Sentencia CL-182-20 — Registro 14952
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la supuesta justa causa para despedirle verbalmente, caso contrario que sea condenado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por el despido injusto, reajuste de salario mínimo, vacaciones adeudadas, décimo tercer y décimo cuarto adeudado, horas extras, salarios dejados de percibir, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...". Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se indica el concepto de infracción directa e interpretación errónea, modalidades de violación a la ley sustantiva, incompatibles entre sí, que se deben señalar en forma separada por la independencia de los cargos; b) se indican como normas sustantivas infringidas los artículos 19, 20 y 21 del Código del Trabajo, los cuales no ostenta esa calidad. Conviene recordar, que norma sustantiva es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; c) en la explicación se alude a los artículos 360 y 361 del Código de Trabajo y 91 de la Ley de Municipalidades disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación; y, d) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inamisible por los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se enuncia la “…infracción directa, como lo es la prueba aportada y no valorada…”, pero es el caso, que esta modalidad de violación a la ley sustantiva, es incompatible con la valoración de prueba, a la cual se alude e insta tanto en la formulación como en la explicación y, que igualmente es incongruente con el precepto autorizante invocado; b) en la formulación, se omiten la normas de naturaleza sustantiva que se consideren infringidas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo, requisito indispensable para la prosperidad del del cargo; c) en la explicación se alude al artículo 20 del Código del Trabajo, que no fue relacionado en la formulación y que dicho sea de paso su naturaleza no es sustancial; y, d) en la explicación se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recursos extraordinario.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estima éste Tribunal, que en el fallo impugnado no se ha violado el debido proceso ni el derecho defensa de las partes en consecuencia no procede la nulidad solicitada."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 1 de diciembre del 2021, por el Abogado JUAN MANUEL MORALES ANDINO, en su condición de representante procesal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES, y por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, en fecha 10 de febrero del 2022, ambos como recurrentes; además, es parte recurrida, la señora CRUZ DUBON LEIVA, representada en juicio por la Abogada ROSA MARIA MORENO SERRANO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la supuesta justa causa para despedirle verbalmente, caso contrario que sea condenado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por el despido injusto, reajuste de salario mínimo, vacaciones adeudadas, décimo tercer y décimo cuarto adeudado, horas extras, salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 14 de junio del 2018, por la señora CRUZ DUBON LEIVA, mayor de edad, casada, Ama de Casa, hondureña, con domicilio en el Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, a través de su representante legal el señor REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO, y solidariamente contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, a través de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de agosto del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de enero del 2020, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Laboral promovida por la señora CRUZ DUBON LEIVA, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, a través de su Representante Legal el señor REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO, y solidariamente contra el ESTADO DE HONDURAS, por actos de la SECRETARIA DE EDUCACION, a través del Procurador General de la Republica el señor ABRAHAN ALVARENGA URBINA, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, a través de su Representante Legal el señor REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO, y solidariamente contra el ESTADO DE HONDURAS, por actos de la SECRETARIA DE EDUCACION, a través del Procurador General de la Republica el señor ABRAHAN ALVARENGA URBINA, a pagar a la trabajadora demandante CRUZ DUBON LEIVA, la cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L. 317,423.29), los cuales se desglosan así:, Preaviso L. 20,091.49, Auxilio de Cesantía L. 120,548.96; auxilio de cesantía proporcional L. 530.19, Vacaciones proporcionales L. 302.97, Décimo tercer mes proporcional L. 1,195.92, Décimo cuarto mes proporcional L. 5,501.28; Vacaciones causadas L. 11,480.85, Décimo tercer mes causado L. 17,221.28, Décimo cuarto mes causado L. 17,221.28, reajuste de salario mínimo L. 123,329.10; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme el presente fallo.- 3) DECLARA SIN LUGAR DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE PERSONALIDAD DEL DEMANDADO, INTERPUESTA POR LA APODERADA LEGAL DEL ESTADO DE HONDURAS.- 4) SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que fue contratada por la Municipalidad de San Manuel, el 01 de Febrero del 2006, desempeñándose como Aseadora del Centro Educativo, Escuela Centro América, ganando un salario mensual de L. 2,500.00, luego en el año 2017, fue trasladada a otro centro educativo llamado Rogelio Moya, y con ese traslado, el Alcalde le aumento L.500.00 haciendo un total de L.3,000.00, los cuales eran con cheques que la Alcaldía hacia a nombre del director del Centro Educativo, empezó con un horario de 6:00 a.m., saliendo de su trabajo a las 5:00 p.m. de Lunes a Viernes, pero luego en el año 2010, su horario cambio y empezó a laborar de 6:00 a.m. a 9:45 a.m., y entraba a la 1:00 p.m. y salía a las 2:45 p.m., durante el tiempo que trabajo nunca le dieron vacaciones, décimo tercero, décimo cuarto, no le pagaban el salario mínimo, decían que no tenían derecho a nada; en fecha 20 de febrero del 2018, el Director de la Escuela, le notifico que había recibido una llamada del Asistente de la Dirección Distrital Municipal de San Manuel, Cortes, que por órdenes del Alcalde Municipal, ya no podía seguir pagándole y que por eso estaba despedida, porque no había dinero en la Alcaldía Municipal, después de tanto tiempo de trabajo y con su edad, ya no tiene tantas oportunidades, siempre fue una empleada responsable, trabajo con mucho esmero, nunca se opuso a trabajar, porque tenía necesidad de trabajar para salir adelante con su familia, y aunque ya había escuchado del aumento del salario mínimo, le decían que no le correspondía, y creyendo que no tenía derecho no pidió nada en el momento, por eso no había actuado; solicito un Inspector de Trabajo en fecha 21 de febrero del 2018, con el fin de que constatara el despido verbal del que fue objeto, el Inspector levanto el acta en fecha 22 de febrero del 2018, en donde quedo claro su despido verbal, en fecha 23 de febrero del 2018, se presentó a la Secretaria de Trabajo, en el área de Conciliación con ánimo de conciliar y no se presentaron, fue entonces que se les mando otra cita, para ver si comparecían y conciliaban pero no fue así, fue por eso que en fecha 17 de abril se cerraron las diligencias administrativas quedando expedita la instancia judicial.