Sentencia CL-179-21 — Registro 13806
Resumen
demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, del cual fue despedida en forma directa, ilegal, injusta y arbitraria, permanencia en su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, salarios adeudados, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario y demás derechos, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) el artículo 37 del Código del Trabajo, señalado como normas sustantivas infringidas no ostentan tal calidad, requisito indispensable, para que el motivo alcance sus fines artículo 769 numeral 5 literal a) del Código del Trabajo. Es importante recordar que normas sustantivas, son aquellos que establecen derechos y obligaciones reciprocas o los modifican; c) realiza alegatos propios de instancia"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) el artículo 37 del Código del Trabajo, señalado como normas sustantivas infringidas no ostentan tal calidad, requisito indispensable, para que el motivo alcance sus fines artículo 769 numeral 5 literal a) del Código del Trabajo. Es importante recordar que normas sustantivas, son aquellos que establecen derechos y obligaciones reciprocas o los modifican; c) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 256, 321, 364 de la Constitución de la República, entre otros; y, d) formula alegatos propios de instancia.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) las normas que indica como violadas (los artículos 200 literal d) y 206 numeral 1 del Código Procesal Civil) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) formula alegatos propios de instancia.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 27 de septiembre del 2021, por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO, representada en juicio por la Abogada IXCILIA THEODORE GODOY. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, del cual fue despedida en forma directa, ilegal, injusta y arbitraria, permanencia en su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, salarios adeudados, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario y demás derechos, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 08 de junio del 2015, por la señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO, mayor de edad, soltera, hondureña, Ingeniero Civil y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio del Procurador General de la República, en ese entonces el Abogado ABRAHAM ALVARENGA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 26 de octubre del 2020, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 07 de marzo del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA.- SEGUNDO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA a RECONOCER POR TIEMPO INDEFINIDO LA RELACION LABORAL suscrita por la señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO con la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, específicamente en la Unidad de Extensión de Cobertura y Financiamiento (UECF) A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2014.- TERCERO: CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al REINTEGRO de la señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO a su puesto de trabajo como Coordinadora de Adquisiciones en la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud en el Departamento de Vigilancia Normativa Región Metropolitana del Distrito Cent la Unidad de Extensión de Cobertura y Financiamiento (UECF), en mejores o iguales condiciones y a los salarios dejados de percibir y demás derechos que se reconozcan en condición de empleada permanente desde la fecha de la finalización de la relación laboral hasta que sea debidamente reinstalada.- CUARTO: CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a la señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO la cantidad de Lps. 66,666.80 en concepto de vacaciones.- QUINTO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a la señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO, los conceptos de decimo tercer y cuarto mes de salario, salarios adeudados y demás derechos.- SEXTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en fecha 10 de febrero del año 2014, mediante contratos de servicios profesionales y técnicos desempeñando el puesto de Coordinadora de Adquisiciones, con sede en la Unidad de Extensión y Cobertura y Financiamiento (UECF) en la ciudad de Tegucigalpa, devengando un salario mensual de L.50,000.00; la demandante mantuvo con la Secretaría de Salud una relación mediante contrato de servicios profesionales por tiempo determinado firmando un total de 3 contratos, una vez llegada la fecha de terminación fijada en su último contrato que fue el 31 de enero del año 2015, siguió laborando hasta el 5 de febrero del 2015 de forma verbal hasta que en esa misma fecha le notificaron que su contrato no iba a ser renovado, lo cual fue ratificado por el señor AMADO FLORES MENDOZA, en su condición de Auxiliar Administrativo de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud mediante acta levantada por el Inspector de Trabajo, el cual literalmente manifesto: "Que a la empleada KARLA JANETH FUENTES ALVARADO, no se le despidió lo que pasa es que el contrato finalizo el treinta y uno de enero del aro dos mil quince y no será renovada su fecha, como es de conocimiento el contrato suscrito entre su persona y la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. Asimismo, por este medio notifico a usted que de acuerdo a la cláusula tercera del referido contrato el mismo no será PRORROGABLE", aduce la actora que con lo anterior se ha incumplido lo establecido en los artículos 112 y 117 del Código del Trabajo, ya que en el acta de fecha 13 de marzo del año 2015, levantada por el inspector de trabajo el despido no establece el motivo o causa que motivó el mismo y tampoco se encuentran respaldada dentro de las causales de despido. De igual forma la parte demandante hace relación al artículo 52 del Código del Trabajo, en relación al artículo 47 del mismo cuerpo legal, a su vez menciona el artículo 20 del Código del Trabajo en vista de que la contratación de la demandante se rige por dicho artículo. Y finaliza haciendo relación al artículo 129 de la Constitución de la República, y que dio por agotada la vía administrativa en fecha 9 de abril del año 2015.