Sentencia CL-202-21 — Registro 15411
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro a un puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos que se reconozca a los empleados durante la sustanciación del juicio, reconocimiento de condición permanente por la suscripción de varios contratos para una misma labor y por la naturaleza del cargo, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) las normas que indica como violadas (Artículo 128 de la constitución de la Republica) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, c) formula alegatos propios de instancia.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) invoca infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) el precepto autorizante indicado no es compatible con el tipo de infracción; c) invoca la infracción directa, pero alude al material probatorio que en su parecer no fue tomado en cuenta por el juzgador, cuando ese tipo de violación de la ley se da con independencia de las pruebas, por lo que no es la vía apropiada para el ataque al fallo impugnado; y, d) formula alegatos propios de instancia."..
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 19 de enero del 2022, por el Abogado EDMOND GABRIEL MADRID ROMERO, en su condición de representante procesal del señor LOIS FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS; y en fecha 24 de marzo del 2022, por el Abogado ALEJANDRO ISAAC CARIAS LOPEZ, en condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrentes/recurridos. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro a un puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos que se reconozca a los empleados durante la sustanciación del juicio, reconocimiento de condición permanente por la suscripción de varios contratos para una misma labor y por la naturaleza del cargo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 5 de noviembre del 2014, por el señor LOIS FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS, mayor de edad, casado, hondureño, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, actualmente INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 18 de enero del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 21 de junio del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor LOIS FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAÀAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- SEGUNDO: SE CONDENA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostiene el señor LOIS FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS con el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, directamente con el INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, se le reconoce una antigüedad laboral desde el 23 de Abril del 2006, asimismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; por despido ilegal e injusto, asimismo a REINTEGRAR a su puesto de trabajo como Delegado de Migración en iguales o mejores condiciones en el Instituto Nacional de Migración, más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que el demandante sea debidamente reinstalado, así como la restitución de sus funciones.-TERCERO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al demandante LOIS FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS la cantidad de (Lps. 20,000.00) en concepto de vacaciones correspondiente a los periodos 2012-2013 y 2013-2014; CUARTO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al demandante LOIS FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS en concepto de décimo tercer y cuarto mes de salario; QUINTO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al demandante LOIS FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS en concepto de horas extras. SEXTO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar en la Dirección General de Migración y Extranjería, sustituido actualmente por el Instituto Nacional de Migración, desde el 23 de abril del 2006, desempeñándose según contratos consecutivos para una misma labor en el cargo funcional de Delegado de Migración, devengando a la fecha de su cancelación un salario mensual de L. 15,000.00, se le pagaba aguinaldo, décimo cuarto mes, vacaciones y que además cotizaba al Instituto Hondureño de Seguridad Social; las labores que realizó de manera continua ininterrumpidamente durante el tiempo que prestó sus servicios a la Dirección General de Migración y Extranjería según contratos se refieren a “1) En su jurisdicción, velar porque se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Migración y Extranjería y su Reglamento; 2) Llevar a cabo el control de entrada y salida de nacionales y extranjeros; 3) Autorizar la permanencia de extranjeros en el territorio nacional, así como la vigilancia de los mismos en apego a la moral y las buenas costumbres de acuerdo a las políticas establecidas por el Estado de Honduras; 4) Desarrollar actividades de inspección y control para prevenir la inmigración clandestina; 5) Supervisar la emisión de los pasaportes corrientes y permisos especiales de viaje, en el caso de la Delegación de Migración de San Pedro Sula y La Ceiba, o cualquier otra delegación en la que se implemente dicha actividad; 6) Con instrucciones de la Dirección General, en su jurisdicción, resolver todo lo relacionado con la