- 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES, contestó dicha demanda señalando no ser cierto que la demandante era empleada de la Municipalidad de San Manuel, Cortes, debido a que no realizó ninguna actividad personal para la Municipalidad, consecuentemente ese organismo Municipal no tiene rango de parte patronal, no existió una continua subordinación o dependencia del Trabajador respecto del patrono, tampoco pago un salario como retribución del servicio; la legislación laboral hondureña establece la prestación personal, locatio operarum, reconoce lo relativo a la subordinación jurídica, remuneración y principio de primacía de la realidad, es decir, el artículo 20 del Código del Trabajo, consagra los elementos esenciales para que haya Contrato de Trabajo, se requiere que concurran los tres elementos esenciales, por tanto, la situación personal y jurídica de la demandante es que la actividad personal la realizo a favor del Centro Educativo Escuela Centro América y para el Centro Educativo Rogelio Moya, localizados en el Municipio de San Manuel, dependencias educativas de la Secretaria de Educación; la continua subordinación o dependencia, no es ni fue con la Municipalidad de San Manuel, ya que la relación del trabajador respecto al patrono fue en los mencionados Centros Educativos, el que estaba facultado para exigir el cumplimiento de órdenes e imponerle reglamentos; el salario como retribución de servicio, que en ningún momento recibió de parte de la Municipalidad de San Marco, si no de las autoridades del Centro Educativo, el pago que recibió fue en concepto de estipendio o bono, el pago erogado por la Municipalidad a favor de los centros educativos no es ni fue nunca para pagar salarios, sino en concepto de subsidio municipal, no se dan los presupuestos legitimadores contemplados en el artículo 20 del Código del Trabajo; una vez reunidos los tres elementos, se entiende que existió Contrato de Trabajo, pero la demandante no reúne ninguno de los tres elementos obligatorios, por tanto, no existió relación de trabajo como tal, es importante que quede claro que la Municipalidad de San Manuel, Cortes, recibió de parte del Estado de Honduras transferencias por partidas mensuales anticipadas, de los ingresos tributarios o ingresos las municipalidades deberán entre otros, destinarlo para el mantenimiento de programas en beneficio de los habitantes del municipio, por consiguiente procedo a explicar el destino de las transferencias de ingresos tributarios nacionales a las Municipalidades, de conformidad con el artículo 91, reforma por Decreto 143-2009, El Estado transferirá anualmente a las Municipalidades, por partidas mensuales anticipadas de los ingresos tributarios del presupuesto general de Ingresos y egresos de la Republica , deberá destinar el 1% para la ejecución y mantenimiento de programas en beneficio de la niñez y adolescencia y el 13% para operación y mantenimiento de infraestructura social; régimen municipal de subsidio, se trata desde el punto de vista de la municipalización, como un sistema de transferencia del gobierno municipal, y a personas naturales o jurídicas enfocado en el mantenimiento y ejecución de programas postulados para la autonomía municipal, por tanto la parte demandada no es ni ha sido empleada de la Municipalidad de San Manuel, Cortes, no aparece las planillas de empleados municipales, tanto temporales como permanentes, no recibió salario alguno, si no ingresos bajo el concepto de subsidio municipal, en ningún momento está bajo la categoría de salario establecido en el artículo 360 y 361 de Trabajo; asimismo EL ESTADO DE HONDURAS arguyó no constarle lo que afirma la demandante, quien alega que fue contratada por la Municipalidad de San Manuel, para prestar el servicio de Aseadora en el Centro Educativo Escuela Centro América, dependencia de la Secretaria de Educación, por lo que recalca el rechazo total, asimismo aclara que El Estado de Honduras no tiene ni ha tenido relación laboral con la demandante, por lo que no está obligado a cumplir tales exigencias, pues no fue el quien la contrato, la demandante acepta el mutuo consentimiento o tácitamente que en el año 2010 le fuera cambiado su horario laboral, sin interponer acciones que en derecho le correspondían, por lo que a la fecha sus reclamos anteriores al 2010 resultan extemporáneos; dijo no tener nada que responder ante las necesidades de la demandante, quien por si expresa que le fue notificado, ya no le podía seguir pagando sus servicios, de tal manera que al demandarlo causa perjuicios, ya que tiene que incurrir en gastos onerosos para desvirtuar los hechos, además no debería de demandar solidariamente al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Educación, ya que no tiene ningún vínculo laboral con ella; en cuanto a que fue despedida por parte de la Municipalidad de San Manuel, por lo que debió de llevar a los Inspectores al Municipio de San Manuel para que fuera el señor Alcalde Municipal, a quien le levantaran acta de verificación del despido verbal, de tal manera que las actuaciones practicadas no tienen ningún valor legal, de tal manera reafirma que no tiene que ver con tal hecho, pues no fue contratada por el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Educación lo que están actuando erróneamente, ya que no está vinculado solidariamente siendo esto improcedente.