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Sentencia CL-198-20 — Registro 14956

Resumen

Demanda ordinaria laboral para que el patrono sea condenado al reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento de la suspensión del contrato laboral de manera ilegal e injusta, pago de los salarios que dejó de percibir desde la fecha de la arbitraria suspensión hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales se cumpla con el reintegro al puesto de trabajo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella."...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 17 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que, revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme al principio de congruencia ya que en base a lo establecido en el Código del Trabajo en cuanto a la suspensión de los contratos, la misma fue sometida a la autorización de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, emitiendo dictamen No. 569-2016 de fecha 15 de agosto del 2016, mediante la cual autoriza la suspensión solicitada por 120 días contados a partir desde el día 16 de enero del 2016, (F132 a135 de la primera pieza) por lo que al momento de la notificación de fecha 16 de noviembre del 2015, la suspensión del contrato a la demandante tal como consta a folio 5 de la primera pieza de autos era a partir del 16 de diciembre del 2015, quedando suspendido sus salarios por lo cual no era procedente ya que no se autorizo por el ente competente antes mencionado, estando la demandante dentro del término para realizar la reclamación correspondiente; el Juzgador debe resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, así como la decisión sobre hechos que resultaren controvertidos de acuerdo al objeto del debate que se fije en el proceso, la sentencia debe estar conforme a la reclamación formulada, para que el Juez no vaya más allá de lo que la Ley le faculta, de acuerdo con las razones alegadas y probadas.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente.- XI.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XII.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 26 de enero del 2022, por el Abogado ERICO DARIO FIGUEROA GARCIA, en su condición de representante procesal de la señora NORMA ELIZABETH PUERTO PACHECO, como recurrente; además, es parte recurrida, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), representada en juicio por el Abogado JORGE DAVID MEZA VÁSQUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono sea condenado al reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento de la suspensión del contrato laboral de manera ilegal e injusta, pago de los salarios que dejó de percibir desde la fecha de la arbitraria suspensión hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales se cumpla con el reintegro al puesto de trabajo, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha 14 de abril del 2016, por la señora NORMA ELIZABETH PUERTO PACHECO, mayor de edad, Licenciada Docente del CUROC, hondureña y con domicilio en la ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), representada legalmente en ese momento por la señora Rectora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 11 de septiembre del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha 15 de noviembre del 2017, proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, misma que en su parte conducente dice: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARA HABER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la Abogada HANYI SARAI ACOSTA REYES, en su condición de apoderada procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS; SEGUNDO: SE DECLARA SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia, pare el Reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones y el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos sociales, promovida por la señora NORMA ELIZABETH PUERTO PACHECO, en contra de LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. No se condena a derechos adquiridos por haber sido cancelados estos conceptos como se ha referido previamente; TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS a la parte demandante pues de acuerdo al criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, si bien es cierto en materia laboral prevalece el principio de gratuidad, ello no obsta para que los Tribunales puedan imponer o no la condena en costas, no bajo las reglas establecidas en el Código Procesal Civil, sino por los criterios donde el Juzgador laboral estime que no existen suficientes razones para litigar, no lo han hecho en forma desleal, mala fe o temeridad. Por lo cual no concurren estas circunstancias para condenar en Costas...”