entrada, permanencia y salida de extranjeros de conformidad con las disposiciones de la Ley de Migración y Extranjería, y su Reglamento; 7) Autorizar prorrogas de permanencia, facultad que corresponde únicamente a las Delegaciones de Control Interior; 8) Llevar a cabo en su delegación la expedición y revalidación de documentos relacionados con los servicios migratorios y de extranjería; 9) Aplicar las sanciones establecidas en la Ley de Migración y Extranjería, y su Reglamento, incluyendo la ejecución de las deportaciones y expulsiones; 10) Cumplir las órdenes de impedimento de salida para personas nacionales y extranjeras, emitidas por tribunal competente; 11) Impedir el ingreso de todo extranjero que haya sido deportado o expulsado del país; 12) Gestionar la inscripción de los residentes y extranjeros con permiso especial de permanencia domiciliados en su jurisdicción; 13) Con autorización de la Dirección General, ordenar y ejecutar la deportación de extranjeros; 14) Con autorización de la Dirección General, cancelar los documentos que se deriven de los servicios migratorios y de extranjería; 15) Dirimir conflictos de carácter migratorio para lo cual podrá requerir, citar o emplazar a personas nacionales y extranjeras relacionadas al caso; 16) Detener y custodiar temporalmente en centros especiales de atención, a los extranjeros sujetos a deportación; 17) Coordinar actividades de supervisión y control con la Policía Nacional y otros entes para prevenir la inmigración clandestina e irregular; 18) Iniciar las entrevistas para el reconocimiento de la condición de refugiado; 19) Coordinar y ejecutar las actividades de inspección en los centros de trabajo, hoteles y similares, negocios, centros educativos públicos y privados, centros de diversión o de espectáculos públicos y cualquier centro público y privado, con el objetivo de determinar la condición migratoria de los extranjeros que se encuentren en ellos; 20) Coordinar la inspección de medios de transporte nacional e internacional, aéreo, marítimo y terrestre; 21) Ejecutar y supervisar los programas de apoyo y asistencia a los migrantes hondureños retornados al país; 22) Establecer planes de trabajo para ser ejecutados en su jurisdicción; 23) Representar a la Dirección General de Migración y Extranjería o a la Secretaria del Interior y Población en su caso, en las diferentes reuniones de trabajo requirentes y que estas se relacionen con la actividad migratoria y servicios de extranjería; 24) Apoyar a las instancias nacionales internacionales de seguridad en el combate al crimen organizado y al terrorismo internacional; 25) Llevar a cabo investigaciones especiales ordenadas por la Dirección General; 26) Autorizar los libros de control y registros de huéspedes utilizados por los hoteles, hospedajes y similares, 27) Dar cumplimiento a las disposiciones sobre visas y los alcances al Tratado Marco en cumplimento a los objetivos de la Integración de Centroamérica; 28) Llevar el control de los recibos de la Tesorería General de la Republica emitidos y pagados por servicios y tasas de control migratorio y extranjería; 29) Dar cumplimiento a las convenciones internacionales que se relacionan con los asuntos migratorios, así como a todas las disposiciones emanadas de las Cumbres Presidenciales, La Conferencia regional de Consulta sobre Migración CRM y de la Organización Centroamericana de Directores de Migración OCAM; 30) Realizar otras tareas afines que se le asignen” labores que no son de carácter temporal, transitorio o accidental; durante el tiempo en que prestó sus servicios suscribió sucesivos contratos que se denominaron unos Contratos de Prestación de Servicios Personales y otros Contratos de Prestación de Servicios Profesionales; en ellos se estipulaba los servicios, el monto, la jornada de trabajo y otras condiciones; por otra parte la naturaleza de un contrato no depende de la denominación que se le dé sino de las prestaciones a que se obligan las partes, en ese sentido se cumplen con los 3 requisitos que impone el artículo 20 del Código del Trabajo para que exista contrato de trabajo, en virtud que prestaba una actividad personal, ya que era directamente el, y nunca a través de terceros el que realizaba las labores mencionadas, incluso en los contratos se le indicaba que debería realizar sus labores personalmente y colaborar con el grupo de trabajo asignado por el jefe inmediato; estaba sujeto a una subordinación por que debía atender un horario de trabajo, marcaba asistencia en un libro, ejecutaba el trabajo que se le ordenaba y en el plazo que se le pedía, también en los contratos se podrá observar que entre otros elementos propios de un contrato individual de trabajo, se le señala que tendría un jefe inmediato quien era el Director General de Migración y Extranjería, quien le indicaría los métodos de trabajo a seguir, observaría el cumplimiento de sus funciones y demás indicaciones inherentes a su condición de jefe inmediato; además también consta en contrato que se le imponía el Reglamento Interno de la Secretaría de Estado para la cual laboraba como cualquier empleado permanente, debía estar disponible a cumplir tareas en cualquier lugar de la Republica, cuando así lo requiriera el superior jerárquico; percibía una