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 30 de enero del 2020, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda laboral promovida por la señora Cruz Dubon Leiva, contra la Municipalidad de San Manuel, a través de su Representante Legal el señor Reynold Arturo Castro Castro, y solidariamente contra El Estado de Honduras, a través de la Procuraduría General de la Republica, por actos de la Secretaria de Educación; CONDENA a la demandada a pagar a la demandante la cantidad de L. 317,423.29, los cuales se desglosan así preaviso L. 20,091.49; auxilio de cesantía L. 120,548.96; auxilio de cesantía proporcional L. 530.19; vacaciones proporcionales L. 302.97; décimo tercer mes proporcional L. 1,195.92; décimo cuarto mes proporcional L. 5,501.28; vacaciones causadas L. 11,480.85; décimo tercer mes causado L.17,221.28;décimo cuarto mes causado L. 17,221.28; reajuste de salario mínimo L.123,329.10; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir; SIN LUGAR el defecto procesal de falta de personalidad del demandado, interpuesta por la parte demandada; SIN COSTAS. Bajo el criterio que del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso procede declarar con lugar la demandada de mérito por las circunstancias siguientes, que las demandadas Municipalidad de San Manuel, Cortes y El Estado de Honduras, por actos de la Secretaria de Educación, niegan la relación de trabajo con la demandante en su escrito de contestación de demanda, pero de las pruebas aportadas al proceso quedo acreditado que la demandante prestaba funciones de Aseadora en la Escuela Centro América, su labor era desempeñaba en dicho Centro Educativo que pertenece al Estado de Honduras, por actos de la Secretaria de Educación; que quien pagaba el salario de la demandante era la Municipalidad de San Manuel, Cortes, a través de subsidios que provenían de transferencias del Gobierno Central, habiéndose establecido los requisitos que establece el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que la demandante realizaban su actividad de forma personal, había subordinación porque tenía que cumplir con las instrucciones dadas por el Director del Centro Educativo, tenía un salario pagado en forma mensual, por parte de la Municipalidad de San Manuel, Cortes, por lo que a criterio del Tribunal se establece que entre las partes existía una relación de trabajo, aunque no haya sido mediante Acuerdo emitido por la Secretaria de Educación, ni por la Municipalidad de San Manuel, Cortes, Departamento De Cortés, pero ambas demandadas reconocen que existía un convenio de Corporación entre la Municipalidad de San Manuel, Cortes, y la Distrital de Educación; que la demandante acreditó la relación laboral, por ende correspondía a las demandadas acreditar la justa causa que tuvieron para poner fin a la relación laboral y no lo hicieron; en vista que las demandadas no acreditaron la existencia del Contrato de Trabajo, sin embargo hubieron pruebas con las cuales se pudo establecer la fecha de inicio que es la misma alegada por la trabajadora, la fecha de terminación, así como el salario que se le pagaba era de L. 3,000.00, mensuales; Que dentro de las pretensiones la demandante reclama el reajuste del salario mínimo, en virtud que devengaba cantidad inferior al salario mínimo vigente, que consta devengaba la cantidad de L. 3,000.00 mensuales, y siendo que a la fecha que laboraba el salario mínimo vigente para la actividad que desempeñaba a la fecha del despido, para el año 2016 era de L. 7,958.33, año 2017 era de L. 8,221.75, y para el año 2018 era de L. 8,542.40, en consecuencia procede condenar a pagar a la demandada el reajuste del salario mínimo, desde el mes de marzo del año 2016 a febrero del año 2018, ya que la ley presume que nadie puede devengar un salario inferior a este; el demandante reclama el pago de horas extras y días feriados, pero esta no acredito en autos cuantas horas extras laboró ni que días feriados trabajo, razón por la cual no procede dicho reclamo; también reclamó el pago del décimo tercero adeudado, décimo cuarto mes adeudado, y vacaciones causadas, y siendo que la demandada no acredito en autos haberlos pagado es procedente condenar al pago de dichos conceptos por el término de dos años; del mismo modo reclama la reserva laboral, la cual no procede dicho reclamo, ya que fue creada para las instituciones privadas; la parte demandada alega que la trabajadora laboraba para otra empresa durante el tiempo que también laboro para la demandada, que el hecho que la demandante haya laborado para otra empresa mientras no exista el contrato de exclusividad la trabajadora puede laborar con otra empresa, y siendo que en caso de autos la parte demandada no acreditado en autos que la demandante laboraba en la misma jornada y tampoco tenía contrato de exclusividad; la parte demandada, El Estado de Honduras interpuso el defecto procesal de falta de personalidad del demandado, en virtud que se está demandado a la Secretaria de Educación como patrono, cuando ella misma expresa que quien la contrató es la Municipalidad de San Manuel, Cortes, declara sin lugar dicho defecto procesal, en virtud que si bien es cierto la demandante no fue contratada por El Estado de Honduras a través de la Secretaria de Educación, pero la labor que desempeñaba era para una de las instituciones de la Secretaria de Educación, desempeñándose como Aseadora primero del centro Educativo Centro América y luego del Centro Educativo Rogelio Moya, por lo tanto era la que se beneficiaba de la labor que desempeñaba la demandante; abonado a ello existe el Convenio entre la Corporación Municipal y la Distrital de Educación con lo que queda acreditada la relación patronal.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 28 de agosto del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que según el Código del Trabajo y Código Procesal del Trabajo, decima quinta edición, del Jurista, señor Jorge Ortega Torres, pagina 36, la doctrina y la legislación laboral enseñan que la estructuración del nexo contractual, dentro del derecho del trabajo, se verifica en función de la prestación real de servicios personales, hecha abstracción de las formas externas, como lo son el sometimiento del status del empleado a los requisitos de administración interna de la entidad patronal; de tal manera que si aquel rinde a esta efectivamente sus servicios, la segunda no puede evadirse de satisfacer las obligaciones a favor del primero; al respecto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación número 103-15 de fecha 25 de abril del año 2017 sostuvo que acorde a lo establecido en el artículo 18 del Código del Trabajo, es viable tomar en consideración de forma supletoria, la recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198) de la Organización Internacional del Trabajo, que determina entre los indicios que configuran la existencia de la relación de trabajo, entre otros, los siguientes: “a) el hecho de que el trabajo se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo, y b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador”. Al definirse el Contrato Individual de Trabajo en el artículo 19 del Código del Trabajo, el legislador consideró, ejecución del servicio personal remunerado efectuado por una persona en beneficio de otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de este y mediante una remuneración, para la configuración de estos elementos en un juicio, se requiere en principio que en la actuación procesal este demostrada la actividad personal del trabajador a favor de la demandada, en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de carácter laboral, a la patronal corresponde probar que dicha actividad no se realizó en su beneficio o se efectuó de forma autónoma o con libertad cuando se encuentra evidenciada esa prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal prevista en el artículo 21 del Código del Trabajo, que consagra “se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, lo anterior significa, que a la actora le basta con probar la prestación o la actividad personal en beneficio de la accionada, para que se presuma el contrato de trabajo, circunstancia esta que así aparece acreditada en el proceso con la prueba incorporada al mismo en donde consta que realizaba funciones de aseadora en la Escuela Centro América y posteriormente en la escuela Rogelio Moya, instituciones que sin duda alguna se beneficiaban de la labor ejecutada por esta; su salario se efectuaba con fondos entregados por la Municipalidad demandada y que provenían de transferencias del Gobierno central; de ahí que concurren las elementos del Contrato de Trabajo conforme lo establece el artículo 20 del mismo cuerpo de Leyes, el origen de las remuneraciones es una circunstancia que no atañe al trabajador pues este no deja de serlo porque su salario haya sido pagado con fondos subsidiados, pues lo cierto es que la labor desarrollada beneficio a las instituciones educativas dependientes de la Secretaria de Educación y la remuneración la efectuaba la Municipalidad demandada; La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación número 569-16 sostuvo que “el artículo 7 reformado del Código de trabajo con el carácter tutelado del derecho laboral persigue proteger las derechos de las trabajadores y que se cumplan las obligaciones y responsabilidades derivadas de cualesquiera de las figuras, ya fuere mediante la intermediación o coma contratistas, para que la solidaridad que dispone la norma, sea con uno u otro que se dirija la acción, tenga sentido y efecto en el cumplimiento de dichos derechos u obligaciones”, de ahí que indistintamente la forma en que se dirigió la acción, la responsabilidad de las demandadas resulta por la forma en que se configuró el nexo jurídico laboral, en donde ambas tuvieron participación según se expuso en el fundamento anterior, por lo que la terminación del Contrato de Trabajo sin causa de justificación como aparece en los documentos, trae consigo la obligación del pago de las derechos económicos solicitados al tenor de las artículos 30 y 113 del Código del Trabajo, que incluye tanto las prestaciones, salarios dejados de percibir, reajuste de salario mínimo, vacaciones pendientes, aguinaldo y décimo cuarto mes adeudado en los valores impetrados al estar probado que el actor devengaba un salario inferior al mínimo legal y que no consta el pago de las conceptos de derechos irrenunciables antes indicados mas no así lo referente al reclamo de días feriados, horas extras y otros pagos al no estar probado tales extremos y porque no se indicaron los motivos de dicha pretensión; cada proceso tiene sus propias particularidades tanto en hechos como en argumentaciones y pruebas que son las que al final conducen al reconocimiento o no de la acción de tutela; por ello aunque en algunas ocasiones nos encontremos ante procesos que en apariencia son similares, la casuística siempre será distinta; en ese sentido, se señala que las circunstancias alegadas y probadas en los antecedentes incorporados al juicio son distintos, puesto que en esos lo alegado por las partes versa únicamente en la existencia de un nexo jurídico laboral con la Municipalidad de San Manuel Cortes y en el presente se incluyó al Estado de Honduras; no obstante que en el presente asunto no se interpuso el excepción de prescripción sobre el reclamo de derechos adquiridos, esta alzada observa que tales conceptos fueron impetrados en el acápite cuantía de la demanda en los valores de los dos últimos años, mismos que fueron concedidos por la juez de primera instancia sin que sea posible para este Tribunal conceder montos distintos a los solicitados en virtud de la facultad ultra y extra petita pues se recuerda que esta es exclusiva del juez de primer instancia. Por las razones antes expuestas, se estima procedente confirmar la sentencia impugnada.- 5. Mediante auto de fecha 7 de octubre del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JUAN MANUEL MORALES ANDINO, en su condición de representante procesal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MANUEL, y mediante la ampliación del mencionado auto resolvió en fecha 19 de noviembre del 2021, admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, como apoderada procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada una de los Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) Al apoderado demandada (Municipalidad de San Manuel), dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) A la representante procesal de la parte demandada solidariamente (El Estado de Honduras), a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior.- 6. En fecha 1 de diciembre del 2021, compareció ante este Tribunal el Abogado JUAN MANUEL MORALES ANDINO, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 1 de diciembre del 2021, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación; se ordenó conferir el traslado a la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, por el termino de 20 días para que formule su demanda de casación, misma que formalizó su demanda en fecha 10 de febrero del 2022, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que en providencia de fecha 10 de febrero del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido y por formulado en tiempo el recurso de casación, dándose traslado al opositor por el termino de 10 días para que conteste dicha demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 18 de marzo del 2022, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada ROSA MARIA MORENO SERRANO, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2. Que el Abogado JUAN MANUEL MORALES ANDINO, en su condición de representante procesal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES, en único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Leyes sustantivas de orden nacional por infracción directa del artículo 20 del Código de Trabajo. De igual manera acuso la sentencia por interpretación errónea y aplicación erróneamente del Artículo 19 y 21 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el numeral uno, párrafo primero del artículo 765 Código de Trabajo, numeral 1), que dispone ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: PRIMERO: El Tribunal Ad Quem, en el acápite denominado FUNDAMENTOS DE DERECHO.- PRIMERO, de la sentencia recurrida en esta instancia, indicó que según el Código Sustantivo del Trabajo y Código Procesal del Trabajo, décima quinta edición, del Jurista, señor Jorge Ortega Torres, página 36: “la doctrina y la legislación laboral enseñan que la estructuración del nexo contractual, dentro del derecho del trabajo, se verifica en función de la prestación real de servicios personales, hecha abstracción de las formas externas, como lo son el sometimiento del status del empleado a los requisitos de administración interna de la entidad patronal; de tal manera que si aquel rinde a esta efectivamente sus servicios, la segunda no puede evadirse de satisfacer las obligaciones a favor del primero…”; al respecto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación número 103-15 de fecha 25 de abril del año 2017 sostuvo: “Que acorde a lo establecido en el artículo 18 del Código del Trabajo, es viable tomar en consideración de forma supletoria, la recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198) de la Organización Internacional del Trabajo, que determina entre los indicios que configuran la existencia de la relación de trabajo, entre otros, los siguientes: “(a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo, y (b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador.” No obstante, la Corte de Apelaciones del Trabajo no tomó en cuenta al proferir la sentencia que de acuerdo a la doctrina, “en materia laboral los datos formales que resultan de documentos contractuales o similares, aunque sean elaborados de buena fe o con todas las apariencias de legalidad que sean del caso, no necesariamente son definitivos para establecer la existencia o inexistencia del vínculo contractual laboral, ya que deben preferirse los datos que ofrece la realidad de la relación jurídica analizada, si contradice lo que informan los aludidos documentos”; a ello se le ha denominado Principio protector de la Primacía de la realidad que resulta del análisis objetivo y ponderado de los elementos probatorios del proceso, dándole prelación a las circunstancias que rodean a la relación jurídica; en el sub judice, no concurren los requisitos que establece el artículo 20 del Código de Trabajo para considerar que existe un contrato de trabajo por la cual procede declarar sin lugar la demanda, por consiguiente, la Corte de Apelaciones del Trabajo desvaloró que la única participación que tuvo la Municipalidad de San Manuel, Cortés, en el asunto traída a la instancia judicial, fue otorgar un subsidio para apoyar al sector educativo de ese municipio y asignó un subsidio municipal a favor del centro educativo oficial o gubernamental denominado Escuela Centroamérica, promovido por el Gobierno de la República tal y como consta en los documentos probatorios aportados por la Municipalidad, es decir, quedó demostrado que la Municipalidad recibe de parte del Estado de Honduras transferencias por partidas mensuales anticipadas, de los ingresos tributarios del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, y el destino de las transferencia o ingresos las Municipalidades deberán entre otros, destinarlo para el mantenimiento de programas en beneficio de los habitantes del municipio. Por consiguiente, tanto el Juzgado de primera instancia y la Corte de Apelaciones del Trabajo, desacertadamente no estimaron que fue acreditado por parte de la Municipalidad de San Manuel, Cortés, en ningún momento pagó a la demandante a la señora CRUZ DUBON LEIVA, salario alguno, sino que los ingresos erogados al centro educativo donde prestaba los servicios de aseadora, no fueron bajo el concepto de pagos salariales sino bajo el concepto de subsidio municipal y que esos fondos fueron pagados para apoyar la educación en aplicación del artículo 91 de la Ley de Municipalidades, fondos provenientes de las transferencias que el Estado de Honduras a las Municipalidades, en ningún momento están bajo la categoría de salario establecido en el artículo 360 y 361 del Código de Trabajo. SEGUNDO: La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, aplicó e interpretó erróneamente los artículos 19 y 21 del Código de Trabajo, tal y como se ve de manifiesto en el acápite denominado FUNDAMENTOS DE DERECHO, NUMERAL SEGUNDO, dejando por un lado que el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, en la sentencia emitida el siete (7) de agosto de 2019, en los Hechos Probados Uno y Dos, acertadamente estimó que de las pruebas allegadas al proceso se encuentra acreditado que la demandante la señora CRUZ DUBON LEIVA, no desempeñó funciones o prestó servicios personales a la Municipalidad de San Manuel, Cortés, sino a favor del centro educativo gubernamental denominado Escuela Centro América, que la Municipalidad demandada asignó un subsidio a dicho centro a través de la Directora la señora Dionisia Bustillo Euceda, lo anterior significa que dicho señor NO era empleado de la Municipalidad no realizó ninguna actividad personal para la Municipalidad, consecuentemente, ese organismo municipal no tiene el rango o estatus de parte patronal, no existió una continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, tampoco dicha Municipalidad pagó un salario como retribución del servicio. El error del Ad Quem al proferir la sentencia, consiste en interpretar incorrectamente los artículos 19 y 21 del Código de Trabajo, fue a consciencia de pasar por alto que la legislación