, desde el 01 de enero de 2014, hasta la fecha en que el SANAA haga la aplicación del aumento salarial demandado, conforme a la tasa oficial de inflación del Banco Central de Honduras, del año previo a la aplicación del aumento y al manual de puestos y salarios, en virtud, que todos estos conceptos son considerados como salarios, según el contrato colectivo de trabajo y el Código del Trabajo, por lo tanto, el ajuste salarial, debe de abarcar a los mismos, siendo que por no haberse aplicado el ajuste salarial en el año dos mil catorce, estos conceptos también han sido afectados, por lo tanto, la patronal demandada está obligada a pagar las cantidades dejadas de percibir a partir del 01 de enero de 2014 hasta que el SANAA haga la aplicación del aumento salarial demandado. Que el decimotercero y decimocuarto mes constituyen salarios y que es un derecho de todos los empleados y trabajadores, los que se harán efectivos en el lugar y tiempo producidos, el decimotercer mes que se pagara en concepto de aguinaldo y el decimocuarto mes que se pagara en concepto de compensación social, según Decreto 112 aprobado por el Congreso Nacional sobre la Ley del Séptimo día y Decimotercer mes en concepto de aguinaldo y Acuerdo número 02-95 en relaci6n al Reglamento del Decimocuarto mes de salario en concepto de Compensación Social, aprobado mediante Decreto número 135-94, de fecha 12 de octubre de 1991, por el Soberano Congreso Nacional; considerando que un derecho laboral inespecífico es el derecho a la tutela Judicial Efectiva, el cual se encuentra consagrado en La Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 10 y 11, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 28, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 8 y 9), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 14; que por lo tanto, resulta necesario que el Órgano Jurisdiccional, al momento de impartir justicia haga aplicación del mismo, más aun en los conflictos laborales, considerando, que es de lato sensu, que en la relación laboral, convergen circunstancias particulares, siendo una de estos el poder que ostenta una parte, tal y como es el poder empresario, ejercido por el patrono, dada la congénita desigualdad existente entre ambas partes, que por lo tanto es deber del órgano jurisdiccional, limitar y restringir mediante la aplicación del derecho, tal ejercicio de poder, siendo, que la intervención judicial, sea a veces la única garantía posible de su ejercicio, pues tal como acontece, en el caso de marras la juridificación del conflicto es la única intervención que permite hacer eficaces derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución de la Republica y en las Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos, es así que el derecho procesal laboral, está constituido por un conjunto de normas y principios, que tienen como fin dispensar justicia al conflicto, realizando al efecto una intervención adjetiva reequilibrada de la situación sustantiva y procesal de desigualdad, que por lo tanto, debe analizarse el caso particular, conforme a los principios que informan el derecho del trabajo y el derecho procesal del trabajo, en consecuencia es pertinente señalar, que en el caso de marras, se observa un claro ejemplo del pleno ejercicio de poder del empleador, ya que al ser el empleador, el que cuenta con todos los medios en la relación laboral, el mismo puede ejercer control sobre sus subordinados y sobre la empresa misma, por lo cual, deviene la obligación del juzgador de valorar las mismas con base al principio protectorio o indubio pro operario, es en este orden de ideas que resulta pertinente señalar, que en ese ejercicio de poder, la patronal demandada ha incumplido con la obligación contraída en la cláusula 84 del Contrato Colectivo del Trabajo, por lo tanto, la patronal debe de ser obligada a darle estricto cumplimiento a la cláusula 84 del supra indicado contrato y hacer efectivos los aumentos salariales que son objeto de debate.- 4.- La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 01 de diciembre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo; bajo el criterio que si bien es cierto el análisis de la Excepción Perentoria de Prescripción no se hizo en el apartado correspondiente, sino en otro, el asunto es que se hizo y el mismo concuerda con el párrafo primero de la parte resolutiva del fallo, al final de cuentas la sentencia definitiva es la suma armoniosa de todas sus partes, no se puede diseccionar, es evidente que la ley indica el orden en que se debe redactar precisamente para evitar situaciones como la que nos ocupa, pero encontrado dentro de la misma (sentencia) y es concordante con el resto no vemos, en este caso, agravio alguno, el apelante hace un análisis de las obligaciones desde el punto de vista civil, alegando que el cumplimiento de la cláusula 84 del Contrato Colectivo está sujeta a una condición, siendo esta que la institución a que representa cuente con la capacidad financiera para cubrir los montos derivados de aquella, es de anotar que la mencionada Cláusula del Contrato Colectivo suscrito entre el SANAA y el SITRASANAA no hace mención de ninguna condición, ahora bien, la