Sentencia CL-161-20 — Registro 14928
Resumen
La Sala Laboral Contencisoso Administrativo procedio a declarar sin lugar la Prescripción de la Acción para Presentar la Demanda, así como la Excepción Perentoria de Pago y parcialmente Con Lugar la demanda respecto del reajuste salarial de los Demandantes correspondiente a los años 2015 y 2016 conforme al XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, así como al pago de prestaciones laborales de los años faltantes para completar los 35 años de servicio laborados por cada uno de los Demandantes; Segunda instancia declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se obligue a la patronal al pago de reajuste salarial, aguinaldos, décimo cuarto mes de sueldo, vacaciones, pago días feriados, prestaciones laborales, por el incumplimiento total de la patronal al no pagar las cantidades dejadas de percibir en los aumentos anuales del 10% correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, al pago del 30% correspondiente al décimo tercer mes y al pago del 30% correspondiente al décimo cuarto mes en concepto de aguinaldo y pago de bonificación en concepto de vacaciones correspondiente a 38 días, pago del auxilio de cesantía contemplados todos los conceptos mencionados en las cláusulas 49 reajuste salarial, 50, aguinaldo y décimo cuarto mes de sueldo, 51 vacaciones, 52 pago de días feriados y 59 prestaciones laborales, contemplados los mencionadas clausulas en el XI y XII Contrato Colectivo de condiciones de trabajo vigente en la institución celebrado entre Hondutel y SITRATELH a favor de los empleados permanentes, costas; Asimismo Declarar CON LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PAGO y de PRESCRIPCION opuestas por el representante procesal de la parte demandada.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede resulta procedente su admisión, debido a que reúne los requisitos exigidos, habiéndose planteado con precisión y claridad la violación directa de las normas señaladas por infracción directa.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede resulta procedente su admisión, debido a que reúne los requisitos exigidos, habiéndose planteado con precisión y claridad la violación directa de las normas señaladas por infracción directa.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible por las razones siguientes: En la exposición de su motivo de casación, el Censor no establece qué es lo que se acredita con la prueba, así como tampoco establece cuál es el mérito que la Ley le confiere a los medios probatorios que describe. Derivado de las falencias anteriores, el error de hecho alegado, pero no definido por el Recurrente, no resulta manifiesto mediante este cargo.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede reúne los requisitos necesarios para su admisión, ya que se ha expuesto con precisión y claridad la violación indirecta de las normas señaladas, proveniente de error de hecho, manifiesto en la apreciación errónea de la prueba singularizada.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El contrato colectivo de trabajo, es todo convenio escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre un patrono, un grupo de patronos o una o varias organizaciones de patronos, por una parte; y, por otra, una o varias organizaciones de trabajadores, los representantes de los trabajadores de una o más empresas o grupos de trabajadores asociados transitoriamente. También se tendrán como convenciones colectivas de trabajo las resoluciones de las juntas de conciliación, cuando fueren aceptadas por las partes.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 53 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Los contratos colectivos obligan a los suscriptores, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran. Las disposiciones de los contratos colectivos se aplican a todos los trabajadores de las categorías interesadas que estén empleados en las empresas comprendidas en el contrato; a menos que éste previere expresamente lo contrario. Los patronos y los trabajadores obligados por un contrato colectivo no pueden estipular en los contratos individuales de trabajo condiciones que sean contrarias a las del contrato colectivo. La convención colectiva no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos en vigor dentro de la propia empresa. Las disposiciones de los contratos individuales de trabajo, contrarias a las del contrato colectivo, serán nulas y deberán considerarse sustituidas de pleno derecho por las disposiciones correspondientes al contrato colectivo. En razón de lo anterior, no se considerarán contrarias a la convención o contratos colectivos, las disposiciones de los contratos individuales del trabajo que sean más favorables para los trabajadores. A su vez, las disposiciones de un contrato colectivo no se considerarán contrarias a las leyes cuando sean más favorables para los trabajadores. De manera que, las disposiciones de las leyes prevalecerán siempre sobre las del contrato colectivo y las de éste sobre las de los contratos individuales de trabajo, salvo lo dispuesto en los párrafos anteriores."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 60 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de julio de dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 4 de enero del 2022, por el Abogado JUAN MIGUEL OCHOA PONCE, en su condición de representante procesal de los señores MARCOS ANTONIO BACA LAGOS y SAMUEL OLIVA GIRON, como recurrente; además, es parte recurrida, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada en juicio por el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia para que se obligue a la patronal al pago de reajuste salarial, aguinaldos, décimo cuarto mes de sueldo, vacaciones, pago días feriados, prestaciones laborales, por el incumplimiento total de la patronal al no pagar las cantidades dejadas de percibir en los aumentos anuales del 10% correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, al pago del 30% correspondiente al décimo tercer mes y al pago del 30% correspondiente al décimo cuarto mes en concepto de aguinaldo y pago de bonificación en concepto de vacaciones correspondiente a 38 días, pago del auxilio de cesantía contemplados todos los conceptos mencionados en las cláusulas 49 reajuste salarial, 50, aguinaldo y décimo cuarto mes de sueldo, 51 vacaciones, 52 pago de días feriados y 59 prestaciones laborales, contemplados los mencionadas clausulas en el XI y XII Contrato Colectivo de condiciones de trabajo vigente en la institución celebrado entre Hondutel y SITRATELH a favor de los empleados permanentes, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de noviembre del 2017, por los señores MARCOS ANTONIO BACA LAGOS, Supervisor de Planta Externa, y SAMUEL OLIVA GIRÒN, Supervisor de Planta Externa II, ambos mayores de edad, casados, de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio del Gerente General señor MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO, en condición de Gerente General. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 5 de diciembre del 2019, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN MIGUEL OCHOA PONCE en su condición de representante procesal de la parte demandante señores MARCO ANTONIO BACA LABOS y SAMUEL OLIVA GIRON II.- Declarar con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO en su condición de representante procesal de la parte demandada la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL).- III.- REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha ocho (08) de abril del dos mil diecinueve (2019), y que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 77 al 83 de la primera pieza de autos de la manera siguiente: A) CONFIRMAR los numerales I, IV, VI de la parte dispositiva de la sentencia dictada.- B) REVOCAR los numerales II, III, V de la parte dispositiva de la sentencia dictada, los cual se leerán así: FALLA: II.- Declarar SIN LUGAR la demanda en cuanto al pago por ajustes o complemento de auxilio de cesantía de los señores MARCOS ANTONIO BACA LAGOS y SAMUEL OLIVA GIRON. III.- Declarar CON LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PAGO y de PRESCRIPCION opuestas por el representante procesal de la parte demandada, en consecuencia, V) ABSUELVE a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por medio de su representante legal señor MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO en cuanto al pago por ajuste o complemento de auxilio de cesantía de los señores MARCOS ANTONIO BACA LAGOS y SAMUEL OLIVA GIRON.- IV.