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que tenía 14 años continuos e ininterrumpidos de venir desempeñando el cargo de docente en el Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC), en el área de enfermería; manifestó que fue de su sorpresa recibir por parte del señor jefe de personal en conjunto del coordinador de la carrera de enfermería el 16 de noviembre del 2015, fuera de su jornada de trabajo y en un lugar fuera de las instalaciones del centro regional, el oficio número 1242-SEDP firmado por la Msc. Jacinta Ruiz, en su condición de Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Personal, donde se le informó que, a partir del 16 de diciembre de 2015, quedaba suspendido su contrato de trabajo, basándose en el artículo 100 numeral 1 del Código de Trabajo en el cual hacía referencia a la “Falta de materia prima o fuerza motriz”, aduciendo que no había demanda estudiantil para la carrera de enfermería. Argumentó además que el hecho en que se fundó la Secretara Ejecutiva, carece de validez en vista de que aun había alumnos pendientes de terminar dicha carrera, alumnos cuyos nombres son: Anny Carina Tabora Villanueva No. 20012500158, Iris Carolina Bolaños No. 20092102188, Maria Consuelo Bueso Bueso No. 20122100028, Blanca Ondina Benites No. 20122102048 y Maria Martina Pineda Sarmiento No. 20082100610, no obstante, de igual manera cayó en inobservancia del artículo 50 del Estatuto del Docente universitario es claro en el expresar que la contratación del personal aprobado en el concurso, así como su remoción se haría por el Rector, siendo que de esa manera la Msc. Jacinta Ruiz, no era la autoridad competente para tomar dichas decisiones las cuales eran funciones únicas y exclusivas de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pudiendo caer en un abuso de autoridad, según el artículo 349 numeral dos del Código Penal, y que al sentar como firme el oficio en cuestión, recayó esta misma figura el señor jefe de personal del centro, como el Coordinador de la carrera enfermería al ejecutar una orden que violenta las leyes como lo es en este caso, asimismo recaen inobservancia el incumplimiento del contrato colectivo en sus cláusulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, porque en ningún momento se le dió a conocer ante sindicato sobre su situación, tomando así una decisión arbitraria por parte del patrono y dejando por fuera y violentando la independencia del sindicato, atropellando de manera abusiva las garantías constitucionales del debido proceso, asimismo se violentó la cláusula número 17, 18, 19, 20, 21 y 22, del contrato colectivo de trabajadores firmado entre la UNAH y SITRAUNAH, ya que no se respetó el derecho a la estabilidad laboral después de 14 años continuos e ininterrumpidos que tenía la demandante como docente en el Centro Universitario Regional de Occidente; manifestó además que las cláusulas establecían que no era motivo de despido la supresión de puestos de trabajo y las cláusulas 20 y 22 mencionaban que la universidad se comprometía a gestionar la reubicación en otro puesto de trabajo o similar, situación que se dejó completamente sin valor al simplemente tomar una decisión arbitraria de suspenderle el contrato de trabajo y haciendo caso omiso al recurso de nulidad contra dicho oficio presentado en fecha 16 de diciembre del 2015, de igual forma se incumplió lo establecido en el Código del Trabajo en el artículo 101 párrafo segundo donde se expresaba que la suspensión debía ser previamente autorizada por parte de los autoridades competentes de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social; además argumentó que la suspensión carecía del respaldo jurídico ya que el oficio enviado carecía de todo tipo de sellos de recepción por parte de la Secretaria de Trabajo, así como copia autenticada del dictamen emitido por dicha secretaria autorizando la suspensión del contrato laboral; aduciendo con ello que los derechos y garantías laborales y constitucionales le fueron claramente violentadas negándole el derecho constitucional a la debida defensa, y al debido proceso, así como los derechos emanados del contrato colectivo que garantizaba la estabilidad laboral.- 2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que la demandante se desempeñaba como profesora por hora impartiendo la clase denominada ejercicios profesionales (practica), en la carrera de enfermería plan B, carrera que en la actualidad ya no existe, ya que dicha carrera entro en desgaste por la demanda estudiantil y sumado a ello porque era parte de un convenio firmado entre la UNAH y la Secretaría de Salud, y en el año 2015 se mantenía solo para que se graduara la última promoción, ya que los estudiantes llevaban su última clase denominada ejercicios profesionales (practica), que la impartía la demandante; manifestó que los demás grupos de enfermeras compañeras de la demandante que se desempeñaban como profesores renunciaron debido al desgaste de la misma, apegándose a la cláusula 32 del Contrato Colectivo, suscrito entre la UNAH y el SITRAUNAH, que plasmó que en caso de renuncia se les pagarían sus prestaciones laborales y que en un momento determinado fue citada la demandante para explicarle que la carrera iba ser cancelada porque ya no había demanda estudiantil y que tomara el pago de sus prestaciones, a lo que la demandante rechazo manifestando que “No yo quiero seguir trabajando”. Alegó que ante la situación insostenible y respetuosa de la ley se vió en la necesidad de solicitar ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social la suspensión del contrato de trabajo de la demandante, amparada en el artículo numero 100 numerales 1 y 15 del Código del Trabajo, la cual después de un proceso prescrito en la ley la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social aprobó la suspensión lo que la hizo legal y que las autoridades correspondientes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras son responsables de velar por el uso eficiente de las recursos que el Estado le asigna en virtud de que no podía estar pagando a una empleada sin trabajar pues era evidente que no había carga académica en virtud del desgaste de la carrera.