laboral hondureña establece la “Prestación Personal”: Locatio operarum. Que reconoce lo relativo a la Subordinación Jurídica, Remuneración y el Principio de Primacía de la Realidad, es decir, el artículo 20 del Código de Trabajo consagra los elementos esenciales para que haya contrato de trabajo y se requiere que concurran los tres (3) elementos esenciales, por tanto, no tomó en cuenta que la situación personal y jurídica de la señora CRUZ DUBON LEIVA, fue la siguiente: a) La actividad personal del trabajador, la realizó a favor del CENTRO EDUCATIVO ESCUELA CENTRO AMERICA, localizados en el municipio de San Manuel, Cortés dependencia educativa de la Secretaría de Educación; b) La continuada subordinación o dependencia no es ni fue con la Municipalidad de San Manuel, Cortés, ya que la relación del trabajador respecto del patrono fue desempeñando labores en el mencionado centro educativo, el que estaba facultado para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; c) El salario como retribución del servicio, que en ningún momento recibió de parte de la Municipalidad de San Manuel, Cortés, sino de las autoridades del centro de educativo y como será probado en juicio que el pago que recibió la demandante fue en concepto de ESTIPENDIO O BONO, finalmente, el pago erogado por la Municipalidad demandada a favor del supra mencionado centros educativos, NO ES NI FUE NUNCA PARA PAGAR SALARIOS SINO PARA EN CONCEPTO DE SUBSIDIO MUNICIPAL como aporte al sector educación, en conclusión, respecto a la situación de la parte demandante y demandada, no se dan los presupuestos legitimadores contemplados en el artículo 20 del Código del Trabajo. d) Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo, pero la señora CRUZ DUBON LEIVA, no reúne ninguno de los tres elementos obligatorios, por tanto, no existió ninguna relación de trabajo tal y como así será probado en el desarrollo del proceso laboral. Por otro lado, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, cometió un craso error al proferir la sentencia hoy impugnada, puesto que en el acápite denominado Fundamentos de Derecho numeral Tercero, al invocar erróneamente el recurso de casación número 569-16 emitido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el cual que sostuvo “en el artículo 7 reformado del Código de Trabajo con el carácter tutelador del derecho laboral persigue proteger los derechos de los trabajadores y se cumplan con las obligaciones y responsabilidades derivadas de cualquiera de las figuras, ya fuere por intermediación o como contratista para que la solidaridad que dispone la norma, sea con uno o con otro que se dirija la acción, tenga sentido y efecto en el cumplimiento de dichos derechos u obligaciones”, consecuentemente, el error de la Corte de Apelaciones consistió en atribuir a la Municipalidad de San Manuel, Cortés, el estatus de intermediación o contratista, cuando fue debidamente probado que dicha municipalidad únicamente era receptora de los fondos provenientes del Estado de Honduras, quien a su vez le ordenaba al ente municipal en base al artículo 91 de la Ley de Municipalidades, trasladar los fondos a las autoridades educativas del municipio, por tanto, la municipalidad demandada en ningún participó como intermediaria o contratista, su rol básicamente era canalizar fondos que no son de su propiedad o no son municipales y entregarlos como subsidios, por ende, no puede estimarse que fueron erogados en concepto de salarios al favor del actor de la demanda. TERCERO: La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, debió declarar CON LUGAR el recurso de apelación, no debió confirmar la sentencia emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esa ciudad, por ende, devenida en la obligación de confirmar a la Municipalidad la absolución en cuanto al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones reclamados por el demandante quien no está bajo la categoría de estatus empleados o trabajadores por no concurrir los presupuestos legitimadores o exigidos en el artículo 20 del Código de Trabajo, es decir, el servicio personal, la subordinación o dependencia y una remuneración o salario, por tanto, la prestación del servicio personal por el que recibía el pago, no se efectuaba en beneficio del este Municipal demandado, mucho aún la concurrencia del elemento de subordinación que diera la posibilidad a la accionada de exigirle el cumplimiento del contrato o la imposición de reglamentos o sanciones, finalmente, el concepto del pago erogado por la Municipalidad de San Manuel, Cortés, no fue en concepto de pago de salario o sueldos sino bajo la categoría de subsidio municipal para apoyar los programas de educación salud de conformidad con el artículo 91 de la Ley de Municipalidades. CUARTO: Finalmente, no existe claridad en la sentencia recurrida, por cuanto, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, por un lado, aplicó e interpretó erróneamente los artículos 19 y 21 del Código de Trabajo relativo a creencia de la existencia de un contrato individual de trabajo entre la parte demandante y la Municipalidad de San Manuel, Cortés, además, presume que entre las partes del proceso existió una relación de trabajo personal regida por un contrato de trabajo, pero por otro lado, se contradice cuando a pesar que consideró que del conjunto probatorio allegado al proceso, resulta probado lo siguiente: HECHOS PROBADOS: Del conjunto probatorio allegado al proceso, resulta probado lo siguiente: i) la demandante se desempeñó inicialmente como aseadora de la Escuela Centro América, luego fue trasladada a la escuela Rogelio Moya, ambas instituciones pertenecientes a la Secretaría de Estado en los despachos de Educación (folios: 308-326pp); ii) la Municipalidad de San Manuel Cortés otorgaba un subsidio mensual a favor de la institución educativa Escuela Centro América y Rogelio Moya, con el que se efectuaba el pago de la demandante (folios: 115-125 y 308-326 p.p.).- Por consiguiente, el tribunal Ad-Quem tenía claro que la señora CRUZ DUBON LEIVA, no brindó los servicios de aseadora en las instalaciones o edificio municipal sino en otra institución del Estado consistente en un centro educativo gubernamental, en tal sentido, las autoridades del centro educativo fueron los encargados y responsables de administrar el subsidio municipal y quienes decidieron como invertirlo, en ese sentido, las autoridades Municipales no tomaran parte en la decisión de utilizar el dinero del subsidio municipal y destinarlo para el pago salarial a favor del demandante. Consecuentemente, la prestación real de los servicios personales que ofreció la demandante, tales como la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en ningún momento fue respecto con la Municipalidad de San Manuel, Cortés”.