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), de la manera siguiente: Marcos Antonio Baca Lagos, el 28 de octubre del año 1981, como Supervisor de Planta externa II, trabajando hasta el 30 de diciembre del 2016, con una antigüedad de 35 años, 2 meses y 3 días, siendo su último puesto como Supervisor de Planta Externa II, con un salario promedio mensual durante los últimos seis meses de L. 56,267.78, siendo su horario de trabajo de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.; y, el señor Samuel Oliva Girón, el 22 de enero del año 1981, como Supervisor de Planta Externa II, con un salario promedio mensual durante los últimos seis meses de L. 60,459.61, trabajando hasta el 30 de diciembre del 2016, con una antigüedad de 35 años, 11 meses y 9 días, siendo su horario de trabajo de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.; que al momento de su cancelación no se les dio oficio alguno, si no que una hoja denominada acción de personal, que la demandada al momento de dar por terminado su contrato individual de trabajo debió pagarles un 100% y conforme al Contrato Colectivo de Condiciones de trabajo número XI y XII, clausulas número: 49, 50 y 51, que en consonancia a las mencionadas clausulas y de los contratos colectivos el reajuste salarial, décimo tercer mes, el décimo cuarto mes y las bonificaciones en concepto de vacaciones a Marcos Antonio Baca Lagos se le debe la cantidad de L.686,729.67 y a Samuel Oliva Girón se le debe la cantidad de L.750,499.88; para que se hiciera efectivo el pago de la cantidad adeudada, concurrieron a la Unidad de Conflictos Individuales del Trabajo de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social a fin de que se citara a la institución demandada a una audiencia de conciliación, no pudiendo llegar a una arreglo en virtud que la representación legal de la empresa demandada no se presentó, dándose por agotada la vía administrativa.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que los demandantes reclaman que se le obligue al pago del reajuste salarial contemplados en las cláusulas 49, 50, 51, 52 y 59 del XI y XII Contrato Colectivo suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH, este último aprobado en fecha 10 de noviembre de 2009, pero en ese momento se encontraban en vigencia las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2009, mismas que al igual que las disposiciones presupuestarias de los periodos fiscales posteriores, en su artículo 85, establecen lo siguiente: “las Instituciones descentralizadas, sin excepción, no podrán contraer compromiso alguno relativo a mejoras salariales derivadas de negociación de contratos colectivos y otros beneficios de naturaleza económica, si la institución no cuenta con la capacidad financiera, comprendidos en estos casos los recursos recibidos de la Administración Central y los ingresos propios de la institución, para cubrir el beneficio económico que pretende conceder y el que a su vez, aun contando con los recursos, deberá conceder y el que a su vez, aun contando con los recursos, deberá estar respaldado por el estudio económico correspondiente y contar con el dictamen favorable y previo de la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, el cual deberá incluir en análisis de la capacidad financiera y presupuestaria, así como la sostenibilidad a través del tiempo. Las negociaciones salariales contenidas en los contratos colectivos de condiciones de trabajo deberán estar acorde con la política salarial del Estado y ser aprobadas previa su suscripción por la Junta Directiva u órgano directivo, contando con los respectivos dictámenes internos y dictamen de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas”, por tanto siendo que la demandada es una entidad descentralizada sujeta al principio de legalidad que opera en la Administración Pública y en virtud del cual los Servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley, y todo acto que ejecuten fuera de ella es nulo e implica responsabilidad, es evidente que su representante legal no podría generar un acto valido mediando omisión de los procedimientos legales establecidos, y si lo hiciera, dicho acto seria nulo y conllevaría a la deducción de las responsabilidades que en derechos pudieran corresponder al funcionario que los hubiera generado, la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 34 inciso c) establece que son nulos los actos administrativos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, en consonancia con tal disposición el artículo 1586 del Código Civil establece que hay nulidad absoluta en los actos o contratos cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para su validez; en relación a la cláusula 49 del Contrato Colectivo dice que acreditara que la Unidad de Auditoría Interna de Hondutel, mediante Memorando O.A.I. 002/2010 de fecha 13 de enero de 2010, le recomendó a la empresa que el mencionado contrato se sometiera a aprobación de la Junta Directiva, dejando claramente establecido lo siguiente: “de conformidad con el boletín financiero de diciembre de 2009, la empresa cerró el año con una pérdida de L. 220,142,979.11,lo cual muestra con claridad que HONDUTEL no está generando los ingresos necesarios para cubrir sus gastos y costos administrativos, por tanto, si no existen nuevas fuentes de apalancamiento financiero, se tendrán problemas para absorber el incremento negociado”; en relación al pago del 30% en concepto de aguinaldo, 30% de décimo cuarto mes de salario, 38 días de bonificación de vacaciones y días feriados, que solicita la parte demandante en su escrito de demanda, los mismos son improcedentes en vista de que la demandada cancelo en su totalidad dichos conceptos y lo único a que tienen derecho son a los conceptos descritos en el cálculo de prestaciones elaborado por el Departamento de Relaciones y Servicios a Empleados de la Empresa; sobre el cumplimiento del procedimiento establecido en las disposiciones generales del presupuesto de los periodos fiscales 2010,2011,2012,2013,2014,2015 y 2016 acorde con la capacidad financiera, la administración propicio el otorgamiento de los incrementos salariales de sus empleados permanentes de la siguiente manera, para el periodo comprendido entre los meses de septiembre a diciembre del 2010, mediante resolución del punto de acta numero 4) de la Sesión extraordinaria número 573-10, celebrada por la Junta Directiva de fecha 21 de octubre del 2010, acorde con la tabla de incrementos que fue acordada con el Sindicato, para el periodo comprendido entre julio a diciembre del 2011, mediante resolución del punto de acta numero 4) de la Sesión extraordinaria número 581-11, celebrada por la Junta Directiva en fecha 15 de junio del 20144, y para el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del año 2012,2013,2014,2015,2016 y 2017, no se negoció ningún incremento salarial en vista de la deplorable crisis económica en la que se encontraba y sigue encontrándose; en cuanto a la cláusula 59 de Contrato Colectivo, cabe mencionar que la Junta Directiva de HONDUTEL, es la máxima autoridad de la empresa y por ende sus decisiones son de obligatorio cumplimiento y principalmente de aquellos casos en que afecte los intereses económicos de la misma, por lo que en fecha 13 de mayo de 2008, la Junta Directiva de HONDUTEL emitió Resolución del punto de acta No. 8) de la Sesión Ordinaria No. 545-08 en donde resolvió ratificar la aprobación del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo de HONDUTEL para los años 2008-2009 a excepción de la cláusula No. 59 prestaciones laborales, porque se contrapone a los artículos números 38 del Equilibrio Presupuestario de la Ley Orgánica de Presupuesto y 160 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente para el año 2008. Por tanto, a los demandantes que renunciaron a su contrato de trabajo, se les pagaron sus prestaciones e indemnizaciones laborales y demás derechos, adquiridos de conformidad a la cláusula 59 del X contrato Colectivo 2006-2007, en vista que la Junta Directiva de Hondutel no aprobó el contenido de la Cláusula 59 del XI contrato Colectivo de condiciones de trabajo 2008-2009, es que la cláusula 59 que sigue vigente y que se aplica en la actualidad por disposición de la Junta Directiva deHONDUTEL es la del X Contrato Colectivo 2006-2007, que es la que reconoce hasta un límite de 22 0 24 meses de salario por los años de servicio como pago de Indemnización de cesantía, finalmente expresa que de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo 266-2013 contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno instaura “artículo 8, disposición general, El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo, en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente”, tal artículo establece de forma inconcusa que El Estado está exento del pago de costas, ya que en ningún momento se ha probado que haya actuado con dolo, dado que el mismo al ser una violación de buena fe, debe ser probado en juicio y declarado mediante sentencia firme que produzca efecto.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de abril del 2019, dictó sentencia la cual en su parte resolutiva dice: “FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores MARCOS ANTONIO BACA LAGOS y SAMUEL OLIVA GIRON, contra LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO en cuanto AL PAGO DE REAJUSTE ANUAL DEL 10% CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017; AL PAGO DEL TREINTA POR CIENTO (30%) CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO Y AL PAGO DEL TREINTA (30%) CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES
SALARIO Y PAGO DE BONIFICACIÓN EN CONCEPTO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A LOS 38 DÍAS DE VACACIONES Y DÍAS FERIADOS. II) Declarar CON LUGAR la demanda en cuanto al pago por ajuste o complemento de auxilio de cesantía de los señores MARCOS ANTONIO BACA LAGOS y SAMUEL OLIVA GIRON. III) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PAGO y de PRESCRIPCION opuesta por el Representante Procesal de la parte demandada; en consecuencia, IV) ABSOLVER a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por medio de su Representante Legal, Gerente General señor MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO en cuanto AL PAGO DE REAJUSTE ANUAL DEL 10% CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017; AL PAGO DEL TREINTA POR CIENTO (30%) CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO Y AL PAGO DEL TREINTA (30%) CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES SALARIO Y PAGO DE BONIFICACIÓN EN CONCEPTO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A LOS 38 DÍAS DE VACACIONES Y DÍAS FERIADOS. V) CONDENAR a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por medio de su Representante Legal Gerente General MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO a pagar al señor MARCOS ANTONIO BACA LAGOS la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.741,327.99) por los 13 años, dos meses, y tres (3) días; y al señor y
SAMUEL OLIVA GIRON la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (L.842,907.72), por los 13 años, once meses, y nueve (9) días en concepto de complemento de auxilio de cesantía; VI) SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que en cuanto a la Excepción de Pago, de acuerdo a la legislación civil que establece su artículo 1422 “que se entenderá pagada una deuda, cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía”; esto relacionado con los argumentos planteados que la parte demandada alega ya pago el 100% de la totalidad de prestaciones e indemnizaciones laborales, y que no se les debe nada, por otro lado la parte demandante expresa, si bien es cierto se le hizo efectivo un pago de las prestaciones laborales, también es cierto que no lo hizo de conformidad a lo que disponen las cláusulas 49, 50, 51, 52 y 59, tanto del XI como del XII Contrato Colectivo suscrito entre HONDUTEL y el SITRATEH, sino que conforme a un Contrato Colectivo caducado, decimo vigente 2006-2007; en materia laboral rige el Principio de Progresividad que establece que ningún cambio se puede realizar en el marco del Contrato de Trabajo que implique una disminución o pérdida de un derecho, relacionado al artículo 3 y 60 de la legislación laboral, en consecuencia es procedente declarar sin lugar la excepción perentoria de pago; en relación a la excepción de prescripción manifiesta el demandado que de conformidad a lo instaurado en el artículo 867 del Código del Trabajo, los demandantes tenían dos meses para reclamar sus derechos ante la autoridad competente en caso de no haber realizado el pago o estar inconforme con este, lo cual no hizo en tiempo y forma, los demandantes reclaman los conceptos establecidos en las cláusulas 49, 50, 51, 52 del XI y XII Contrato Colectivo para los años 2010 al 2017, el aumento salarial a los empleados les correspondería a partir del 1 del mes de enero del 2010, que desde el 1 de enero del 2010 a la fecha que instauraron los servicios conciliatorios el 17 de mayo del 2017, han pasado 7 años con 17 días, por tanto la presente demanda está prescrita, los demandantes reclaman en el acápite cuantía de la demanda los conceptos establecidos en las cláusulas 49, 50, 51, 52 del XI y XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre HONDUTEL y SITRATELH, para los años 2010 al 2016, el aumento salarial a los empleados les correspondería a partir del 1 del mes de enero del 2009, y solicita el reajuste salarial del 10% desde el 2010 al 2016, si contamos desde el 01 de enero del 2010 a la fecha que instauraron los servicios conciliatorios el 17 de mayo del 2017, han pasado 7 años con 17 días, por tanto según la demandada la demanda está totalmente prescrita, además expreso que si comenzáramos a contar desde la fecha de terminación de su contrato de trabajo por renuncia, el 1 de febrero de 2017 a la fecha de instauración de los servicios conciliatorios, 17 de mayo del 2017, podemos observar que pasaron 3 meses y 16 días para solicitar el pago de reajuste del 10% de la cláusula 49 y el pago del 30% de décimo tercer mes y décimo cuarto mes en concepto de aguinaldo, pago de sus vacaciones y bonificaciones y días feriados totales, de acuerdo con las cláusulas 50, 51 y 52 del XI y XII Contrato Colectivo con vigencia 2006-2007; de conformidad a las pruebas los demandantes solicitaron su retiro a partir del 1 de enero del 2017, realizándole el último pago de sus prestaciones en fecha 22 de mayo del 2017, acudiendo a instaurar el reclamo administrativo en fecha 13 de octubre del 2011, por considerar que los pagos no estaban conforme a lo establecido al XI y XII Contrato Colectivo, cabe explicar que la demandada al hacer efectivo el pago interrumpe el término de los 2 meses siguiendo el orden de ideas se da por agotado el trámite administrativo gubernativo en fecha 13 de octubre del 2017, quedando expedita la vía para acudir a la instancia jurisdiccional y lo hace en fecha 15 de noviembre del 2017, si bien es cierto transcurrieron más de 2 meses que alega la parte demandada tenían los trabajadores para reclamar a su patrono, no es menos cierto que el reclamo del reajuste interpuesto por los demandantes es un Derecho personal que nace o deriva de un contrato colectivo de condición de trabajo, instrumento legal que debe de ser cumplido por ambas partes y que no afecta a terceros solo a cada parte firmante, en tal sentido el reclamo que aducen los demandantes se encuentra plasmado en el XII Contrato Colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre la empresa demandada HONDUTEL y el SITRATELH vigente a la fecha de la presentación de la demanda, por lo que las cláusulas de este son objeto de exigencias por parte de los trabajadores, en virtud de lo anterior el argumento de prescripción de la acción sostenido por la parte demandada del tiempo transcurrido de dos meses o más que establece la normativa a efecto de ejercer sus acciones, no es procedente, en ese sentido se declara sin lugar la Excepción de Prescripción, opuesta por la parte demandada; en cuanto que los demandantes reclaman el pago de los reajustes anuales del diez por ciento (10%) correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, el pago del 30% correspondiente al décimo tercer mes y al pago del treinta 30% correspondiente al décimo cuarto mes de salario y pago de bonificación en concepto de vacaciones correspondientes a los 38 días de vacaciones y días feriados, así como al pago del auxilio de cesantía contemplados todos los conceptos mencionados en las cláusulas 49 reajuste salarial, 50 aguinaldo y décimo cuarto mes de sueldo, 51 vacaciones, 52 días feriados, que las pretensiones antes mencionadas no constituyen controversia en el proceso, en virtud que la demandada no le cumplió a los demandantes con las disposiciones contenidas en el XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, por ende los reajustes salariales y sus colaterales pretendidos no les fueron efectuados, habiéndose constatado estos extremos mediante el Reconocimiento Judicial, sin embargo, partiendo de lo anterior y según lo señalado en la cláusula 49 del XII Contrato Colectivo, es menester tener a disposición la planilla general de Hondutel al 31 de diciembre del 2009, en vista de que la cifra al incremento salarial del 10%, se obtendrá de la planilla general al 31 de diciembre del 2009 multiplicada por 12 meses, cifra que será distribuida entre todos los empleados permanentes de acuerdo a la distribución contenida en la Escala presentada por el SITRATELH en consenso con la Gerencia General de HONDUTEL, no obstante tanto la planilla general al 31 de diciembre del 2009 y la escala consensuada entre SITRATELH y la Gerencia de HONDUTEL, no han sido argumentadas ni probadas en juicio como medios de prueba, es decir que en la audiencia primera de tramite debió aportase estos extremos referidos en la cláusula 49, siendo estos medios de prueba vitales para el cálculo y otorgamiento de las cantidades exigidas por la parte actora desde el año 2010 hasta el 2016 que cesaron en el cargo los demandantes; es por tal razón que la suscrita tomando en consideración que las decisiones judiciales no solo pueden descansar sobre los hechos alegados, sino que estos también deben fundamentarse con los medios de prueba reconocidos por la ley sobre las pretensiones solicitadas, siendo estos medios de prueba los instrumentos legales necesarios de que se valen las partes para demostrar al juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho y que además la prueba produce la claridad para que la autoridad pueda calificar lo procedente o no de una pretensión, consecuentemente es procedente declarar sin lugar el pago de reajuste anual del 10% correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; pago del 30% correspondiente al décimo tercer mes y el pago del 30% correspondiente al décimo cuarto mes y pago de bonificación en concepto de vacaciones correspondientes a los 38 días de vacaciones y días feriados; los demandantes entre sus pretensiones además solicitan el pago del auxilio de cesantía contemplado en la cláusula 59 denominada prestaciones laborales, de conformidad a la prueba allegada, la empresa demandada aplica la cláusula 59 del X Contrato Colectivo para realizar el cálculo en relación a la cesantía reconociendo el pago de 22 meses de cesantía, debiéndose haber aplicado lo que establece la cláusula 59 del XII Contrato Colectivo que se encuentra vigente el cual establece: “en caso de terminación del Contrato de Trabajo por mutuo consentimiento de las partes o a petición del trabajador, HONDUTEL pagara a todo trabajador una indemnización de un mes por año trabajado”, en armonía con la norma precitada, la suscrita es del convencimiento que a los demandantes se le adeuda un complemento del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en vista que debió pagarles en concepto de pago de auxilio de cesantía un mes por cada año laborado, es decir que se les pagó únicamente 22 sueldos, al señor Marcos Antonio Baca Lagos, debió pagársele 35 años, 2 meses y 3 días, quedándole pendiente 13 años, 2 meses y 3 días; y el señor Samuel Oliva Girón, 35 años, 11 meses y 9 días, quedándole pendiente 13 años, con 11 meses y 9 días de pago de auxilio de cesantía, en tal sentido es oportuno declarar con lugar tal pretensión; el juez laboral puede eximir del pago de las costas a la parte que fuere vencida en juicio, cuando a su criterio este último a litigado en juicio con evidente buena fe, estimándose que existieron motivos racionales para litigar declarando sin lugar las costas.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 5 de diciembre del 2019, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN MIGUEL OCHOA PONCE en su condición de representante procesal de la parte demandante señores MARCO ANTONIO BACA LABOS y SAMUEL OLIVA GIRON II.- Declarar con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO en su condición de representante procesal de la parte demandada la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL).- III.- REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha ocho (08) de abril del dos mil diecinueve (2019), y que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 77 al 83 de la primera pieza de autos de la manera siguiente: A) CONFIRMAR los numerales I, IV, VI de la parte dispositiva de la sentencia dictada.- B) REVOCAR los numerales II, III, V de la parte dispositiva de la sentencia dictada, los cual se leerán así: FALLA: II.- Declarar SIN LUGAR la demanda en cuanto al pago por ajustes o complemento de auxilio de cesantía de los señores MARCOS ANTONIO BACA LAGOS y SAMUEL OLIVA GIRON. III.- Declarar CON LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PAGO y de PRESCRIPCION opuestas por el representante procesal de la parte demandada, en consecuencia, V) ABSUELVE a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por medio de su representante legal señor MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO en cuanto al pago por ajuste o complemento de auxilio de cesantía de los señores MARCOS ANTONIO BACA LAGOS y SAMUEL OLIVA GIRON. - IV.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que de acuerdo al contenido de la Cláusula 49 del XI Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL y el SITRATEL, de reajuste salarial, en la que se conviene el reajuste salarial de los empleados permanentes de la empresa para el año 2010 en la que otorga como incremento salarial la cifra que corresponda al 10% sobre la planilla general al 31 de diciembre del 2009 multiplicada por 12 meses, cifra que será distribuida mensualmente en el año 2010 entre todos los empleados permanentes de acuerdo a la distribución contenida en la escala presentada por el SIRRATELH en consenso con la Gerencia General de Hondutel, incremento que será pagado a partir del 1 de enero del 2010, 2011 y 2011 y demás años reclamados, el Tribunal de Alzada es de la opinión que los elementos condicionantes o presupuestos necesarios insertados en la norma contractual precitada, en cuanto a planillas generales y escala consensuada entre Sitratelh y la Gerencia de Hondutel no fueron acreditadas en el presente proceso; circunstancias que hacen que la Juez a quo declare sin lugar la pretensión del reajuste salarial años 2010 al 2016 en que cesaron los demandantes; los demandantes peticionan el pago de complemento de prestaciones en base la Cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Condiciones Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores y la empresa estatal, en cuanto al derecho al reconocimiento de pago de auxilio de cesantía de un mes por año trabajado, reconocido por el a quo y condena a la demandada a pagar a los demandantes, no obstante, tales pretensiones fueron rechazadas por la parte procesal demandada con las excepciones de pago y prescripción opuestas a la demanda, y que la sentencia dictada declara sin lugar ambas excepciones; el ad quem entiende que el derecho y acción de pago de prestaciones proviene del Código del Trabajo, derivado de un contrato o relación de trabajo, sin embargo, el reclamo de pago complementario de prestaciones laborales se deriva de una contratación colectiva establecido en la cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre la Estatal y el Sindicato de Trabajadores, y no directamente del Contrato de Trabajo, por lo que, de acuerdo al artículo 867 del Código del Trabajo el tiempo para accionar por ese beneficio colectivo prescribe en el término de 2 meses, que corre para el demandante a partir del acaecimiento del pago de las prestaciones laborales que cancelo el patrono al trabajador; constando que a los demandantes en fecha 22 de mayo del 2017 se les hizo efectivo el pago de las prestaciones de acuerdo al cálculo practicado por la demandada, no obstante los demandantes instaron el reclamo administrativo de pago complementario de prestaciones, mediante diligencias administrativas ante la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social en fecha 13 de octubre del 2017, para ese entonces, ya habían transcurrido más de los 2 meses que establece el artículo 867 del Código del Trabajo, consecuentemente, la acción de reclamo se encuentra prescrita; la sentencia recurrida refiere en cuanto a la prescripción, que el pago reclamado es un derecho personal que nace de un contrato colectivo de condiciones de trabajo, instrumento legal que debe de ser cumplido por ambas partes y que no afecta a terceros solo a cada parte firmante, argumentos que no son compartidos por el Tribunal de Alzada, porque el derecho de contratación colectiva, relativo a condiciones de trabajo es un derecho eminentemente social regido por sus propias instituciones jurídicas y procesales que facilitan a las personas a desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad así como aquellos derechos que les permiten las condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna, para el caso, derechos derivados de una contratación colectiva, luego entonces, la prescripción de la acción, para reclamar beneficios colectivos, se enmarcan dentro de las normas de prescripción señalado por la ley laboral eminentemente social, y no así en la ley civil perteneciente al derecho privado como lo hace la Juzgadora de primera instancia, razones por las cuales estima que la sentencia recurrida no se encuentra dictada conforme a derecho procediendo en consecuencia a su reformatoria; las leyes sociales tienen una naturaleza eminentemente proteccionista en función de los derechos de los trabajadores que son aquellos que más urgentemente hacen necesaria la intervención del Estado en el logro del equilibrio entre la superioridad del empleador sin importar que este sea un empleador público o empleador privado, ante la condición débil jurídica que posee el trabajador, aunque esta condición de debilidad jurídica no es merecida por el trabajador. En razón de esto nuestra Constitución establece una protección especial a los derechos de los trabajadores y de igual manera el Código del Trabajo, al preceptuar en su artículo 3 el principio de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador por parte de este, siendo objeto de todos los derechos que tienen los trabajadores, bien sean ellos de carácter individual de cada trabajador que tienen una relevación e importancia en el plano personal para el derecho social, o de carácter colectivo de los trabajadores, que son el impulso continuo que genera el mejoramiento de las condiciones de trabajo, y