- 3. El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha 15 de noviembre del 2017, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “PARTE DISPOSITIVA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia, para el Reintegro al Trabajo en Iguales o Mejores Condiciones y el pago de los Salarios Dejados de Percibir a Título de Daños y Perjuicios y Demás Derechos sociales por la Violación de Derechos Constitucionales y Laborales, promovida por la señora NORMA ELIZABETH PUERTO PACHECO, en contra de LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, representada legalmente por la entonces RECTORA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia.- SEGUNDO: Que una vez firme el presente fallo, deberá ser reintegrado a sus labores la NORMA ELIZABETH PUERTO PACHECO en iguales o mejores condiciones, quien se desempeñaba como docente del CUROC de esta Ciudad de Santa Rosa de Copan; debiéndosele pagar los salarios dejados de percibir desde el día 16 de diciembre del año 2015, hasta la fecha en que sea reintegrada a su trabajo la demandante. TERCERO: No precede la condena en Costa”; bajo el criterio que, al analizar la situación laboral de la señora Puerto Pacheco, nos damos cuenta que la UNAH, le violentó a un ciudadano hondureño, sus garantías laborales consagradas en la Constitución y el Código del Trabajo; por lo que es imperativo su reintegrado al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; el artículo 100 del Código de Trabajo da las causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad de las partes, invocando a la patronal en el presente caso la causal enunciada en el numeral primero; dando el articulo subsiguiente el procedimiento a seguir y este es imperativo que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social mediante el inicio de un expediente administrativo debe comprobar la causa y decidir sobre su procedencia mismo que se llevó a cabo declarándose con lugar el trámite; el artículo 102 del mismo cuerpo legal, dice: que la causa invocada en este proceso tuvo que haberse notificado al trabajador con treinta días de anticipación requisito que fue cumplido; a nuestro entender “el procedimiento fue viciado por no haberse notificado a la Secretaría de Trabajo por parte del patrono de la reanudación del trabajo de la señora Puerto para que esta mediante los mecanismos autorizados fuese notificada de lo dicho por lo que al haberse obviado esto último le acarrea responsabilidad al empleador”.- 4. La Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha 11 de septiembre del 2020, dictó sentencia REVOCANDO la proferida por el a quo, misma que en su parte conducente dice: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARA HABER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la Abogada HANYI SARAI ACOSTA REYES, en su condición de apoderada procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS; SEGUNDO: SE DECLARA SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia, pare el Reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones y el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos sociales, promovida por la señora NORMA ELIZABETH PUERTO PACHECO, en contra de LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. No se condena a derechos adquiridos por haber sido cancelados estos conceptos como se ha referido previamente; TERCERO: SIN CONDENA EN COSTAS a la parte demandante pues de acuerdo al criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, si bien es cierto en materia laboral prevalece el principio de gratuidad, ello no obsta para que los Tribunales puedan imponer o no la condena en costas, no bajo las reglas establecidas en el Código Procesal Civil, sino por los criterios donde el Juzgador laboral estime que no existen suficientes razones para litigar, no lo han hecho en forma desleal, mala fe o temeridad. Por lo cual no concurren estas circunstancias para condenar en Costas...”. Bajo el criterio que siguiente: “Según consta en el aviso por escrito dado a la trabajadora en fecha 16 de noviembre del 2015 por la parte patronal, se le notificaba de la suspensión del contrato de trabajo a partir del 16 de diciembre del 2015, por lo cual se cumple con dicho termino. Vale decir que la resolución dictada por la autoridad administrativa correspondiente (Secretaría de Trabajo y Seguridad Social) al declarar con lugar dicha suspensión, es válida por cuanto es ella quien tiene la potestad de definir si autoriza o no la misma, no plasma la ley que se revise por parte de la autoridad judicial dicha resolución a efecto de examinar su legalidad, ya que conforme a lo aportado en el expediente correspondiente es esa autoridad quien toma la decisión de verificar su legalidad. La resolución proferida por la Secretaría del Trabajo, fue del conocimiento de la ahora demandante, esto por propia aceptación en el libelo de la demanda en la