- 3. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se indica el concepto de infracción directa e interpretación errónea, modalidades de violación a la ley sustantiva, incompatibles entre sí, que se deben señalar en forma separada por la independencia de los cargos; b) se indican como normas sustantivas infringidas los artículos 19, 20 y 21 del Código del Trabajo, los cuales no ostenta esa calidad. Conviene recordar, que norma sustantiva es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; c) en la explicación se alude a los artículos 360 y 361 del Código de Trabajo y 91 de la Ley de Municipalidades disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación; y, d) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario.- 4. Que la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal de Estado de Honduras, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación (Responsabilidad Solidaria), en un primer motivo de casación esgrime: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa, como lo es la prueba aportada y no valorada, como ser el hecho narrado o expresado en el libelo de la demanda por la parte actora, que constituye un documento público por ende sujeto a análisis por el Juzgador, cuando manifiesta en el hecho primero lo siguiente: Asimismo manifiesta en este numeral PRIMERO, que el horario sufrió cambios: 1) 6:00 a.m., a 5:00 p.m.; ***2) En el año 2010 sufrió otro cambio de horario: De 6:00 a.m a 9:45 a.m. y de 1:00 a 2:45 p.m. ***. Quedando debidamente acreditado: 1) Que la demandante prestaba sus servicios por horas, que en el año 2010 le fue cambiado el horario por lo que en ese momento hubiera demandado ocurriendo ser a la fecha de la interposición de la demanda extemporánea la acción y por ser la infracción de una norma legal de carácter general, debe ser analizada y valorada por el Juzgador, sea aquo o Aquem, para cumplir otra norma obligatoria legal como ser el debido proceso, hecho que quedó debidamente documentado y probado al expresarse en la contestación de la demanda; 2) Queda evidenciado asimismo que no prestaba el servicio de aseo para la misma institución educativa, si no en dos instituciones diferentes, lo que no causa permanencia ni estabilidad ya que es asignada por la Alcaldía y está sujeta a cumplir las ordenanzas de ésta que la podía llamar a prestar el servicio en los lugares que le asigne (Constancia agregada a folios 100, 101); (103 al 114 de la emisión de la Gaceta años 2015 al 2018, de las cláusulas presupuestarias de Ingresos y Egresos anuales donde consta la obligación de la municipalidad de otorgar un subsidio a la comunidad educativa y de salud; folios del 115 al 125 de las transferencias otorgadas por el Estado a la Municipalidad; folios del 126 al 145 y del 148 al 158 y del 164 al 168, de la demanda declarada sin lugar mediante la cual se solicita pago de prestaciones sociales en base a la percepción de un bono otorgado por la municipalidad de San Manuel, Cortés, como precedente que la Alcaldía no paga un salario en base a un empleo, sino un beneficio o bono; En otro sentido, el Tribunal Ad quem Fundamenta su fallo inadecuadamente, al no valorar las pruebas contundentes presentadas, que claramente favorecen a mi representado, como el quedar debidamente documentado con el fallo emitido por esta misma Corte de Apelaciones del Trabajo como medio de prueba documental público, que considera que la cantidad percibida por la demandante, constituía solamente un bono comunitario, como ayuda que brinda el Estado de Honduras a personas de escasos recursos para que se ayuden en su gastos, que los administra la Municipalidad correspondiente, dándole además fines de ayuda comunitaria a la Secretaría de Salud y de Educación; la ahora recurrida en Casación, señora CRUZ DUBON LEIVA, nunca cumplió con el requisito de ser empleada, por no haber subordinación directa a ningún patrono, por no realizar una labor continua ya que su servicio lo prestaba por horas en dos centros educativos diferentes en una misma jornada ocurriendo que al Centro Educativo ROGELIO MOYA, solamente se presentaba a las doce (12:00 M) a asear el centro educativo y luego se iba sin cumplir ninguna orden por parte de la autoridad del centro educativo, por lo que no estaba sujeta a un horario, subordinada a ningún patrono, ni percibía un salario por la prestación del servicio. Sujeta ya que el servicio lo prestaba por horas, de tal manera, que no está autorizado por ningún precepto para considerar la condición de empleada. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo, que enuncia las causales de Casación, siendo la primera la emisión de una sentencia violatoria de ley sustantiva. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal debe ser cumplida en total principio de legalidad, sin incurrir en aberraciones jurídicas de ultra petita o extra petita, ya que lo expresado en la demanda por la parte actora que percibía una cantidad de dinero por la Alcaldía de San Manuel, bajo las condiciones que ésta establece constituye una prueba fehaciente, bajo el principio de: A Confesión de Parte, relevo de Pruebas, no obstante los testigos nombrados y la documentación aportada establece claramente y ratifica el hecho que la demandante percibía un BONO O BENEFICIO por parte de la Alcaldía; No obstante se ha obviado en el presente caso por el Juzgador Aquem, otro fallo emitido por esta misma Corte de Apelaciones del Trabajo, que expresa claramente que la demandante percibe un bono como beneficio; Se ha obviado tomar en consideración las pruebas propuestas y practicadas. En cuanto a la valoración de la Actuación de la Secretaría de Educación, en el presente caso, se valora inadecuadamente, ya que quedó debidamente establecido, que quien paga el bono es la Alcaldía Municipal de San Manuel, Cortés, que quien ordena la actividad de la demandante es la misma Alcaldía, ya que a su disposición, la envía al Centro Educativo que elige, asimismo, la traslada al Centro Educativo que tenga a bien enviar o requiere de la colaboración de aseo. El error de hecho, derivado de una mala apreciación de la prueba por la Corte Sentenciadora al ignorar los preceptos autorizantes. Esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, o sea, contrario a la evidencia demostrada con la prueba de que se trate, pues en ella, el mismo demandante manifestó que el Director del Centro Educativo, nunca manifestó que fue despedida sino que no se le podía seguir pagando porque la Alcaldía ya no iba a seguir dando el bono o beneficio que percibía por parte de ésta, por falta de presupuesto. La Prueba, no ha sido considerada en conjunto con todas las pruebas en el juicio que dejaron establecido que no hubo una relación laboral, por no existir los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena al Estado de Honduras al pago monetario que no le corresponde, aplicando la norma que más conviene únicamente al trabajador, pero no considera la legislación hondureña como ser el debido proceso principalmente, la apreciación de la prueba. Se produce así la Infracción directa de la Ley sustantiva”.