se acerca a la obtención de un equilibrio entre los trabajadores y los empleadores; en tal sentido la ley adopta medidas tendientes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores que nacen de la negociación colectiva, la cual es una legislación complementaria, conocida como tal en razón de que toda legislación al ser promulgada se paraliza y se estanca, y solo son los contratos colectivos los que mantienen la relación ente las condiciones de trabajo de carácter socio económico y la realidad económica de los costos de los bienes y servicios que los trabajadores deben adquirir y consumir para poder subsistir junto con sus familiares; dadas las características que poseen los derechos laborales, provienen de su naturaleza perentoria y dependencia del trabajador, hacen que estos se ejerciten con celeridad, prontitud, rapidez, y decisión por el órgano jurisdiccional, efectiva, no ilusoria, en el reconocimiento y cobro de los derechos laborales, siendo razonable, procedente y oportuno su ejercicio en un plazo legal de 2 meses para resguardar los derechos laborales de la persona humana individual o sindicalizada; y no quedando su accionar al intervalo mayor del que establece la norma procesal laboral a expensas de una declaración judicial difícil de materializar con el paso del tiempo; por lo que a juicio del Tribunal la acción de reclamo de pago del complemento de prestaciones laborales conforme al artículo 867 del Código del Trabajo, se encuentra prescrita.- 5. Mediante auto de fecha 7 de octubre del 2020, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JUAN MIGUEL OCHOA PONCE, en su condición de representante procesal de los señores MARCOS ANTONIO BACA LAGOS y SAMUEL OLIVA GIRON, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 4 de enero del 2022, compareció ante este Tribunal el Abogado JUAN MIGUEL OCHOA PONCE, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 4 de enero del 2022, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 31 de marzo del 2022 se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en condición de apoderado procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), para contestar la demanda de casación planteada, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado Edgardo Cáceres Castellanos, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que, por un lado, sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y por otro, es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus. Requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial. Por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria, está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero, debe procederse a revisar si el libelo casacional cumple todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el Abogado Juan Miguel Ochoa Ponce, actuando en su condición de representante procesal de los señores Marcos Antonio Baca Lagos y Samuel Oliva Girón, en su primer motivo de casación alega: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO Acuso ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación de los artículos, 43 de la Ley del Salario Mínimo y el 2292 del Código Civil en aplicación análoga según el artículo 858 del Código del Trabajo NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS Las normas sustantivas de orden nacional violadas están contenidas en los artículos 43 de la Ley del Salario Mínimo y el 2292 del Código Civil en aplicación análoga según el artículo 858 del Código Trabajo PRECEPTO AUTORIZANTE Este Motivo de casación está comprendido en el artículo: 765 numeral primero párrafo 1 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN La Corte sentenciadora al revocar la sentencia dictada en primera instancia, violó normas sustantivas de orden nacional, por infracción directa al no aplicar, analógicamente tal como lo previene el artículo 858 del Código del Trabajo, los artículos 43 de la ley del Salario Mínimo, Decreto 103 publicado en el Diario Oficial “LA GACETA” de fecha 3 de junio de 1971 (Numero 20390 2292 del Código Civil, en virtud de que el Código Laboral no tiene un término especial fijado para la prescripción general de las acciones personales que si regulan la ley del Salario Mínimo cuando dice: “La acción derivada del derecho que se reconoce en el artículo 39 de esta Ley prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motivo su ejercicio” por su parte el Código Civil señala: “Las acciones personales que no tengan señalado termino especial prescriben a los diez años” En contraposición del criterio que sostiene la señora Juez A-Quo (considerando 8 renglones, 31 al 36 del folio 81 vuelto y primeros siete renglones del folio 82 de la primera pieza de autos) en el sentido de que “si bien es cierto transcurrieron más de los dos meses que alega la parte demandada que tenían los trabajadores para reclamar a su patrono; no es menos cierto, que el reclamo del reajuste interpuesto por los demandantes es un derecho personal que nace o deriva de un contrato colectivo de condiciones de trabajo instrumento legal que debe de ser cumplido por ambas partes y que no afecta a terceros sino a cada parte firmante, en tal sentido el reclamo que aducen los demandantes se encuentra plasmado en el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre la empresa demanda HONDUTEL y el SITRATELH vigente a la fecha de la presentación de la demanda, por lo que las cláusulas de este son objeto de exigencia por parte del trabajador, en virtud de lo anterior el argumento de prescripción de la acción sostenido por la parte demandada del tiempo transcurrido de dos meses o más que establece la normativa a efecto de ejercer sus acciones, no es procedente, en este sentido se declara sin lugar la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada, el Tribunal de Alzada (considerando 6, renglones 15 al 23 folio 14 de la segunda pieza de los autos)) entiende que “el derecho y acción de pago proviene del Código del Trabajo, derivado de un contrato o relación de trabajo, y que; sin embargo, en el caso que nos ocupa, el reclamo de complemento de prestaciones laborales se deriva de una contratación colectiva establecido en la cláusula 59 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre la Estatal y el Sindicato de Trabajadores; y no directamente del contrato de trabajo, por lo que de acuerdo al artículo 867 del Código del Trabajo del Trabajo el tiempo para accionar por ese beneficio prescribe en el término de dos meses” Con tal entendimiento el Ad-Quen vulnera además los principios de protección, irrenunciabilidad de derechos, supremacía de la realidad, razonabilidad, buena fe e igualdad jurídica, que privan en el derecho laboral y que garantiza el estado hondureño. Honorables Magistrados, al respecto hay jurisprudencia y sobre la misma demandada, entre otras las demandas de casación CL-647-11, CL-577-15, CL- 574-15, CL46-16, CL-331-14, por tanto, ante lo demostrado, como parte recurrente formalizo esta casación en su primer motivo, por lo expuesto procede se case la sentencia recurrida.- III. Que el cargo que antecede resulta procedente su admisión, debido a que reúne los requisitos exigidos, habiéndose planteado con precisión y claridad la violación directa de las normas señaladas por infracción directa.- IV. El precitado Representante procesal, seguidamente, establece en un segundo motivo de casación lo siguiente: SEGUNDO MOTIVO Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de ERROR DE HECHO, manifiesto en la falta de apreciación del medio de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL, practicado en fecha lunes seis de agosto del año dos mil dieciocho, en las oficinas administrativas de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES, HONDUTEL, cuya acta obra a folio 69 pruebas de la primera pieza de autos, admitido como prueba, en el juzgado de primera instancia.- NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. Las normas sustantivas de orden nacional violadas están contenidas en el artículo 1523 del Código Civil en relación con los artículos 729. 