parte final del hecho segundo, donde inclusive se le fue enterada del Dictamen emitido por dicha Secretaría autorizando la suspensión de su contrato laboral. En dicha resolución con meridiana claridad se establece que la suspensión del contrato de trabajo de la señora Puerto, era por el termino de ciento veinte (120) días, contados a partir del dieciséis de enero del año dos mil dieciséis (2016), por lo que la misma vencía en fecha dieciséis de mayo de ese mismo año. Con lo cual la trabajadora debió esperar que transcurriera dicho plazo para que, en primer lugar la parte patronal notificara a la Secretaría del Trabajo de la reanudación de los trabajos (artículo 103 del Código del Trabajo) y después que le fuera notificada a ella dicha reanudación, para reincorporarse al trabajo dentro de los treinta días siguientes en que la Secretaría recibió el aviso escrito. Sucedió que la señora Puerto entabló las acciones administrativas y judiciales antes del vencimiento de dicho plazo, con lo cual resultaba inane que se hiciera la anterior notificación a la Secretaría del Trabajo por parte de la Universidad, como parte patronal. A partir del cumplimiento de este plazo y si la empleadora no era notificada de la reanudación de las labores, debía considerarse despedida, lo cual le daba derecho a ejercitar las acciones que dimanan del artículo 110 del Código del Trabajo, por lo cual entablo la demanda sin antes haber sido despedida de manera directa o indirecta. En materia laboral, se definen los derechos adquiridos como aquel conjunto de derechos que nacen en el momento que se da inicio a la relación de trabajo y que, sin importar como concluya ésta, deben ser reconocidos por el empleador. Es decir, indiferentemente de que la relación laboral haya terminado por despido, dimisión o desahucio, el empleador está en la obligación de reconocerle estos derechos al trabajador, pues los hechos que dieron origen a los mismos ya sucedieron y, como consecuencia, se generaron unos derechos. Esta obligación fue satisfecha tal como consta en constancia que obra a folio 3 y 14 del expediente incoado ante la Secretaría del Trabajo, donde se le cancela a la señora Puerto el salario por el último periodo académico laborado y además los derechos adquiridos, por lo que no precede su condena… Además, reconoce dicho Contrato que en caso de renuncia o despido injustificado se le reconocerá todos sus derechos a los trabajadores, no obstante no se trata en este caso ni de despido injusto ni de renuncia de la trabajadora, por lo que no es acreedora a estos conceptos la misma”.- 5. Mediante auto de fecha 07 de octubre del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ERICO DARIO FIGUEROA GARCIA, en su condición de representante procesal de la señora NORMA ELIZABETH PUERTO PACHECO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 26 de enero del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado ERICO DARIO FIGUEROA GARCIA, en su condición de representante procesal de la señora NORMA ELIZABETH PUERTO PACHECO, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 14 de marzo del 2022, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que, revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme al principio de congruencia ya que en base a lo establecido en el Código del Trabajo en cuanto a la suspensión de los contratos, la misma fue sometida a la autorización de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, emitiendo dictamen No. 569-2016 de fecha 15 de agosto del 2016, mediante la cual autoriza la suspensión solicitada por 120 días contados a partir desde el día 16 de enero del 2016, (F132 a135 de la primera pieza) por lo que al momento de la notificación de fecha 16 de noviembre del 2015, la suspensión del contrato a la demandante tal como consta a folio 5 de la primera pieza de autos era a partir del 16 de diciembre del 2015, quedando suspendido sus salarios por lo cual no era procedente ya que no se autorizo por el ente competente antes mencionado, estando la demandante dentro del término para realizar la reclamación correspondiente; el Juzgador debe resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, así como la decisión sobre hechos que resultaren controvertidos de acuerdo al objeto del debate que se fije en el proceso, la sentencia debe estar conforme a la reclamación formulada, para que el Juez no vaya más allá de lo que la Ley le faculta, de acuerdo con las razones alegadas y probadas.- VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral.- VIII.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.”.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente.- XI.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XII.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;100, 101, 102, , 666 letra c) 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil;43 de la Ley del Salario Mínimo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de Santa Rosa de Copan, Copan, de fecha 11 de septiembre del 2020, visible a folios 40-45 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes agosto del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 198-20.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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