remuneración por el servicio que prestaba; aunque en los contratos que firmo se denominaban Contratista no es la denominación del contrato lo que determina su naturaleza y la ley que debe aplicarse sino la clase de prestación que cada parte ofrece a la otra; aclarada que la relación con la demandada no es de Contratista por que prestaba un servicio personal que no podía delegar en otros intuitu personae, la naturaleza de su relación tampoco es temporal, transitoria o accidental, basta para ello señalar la cantidad de contratos suscritos en los cuales se desprende una actividad permanente dentro de la institución, los que sumados dan cuenta de más de ocho años de servicio, así como la misma naturaleza del cargo que desempeñó que fue funcionalmente el de Delegado de Migración desde el 23 de abril de 2006, es decir, no está comprendido en algún parámetro de temporalidad para que sea considerado como tal, precisamente la ahora Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, anteriormente conocida como Secretaria del Interior y Población a través del Instituto Nacional de Migración, antes conocida como la Dirección General de Migración y Extranjería, por medio de nota de Cancelación de Contrato de fecha 30 de julio del 2014 firmada por la Encargada del Departamento de Recursos Humanos, puso fin a la relación manifestándole que su contrato no sería renovado partir del 1 de agosto del 2014. La legislación es clara y contundente al preceptuar que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios, por tanto la nota en donde se le notificaba la cancelación del contrato es contraria a derecho porque es nulo de pleno derecho, sin necesidad que una autoridad lo declare así, todo acto que implique la renuncia, disminución, restricción o tergiversación de un derecho según la norma 128 constitucional, y en su caso el derecho a la estabilidad laboral está siendo vulnerada por esa comunicación en la que se alega finalización del contrato, cuando la cantidad de contratos suscritos y la actividad que realizaba son signos claros que realizaba una labor permanente; la parte demandada al proponerle la suscripción de contratos profesionales y personales por tiempo determinado lo que hace es cometer un fraudi legis, porque si bien es legal un contrato de servicios profesionales con vigencia temporal, esas condiciones no pueden aplicarse a quien no desempeña una profesión o presta un servicio en el ejercicio libre de una profesión y por un tiempo que ha excedido claramente 2 períodos constitucionales de gobierno; aplicarle ese tipo de contratos demuestra que su verdadera intención es sustraerse del imperio de la normativa laboral para escudarse en el campo de la autonomía de la voluntad donde el contrato es ley entre las partes y por ende se sujetan a lo que se pacta dentro del contrato, pero precisamente las normas de orden público frena la intención del demandado y hacen que la relación se encuadre en el ordenamiento jurídico respectivo; el artículo 52 párrafo tercero del Código de Trabajo dice “si antes de transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el período de prueba” la conclusión por disposición legal es más que obvia ya que este artículo encarna al principio de continuidad laboral según el cual si la naturaleza de la labor que dio origen a la relación subsiste a pesar de que tenga fecha de vencimiento el contrato en que se formalizó, debe entenderse que el contrato que regula tales actividades es permanente; lo expuesto permite concluir que el carácter de orden público del derecho del trabajo, así como la aplicación de los principios protectorios y de primacía de la realidad, determinan que los términos o condiciones del contrato no son la base de sustento para la calificación de la relación, sino que prevalece lo que ocurra en la real prestación del servicio y la naturaleza permanente o continua de las labores, conforme a la presunción legal establecida en el artículo 47 del Código del Trabajo, y excepcionalmente nuestra Legislación permite la contratación de empleados por tiempo limitado o a plazo fijo pero en aquellos únicos casos en que se específica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo según el artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo; sin embargo lo que dispone el artículo 47 y que está íntimamente relacionado el artículo 52 párrafo tercero, que preceptúa que todos aquellos contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración y que en el caso concreto las labores que he realizado lo he hecho de manera consecutiva por más de 8 años y no de carácter accidental o temporal sino más bien de manera necesaria y permanente en la institución demandada; por las razones expuestas el hecho de que se le haya comunicado la terminación de la relación so pretexto de vencimiento de contrato es una fragrante violación al principio de estabilidad, la nota de fecha 30 de julio del 2014, en la que se le comunica que a partir del 1 de agosto del 2014 su contrato de trabajo no será renovado, es una maniobra evasiva de responsabilidad laboral que intenta desconocer su carácter de empleado permanente, estatus que ha estado esperando se le reconozca desde hace más de ocho años; en fecha 5 de septiembre del 2014, compareció ante la oficina de Conciliación y Mediación de la Dirección General del Trabajo, para Tratar de llegar a un arreglo conciliatorio, el que no fue posible por la no comparecencia de la parte demandada, por lo que se dio por agotada la vía administrativa gobernativa, quedando expedita la vía judicial.