730 y 858, del Código del Trabajo. - REGLAS PROCESALES VIOLADAS Las normas procesales que sirvieron de medio para la de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. FALTA DE APRECIACIÓN DE PRUEBA: La falta de apreciación de prueba es la de RECONOCIMIENTO JUDICIAL practicado, el seis de agosto del año dos mil dieciocho, en las oficinas administrativas de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNCACIONES, HONDUTEL, acta obra a folio sesenta y nueve (69), de la primera pieza de autos, en que se constató: A: Que a los demandantes MARCO ANTONIO BACA LAGOS Y SAMUEL OLIVA GRON no se les efectuó el reajuste salarial de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. B-) Que en los respetivos cálculos no se hace mención de la autoridad del trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. - EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Las regias que determinan el contenido de las sentencias se encuentran reguladas en los artículos 206, 207 y 208, del Código Procesal Civil. La sentencia que se pretende impugnar contiene pasajes oscuros que limitan el ejercicio del derecho a la defensa y que no exponen con claridad los objetos de debate en juicio. Es indispensable para la fijación de la doctrina laboral que las sentencias sean caras, precisas, congruentes, motivadas y exhaustivas, a fin de generar un espacio jurídico en el que las partes puedan entender la razón del fallo y a la vez mejorar los argumentos de defensa; Sin embargo, cuando el Ad-Quem no se pronuncia sobre los medios de prueba propuestos a favor de la parte demandante genera confusión e incongruencia en el fallo, en primer lugar porque no se encuentra un argumento lógico que conduzca al punto en el que el Ad-Quen prefirió la prueba ofrecida por la parte demandada sobre la prueba propuesta por parte actora y en segundo lugar no aparecen descritos los hechos que lo motivaron a no pronunciarse sobre la prueba, RECONOCIMIENTO JUDICIAL (Antes INSPECCION OCULAR), propuesta por los demandantes que sí admitió y evacuo la señora jueza A-Quo (folios 28 vuelto y 69 de la primera pieza de autos), es decir no se confrontaron ni se observaron los criterios de proporcionalidad entre una y otra prueba, razonabilidad, buena fe e igualdad jurídica. Ante lo demostrado, Honorables Magistrados, como parte recurrente, formalizo esta casación en su primer motivo que conducirá a que se case la sentencia recurrida.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible por las razones siguientes: En la exposición de su motivo de casación, el Censor no establece qué es lo que se acredita con la prueba, así como tampoco establece cuál es el mérito que la Ley le confiere a los medios probatorios que describe. Derivado de las falencias anteriores, el error de hecho alegado, pero no definido por el Recurrente, no resulta manifiesto mediante este cargo.- VI. En un tercer motivo de casación, el Recurrente establece lo siguiente: TERCER MOTIVO.- Acuso a sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de ERROR DE HECHO, manifiesto en la apreciación errónea de la prueba documental que obra a folio 61 y 62 pruebas de la primera pieza de autos, admitido como prueba, en el juzgado de primera instancia.- NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. Las normas sustantivas de orden nacional violadas están contenidas en los artículos 111.2 Mutuo consentimiento y 120 letra G) primer párrafo, (pasivo laboral) del Código del Trabajo en relación a los artículos 03, 60 párrafo primero y séptimo, 81 del Código del Trabajo y artículo 64, 135, 321 de la Constitución de la República y XII Contrato Colectivo de Trabajo, clausulas 49, Reajuste salarial; 50, Aguinaldos y Décimo cuarto mes; 51, Vacaciones y 59, Prestaciones laborales, que contiene mejorado los artículos 111.2 y 120 letra G) del Código del Trabajo, mejorándolo en el pago de un mes de salario como de auxilio de cesantía por cada año laborado y demás bonificaciones a que tuviere derecho.- REGLAS PROCESALES VIOLADAS.- Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo.- APRECIACIÓN ERRÓNEA DE PRUEBA: La prueba apreciada erróneamente es documental, que obra a folio 61 y 62, versa sobre Clausula no denunciadas, denunciadas y aprobadas entre ellas la 49, 50 y 59, clausula nueva la 110 del XII contrato colectivo y firmas de las comisiones negociadoras el Gerente General y Presidente del sindicato ambos de Hondutel, sin hacer constar alguna reserva especialmente a la cláusula 59 prestaciones laborales, aprobado e inscrito todo el contrato colectivo, pruebas de la primera pieza de autos; PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en, el artículo 765, numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La sentencia examinada, el Ad-Quem hace una apreciación errónea de la prueba indicada a folio 61 y 62 considerando que es de la opinión que los elementos condicionales o presupuestos necesarios insertados en la norma contractual precitada (clausula 49), en cuanto a planillas generales y escala consensuada entre Sitratelh y la Gerencia de Hondutel no fueron acreditados en el presente proceso aceptando la vigencia del XII contrato colectivo, teniendo preeminencia el Código Laboral este paso exigido es obligatorio pero a la demandada ejecutarlo y no acreditándolo conforme aplicación del artículo 81 del Código del Trabajo, referente a impugnación o reserva no solo de la de cláusula 49 sino también de la 59 en ninguno de los dos contratos XI y XII siendo que ya estaban inscritos, deja sin valor cualquier ley presupuestaria en cumplimiento del artículo 03 y 60 párrafo primero y séptimo del Código del Trabajo y artículos 64, 135 de la Constitución de la Republica y XII Contrato colectivo de Trabajo clausulas 49 y 59, por lo que procede el reajuste o pago del complemento de prestaciones.- Honorables Magistrados, al respecto hay jurisprudencia y sobre la misma demandada, demandas de casación laboral CL-647-11, CL-577-15, CL-574-15, CL46-16, donde se establece que la demanda no puede asumir acciones de forma unilateral era un contrato colectivo en aplicación del artículo 321 de la Constitución y queda demostrado que la Corte de Apelaciones de de esta sección judicial aprecio erróneamente la prueba documental, violando los derechos laborales, ante lo demostrado, como parte recurrente, formalizo esta casación en su tercer motivo, por lo expuesto procede se case la sentencia recurrida.- VII. Que el cargo que antecede reúne los requisitos necesarios para su admisión, ya que se ha expuesto con precisión y claridad la violación indirecta de las normas señaladas, proveniente de error de hecho, manifiesto en la apreciación errónea de la prueba singularizada.- VIII. En un cuarto motivo de casación, el Recurrente expone lo siguiente: CUARTO MOTIVO Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa en la falta de Aplicación del artículo 379 del Código del Trabajo NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS Las normas sustantivas de orden nacional violadas están contenidas en el artículo 379 del Código del Trabajo. - REGLAS PROCESALES VIOLADAS Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casacón está comprendido en el artículo 765, numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. - EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La infracción directa de una norma sustantiva de orden nacional ocurre cuando el juzgador desconoce el texto legal y por rebeldía, ignorancia o por no tener en cuenta los efectos de la ley en el tiempo deja de aplicarlo a un caso que reclama. En el presente caso El Ad-quen, sin observar los principios de contradicción y el de igualdad procesal, ya que no explica o aclara las razones que lo condujeron a declarar CON LUGAR la excepción perentoria de pago opuesta por el apoderado legal demandado, supuestamente admite como bien hecho el cálculo de prestaciones hecho, por el departamento de relaciones laborales de la demandada, a favor de demandantes (folios 32 y 36 de la primera pieza de autos) sin observar que le falta el requisito esencial que para que tenga validez “deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondientes” que previene el artículo 379 del Código del Trabajo que literalmente dice: “Todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono, para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondientes”. “En consecuencia a lo anterior la sentencia que se pretende impugnar contiene pasajes oscuros que limitan el ejercicio del derecho a la defensa y que no exponen con claridad los objetos de debate en juicio ya que no es clara, precisa, congruente, motivada y exhaustiva, por lo tanto no genera un espacio jurídico en el que tas partes puedan entender la razón del fallo y a la vez mejorar los argumentos de defensa pues no aparecen descritos los hechos que lo motivaron a no pronunciarse sobre la excepción perentoria en mención. Ante lo demostrado, Honorables Magistrados, como parte recurrente, formalizo esta casación en su cuarto motivo que conducirá a que se case la sentencia recurrida. DOCTRINA Señalar con carácter obligatorio para el juzgador que “los casos no previstos” por el Código del Trabajo, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, como lo es EL DE LA DUDA SOBRE EL DERECHO o SOBRE LA PRUEBA se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del Derecho del Trabajo;...”entre los cuales se destaca, con preeminencia los que informan sobre EL PRINCPIO TUTELAR o PROTECCIONISTA DEL TRABAJADOR conforme el cual debe aplicarse la regla del principio IN DUBIO PRO-OPERARIO…Es por medio, del más alto Tribunal Supremo, conociendo en sede de instancia su Sala de lo Laboral de lo Contencioso Administrativo, que se encamina la aplicación de este elemento integrador del principio DUBIO PRO OPERARIO. (Revista ESCUELA JUDICIAL año 4 No. 10 enero 1999)”.