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que acepta que la demandante sostuvo una relación contractual con el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, en la Unidad de extensión y Cobertura y Financiamiento (UECF), en la ciudad de Tegucigalpa, mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios profesionales y técnicos, en el puesto de Coordinadora de Adquisiciones, devengando un salario mensual de L.50,000.00, con fecha de inicio y terminación. Argumenta la demandada que lo acontecido es que llegó a su fin la relación contractual, por lo que no podía continuar laborando por no suscribirse un nuevo contrato para la continuidad de sus labores, estos contratos son regidos por las cláusulas plasmadas en el mismo, conteniendo los derechos y obligaciones a que se sujetaban las partes, llegando a su fin la relación contractual el 31 de enero del 2015 de lo cual se le dio a conocer a la demandante y tal como ella misma lo establece no se le despido simplemente llego a su fin la relación contractual de la parte actora con el Estado de Honduras, aduce el demandado que la demandante, siempre tuvo conocimiento y sin oposición alguna acepto las cláusulas establecidas en el contrato, en relación a los artículos 112 y 117 del Código del Trabajo que refiere la parte actora la demandada establece que no caben en el presente juicio ya que no se ha suscitado ningún despido y se rechaza por lo antes expuesto la aplicación de los artículos 20, 47 y 52 del Código del Trabajo y 129 de la Constitución de la Republica, y finaliza argumentando en el escrito de contestación de la demanda que no hubo acuerdo conciliatorio en virtud de que el Estado de Honduras, no está facultada para aceptar imposiciones de derechos subjetivos inexistentes ni beneficios que le corresponde por tratarse de contratos de servicios profesionales y técnicos, por un periodo determinado y limitado, omitiendo la normativa de la Ley Orgánica de Presupuesto.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 7 de marzo del 2019, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA.- SEGUNDO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA a RECONOCER POR TIEMPO INDEFINIDO LA RELACION LABORAL suscrita por la señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO con la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, específicamente en la Unidad de Extensión de Cobertura y Financiamiento (UECF) A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2014.- TERCERO: CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al REINTEGRO de la señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO a su puesto de trabajo como Coordinadora de Adquisiciones en la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud en el Departamento de Vigilancia Normativa Región Metropolitana del Distrito Cent la Unidad de Extensión de Cobertura y Financiamiento (UECF), en mejores o iguales condiciones y a los salarios dejados de percibir y demás derechos que se reconozcan en condición de empleada permanente desde la fecha de la finalización de la relación laboral hasta que sea debidamente reinstalada.- CUARTO: CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a la señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO la cantidad de Lps. 66,666.80 en concepto de vacaciones.- QUINTO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a la señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO, los conceptos de decimo tercer y cuarto mes de salario, salarios adeudados y demás derechos.- SEXTO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que se deja ver claramente una simulación de contrato temporal, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, este acto simulado u ocultamiento del verdadero contrato de trabajo, tiene como fin último evadir las obligaciones estipuladas en la Ley Laboral en fraude a la ley o abuso de derecho; el Código del Trabajo y sus principios resuelven este tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, por lo que si el empleador, utilizando el contrato de prestación de servicios por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, SON NULOS IPSO JURE contratos; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes (o la de una de ellas en realidad), no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, asimismo que la parte demandada probo que no se adeudan los pagos del décimo tercer y cuarto mes de salario del 2014 a la demandante, no procede por ello el pago de dichos conceptos, asimismo quedó acreditado que la demandante no gozo de vacaciones por ende del pago de las mismas, por lo que se concede el pago de del concepto referido por la cantidad de L.66,666.80, y en referencia al pago de salarios adeudados y demás derechos estos conceptos no ha sido relacionado en todo el texto de la demanda y de igual forma no se ha generado la prueba a efecto de esclarecer este petitorio y tomando en consideración que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca sobre los hechos alegados, sino que deben fundamentarse sobre su demostración por alguno o algunos de los medios de prueba reconocidos por la ley.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 26 de octubre del 2020, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la relación existente entre las partes era mediante un contrato por tiempo indeterminado, reuniendo los 3 requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo y que el despido del cual fue objeto la demandante fue ilegal e injustificado.