- 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando que el demandante prestó sus servicios mediante la suscripción de Contratos de Servicios Profesionales, los que eran temporales y por periodos determinados, con fecha de inicio y finalización, en el cargo Inspector de Migración, en la Dirección General de Migración y Extranjería, tal como consta en archivos de la Dirección que ha sido suprimida por reestructuración estatal y creado el Instituto Nacional de Migración por Decreto Ejecutivo PCM-031-2014 de fecha 30 de junio del 2014, desempeñándose el demandante en el cargo de Delegado de Migración; la actividad profesional era realizada bajo las condiciones de los contratos suscritos y será la parte actora quien deberá probar en el momento procesal oportuno la fecha de inicio de su actividad laboral así como el monto que aduce haber devengado como salario mensual; rechaza que las labores desempeñadas fueron de manera continua e ininterrumpida, pues la contratación fue mediante un Contrato de prestación de Servicios Profesionales, ya que no puede en forma antojadiza atribuirse un derecho subjetivo que además de ser inexistente no le corresponde, en ningún momento dentro de la vigencia de los contratos utilizo la normativa del artículo 867 del Código de Trabajo, ni manifestó su oposición al ente administrativo ni a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, el cambio de su estatus, contrario sensu acepto y consintió esa forma de contratación y ahora pretende calificar esta modalidad de contratación como una simulación por el hecho de haber prestado su servicio por más de 200 días conforme a la normativa del artículo 347 del citado Código de Trabajo; la parte demandante tratando de aplicar erróneamente la normativa de los artículos 128 y 129 de la Constitución de la Republica, que invoca para sustentar sus exigencias de beneficios inexistentes que no se aplican en el caso que nos ocupa, mismos que no se objetan ya que estos son de orden público y su aplicación es generalizada, en virtud que suscribió contratos de Servicios Profesionales, bajo términos y condiciones claramente establecidas, no obstante que estos se encontraban enmarcados dentro del Contrato Administrativo de Servicio Profesionales, los cuales establecen las cláusulas que los regirán; por otra parte no puede calificar como simulación o fraude a la Ley el hecho de haber suscrito contratos a término para la prestación de sus servicios profesionales, porque entonces estaría afirmando que el demandado no tiene la facultad de suscribir este tipo de contratos, por lo tanto estarían frente a contratos sin validez jurídica y en su defecto los contratos firmados por el reclamante no tendría existencia ni objeto su reclamo; en relación que lo manifestado por el demandante es reiterativo en el sentido de enunciar sus funciones ya que no se debe a no cumplir con las mismas, ni que estas son de un empleado permanente ya que son las actividades para lo cual se le contrato mediante contratos de Servicios Profesionales, y ya que llego a su finalización razón por la cual se da por terminado la relación laboral, en virtud que suscribió Contratos de Servicios Profesionales, bajo términos y condiciones claramente establecidas, no obstante que estos se encontraban enmarcados dentro de los mismos contratos, los cuales claramente establecen las cláusulas que los regirán como ser la cláusula quinta “la duración del presente contrato será de treinta (30) días”, en las cuales ambas partes se obligaron y aceptaron sus respectivas vigencias, tanto la fecha de inicio como de finalización, y de acuerdo a lo estipulado concluyó la vigencia de los referidos contratos; de la misma manera se rechaza la utilización del texto legal del artículo 52 último párrafo del Código del Trabajo, que establece, no puede aplicarse de forma antojadiza su texto legal que también no se objeta, pero la actividad temporal es porque no existe la plaza para un nombramiento permanente; en consecuencia se deduce que el reclamante solo pretende aplicar una norma jurídica laboral con el único objeto de utilizarlo para el reconocimiento de un derecho inexistente ni tiene ningún sustento jurídico, por ser este meramente ilusorio e imaginario y sostener un supuesto contrato de trabajo por tiempo indeterminado; en consecuencia el reconocimiento de un derecho que no tiene ningún sustento jurídico, se reduce únicamente a un reclamo meramente ilusorio e imaginario procurando sustraer del erario público determinada cuantía que no le corresponde pues el derecho subjetivo exigido es inexistente, y será probado en el momento procesal oportuno del juicio; en relación que en efecto se notificó al demandante por escrito la finalización de su contratación que vale decir que el mismo contrato ya establecía de antemano la fecha de finalización, de lo cual siempre tuvo conocimiento el reclamante; por lo que no puede considerarse a la parte actora de la demanda, como empleado permanente, en virtud