- IX. Luego de analizado este cuarto motivo de casación, el cargo no resulta admisible por las siguientes consideraciones: A) Al tratarse de una violación directa de la norma, no establece en forma concreta cómo el juzgador violentó la Ley citada en la formulación del cargo. B) Contrario a ello, el Censor realiza valoraciones respecto de medios de prueba, debiendo quedar por fuera todo tipo de apreciación probatoria al invocarse un motivo de casación por violación directa. C) Adicionalmente el Censor establece alegatos de instancia, los cuales no son propios ni corresponde que sean alegados en un recurso de casación.- X. Que resultando ser admisibles el primer y tercer motivo, es procedente declarar Ha Lugar el recurso de mérito, Casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la Ley.- XI. En el presente caso, el objeto del proceso versa sobre si el Patrono, adeuda a los trabajadores, el pago de reajuste salarial, aguinaldos, décimo cuarto mes de sueldo, vacaciones, pago días feriados, prestaciones laborales, por el incumplimiento total de la patronal al no pagar las cantidades dejadas de percibir en los aumentos anuales del 10% correspondiente a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, al pago del 30% correspondiente al décimo tercer mes y al pago del 30% correspondiente al décimo cuarto mes en concepto de aguinaldo y pago de bonificación en concepto de vacaciones correspondiente a 38 días, pago del auxilio de cesantía contemplados todos los conceptos mencionados en las cláusulas 49 reajuste salarial, 50, aguinaldo y décimo cuarto mes de sueldo, 51 vacaciones, 52 pago de días feriados y 59 prestaciones laborales, contenidas las mencionadas clausulas en el XI y XII Contrato Colectivo de condiciones de trabajo vigente en la institución celebrado entre Hondutel y SITRATELH a favor de los empleados permanentes. Por su parte, el Demandado alega que a los trabajadores se les pagaron sus prestaciones e indemnizaciones laborales y demás derechos adquiridos de conformidad a la cláusula que se encontraba vigente en ese momento que es la que instauró un límite de 22 a 24 meses de salario por los años de servicio como pago de indemnización por cesantía, y en el caso de los demandantes que renunciaron voluntariamente a la relación de trabajo, y que tenían más de 25 años de laborar para la empresa, se les pagaron 22 meses de indemnización por cesantía de conformidad a la cláusula número 59 del X Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por Hondutel y SITRATELH de los años 2006-2007. Asimismo, en audiencia primera de trámite interpusieron las excepciones de prescripción de la acción para presentar la demanda y excepción perentoria de pago.- XII. Por lo que la contienda se centra en establecer: A) Si a los Demandantes les corresponde el complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales reclamadas en base a lo establecido en las Cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la Institución Demandada o si la demandada canceló correctamente esos valores, conforme el X Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo. B) Si a los Demandantes les corresponde o no el pago del reajuste salarial pendiente de los años 2010 al 2017 en aplicación a la Cláusula 49, pago del reajuste por decimotercer y cuarto mes de salario conforme a la cláusula 50, pago de vacaciones bajo la cláusula 51, todas del referido XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo. C) Si la acción se encuentra prescrita o no, y, por otro lado, si prescribió o no el pago de salarios reclamados.- XIII. Durante la sustanciación del proceso de primera instancia se admitieron como medios probatorios los siguientes: Parte Demandante: Documental: Folios 08 al 09 y 46 al 68 de los autos que corren agregadas en la primera pieza. Reconocimiento Judicial: Folio 69 de los autos precitados. Parte Demandada: Documental: Oficio cumplimentado a folios 29 al 45 de la primera pieza de autos.- XIV. Derivado del estudio de los medios de prueba aportados al proceso junto a las argumentaciones legales vertidas por las partes, resultan como Hechos Probados los siguientes: 1. El señor Marcos Antonio Baca Lagos inició su relación laboral con la Demandada en fecha 28 de octubre de 1981 en el cargo de Supervisor de Planta Externa II, concluyendo su relación laboral el 30 de diciembre de 2016 por renuncia voluntaria, solicitando a la Demandada el pago de sus prestaciones laborales conforme al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente. 2. El señor Samuel Oliva Girón inició su relación laboral con la Demandada en fecha 22 de enero de 1981 en el cargo de Supervisor de Planta Externa II, concluyendo su relación laboral el 30 de diciembre de 2016 por renuncia voluntaria, solicitando a la Demandada el pago de sus prestaciones laborales conforme al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente. 3. Ambos laboraron para la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) por más de 35 años. 4. Al señor Marcos Antonio Baca Lagos se le realizó un pago por L. 854,303.37 por parte de su Patrono, en concepto de prestaciones laborales y al señor Samuel Oliva Girón se le realizó un pago por L. 850,908.00 por parte de su Patrono, en concepto de prestaciones laborales, basando los cálculos en la cláusula 59 del X contrato colectivo celebrado entre Hondutel y su Sindicato de Trabajadores. 5.- El XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre Hondutel y su sindicato, entró en vigencia desde el año 2010, documento en el que entre las cláusulas aprobadas aparecen la cláusula 49, 50 y 59. 6.- Se acreditó que la empresa HONDUTEL, realizó el pago de 4 cheques a cada Demandante, correspondiente a las prestaciones laborales, sin aplicar el contrato colectivo vigente al momento de las cancelaciones por renuncia voluntaria.- XV. El contrato colectivo de trabajo, es todo convenio escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre un patrono, un grupo de patronos o una o varias organizaciones de patronos, por una parte; y, por otra, una o varias organizaciones de trabajadores, los representantes de los trabajadores de una o más empresas o grupos de trabajadores asociados transitoriamente. También se tendrán como convenciones colectivas de trabajo las resoluciones de las juntas de conciliación, cuando fueren aceptadas por las partes.- XVI. Los contratos colectivos obligan a los suscriptores, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran. Las disposiciones de los contratos colectivos se aplican a todos los trabajadores de las categorías interesadas que estén empleados en las empresas comprendidas en el contrato; a menos que éste previere expresamente lo contrario. Los patronos y los trabajadores obligados por un contrato colectivo no pueden estipular en los contratos individuales de trabajo condiciones que sean contrarias a las del contrato colectivo. La convención colectiva no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos en vigor dentro de la propia empresa. Las disposiciones de los contratos individuales de trabajo, contrarias a las del contrato colectivo, serán nulas y deberán considerarse sustituidas de pleno derecho por las disposiciones correspondientes al contrato colectivo. En razón de lo anterior, no se considerarán contrarias a la convención o contratos colectivos, las disposiciones de los contratos individuales del trabajo que sean más favorables para los trabajadores. A su vez, las disposiciones de un contrato colectivo no se considerarán contrarias a las leyes cuando sean más favorables para los trabajadores. De manera que, las disposiciones de las leyes prevalecerán siempre sobre las del contrato colectivo y las de éste sobre las de los contratos individuales de trabajo, salvo lo dispuesto en los párrafos anteriores.- XVII. Respecto a la petición del pago de los reajustes salariales pendientes de pago de los años 2010 a junio 2017 en aplicación de la cláusula 49, decimotercer y decimocuarto mes de salario a razón de la cláusula 50 y vacaciones conforme a la cláusula 51, todas correspondientes y aprobadas en el XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la institución demandada, resulta procedente declarar Parcialmente Con Lugar otorgando los últimos dos años que solicitan los trabajadores. Ello, con fundamento en el Artículo 858 del Código de Trabajo en relación con el Artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo, en la que se establece que el plazo para realizar este tipo de reclamos referentes a reajustes salariales prescribe a los dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva un ejercicio. De ahí que, los Demandantes reclaman los años 2010 a 2017. No obstante, su último día laborado ocurrió el 30 de diciembre de 2016, teniendo efectividad su cancelación a partir del 01 de enero de 2017. Basado en los anteriores hechos comprobados en el juicio, los Demandantes tienen derecho a que se les otorguen los últimos dos años de reajustes salariales, es decir 2016 y 2015 conforme al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente, que corresponde al XII y no al X Contrato Colectivo, como lo aplicó la Institución Demandada.