- 5.- Mediante auto de fecha 11 de mayo del 2021, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 27 de septiembre del 2021, compareció ante este Tribunal la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo TRES motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 12 de noviembre del 2021, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada IXCILIA THEODORE GODOY, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES en el primer motivo de casación alega: “Infracción de los artículos 37 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1348 del Código Civil, en virtud que sin duda alguna si se hubiere apreciado los preceptos legales antes mencionados otro hubiere sido el resultado de la decisión judicial. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral uno del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE ESTE MOTIVO. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa de los artículos 37 literal "c" del Código del Trabajo que establece: "El contrato de trabajo escrito, contendrá: a), b), c) La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido y la fecha en que se iniciará al trabajo. Cuando la relación de trabajo haya precedido al otorgamiento por escrito del contrato, se hará constar también la fecha en que el trabajador inició la prestación de sus servicios al patrono". ; por otro lado nuestro Código Civil en su artículo 1348 dice: "Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos", a tal efecto en el presente caso, el Juzgador no aprecio ni valoro los medias de prueba denominado documentales que consisten en Contratos de Servicios Técnicos y Profesionales suscritos entre El Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, que obran a folios 36-37 y 77-82, mediante los cuales quedó plenamente demostrado, que la demandante únicamente sostuvo con mi representado el Estado de Honduras, una relación de prestación de servicio temporal por tiempo determinado bajo contratos de Servicios Técnicos y Profesionales. Por lo anteriormente expuesto, solicito CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento, en fecha veintiuno de octubre del aro dos mil veinte, dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, la que CONFIRMA LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en fecha siete de marzo del año dos mil diecinueve de la Demanda Ordinaria Laboral interpuesta por la Señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO, antes relacionada por no estar ajustada a derecho.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) el artículo 37 del Código del Trabajo, señalado como normas sustantivas infringidas no ostentan tal calidad, requisito indispensable, para que el motivo alcance sus fines artículo 769 numeral 5 literal a) del Código del Trabajo. Es importante recordar que normas sustantivas, son aquellos que establecen derechos y obligaciones reciprocas o los modifican; c) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 2 numeral 2 que establece lo siguiente "Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1... 2. Los empleados públicos nacionales, departamentales y Municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las Relaciones entre el Estado, El departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan; y... Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todos del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el 765 numeral uno del Código del Trabajo en relación con el articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO. La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, incurrió en infracción directa o falta de aplicación del 02 numeral 2 del Código de Trabajo, en virtud que está debidamente acreditado en autos que la relación que tuvo la señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO fue a través de Contratos de Servicios Técnicos y Profesionales suscritos entre el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, folios 36-37 y 77-82; Dictámenes de Contrato No. DL-DGSC-093-2014, DI-DGSC-CSP-310-2014 (fol. 72-76) estando plenamente probado en autos que la relación con la parte demandante fueron mediante Contratos de Servicios Técnicos y Profesionales suscritos entre El Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud por tiempo determinados y el Código de trabajo presenta la excepción de empleados públicos, demostrando con lo anterior que la demandante fue empleada publica de carácter temporal, si bien es cierto la labor realizada por la demandante tiene similitud y proximidad con el termino genérico de actos laborales, pero los acuerdos emitidos par la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud le dieron a la demandante la condición de empleada publica solo que en carácter temporal, ya que los empleados públicos no firman contratos de trabajo sino que son nombrados mediante Acuerdos del Secretario de Estado y en este caso en forma Contratos de Servicios Técnicos y Profesionales suscritos entre El Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, si bien es cierto se emite un acuerdo, es con el único fin de aprobar el presupuesto con el cual se va a cancelar dicho contrato.