que la renovación de contratos no constituye una presunción de considerársele como empleado permanente, sujeto a derechos que corresponden a personas que si tienen una relación laboral permanente y no por tiempo determinado ya que tenía una fecha de terminación; es así que por razones presupuestarias al amparo de lo que establece el Decreto 266-2013 en su Artículo 124-C párrafo segundo de la Ley Para Optimizar La Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, vigente desde el 23 de Enero del 2014 que establece “en caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes”, en virtud a lo estipulado por el demandante en relación a que se le está discriminando, ya que no es el caso simplemente su tipo de contratación fue por tiempo limitado por ser contratos de Servicios Profesionales, lo cual siempre fue del conocimiento del reclamante sin presentar oposición alguna de su parte; sin embargo la parte actora tratando de aplicar erróneamente la normativa del convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que invoca para sustentar sus exigencias de beneficios inexistentes que no se aplican, mismos que no se objetan ya que estos son de orden público y su aplicación es generalizada, ya que no se debe a discriminación, si no a que su contrato llego a su terminó; en relación al reclamo administrativo ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, para agotar el procedimiento de conciliación pero no hubo acuerdo conciliatorio a efecto de lograr su reintegro, en virtud que El Estado de Honduras a través del Instituto Nacional de Migración adscrita actualmente a la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, conforme el Decreto Ejecutivo No.PCM-031-2014, no está facultada para aceptar imposiciones de derechos subjetivos inexistentes ni beneficios que no le corresponden por tratarse de contratos de Servicios Profesionales, por un periodo determinado y limitado, no obstante que la parte demandante en forma errónea presentó su reclamo ante esta Secretaría, dando por agotado el Trámite Administrativo, omitiendo la normativa de la Ley Orgánica de Presupuesto que prescribe “los contratos del Poder Ejecutivo son convenciones, en virtud de los cuales el Estado y las Personas individuales o jurídicas se obligan recíprocamente mediante la suscripción de un documento a cumplir las disposiciones pactadas”, los contratos que suscriban están sujetos al derecho administrativo, a tal efecto la Secretaría de Trabajo no es competente para conocer sobre Contratos Administrativos, por consiguiente la pretensión exigida en este juzgado debe ser declarada sin lugar porque no le asiste el derecho y será en el proceso del debate que se acreditara que el reclamante no tuvo sustentación jurídica para litigar, en consecuencia se le condene especialmente en costas.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de junio del 2019, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor LOIS FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAÀAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- SEGUNDO: SE CONDENA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostiene el señor LOIS FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS con el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, directamente con el INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, se le reconoce una antigüedad laboral desde el 23 de Abril del 2006, asimismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; por despido ilegal e injusto, asimismo a REINTEGRAR a su puesto de trabajo como Delegado de Migración en iguales o mejores condiciones en el Instituto Nacional de Migración, más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que el demandante sea debidamente reinstalado, así como la restitución de sus funciones.-TERCERO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al demandante LOIS FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS la cantidad de (Lps. 20,000.00) en concepto de vacaciones correspondiente a los periodos 2012-2013 y 2013-2014; CUARTO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al demandante LOIS FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS en concepto de décimo tercer y cuarto mes de salario; QUINTO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar al demandante LOIS FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS en concepto de horas extras. SEXTO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que ha quedado debidamente comprobado mediante los Contratos suscritos, y el medio de prueba reconocimiento judicial, que el último salario devengado fue por la cantidad de L. 15,000.00, y el último cargo desempeñado fue como Delegado de Migración, la fecha de inicio de la relación laboral fue en fecha 23 de abril del 2006; el demandante solicita el pago de vacaciones y siendo que la contratación no regula el pago de tal derecho, es procedente conceder el pago en concepto de vacaciones correspondientes a los periodos 2012-2013 y 2013-2014, lo cual asciende a la cantidad de L. 20,000.00; dentro de las pretensiones la parte demandante también solicita el pago del décimo tercer y cuarto mes, ha quedado acreditado mediante el medio de prueba reconocimiento judicial, que al demandante efectivamente se le pagaron