- XVIII. En relación a las excepciones opuestas por la Demandada, la primera consistente en la Prescripción de la Acción para Presentar la Demanda, no resulta ser procedente, ya que la renuncia voluntaria de los Demandantes tuvo efectividad a partir del 01 de enero de 2017 (ver folios 31 y 35 de la primera pieza) y el reclamo administrativo fue realizado en fecha 13 de octubre de 2017, habiendo transcurrido menos de los dos años aplicables al caso para el reclamo de reajustes salariales. La disposición legal invocada por la parte Demandada que tiene un término de prescripción de 2 meses (Artículo 867 del Código de Trabajo) no es aplicable para extinguir ese derecho, ya que la misma en su primer párrafo dispone: “Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo, salvo para estos últimos cuando hubieren estado imposibilitados de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes, extremo que deberán probar en juicio…”, por lo que, lo reclamado por el actor es un derecho derivado del contrato de trabajo, específicamente del contrato colectivo. En todo caso, al haberse pagado parcialmente esas prestaciones laborales, se estaría en la situación prevista en el artículo 868 literal b) del mismo Código, es decir, ante la interrupción de la prescripción. Por lo anterior, y como se detalló en el Fundamento de Derecho que antecede, en virtud de lo establecido en la cláusula 49 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en relación con el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo, la acción para reclamar salarios prescribe en el término de dos años a partir de la fecha que ocurrió la causa.- XIX. Del análisis en su conjunto, de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes al proceso, así como a la libre formación del convencimiento, tomando en cuenta los criterios y principios científicos que informan la crítica de la prueba, atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente declarar Con Lugar la demanda de mérito en cuanto al reclamo del complemento del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, con base al cálculo del auxilio de cesantía conforme lo establecido en la cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y su Sindicato de Trabajadores. Ya que, en el presente caso, les corresponde a los Demandantes, el pago de los 13 meses de salario restantes en concepto de Auxilio de Cesantía, por los 35 años trabajados para la empresa. Y siendo que, en dicha cláusula, se establece que el pago de las prestaciones laborales corresponde a un mes de salario por cada año de servicio, en concepto de auxilio de cesantía, sin establecer un límite a dicho pago. En atención a lo que dispone el Artículo 60 del Código del Trabajo y no obstante que la Institución demandada alega en su defensa y opone como Excepción Perentoria de Pago fundamentada en la no aprobación de la cláusula 59 del XII contrato colectivo, según se logró constatar de los medios de prueba (ver folio 61 de la primera pieza), se evidencia que el XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo se encuentra debidamente inscrito ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, por lo que se encontraba vigente al momento de proceder a efectuar la cancelación por renuncia voluntaria de los Demandantes. Asimismo, mediante Reconocimiento Judicial (ver folio 69 de la primera pieza), se logró constatar que a los Demandantes no se les efectuó el reajuste salarial correspondiente a los años 2010 al 2016 conforme al XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, sino como antes se aludió, conforme al X Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo. Se exceptúa de esta circunstancia el año 2017, debido a que es el año en que fueron efectivamente cancelados. Por lo que, la Excepción Perentoria de Pago invocada por la parte Demandada no procede.- XX. Por todo lo expuesto procede declarar Sin Lugar la Prescripción de la Acción para Presentar la Demanda, así como la Excepción Perentoria de Pago y parcialmente Con Lugar la demanda respecto del reajuste salarial de los Demandantes correspondiente a los años 2015 y 2016 conforme al XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, así como al pago de prestaciones laborales de los años faltantes para completar los 35 años de servicio laborados por cada uno de los Demandantes, con igual aplicación del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral Contencioso-Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 127, 128, 129, 134, 135, 303, 304, 313 atribución 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 53, 60, 111 numeral 2), 120 reformado, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 778, 858, 868 literal b) y 871 del Código del Trabajo; 43 de la Ley del Salario Mínimo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; Cláusulas 49, 50, 51 y 59 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y su sindicato de trabajadores. FALLA: 1) CASAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, de esta sección judicial, en fecha 5 de diciembre de 2019. 2) DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PAGO en vista de no haberse efectuado dicho pago conforme al contrato colectivo vigente. 3) DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesta por la parte Demandada por no haber transcurrido el término de prescripción legalmente aplicable para que los Demandantes iniciaran su acción. 4) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE SE OBLIGUE A LA PATRONAL AL PAGO DE REAJUSTE SALARIAL. AGUINALDOS Y DECIMO CUARTO MES DE SUELDO, VACACIONES, PAGO DIAS FERIADOS, PRESTACIONES LABORALES. POR EL INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA PATRONAL AL NO PAGAR LAS CANTIDADES DEJADAS DE PERCIBIR EN LOS AUMENTOS ANUALES DEL DIEZ POR CIENTO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017. AL PAGO DEL TREINTA POR CIENTO (30%), CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES Y AL PAGO DEL DECIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO Y PAGO DE BONIFICACIÓN EN CONCEPTO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A TREINTA Y OCHO DIAS (38), ASI COMO AL PAGO DE AUXILIO DE CESANTIA, CONTEMPLADOS TODOS LOS CONCEPTOS MENCIONADOS EN LAS CLAUSULAS CUARENTA Y NUEVE (49), REAJUSTE SALARIAL, CINCUENTA (50), AGUINALDOS Y DECIMO CUARTO MES DE SUELDO, CINCUENTA Y UNO (51) VACACIONES, CINCUENTA Y DOS (52), PAGO DIAS FERIADOS Y CINCUENTA Y NUEVE (59), PRESTACIONES LABORALES, CONTEMPLADAS LAS MENCIONADAS CLAUSULAS EN EL ONCEAVO Y DOCEAVO CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE EN LA INSTITUCIÓN CELEBRADO ENTRE HONDUTEL Y SITRATEL A FAVOR DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES promovida por los SEÑORES MARCOS ANTONIO BACA LAGOS Y SAMUEL OLIVA GIRÓN CONTRA LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO, en cuanto al adeudo del complemento del reajuste salarial correspondiente a los años 2015 y 2016, conforme a lo acordado en la Cláusula 49, 50 y 51 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la Institución demandada. Más el reajuste del pago de prestaciones de conformidad al cálculo del Auxilio de Cesantía, según lo establecido en la Cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la Institución demandada. 5) Consecuentemente, CONDENAR a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), al pago de: 5.1) El complemento del reajuste salarial correspondiente a los años 2015 y 2016, conforme a lo acordado en la Cláusula 49, 50 y 51 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la Institución demandada, a favor de los señores MARCOS ANTONIO BACA LAGOS y SAMUEL OLIVA GIRÓN. 5.2) El reajuste del pago de prestaciones, de conformidad al cálculo del Auxilio de Cesantía según lo establecido en la Cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la Institución demandada, consistiendo dicho reajuste en 13 meses de salario adeudados a cada uno de los Demandantes, en virtud de no haberse acreditado el pago de los mismos, dado que laboraron 35 años y les fue cancelado el equivalente a 22. Resultando dicha cantidad en un total de SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L. 731,481.14) a favor del señor MARCOS ANTONIO BACA LAGOS y SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (L.785,974.93) a favor del señor SAMUEL OLIVA GIRÓN. 6) DECLARANDO SIN LUGAR la demanda en lo correspondiente al pago del reajuste salarial, correspondiente a los años 2010 al 2014 por haber transcurrido más de los dos años legalmente establecidos para realizar el respectivo reclamo. 7) ABSUELVE a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) del pago los conceptos citados en el acápite anterior. 8) SIN COSTAS, dado que en materia laboral impera el principio de gratuidad, constituyéndose la materia laboral en una de orden social. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes agosto del dos mil veintidós; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Casación número CL 161-20.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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