- El mismo artículo establece que las Relaciones entre el Estado, el departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del servicio Civil que se expidan y; La Ley del Servicio Civil vigente desde el 14 de octubre del año 1993 cuando se publicó en el diario oficial La Gaceta, establece los requisitos para trabajar con el Estado, y si se revisa la sentencia emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo de hecho siete de marzo del aro dos mil diecinueve, en ninguna forma se refiere a que los Contratos de Servicios Técnicos y Profesionales, no son contratos suscritos con la Empresa privada, sino que son contratos por tiempo determinado, suscritos por la administración Publica (Estado de Honduras), mismos que para poder realizarlos se requiere la aprobación de un presupuesto para tal fin, documentos que constituyen la prueba fundamental para acreditar que la señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO Jue empleada publica en carácter temporal en la administración Publica. Relacionado a lo anterior el artículo 24 de la Ley Orgánica del Presupuesto, establece: "CONCEPTO; VIGENCIA Y ALCANCE DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO. Las Disposiciones Generales del Presupuesto constituyen normas complementarias a la presente ley; que regirán para el ejercicio fiscal a que se refiere el presupuesto general de ingresos y egresos de la república que contiene, Dichas normas se relacionan directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución, seguimiento evaluación y liquidación del presupuesto del que forma parte". De igual forma, la Constitución de la República en el artículo 364, establece: "No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto o en contravención a las normas presupuestarias. Los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente". Relacionado con el artículo 321 de la Constitución de la Republica establece lo siguiente: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad". Conforme las disposiciones legales relacionadas encontrándose el presupuesto de mi representado el Estado de Honduras a troves de la Secretaria de Salud, supeditado estrictamente a la Constitución de la Republica y, a la Ley Orgánica del Presupuesto emitidas para cada año fiscal, este no puede realizar ningún pago no autorizado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas y que se encuentre fuera de las asignaciones presupuestarias, en virtud que todo compromiso de pago que se realice fuera de las asignaciones presupuestarias implica responsabilidad civil, penal y administrativa para el funcionario que la autorice, ya que la Secretaria de Salud no puede aplicar el aumento solicitado por los demandantes, al pretender que la Secretaria de Salud le aplique un aumento salarial, sin tomar en consideración el presupuesto asignado a dicha Secretaria, y lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto, de lo que resultan dichas pretensiones improcedentes en virtud que ninguna ley o reglamento se encuentra par encima de la Constitución de la Republica de acuerdo a la supremacía de la Ley General del Presupuesto y las Disposiciones Generales del Presupuesto. En este sentido reiteramos nuestra postura basada en la Carta Magna en su artículo 256, al régimen de Servicio Civil, como el régimen que regula las relaciones jurídicas de empleo y la función pública de los servidores estatales, sujetándolos a un régimen que ocupa de forma distinta lo referente a las reglas salariales; fundados en las principios de idoneidad, eficiencia y honestidad con base a competencias, habilidades, destrezas, méritos académicos, probidad y otros requisitos, determinando además que la administración del personal de servicio público está sometida a métodos científicos basados en el sistema de méritos, haciendo la distinción clara de la normativa que regula al trabajador y el servidor público; pues aquel está regido por principios de derecho del trabajo que solo pueden ser aplicados a las servidores públicos, en aquella medida en que se supla la ausencia de norma expresa dentro del ordenamiento jurídico administrativo que es sectorial, pues son las principios de esta otra rama, las que deben de prevalecer en la relación de empleo público. Destacando a su vez que existe un procedimiento para la elaboración del presupuesto del estado que tiene vinculación directa con las partidas presupuestarias establecidas para cada cargo, generándose una rigidez presupuestaria derivada de la misma Constitución que limita a los poderes públicos en la ejecución de este, siendo esta una de las diferencias principales entre una relación jurídica de empleo en el sector público y una relación laboral del sector privado. En este mismo orden de ideas no se puede soslayar que los empleados del Estado laboran en un régimen diferente de las que laboran en un régimen privado y que las condiciones salariales son distintas, pues los empleados que sirven al Estado y a sus instituciones, su remuneración está específicamente determinadas en el correspondiente presupuesto público; en otras palabras, tratándose de empleados públicos el Estado dicta las políticas salariales que considere correspondiente, en un marco de legalidad, es así como los servidores públicos se encuentran normalmente dentro de una escala de sueldos, con ello se deduce que, las puestos, las sueldos y las pluses o componentes salariales resultan de la Ley, disposiciones administrativas válidamente adoptadas o bien mediante convenciones colectivas o acuerdos con los empleados, todo lo anterior en cumplimiento del mandato a la secretaria de finanzas y ratificado en el artículo 3 segundo y tercer párrafo del decreto 220-2013 que establece: "Con base en lo anterior, la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, dictara las políticas que, en materia de retribuciones deberán seguir las instituciones del Gobierno Central e instituciones desconcentradas para la elaboración del anteproyecto del presupuesto de coda ejercicio fiscal, que será sometido a la aprobación del Congreso Nacional. Dicha secretaria fijara además los hechos presupuestarios para la totalidad de remuneraciones que deberán pagarse a los servidores públicos que laboran para el gobierno central y las instituciones desconcentrados del estado. Las Secretarias de estado y demos instituciones reguladas por esta Ley no podrán modificar, negociar aprobar cambios en el sistema retributivo que afecte la asignación presupuestaria mencionada