dichos conceptos, por lo que resolvió sin lugar tales conceptos; asimismo pretende el pago de horas extras, mediante el medio de prueba reconocimiento judicial, se constató que no se le han pagado horas extras los últimos dos años, no obstante, el demandante no especifico las fechas y el número de horas que laboró de manera extraordinaria, y siendo que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca sobre los hechos alegados, sino que debe fundamentarse su demostración por medios de prueba legales, siendo estos los instrumentos legales y necesarios que se valen las partes para demostrar al Juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho, es imprescindible que la prueba se produzca para que el órgano jurisdiccional pueda calificarla, ante ello la parte demandante únicamente expresó que reclamaba tales pretensiones, y la prueba no arroja datos específicos, en consecuencia se ve imposibilitada de pronunciarse en cuanto a dichas pretensiones y esta deberán de ser declaradas sin lugar; para los efectos legales pertinentes constituyen hechos probados que la relación laboral inicio en fecha 23 de abril del 2006, y finalizó el 31 de julio del 2014, devengando un salario mensual de L.15,000.00, y el cargo desempeñado era Delegado de Migración.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de enero del 2021, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que la decisión unilateral del demandado en dar por finalizada la relación laboral, en fecha 30 de julio del 2014 por falta de renovación, sin que por tal motivo haya lugar a la terminación de la relación laboral; por lo que la demandante hizo uso del derecho que le conceden los artículos 113 y 117 del Código del Trabajo, cual es de emplazar a su patrono ante los Tribunales del Trabajo para que le pruebe la justa causa en que fundó el despido, caso contrario, el patrono deviene obligado a elección de la demandante al reintegro a su puesto de trabajo; y solicitar a título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva; a consecuencia del despido ilegal de que ha sido objeto la trabajadora. Que la parte demandante reclama el pago de horas extras calculadas en L. 130,524.50, sin que haya acreditado fuera de los límites para la jornada ordinaria convenida por las partes, con determinación de las fechas, horas que laboro en el periodo nocturno, o durante la prolongación de la atención al artículo 330 del Código del Trabajo, en contraposición, artículo 331 del Código del Trabajo, que establece que horas extraordinarias cuando el trabajador las ocupe imputables solo a él, cometidos durante la jornada ordinaria; si bien es cierto el demandante aporto al proceso en un control de asistencia diaria que determina hora de entrada y hora de salida durante algunas fechas en los meses de mayo, junio y julio del 2014 y de otras fechas ilegibles, no obstante, la prueba aportada resulta insuficiente, al no especificar fechas y número de horas, así como los trabajos encomendados durante las horas de trabajo extraordinaria durante los dos últimos años, pese a que la parte demandada mediante prueba de reconocimiento judicial haya expresado que no se le pagaron horas extras, por las razones expuestas procede a confirmar la sentencia dictada en primera instancia.- 5. Mediante auto de fecha 01 de junio del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado PATRICK PAMILO RIVERA VALLADARES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, y el recurso de casación interpuesto por el Abogado EDMOND GABRIEL FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS, en condición de representante procesal del señor LOIS FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada una de las Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) al apoderado demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) al representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior.- 6. En fecha 19 de enero del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado EDMOND GABRIEL MADRID ROMERO, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 19 de enero del 2022, se confirió traslado a la parte contraria, por el termino de veinte días para que formule su demanda de casación; en fecha 24 de marzo del 2022, compareció el Abogado ALEJANDRO ISAAC CARIAS LOPEZ, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 24 de marzo del 2022, se omitió el traslado, dando copia a la parte contraria para la contestación en forma común, por el termino de diez días; por lo que mediante providencia de fecha 27 de mayo del 2022, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado EDMOND GABRIEL MADRID ROMERO; y en proveído de fecha 25 de julio del 2022, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Abogado ALEJANDRO ISAAC CARIAS LOPEZ, para contestar la demanda de casación planteada, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado Edmond Gabriel Madrid Romero en el primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta, proveniente de error de hecho, manifiesto en la apreciación errónea del medio de prueba documental que obra a folios 648 al 656 de la primera pieza de autos y reconocimiento judicial que obra a folio 715 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 128 numeral 1 párrafo penúltimo de la Constitución