- 5. Que el cargo que antecede resulta inamisible por los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se enuncia la “…infracción directa, como lo es la prueba aportada y no valorada…”, pero es el caso, que esta modalidad de violación a la ley sustantiva, es incompatible con la valoración de prueba, a la cual se alude e insta tanto en la formulación como en la explicación y, que igualmente es incongruente con el precepto autorizante invocado; b) en la formulación, se omiten la normas de naturaleza sustantiva que se consideren infringidas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo, requisito indispensable para la prosperidad del del cargo; c) en la explicación se alude al artículo 20 del Código del Trabajo, que no fue relacionado en la formulación y que dicho sea de paso su naturaleza no es sustancial; y, d) en la explicación se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recursos extraordinario.- 6. Que en segundo motivo de casación se alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 113 párrafo primero interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación de la prueba por la Corte Sentenciadora ya que quedó debidamente probado con la demanda y la contestación, que constituyen documento público indubitable, que la demandante no tenía una relación laboral con la Secretaría de Educación, sino solamente prestaba un servicio parcial que realizaba en una hora en cada centro educativo, no estaba sujeta a un horario; asimismo, no estaba subordinada a un patrono específicamente, sino tenía que prestar el servicio donde la enviara la Alcaldía; Por otra parte percibía una cantidad de dinero como un beneficio por ser ciudadana de la Alcaldía de San Manuel, de escasos recursos económicos. De tal manera que no cumple con ninguno de los requisitos para considerarla como una empleada. Declaración unilateral del patrono de ruptura de la relación de trabajo”.- 7. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por omitir los siguientes requisitos: las normas sustantivas del orden nacional que se considere infringidas, singularización de prueba, precepto autorizante y explicación. Además, la demanda y la contestación no constituyen medios de prueba contienen entre otros nada más que, las pretensiones de las partes, lo expuesto es un simple alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario.- 8. Que se solicita nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha 28 de agosto del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Municipio de San Pedro Sula, del Departamento de Cortés, señalando los errores procesales siguientes: a) En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, no se pronunció sobre el hecho que la demanda fue presentada extemporáneamente, ya que si bien es cierto el ciudadano tiene derecho a optar a su defensa tal como lo estatuye la Constitución de la República, también es cierto que las partes que intervengan en un juicio deben cumplir con la Ley, en este caso adhiriéndose a los términos y plazos establecidos en la Ley, circunstancia que debe ser apreciada por el Juez aunque las partes no lo sometan a controversia, por ser un precepto legal que debe respetarse y cumplirse, sobre todo el Juzgador que juró y debe cumplir y hacer cumplir la Ley, las pruebas presentadas y practicadas, que tampoco fueron tomados en cuenta en la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, del Departamento de Cortés, limitándose a argumentar que si existe las causales que le dio origen a la relación laboral para la prestación del servicio. Al respecto el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles analógicamente aplicable que dice: “Las sentencias deben ser claras, precisas congruentes con las demandas, con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Lo cual no ocurre en el presente caso de autos que el Juzgador solo se pronuncia en cuanto a los intereses de la parte demandante como trabajador, pero no escatima en las cuestiones debatidas en el juicio respecto al interés General”.- 9. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estima éste Tribunal, que en el fallo impugnado no se ha violado el debido proceso ni el derecho defensa de las partes en consecuencia no procede la nulidad solicitada.- 10. Por lo expresado, procede declarar no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por los abogados JUAN MANUEL MORALES ANDINO, en su condición de representante procesal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES, en su único motivo de casación y MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal de Estado de Honduras, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación (Responsabilidad Solidaria) en sus dos motivos formulados y sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado JUAN MANUEL MORALES ANDINO, en su condición de representante procesal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES, en su único motivo de casación. 2) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal de Estado de Honduras, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación (Responsabilidad Solidaria) en sus dos motivos formulados; 3) SIN LUGAR la nulidad alegada de forma subsidiaria por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, en su condición de representante procesal de Estado de Honduras, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación (Responsabilidad Solidaria); SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de septiembre del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 182-20.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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