condición que alega el apelante resulta del Punto No. 12 del Acta No. 812 de la Sesión Ordinaria de Junta Directiva del SANAA (folios 164 y 165 p.p., Tomo I), es decir, que en ese acto no estuvieron presente los representante de los trabajadores lo que lo convierte en una decisión unilateral y que bajo ningún punto puede ser contraria a lo ya negociado en un Contrato Colectivo pues es hartamente conocido que los trabajadores no pueden asumir el riesgo o perdidas del patrono (Artículos 136 de la Constitución de la República y 23 del Código del Trabajo), sin contar que los contratos colectivos obligan a sus firmantes así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran. Las disposiciones de los contratos colectivos se aplican a todos los trabajadores de las categorías interesadas que estén empleados en las empresas comprendidas en el contrato; a menos que este previere expresamente lo contrario (Articulo 60 C.T.). Finalmente, el Apelante alega incongruencia en la sentencia pues según su parecer la señora Juez en los Fundamentos de Derecho hace referencia una cosa y en el fallo decide otra, veamos, en el apartado Fundamentos de Derecho, párrafo sexto la Señora Juez dice lo siguiente: SIC “..., por lo tanto, a criterio de esta suscrita Jueza, no puede condenarse a la patronal demandada a aplicar las ajustes salariales correspondientes a los años 2015, 2016, 2017, 2018 e inclusive a la fecha en que el SANAA sea obligado a aplicar las ajustes salariales, sin embargo, si procede la solicitud de la aplicación del aumento salarial y el reajuste salarial en la cantidades dejadas de percibir par las conceptos de: a) salario ordinario, b) salario extraordinario, c) vacaciones, d) bonificación de vacaciones, e) bono compensatorio, f) decimotercer mes de salario, g) decimocuarto mes de salario, desde el 01 de enero del 2014, hasta la fecha en que el SANAA haga la aplicación del aumento salarial demandado, conforme a la tasa oficial de inflación del Banco Central de Honduras, del año previo a la aplicación del aumento y al manual de puestos y salarios, en virtud, de que todos esos conceptos son considerados como salarios, según el contrato colectivo de trabajo y el código del trabajo, por lo tanto, el ajuste salarial, debe de abarcar a las mismos, siendo que par no haberse aplicado el ajuste salarial en el año 2014, esos conceptos también han sido afectados, por lo tanto, la patronal demandada está obligada a pagar las cantidades dejadas de percibir a partir del 1 de enero de 2014, hasta que el SANAA haga la aplicación del aumento salarial demandado”, veamos ahora la parte resolutiva del fallo apartado Tercero en la condena otorga lo siguiente: SIC “con base a las dispuesto en la cláusula 84 del contrato colectivo y el punto número 12 del acta número 812 de la Sección Ordinaria de Junta Directiva del SANAA de fecha 18 de septiembre 2014, a las demandantes aumento salarial y el reajuste salarial en las cantidades dejadas de percibir par las conceptos de: a) salario ordinario, b) salario extraordinario, c) vacaciones, d) bonificación de vacaciones, e) bona compensatorio, f) decimotercer mes de salario, g) decimocuarto mes de salario, desde el 01 de enero del 2014, hasta la fecha en que el SANAA haga la aplicación del aumento salarial demandado, conforme a la tasa oficial de inflación del Banco Central de Honduras, del aro previo a la aplicación del aumento y al manual de puestos y salarios", de la simple lectura de lo transcrito la Señora Juez A-quo nunca condenó al SANAA al pago de los ajustes salariales de los años 2015, 2016, 2017, 2018 inclusive 2020, únicamente el aumento salarial correspondiente al año 2014 que será efectivo desde el 01 de enero de ese año y que lógicamente debe verse reflejado en los atos antes mencionados hasta que el SANAA haga la aplicación del aumento salarial demandado, al no existir la incongruencia señalada tampoco procede declarar con lugar este tercer argumento de los agravios expresados.- 5.- Mediante auto de fecha 15 de febrero del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 12 de mayo del 2021, compareció ante este Tribunal el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), formalizando su demanda, exponiendo dos motivo de casación y solicitando la nulidad subsidiaria de la sentencia recurrida, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 31 de agosto del 2021, se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada KELLYN JENNIFER FRANCISCO MENDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. En adición, el artículo 80 de la Constitución de la República establece el derecho de toda persona o asociación de personas, de presentar peticiones, ya sea de interés particular o general y de recibir pronta respuesta en el plazo legal.