en el párrafo primero del presente artículo o que comprometan recursos del Estado para el pago de salarios, sin la previa autorización por escrito de la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, la que se otorgara con base a un dictamen favorable de la Dirección General de Presupuesto, sin que en todo caso, exceda el techo presupuestario mencionado en el párrafo anterior", por lo que este juzgador deberá de realizar una interpretacion armónica de las estamentos jurídicos descritos y no de forma aislada, en el entendido que dichos aumentos deberán de apegarse a las políticas fijadas por la secretaria de Finanzas y a las establecidas en la Ley del Presupuesto de cada año fiscal; en cuanto al techo presupuestario, mismos se refiere al máxima de pago salarial que tiene cada institución del Estado, estableciéndose también que al realizar cambios o modificaciones presupuestarias se estaría violentando el articulo antes mencionad, ya que las mismos afectarían no solo a la asignación presupuestaria sino que comprometería los recursos económicos del Estado.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) el artículo 37 del Código del Trabajo, señalado como normas sustantivas infringidas no ostentan tal calidad, requisito indispensable, para que el motivo alcance sus fines artículo 769 numeral 5 literal a) del Código del Trabajo. Es importante recordar que normas sustantivas, son aquellos que establecen derechos y obligaciones reciprocas o los modifican; c) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso de los artículos 256, 321, 364 de la Constitución de la República, entre otros; y, d) formula alegatos propios de instancia.- VI.- Que la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, en el tercer motivo de casación alega: “Infracción de los artículos 200 literal d) y 206 numeral 1 del Código Procesal Civil; en relación con el artículo 728 del Código del Trabajo, en virtud que sin duda alguna si se hubiere apreciado los preceptos legales antes mencionados otro hubiere sido el resultado de la decisión judicial. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero del Código del Trabajo: NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidos en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: la documental: Admitida a la parte demandada, en relación con la prueba en su conjunto. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar por mayoría de votos el fallo dictado par el Juzgado de Primera instancia, manifiestamente, incurrió en error al condenar a mi representado, El Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, en el numeral tercero que establece: TERCERO: CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA al REINTEGRO de la señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO a su puesto de trabajo como Coordinadora de adquisiciones en la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud en el Departamento de Vigilancia Normativa Región Metropolitana del Distrito Central la Unidad de Extensión de Cobertura y Financiamiento (UECF), en mejores o iguales condiciones y a los salarios dejados de percibir y demás derechos que se reconozcan en condición de empleada permanente desde la fecha de la finalización de la relación laboral hasta que sea debidamente reinstalada." Fallo que violenta la Ley Sustancial al otorgarle el pago de los demás derechos otorgados a los empleados permanentes de la Administracion Publica, nombrados mediante acuerdo del Ejecutivo, y que presentan examen de oposición en la Dirección General de Servicio Civil y que además su nombramiento pertenece al Derecho Administrativo y de existir cualquier controversia entre estos y la administración la jurisdicción correspondiente es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no así la Laboral; por otra parte en el numeral quinto del fallo se establece: "QUINTO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la Republica abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar a la señora KARLA JANETH FUENTES ALVARADO, las conceptos de décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, salarios adeudados Y DEMAS DERECHOS". Contradiciéndose dicha sentencia, ya que por un lado condena al estado al pago de demás derechos y por el otro lo absuelve; incurriendo dicha sentencia en una violación a la ley sustancial, por infracción directa, a los articulo 200 literal d) del Código Procesal Civil que establece: "Contenido de la sentencia: d) El fallo contendrá, numerados, las pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos admisibles de condenas son reserva de liquidación." En relación con el artículo 206 numeral 1 del Código Procesal Civil establece: "Claridad, precisión y Exhaustividad. 1 Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas". Como podrán observar Honorables Magistrados, el Juez Sentenciador en el presente caso inicialmente condena a mi representado al pago de los demás Derechos que pudieron obtener los empleados permanentes de la administración publica, sujetos a un Derecho administrativo, y por otra parte absuelve al Estado del pago de los mismos, lo que genera confusión par la falta de claridad, en el fallo ya que es contradictorio, lo que imposibilitaría el cumplimiento de dicho fallo. Razón por la cual se solicita CASAR la misma”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) las normas que indica como violadas (los artículos 200 literal d) y 206 numeral 1 del Código Procesal Civil) no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) formula alegatos propios de instancia.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil veintidós; certificación de la resolución de fecha veintiséis de enero del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número 179-21.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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