de la Republica, en relación al 70 párrafo tercero de la Constitución dé la República y artículo 330 párrafo introductorio, numerales primero y segundo del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA La prueba no apreciada por el Ad quem consiste en: a) DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el control de asistencia del trabajador demandante, que corre a folios 648 al 656 de la primera pieza de autos y; b) RECONOCIMIENTO JUDICIAL que obra a folio 715 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN La motivación de la sentencia es aquel requisito intrínseco que permite conocer, como su nombre lo indica, cuáles fueron los razonamientos empleados por el Juzgador que lo llevaron a fallar de determinada manera. El Tribunal Ad quem en su fallo impugnado absuelve al Estado de Honduras de pagar a mi representado horas extras so pretexto que no hay prueba suficiente a pesar de que señala en su sentencia impugnada los folios en los que obra la prueba que hace referencia a las horas extras. En efecto el Ad quem si bien ha apreciado en su sentencia la prueba con la cual se ha acreditado que el señor Lois Lezama realizaba horas extras, resulta que las ha valorado erróneamente ya que ha imputado a esa labor hecha por el trabajador fuera de la jornada ordinaria con valor de reparación, es decir, como un tiempo empleado por el trabajador para subsanar sus errores. Esta forma de apreciar la prueba con respecto a las horas extras es errónea per se, porque el Tribunal de Alzada no justifica donde consta los elementos que la llevaron a concluir que el señor Lois Lezama empleaba el tiempo laborado en las horas extras para subsanar los errores cometidos durante la jornada ordinaria. La prueba aportada demuestra que el señor Lois Lezama laboró horas extras y conforme a la disposición constitucional contenida en el artículo 70 párrafo tercero ningún servicio deberá prestarse gratuitamente, que es exactamente lo contrario que hace el fallo al negar al trabajador gozar del pago de horas extras; en este sentido el artículo 128, numeral 1, párrafo penúltimo de la Constitución de la República, infringido indirectamente por la sentencia impetrada, concede a todo trabajador el derecho a percibir una remuneración por el trabajo realizado en jornada extraordinaria la cual se hará según esa misma disposición conforme a la ley y al respecto el artículo 330 numerales primero y segundo del código del trabajo señala los porcentajes con los cuales se hará el cálculo para la liquidación respectiva de las horas extras. Si la Corte recurrida hubiera apreciado las pruebas correctamente señaladas concluiría sin error que el señor Lois Lezama tiene derecho a recibir el pago de las horas extras por él realizadas y acreditadas en juicio, de lo contrario se niega la remuneración por trabajo realizado y se vuelve gratuito, lo que implica ir contra la misma norma constitucional”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) las normas que indica como violadas (Artículo 128 de la constitución de la Republica) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos; y, c) formula alegatos propios de instancia.- IV.- Que Abogado Alejandro Isaac Carias López en el primer y único motivo de casación alega: Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el articulo 765 numeral uno párrafo segundo del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION. La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán Fallo en forma definitiva y unanimidad de votos la sentencia dictada en fecha dieciocho (18) de enero del dos mil veintiuno (2021), visibles a folios veintiocho (28) al folio al treinta y uno (31) de la pieza Separada en su acápite TERCERO: CONFIRMO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha veintiuno (21) de junio de dos mil diecinueve (2019) que corre agregada a folios 726 al 730 de la primera pieza lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el fallo recurrido de la Corte de Apelaciones del Trabajo contienen una mal aplicación de la ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, ya que la Relación laboral que existió entre el demandante y mi representado estaba sujeto a un Régimen de contrato de Servicios Profesiones por tiempo transitorio y determinado, por lo que no ameritaba expresar causa alguna pues además de haber concluido su contrato por haber llegado a su fecha de finalización ya establecía en la Cláusula QUINTA, así como en la cláusula SEPTIMA hace referencia que dicho contrato podrá rescindirse por Acuerdo entre ambas partes, además en la Sentencia definitiva de fecha, veintiunos (21) de Junio del año dos mil diecinueve (2019) no se encuentra apegada a derecho a no tomarse en cuenta que lo único que existió entre la ahora demandante y mi representado fue únicamente una relación contractual de prestación de Servicios temporales. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE La Prueba singularizada apreciada erróneamente por el Tribunal de alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en Documentos públicos, agregados al expediente de mérito. A consecuencia de ello el Juzgador no valorizo la actividad laboral per se pues como se aprecia en el Contrato de Servicios Profesionales en las Cláusulas Quinta, Séptima y Novena: en su orden resaltan y claramente dejan en evidencia que la demandante poseía una buena capacidad cognitiva de que no era una empleada permanentes por ende no tenía derecho a prestaciones ni derechos ulteriores a la finalización de los contratos, así mismo la fecha de terminación del contrato era algo ya establecido y aceptado por la hoy demandante y para concluir bajo el régimen de contratación que estaba sometida y las leyes que regían sus contratos; quedo demostrado que por parte del Instituto se cumplió para con la demandante con todo lo pactado en virtud de una Contratación de Servicios Profesionales y por lo tanto la causa de No renovarle su contrato es legal y debe declararse sin lugar el pago de prestaciones sociales, a título de daños y perjuicios salarios dejados de percibir. Por otra parte, en los Considerando tres, cuatro cinco y seis del Fallo de la Corte de Apelaciones del Trabajo en su orden establece que "las labores para las cuales fu contratada son de naturaleza permanente; y que Corresponde al Derecho Laboral conocer la causa, asimismo que se ha violentado el principio de estabilidad laboral; Que el despido sin causa es ilegal e injusto; Que se pretendió simular la contratación en base a los principios del Derecho Laboral" de esta forma determino declarar con lugar la demanda incoada, condenando a los derechos que le asisten a la demandante por no haberse acreditado que el despido fue justifica o, sin apreciar el A-quo, y el Adquem, que previo a la fecha de dictar sentencia, estaba ya vigente el DECRETO EJECUTIVO PCM 031-2014 PUBLICADO EN LA GACETA NO.33,468 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2014 que contiene la ley de creación del INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION; decreto que en su artículo 1 atribuyen la creación del Instituto Nacional de Migración es un ente desconcentrado de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, con personalidad jurídica propia, independencia administrativa, funcional, Limitando entonces el cumplimiento de condena a prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por tanto consideramos que hay una falta de estudio por parte del A-quo del Adquen, en vista que el reclamante prestó sus servicios para la extinta Dirección General de Migración y Extranjería, institución que era parte de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Considerando que con fundamento en el artículo 208 en relación al artículo 205 numeral 2 del Código Procesal Civil la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el proceso, caso contrario nos encontraríamos entonces frente a una situación injusta y con parcialidad, debido a que el sentenciado favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte actora sin sustento jurídico, decisión que debía tomar el Juzgador atendiendo a criterios objetivos de justicia que no conlleva la falta de neutralidad o de injusticia en el modo de proceder o juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiado , sin influencias, ni perjuicios, decisión que debería "superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercito el Aquo" y esto no lo está permitiendo, ni tampoco agravaría en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso. Por lo anteriormente expuesto, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial de fecha dieciocho (18) de enero del dos mil veintiuno (2021), que conociendo vía Recurso de apelación confirmó la sentencia definitiva de Primera Instancia dictada en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecinueve (2019), por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO A UN PUESTO DE TRABAJO, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y DEMAS DERECHOS, QUE SE RECONOZCA A LOS EMPLEADOS DURANTE LA SUSTANCIACION DEL JUICIO, RECONOCIMIENTO DE CONDICION PERMANENTE POR LA SUSCRIPCION DE VARIOS CONTRATOS PARA UNA MISMA LABOR Y POR LA NATURALEZA DEL CARGO Promovida por el señor: LOIS FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS , en contra de mi representado el Estado de Honduras”.- V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) invoca infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) el precepto autorizante indicado no es compatible con el tipo de infracción; c) invoca la infracción directa, pero alude al material probatorio que en su parecer no fue tomado en cuenta por el juzgador, cuando ese tipo de violación de la ley se da con independencia de las pruebas, por lo que no es la vía apropiada para el ataque al fallo impugnado; y, d) formula alegatos propios de instancia.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado EDMON GABRIEL MADRID ROMERO, su condición de representante procesal del señor LOIS FERNANDO LEZAMA CASTELLANOS, en su único motivo de casación. 2) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado por el abogado ALEJANDRO ISAAC CARIAS LOPEZ, ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Dirección de Migración y Extranjería, actualmente Instituto Nacional de Migración, en su único motivo de casación; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes octubre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 202-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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