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que el Recurrente de forma subsidiaria solicita la nulidad de la sentencia impugnada, de la forma siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA. En este mismo acto se denuncia la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida el 01 de diciembre de 2020, por el incumplimiento de los requisitos contemplados en la ley con relación a los actos procesales, los cuales expongo de la siguiente manera: 1. El ajuste reclamado por la parte actora, se fundamenta en el contenido del punto No. 12 del acta número 812 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) aprobado el dieciocho (18) de septiembre del año dos mil catorce (2014); sin embargo, de los razonamientos y valoraciones vertidos por el Tribunal A quem en torno a este medio de prueba se logra evidenciar la falta de claridad, precisión y congruencia del fallo, en virtud, de que en el hecho sexto le resta validez al documento al expresar que se trata de un acto unilateral de mi representada que no se adapta a los requerimientos establecidos en la cláusula 84 del Contrato Colectivo vigente, pero por otra parte declara con lugar la causa bajo el argumento de que concurren los requisitos necesarios para que sea exigible el cumplimiento de la obligación (Articulo 206 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil). 2. la falta de motivación de la sentencia, en virtud de que la A quem concede a los demandantes el ajuste salarial "desde el 01 de enero del 2014 al día en que el SANAA aplique legalmente el ajuste salarial…”, sin que la parte actora haya comprobado en juicio el cumplimiento de las condiciones establecidas en la cláusula 84 del Contrato Colectivo del SANAA para años posteriores, tomando en considera que el punto No. 12 del acta número 812 de la sesión ordinaria de la junta Directiva del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS YALCANTARILLADOS (SANAA) aprueba dicho incremento salarial únicamente para el año el 2014, por lo que la A quem debió expresar el razonamiento factico y jurídico que le condujo a declarar este derecho de forma extensiva para los años consecutivos (2015, 2016, 2017...) y los parámetros que servirán de base para su liquidación, quedando evidenciado de esta manera la privación de la sentencia del requisito establecido en el artículo 207 del Código Procesal Civil; 3. Que el fallo del 01 de diciembre de 2020, es meramente declarativo del derecho a percibir las cantidades reclamadas a través de la demanda, sin cuantificar de forma exacta el importe por el cual se va a condenar a pagar a mi representada. La privación del fallo del requisito establecido en el artículo 209 del Código Procesal Civil impide que se pueda solicitar de forma determinada la ejecución de la sentencia, debido a que el Tribunal A quem, en Las circunstancias que acontecen, estaba obligado a fijar las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que esta consista en una pura operación aritmética tomando en consideración la naturaleza de la demanda.”.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, en fecha 01 de diciembre de 2020, que confirma la que conocía en apelación, declarando no ha lugar la excepción perentoria de prescripción, ha lugar la demanda, condena a la demandada otorgar con base a lo dispuesto en la cláusula 84 del Contrato Colectivo y el punto número 12 del acta número 812 de la sección ordinaria de Junta Directiva del SANAA, de fecha 18 de Septiembre 2014, a los demandantes aumento salarial y el reajuste salarial en las cantidades dejadas de percibir por los conceptos de salario ordinario, salario extraordinario, vacaciones, bonificación de vacaciones, bono compensatorio, decimotercer mes de salario, decimocuarto mes de salario, desde 01 de enero del 2014 hasta la fecha en que el SANAA haga la aplicación del aumento salarial demandado, conforme a la tasa oficial de inflación del Banco Central de Honduras, del año previo a la aplicación del aumento, al manual de puestos y salarios y los años de servicio de cada trabajador; sin cuantificar ni precisar los valores económicos correspondientes a cada uno de los demandantes, ni fijar las bases con arreglo a las cuales se debe efectuar la liquidación, de forma que consista en una operación puramente aritmética; ya que de lo contrario, el proceso de ejecución de la sentencia definitiva, resultará complicado y difícil para las partes, dado que se dejan varios puntos sin determinar sus alcances.- VIII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial debe entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- X.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8. 1 y 2, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 42, 114, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 11 del Código Civil; 22, 193, 200, 206, 207, 209, 211, 213, 214 numeral 2), 215 numeral 5), 217 numeral 2) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, en fecha 01 de diciembre de 2020, visible a folios 17 al 22 de la segunda pieza, debiendo dicho órgano jurisdiccional reponer lo actuado, pronunciarse y resolver sobre los extremos omitidos, conforme las razones y consideraciones expuestas en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.- Y MANDA: Devolver los autos al lugar de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de mayo del dos mil veintidós; certificación de la resolución de fecha ocho de marzo del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número 21-21. – Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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